Decreto 1355 de 1970

ARTÍCULO 1 ° . - La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de ésta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho.

ARTÍCULO 2 ° . - A la policía compete la conservación del orden público interno. El orden público que protege la policía resulta de la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la salubridad y la moralidad públicas. A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación.

ARTÍCULO 3 ° . - La libertad se define y garantiza en la Constitución y en las convenciones y tratados internacionales y la regulación de su ejercicio corresponde a la ley y a los reglamentos.

ARTÍCULO 4 ° . - En ningún caso la policía podrá emplear medios incompatibles con los principios humanitarios.

ARTÍCULO 5 ° . - Las normas y los servicios de policía son medios para prevenir la infracción penal. En el ejercicio de la función punitiva del Estado, la policía es auxiliar técnico.

ARTÍCULO 6 ° . - Ninguna actividad de policía puede contrariar a quien ejerza su derecho sino a quien abuse de él. LIBRO PRIMERO TÍTULO I DE LOS MEDIOS DE POLICIA CAPÍTULO I DE LOS REGLAMENTOS

ARTÍCULO 7 ° . - Podrá reglamentarse el ejercicio de la libertad en cuanto se desarrolle en lugar público o abierto al público o de modo que trascienda de lo privado.

ARTÍCULO 8 ° . Las asambleas departamentales podrán hacerlo en relación con lo que no haya sido objeto de la ley o reglamento nacional. - Inciso. 1o. Declarado Inexequible por la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 enero de 1977. -Incisos. 3o. y 4o. Declarados Inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de enero de 1977.

ARTICULO 9 ° . - Cuando las disposiciones de las asambleas departamentales (y de los Concejos) sobre policía necesiten alguna precisión para aplicarlas, los gobernadores y alcaldes podrán dictar reglamentos con ese solo fin. Por tanto no podrán expedir normas de conducta no contenidas en las ordenanzas o en los acuerdos. Nota: "y de los Concejos", expresión que fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 27 de enero de 1977.

ARTICULO 10 ° . Declarado Inexequible por Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 27 de enero de 1977.

ARTICULO 11. - En caso de calamidad pública tal como inundación, terremoto, incendio o epidemia que amenace a la población, los gobernadores, intendentes, comisarios especiales, alcaldes, inspectores y corregidores de policía podrán tomar las siguientes medidas para conjurar la calamidad o para remediar sus consecuencias: 1o) Ordenar el inmediato derribo de edificios u obras, cuando sea necesario; 2o) Ordenar la construcción de obras y la realización de tareas indispensables para impedir, disminuir o detener los daños ocasionados o que puedan ocasionarse; 3o) Impedir o reglamentar en forma especial la circulación de vehículos y de personas en la zona afectada o establecer ese tránsito por predios particulares; 4o) Ordenar la desocupación de casas, almacenes y tiendas o su sellamiento; 5o) Desviar el cauce de las aguas; 6o) Ordenar la suspensión de reuniones y espectáculos y la clausura de escuelas y de colegios; 7o) Reglamentar el aprovisionamiento y distribución de víveres, drogas y la prestación de servicios médicos, clínicos y hospitalarios; 8o) Reglamentar en forma extraordinaria servicios públicos tales como los de energía eléctrica, acueductos, teléfonos y transportes de cualquier clase; 9o) Organizar campamentos para la población que carezca de techo; y 10) Crear juntas cívicas que se encarguen del socorro de la población damnificada; estos cargos son de forzosa aceptación. Estas facultades no regirán sino mientras dure la calamidad, y el funcionario que las ejerza dará cuenta pormenorizada e inmediata al concejo municipal o a la asamblea, según el caso, en sus inmediatas sesiones ordinarias, de las medidas que hubiere adoptado.

ARTICULO 12. - Según la entidad o el funcionario que los expida, los reglamentos de policía son nacionales o locales.

ARTICULO 13. - El reglamento de policía se subordinará a los siguientes principios: a) La regulación del ejercicio de ciertas actividades ciudadanas no reservadas por la Constitución y la ley, corresponde al reglamento de policía mientras el legislador no lo haga; b) El reglamento no debe ser tan minucioso que haga imposible el ejercicio de la libertad; c) El reglamento debe estatuir prohibiciones y sólo por excepción obligaciones; d) El reglamento no debe fundarse en motivos de interés privados sino de beneficio público. CAPÍTULO II DE LOS PERMISOS

ARTICULO 14. - Cuando la ley o el reglamento de policía estatuya una prohibición de carácter general, y no obstante admita expresamente excepciones, la actividad exceptuada sólo podrá ejercerse mediante permiso de policía. Se otorgará el permiso cuando se acredite que el ejercicio por parte del solicitante de la actividad exceptuada no acarrea peligro alguno para el orden público.

ARTICULO 15. - Cuando la ley o el reglamento de policía subordine el ejercicio de una actividad a ciertas condiciones o al cumplimiento de determinados requisitos, dicha actividad no podrá ejercerse sino mediante el correspondiente permiso otorgado previa la comprobación de aquellas o el cumplimiento de estos.

ARTICULO 16. - El permiso debe ser escrito y motivado y expresar con claridad las condiciones de su caducidad. Es, además, personal e intransferible cuando se otorga en atención a las calidades individuales de su titular.

ARTICULO 17. - La ley o reglamento señalarán el funcionario que deba conceder un permiso, el término de este y las causas de su revocación.

ARTICULO 18. - La revocación del permiso compete ordinariamente a quien lo concedió, salvo las excepciones establecidas por ley o reglamento, y debe ser escrita y motivada. CAPÍTULO III DE LAS ÓRDENES

ARTICULO 19. - Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de policía, las autoridades del ramo pueden dictar órdenes según la competencia que se les atribuya.

ARTICULO 20. - La orden debe fundarse en ley o reglamento.

ARTICULO 21. - La orden debe ser clara y precisa y además, de posible cumplimiento.

ARTICULO 22. - La orden debe impartirse a persona o a grupo individualizado o individualizable de personas.

ARTICULO 23. - La orden debe ser motivada y escrita pero en caso de urgencia puede ser verbal.

ARTICULO 24. - El que incumpla una orden podrá ser obligado por la fuerza a cumplirla. La orden puede ser impugnada por la vía jerárquica, sin perjuicio de su cumplimiento.

ARTICULO 25. - El funcionario de policía que diere orden ilegal incurrirá en sanción disciplinaria que impondrá el superior jerárquico, sin perjuicio de la responsabilidad penal, si la hubiere.

ARTICULO 26. - Si la orden no fuere de inmediato cumplimiento, el jefe de policía conminará a la persona para que la observe en el plazo que señale, y de no ser atendido podrá imponer las sanciones que correspondan hasta vencer la resistencia, sin perjuicio de realizar el hecho por cuenta del obligado cuando fuere posible la sustitución.

ARTICULO 27. - La orden de policía puede ser revocada por quien la emitió.

ARTICULO 28. - La orden debe comunicarse por cualquier medio idóneo como la prensa, la radio, la televisión, las señales, los avisos, los altavoces. CAPÍTULO IV DEL EMPLEO DE LA FUERZA Y OTROS MEDIOS COERCITIVOS

ARTICULO 29. - Solo cuando sea estrictamente necesario, la policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación del orden público y para restablecerlo. Así, podrán los funcionarios de policía utilizar la fuerza: a) Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces y demás autoridades; b) Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía; c) Para asegurar la captura de la que deber ser conducido ante la autoridad; d) Para vencer la resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse inmediatamente; e) Para evitar mayores peligros y perjuicios en caso de calamidad pública; f) Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra la persona, su honor y sus bienes; g) Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves.

ARTICULO 30. Modificado por el art. 109, Decreto Nacional 522 de 1971 Para preservar el orden público la policía empleará sólo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento. Salvo lo dispuesto en la ley sobre el régimen carcelario, las armas de fuego no pueden emplearse contra fugitivo sino cuando éste las use para facilitar o proteger la fuga.

ARTÍCULO 31.- El empleo colectivo de armas de fuego y otras más nocivas contra grupos de agresores, estará condicionado a orden previa de la primera autoridad política del lugar. Empero, si por las circunstancias fuere imposible recibirla, el que comande la patrulla podrá darla bajo su responsabilidad.

ARTICULO 32.- Los funcionarios de policía están obligados a dar sin dilación el apoyo de su fuerza por propia iniciativa o porque se les pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida, o sus bienes, o la inviolabilidad de su domicilio, o su libertad personal, o su tranquilidad.

ARTICULO 33.- En caso de urgencia, la policía puede exigir la cooperación de los particulares no impedidos para hacerlo. Con tal ocasión podrá utilizar, por la fuerza, transitoriamente bienes indispensables como vehículos, lugares privados, alimentos o drogas. El particular cuyos bienes hayan sido utilizados deberá ser indemnizado según el daño pecuniario inferido. CAPÍTULO V DEL SERVICIO DE POLICÍA

ARTÍCULO 34.- La protección del orden público interno corresponde a cuerpos de policía organizados con sujeción a la ley y formados por funcionarios de carrera, instruidos en escuelas especializadas y sujetos a reglas propia de disciplina. Los cuerpos de policía son civiles por la naturaleza de sus funciones.

ARTÍCULO 35.- El servicio público de policía es de cargo de la nación. El cumplimiento de reglamentos especiales de policía tales como los de bosques, caza, pesca, salubridad e higiene puede vigilarse por funcionarios distintos de los que forman los cuerpos de policía.

ARTICULO 36.- El servicio de extinción de incendios podrá prestarse por organizaciones privadas o de cargo del tesoro local.

ARTÍCULO 37.- A los cuerpos de policía compete la vigilancia y las diligencias de indagación preliminar que le estén confiadas por el Código de Procedimiento Penal.

ARTÍCULO 38.- Los oficiales, suboficiales y agentes, después de egresados de la respectiva escuela, deberán prestar un año de servicio guiados por funcionarios de experiencia.

ARTÍCULO 39.- Los gobernadores, como agentes del gobierno nacional, dirigirán y coordinarán en el departamento el servicio nacional de policía y lo relativo a la policía local. Los alcaldes, como agentes del gobernador, son jefes de policía en el municipio.

ARTÍCULO 40.- El comandante de un departamento de policía podrá introducir modificaciones administrativas y funcionales en su comando según las necesidades del mismo y previa consulta con el director general de la policía nacional.

ARTÍCULO 41.- En la provisión de un cargo dentro de la policía se tendrá en cuenta, ante todo, la preparación académica y las capacidades del oficial, suboficial o agente para cumplirlo con eficiencia.

ARTÍCULO 42.- La carrera estrictamente policial se hará efectiva, en cuanto las circunstancias lo permitan, mediante el señalamiento de escalafones según las varias especializaciones del servicio.

ARTÍCULO 43.- Dentro de tal especialización se organizará el servicio de vigilancia rural con los medios de movilización más adecuados.

ARTÍCULO 44.- El personal de la policía nacional está formado por oficiales, suboficiales, y agentes, de una parte, y de otra, por los funcionarios que prestan servicio de carácter administrativo y los cuales no hacen parte de la jerarquía policial.

ARTÍCULO 45.- Los miembros de los cuerpos de policía no pueden intervenir de ninguna manera en actividades políticas, ni ejercer la función del sufragio. Los cuerpos de policía no son deliberantes.

ARTICULO 46.- Compete a los comandos de policía recibir denuncia sobre la comisión de hecho que pueda configurar delito o contravención. Recibida la denuncia, después del registro estadístico, se notificará a la autoridad competente para hacer la indagación y se le enviará el documento en el que conste aquella denuncia.

ARTÍCULO 47.- Por regla general toda orden superior debe ser cumplida por los subalternos. No obstante, podrán los últimos poner de presente, en forma comedida y discreta, la inconveniencia de su cumplimiento. Pero si hubiere insistencia, la orden debe cumplirse sin dilación alguna.

ARTÍCULO 48.- Si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un delito, los subalternos no están obligados a obedecer. CAPÍTULO VI DE LA VIGILANCIA PRIVADA

ARTICULO 49.- La policía nacional fomentará y orientará las agrupaciones que los moradores organicen voluntariamente para la vigilancia y protección de su vecindad.

ARTÍCULO 50.- El servicio remunerado de vigilancia en lugar público o abierto al público para proteger vida y bienes de número plural de personas sólo se podrá ofrecer previo permiso de la Dirección General de la Policía Nacional.

ARTÍCULO 51.- El permiso se concederá cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones: a) Que se trate de sociedad regular de comercio cuyo único objeto social sea el servicio de vigilancia; b) Que los vigilantes cumplan con los requisitos de idoneidad y de honestidad señalados en reglamento del gobierno y que durante el servicio usen traje uniforme con diseño previamente aprobado por la Dirección de la Policía Nacional; c) Que los contratos de servicio se celebren según modelo previamente autorizado por la Dirección de la Policía Nacional; d) Que en sujeción a reglamento del gobierno se otorgue en cada caso caución suficiente para asegurar el cumplimiento normal de las anteriores condiciones, la regularidad de los servicios contratados y la responsabilidad civil ante los contratantes del servicio respecto de los bienes cuya vigilancia se les confía. Todo permiso de vigilancia privada expirará el 31 de diciembre de cada año y sólo se renovará si su titular ha cumplido satisfactoriamente con las condiciones estatuidas en el mismo permiso. En cualquier tiempo podrá revocarse el permiso por resolución motivada cuando se pruebe en incumplimiento de las condiciones de tal permiso. La revocación no impide el ejercicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

ARTÍCULO 52.- El Director de la Policía Nacional podrá ordenar que se suspenda transitoriamente el servicio de vigilancia privada en determinado sector, si la ejecución de alguna tarea oficial programada así lo aconsejare.

ARTICULO 53.- La Policía Nacional podrá autorizar a las juntas de defensa civil o de acción comunal que tengan personería jurídica, para que presten servicio de vigilancia en sus respectivos sectores, directamente o por contrato con ella o con una empresa de vigilancia privada.

ARTÍCULO 54.- La investigación privada puede encaminarse a coadyuvar el descubrimiento de hechos relativos a infracciones penales siempre que no interfiera la función judicial. Los resultados de las pesquisas podrán ofrecerse al juez correspondiente.

ARTÍCULO 55.- La vida íntima de persona ajena a sindicación penal no podrá ser objeto de investigación privada o judicial. Sin embargo, podrán realizarse indagaciones privadas con fines laborales o comerciales. CAPÍTULO VII DE LA CAPTURA

ARTÍCULO 56.- Nadie puede ser privado de la libertad sino: a) Previo mandamiento escrito de autoridad competente; y Literal declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-176 de 2007 , en el entendido que la privación de la libertad debe condicionarse a previo mandamiento escrito de autoridad judicial competente . b) En el caso de flagrancia u cuasi flagrancia de infracción penal o de policía.

ARTÍCULO 57.- Todo mandamiento de captura debe fundarse en ley o en reglamento de policía . Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-024 de 1994

ARTICULO 58.- Cualquiera puede ser aprendido por la policía y privado momentáneamente de su libertad mientras se le conduce ante la autoridad que ha ordenado su comparecencia. Artículo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-176 de 2007 , en el entendido que se requiere que exista mandato previo de autoridad judicial competente .

ARTÍCULO 59.- La petición de captura no puede hacerse sin el previo mandamiento escrito que conste en resolución, auto o sentencia. Esta petición debe firmarla la misma autoridad que suscribió el mandamiento.

ARTICULO 60.- En la petición deberá señalarse el nombre de la persona cuya captura se solicita y, de ser conocida, se expresará la dirección de su vivienda y el lugar donde trabaja o cualesquiera otros datos que sirvan para identificarla o dar con su paradero. También debe mencionarse el mandamiento que motiva la petición y su fecha.