artículo 1°); iii) del fin que se atribuye al Estado de promover y garantizar la prosperidad y el bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (artículos 2°, 334 y 366); iv) del principio de igualdad en la formulación y aplicación de la ley (artículo 13); v) de la necesidad de asegurar la igualdad de oportunidades para todas las personas y la remuneración mínima, vital y móvil (artículo 53); vi) del reconocimiento de un tratamiento remuneratorio igual tanto para los trabajadores actives como para los pasivos o pensionados (artículos 48, inciso final y 53, inciso 2°); vii) del deber del Estado de intervenir de manera especial para asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos (artículo 334), y viii) de la prohibición al Gobierno de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores. "El deber de presentar el valor de los salaries y de hacer los reajustes periódicos para satisfacer las necesidades vitales del trabajador, se deduce también del artículo 187 de la Constitución. En efecto, si la asignación de los miembros del Congreso se debe ajustar cada ano en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de las servidores de la administración central, es porque el Constituyente consideró que los fenómenos económicos y particularmente la inflación afectan la estabilidad de las ingresos laborales y que resultaba necesario preservar el poder adquisitivo de estos, para asegurar unas condiciones de vida dignas y justas ". Que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, en fallo de 14 de 2011, Radicación número; 11001-03-25-000- 2005- 00244-01 (10067-05), frente a la protección del salario de los trabajadores, expresó: "... Viene reiterando este Tribunal, que la fuente formal de derecho laboral, llámese ley en sentido material (ley, decreto, convención o pacto colectivo, acuerdo a concertación, contrato de trabajo, etc.), o jurisprudencia, pueden desaparecer del ordenamiento jurídico, pero el derecho laboral en ellos contenido se mantendrá incólume para el trabajador privado o estatal mientras su vínculo laboral subsista y aun con posterioridad a este cuando en su virtud se ha adquirido algún status con efectos prestacionales, pues entró a su patrimonio como derecho adquirido, con la garantía constitucional de ser irrenunciable, prohibición incluso oponible al mismo Estado, que debe en un Estado Social de Derecho respetar la dignidad del ser humano, y el trabajo en su cuádruple connotación de ser a la vez valor, principio, derecho y obligación social constitucionales, merecedor de una debida garantía". respetar la dignidad del ser humano, y el trabajo en su cuádruple connotación de ser a la vez valor, principio, derecho y obligación social constitucionales, merecedor de una debida garantía". Que, a su vez, el artículo 2° de la Ley 4a de 1992 consagra coma principios fundantes del sistema salarial el respeto a las derechos adquiridos de las servidores del Estado y el no desmejoramiento de sus salaries y prestaciones sociales; Que a través del Decreto 2170 de 2013, se sustituyeron las primas de localización y vivienda y de salud de las congresistas, por la prima especial de servicios equivalente a la suma de siete millones ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos ($7.898.445) moneda corriente, la cual se reajusta anualmente en el mismo porcentaje en que se reajusta la asignación básica y la cual constituye factor salarial para la liquidación de la prima de servicios y la prima de navidad. No obstante, la evolución del marco constitucional, fiscal y administrativa del Estado hace necesario revisar y ajustar las componentes del régimen remuneratorio, con el fin de asegurar su coherencia con las principios de sostenibilidad fiscal, racionalidad del gasto público, transparencia y equidad. Que la Corte Constitucional en la Sentencia C-408 de 2021 precisó que no es lo mismo una vulneración a un derecho que una limitación legitima a ese derecho ya que no toda limitación de las derechos constitucionales significa un desconocimiento o vulneración. En ese sentido, la Corte reconoce que la prohibición de desmejorar las derechos sociales de las trabajadores no es una disposición de carácter absoluto ya que, al igual que todos las derechos constitucionales, existen circunstancias en las que establecer un límite al derecho es legítimo y valido: "La prohibición de desmejora de las derechos sociales de las trabajadores no convierte a dichos derechos en absolutos, ni implica que el derecho a un reajuste para responder a la inflación que afecta a la población en general deba ser reconocido en forma absoluta a todos las servidores públicos, independientemente de su nivel de ingresos". Que la remuneración percibida por las congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país, hacienda imposible el cierre de brechas propuesto en la Ley 2294 de 2023 "Par el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida", por lo que se hace necesario reorientar una senda de gastos y unas medidas de austeridad inmediatas y necesarias, en tanto no afecten las derechos fundamentales de las ciudadanos en este caso en particular de las congresistas. Que, en mérito de lo expuesto, DECRETA: ARTÍCULO 1. Deróguese el Decreto 2170 del 4 de octubre de 2013, por el cual se reconoce una prima especial de servicios para las miembros del Congreso de la Republica que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026.