Sentencia C.E. 25000-23-37-000-2021-00606-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 25000-23-37-000-2021-00606-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 251 / DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 24, 121, 122, 124, 260-8 / LEY 223 DE 1995 - ARTÍCULO 85 / DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 124, 260-7, 260-8 / DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 124, 647 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 INCISO 3 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, 365 NUMERAL 1 NORMA DEMANDADA : FECHA : 13/08/2026 SECCION : SECCION CUARTA PONENTE : LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO ACTOR : SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA DEMANDADO : DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -DIAN- DECISION : CONFIRMA TEMA : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE / DEDUCCIÓN DE GASTOS / GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / PRUEBA DEL GASTO / DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO COMO MEDIO DE PRUEBA / TRADUCCIÓN DEL DOCUMENTO EN IDIOMA EXTRANJERO / INTÉRPRETE / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / PROCEDENCIA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL / ADMISIÓN DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿El Tribunal incurrió en un defecto fáctico al abstenerse de valorar como prueba del gasto, el documento titulado «Este acuerdo de gestión y administración», aportado como traducción del denominado «The management and administrative services agreement», bajo el argumento de que no cumplía con el artículo 251 del CGP, aun cuando —conforme señaló— fue elaborado por intérprete oficial? Respuesta al problema jurídico: Si La apelante sostuvo que el Tribunal incurrió en un defecto fáctico al abstenerse de valorar el documento titulado «Este acuerdo de gestión y administración», aportado como traducción del denominado «The management and administrative services agreement», bajo el argumento de que no cumplía con el artículo 251 del CGP, aun cuando —conforme señaló— fue elaborado por intérprete oficial. Al respecto, la Sala advierte que el a quo excluyó dicho medio de prueba porque el acuerdo original se encontraba íntegramente en inglés y, a su juicio, no fue acompañado de traducción oficial. Sin embargo, del examen del documento aportado como traducción14, se precisa que el texto en español figura suscrito al pie por la señora Ana María de los Ríos Gartner, quien se presenta como traductora oficial e intérprete registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, consigna su firma manuscrita y refiere la Resolución de autorización expedida por esa cartera. A ello se suma que la parte demandada no desconoció el documento ni controvirtió su autenticidad o idoneidad, y que ninguna de esas razones fue esgrimida por el Tribunal para restarle mérito probatorio. En consecuencia, la Sala lo valorará en esta instancia y, a partir de su contenido, examinará el alcance de los servicios allí previstos. FUENTE FORMAL: Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 251 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE / LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN / DEDUCCIÓN DE GASTOS / DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO POR GASTOS EN EL EXTERIOR / GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / PRUEBA DEL GASTO / PRUEBA DEL CONTRATO / ASISTENCIA TÉCNICA / CONTRATO DE ASISTENCIA TÉCNICA / GESTIÓN EMPRESARIAL / ASESORÍA TÉCNICA / CONEXIDAD / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA / EXPEDICIÓN DE LA FACTURA / RÉGIMEN CAMBIARIO / SOPORTE CONTABLE / EFICACIA DEL SOPORTE CONTABLE / RECHAZO DE GASTOS / PROCEDENCIA DEL RECHAZO DE GASTOS Problema jurídico: ¿El gasto rechazado tuvo origen en el «Convenio de Asistencia Técnica»? Respuesta al problema jurídico: No La determinación de la naturaleza jurídica de los servicios discutidos exige identificar, previamente, el origen del gasto. En este caso, la DIAN definió en el acto de liquidación oficial15 que el soporte contractual del pago discutido era el «Convenio de asistencia técnica» y su relación con «Este acuerdo de gestión y administración». Como fundamento de su afirmación, advirtió que el primero fue suscrito por la sucursal y su oficina principal —entre otras— para la prestación de apoyo técnico y administrativo, a través de personal especializado, en procura del cumplimiento de los contratos que aquella tuviera suscritos o suscribiera en el futuro. Refirió que, con fundamento en dicho convenio de asistencia técnica, se expidió la Factura ICCORP-2016-142 del 31 de diciembre de 2016, por USD$437.645,43 (equivalentes a COP$1.301.570.638), por concepto de «Management and administrative services agreement» y concluyó que, con base en ella, la demandante realizó una solicitud de envío de divisas al Banco de Bogotá, por valor de $1.686.891.521. Esta tesis fue acogida por el Tribunal, al considerar que el «Convenio de Asistencia Técnica» constituía el origen de la deducción rechazada, que de este se desligaba «Este acuerdo de Gestión y Administración», y que, en virtud de esa relación, el gasto correspondía a servicios prestados en el territorio nacional. En contraste, la apelante sostuvo que esa conclusión era equivocada, pues el pago se derivaba exclusivamente de «Este acuerdo de gestión y administración», como instrumento autónomo e independiente. A efectos de dirimir el asunto y determinar si el gasto rechazado proviene de la relación que la DIAN trazó entre el «Convenio de asistencia técnica» y «Este acuerdo de gestión y administración», o si, como lo sostiene la apelante, deriva exclusivamente de este último, conviene anticipar que de la lectura de ambos instrumentos contractuales, no se advierte ninguna remisión expresa o relación manifiesta; el Acuerdo revela una finalidad propia, inclusive, cual es, «identificar y proveer el reembolso del costo de los servicios que SAE debe proporcionar a las Filiales SAE». Esa ausencia de conexidad también se refleja en la forma en la que los valores asociados a uno y otro contrato fueron registrados contablemente. La transacción denominada «South America Management and consult» —relativa a «Este acuerdo de gestión y administración» y soportada en la Factura ICCORP 2016-142— figura en los auxiliares contables con registro en el débito de la cuenta 51103016 («Asesoría financiera») y en el crédito de la cuenta 23100117 («Por pagar a casa matriz asignado»), por valor de $1.301.570.638; así, el asiento evidencia el reconocimiento contable del gasto por asesoría financiera y de la obligación correlativa a favor de la oficina principal. Por su parte, los pagos asociados al convenio de asistencia técnica figuran registrados en la cuenta 74315 por valor de $544.430.24418. Además, esta diferenciación no se agota en los auxiliares contables, sino que también se proyecta en la relación de contratos celebrados con terceros19 y para la verificación de retención en la fuente20, en la relación de pagos efectuados al exterior21 y en la relación de gastos al exterior deducibles y no deducibles22. En la misma línea, el acto administrativo demandado consignó que la Factura ICCORP 2016-142, correspondiente al período de enero a diciembre de 2016, fue expedida por concepto de «Management and consulting fees as stated in the Management and Administrative Services Agreement», por valor de USD$437.645,43, equivalentes a COP$1.301.570.63823, esto es, el mismo valor registrado en el débito de la cuenta 511030 bajo el concepto de «Asesoría financiera». Asimismo, citó la relación denominada «General and Administrative Overheads Allocation for Year Ended 31 Dec 2016», en la que SAExploration Holding Inc. asignó a Colombia una suma coincidente: USD$437.645,43, equivalente a COP$1.301.570.63824. Ambos soportes, por su denominación, contenido y correspondencia contable, solo remiten a «Este acuerdo de gestión y administración». En cuanto al valor de $1.686.891.521, la DIAN sostuvo que la demandante realizó una solicitud de envío de divisas al Banco de Bogotá por dicho monto, y tomó esa coincidencia como punto de enlace entre el pago al exterior, el gasto rechazado y el «Convenio de asistencia técnica». No obstante, al revisar el auxiliar contable25, se advierte que dicho valor corresponde a la transacción denominada «South America Int Pago Facturas», registrada el 8 de septiembre de 2017 en el crédito de la cuenta 2310-01-00-17122-004 («Por pagar a casa matriz asignado»). De ahí que esa identidad entre los valores solo permita establecer la trazabilidad del giro a favor de la oficina principal, pero no que el gasto deducido —registrado por $1.301.570.638 bajo el concepto de «Asesoría financiera»— tuviera origen en dicho convenio. En consecuencia, el reparo formulado por la apelante resulta fundado, pues el gasto rechazado no podía reconducirse al «Convenio de asistencia técnica», toda vez que los soportes contractuales, contables y cambiarios examinados muestran que su origen estaba en «Este acuerdo de gestión y administración». IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE / DEDUCCIÓN DE GASTOS / GASTOS DE ADMINISTRACIÓN / PAGO A LA CASA MATRIZ / REQUISITOS DE LA DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO POR GASTOS / RETENCIÓN POR PAGO A LA CASA MATRIZ / REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE / PRUEBA DEL PAGO DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA / DIRECTRICES DE LA OCDE / MANUAL PRÁCTICO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA PAISES EN DESARROLLO DE LA OCDE / RECHAZO DE GASTOS / PROCEDENCIA DEL RECHAZO DE GASTOS Problema jurídico: ¿La deducción del gasto correspondía a servicios de administración y, por tanto, estaba sujeto a retención en la fuente como requisito de deducibilidad conforme al artículo 124 del ET? Respuesta al problema jurídico: Si Definido lo anterior, el análisis debe concentrarse en determinar si, por la naturaleza de los servicios contratados, la deducción tomada por SAExploration Inc. Sucursal Colombia estaba condicionada a la práctica de retención en la fuente, conforme al artículo 124 del ET. Sobre este asunto, en la Liquidación Oficial de Revisión, la DIAN justificó el rechazo de la deducción a partir de dos premisas: i) que los servicios prestados por la casa matriz eran de naturaleza técnica o tecnológica y, por esa razón, generaban ingresos de fuente nacional de acuerdo con el artículo 24 del ET; y ii) que, a su vez, correspondían a servicios de administración y dirección prestados desde el exterior, los cuales también constituían ingresos de fuente nacional para su beneficiario y estaban sujetos a la regla del artículo 124 Ibid, que condicionaba su deducibilidad a la práctica de retención en la fuente, requisito que no se cumplió. A su vez, el a quo confirmó la improcedencia de la deducción aduciendo la naturaleza administrativa de la expensa, la cual derivó de su registro contable en la cuenta 511030 como «asesoría financiera prestada por parte de la casa matriz», dentro del grupo de gastos operacionales de administración, y de la propia admisión de la demandante de que los pagos correspondían a servicios administrativos, asociados a la gestión interna de la empresa. La apelante controvirtió esa conclusión al señalar que las prestaciones derivadas del Acuerdo no integraban el giro activo de la sucursal ni podían reconducirse a servicios de administración o dirección en los términos del artículo 124 del ET. En esa medida, sostuvo que la deducción no dependía de la práctica de retención en la fuente, sino únicamente del límite del artículo 122 Ibid. —que afirmó haber observado—, el cual, en todo caso, estimó inaplicable por disposición del artículo 260-8 del ET, en su condición de contribuyente sometida al régimen de precios de transferencia. Precisados los términos de la discusión, corresponde examinar el artículo 124 del ET27, el cual, para el año gravable 2016 y conforme con la modificación introducida por el artículo 85 de la Ley 223 de 1995, regulaba la deducción de los pagos efectuados a la casa matriz u oficina del exterior por concepto de gastos de administración o dirección, en los siguientes términos: (...) De la lectura del artículo 124 del ET, en armonía con la interpretación fijada por la Corte Constitucional y con el entendimiento que de esa norma ha sostenido reiteradamente esta Sección29, se desprende que los pagos efectuados a la casa matriz u oficina del exterior por gastos de administración o dirección solo son deducibles si están sometidos a retención en la fuente, lo que presupone que constituyan ingresos de fuente nacional para su beneficiario. De ahí que, si el pago corresponde a un servicio prestado desde el exterior y, por esa razón, no configura ingreso de fuente nacional para la oficina del exterior, tampoco surja el deber de practicar retención y, precisamente por ello, se incumpla la condición especial prevista por el artículo 124 Ibid., lo que impide reconocer su deducibilidad. En otras palabras, la disposición condiciona la deducibilidad del gasto a que el pago esté sometido a retención en la fuente, de modo que, si el pago no está sujeto a retención, tampoco resulta procedente la deducción30. Establecida la condición de deducibilidad prevista en el artículo 124 del ET, corresponde delimitar las nociones de «gastos de administración y dirección». La jurisprudencia de la Sección31 se ha aproximado a su definición a partir de una conceptualización negativa, al señalar que no comprenden aquellos vinculados con la ejecución directa de la operación ni con los costos propios de los proyectos que los originan. Sin embargo, la Sala considera necesario precisar el contenido y alcance de cada una de estas categorías. Los «gastos de administración» corresponden a las cantidades pagadas o reconocidas a la casa matriz u oficina del exterior, directa o indirectamente, para remunerar actividades centralizadas de apoyo a la organización y al funcionamiento ordinario de las filiales, sucursales, subsidiarias o agencias en Colombia, entre ellas, la planeación, coordinación, control presupuestal, contabilidad, auditoría y gestión jurídica, informática o de personal. Conforme con las directrices de la OCDE, esas actividades constituyen servicios intragrupo cuando proporcionan a la entidad colombiana un valor económico o comercial que mantiene o mejora su posición empresarial y, por ello, una empresa independiente habría estado dispuesta a pagar por su realización o a ejecutarlas por sí misma. De ahí que el beneficio recibido por la entidad colombiana constituya la causa económica que justifica el pago o reconocimiento a favor de la matriz u oficina del exterior. A su vez, los «gastos de dirección» corresponden a las cantidades que remuneran la intervención efectiva de la casa matriz u oficina del exterior en la orientación, conducción o supervisión ejecutiva de la entidad colombiana, mediante la definición de estrategias y políticas generales, la adopción o preparación de decisiones empresariales relevantes, la planeación de sus operaciones, la coordinación de la alta gerencia y el seguimiento de los resultados. Al respecto, la OCDE34 reconoce que, en los grupos centralizados, los órganos de administración y la alta dirección de la matriz pueden adoptar decisiones importantes sobre las subsidiarias y apoyar su implementación. Con todo, el cobro solo se justifica cuando esas actuaciones atienden necesidades identificables de la entidad colombiana y le reportan un beneficio distinto del que deriva de la simple pertenencia al grupo multinacional. En ese contexto, y de acuerdo con las directrices internacionales en materia de precios de transferencia35, tanto los gastos de administración como los de dirección deben reportar a la entidad colombiana un beneficio identificable derivado de las actividades realizadas por la matriz u oficina del exterior. Por ello, no están comprendidas en el tratamiento previsto en el artículo 124 del ET las actividades realizadas exclusivamente por la matriz en su condición de accionista, como las relacionadas con su estructura jurídica, emisión de acciones, cotización en bolsa, relaciones con inversionistas, preparación de estados financieros consolidados o cumplimiento de obligaciones propias, ni los beneficios incidentales derivados de la afiliación al grupo, las funciones duplicadas sin utilidad adicional o los servicios cuya efectiva prestación no se acredite. La delimitación anterior tampoco permite equiparar los «gastos de administración» previstos en el artículo 124 del ET con cualquier servicio de naturaleza administrativa. En efecto, dentro de un mismo acuerdo de servicios corporativos pueden concurrir gastos de administración o dirección y labores de apoyo, usualmente denominadas de back office, que, aunque no se relacionan directamente con la actividad productiva de la entidad, se limitan a la ejecución instrumental, estandarizada o rutinaria de tareas internas. Estas categorías no son equivalentes ni pueden distinguirse únicamente por la denominación asignada al contrato, al servicio o al área encargada de ejecutarlo, pues su calificación depende del contenido material de las funciones efectivamente desarrolladas. Precisado lo anterior, corresponde determinar si las prestaciones previstas en «Este acuerdo de gestión y administración», atendiendo a su contenido material, corresponden a gastos de administración o de dirección en los términos del artículo 124 del ET. Para ello, la cláusula tercera del contrato describió los servicios a cargo de SAE en los siguientes términos: (...) Examinado el contenido del acuerdo, la Sala advierte que las prestaciones pactadas no consistían exclusivamente en labores de soporte corporativo, como lo sostuvo la demandante. Aunque algunas de ellas podían incluir componentes propios de servicios administrativos —como el manejo de registros diarios, nómina, cuentas por pagar y por cobrar, soporte de escritorio, administración de redes o determinadas tareas de apoyo tributario y legal—, el acuerdo también atribuyó a SAE funciones que, por su contenido, incidían en la orientación y conducción general de sus sucursales y filiales. En efecto, los «Servicios Estratégicos» comprendían «evaluar, revisar y determinar los objetivos» de los clientes, la viabilidad de operación en determinados países, el establecimiento de relaciones con clientes y proveedores locales, la supervisión de los gerentes de cada país y la provisión de «dirección ad hoc». Los «Servicios Contables» no se limitaban al procesamiento de registros, sino que incluían brindar «liderazgo y gestión financiera diaria», dirigir y desarrollar al interventor financiero, supervisar las operaciones de contabilidad, establecer y monitorear controles internos e intervenir en la preparación del presupuesto anual y de las previsiones mensuales de las sucursales. Asimismo, en materia de «Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente (QHSE)», SAE se obligaba a la asesoría e implementación de políticas, el apoyo al cumplimiento de regulaciones locales, políticas corporativas y estándares industriales, el acompañamiento en proyectos con clientes y la realización de auditorías de cumplimiento. En «Servicios de Tecnología de la Información (TI)», asumía el liderazgo y la gestión diaria de las operaciones de TI y colaboraba con el equipo directivo en el desarrollo e implementación de planes destinados a promover los objetivos de crecimiento de la empresa. Los servicios de «Desarrollo de negocios / Mercadeo» comprendían la identificación y desarrollo de ingresos y oportunidades de crecimiento, el monitoreo de la industria global del petróleo y gas, la gestión de asociaciones estratégicas y el desarrollo de relaciones de largo plazo con clientes, socios e interesados. En materia de «Operaciones», SAE se comprometía a trabajar junto con el equipo ejecutivo de sus filiales y sucursales en el desarrollo y ejecución de los objetivos de crecimiento, a supervisar continuamente las operaciones de las filiales, a administrar la reserva global de recursos y dirigir un equipo internacional para asegurar que los recursos corporativos se gestionaran de manera rentable. Asimismo, los servicios de «Tecnología» comprendían la supervisión de todos los aspectos relacionados con equipos y soluciones tecnológicas y la participación, junto con el equipo ejecutivo, en la ejecución de los objetivos de crecimiento. Finalmente, en materia de «Recursos Humanos», SAE debía alinear las necesidades de personal con los requerimientos operacionales, liderar los equipos regionales o nacionales y establecer las normas aplicables a los contratos de trabajo. Valoradas en conjunto, las prestaciones pactadas revelan que el acuerdo no se limitó a la ejecución de tareas administrativas concretas ni al procesamiento de información o de actividades auxiliares, sino que encomendó a SAE funciones de definición de objetivos, liderazgo, implementación de políticas, planeación, supervisión, coordinación y control, mediante la prestación de «ciertos servicios de gestión, administrativos y corporativos» orientados a apoyar a las filiales «en la operación del negocio». Tales funciones, por su entidad e incidencia en la gestión general de las filiales y sucursales y en la implementación de políticas corporativas para el desarrollo de su objeto social, permiten calificar el pago como un gasto de administración o dirección en los términos del artículo 124 del ET. Ahora bien, ni la DIAN ni la contribuyente individualizaron las prestaciones según su naturaleza ni determinaron qué proporción del pago correspondía a cada una. En efecto, la Administración fijó la controversia respecto de la deducción total de $1.301.571.000, registrada en la cuenta 511030, y examinó el acuerdo como una unidad, sin asignar valores a cada prestación ni formular glosas individualizadas frente a los distintos servicios. En esas condiciones, la erogación debe recibir el mismo tratamiento unitario adoptado en los actos demandados, esto es, el previsto en el artículo 124 del ET. Por tanto, al haberse establecido que el pago correspondía a gastos de administración o dirección y no haberse practicado la retención en la fuente, procedía el rechazo total de la deducción. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 24, 121, 122, 124, 260-8,Ley 223 DE 1995 - ARTÍCULO 85 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE / DEDUCCIÓN DE GASTOS / PAGO DE EXPENSAS EN EL EXTERIOR / REQUISITOS DE LA DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO POR GASTOS / RETENCIÓN EN LA FUENTE / REQUISITOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE / RETENCIÓN POR PAGO A LA CASA MATRIZ / DEDUCCIÓN POR PAGO A LA CASA MATRIZ / VINCULACIÓN ECONÓMICA / RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROCEDENCIA DEL RECHAZO DE GASTOS / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿El artículo 260-8 del ET. desplazaba la exigencia de retención en la fuente para la procedencia de la deducción de gastos, por tratarse de una operación entre vinculados sometida al régimen de precios de transferencia? Respuesta al problema jurídico: No Resta por analizar el reparo relativo a la aplicación del artículo 260-8 del ET. Según la apelante, esa norma desplazaba la exigencia de retención en la fuente prevista en el artículo 124 Ibid., por tratarse de una operación entre vinculados sometida al régimen de precios de transferencia. Al respecto, esta Sección se pronunció en la sentencia del 9 de mayo de 2019, de la siguiente manera: (...) Así las cosas, el artículo 260-8 del ET no excluye la aplicación del artículo 124 Ibid. frente a los pagos efectuados a la casa matriz u oficina del exterior. Lo anterior, por cuanto esta última disposición no forma parte de las normas cuya inaplicación autoriza el régimen de precios de transferencia; además, porque no consagra una limitación a costos o gastos, sino un requisito especial de procedencia de la deducción. Por lo expuesto, la deducción solicitada por la actora no podía aceptarse al amparo del artículo 124 del ET, pues estaba condicionada a que el pago hubiese estado sometido a retención en la fuente, como lo han sostenido la Corte Constitucional y esta Sección. Como se afirmó, esa conclusión no modifica el hecho de que la actora estuviera sometida al régimen de precios de transferencia, en la medida en que la exigencia prevista en el artículo 124 Ibid. no constituye una limitación a costos o gastos, sino un presupuesto especial para el reconocimiento de la deducción, frente al cual la ley no previó excepción para los contribuyentes sujetos a dicho régimen. Por lo tanto, no prospera el cargo de apelación. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 124, 260-7, 260-8 SANCIÓN POR INEXACTITUD TRIBUTARIA / SANCIÓN POR INEXACTITUD POR INCLUSIÓN DE GASTOS INEXISTENTES / DEDUCCIÓN EN EL IMPUESTO POR GASTOS / RECHAZO DE GASTOS / PRESUPUESTOS DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA / CONDUCTA TRIBUTARIA SANCIONABLE / INEXISTENCIA DE DIFERENCIA DE CRITERIOS / PROCEDENCIA DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD TRIBUTARIA Problema jurídico: ¿Procede la sanción por inexactitud tributaria? Respuesta al problema jurídico: Si En el presente caso, la Sala advierte que la demandante incurrió en una conducta constitutiva de inexactitud sancionable, conforme al artículo 647 del ET, al llevar como deducción en su declaración de renta del año gravable 2016 pagos efectuados a su oficina del exterior por gastos de administración o dirección, sin acreditar la práctica de retención en la fuente exigida por el artículo 124 ibidem como presupuesto para su procedencia. La conducta no se encuentra amparada por una diferencia de criterios, pues la controversia no versó sobre una duda razonable acerca del alcance de la norma aplicable, sino sobre la inclusión de una deducción que no satisfacía el presupuesto legal exigido por el artículo 124 del ET. Por tanto, al haberse disminuido la base gravable mediante un gasto improcedente, se configura el supuesto de inexactitud sancionable previsto en el artículo 647 del ET. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 124, 647 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / CRITERIO OBJETIVO VALORATIVO EN CONDENA EN COSTAS / PRESUPUESTOS DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CONFIRMACIÓN DE LA SENTENCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / MONTO DE AGENCIAS EN DERECHO / ACUERDOS DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / SALARIO MÍNIMO LEGAL / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si De conformidad con lo previsto en los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP, aplicable por remisio´n expresa del artículo 188 del CPACA, procede la condena en costas en segunda instancia contra la demandante al haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelacio´n y confirmado en todas sus partes la sentencia de primera instancia. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) salario mínimo legal mensual vigente, según lo dispuesto por el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025. Por lo tanto, se ordenará al Tribunal dar trámite al respectivo incidente de liquidacio´n de la condena en costas, conforme a las reglas consagradas en el artículo 366 del CGP. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 188,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 INCISO 3,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366, 365 NUMERAL 1