Sentencia C.E. 25000-23-37-000-2020-00601-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 25000-23-37-000-2020-00601-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : DECRETO LEGISLATIVO 491 DE 2020 - ARTÍCULO 4 INCISO 2 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 67 / UNIDAD ADMINISTRATIVA DE GESTIÓN PENSIONAL Y DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP, CIRCULAR EXTERNA 12 DE 2020 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 22 / LEY 1151 DE 2007 - ARTÍCULO 156 / ACTO LEGISLATIVO 1 DE 2005 - ARTÍCULO 1 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 48 / DECRETO 1158 DE 1994 - ARTÍCULO 1 / LEY 100 DE 1993 - ARTÍCULO 17, 270 / RESOLUCIÓN 691 DE 2013 - ARTÍCULO 4, 5 / LEY 14564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3 NORMA DEMANDADA : FECHA : 06/08/2026 SECCION : SECCION CUARTA PONENTE : WILSON RAMOS GIRÓN ACTOR : PATRIMONIO AUTONOMO PAP FIDUPREVISORA S.A. DEMANDADO : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION S DECISION : REVOCA TEMA : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / APORTE PARAFISCAL DE LA UGPP / APORTE PARAFISCAL EN EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / APORTES ADEUDADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / ACTO ADMINISTRATIVO / NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA / NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / ALCANCE DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / COVID 19 / DECLARACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA / REQUISITOS DE LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA EN DEBIDA FORMA / CANAL DIGITAL DE NOTIFICACIÓN / DIRECCIÓN PROCESAL DE NOTIFICACIÓN / CONSENTIMIENTO / COMUNICACIÓN INFORMATIVA SOBRE LA NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN / CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL / DIRECCIÓN PROCESAL REGISTRADA POR EL CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN REGISTRADA EN EL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO / CARGA DE LA PRUEBA / FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA / IMPROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA / INDEBIDA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA / AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA / AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA / DEBIDO AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA Problema jurídico: ¿La Administración podía notificar válidamente al correo electrónico servicioalcliente@fiduprevisora.com.co, por lo que se configuró un indebido agotamiento de la actuación administrativa respecto de la Resolución RDP 000521, del 10 de enero del 2018, pues los recursos de reposición y apelación fueron extemporáneos? Respuesta al problema jurídico: No Para la demandante, la Administración no podía notificar válidamente al correo electrónico servicioalcliente@fiduprevisora.com.co, porque no autorizó la realización de ese tipo de notificaciones en ese correo, destinado a atender las peticiones de los ciudadanos. En esa línea, planteó que, aun cuando el fallo determinó que el patrimonio autónomo era el «administrado», este le impuso una obligación que solo era exigible a su contraparte [habilitar un buzón de correo electrónico exclusivo para notificaciones – art. 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020]. Asimismo, cuestionó que el tribunal no hubiera explicado su conclusión según la cual el correo electrónico al cual fue remitida la Resolución RDP 000 521 de 2018 fuera el habilitado para la notificación electrónica de actos administrativos, sobre todo cuando su certificado de existencia y representación legal no estableció dicha dirección, ni autorizó la realización de ese tipo de notificaciones. Además, precisó que el Decreto ídem únicamente ordenó la ampliación de plazos para atender peticiones y, como a «ese correo de atención al cliente llegaban todas las peticiones de todos los ciudadanos», no existían motivos válidos para soportar que era la dirección designada para efectos de notificaciones. En contraposición, la demandada se circunscribió su defensa a afirmar que los actos fueron debidamente notificados, por lo que no se vulneró el debido proceso. El a quo explicó que la demandada intentó, en primer término, la notificación personal del acto mediante un oficio enviado a «la dirección física del Patrimonio Autónomo (…)», pero la entidad no compareció a la diligencia de notificación. Señaló que, conforme al Decreto ibidem, la demandante tenía que habilitar un canal electrónico para recibir notificaciones desde el 02 de abril de 2020, razón por la cual la demandada hizo bien en notificar la decisión por aviso mediante un oficio remitido «en uso de los canales digitales». En tal sentido, relató que dicho aviso en el que se señaló notificación de la Resolución ejusdem fue remitido el 28 de mayo de 2020 al buzón electrónico «servicioalcliente@fiduprevisora.com.co» y entregado «en la misma oportunidad», de acuerdo con una certificación suscrita por Certimail. Adicionalmente, sostuvo que no era necesaria una autorización expresa ni la existencia de un correo electrónico exclusivo para notificaciones, ya que la normativa vigente al momento de los hechos (art. 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020) autorizó el uso de medios electrónicos para notificar actos administrativos. Así, concluyó que el término para interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación venció el 12 de junio de 2020 y, como las impugnaciones fueron presentadas el 13 de julio de 2020, estas fueron extemporáneas. 3.1- Para resolver el cargo de apelación, la Sala recuerda que la notificación de las decisiones es un elemento esencial del debido proceso que ampara «el derecho de defensa y contradicción, además de garantizar que las actuaciones (…) sean conocidas por los administrados para que puedan controvertirlas mediante los (…) mecanismos legales en sede administrativa y judicial (…)». Respecto de la notificación electrónica de actos administrativos durante la vigencia de la emergencia sanitaria por el Covid-19, la Sección explicó que dicho mecanismo era el adecuado para evitar o contener la propagación de la enfermedad durante el período comprendido entre el 12 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2022, en virtud del artículo 4 del Decreto Legislativo 491 del 28 de marzo de 2020, el cual prescribió que -para tal efecto- «los administrados debían indicar la dirección electrónica de notificaciones». Ahora bien, esta corporación también precisó que dicha notificación no era «un mecanismo exclusivo y automático, pues estaba condicionado al suministro de una dirección electrónica por parte del administrado», sobre todo cuando la norma ídem previó que «[e]n el evento en que la notificación (…) no pueda hacerse de forma electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes del [CPACA]». Aunado a lo anterior, con base en el análisis efectuado en la sentencia C-242 del 09 de julio de 2020 (MP: Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger) a la disposición ejusdem, la Sala estima que no se trataba de una potestad en la que unilateralmente la autoridad estableciera una dirección de notificación electrónica, sin consultar al administrado, para que este la informara o ratificara alguna que reposara en la entidad, ya que la finalidad de la norma era garantizar la remisión de los actos a un canal idóneo, en aras de asegurar su conocimiento efectivo y con ello, el ejercicio del derecho a la defensa. Adicionalmente, es de observar que la previsión del inciso 2 del artículo 4 ídem atinente a que «Las autoridades, dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la expedición del presente Decreto, deberán habilitar un buzón de correo electrónico exclusivamente para efectuar las notificaciones o comunicaciones a que se refiere el presente artículo», estaba dirigida a las «autoridades» y no a los administrados. De acuerdo con lo descrito, la Sala comprueba que la resolución que estableció la deuda por los aportes patronales a cargo de la demandante se intentó notificar mediante dos procedimientos: acorde con el punto probatorio ii), se pretendió agotar la notificación personal, con la remisión de una citación a la dirección física -el 12 de diciembre de 2019- la cual fue recibida, pero no hubo comparecencia. Tras ello, se remitió notificación electrónica el 28 de mayo de 2020 a la dirección de correo asignada para la recepción de peticiones de todos los usuarios (punto probatorio iii) y, posteriormente, el 10 de julio de 2020, la demandada, para agotar la notificación subsidiaria de la personal, remitió el Oficio que se identifica con el radicado 20200321862012 para la notificación por aviso y anexó copia del acto a ser notificado. En ese marco, la demandante argumenta -al igual que lo hizo en el memorial de interposición de los recursos- que el acto administrativo fue notificado mediante el aviso entregado con el Oficio identificado con el número 20200321862012, del 10 de julio de 2020, razón por la que, la fecha de su interposición -13 de julio de 2020- fue oportuna. Contextualizada así la situación, se precisa determinar si fue válida la dirección de correo electrónico para la atención de clientes de la demandante utilizada el 28 de mayo de 2020. A tal fin, partirá la Sala de destacar que la obligación de habilitar y divulgar los canales digitales oficiales para la realización de comunicaciones y/o notificaciones en el marco de la emergencia sanitaria —dentrode los 3 días siguientes a la expedición del Decreto Legislativo 491 de 2020— recaía en la Administración y no en el administrado; si bien este último tenía el deber de señalar un correo electrónico a la Administración, esto solo era en el evento de que pretendiera que se le notificara por tal medio. Entonces, el hecho de que la demandante hubiera dispuesto un correo electrónico para recibir peticiones de la ciudadanía, no le permitía a la Administración asumir que esta era la habilitada para recibir notificaciones. Ciertamente, la notificación electrónica de los actos administrativos, prevista en el artículo 4 ídem, procedía en la medida en que el administrado suministrara una dirección electrónica para tal efecto, lo que inclusive comprendía los correos que con antelación hubiera informado a la Administración dentro de la correspondiente actuación. Repárese en que el correo electrónico debía provenir del administrado; en parte alguna se habilitó a la Administración para determinar unilateralmente el correo electrónico del destinatario para surtir la notificación de los actos administrativos. Con esto presente, se advierte que, de la revisión al procedimiento de notificación de la Resolución RDP 000521, del 10 de enero del 2018, se extrae que: (i) el certificado de existencia y representación legal de la actora, consignó su negativa de recibir notificaciones por vía electrónica (art. 67 del CPACA); y (ii) los formatos de «autorización de notificación electrónica» que reposan en los antecedentes no se encuentran diligenciados o firmados por parte de la sociedad fiduciaria. Inclusive, cuando la sociedad compareció a interponer los recursos de reposición y apelación- solicitó la notificación de las decisiones en una dirección física. Súmese a ello que la demandada no explica -ni los medios probatorios dan cuenta- las razones por las que optó por utilizar la dirección electrónica asignada para atender peticiones de los clientes de la demandante. En cambio, sí se advierte que, mediante la Circular Externa 12, del 01 de abril de 2020, la UGPP precisó que: «[p]ara las actuaciones en curso, el solicitante o peticionario deberá informar a la Unidad la dirección electrónica a la cual recibirá notificaciones o comunicaciones» y, «en el evento en que no informe dirección electrónica, la administración notificara a la dirección electrónica procesal informada o en su defecto a la dirección electrónica informada en el RUT, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 563, 565 y 566-1 del [ET]». Sin embargo, la revisión a los antecedentes administrativos no evidencia que se hubiera efectuado alguna verificación de la información registrada en el RUT de la demandante. En virtud de las anteriores consideraciones fácticas y jurídicas, para la Sala, la dirección de notificación electrónica de la Resolución RDP 000521 de 2018 utilizada el 28 de mayo de 2020 no fue válida, puesto que no se adecuó a lo previsto en el artículo 4 del Decreto Legislativo 491 de 2020, esto es, no correspondió a una dirección electrónica que hubiera sido informada por la demandante ni tampoco a reportada en el RUT, como lo habilitaba la circular externa 12 del 01 de abril de 2020. En consecuencia, no puede asumirse que con el envío de dicho correo se hubiera surtido la notificación del correspondiente acto administrativo. En cambio, esto sí se logró con la notificación practicada por correo el 10 de julio de 2020 con el oficio que se identifica con el número 20200321862012 -obrante en el proceso- y con fundamento en la cual acudió la demandante a interponer los recursos de reposición y apelación, conforme se observa señalado en el respectivo memorial impugnatorio (punto probatorio iii). En ese sentido, como la impugnación fue interpuesta el 13 de julio de 2020 -lo que inclusive es señalado por el acto de la UGPP que señaló como extemporáneos los recursos- la misma fue oportuna. Por tanto, contrariamente a lo concluido por el tribunal, la parte actora sí acreditó el cumplimiento del presupuesto procesal del agotamiento de la actuación administrativa. Prospera el cargo de apelación. FUENTE FORMAL: Decreto Legislativo 491 DE 2020 - ARTÍCULO 4 INCISO 2,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 67,Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales - UGPP, Circular Externa 12 DE 2020 APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / SUPRESIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / APORTES ADEUDADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL / SENTENCIA CONDENATORIA / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN / PENA PECUNIARIA / PAGO DE LA PENSIÓN / VINCULACIÓN AL PROCESO / AGENTE FIDUCIARIO / OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA / ACTO DE EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA PENSIÓN / EFECTOS DE LA SENTENCIA CONDENATORIA / DEBIDO PROCESO / IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA / IMPROCEDENCIA DE LA VINCULACIÓN AL PROCESO / AUSENCIA DE VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿La Administración vulneró el debido proceso de la actora porque incumplió con la obligación de vincular al DAS o al «DAS EN SUPRESIÓN», dentro del trámite judicial de reliquidación de una pensión de jubilación? Respuesta al problema jurídico: No Adujo la actora que la extensión de los efectos de la decisión judicial que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez de Fabio Contreras Ayala exigía la vinculación del DAS o el «DAS EN SUPRESIÓN» a ese litigio, lo cual no se hizo. En tal contexto, aclaró que nunca fungió como liquidador del DAS, pues el vínculo con dicha entidad estuvo limitado «a su función como Fiduciario» y que nunca fue «empleador, parte, sustituta, representante legal, o subrogataria» de las acreencias del DAS, ya que las relaciones entre ese organismo y sus «usuarios o exfuncionarios» cesaron con su liquidación. Por su parte, la UGPP aseguró que con el acto demandado solo cumplió la orden del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca impartida en la sentencia del 09 de febrero de 2017, esto es, la reliquidación de la pensión de vejez del mencionado señor. Al efecto, debe advertirse, en primer lugar, que la decisión de la Administración acerca de que la demandante -como vocera del patrimonio autónomo del extinto DAS- era quien debía pagar los aportes patronales adeudados, no se originó en la sentencia judicial, sino que obedeció a la potestad de gestión que detenta la UGPP sobre las cotizaciones al SPS, en el marco de la ley -art. 156 Ley 1151 de 2007. En segundo lugar, debe precisarse que conforme lo ha puntualizado la corporación, en los debates de reliquidación pensional no se tiene que convocar a los empleadores, dado que «(…) no es procedente el llamamiento en garantía que haga la entidad encargada del reconocimiento prestacional a quien tiene la obligación de realizar el pago de los aportes al Sistema General de Pensiones, pues entre una y otra no existe una relación legal o contractual para solicitar su vinculación». Por ende, «en los casos en donde se solicita por parte de la administradora de pensiones el llamamiento en garantía de aquel empleador que no había efectuado el pago de los aportes sobre los cuales se ordenaría la reliquidación de la pensión (…), se indicó que esta figura procedía cuando entre el llamado y el llamante existiera una relación de garantía de orden real o personal de la que surge la obligación de resarcir un perjuicio o de efectuar un pago que pudiera ser impuesto en la sentencia que decida el (…) proceso» Así, cuando un pensionado acude a la jurisdicción para obtener la reliquidación de su pensión de jubilación, no es procedente que la UGPP -o la entidad que haga sus veces- llame en garantía a los empleadores, en la medida en que una es la obligación de pagar en forma oportuna los aportes al SPS (exigible al empleador – art. 22 de la Ley 100 de 1993) y otra es el reconocimiento y pago de la pensión en función del régimen legal aplicable al trabajador (a cargo de la UGPP). Por ello, en este caso, era innecesaria la vinculación del empleador al proceso de reliquidación pensional, porque el debate jurídico en dicho litigio solo incluía al pensionado y a Cajanal, cuyas funciones pasaron a la UGPP, lo cual no exime al empleador de honrar su deber de realizar los aportes patronales con observancia de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes al momento de los hechos. Así, los reclamos de la demandante asociados a la obligatoriedad de vincular al DAS o al «DAS EN SUPRESIÓN» al prenotado trámite judicial carecen de idoneidad jurídica. No prospera el cargo de la demanda. FUENTE FORMAL: Ley 100 DE 1993 - ARTÍCULO 22,Ley 1151 DE 2007 - ARTÍCULO 156 APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / SUPRESIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / APORTES ADEUDADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / FALTA DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL / SENTENCIA CONDENATORIA / RELIQUIDACIÓN DE LA PENSIÓN / ACTO ADMINISTRATIVO / ACTO DE EJECUCIÓN DEL PAGO DE LA PENSIÓN / EJECUCIÓN DE CONDENA / PENA PECUNIARIA / COBRO DE LA PENSIÓN / CÁLCULO DE LA PENSIÓN / SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES / MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN SUFICIENTE / VICIO DE NULIDAD ALEGADO / ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / DECISIÓN SIN MOTIVACIÓN / FALTA DE MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN Problema jurídico: ¿La Resolución RDP 000521 de 2018 incurrió en falta de motivación por no explicar con suficiencia el origen y alcance de la obligación pecuniaria pretendida? Respuesta al problema jurídico: Si Por otra parte, la demandante cuestionó la falta de motivación de la Resolución RDP 000521 de 2018; a cuyos efectos, adujo que la decisión no explicó por qué debía responder por una condena impuesta a la demandada, ni cómo determinó el valor reclamado, los períodos de cotización involucrados, el fundamento de la reliquidación pensional o su relación con eventuales aportes patronales adicionales, lo cual impedía comprender el origen y alcance de la obligación pretendida. En adición, aseguró que el acto no incorporó medios de pruebas que avalaran la «obligación de pago». En oposición a lo anterior, la Administración defendió la presentación de las justificaciones fácticas y legales necesarias para que el extinto DAS, «ahora representado por la FIDUCIARIA», pagara los aportes omitidos. En esa línea, señaló que el cumplimiento a la sentencia judicial que ordenó la reliquidación de una pensión de vejez tenía sustento en los artículos 48 de la Constitución (modificado por el art. 1 del Acto Legislativo 1 de 2005), 17 y 270 de la Ley 100 de 1993, 1 del Decreto 1158 de 1994, 4 y 5 de la Resolución 691 de 2013 y la sentencia C-258 de 2013 (MP: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub). Por último, manifestó que no podía desatenderse la correlación entre los beneficios prestacionales y la carga contributiva del afiliado y su empleador, aun cuando la sociedad [en representación del DAS] intentara «contradecir» su obligación de asumir el aporte patronal originado en la mencionada reliquidación de la pensión de vejez. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reiterará, en lo pertinente, el criterio judicial adoptado (entre otras) en las sentencias del 09 de noviembre de 2023 (exp. 27761, CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello) y del 03 de julio de 2025 (exp. 29031, CP: Wilson Ramos Girón) -esta última en un litigio con identidad de partes-.oportunidades en las cuales, se analizó la motivación de los actos administrativos expedidos por la demandada, con ocasión de sentencias que ordenaron la reliquidación pensional para incluir factores salariales sobre los cuales no fueron realizados los correspondientes aportes por parte de la empleadora durante el vínculo laboral, de modo que guardan con este caso, identidad fáctica y jurídica, Acorde el criterio judicial adoptado en tales decisiones, se entiende que los actos de la Administración están debidamente motivados «cuando incluyen los valores y las razones que sirvieron de sustento a los ajustes» y, en caso de carecer de tales justificaciones, se configura el vicio de nulidad por falta de motivación, el cual surge en los eventos en los que «la Administración prescinde de la motivación que suministre al destinatario las razones de hecho y de derecho que inspiraron la producción de estos, impidiendo al particular ejercer su derecho de defensa y contradicción». 6.2- Teniendo presente lo anterior, para el caso bajo análisis, se advierte que la Resolución RDP 000521, del 10 de enero del 2018, fue expedida a consecuencia de una sentencia que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez a favor de un ex trabajador del extinto DAS, con el propósito de incluir factores salariales sobre los que no se realizaron los correspondientes aportes pensionales por parte de la empleadora durante el vínculo laboral. En ese sentido, además de reliquidar la pensión de vejez, el artículo noveno ídem ordenó: «Envíese copia de la presente resolución al área competente para que efectúe los trámites pertinentes al cobro de lo adeudado por concepto de aporte patronal por DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD NACIONAL, por un monto de DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO pesos ($207,901,835.00 m/cte) (…)». Igualmente, ordenó notificar el acto a la entidad, informándole tanto los recursos procedentes como la oportunidad para interponerlos. Pues bien, al revisar el contenido de la citada decisión, pudo evidenciarse que la Administración solo indicó la situación pensional del pensionado, omitiendo cualquier referencia a la situación particular y concreta de la demandante en lo concerniente a los aportes patronales supuestamente dejados de pagar. Tampoco referenció las disposiciones legales o reglamentarias que fundamentaban la obligación exigida, ni las bases, periodos y demás elementos considerados para la liquidación de la obligación a cargo de la demandante, estableciéndose a partir de ello la ausencia de fundamentación fáctica y jurídica. Atendido lo anterior, y en línea con los precedentes antes invocados, se concluye que la resolución ídem adolece de la motivación que sustente el monto cobrado, lo cual comporta la vulneración al debido proceso de la actora, pues con ello limitó el ejercicio de su derecho de defensa y contradicción, en la medida en que esta no estuvo en posibilidad de controvertir los periodos liquidados, valores, método y cálculo efectuado. A modo de cierre, resulta imperativo advertir que, independientemente de que el cobro se haya dado en el marco de las competencias de la entidad demandada, en acatamiento de una sentencia judicial y en procura de la sostenibilidad financiera del sistema, tales circunstancias no legitimaban ni justificaban la falta de explicación -motivación- del acto administrativo -que sustentaba la obligación- por parte de la demandada. Prospera el cargo de la demanda. En consecuencia, la Sala declarará la nulidad parcial de la Resolución RDP 000521, del 10 de enero del 2018 —exclusivamente su artículo noveno— y la nulidad plena de la Resolución RDP 17743, del 04 de agosto del 2020, que rechazó los recursos interpuestos por extemporáneos. FUENTE FORMAL: Acto Legislativo 1 DE 2005 - ARTÍCULO 1,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 48,Decreto 1158 DE 1994 - ARTÍCULO 1,Ley 100 DE 1993 - ARTÍCULO 17, 270,Resolución 691 DE 2013 - ARTÍCULO 4, 5 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / SALARIO MÍNIMO LEGAL / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme al ordinal 3 del artículo 365 del CGP y al criterio jurisprudencial mayoritario de la Sección, se condenará en costas a la demandada en esta instancia, como parte vencida en el proceso. Al efecto, se tasan las agencias en derecho en un (1) salario mínimo, mensual, legal y vigente. En consecuencia, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación de costas. FUENTE FORMAL: Ley 14564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 3