Sentencia C.E. 5001-23-33-000-2019-01990-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 05001-23-33-000-2019-01990-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 742, 743, 744, 745, 746 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, 167, 328 / DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 647 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5 NORMA DEMANDADA : FECHA : 06/08/2026 SECCION : SECCION CUARTA PONENTE : WILSON RAMOS GIRÓN ACLARACIÓN VOTO ACTOR : ANTISOLAR ALEMANA S.A.S. DEMANDADO : DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- DECISION : MODIFICA TEMA : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / ADICIÓN DE INGRESOS PRESUNTOS / ADICIÓN DE INGRESOS PRESUNTOS POR CONTROL DE VENTAS / CARGA DE LA PRUEBA / CARGA DE LA PRUEBA EN DERECHO TRIBUTARIO / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / ALCANCE DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Según las pruebas obrantes, la actora omitió denunciar en el periodo revisado, los ingresos por operaciones gravadas con el IVA y autoliquidar el respectivo impuesto? Respuesta al problema jurídico: No Sobre la cuestión debatida, la Sala ha establecido que, por mandato del artículo 746 del ET, los datos consignados en las declaraciones tributarias se presumen veraces, sin perjuicio de que la autoridad compruebe su veracidad y exactitud. Jurisprudencialmente, se ha recalcado que la regla de carga de la prueba, prevista en el artículo 167 del CGP (Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012), implica para los sujetos acreedor y deudor de la relación jurídica–tributaria una autorresponsabilidad para probar los supuestos de hecho contemplados en las normas cuya aplicación invocan, de modo que tendrán que soportar las consecuencias de su descuido, inactividad o incluso actividad equivocada en materia probatoria. Así, cuando se pretende adicionar ingresos u operaciones sometidas a imposición, la carga probatoria recae sobre la Administración que invoca a su favor la modificación de la declaración privada; esto se explica en razón del deber de la autoridad tributaria de desplegar una actividad de verificación suficiente respecto de la liquidación de los tributos realizada por los sujetos pasivos. Sin embargo, esa carga probatoria no es absoluta, pues en el marco de un sistema en el que la prestación tributaria es autoliquidada por el obligado, la anterior regla implica que cuando la Administración, acreedora de la prestación, ofrezca un despliegue probatorio cuya vocación permita cuestionar la veracidad de los hechos declarados que sirvieron de base a esa determinación privada del tributo, le corresponde al declarante acreditar con medios de prueba idóneos y fehacientes esos hechos. Con miras a corroborar la existencia o inexistencia de las operaciones cuestionadas, la Administración puede practicar los distintos medios de prueba previstos en las normas tributarias o en el CGP, en cuanto estos sean compatibles con aquellos, según lo señala el artículo 742 del ET; regla general de libertad probatoria (artículo 165 del CGP) que es aplicable en el presente caso, en la medida en que ninguna norma del ordenamiento tributario fija los medios de prueba conducentes para acreditar la realización de transacciones gravadas con el IVA. En consecuencia, la eficacia de los medios probatorios aportados para ese fin dependerá «de [su] mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse» (artículo 743 del ET). En el caso analizado, dado que se pretende demostrar operaciones presuntamente omitidas por la contribuyente, la prueba indiciaria adquiere especial relevancia, pues, si la operación económica fue ocultada, difícilmente habrá evidencia directa que permita reconstruir su trazabilidad. Así, las ventas omitidas pueden acreditarse a partir de la demostración de otros hechos que, valorados en conjunto, permitan inferir razonablemente su existencia. Bajo esta lógica, el hecho indicador debe encontrarse plenamente acreditado en el proceso mediante otros medios de prueba y poseer la aptitud de demostrar un hecho distinto a través de un proceso de inferencia lógica, sustentado en las reglas de la experiencia. En particular, en lo que respecta a la idoneidad probatoria de las denominadas remisiones comerciales, la Sala ha precisado que, en la medida en que acreditan la entrega de mercancías a un adquirente, guardan una estrecha relación con el hecho que se pretende demostrar, esto es, la realización de una operación de venta, sin que constituyan un documento equivalente a la factura de venta que es el soporte de las operaciones de venta para efectos fiscales; en ese contexto, las transacciones que documentan deben reflejarse en la contabilidad de quien está obligado a llevarla y guardar correspondencia con las facturas que respaldan los ingresos declarados. En esa medida, cuando no sea posible constatar el registro contable ni establecer la relación con las facturas de venta, las remisiones pueden constituir un medio de prueba idóneo para acreditar la omisión de ingresos; de manera que la falta de correspondencia apuntada configura un indicio relevante que, apreciado conjuntamente con los demás medios de prueba obrantes en el expediente, puede conducir a la demostración de ventas no declaradas. A su turno, respecto de las denominadas cotizaciones comerciales, esta Sección ha señalado que, por sí solas, carecen de pertinencia para demostrar una venta, pues constituyen actos emitidos por el oferente que contienen la información relativa a los bienes, con el fin de que los potenciales adquirentes cuenten con los elementos necesarios para decidir sobre la celebración del negocio. Si bien su emisión y comunicación dan cuenta del acercamiento a una eventual relación negocial, no perfeccionan el contrato de compraventa, para lo cual se requiere la aceptación por parte del destinatario. En consecuencia, la emisión de una cotización comercial constituye apenas un indicio leve, pero, valorada en conjunto con otros medios de prueba que permitan inferir que la transacción se perfeccionó, puede conducir a la demostración de ventas no declaradas. (...) De la relación de documentos contenida en la liquidación oficial, se advierte que la Administración identificó 408 remisiones, 45 cotizaciones e incluyó 13 registros sin identificar a qué clase de documento correspondían; entre estos, los relacionados con las cinco «demostraciones» (ff. 602 vto. a 606 caa). Sin embargo, al contrastar esos datos con las pruebas que obran en el expediente, se observa que incluyó registros duplicados de catorce remisiones; además, nueve cotizaciones y cuatro «demostraciones» que identificó de forma independiente, en realidad, estaban asociadas a 12 remisiones que también sustentaron la adición de ingresos, correspondiendo entonces, igualmente, a registros duplicados. De otra parte, se advierte que en el plenario no obran soportes relacionados con 28 remisiones, 30 cotizaciones y tres registros cuya clase de documento no se identificó, pero que aun así sirvieron de base para adicionar los ingresos. 3- La Sala parte de precisar que, dado que la decisión del tribunal consistió en avalar la adición de ingresos sustentada en remisiones por cuantía de $277.109.715 y en anular la determinación oficial del valor restante porque, para el a quo, se trataba de registros cuya única prueba eran cotizaciones, que estaban duplicados, que no tenían respaldo probatorio en el expediente o respecto de los cuales la demandada no identificó un documento soporte para su adición y dado que en esos términos las partes formularon sus cargos de apelación, la Sala dividirá el análisis del asunto debatido para pronunciarse, en primer lugar, sobre la adición de ingresos sustentada en las remisiones conforme al recurso de apelación presentado por la demandante y, seguidamente, sobre la discusión relativa a la adición fundada en las cotizaciones, decisión que apeló la demandada. Sin embargo, la Sala no emitirá pronunciamiento sobre la nulidad del acto acusado en cuanto se sustentó en la exclusión de registros duplicados, de aquellos que carecían de soporte en el expediente o de aquellos respecto de los cuales no se identificó un documento soporte para su adición porque la demandada no formuló reparos frente a esos aspectos en el recurso de apelación. Por ende, en virtud de los principios de justicia rogada y de congruencia externa de las providencias (artículo 328 del CGP), le está vedado a la Sala emitir un pronunciamiento que exceda lo solicitado. 3.1- Vistos los hechos probados, la Sala destaca que, en el curso del procedimiento de revisión, la Administración adicionó ingresos y el IVA generado correspondiente a la declaración de ese tributo presentada por la actora para el 2.° cuatrimestre del año 2015, tras considerar que las pruebas del plenario daban cuenta de que no declaró la totalidad de las operaciones gravadas que celebró en el periodo. A partir de los indicios que recaudó, la demandada concluyó que existían rasgos que evidenciaban la celebración de transacciones de compraventa documentadas a través de remisiones que la actora no registró en su contabilidad y tampoco estaban relacionadas con facturas que dieran cuenta de la causación del tributo, aunado al indicio sobre los pagos que, en su mayoría, se realizaban a las cuentas bancarias de los accionistas de la sociedad. Además, en la liquidación oficial de revisión descartó el valor probatorio de las facturas que allegó la actora en el curso del procedimiento de revisión de la declaración del impuesto sobre la renta que presentó para el periodo gravable 2015, pues no fueron entregados desde el inicio de la actuación administrativa. Con la demanda con la que acudió ante esta judicatura, la demandante aseguró que las remisiones no necesariamente se concretaban en ventas dentro del mismo periodo de su expedición y en contraste, los ingresos que obtuvo por la ejecución de operaciones gravadas y el IVA generado por estas estaban debidamente soportados en las facturas emitidas y registradas en la contabilidad; además, que las consignaciones en cuentas bancarias de los accionistas no podían asociarse al desarrollo de su actividad comercial. Al interponer el recurso de apelación, insistió en que las remisiones constituían documentos de control interno que carecían de idoneidad probatoria para acreditar la omisión de ingresos y del impuesto generado por estos y que no estaba acreditada la relación entre las consignaciones a las cuentas de los accionistas y dichos documentos. En ese contexto, la Sala estima que las pruebas del plenario dan cuenta de que parte de las remisiones en las que la Administración sustentó la adición de ingresos gravados con el IVA están asociadas a facturas de venta expedidas por la actora y registradas en su contabilidad. En concreto, se destacan 134 facturas de venta cuyos datos sobre clientes, mercancía vendida y valor permiten asociarlas a 136 remisiones en cuantía de $136.925.746, de las identificadas por la demandada en los actos administrativos; dichas facturas, además, están acompañadas por comprobantes internos de la contabilidad de la actora que acreditan que las operaciones de venta se registraron en la cuenta contable nro. 413595 «ventas de otros productos» y el IVA generado en la nro. 240801. Esta circunstancia lleva a negar parcialmente el fundamento de la liquidación oficial de revisión, según el cual las remisiones daban cuenta de ingresos omitidos por no estar asociadas a facturas de venta ni registradas en la contabilidad, pues está acreditado que 136 remisiones que sirvieron de sustento a la demandada para incrementar los ingresos declarados por la actora correspondían, en realidad, a comprobantes de entrega de mercancía vendida, debidamente facturada y registrada en la contabilidad de la demandante. Aunque, como lo advirtió la demandada, hubo consignaciones efectuadas en cuentas bancarias de terceros, ese hecho no es suficiente para considerar que se trata de ingresos que la demandante buscó ocultar para sustraerlos de los efectos fiscales que les correspondían, pues las facturas aportadas, que hacen parte de los antecedentes de la actuación administrativa, dan cuenta de que la contribuyente facturó esas operaciones, determinó el IVA generado correspondiente y efectuó los registros contables respectivos. Al respecto, la Sala no comparte el planteamiento de la demandada según el cual debe negarse valor probatorio a las facturas allegadas, por considerar que la oportunidad en la que fueron aportadas permite inferir que se trató de pruebas constituidas con el único propósito de desvirtuar la liquidación de revisión. Lo anterior, porque se advierte que una parte de esos documentos fue entregada dentro del procedimiento de revisión de la declaración del impuesto sobre la renta del año gravable 2015 antes de la expedición del acto previo. Además, está documentado su registro en la contabilidad, sin que se adviertan inconsistencias en la información que permitan considerar que se trató de pruebas constituidas para desvirtuar las decisiones adoptadas en la liquidación oficial. Tampoco se evidencia que la demandante hubiera sido renuente a suministrar la información que soportaba sus operaciones, pues incluso en la diligencia de registro practicada por la demandada se dejó constancia de los documentos aprehendidos, entre los cuales no se encontraban la contabilidad ni las facturas emitidas por la demandante, sin que se indicara que ello obedeciera a una omisión de la actora. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que, según el artículo 744 del ET, la respuesta al requerimiento especial constituye una de las oportunidades para aportar pruebas dentro del procedimiento y que la Sala no encuentra elementos de juicio para considerar que las facturas que obran en el referido expediente fueron constituidas con el único propósito de desvirtuar los actos acusados, les reconoce valor probatorio. Asimismo, se advierte que la remisión nro. 7082, por valor de $2.880.000, asociada a una factura de venta y registrada en la contabilidad de la demandante, fue incluida dos veces por la demandada, aunque no hizo parte de la decisión del a quo sobre los registros duplicados. En consecuencia, como corresponde a una operación debidamente facturada y contabilizada, también procede excluir su valor en cuanto al doble registro contenido en el acto demandado. En ese contexto, resulta procedente revocar la adición de ingresos sustentada en 136 remisiones asociadas a operaciones de venta documentadas mediante facturas debidamente contabilizadas, por lo que corresponde excluir de la determinación oficial ingresos por la suma de $137.247.946 y el mayor IVA respectivo. Pero en cuanto a la adición de ingresos en cuantía de $139.861.769, la Sala comparte los planteamientos expuestos por la Administración tributaria, como quiera que, según el criterio jurisprudencial expuesto, las remisiones que sustentaron esa determinación oficial acreditan la entrega de mercancías a los clientes de la contribuyente por lo que guardan relación con la realización de una operación de venta, y como tal constituyen un indicio relevante que, apreciado en conjunto con las demás pruebas del expediente, según las cuales esos documentos contienen anotaciones o se acompañan de comprobantes de pagos realizados a cuentas bancarias tanto de la sociedad como de sus accionistas y que no es posible establecer su correspondencia con las facturas expedidas y contabilizadas, conducen a la demostración de ventas no declaradas. La cercanía que tienen estos medios con los hechos que corresponden al tema de prueba los dota de idoneidad para demostrar las circunstancias que rodearon el caso, de modo que, al igual que lo consideró el a quo, para la Sala, la demandada estableció, mediante indicios, que durante el periodo revisado la actora percibió ingresos por operaciones de venta que documentó a través de remisiones en cuantía de $139.861.769; operaciones que omitió contabilizar y declarar. Ante la actividad probatoria de la Administración, debía la demandante allegar pruebas que permitieran desvirtuar la procedencia de la adición, pero solo afirmó que la demandada no probó que las remisiones estuvieran relacionadas con ingresos omitidos por operaciones gravadas con el IVA y que los pagos hechos a cuentas bancarias de sus accionistas probarían que estos fueron quienes celebraron transacciones de compraventa. Al no aportar pruebas directas que validaran estas afirmaciones, no es posible para la Sala desvirtuar los hallazgos de la autoridad, ni acoger una conclusión distinta a la establecida en los actos acusados acerca de que se omitieron ingresos gravados que están asociados con las remisiones. Si bien en el plenario se observan tres documentos equivalentes emitidos por una persona natural cuyos datos podrían relacionarse con tres de las remisiones en las que la Administración sustentó sus determinaciones, esos documentos fueron expedidos por un accionista de la Compañía y las remisiones dan cuenta de la entrega de mercancías por parte de la contribuyente (ff. 140, 277 y 264 caa), sin que en el expediente esté demostrada la existencia de un acuerdo entre la actora y su accionista, en virtud del cual aquella estuviera habilitada para entregar mercancía en nombre de este. Así, los documentos equivalentes carecen de idoneidad probatoria para desvirtuar la adición de ingresos sustentada en las referidas remisiones, las cuales tampoco fue posible asociar a facturas expedidas por la contribuyente y debidamente contabilizadas. En ese contexto, por efecto de la inactividad probatoria de la actora, es improcedente reconocer los efectos previstos en el artículo 745 del ET, pues esta disposición no fue prevista para salvaguardar el incumplimiento de la carga probatoria que compete al contribuyente, sino para solventar las dudas que subsistan después de haberla ejercido debidamente; en el sub lite, la Administración recaudó material probatorio suficiente para demostrar la procedencia de la adición de ingresos por las operaciones documentadas con remisiones en cuantía de $139.861.769 y la contribuyente se abstuvo de cumplir la carga que le correspondía de desvirtuar los hallazgos de la autoridad. En esos términos, prospera parcialmente el cargo de la demandante. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 742, 743, 744, 745, 746,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 165, 167, 328 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / ADICIÓN DEL INGRESO / ADICIÓN DE INGRESOS PRESUNTOS POR CONTROL DE VENTAS / OMISIÓN DE INGRESOS / FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA SENTENCIA / INGRESO POR VENTAS / VENTA DE BIENES Y SERVICIOS / COTIZACIÓN DE VENTA / PRUEBA DEL INGRESO / ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / PRUEBA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA / REGISTRO DE FACTURA / REGISTRO CONTABLE / INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / OPERACIÓN GRAVADA / FACULTAD DE VERIFICACIÓN DE LA DIAN / IDONEIDAD DE LA PRUEBA / VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS EN CONJUNTO / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN / CONTROL DE LEGALIDAD / PROSPERIDAD PARCIAL DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿Está debidamente acreditado con idoneidad probatoria la adición de ingresos en su totalidad? Respuesta al problema jurídico: No Por otra parte, la Administración consideró que también daban cuenta de la omisión de operaciones gravadas en el periodo las cotizaciones que expidió la actora a sus clientes. Sin embargo, según el criterio jurisprudencial expuesto en el fundamento jurídico 2.1. de esta providencia, estos documentos en sí mismos carecen de pertinencia para demostrar la venta de bienes, pues corresponden a un acto unilateral previo a la existencia del negocio jurídico que no perfecciona el contrato de compraventa; por ello, la carga probatoria que le corresponde a la Administración no queda suplida con la sola recopilación de las cotizaciones; en cambio, se requiere la existencia de otros medios de prueba que, al ser valorados en conjunto con aquellas, acrediten el perfeccionamiento de la transacción y conduzcan a la demostración de ventas no declaradas. 4.1- Precisado lo anterior y atendiendo al recuento fáctico esbozado, se advierte que en el plenario obran ocho de las cotizaciones en las que la Administración sustentó la adición de ingresos, las cuales no están acompañadas de ningún otro documento que permita acreditar que se concretó una relación negocial como lo serían las remisiones o comprobantes de pago; asimismo, está acreditado que seis de las cotizaciones relacionadas por la demandada están asociadas con facturas de venta debidamente contabilizadas. Entonces, respecto de esas cotizaciones, la Sala descarta que la carga de la prueba se hubiera invertido como lo alega la Administración, en tanto que esta incumplió su deber de desplegar una actividad de verificación suficiente respecto de la liquidación de los tributos, pues no recaudó ningún otro medio de prueba que, valorado en conjunto con las cotizaciones (cuya eficacia probatoria para efectos de demostrar la omisión de ingresos se descartó), permitiera determinar que se trataba de operaciones gravadas con el IVA que la actora omitió declarar en el periodo. La Sala advierte que las facturas que aportó la actora al contestar el acto previo no fueron el sustento de la decisión del a quo, así como tampoco lo son en esta oportunidad, para juzgar que las cotizaciones, por sí solas, carecen de idoneidad para demostrar la omisión de operaciones gravadas con el IVA y que en el expediente no obran otros documentos que, valorados en conjunto con aquellas, permitan llegar a esa conclusión, con lo cual, para esta concreta cuestión, carece de relevancia el alegato de que se trataba de pruebas constituidas para desvirtuar la liquidación oficial de revisión. Además, la Sala estima que el planteamiento de la demandada, según el cual las cotizaciones debían valorarse en conjunto con facturas emitidas en periodos posteriores, a lo sumo demostraría que se trató de transacciones que se perfeccionaron en dichos periodos, pero no acredita la omisión de ingresos en el cuatrimestre revisado. Por otra parte, pese a que sería plausible el análisis del movimiento del inventario al que alude el argumento de la Administración tendente a asegurar que la demandante no probó que los bienes relacionados con las cotizaciones permanecieron en su inventario al cierre del periodo discutido, ocurre que ese estudio no fue abordado como parte de la motivación del acto acusado, ni tampoco se formuló en los cargos de la demanda de su contraparte, motivo por el cual la Sala carece de competencia en esta instancia para analizar la dinámica de las cuentas del inventario, toda vez que el control de legalidad que ejerce la jurisdicción de lo contencioso-administrativo tiene como objeto y límite el contenido del acto demandado, junto con los cargos de nulidad planteados desde la demanda. Con todo, juzga la Sala que era procedente excluir de la determinación oficial los rubros soportados en cotizaciones que no estaban acompañadas de documentos adicionales que demostraran la existencia de transacciones económicas omitidas y en aquellas que estaban asociadas a facturas de venta debidamente contabilizadas. 4.2- En cambio, en el plenario se observan otras siete cotizaciones por valor total de $6.964.600, acompañadas de soportes de pago o de un documento denominado «control trabajos realizados», según el cual los clientes recibieron los bienes descritos en la cotización «conforme a la instalación»18. Contrario al juicio del tribunal, la valoración conjunta de dichas pruebas permite concluir que, pese a que las transacciones se documentaron en cotizaciones, existen pruebas adicionales que apuntan a demostrar que se concretó un negocio jurídico, pues se evidencian pagos asociados a las cotizaciones y documentos que acreditan que los clientes recibieron a su satisfacción los bienes cotizados objeto de la compraventa. Por lo anterior, a juicio de esta Sección, la demandada logró acreditar que la actora percibió ingresos en cuantía de $6.964.600 por operaciones gravadas con el IVA que documentó a través de cotizaciones, de las cuales no hay evidencia de su contabilización o declaración. Prospera parcialmente el cargo de apelación de la demandada. En definitiva, juzga la Sala que en el expediente está demostrada la procedencia de la adición de ingresos que se sustentó en remisiones en cuantía de $139.861.769 correspondientes a operaciones gravadas con el IVA no facturadas ni contabilizadas; también en cotizaciones de esas características, por valor de $6.964.600, las cuales están acompañadas de otras pruebas que llevan al convencimiento de que el negocio jurídico se perfeccionó. En cambio, con las pruebas aportadas se desvirtuó la adición de ingresos sustentada en 136 remisiones asociadas a operaciones de venta documentadas con facturas debidamente contabilizadas y en cotizaciones que no estaban acompañadas de otros documentos que dieran cuenta de que se concretó una relación negocial. SANCIÓN POR INEXACTITUD DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA / CONDUCTA TRIBUTARIA SANCIONABLE / SANCIÓN POR INEXACTITUD POR OMISIÓN DE INGRESOS GRAVADOS DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA / SANCIÓN POR NO DECLARAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS / ERROR SOBRE EL DERECHO APLICABLE / ANTIJURIDICIDAD DE LA CONDUCTA PUNIBLE / CONFIGURACIÓN DE LA ANTIJURIDICIDAD / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONFIGURACIÓN DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA / PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD TRIBUTARIA / RELIQUIDACIÓN DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA / FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTO ADMINISTRATIVO / CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA POR ERROR ARITMÉTICO / MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Procede la sanción por inexactitud en el presente asunto? Respuesta al problema jurídico: Si Resta decidir sobre la sanción por inexactitud impuesta. Al respecto, la actora alega que no incurrió en la conducta infractora porque los ingresos y el mayor IVA determinado en el acto acusado obedecieron a una indebida valoración de las pruebas por parte de la demandada, dado que declaró la totalidad de los ingresos percibidos y del impuesto generado por estos. La Sala precisa que el artículo 647 del ET prevé como conducta sancionable la omisión de ingresos y de impuestos generados por las operaciones gravadas, salvo que concurra alguna circunstancia constitutiva de un error en la apreciación del derecho aplicable —y no de los hechos del caso— que opere como causal de exoneración de responsabilidad sancionatoria, en la medida en que excluye la conciencia del agente sobre la antijuridicidad de su conducta (sentencia del 11 de junio de 2020, exp. 21640, CP: Julio Roberto Piza). En el caso enjuiciado, la Sala concluyó que la actora omitió declarar la totalidad de los ingresos obtenidos por el desarrollo de operaciones gravadas durante el 2.° cuatrimestre del año 2015 y el correspondiente IVA generado. En consecuencia, existe adecuación típica entre la conducta juzgada y el tipo infractor previsto en el artículo 647 del ET, sin que se advierta que dicha conducta obedeciera a un error en la apreciación del derecho aplicable, toda vez que el debate se circunscribió a la valoración de las pruebas recaudadas que dieron cuenta de la omisión de operaciones gravadas. En esos términos, no prospera el cargo de apelación de la demandante. Sin perjuicio de lo anterior, por los cargos de apelación de las partes que prosperaron parcialmente, el monto de la sanción procedente se calcula así:(...) En definitiva, según lo expuesto, sería del caso modificar únicamente el ordinal segundo de la decisión apelada para, a título de restablecimiento del derecho, declarar como liquidación del IVA a cargo de la demandante por el periodo de la litis la determinada en esta providencia, así como fijar la sanción por inexactitud en la suma de $23.492.000; sin embargo, la Sala advierte que, en el ordinal primero, el tribunal identificó erradamente la fecha de la liquidación oficial cuya nulidad parcial se declaró, pues indicó que era del 04 de mayo de 2015 (índice 22) cuando en realidad dicho acto administrativo se profirió el 05 de abril de 2019 (ff. 591 a 611 caa). En ese orden de ideas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del CGP, la Sala modificará además, el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, a efectos de identificar correctamente la fecha del acto administrativo. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 647,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 328 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / NULIDAD PARCIAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: No Según el ordinal 5.° del artículo 365 del CGP y los criterios de decisión fijados por la Sección en sentencia del 23 de septiembre de 2025 (exp. 28292, CP: Wilson Ramos Girón), no se condenará en costas, porque no hubo una parte vencida en el proceso en la medida en que se declara la nulidad parcial de los actos demandados. FUENTE FORMAL: Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 5