Decreto 919 de 1989

ARTÍCULO 1º. SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres está constituido por el conjunto de entidades públicas y privadas que realizan planes, programas, proyectos y acciones específicas, para alcanzar los siguientes objetivos: a) Definir las responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias, en las fases de prevención, manejo, rehabilitación, reconstrucción y desarrollo a que dan lugar las situaciones de desastre o de calamidad; b) Integrar los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de las situaciones de desastre o de calamidad; c) Garantizar un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos, y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de las situaciones de desastre o calamidad.

ARTÍCULO 2º. INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: 1. El Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 2. Los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres. 3. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 4. El Comité Técnico Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 5. El Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres. 6. Los ministerios y departamentos administrativos, en cuanto sus competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres y, en particular, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comunicaciones y el Departamento Nacional de Planeación. Ver el art. 31, Decreto Nacional 1088 de 1993 7. Las entidades descentralizadas del orden nacional, en cuanto sus competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres y, en particular, el Instituto Nacional Geológico y Minero, Ingeominas; la Defensa Civil Colombiana; el Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, Himat; el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema; la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom; el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; el Instituto de Crédito Territorial, ICT; el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, Inderena; las Corporaciones Autónomas Regionales; y la Sociedad Fiduciaria La Previsora Limitada, en cuanto administradora del Fondo Nacional de Calamidades. 8. Las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas en cuanto sus competencias y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres y calamidades. 9. La sociedad nacional de la Cruz Roja Colombiana. 10. Las entidades y personas privadas que por su objeto y funciones tengan relación con las actividades de prevención y atención de desastres y calamidades.

ARTÍCULO 3º. PLAN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres elaborará un Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual, una vez aprobado por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, será adoptado mediante decreto del Gobierno Nacional. El Plan incluirá y determinará todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial como del orden nacional, regional y local que se refieran, entre otros, a los siguientes aspectos: a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas; b) Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional; c) La educación, capacitación y participación comunitaria; d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y local; e) La coordinación interinstitucional e intersectorial; f) La investigación científica y los estudios técnicos necesarios; g) Los sistemas y procedimientos de control y evaluación de los procesos de prevención y atención. Ver el Decreto Nacional 93 de 1998

ARTÍCULO 4º. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN. Todas las entidades y organismos a los cuales la Oficina Nacional para la Atención de Desastres solicite colaboración a fin de elaborar y ejecutar el plan a que se refiere el artículo precedente, estarán obligados a prestarla dentro del ámbito de su competencia. La renuencia o retraso en la prestación de la colaboración será causal de mala conducta del funcionario o empleado responsable y será sancionable con destitución. Así mismo, las entidades privadas deberán colaborar en las solicitudes que les eleve la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. PARÁGRAFO. Para los efectos de lo previsto en este artículo cada Ministerio, Departamento Administrativo, las entidades territoriales y descentralizadas o las personas jurídicas de que trata esta norma deberán designar la dependencia y/o persona a quien se le confiere específicamente la responsabilidad de realizar las actividades indispensables para asegurar su participación en la elaboración y ejecución del plan.

ARTÍCULO 5º. PLANEACIÓN REGIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL. Los organismos de planeación del orden territorial, tendrán en cuenta las orientaciones y directrices señaladas en el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y contemplarán las disposiciones y recomendaciones específicas sobre la materia, en especial en lo que hace relación a los planes de desarrollo regional de que trata la Ley 76 de 1985, los planes y programas de desarrollo departamental de que trata el Decreto 1222 de 1986 y los planes de desarrollo municipal regulados por el Decreto 1333 de 1986 y las demás disposiciones que las reglamentan o complementan.

ARTÍCULO 6º. EL COMPONENTE DE PREVENCIÓN DE DESASTRES EN LOS PLANES DE DESARROLLO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Todas las entidades territoriales tendrán en cuenta en sus planes de desarrollo, el componente de prevención de desastres y, especialmente, disposiciones relacionadas con el ordenamiento urbano, las zonas de riesgo y los asentamientos humanos, así como las apropiaciones que sean indispensables para el efecto en los presupuestos anuales. Cuando sobre estas materias se hayan previsto normas en los planes de contingencia, de orientación para la atención inmediata de emergencias y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local, se entenderá que forman parte de los planes de desarrollo y que modifican o adicionan su contenido. PARÁGRAFO 1º. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, todas las entidades públicas y privadas que financien estudios para la formulación y elaboración de planes, programas y proyectos de desarrollo regional y urbano, incluirán en los contratos respectivos la obligación de considerar el componente de prevención de riesgos y las disposiciones de que trata este artículo. PARÁGRAFO 2º. A fin de asegurar el cumplimiento de lo previsto en este artículo, l as entidades territoriales crearán en las oficinas de planeación o en las que hagan sus veces, dependencias o cargos técnicos encargados de preparar el componente de prevención de los planes de desarrollo.

ARTÍCULO 7º. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN. Corresponde a la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, organizar y mantener un sistema integrado de información que permita conocer y ubicar territorialmente los riesgos existentes en el país, así como los correspondientes análisis de vulnerabilidad. Para estos efectos, el Gobierno Nacional dispondrá que las entidades correspondientes establezcan los sistemas y equipos necesarios para detectar, medir, evaluar, controlar, transmitir y comunicar las informaciones, así como realizar las acciones a que haya lugar.

ARTÍCULO 8º. ANALISIS DE VULNERABILIDAD. Para los efectos del Sistema Integrado de Información, todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades industriales o de cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, así como las que específicamente determine la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, deberán realizar análisis de vulnerabilidad, que contemplen y determinen la probabilidad de la presentación de desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a causa de sus actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para atenderlos.

ARTÍCULO 9º. MEDIDAS DE PROTECCION. Todas las entidades a que se refiere el artículo precedente, deberán tornar las medidas de protección aplicables como resultado del análisis de vulnerabilidad. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres fijará los plazos y las condiciones mínimas de protección.

ARTÍCULO 10º . SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMACIÓN. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres señalará orientaciones y criterios sobre los sistemas y equipos de información que deben utilizarse para el diagnóstico y la prevención de los riesgos y, en especial, los métodos de medición de variables, los procedimientos de análisis y recopilación de datos, y los demás factores que aseguren uniformidad.

ARTÍCULO 11 . PLANEAMIENTO DE OPERACIONES EN CASO DE SITUACIONES DE DESASTRE. Las entidades o personas obligadas a realizar análisis de vulnerabilidad deberán participar en las operaciones en caso de situaciones de desastre, conforme a los planes específicos de acción, y de acuerdo con la naturaleza de su objeto y funciones, y su área de jurisdicción o influencia.

ARTÍCULO 12 . ELEMENTOS DEL PLANEAMIENTO DE OPERACIONES EN CASO DE SITUACIONES DE DESASTRE. En el planeamiento de las operaciones en caso de situaciones de desastre se tendrán en cuenta, principalmente, los siguientes aspectos: a) Tipos de desastre. b) Autoridades responsables. c) Funciones de las entidades, organismos y personas. d) Identificación de la amenaza, es decir de la probabilidad de que ocurra un desastre en un momento y en un lugar determinado. e) Análisis de la vulnerabilidad de la población, los bienes y el medio ambiente amenazados, o sea la determinación de la magnitud en que son susceptibles de ser afectados por las amenazas. f) Evaluación del riesgo, mediante la relación que se establezca entre amenaza y condiciones de vulnerabilidad. g) Preparación de planes de contingencia. h) Formulación de programas de educación y capacitación con participación comunitaria. i) Inclusión de la dimensión de prevención en los planes de desarrollo. j) Provisión de suministros. k) Lugares utilizables durante el desastre y formas de utilización. l) Los demás que señale la Oficina Nacional para la Atención de desastres.

ARTÍCULO 13 . PLANES DE CONTINGENCIA. El Comité Técnico Nacional y los Comités Regionales y Locales para la Prevención y Atención de Desastres, según el caso, elaborarán, con base en los análisis de vulnerabilidad, planes de contingencia para facilitar la prevención o para atender adecuada y oportunamente los desastres probables. Para este efecto, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres preparará un modelo instructivo para la elaboración de los planes de contingencia.

ARTÍCULO 14 . ASPECTOS SANITARIOS DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA. El Ministerio de Salud coordinará los programas de entrenamiento y capacitación para planes de contingencia en los aspectos de orden sanitaria, bajo la vigilancia y control del Comité Técnico Nacional.

ARTÍCULO 15 . SISTEMAS DE ALARMA Y DE COMUNICACIONES. Los sistemas de alarma que se utilicen como mecanismos de información para desastres y calamidades, cumplirán las orientaciones sobre normas y requisitos que decida impartir la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. La utilización de los sistemas y medios de comunicación en caso de desastres y calamidades se regirá por las reglamentaciones que para el efecto dicte el Ministerio de Comunicaciones.

ARTÍCULO 16 . ASPECTOS PRIORITARIOS DE LA PREVENCIÓN. Los planes y actividades de prevención de desastres y calamidades otorgarán prioridad a la salud y al saneamiento ambiental.

ARTÍCULO 17 . PRIMEROS AUXILIOS. Los primeros auxilios en situaciones de desastre deberán ser prestados por cualquier persona o entidad, bajo la coordinación y control de las entidades y organismos del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. CAPÍTULO II REGIMEN DE LAS SITUACIONES DE DESASTRE.

ARTÍCULO 18 . DEFINICIÓN DE DESASTRE. Para efectos del presente estatuto, se entiende por desastre el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social.

ARTÍCULO 19 . DECLARATORIA DE SITUACIÓN DE DESASTRE. El Presidente de la República declarará mediante Decreto y previo concepto del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, la existencia de una situación de desastre, y en el mismo acto la clasificará según su magnitud y efectos, como de carácter nacional, departamental, intendencial, comisarial, distrital o municipal. La declaratoria de una situación de desastre podrá producirse hasta tres (3) meses después de haber ocurrido los hechos que la constituyen. De igual manera, mientras no se haya declarado que la situación ha vuelto a la normalidad, el Presidente de la República podrá modificar la calificación que le haya dado a la situación de desastre y las disposiciones del régimen especial que pueden ser aplicadas. Producida la declaratoria de situación de desastre se aplicarán las normas pertinentes propias del régimen especial para situaciones de desastre, que el Decreto ordene y específicamente determine. Las autoridades administrativas, según el caso, ejercerán las competencias que legalmente les correspondan y, en particular, las previstas en las normas del régimen especial que se determinen, hasta tanto se disponga que ha retornado la normalidad.

ARTÍCULO 20 . PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES. Declarada una situación de desastre de carácter nacional, la Oficina Nacional para la Atención de Desastres procederá a elaborar, con base en el plan nacional, un plan de acción específico para el manejo de la situación de desastre declarada, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en el decreto de declaratoria, o en los que lo modifiquen. Cuando se trate de situaciones calificadas como departamentales, intendenciales, comisariales, distritales o municipales, el plan de acción específico será elaborado y coordinado en su ejecución por el Comité Regional o Local respectivo, de acuerdo con las orientaciones establecidas en el decreto de declaratoria o en los que lo modifiquen, y con las instrucciones que impartan el Comité Nacional, los Comités Técnico y Operativo Nacionales y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

ARTÍCULO 21 . DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL. La dirección, coordinación y control de todas las actividades administrativas y operativas que sean indispensables para atender la situación de desastre, corresponderán a la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, de acuerdo con las orientaciones que señale el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, si la situación ha sido calificada como nacional, o al Gobernador, Intendente, Comisario, Alcalde del Distrito Especial de Bogotá o Alcalde Municipal, con la asesoría y orientación del respectivo Comité Regional o Local para la Prevención y Atención de Desastres, según la calificación hecha, y contando con el apoyo del Comité Nacional y la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. PARÁGRAFO. Cuando una situación de desastre sea calificada como regional, las actividades y operaciones de los Comités Locales y de las autoridades municipales, se subordinarán a la dirección, coordinación y control del Gobernador, Intendente o Comisario, en desarrollo de las directrices trazadas por el respectivo Comité Regional.

ARTÍCULO 22 . PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DURANTE LA SITUACIDN DE DESASTRE. En el mismo decreto que declare la situación de desastre, se señalarán, según su naturaleza, las entidades y organismos que estarán obligados a participar en la ejecución del plan específico, las labores que deberán desarrollar y la forma como se someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. Igualmente, se determinará la forma y modalidades de participación de las entidades y personas privadas y los mecanismos para que se sometan a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente.

ARTÍCULO 23 . DECLARATORIA DE RETORNO A LA NORMALIDAD. El Presidente de la República, oído el concepto del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, decretará que ha cesado la situación de desastre y que ha retornado la normalidad. Sin embargo, podrá disponer en el mismo decreto que continuarán aplicándose, total o parcialmente, las mismas normas especiales de que trata el artículo 19, durante la ejecución de las tareas de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. Durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo podrán variarse, mediante Decreto del Gobierno Nacional, las normas especiales que sean aplicables.

ARTÍCULO 24 . REGIMEN NORMATIVO ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE. Declarada una situación de desastre conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de este estatuto, en el mismo Decreto se determinará, de acuerdo con su carácter, magnitud y efectos, las normas legales aplicables en materia de contratos, control fiscal de recursos, adquisición y expropiación, ocupación y demolición, imposición de servidumbres, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, incentivos de diverso orden para la rehabilitación, la reconstrucción y el desarrollo, administración y destinación de donaciones, y autorización, control, vigilancia e inversión de los bienes donados, de que tratan los artículos subsiguientes, que específicamente se elijan y precisen. Los órganos competentes de las entidades territoriales dictarán, igualmente, las disposiciones especiales que deban regir en caso de que sea declarada una situación de desastre nacional, regional o local. PARÁGRAFO. Mediante la declaratoria de retorno a la normalidad de que trata el artículo 23 de este estatuto, se podrá disponer que continúen aplicándose las mismas normas, o algunas de ellas, de que trata el presente artículo y que se hayan determinado en el decreto de declaratoria o en los que lo hayan modificado, durante cierto tiempo en las fases posteriores de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. SECCIÓN I CONTRATOS.

ARTÍCULO 25 . RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN. Modificado por el art. 3º, Decreto Nacional 146 de 2011 . Salvo lo dispuesto sobre contratos de empréstito en el artículo siguiente, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos con personas o entidades privadas o públicas, cuyo objeto tenga inmediata relación con la atención de la situación de desastre declarada, previa autorización dada para cada caso, proyecto o programa, por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o por el organismo o entidad en el cual ella delegue esta función, sujetándose únicamente a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares. Sin embargo, en ellos deberán pactarse las cláusulas obligatorias previstas en el Decreto extraordinario 222 de 1983 o en las normas que lo modifiquen, adicionen o reformen y la sujeción de los pagos a las apropiaciones presupuestales, así como llevarse a cabo el registro presupuestal y la publicación en el DIARIO OFICIAL. Para garantizar la debida ejecución de tales contratos, las juntas o consejos directivos de las entidades descentralizadas del orden nacional podrán autorizar traslados presupuestales con cargo a sus recursos propios e informarán de ello al Ministerio de Hacienda y al Departamento Nacional de Planeación. Los órganos competentes de las entidades territoriales regularán en qué forma y bajo qué condiciones, ellas mismas o sus entidades descentralizadas podrán celebrar contratos cuyo objeto tenga inmediata relación con la atención de las situaciones de desastre declaradas.

ARTÍCULO 26 . CONTRATACIÓN DE EMPRESTITOS POR PARTE DE LA NACIÓN. Los contratos de empréstito externo o interno que requiera celebrar la Nación para atender la situación de desastre declarada, sólo necesitarán para su celebración y validez, el concepto previo del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, y las firmas del representante de la entidad prestamista y del Presidente de la República, quien podrá delegar la correspondiente suscripción en los Ministros o Jefes de Departamento Administrativo.

ARTÍCULO 27 . CONTRATACIÓN DE EMPRESTITOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL ORDEN NACIONAL. Los contratos de empréstito que requieran celebrar las entidades descentralizadas del orden nacional, para atender la situación de desastre declarada, a los cuales se les aplica ordinariamente el régimen del Decreto extraordinario 222 de 1983, requerirán para su celebración y validez lo siguiente: A. EMPRESTITOS EXTERNOS. 1. Autorización previa a la entidad contratante para Iniciar gestiones otorgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Solicitud presentada a través del Ministro o Jefe del Departamento Administrativo, al cual esté adscrita o vinculada la entidad; b) Autorización al representante legal de la entidad, expedida por el organismo competente; c) Concepto favorable de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. 2. El empréstito gestionado podrá celebrarse con base en la minuta aprobada para tales fines por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público, previa autorización al representante legal para celebrar el contrato expedida por el organismo competente. El contrato sólo será válido y podrá ejecutarse si las condiciones financieras pactadas están comprendidas dentro de la autorización otorgada para su gestión. B. EMPRESTITOS INTERNOS. 1. Autorización previa a la entidad para celebrar el contrato, otorgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Solicitud presentada a través del Ministro o Jefe de Departamento Administrativo al cual esté adscrita o vinculada la entidad; b) Autorización al representante legal de la entidad contratante para contratar y otorgar las garantías, expedida por el organismo competente; c) Concepto favorable de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres; d) Carta de intención de la entidad prestamista; e) Certificado de libertad de las garantías ofrecidas expedido por la autoridad competente. 2. El empréstito gestionado podrá celebrarse con base en la minuta aprobada para tales fines por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público, previa autorización al representante legal para celebrar el contrato expedida por el organismo competente. El contrato sólo será válido y podrá ejecutarse si las condiciones financieras pactadas están comprendidas dentro de la autorización otorgada para su celebración. Cuando se trate de emisiones de bonos u otros documentos de deuda pública interna, además de los requisitos señalados en las letras a), b) y c) del punto 1, sólo se requerirá el esquema o proyecto de la emisión. PARÁGRAFO. Cuando los contratos de empréstito a que se refiere este artículo sean con garantía de la Nación, se requerirá, además, el cumplimiento de las siguientes formalidades: a) Concepto previo favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES. b) Firma del Presidente de la República, quien podrá delegar la suscripción en el Ministro o Jefe de Departamento Administrativo correspondiente.

ARTÍCULO 28 . PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE EMPRESTITO. Los contratos de empréstito de que tratan los artículos precedentes se perfeccionarán mediante su publicación en el DIARIO OFICIAL, requisito que se entiende cumplido en la fecha de pago de los derechos correspondientes o de la orden de publicación impartida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General de Crédito Público.

ARTÍCULO 29 . CONTRATOS DE EMPRESTITO DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES O SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Los órganos competentes de las entidades territoriales regularán el régimen especial que puede aplicarse para la contratación de empréstitos externos o internos por parte de ellas o de sus entidades descentralizadas, en caso de declaratoria de desastre nacional, regional o local, pero en caso de empréstitos externos se aplicará en todo caso el procedimiento señalado para las entidades descentralizadas del orden nacional en el artículo 27 de este Decreto. SECCIÓN II OCUPACIÓN TEMPORAL Y DEMOLICIÓN DE INMUEBLES.

ARTÍCULO 30 . OBLIGACIÓN DE PERMITIR LA OCUPACIÓN. En desarrollo del principio constitucional de la función social de la propiedad, los propietarios, poseedores y tenedores de inmuebles, predios y mejoras en las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de una situación de desastre, están obligados a permitir la ocupación temporal de los mismos, por parte de cualquier entidad pública, cuando ello fuere necesario para atender la situación de desastre. En todo caso, la entidad pública requerirá para el efecto autorización previa dada por la Oficina Nacional de Atención de Desastres, o por el Presidente del Comité Regional o Local, según sea el carácter de la situación de desastre declarada. La ocupación temporal deberá limitarse al espacio y tiempo estrictamente indispensables y causar el menor daño posible.

ARTÍCULO 31 . PROCEDIMIENTO Y CONDICIONES DE LA OCUPACION. La ocupación temporal de inmuebles, predios y mejoras se regirá por las siguientes reglas: 1. La entidad pública respectiva comunicará por escrito al propietario o poseedor del inmueble la necesidad de la ocupación temporal, la extensión requerida y el tiempo probable de duración de la misma, así como la estimación del valor de los perjuicios que probablemente se causarán y que ofrece pagar. La comunicación se dirigirá, si es posible, a la dirección conocida del propietario o poseedor y, en todo caso, se fijará en lugar público de la Alcaldía municipal del lugar por el término de tres días. Contra la comunicación no procederá recurso alguno por la vía gubernativa. 2. En la misma comunicación se indicará al propietario o poseedor el plazo para manifestar si consiente en la ocupación y acepta el valor estimado de los perjuicios, o si por la urgencia del caso la ocupación se efectuará en forma inmediata. 3. Si no se obtuviere el consentimiento para la ocupación temporal o no hubiere acuerdo sobre el valor estimado de los perjuicios que se causarán, dentro del plazo señalado en la comunicación se procederá a llevar a cabo la ocupación, con el concurso de las autoridades de policía. 4. Cuando se haya advertido en la comunicación escrita que por la urgencia del caso la ocupación se efectuará en forma inmediata, el interesado podrá igualmente consentir en ella y aceptar el valor de la estimación de los perjuicios con posterioridad a la ocupación. 5. Los propietarios o poseedores afectados por la ocupación temporal, que no consientan expresamente en ella o que habiéndola aceptado y convenido con la entidad pública el pago del valor de los perjuicios, consideren que la estimación del valor del daño fue insuficiente, podrán ejercer en todo caso las acciones contencioso-administrativas a que haya lugar, dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contado a partir de la fecha en que concluya la ocupación temporal. Las mismas acciones serán procedentes cuando en la comunicación escrita se haya advertido que la ocupación se efectuará en forma inmediata. 6. La ocupación temporal de inmuebles en ningún caso podrá ser superior a un (1) año. Por consiguiente, transcurrido un año sin que la ocupación haya terminado el propietario o poseedor podrá iniciar, dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, acción contencioso-administrativa para demandar la restitución del bien y la reparación del daño causado. 7. Las autoridades de policía prestarán todo su concurso a las entidades públicas que requieran ocupar temporalmente bienes inmuebles, para lo cual podrán desalojar físicamente a quienes se encontraren en los inmuebles y trasladar sus pertenencias a otro lugar. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de las autoridades de policía configura el delito de prevaricato por omisión previsto en el Código Penal. 8. En virtud de la orden de ocupación terminarán todos los contratos de tenencia precaria que se hayan celebrado sobre el inmueble. Los tenedores estarán obligados, igualmente, a cumplir la orden de ocupación temporal. PARÁGRAFO. La competencia para adelantar el procedimiento de que trata este artículo podrá ser delegada por la entidad pública respectiva en cualquier otra entidad del mismo carácter.

ARTÍCULO 32 . ORDEN DE DEMOLICIÓN. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 216 del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), los alcaldes de los municipios comprendidos dentro de las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de una situación de desastre, podrán ordenar la demolición de toda edificación que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad o salubridad de los habitantes de la misma o de otras personas. La orden será impartida mediante resolución motivada que será notificada al dueño, o al poseedor y al tenedor del respectivo inmueble, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su expedición. Copia de la resolución a que hace referencia el inciso anterior será fijada por el mismo término en el inmueble cuya demolición se ordene, fijación, que suplirá la notificación personal si ella no puede realizarse. Contra la resolución que ordene la demolición de un inmueble sólo cabe el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación personal o de conclusión del término de fijación de la resolución en el inmueble, y se resolverá de plano por el alcalde respectivo. En casos de especial urgencia la resolución que ordene la demolición podrá advertir expresamente que ella se llevará a cabo en forma inmediata, caso en el cual no se procederá la notificación alguna, sino que simplemente copia de la resolución se fijará en la misma fecha de su expedición y durante diez días hábiles, en el despacho de la alcaldía respectiva. El interesado podrá ejercer las acciones contencioso-administrativas a que haya lugar dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contado desde la fecha en que se haya efectuado la demolición.

ARTÍCULO 33 . EJECUCIÓN DE LA DEMOLICIÓN. Ejecutoriada la resolución que ordene la demolición por haberse decidido negativamente el recurso de reposición o por haber transcurrido el lapso legal sin que el recurso se hubiere interpuesto, se procederá a la inmediata demolición del inmueble. Cuando por circunstancias de especial urgencia se haya prescindido del régimen de notificación y recursos en la vía gubernativa, la autoridad podrá proceder a la demolición en forma inmediata. PARÁGRAFO. La competencia para ordenar y ejecutar la demolición de que trata el presente artículo y el precedente, podrá ser delegada por los alcaldes municipales en cualquiera otra autoridad pública municipal.

ARTÍCULO 34 . ESTUDIOS SOBRE LOCALIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y EDIFICACIONES. La Oficina Nacional para la Atención de Desastres o los Comités Regionales Locales, según sea el caso promoverán la realización de estudios por parte de las entidades Públicas correspondientes, tendientes a determinar las áreas de la zona a que se refiere la declaratoria de una situación de desastres en las cuales no se deben ubicar asentamientos humanos ni construir edificaciones, por razones ambientales de peligro o de riesgo. Con base en estos estudios los alcaldes municipales ordenarán la reubicación de las comunidades dentro de plazos prudenciales, vencidos los cuales ordenarán las demoliciones a que haya lugar, con arreglo a los procedimientos legales pertinentes. SECCIÓN III IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS .

ARTÍCULO 35 . IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES. Los predios de propiedad particular en las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de una situación de desastre, deberán soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para la realización de todas las acciones, procesos y obras por parte de las entidades públicas. La imposición de las servidumbres se hará mediante acto administrativo motivado, en el cual se fijará el valor de la indemnización correspondiente, y se notificará en forma ordinaria al propietario o poseedor del inmueble, quien podrá interponer solamente recurso de reposición. El acto de imposición de la servidumbre podrá ejecutarse aunque no se haya efectuado la notificación o no se haya aún ejecutoriado el acto. Contra el acto procederán las acciones contencioso administrativas correspondientes.

ARTÍCULO 36 . COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012 . Conocerán de los procesos referentes a conflictos entre particulares relativos a servidumbres, medianería, propiedad horizontal, contratos de ejecución de obras, arrendamiento y los demás que se relacionen con las actividades que haya que desarrollar en razón de la situación de desastre declarada, los jueces municipales del respectivo municipio, conforme al procedimiento verbal previsto en los artículos 443 a 448, inclusive, del Código de Procedimiento Civil, con las siguientes modificaciones: 1. La fecha de la audiencia a que se refiere el inciso 1º del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, deberá tener lugar a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la demanda. 2. El aplazamiento de la audiencia a que se refiere el numeral 1º del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, no podrá extenderse a más de tres (3) días hábiles. 3. La nueva audiencia a que se refiere el numeral 6º del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil, no podrá tener lugar, si fuere el caso, después de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de aquella en que así se dispuso. 4. En ningún caso la totalidad de las audiencias propias del proceso, podrán tener lugar en más de cinco (5) sesiones, incluida la prórroga a que se refieren los numerales 6º, 7º y 8º del artículo 445 del Código de Procedimiento Civil. 5. El incumplimiento de los términos por parte de los funcionarios judiciales, en estos procesos, será causal de mala conducta. SECCIÓN IV ADQUISICION Y EXPROPIACIÓN.

ARTÍCULO 37 . ENTIDADES AUTORIZADAS PARA ADQUIRIR O EXPROPIAR. Declarada una situación de desastre conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de este Decreto y hasta tanto se declare el retorno a la normalidad, la Nación a través de cualquiera de sus ministerios o departamentos administrativos, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo, previamente autorizadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres o por el Presidente del Comité Regional o Local, según se trate de un desastre calificado como nacional, regional o local, respectivamente, podrán adquirir total o parcialmente los inmuebles que sean indispensables para adelantar el plan de acción específico para la atención del desastres por negociación directa con los propietarios o mediante el procedimiento de expropiación.

ARTÍCULO 38 . NEGOCIACIÓN DIRECTA. En caso de negociación directa las entidades públicas aplicarán las normas previstas en el Capítulo VIII del Título VIII del Decreto extraordinario 222 de 1983, pero el precio máximo de adquisición será el que determine un avalúo comercial especial practicado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En caso de que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no practique el avalúo dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la solicitud, el precio máximo de adquisición será el determinado mediante avalúo efectuado por la respectiva entidad pública adquirente. PARÁGRAFO. El avalúo a que se refiere este artículo se practicará, teniendo exclusivamente en cuenta los factores y variables correspondientes a la época anterior a la declaratoria de la situación de desastre.

ARTÍCULO 39 . EXPROPIACIÓN. Si en un término prudencial, calificado por la Oficina Nacional para Atención de Desastres, o por el Comité Regional o Local para la Prevención y Atención de Desastres, según el carácter de la situación de desastre declarada, no se puede llevar a cabo la negociación directa, la entidad pública correspondiente podrá decretar la expropiación del inmueble y promover el proceso correspondiente, que se surtirá conforme a los artículos 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, pero la entidad demandante tendrá derecho solicitar al juez que en el auto admisorio de la demanda se ordene la entrega anticipada del inmueble cuya expropiación se demanda, siempre y cuando se acredite haber consignado a órdenes del respectivo juzgado una suma equivalente al cincuenta por ciento (50%) del avalúo practicado para los efectos de la negociación directa. Contra el auto admisorio de la demanda y las demás providencias que dicte el juez dentro del proceso de expropiación, excepto la sentencia, sólo procederá el recurso de reposición. PARÁGRAFO. La resolución de expropiación se notificará personalmente al propietario dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al de su expedición. Si no pudiere efectuarse la notificación personal, se notificará por edicto, el cual será fijado el día hábil siguiente en un lugar visible de la sede de la entidad y en la de la alcaldía del lugar de ubicación del inmueble. El edicto será desfijado dos días hábiles después. Contra la Resolución que ordene la expropiación sólo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su notificación. La presentación del recurso no suspenderá los efectos de la resolución de expropiación. Transcurrido un mes sin que se hubiere resuelto el recurso se entenderá negado.

ARTÍCULO 40 . DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA E INTERES SOCIAL. Para todos los efectos relativos al procedimiento de expropiación de que trata este Decreto entiéndese que existen motivos de utilidad pública e interés social para la adquisición mediante expropiación de todos los bienes indispensables para la ejecución de los planes de acción específicos para la atención de situaciones de desastre administrativamente declaradas. SECCIÓN V MORATORIA O REFINANCIACIÓN DE DEUDAS .

ARTÍCULO 41 . REFINANCIACIÓN. Las entidades públicas del orden nacional, adoptarán los programas de refinanciación de las obligaciones que tengan contraídas con ellos las personas afectadas por la situación de desastre que haya sido declarada, dispuestos en las normas que para el efecto se dicten, que podrán consistir, entre otras, en las siguientes reglas: 1. La refinanciación se aplicará únicamente para las obligaciones contraídas antes de la fecha de ocurrencia de la situación de desastre. 2. El nuevo plazo no podrá ser superior al doble del plazo pendiente, ni exceder de veinte años. 3. Las condiciones de las obligaciones refinanciadas no podrán ser más gravosas que las originales. 4. La solicitud deberá ser presentada por el deudor antes de los plazos que determine la autoridad competente. 5. No habrá lugar a intereses moratorios durante el lapso comprendido entre la fecha de declaratoria del desastre y aquella en que se perfeccione la renegociación. 6. La refinanciación no implica novación de las correspondientes obligaciones y, por consiguiente, no se requerirá formalidad alguna para que se opere la renovación de garantías hipotecarias o prendarias existentes, ni para que subsista la responsabilidad de los codeudores, subsidiarios o solidarios y de los fiadores, según los casos. 7. Si se trata de créditos de amortización gradual y el nuevo plazo implica variaciones en las cuotas periódicas, se suscribirán las respectivas adiciones en los mismos documentos en que consten las obligaciones, sin perjuicio de que se opte por otorgar nuevos documentos.

ARTÍCULO 42 . SUSPENSIÓN DE PROCESOS EJECUTIVOS. Durante los primeros seis (6) meses contados desde la declaratoria de la situación de desastre, los procesos de ejecución singular, mixtos o con título hipotecario o prendario, entablados por las entidades de que trata el artículo anterior contra personas afectadas por el desastre, por obligaciones contraídas antes de la fecha en que ocurrió la situación de desastre declarada, se suspenderán hasta por seis (6) meses si así lo solicita el deudor, desde el momento en que adquiera firmeza el auto que disponga el remate de bienes debidamente embargados, secuestrados y avaluados, o antes de efectuar la nueva subasta, en el evento en que aquella providencia ya se hubiere dictado. La solicitud de suspensión se presentará con las pruebas necesarias para que el juez pueda resolver con suficiente conocimiento de causa. Ejecutoriada la providencia que decrete la suspensión, se producirán los efectos señalados por los artículos 168 y 171 del Código de Procedimiento Civil. Si el deudor hiciere uso del derecho que por el presente artículo se le otorga y hubiere bienes embargados que producen frutos, rendimientos o beneficios de cualquier clase, podrá el juez, sin perjuicio de la suspensión decretada, disponer que esos productos se vayan entregando al ejecutante para imputarlos a la obligación cobrada.

ARTÍCULO 43 . INAPLICABILIDAD DEL REGIMEN SOBRE FINANCIACION Y JUICIOS EJECUTIVOS. El régimen de que tratan los dos artículos precedentes no tendrá aplicación respecto de obligaciones existentes a favor de la Nación, de los Departamentos, las Intendencias, Comisarías, los Municipios y el Distrito Especial de Bogotá y a cargo de los deudores o de los responsables de sus respectivos tesoros, por concepto de impuestos y contribuciones, así como tampoco respecto de los procesos de ejecución por jurisdicción coactiva que adelanten por el mismo concepto las entidades territoriales enumeradas.

ARTÍCULO 44 . AFECTADOS. Para los efectos previstos en los artículos 41 y 42 del presente Decreto, entiéndese por afectados los usuarios de crédito contraído antes de la declaratoria de la situación de desastre, para adelantar cualquier tipo de actividades en la zona o área de influencia de la situación de desastre. Todas las condiciones y modalidades de la renegociación se establecerán en las normas que para el efecto se dicten, y se aplicarán previo estudio de cada caso, teniendo en cuenta la naturaleza y cuantía de las respectivas obligaciones, conforme al reglamento que para ese fin debe dictar la entidad acreedora. La condición de afectado será reconocida por la misma entidad acreedora o por el juez, según el caso. SECCIÓN VI CONTROL FISCAL.

ARTÍCULO 45 . CONTROL FISCAL POSTERIOR. Todas las operaciones de gasto realizadas por la Nación o por las entidades descentralizadas del orden Nacional a partir de la declaratoria de una situación de desastre y mientras no se haya dispuesto la declaratoria de retorno a la normalidad, que tengan relación con el cumplimiento del plan de acción específico para la atención del desastre, se someterán únicamente a control fiscal posterior. SECCIÓN VII DONACIONES.

ARTÍCULO 46 . DESTINACION Y ADMINISTRACION. Los bienes de cualquier naturaleza donados a entidades públicas para atender una situación de desastre declarada se destinarán, en cuanto sea posible, conforme a lo dispuesto en el plan de acción específico. La administración de los bienes donados corresponderá a la entidad administradora del Fondo Nacional de Calamidades, para lo cual se contará con la colaboración de la Oficina Nacional de Atención de Desastres o el Comité Regional o Local, según el carácter de la situación de desastre declarada.

ARTÍCULO 47 . CONTROL Y VIGILANCIA. Corresponde a la Oficina Nacional de Atención de Desastres o el Comité Regional o Local, según el carácter de la situación de desastre declarada, ejercer control y vigilancia de la destinación y buena administración de los bienes donados, sin perjuicio del control fiscal correspondiente. CAPÍTULO III SITUACIONES DE CALAMIDAD PÚBLICA.

ARTÍCULO 48 . SITUACIONES DE CALAMIDAD. Todas las situaciones que no revistan las características de gravedad de que trata el artículo 18 de este Decreto, producidas por las mismas causas allí señaladas, se considerarán como situaciones de calamidad pública, cuya ocurrencia será declarada por la Oficina Nacional de Atención de Desastres mediante acto administrativo en el cual se determinará si su carácter es nacional, departamental, intendencial, comisarial, distrital o municipal.

ARTÍCULO 49 . EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE SITUACION DE CALAMIDAD. Declarada una situación de calamidad, se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las disposiciones previstas en los artículos 20, 21 y 22 sobre plan de acción específico; dirección, coordinación y control; y participación de entidades públicas y privadas durante la situación de calamidad.

ARTÍCULO 50 . DECLARATORIA DE RETORNO A LA NORMALIDAD. El Jefe de la Oficina de Atención de Desastres o el Presidente del Comité Regional o Local, según se trate de una situación de calamidad declarada del orden nacional, regional o local, dispondrá cuando así lo considere conveniente el retorno a la normalidad, pero podrá disponer cómo continuarán participando las entidades públicas y privadas durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo.

ARTÍCULO 51 . MODIFICACIÓN DE LA DECLARATORIA. Declarada una situación de calamidad, podrá ser modificada dentro de los tres (3) meses siguientes para calificarla como situación de desastre, mediante Decreto del Presidente de la República conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de este Decreto.

ARTÍCULO 52 . REGIMEN PARA SITUACIONES DE DESASTRE O CALAMIDAD DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES. Independientemente del régimen previsto en este Decreto, los órganos competentes de las entidades territoriales podrán adoptar un régimen propio sobre situaciones de desastre o calamidad en sus respectivos territorios. CAPÍTULO IV ASPECTOS INSTITUCIONALES.

ARTÍCULO 53 . COMITÉ NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCION DE DESASTRES. El Comité Nacional para la Atención y Prevención de desastres estará integrado de la siguiente manera: a) Derogado por el Artículo 30 del Decreto Ley 1680 de 1991 . El Presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá. b) Los Ministros de Gobierno, Hacienda y Crédito Público, Defensa Nacional, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas y Transporte. c) El Jefe del Departamento Nacional de Planeación. d) Los Directores de la Defensa Civil y de la Cruz Roja Nacional. e) El Jefe de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, y f) Los representantes del Presidente de la República, escogidos de las asociaciones gremiales, profesionales o comunitarias. PARÁGRAFO. Los Ministros del Despacho que, de acuerdo con el presente artículo, conforman el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, podrán delegar su asistencia únicamente en los Viceministros o en los Secretarios Generales de los respectivos Ministerios. En el caso del Ministro de Defensa Nacional, éste podrá delegar en el Comandante General de las Fuerzas Militares. En el caso del Jefe del Departamento Nacional de Planeación podrá delegar en el Subjefe del mismo Departamento. Actuará como Secretario del Comité el Jefe de la Oficina Nacional para la Atención de desastres. Cuando la naturaleza del desastre así lo aconseje podrán ser invitados al Comité Nacional para la Atención y Prevención de desastres otros Ministros o Jefes de Departamento Administrativo, o Directores, Presidentes o Gerentes de entidades descentralizadas del orden nacional.

ARTÍCULO 54 . FUNCIONES DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES. Son funciones del Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres las siguientes: 1. En relación con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. a) Señalar pautas y orientaciones para su elaboración por parte de la Oficina Nacional para la Atención Desastres. b) Aprobar el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, para su posterior adopción mediante Decreto del Gobierno Nacional. Los programas y proyectos de inversión derivados del Plan serán sometidos a la aprobación del Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, antes de la adopción del Plan por el Gobierno Nacional. c) Definir los principales mecanismos para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. d) Aprobar los planes nacionales de contingencia y de orientación para la atención inmediata de desastres, según el carácter y gravedad de éstos, y señalar pautas para su elaboración por parte de los Comités Regionales y Locales. e) Aprobar los planes nacionales preventivos de las emergencias y recomendar y orientar su elaboración por parte de los Comités Regionales y Locales y de las entidades públicas o privadas. f) Integrar grupos especiales de trabajo para los efectos del ejercicio de las funciones anteriores. 2. En relación con el Sistema Integrado de Información, como parte del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: a) Señalar pautas y orientaciones para la organización y mantenimiento del Sistema Integrado de Información, dirigidas a la Oficina Nacional, a los Comités Regionales y Locales y a las entidades públicas y privadas. b) Promover estudios e investigaciones históricas sobre la ocurrencia de desastres. c) Impulsar y orientar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y de evaluación de riesgos. d) Determinar los principales sistemas y procedimientos para el suministro de información y para la operación de los estados de alarma y alerta por parte de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres y los Comités Regionales y Locales. e) Promover y coordinar, a través de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, programas de capacitación, educación e información pública, con participación de la comunidad. 3. En relación con las situaciones de desastre: a) Brindar al Gobierno Nacional toda la información y el apoyo indispensables para los fines de la declaratoria de situaciones de desastre, y la determinación de su calificación y carácter. b) Rendir concepto previo sobre la declaratoria de una situación de desastre. c) Recomendar al Gobierno Nacional la declaratoria de retorno a la normalidad, cuando la situación de desastre haya sido superada, y sugerir cuáles normas especiales para situaciones de desastre declaradas deben continuar operando durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo. 4. En relación con los planes de acción específicos: a) Señalar las pautas para la elaboración de los planes de acción específicos por parte de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres o los Comités Regionales y Locales, según el caso; b) Determinar las orientaciones básicas para la atención de desastres nacionales, incluidas las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo; c) Apoyar a los Comités Regionales y Locales y a las autoridades públicas correspondientes en la atención de situaciones de desastre regional o local, incluidas las fases de rehabilitación y recuperación y los componentes de prevención en los procesos de desarrollo.

ARTÍCULO 55 . COMITÉ TECNICO NACIONAL. Como organismo de carácter asesor y coordinador funcionará un Comité Técnico Nacional conformado por los funcionarios designados como responsables de la coordinación de emergencias en las siguientes entidades: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Ministerio de Agricultura, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de Intendencias y Comisarías, Policía Nacional, Defensa Civil, Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras, HIMAT; Empresa Nacional de Telecomunicaciones, TELECOM; Instituto de Mercadeo Agropecuario, IDEMA; Instituto de Crédito Territorial, ICT; Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente, INDERENA; Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA; Instituto Nacional Geológico y Minero, INGEOMINAS; Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC; y Cruz Roja Colombiana. El Comité Técnico podrá invitar a las personas o entidades que sea necesario escuchar para el mejor cumplimiento de sus funciones. El Comité Técnico Nacional podrá ejercer, en virtud de delegación, las funciones que corresponden al Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, salvo las previstas en el artículo 55 de este Decreto en las letras a) y b) del punto 1 y en las letras a), b) y c) del punto 3, que son indelegables. El Comité Técnico Nacional será presidido por el Jefe de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres y la secretaría estará a cargo de un funcionario de la misma. PARÁGRAFO. El Comité Técnico Nacional organizará, para los efectos de la prevención y atención de desastres y calamidades, una Junta Nacional de Coordinación de los Cuerpos de Bomberos oficiales y voluntarios, de la cual formarán parte tres miembros del Comité designados por el mismo y representantes de los Cuerpos de Bomberos Oficiales y Voluntarios, elegidos conforme al procedimiento que establezca igualmente el Comité. Corresponderá a la Junta Nacional de Coordinación dictar las reglamentaciones administrativas, técnicas y operativas a las cuales deben someterse los Cuerpos de Bomberos en su organización y funcionamiento.

ARTÍCULO 56 . COMITÉ OPERATIVO NACIONAL PARA ATENCIÓN DE DESASTRES. En todos los casos en que se declare una situación de desastre, funcionará un Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres, conformado por: 1. El Director de la Defensa Civil o su delegado, quien lo presidirá. 2. El Director de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres o su delegado. 3. Un delegado del Ministerio de Salud. 4. Un delegado de la Cruz Roja Nacional. 5. Delegados de otras entidades públicas del orden nacional, con voz pero sin voto, que sean invitadas por la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, en razón de la naturaleza y características del desastre. La secretaría de este Comité estará a cargo de un funcionario de la Defensa Civil.

ARTÍCULO 57 . FUNCIONES DEL COMITÉ OPERATIVO NACIONAL PARA ATENCIÓN DE DESASTRES. Corresponde al Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres la coordinación general de las acciones para enfrentar las situaciones de desastre, en desarrollo de la cual adelantará las siguientes actividades: a) Definición de soluciones sobre alojamiento temporal; b) Realización de censos; c) Diagnóstico inicial de los daños; d) Atención primaria o básica a las personas afectadas; e) Provisión de suministros básicos de emergencia, tales como alimentos, medicamentos, menajes y similares; f) Restablecimiento de las condiciones mínimas o básicas de saneamiento ambiental; g) Transporte y comunicaciones de emergencia y solución de los puntos de interrupción vial; h) Definición, establecimiento y operación de alertas y alarmas.

ARTÍCULO 58 . OFICINA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Créase en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, la Oficina Nacional para Atención de Desastres. El Jefe de esta Oficina será un funcionario de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República, con remuneración y régimen prestacional igual al de los Viceministros. La oficina contará con un equipo técnico integrado por funcionarios calificados para dirigir y orientar las áreas de estudio técnico, científico, económico, de financiamiento, comunitario, jurídico e institucional y con el concurso de las personas naturales, o jurídicas públicas o privadas, que sean contratadas como asesores o consultores con cargo a los recursos del Fondo Nacional de Calamidades. En la planta de personal correspondiente se preverá el cargo de Subjefe de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, que tendrá como funciones básicas suplir las ausencias temporales del Jefe, asesorarlo, ejercer las atribuciones que éste le delegue, y coordinar y orientar todas las acciones que debe adelantar la Oficina, especialmente, las relacionadas con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

ARTÍCULO 59 . FUNCIONES DE LA OFICINA NACIONAL PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES. Son funciones de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres: 1. En relación con el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: a) Elaborar el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, con base en las pautas y orientaciones definidas por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; b) Impulsar y coordinar la ejecución del Plan Nacional para la Prevención y Atención de desastres y efectuar su seguimiento y evaluación; c) Solicitar a las entidades y organismos públicos y privados, colaboración para la elaboración del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; d) Solicitar a las entidades y organismos públicos y privados colaboración para la ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; e) Orientar y coordinar las actividades de las entidades y organismos públicos para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; f) Solicitar a las autoridades competentes la sanción de los funcionarios públicos que incurran en mala conducta por no prestar la colaboración debida, previo el cumplimiento de los procedimientos legales; g) Dirigir y coordinar los grupos de apoyo integrados por el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres o por la propia Oficina Nacional para la Atención de Desastres, para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres; h) Velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres por parte de los Comités Regionales y Locales, de las entidades territoriales y en general por las entidades públicas y privadas. 2. En relación con el Sistema Integrado de Información como parte del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres: a) Impulsar y promover el Sistema Integrado de Información y asegurar su actualización y mantenimiento, con la colaboración de los Comités Regionales y Locales y de las entidades públicas y privadas; b) Promover estudios e investigaciones históricos sobre la ocurrencia de desastres, tanto a nivel nacional como en los niveles regionales y locales; c) Adelantar estudios sobre amenazas, análisis de condiciones de vulnerabilidad y de evaluación de riesgos, con el apoyo de otras entidades públicas y privadas y de los Comités Regionales y Locales; d) Suministrar información a la opinión y a las comunidades y personas interesadas, y coordinar los sistemas de alarma y alerta, en coordinación con los Comités Regionales y Locales y las entidades técnicas correspondientes; e) Preparar las decisiones que debe adoptar el Gobierno Nacional sobre los sistemas y equipos que deben establecer las entidades públicas para los efectos del Sistema Integrado de Información; f) Promover y coordinar programas de capacitación, educación e información pública, con participación de la comunidad. 3. En relación con las situaciones de desastre: a) Preparar la documentación indispensable para que el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres pueda rendir el concepto previo a la declaratoria de una situación de desastre; b) Someter al Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres los estudios necesarios para recomendar la declaratoria de retorno a la normalidad cuando la situación de desastre haya sido superada y para sugerir cuáles normas especiales para situaciones de desastre declaradas deben continuar operando durante las fases de rehabilitación, reconstrucción y desarrollo; c) Asumir la coordinación de todas las actividades necesarias para atender una situación de desastre nacional declarada, con la colaboración de los Comités Regionales y Locales y de las entidades públicas y privadas que deban participar; d) Apoyar a los Comités Regionales y Locales en las labores de dirección y coordinación de las actividades necesarias para atender situaciones de desastre de carácter regional o local; e) Coordinar la ejecución de los planes de contingencia y de orientación para la atención inmediata de desastres que hayan sido aprobados por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres; f) Vigilar la elaboración y ejecución por parte de los Comités Regionales y Locales de los Planes de Contingencia y de orientación para la atención inmediata de desastres, de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres; g) Ejecutar los planes preventivos de las situaciones de desastre aprobados por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y asegurar que se elaboren y ejecuten por parte de los Comités Regionales y Locales; h) Procurar la inclusión del componente de prevención de riesgos en los planes de desarrollo regional de que trata la Ley 76 de 1985, en los planes y programas de desarrollo departamental, intendencial o comisarial y en los planes de desarrollo distrital, metropolitano y municipal, así como de las disposiciones sobre ordenamiento urbano, zonas de riesgo y asentamientos humanos que se hayan previsto en los planes de contingencia, de orientación para la atención inmediata, de desastres y en los planes preventivos del orden nacional, regional o local. Como parte esencial del componente de prevención de riesgos se dispondrá la reserva de tierras para reubicar aquellos asentamientos que presentan graves riesgos para la salud e integridad personal de sus habitantes, de que tratan el numeral 4º del artículo 2º y el artículo 34 del Decreto-ley 1333 de 1986, con las modificaciones que le fueron introducidas por la Ley 9ª de 1989; i) Velar por la aplicación estricta de las normas que entran a regir con ocasión de la declaratoria de situaciones de desastre o que deben continuar rigiendo durante las fases de rehabilitación, recuperación y desarrollo; j) Sin perjuicio de las funciones que legalmente corresponden a la División de Cooperación Técnica Internacional del Departamento Nacional de Planeación, y en estrecha coordinación con ella, realizar todas las acciones indispensables para obtener la cooperación de organismos internacionales y países extranjeros en caso de situaciones de desastre. 4. En relación con los planes de acción específicos: a) Elaborar los planes de acción específicos para situaciones de desastre de carácter nacional, con la colaboración de los respectivos Comités Regionales y Locales y entidades técnicas, y de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres; b) Apoyar la elaboración y ejecución de los planes de acción específicos para situaciones de desastre de carácter regional y local, por parte de los respectivos Comités Regionales y Locales, de acuerdo con las pautas trazadas por el Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres; c) Apoyar a los Comités Regionales y Locales y a las entidades públicas y privadas correspondientes en la atención de situaciones de desastre regional o local, incluidas las fases de rehabilitación, recuperación y los componentes de prevención en los procesos de desarrollo; d) Asegurar el obligatorio cumplimiento por parte de las entidades públicas o privadas de las actividades que se les asignen en el Decreto de declaratoria de situación de desastre y solicitar, si es el caso, la imposición de las sanciones a que haya lugar con arreglo a los procedimientos legales vigentes; e) Dar instrucciones a los Comités Regionales y Locales sobre la forma como deben dirigir y coordinar los planes de acción específicos en caso de situaciones de desastre regionales o locales declaradas. 5. En relación con otras entidades del sistema: a) Llevar a la consideración del Comité Nacional para la Atención y Prevención de Desastres, del Comité Operativo Nacional para Atención de Desastres y de la Junta Consultora del Fondo Nacional de Calamidades, estudios y propuestas relacionadas con el ejercicio de sus respectivas funciones; b) Dirigir y orientar las actividades del Comité Técnico Nacional. PARÁGRAFO. Para el ejercicio de las funciones a que se refiere este artículo, el Jefe de la Oficina organizará grupos especiales internos de trabajo, teniendo en cuenta las distintas clases de ellas y el contenido del Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Para la adopción de la planta de personal se considerará, para efectos de nomenclatura y clasificación de empleos, la especial naturaleza de las funciones que corresponden a la Oficina Nacional para la Atención de Desastres.

ARTÍCULO 60 . COMITÉS REGIONALES Y LOCALES PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Créanse Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres en cada uno de los Departamentos, Intendencias y Comisarías, y Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres en el Distrito Especial de Bogotá y en cada uno de los municipios del país, los cuales estarán conformados por: a) Gobernador, intendente, comisario o alcalde, según el caso, quien lo presidirá; b) El comandante de Brigada o Unidad Militar existente en el área correspondiente; c) El Director del Servicio Seccional de Salud para los Comités Regionales o el Jefe de la respectiva unidad de salud para los Comités Locales; d) El Comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción; e) Un representante de la Defensa Civil y uno de la Cruz Roja Colombiana; f) Dos representantes del gobernador, intendente, comisario o alcalde, escogidos de las corporaciones autónomas regionales o de las asociaciones gremiales, profesionales o comunitarias; g) El alcalde de la ciudad capital en el Comité Regional respectivo. El Jefe de Planeación de la entidad territorial correspondiente o quien haga sus veces, actuará como Secretario del Comité Regional o Local respectivo. Actuará como coordinador operativo, para la debida ejecución de las decisiones del Comité, el representante de la Defensa Civil en el respectivo territorio. PARÁGRAFO. El respectivo Comité regional o local podrá, por decisión suya, convocar a representantes o delegados de organizaciones tales como el Cuerpo de Bomberos, las juntas de acción comunal, la Cámara de Comercio o, en general, organizaciones cívicas, o a personas de relevancia social en el respectivo territorio.