Sentencia C.E. 76001-23-31-000-2010-00812-02 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 76001-23-31-000-2010-00812-02 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16 / DECRETO 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 56 / DECRETO LEY 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55 NORMA DEMANDADA : FECHA : 21/09/2026 SECCION : SECCION TERCERA SUBSECCIÓN A PONENTE : JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ ACTOR : LINA GISELLE VIVEROS CRUZ Y OTROS, RAMIRO VIVEROS CASTILLO, LUZ MERY MARIN GALLEGO, DORIAN IZQUIERDO MARIN, TATIANA VIVEROS CRUZ, NICOL IZQUIERDO VIVEROS DEMANDADO : RED SALUD LADERA ESE, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DECISION : REVOCA TEMA : ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / LESIONES FÍSICAS / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO Problema jurídico: ¿El cómputo del término de caducidad de la acción de reparación directa por lesiones físicas, debe contabilizarse a partir del momento en que el daño fue conocido o pudo conocerse de manera cierta y concreta por el afectado? Respuesta al problema jurídico: Si Al tenor de lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa debe instaurarse dentro de los dos años siguientes al acaecimiento del hecho, la omisión, la operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por trabajos públicos o por cualquier otra causa. En relación con la contabilización de este cómputo cuando se trata de lesiones personales, la Sala Plena de la Sección Tercera ha partido de la cognoscibilidad del daño como referente para iniciar la contabilización del término de caducidad, es decir, la real posibilidad de que algo sea conocido. Con ese propósito se han considerado atendibles escenarios en los que las lesiones solo se conocen en forma cierta y concreta con el discurrir del tiempo y con posterioridad al hecho generador, caso en el cual el juez definirá si el cómputo inicia desde el momento de la ocurrencia del daño o desde cuando se tuvo conocimiento de este. (...) De acuerdo con lo anterior, cuando el daño ocurre antes pero no es conocido, le corresponde a quien demanda, demostrar cuándo conoció el daño y, de ser pertinente, la circunstancia que imposibilitó conocerlo desde su causación. De esta manera, cuando se pretende derivar responsabilidad al Estado por daños que continúan de forma indefinida en el tiempo, el hecho de que los efectos del daño se extiendan después de su consolidación no puede evitar que el término de caducidad comience a correr, pues si esto fuera así la acción nunca caducaría. En esta medida una valoración médica posterior y la finalización del tratamiento no estaría llamada a modificar el conteo de la caducidad . Si perjuicio de lo anterior, ante las dificultades que ofrece la valoración de escenarios como el indicado, habrá circunstancias particulares frente a la contabilización del término de caducidad de la reparación directa, como son aquellos eventos en los que median circunstancias que obstaculizan materialmente el ejercicio del derecho de acción o impiden agotar las actuaciones necesarias para la presentación de la demanda. FUENTE FORMAL: Decreto Ley 01 DE 1984 - ARTÍCULO 136 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRINCIPIO PRO INFANS / PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES / PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS / PROTECCIÓN A PERSONA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD / INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD / PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS / PREVALENCIA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE / DERECHOS DEL MENOR DE EDAD EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EXCEPCIÓN AL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / REPRESENTACIÓN DEL HIJO MENOR DE EDAD / REPRESENTACIÓN JUDICIAL DE MENOR DE EDAD Problema jurídico: ¿El principio pro infans es instrumento que permita inaplicar las reglas de caducidad de la acción indemnizatoria? Respuesta al problema jurídico: No Con el propósito de reforzar la garantía constitucional que prevalece sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en los términos de lo previsto en el artículo 44 de la norma superior y en acatamiento de las obligaciones que vinculan al Estado en razón de las normas convencionales, la jurisprudencia constitucional reconoció el principio pro infans (...) Se ha sostenido que el citado postulado exige a las autoridades garantizar en la medida de lo posible los derechos fundamentales de ese grupo poblacional en atención a su condición de vulnerabilidad, con especial interés en aquellos asuntos en los que se analicen hechos que atenten contra su integridad. En ese sentido, tal regla insta a adoptar medidas necesarias para protegerla, evitar amenazas a la misma y garantizar su dignidad. (...) La Sala se aparta del criterio interpretativo expuesto por el Tribunal para flexibilizar los cómputos de caducidad de la acción respecto de la menor, en tanto que el enfoque constitucional del principio pro infans no puede ser utilizado como herramienta para desconocer la representación judicial que ejercen los padres frente a sus hijos menores ni para extender de manera injustificada los términos que corren para el ejercicio oportuno de las acciones. Si bien, el mentado principio constituye una herramienta hermeneútica que impone la primacía del interés superior de los niños, niñas y adolescentes -lo que se refuerza cuando éstos se encuentran en condición de discapacidad- y se emplea cuando surge tensión entre sus derechos y otras prerrogativas jurídicas, lo cierto es que no se puede concebir una verdadera colisión entre las normas que regulan el ejercicio oportuno de accionar ante esta jurisdicción, ni las reglas jurisprudenciales atendibles para su cómputo y los derechos fundamentales de la menor. (...) ningún tratamiento jurisprudencial ha dado primacía al interés del niño en los eventos en los que el ejercicio inoportuno del derecho a accionar derivó de la negligencia o del desinterés del afectado, o de quien debía velar por sus intereses y tenía su representación legal. De manera que no es admisible dar alcance a la prerrogativa que concedió el a quo para el tratamiento de la caducidad bajo el amparo del principio pro infans, pues con ello se estaría excusando la inacción o la negligencia de los padres en ejercer la representación legal de su menor hija. (...) Es crucial comprender que el principio pro infans opera como un criterio de interpretación y no como una regla positiva para desconocer o inaplicar de manera indiscriminada normas procesales de orden público que persiguen fines constitucionalmente legítimos, como ocurre con la institución de la caducidad. La aplicación de este principio debe hacerse como tal y enmarcarse en el respeto al debido proceso y a la seguridad jurídica. La garantía para la menor en este caso concreto consistía en que sus representantes legales, actuando con diligencia y dentro de los plazos establecidos por la ley, ejercieran la acción judicial correspondiente. El Estado, al prever normativamente la representación legal, garantizó las vías para la defensa de los derechos de la menor. Desvirtuar la caducidad invocando el principio pro infans en un caso en el que los representantes legales tienen la oportunidad y la obligación de actuar, implicaría convertir un criterio hermenéutico en una licencia para la inobservancia de los términos procesales, lo cual atentaría gravemente contra la estructura del sistema jurídico y la estabilidad de las decisiones. (...) protección internacional de los derechos de los menores con discapacidad no establece una regla de inaplicabilidad en cuanto a la oportunidad para el ejercicio de la acción indemnizatoria. Por el contrario, exige un sistema que garantice el acceso a la justicia, el cual opera a través de sus representantes legales, quienes tienen la carga procesal de actuar dentro de los plazos fijados por la ley. Permitir una excepción ante la inacción de los padres sería desnaturalizar tanto la responsabilidad parental como el principio de seguridad jurídica, creando un precedente de incertidumbre contrario al interés general. En línea con los análisis precedentes, no resulta admisible el alcance conferido por el a quo al principio pro infans para sostener una regla de excepción frente a la caducidad. En consecuencia, corresponde analizar la oportunidad en el ejercicio oportuno de la acción conforme las reglas jurisprudenciales que gobiernan esta materia, pues no es posible erigir el principio como fundamento autónomo para desconocer la caducidad como institución de orden público. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / PRESUPUESTO PROCESAL EN LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DE LOS TÉRMINOS DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONOCIMIENTO DEL HECHO DAÑOSO / DAÑO A MENOR DE EDAD / LESIÓN CEREBRAL PRODUCIDA A MENOR DE EDAD / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD POR SOLICITUD DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL / INEXISTENCIA DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Problema jurídico: ¿La acción de reparación directa por lesión neurológica a menor de edad fue interpuesta dentro de los dos años siguientes al conocimiento cierto y concreto del daño alegado? Respuesta al problema jurídico: Si [E]n clave del daño consistente en la lesión neurológica de la menor, la Sala advierte que éste fue perceptible desde el mismo nacimiento, en tanto los signos clínicos se exteriorizaron inmediatamente tras el alumbramiento. En efecto, el daño neurológico presentó manifestaciones iniciales caracterizadas por hipotonía, hipoactividad, pupilas de lenta reactividad, ausencia de reflejos de succión y búsqueda, así como convulsiones focales que no respondieron al tratamiento inicial, circunstancias que determinaron su remisión y manejo en la UCI Neonatal, de donde egresó con un diagnóstico concluyente de asfixia perinatal severa y la recomendación de valoración por neurología pediátrica. (…) si bien la lesión en la integridad psicofísica de la menor tuvo como hecho desencadenante su nacimiento, pues en ese momento se implantaron las primeras manifestaciones de la enfermedad, lo cierto es que los rasgos neurológicos de la patología se hicieron notorios a medida que avanzaba en edad. En consecuencia, solo en las consultas con las especialistas realizadas en el año 2010 los padres de la niña, en su calidad de representantes legales, adquirieron conocimiento certero y concreto del daño irreversible derivado del retraso neuro psicomotor y, de manera fundamental, de la posibilidad de imputarlo al Estado. Particularmente, el neurólogo consultado el 6 de abril de 2010 señaló que la condición de salud de la menor, como secuela permanente e irreversible de la hipoxia perinatal, tuvo origen en la prestación del servicio médico obstétrico brindado a la madre durante el trabajo de parto, dado el carácter prolongado de éste y la demora en practicar la cesárea, aspectos que comprendieron el supuesto de atribución de responsabilidad a la demandada. Así las cosas, se tomará como fecha de inicio del cómputo de la caducidad bienal del medio de control el 6 de abril de 2010, bajo el entendido de que en ese momento los actores adquirieron conocimiento cierto y concreto del daño alegado y de su posibilidad de imputación. En este orden, la demanda podía presentarse de manera oportuna hasta el 9 de abril de 2012 -día hábil-. Como la solicitud de conciliación extrajudicial se formuló a instancias de la Procuraduría 20 Judicial II para asuntos administrativos el 12 de mayo de 2010, resulta claro que, para ese momento, no había operado la caducidad de la acción de reparación directa incoada. Lo anterior fuerza atender el llamado de la parte actora en apelación y, en consecuencia, a revocar la decisión de instancia, a fin de proceder al análisis de fondo del asunto al punto de la imputación de responsabilidad al Hospital de San Juan de Dios. TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO / FALLA DEL SERVICIO MÉDICO ASISTENCIAL / FALLA MÉDICA / FALLA PROBADA DEL SERVICIO / PRESUPUESTOS DE LA FALLA DEL SERVICIO / RESPONSABILIDAD MÉDICA / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA / CARGA DE LA PRUEBA / APLICACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EXIGENCIA DE CARGA DE LA PRUEBA / LEX ARTIS / NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO CAUSAL EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA / FLEXIBILIZACIÓN DE LA PRUEBA / VIOLENCIA OBSTÉTRICA / ENFOQUE DIFERENCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Problema jurídico: ¿La responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación de servicios médico-asistenciales se fundamenta, por regla general, en la falla probada del servicio? Respuesta al problema jurídico: Si Tratándose de supuestos en los cuales se discute la declaratoria de responsabilidad estatal con ocasión de actividades médico-asistenciales, la responsabilidad patrimonial que le incumbe al Estado se debe analizar bajo el régimen de la falla probada del servicio, a lo cual se ha agregado que, en atención al carácter técnico de la actividad médica y a la dificultad probatoria que ello conlleva, el nexo de causalidad puede acreditarse de diversas maneras, en especial mediante la utilización de indicios, que no en pocas ocasiones constituyen el único medio probatorio que permite establecer la presencia de la falla endilgada. Cuando se trata de la responsabilidad por actos médicos, la doctrina y la jurisprudencia han admitido escenarios en los cuales es preciso que operen sistemas de valoración de la falla del servicio con menor rigurosidad o desde un enfoque de violencia obstétrica en perspectiva de género, sin que esta circunstancia desplace la connotación subjetiva de la responsabilidad por el acto médico a objetiva, salvo algunos ámbitos en los cuales será posible predicarla bajo la égida del título objetivo de riesgo excepcional, cuando se emplean cosas o actividades peligrosas que son las que irrogan directamente el daño, desligadas del acto médico. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / CLASES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / VIOLENCIA OBSTÉTRICA / ELEMENTOS DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER / SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTÉTRICA / DAÑO CAUSADO POR SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTÉTRICA / DERECHO DE LA MUJER A LA SALUD / PARTO / SALUD DE LA MUJER EMBARAZADA / NEGLIGENCIA MÉDICA / ENFOQUE DIFERENCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO / FLEXIBILIZACIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿La violencia obstétrica comprende todos los maltratos y abusos de los que las mujeres son víctimas en los servicios de salud reproductiva y durante los procesos de atención al embarazo, parto y posparto? Respuesta al problema jurídico: Si El caso amerita volver sobre el entendimiento que la Subsección ha dado a la violencia obstétrica, como una forma de violencia contra las mujeres, sumado a que, por su naturaleza jurídica privada de la demandada, atraída por el fuero de atracción, procede analizar su responsabilidad bajo la reglas que gobiernan el derecho civil. En oportunidad reciente, la Subsección ha sostenido que esta forma de violencia comprende todos los maltratos y abusos de los que son víctimas en los servicios de salud reproductiva y durante los procesos de atención al embarazo, parto y posparto, siendo requeridas las autoridades judiciales, bajo la guía de la jurisprudencia constitucional a identificar las prácticas constitutivas de violencia obstétrica con el fin de implementar medidas para su erradicación. Con base en diferentes estudios, identificó como manifestación de la violencia obstétrica algunas conductas relacionadas así: (i) sinfisiotomía; (ii) esterilización y aborto forzados; (iii) esposar o inmovilizar a las privadas de la libertad durante el parto; (iv) la retención de las mujeres y/o hijos en los centros hospitalarios por mora en el pago de los servicios; (v) el parto por cesárea cuando no esté en peligro la vida de la madre; (vi) episiotomía; (vii) uso excesivo de oxitocina; (viii) asistencia de personal médico no capacitado; (ix) la maniobra K -presión manual del fondo uterino-; (x) irrespeto hacia la intimidad y confidencialidad en el proceso de parto; (xi) procedimientos quirúrgicos sin anestesia; (xii) suturar más de lo necesario luego de una episiotomía; y, en general, (xiii) la transgresión a la autonomía de la mujer durante el procedimiento, esto es, no tener en cuenta su opinión y voluntad en la toma de decisiones. Ha estimado que la negligencia médica ocurrida en el contexto de la sanidad obstétrica puede catalogarse como una forma de esta violencia. (...) esta Sala comparte que los daños suscitados en el ámbito obstétrico no pueden analizarse bajo las reglas tradicionales de los elementos configurativos de la responsabilidad civil en materia sanitaria, pues además de comprometer los derechos a la salud y la vida -como otros bienes relevantes susceptibles de protección y reparación-, también se encuentra implícita la obligación superior de erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer , cuyo objetivo se alcanza únicamente aplicando el enfoque de género en el juzgamiento -tanto a nivel sustancial como procesal-. ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO A MENOR DE EDAD / LESIÓN CEREBRAL PRODUCIDA A MENOR DE EDAD / VIOLENCIA OBSTÉTRICA / DAÑO CAUSADO POR SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTÉTRICA / DAÑO DERIVADO DE DIAGNÓSTICO TARDÍO DEL PACIENTE / SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTÉTRICA / PRUEBA DE LA FALLA DEL SERVICIO / ACREDITACIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO / FALLA MÉDICA / PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD / PRUEBA DEL NEXO CAUSAL EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA / NEGLIGENCIA MÉDICA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR FALLA DEL SERVICIO / ACREDITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA / RESPONSABILIDAD MÉDICA OBSTÉTRICA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO DE GINECOBSTETRICIA / RESPONSABILIDAD MÉDICA ESTATAL / ENFOQUE DIFERENCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Problema jurídico: ¿La valoración probatoria con enfoque de género y en contexto de violencia obstétrica permite tener por acreditada la falla del servicio médico obstétrico y el nexo causal necesario para declarar la responsabilidad patrimonial del Hospital de San Juan de Dios por el daño neurológico sufrido por una menor, como consecuencia de la asfixia perinatal ocurrida en el marco de un trabajo de parto prolongado? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a Sala llega al convencimiento de que se configuró una falla médica obstétrica por un trabajo de parto prolongado y deficientemente manejado, lo que determinó la asfixia perinatal sufrida por la menor y las consecuentes lesiones neurológicas que de dicha patología se derivaron. (...) Como corolario, la valoración probatoria, analizada bajo un enfoque de género en consideración a la violencia obstétrica infligida a la madre gestante, lleva a la comprobación de la falla del servicio médico obstétrico que se le reprochó a la entidad demandada. (...) Así, se concluye que el Hospital de San Juan de Dios, en su condición de entidad receptora, desconoció de manera flagrante la sospecha de DFP con la cual se ordenó la remisión y omitió emplear todos los medios diagnósticos idóneos y oportunos para confirmarla. Contrario a ello, incurrió en una defectuosa atención al someter de forma injustificada a la madre a una inducción vaginal prolongada que derivó en un trabajo de parto precipitado, adicionando a conductas reprochables que configuraron violencia obstétrica al imputar falazmente la hipoxia fetal a una supuesta falta de colaboración de la madre. Ese manejo inadecuado, diagnóstico tardío de la DFP y la decisión inoportuna de una cesárea de emergencia, constituye la causa directa, eficiente y determinante de la asfixia perinatal severa padecida por la menor al nacer, lo que configuró un daño que no se está en el deber jurídico de soportar. En consecuencia, se revocará la decisión recurrida y, en su lugar, se declara la responsabilidad patrimonial del Hospital de San Juan de Dios del daño neurológico que padece la menor. PERJUICIO MORAL / PERJUICIO MORAL POR LESIONES CORPORALES / PADECIMIENTOS QUE SUFRE LA PERSONA CON OCASIÓN DEL DAÑO / PRESUNCIÓN DE PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / ACREDITACIÓN DE LA RELACIÓN AFECTIVA PARA LA INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / PROCEDENCIA DEL PERJUICIO MORAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / QUANTUM INDEMNIZATORIO / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Es procedente reconocer perjuicios morales a favor de la víctima directa, sus padres y su hermana, en virtud de la presunción del dolor derivada de las relaciones paterno filiales? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que esta tipología de perjuicios comprende la afectación del plano psíquico interno del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos a consecuencia de la lesión de un bien. Este daño tiene existencia autónoma y se configura cuando concurren los siguientes criterios generales: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado. Para efectos de su quantum indemnizatorio, la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera sugirió unos parámetros que atienden a la gravedad de la lesión guiados, por ejemplo, por el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, así como la condición de víctima directa y las relaciones afectivas y de parentesco con aquélla. Para la relación afectiva propia de los vínculos conyugales y relaciones paterno filiales en primer grado de consanguinidad (padres e hijos), así como para la relación afectiva propia del segundo grado de consanguinidad o civil (abuelos, hermanos y nietos), esa jurisprudencia estableció una presunción del dolor, por lo que para su reconocimiento basta con acreditar el parentesco o la convivencia entre compañeros. La Sala encuentra procedente reconocer el perjuicio moral solicitado a favor de la víctima directa, sus padres y su hermana, en virtud de la presunción del dolor derivada de las relaciones paterno filiales. Sin embargo, no cuenta con elementos suficientes para establecer el quantum indemnizatorio, toda vez que los medios de convicción no permiten establecer con certeza la gravedad del daño neurológico que padece la menor. A la par, no obra prueba sobre la pérdida de su capacidad laboral que pueda servir como criterio orientador para definir la entidad de la lesión. (...) Por tanto, a fin de dar aplicación a los principios de reparación integral y equidad previstos en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, lo procedente será emitir una condena en abstracto, a fin de que mediante trámite incidental se establezca la gravedad de la lesión del menor, a partir de la valoración del porcentaje de pérdida de su capacidad laboral, para lo que se deberá acudir a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Lo anterior no significa que las pruebas de la incapacidad médico legal o del porcentaje de pérdida de capacidad laboral constituyan tarifa legal para acreditar la magnitud de una lesión, pues existe libertad probatoria. La cuestión es que, ante falta de otros elementos que permitan identificar la gravedad de la lesión, se tomará dicho porcentaje como guía para el cálculo de la indemnización. En consecuencia, en el marco del correspondiente incidente de liquidación, la parte interesada podrá solicitar que se decrete la presentación de la menor ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, para que dictamine el porcentaje de pérdida de capacidad laboral como consecuencia del retraso del desarrollo neuro psicomotor que padece. Para este propósito, la junta podrá acudir a todos los elementos de juicio presentes esta actuación. FUENTE FORMAL: Ley 446 DE 1998 - ARTÍCULO 16 DAÑO A MENOR DE EDAD / LESIÓN CEREBRAL PRODUCIDA A MENOR DE EDAD / PERJUICIO MATERIAL / PERJUICIO MATERIAL POR LUCRO CESANTE / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MATERIAL EN LA MODALIDAD DE LUCRO CESANTE / LUCRO CESANTE A FAVOR DE MENOR DE EDAD / INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL / CONDENA EN ABSTRACTO / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA EN ABSTRACTO / INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS Problema jurídico: ¿Hay lugar al reconocimiento del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de una menor que sufrió una lesión neurológica permanente atribuible a una falla del servicio médico, aun cuando al momento de ocurrencia del daño no desarrollaba actividad productiva y no se encuentre acreditado el porcentaje de pérdida de capacidad laboral para establecer el quantum indemnizatorio? Respuesta al problema jurídico: Si La jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Sección ha reconocido la posibilidad de acceder al lucro cesante solicitado en favor de menores de edad cuando éstos han perdido parte o la totalidad de su capacidad laboral con ocasión de una lesión a su integridad psicofísica imputable al Estado, postura que incluso ha sido prohijada en sede de tutela por las Subsecciones B y C de esta Sección y por la Subsección B de la Sección Segunda. Para ello se atiende el porcentaje de esa pérdida para fijar el ingreso base para la liquidación y se toman como límites temporales el período comprendido entre la fecha en la cual aquél cumpla 18 hasta el término de su vida probable, pues en Colombia las personas pueden acceder al mercado laboral de manera plena a partir de los 18 años de manera que desde ese momento se inicia una actividad productiva. Dicho criterio se acompasa con el principio de reparación integral aplicable a estos asuntos y le da alcance a la presunción jurisprudencial según la cual el afectado devengará al menos un salario mínimo legal mensual vigente a partir del momento en que cumpla la mayoría de edad. En el sub lite, si bien la víctima no era laboralmente activa al momento del daño, por tratarse de una recién nacida, ello no impide reconocer la existencia de un lucro cesante derivado de la pérdida permanente de un porcentaje de su capacidad laboral, pues la afectación causada por un daño sufrido en la etapa neonatal, constituye una limitación cierta y duradera a su derecho a desarrollarse productivamente, en tanto la afectación neurológica derivada de la hipoxia perinatal implica una disminución permanente de su capacidad para el trabajo, que afectará sus ingresos al momento en que en condiciones normales de salud iniciaría su vida laboral. Todo lo anterior no tiene cabida cuando se trata de la muerte del menor, por lo que por sustracción de materia no cabe realizar dichos análisis y el perjuicio se torna inexistente. Dicha pérdida de capacidad no se refiere a la interrupción de una actividad económica actual, sino a la afectación de las habilidades, destrezas y aptitudes físicas, mentales y sociales que permiten a una persona desempeñarse en el ámbito laboral. En consecuencia, la indemnización por lucro cesante no se sustenta en la pérdida de un ingreso presente, sino en la privación de una expectativa cierta y objetivamente previsible de generar ingresos, directamente relacionada con el daño sufrido en la primera infancia. En este asunto resulta atendible reconocer un lucro cesante en favor de la menor, en aras de hacer efectivos los principios de reparación integral y equidad y con el fin de garantizar la primacía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Sala encuentra procedente reconocer el perjuicio material deprecado en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro a favor de la menor de edad, pues resulta comprensible que como consecuencia de la lesión neurológica que padece, verá disminuida de manera significativa su capacidad para desarrollar una productiva que le permita obtener ingresos en condiciones acordes con el pleno ejercicio de sus facultades. No obstante, ante la ausencia de prueba indicativa del porcentaje de pérdida de capacidad laboral, la Sala estima pertinente dictar condena en abstracto, para que, una vez definido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / SUSPENSIÓN DEL PROCESO / REANUDACIÓN DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / INEFICACIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA Problema jurídico: ¿Debe declararse la ineficacia del llamamiento en garantía promovido contra La Previsora S.A., cuando la notificación personal de la providencia que lo admitió se realizó varios años después de vencido el término legal de suspensión del proceso contemplado para lograr su vinculación? Respuesta al problema jurídico: Si [U]na vez admitido el llamamiento en garantía solicitado se debe suspender el proceso por no más de 90 días y, dentro de ese plazo, se debe notificar personalmente al llamado de la decisión que lo vinculó al proceso, para que éste, en un término de 5 días, si reside en la sede del juzgado o de 10 días, si reside fuera de ella, intervenga en el asunto (artículo 56 ibidem). Vencido el término aludido el proceso debe reanudarse con el fin de continuar su trámite y evitar una parálisis indefinida del asunto y, en caso de que no se haya logrado notificar personalmente al llamado en garantía, dicha actuación procesal se torna ineficaz y, en consecuencia, impide al juzgador decidir sobre la relación sustancial subsistente entre el tercero llamado y la parte procesal llamante . En este asunto, se advierte que el llamamiento en garantía formulado en contra de la Previsora S.A. se admitió en auto del 15 de julio 2011, el cual se notificó por estado del 30 de agosto siguiente. Sin embargo, este proveído se notificó por aviso que le entregó de manera personal a la aseguradora el 20 de octubre de 2016 . FUENTE FORMAL: Decreto 1400 DE 1970 - ARTÍCULO 56 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN EL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / ELEMENTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / CRITERIO SUBJETIVO EN CONDENA EN COSTAS / INEXISTENCIA DE TEMERIDAD PROCESAL / INEXISTENCIA DE MALA FE / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Se acreditó temeridad o mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: No En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. FUENTE FORMAL: Decreto Ley 01 DE 1984 - ARTÍCULO 171,Ley 446 DE 1998 - ARTÍCULO 55