Sentencia C.E. 25000-23-37-000-2020-00304-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 25000-23-37-000-2020-00304-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : DECRETO 624 DE 1989 - ARTÍCULO 60, 127-1 / DECRETO 913 DE 1993 - ARTÍCULO 2 / DECRETO DISTRITAL 352 DE 2002 - ARTÍCULO 42 / LEY 14 DE 1983 - ARTÍCULO 32 / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PCSJA25-12355 DE 2025 / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PASAA16-10554 DE 2016 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1 NORMA DEMANDADA : FECHA : 13/08/2026 SECCION : SECCION CUARTA PONENTE : CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ ACTOR : BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA S.A. DEMANDADO : SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL - DIRECCION DE IMPUESTOS DECISION : REVOCA TEMA : MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / DECLARACIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / OPCIÓN DE COMPRA EN EL CONTRATO DE LEASING / CESIÓN DE DERECHOS / ACTIVOS FIJOS / NATURALEZA JURÍDICA DE LOS ACTIVOS FIJOS / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / CONCEPTO DE ACTIVOS FIJOS / CONTRATO DE LEASING FINANCIERO / DISTRITO CAPITAL / GANANCIA OCASIONAL / BIEN INCORPORAL / BIEN INTANGIBLE / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CLASES DE ACTIVIDAD GRAVADA CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / ACTIVIDAD NO GRAVADA CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / EXCLUSIÓN DE BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Problema jurídico: ¿El ingreso percibido por la cesión de la opción de compra contenido en el contrato de leasing No. 1388 de 2002, correspondió a la enajenación de un activo fijo, no sujeto al ICA de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002? Respuesta al problema jurídico: Si El hecho generador del ICA está constituido por el ejercicio de actividades industriales, comerciales o de servicios dentro de la respectiva jurisdicción municipal. En tal sentido, el artículo 32 de la Ley 14 de 1983 dispone que el tributo recae sobre la realización, directa o indirecta, de cualquier actividad de esa índole en las correspondientes jurisdicciones territoriales. En lo que respecta a la base gravable del tributo en el Distrito Capital, el artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002 establece que el ICA se liquidará con fundamento en los ingresos netos obtenidos por el contribuyente durante el respectivo período. Para la determinación de dichos ingresos, deberán detraerse de la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios aquellos correspondientes a actividades exentas o no sujetas, así como las devoluciones, rebajas y descuentos, las exportaciones y, de manera expresa, los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos. Comoquiera que la normativa distrital no define el concepto de activo fijo, esta Corporación ha acudido de manera reiterada a la definición prevista en el artículo 60 del Estatuto Tributario, como criterio interpretativo para determinar cuándo un bien tiene la condición de activo fijo para efectos del ICA. Lo anterior, teniendo en cuenta que la citada disposición no regula un beneficio, una deducción, un ingreso gravado o una tarifa propia del impuesto sobre la renta. Así, su finalidad consiste en establecer una clasificación jurídica y económica de los activos, distinguiendo entre aquellos que hacen parte del giro ordinario de los negocios del contribuyente -activos movibles -y aquellos destinados de manera permanente al desarrollo de la empresa -activos fijos o inmovilizados-. Por ello, aunque formalmente la disposición hace parte del Estatuto Tributario, su contenido trasciende el impuesto sobre la renta y ha sido utilizado reiteradamente por la jurisprudencia de esta Corporación para resolver controversias relacionadas con tributos territoriales, dentro de ellos, los relativos a la aplicación de la exclusión de los ingresos provenientes de la venta de activos fijos dentro del ICA. En estos términos, conforme al citado artículo, son activos fijos los bienes corporales -muebles e inmuebles- y los incorporales (derechos) que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. De allí que, la determinación de la naturaleza del activo no depende exclusivamente de la titularidad jurídica del bien subyacente, sino principalmente de su destinación económica, de su vocación de permanencia dentro del patrimonio y de que no haga parte de la actividad ordinaria desarrollada por el contribuyente. Bajo este contexto, en la medida que el artículo 60 del Estatuto Tributario no condiciona que el activo fijo sólo pueda ser integrado por bienes corporales, esto es, no lo restringe a inmuebles, maquinaria o bienes tangibles, y por el contrario, permite que los bienes incorporales formen parte de esta clasificación, siempre que hagan parte del patrimonio permanente de la empresa, se ha considerado que múltiples bienes incorporales, entre ellos las acciones, cuotas sociales, marcas, derechos fiduciarios y derechos derivados de contratos, entre otros, puedan ser catalogados como activos fijos, si cumplen los presupuestos previstos en la norma. Por ello, nada impide que un derecho contractual pueda constituirse en un activo fijo, bajo los parámetros expuestos en la norma. Dicho lo anterior, conviene entonces preguntarse si en el caso particular la opción de compra establecida en el contrato de leasing constituye un derecho patrimonial, si ese derecho integra el patrimonio del locatario, si puede ser un activo fijo, aunque el dominio del inmueble permanezca en la compañía de leasing, y por último si la cesión de ese derecho implica necesariamente ejercer una actividad comercial gravada o simplemente corresponde a la enajenación excepcional de un activo fijo. Al respecto, frente a la naturaleza jurídica del derecho a ejercer la opción de compra en el marco de un contrato de leasing financiero, esta Sección se pronunció en sentencia del 15 de julio de 2021, expediente 24461, con ponencia de la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto. En dicha providencia, la Sala precisó, de conformidad con el artículo 127-1 del Estatuto Tributario -en su redacción vigente para el período objeto de análisis- que el activo que se incorporaba al patrimonio del arrendatario, desde el inicio del contrato, correspondía a un derecho, esto es, a un bien incorporal o intangible, en la medida en que el bien objeto del leasing permanecía en cabeza de la compañía de financiación, mientras que el locatario únicamente ostentaba la facultad de ejercer la opción de compra. En consecuencia, la Sala concluyó que lo susceptible de cesión o enajenación por parte del arrendatario era dicho derecho -de naturaleza incorporal- y no el bien subyacente, respecto del cual nunca detentó el derecho de dominio: “Obra prueba en el expediente que la actora, en su calidad de arrendataria o locataria, trató el valor asignado a la construcción como un arrendamiento operativo, en cuanto registró como un gasto deducible la totalidad del canon de arrendamiento causado durante la vigencia del contrato, sin contabilizar nada en el activo ni en el pasivo. Y el valor asociado al terreno, lo contabilizó al inicio del contrato en el activo y en el pasivo, el cual se fue amortizando en la medida en que se fue ejecutando el contrato, así: (…) Como puede observarse, el activo que hizo parte del patrimonio de la actora desde la fecha de inicio del contrato (1 de febrero de 2006) correspondía a un derecho, es decir, a un intangible, dado que el bien inmueble pertenecía a la compañía de leasing y la locataria sólo tenía el derecho para ejercer la opción de compra del bien. Y fue este derecho a ejercer la opción de compra el que la actora cedió o enajenó a algunos de los accionistas de la sociedad en virtud del contrato celebrado el 31 de enero de 2013, en el cual se acordó: (…) Se precisa que, aunque el 1 de febrero de 2013, día de finalización del contrato de leasing, la actora pagó por cuenta de los cesionarios la opción de compra ($423.692.130), este hecho no la convirtió en propietaria de los bienes objeto del contrato de leasing pues, como lo sostiene la demandante, para adquirir el dominio de bienes raíces se requiere una escritura pública inscrita en la oficina de registro de instrumentos públicos, conforme a lo previsto en los artículos 756 y 1857 del Código Civil. Así las cosas, conforme al artículo 127-1 [2.e] del ET, vigente para el periodo discutido, como el activo cedido o enajenado derivado del contrato de leasing financiero correspondió a un derecho que permaneció en el patrimonio de la sociedad desde el 1 de febrero de 2006, fecha de inicio del contrato, hasta el 31 de enero de 2013, fecha de enajenación del mismo, el ingreso y el costo asociado a la cesión del derecho a ejercer la opción de compra debieron ser declarados como ganancias ocasionales, en los términos del artículo 300 del ET, por tratarse de un activo que fue poseído por más de dos años. En consecuencia, la utilidad obtenida por la sociedad debió tratarse, como en efecto se hizo, como una ganancia ocasional.” Los fundamentos de esa decisión son plenamente aplicables al presente caso, en el que la discusión se traslada al ámbito del ICA del Distrito Capital. En efecto, si el derecho a ejercer la opción de compra en un contrato de leasing financiero tiene la naturaleza de un activo intangible que hace parte del patrimonio del arrendatario desde el inicio del contrato, ese mismo derecho debe ser calificado como activo fijo a efectos de la aplicación del artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002, siempre que no se hubiere adquirido con el propósito de ser enajenado dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente. En este punto y dado que el fundamento expuesto en el citado fallo parte de lo expuesto en el artículo 127-1 del Estatuto Tributario, la Sala considera necesario precisar el alcance de esta disposición en su redacción vigente para la época de los hechos, pues parte de la controversia surgió de asumir que dicha disposición impedía reconocer la existencia de un activo fijo en cabeza del locatario financiero, entendimiento que no corresponde al contenido de la norma, en la medida que el citado artículo 127-1 fue incorporado al Estatuto Tributario a través de la ley 233 de 1995 con una finalidad específica: establecer el tratamiento contable y fiscal aplicable a los contratos de leasing. En efecto, esta norma reguló aspectos relacionados con la deducibilidad de los cánones; la depreciación; la amortización; el reconocimiento de ingresos; y los efectos tributarios derivados del ejercicio de la opción de compra, por lo que no cabe duda que se trató de disposición tributaria con una clara injerencia en temas contables, al punto que en la misma se estipularon reglas, para efectos contables y fiscales, de cómo se deben registrar los contratos de arrendamiento financiero con opción de compra (leasing) celebrados a partir del 1 de enero de 1996. El criterio expuesto permite advertir el error de apreciación en que incurrieron tanto la Administración Distrital como el Tribunal de primera instancia, al asimilar la cesión del derecho de opción de compra con la enajenación del bien inmueble subyacente, para efectos de concluir que como la parte demandante no ostentaba la titularidad del derecho de dominio sobre el inmueble -el cual permaneció en cabeza de la compañía de leasing-, en realidad no estaba enajenado un activo fijo, que, a su juicio, sólo podía estar representado en el inmueble y no en el derecho de naturaleza incorporal derivado del contrato. En efecto, no debe pasarse por alto que el artículo 2° del Decreto 913 de 1993 define el leasing financiero como aquel en virtud de la cual una entidad entrega, a título de arrendamiento, bienes adquiridos para tal efecto, financiando su uso y goce a cambio del pago de cánones durante un plazo determinado, y pactando en favor del arrendatario la facultad de ejercer una opción de compra al término del contrato. (...) [E]l razonamiento del tribunal y de la parte demandada, conforme al cual la ausencia de titularidad jurídica sobre el inmueble impide calificar la operación como enajenación de un activo fijo, reproduce la misma confusión conceptual que ha sido superada por la jurisprudencia de esta Sección. En efecto, el activo fijo en cabeza del arrendatario no está constituido por el inmueble, sino por el derecho incorporal que le confiere la facultad de ejercer la opción de compra, razón por la cual, debe concluirse que el ingreso que se percibe por la cesión de la opción de compra contenido en el contrato de leasing corresponde a la enajenación de un activo fijo, sin que importe para ello, que en el asunto sub examine, la sociedad demandante no haya ostentado en momento alguno la titularidad del derecho de dominio sobre el inmueble. (...) [C]uando un bien o derecho se mantiene en el patrimonio con la finalidad de servir de manera duradera a la actividad productiva, y no para su comercialización habitual, conserva su naturaleza de activo fijo. En esa misma línea, la Sección ha sostenido de forma consistente que la calificación de un activo como fijo o movible, en el ámbito tributario, no está determinada por el lapso durante el cual ha permanecido en el patrimonio del contribuyente, ni por su tratamiento contable, ni por la generación de ingresos derivados de su tenencia, sino por su destinación económica. Así lo precisado esta Sección, al señalar que el criterio determinante radica en establecer si el bien está vinculado al giro ordinario de los negocios. En igual sentido, en las sentencias del 17 de agosto de 2017 y del 30 de agosto de 2024, se reitera que la permanencia del activo en el patrimonio o su contabilización como activo fijo no son circunstancias que, por sí mismas, definan su naturaleza. En efecto, un bien será movible cuando su enajenación se produzca dentro del giro ordinario de los negocios; mientras que tendrá el carácter de activo fijo cuando esté destinado al uso propio de la empresa y no a su comercialización habitual, con independencia de que se trate de un bien corporal o incorporal. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 60, 127-1,Decreto 913 DE 1993 - ARTÍCULO 2,Decreto Distrital 352 DE 2002 - ARTÍCULO 42,Ley 14 DE 1983 - ARTÍCULO 32 MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / DECLARACIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / OPCIÓN DE COMPRA EN EL CONTRATO DE LEASING / CESIÓN DE DERECHOS / HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / DETERMINACIÓN DE LA BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA / CONTRATO DE LEASING FINANCIERO / DISTRITO CAPITAL / TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL LEASING / TRATAMIENTO TRIBUTARIO DEL LEASING FINANCIERO / TITULARIDAD DEL DERECHO A LA PROPIEDAD / DERECHO A LA PROPIEDAD / DESTINACIÓN DEL BIEN / DESTINACIÓN DEL BIEN INMUEBLE / GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS / NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA / CLASES DE ACTIVIDAD GRAVADA CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / ACTIVIDAD NO GRAVADA CON EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / EXCLUSIÓN DE BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / EXCLUSIÓN DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO / IMPROCEDENCIA DE LA SANCIÓN POR INEXACTITUD TRIBUTARIA Problema jurídico: ¿Es procedente la imposición de la sanción por inexactitud cuando los hechos y las cifras declaradas son veraces, pero existe una discrepancia razonable en la interpretación del tratamiento tributario y contable aplicable a los derechos derivados de contratos de leasing frente al concepto de activo fijo? Respuesta al problema jurídico: No [E]l inmueble objeto del contrato de leasing fue utilizado por la demandante para el desarrollo permanente de su actividad empresarial, no fue adquirido con fines especulativos y tampoco hacía parte del inventario destinado a comercialización. Su función económica consistía en servir como infraestructura permanente de la empresa. Esa destinación también caracteriza el derecho contractual derivado del leasing, ya que la sociedad no adquirió dicha posición jurídica para negociar contratos de leasing, la adquirió para utilizar el inmueble en el desarrollo de su objeto social. Por ello, el derecho contractual heredó la misma vocación de permanencia que caracterizaba al bien cuya adquisición futura permitía. En otras palabras, esa destinación específica, ajena a una vocación de enajenación habitual, constituye el criterio determinante para atribuir al referido derecho el carácter de activo fijo, con independencia de que la titularidad jurídica del inmueble no hubiese radicado en cabeza de la sociedad. Al respecto, esta Sección, en sentencia de unificación del 2 de diciembre de 2021, precisó que el concepto de giro ordinario de los negocios constituye una categoría jurídica propia del derecho societario, desarrollada a partir del objeto social, orientada a identificar aquellas actividades que son ejecutadas de manera habitual por el ente societario, bajo un criterio empresarial. En la misma providencia se indicó que entre el objeto social y el giro ordinario de los negocios existe una relación de género y especie, en la medida en que el primero (género) comprende tanto la gestión ordinaria como la esporádica de la sociedad, en cuanto constituye la actividad potencial autorizada de manera descriptiva en el acto de constitución (se ejecute o no). Por su parte, el giro ordinario de los negocios (especie) corresponde a aquella porción del objeto social que se desarrolla de manera efectiva, con sujeción a criterios de habitualidad y profesionalismo propios de la actividad empresarial. (...) [E]l giro ordinario de los negocios no se configura por la simple realización de una operación mercantil que genere ingresos, sino que exige que dicha operación corresponda a la actividad económica que el contribuyente ejecuta de forma habitual, organizada y reiterada como parte de su dinámica empresarial. En ese orden de ideas, la Sala concluye que la sociedad Biochem Farmacéutica de Colombia S.A., cuya actividad económica principal consiste en la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, no desarrolla de manera habitual operaciones de enajenación de derechos derivados de contratos de leasing ni de bienes inmuebles, por lo que la operación cuestionada reviste un carácter esporádico, lo que resulta determinante para establecer el carácter con el que ostenta el derecho de ejercer la opción de compra sobre el inmueble objeto del contrato de leasing. Resulta evidente, entonces, que la interpretación efectuada por el tribunal y la autoridad tributaria respecto de la sentencia de unificación del 2 de diciembre de 2021 es errada. En efecto, es dicha providencia la que consagra el criterio del giro ordinario de los negocios como parámetro determinante, el cual, aplicado al caso concreto, conduce a concluir que la operación realizada por Biochem constituyó la enajenación de un activo fijo, en atención al carácter esporádico de la misma. Lo anterior, por cuanto la cesión del derecho de opción de compra aquí discutida no reviste la habitualidad necesaria para que el acto negocial pueda subsumirse en el giro ordinario de los negocios. (...) [L]a enajenación de la opción de compra constituyó una operación de carácter extraordinario, que puso fin a la tenencia de la sede administrativa de la sociedad demandante. Por consiguiente, el ingreso obtenido se encuentra cobijado por la exclusión prevista en el artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002. (...) [C]on independencia de su tratamiento contable específico, lo cierto es que dicho activo se encuentra incorporado al patrimonio y permanece afecto a la generación de renta -en este caso, como inmueble destinado a la sede de la administración- hasta el momento en que se produce la cesión del derecho de opción de compra. La calificación contable del hecho económico, cuando se ajusta a las normas aplicables, es un elemento probatorio relevante para establecer la naturaleza del activo y el tratamiento tributario de la operación. En el presente caso, la reglamentación de las NIIF (aplicada por el contribuyente), en la Sección 20 de NIIF para PYMES (o NIIF 16), disponen que el arrendatario debe reconocer obligatoriamente un activo por el "derecho al uso" y un pasivo correlativo, otorgándole el tratamiento de un activo propio sujeto a depreciación. Este tratamiento no es caprichoso. Como ya se advirtió corresponde a la expresión cifrada de la esencia misma del contrato de leasing que no puede obviarse al darle merito a las pruebas allegadas. (...) [S]e encuentra acreditada la incorporación de dicho derecho al patrimonio de la sociedad como un activo de naturaleza permanente, lo cual, en contraposición a lo sostenido por el Tribunal, constituye un elemento probatorio relevante que permite establecer la destinación del activo. En efecto, como se explicó, se trata de un activo fijo de naturaleza incorporal, cuya finalidad consistió en su utilización como sede de las oficinas administrativas de Biochem. Establecido que el derecho a ejercer la opción de compra ostentaba la naturaleza de activo fijo de carácter intangible, su enajenación se encuentra amparada por la exclusión prevista en el artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002, el cual dispone de manera expresa que, para la determinación de los ingresos netos gravables con el impuesto de industria y comercio, deberán detraerse, entre otros conceptos, los ingresos provenientes de la enajenación de activos fijos. (...) Dicha exclusión opera por mandato legal, sin que sea exigible que el bien enajenado corresponda a un bien corporal -como lo sería un inmueble-, ni que el contribuyente ostente el derecho de dominio sobre el bien subyacente del contrato de leasing, toda vez que lo que se transfiere es un derecho de naturaleza incorporal, el cual constituye, en sí mismo, el activo fijo del arrendatario. Lo anterior supone además que si lo vendido corresponde a un activo fijo —aunque sea un derecho incorporal— la exclusión opera precisamente porque el legislador quiso sacar de la base gravable aquellos ingresos derivados de la realización del patrimonio permanente del contribuyente y no de su actividad empresarial ordinaria, por lo que mal haría en considerarse que dicha enajenación corresponde a la realización de una actividad comercial gravada con el ICA. En otras palabras, el hecho de que la transmisión se hubiera instrumentado mediante una cesión contractual no modifica la condición de activo fijo si el derecho patrimonial cedido permanecía incorporado al activo permanente de la empresa y por tanto el ingreso proveniente de esta operación no se encuentra gravada con el ICA. Al quedar demostrado entonces que el derecho de opción de compra constituye un activo fijo, su enajenación se encuentra excluida de la base gravable del impuesto de industria y comercio; todos los reparos formulados en la alzada están llamados a prosperar, incluido el referente a la sanción por inexactitud. (...) • El derecho a ejercer la opción de compra en el contrato de leasing financiero tiene la naturaleza de un derecho intangible que, según el objeto social y el giro ordinario de los negocios del contribuyente, puede tener la calidad de activo fijo. • En caso de que cumpla con el carácter de activo fijo, como el caso que aquí se analiza, el ingreso obtenido por la enajenación del activo fijo intangible está expresamente excluido de la base gravable del ICA en el Distrito Capital conforme al artículo 42 del Decreto Distrital 352 de 2002. FUENTE FORMAL: Decreto 624 DE 1989 - ARTÍCULO 60, 127-1,Decreto Distrital 352 DE 2002 - ARTÍCULO 42 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / PROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / PROSPERIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / NULIDAD DE LA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE REVISIÓN / FIRMEZA DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA / AGENCIAS EN DERECHO / PROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Procede la condena en costas? Respuesta al problema jurídico: Si Atendiendo al criterio fijado en la sentencia del 23 de septiembre de 2025, la Sala impondrá condena en agencias en derecho a la parte demandada en ambas instancias, fijando un (1) salario mínimo legal mensual vigente por cada una, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo núm. PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de 2025 del Consejo Superior de la Judicatura. Ello en atención a lo previsto en el artículo 365, numeral 1, del Código General del Proceso (CGP), dado que dicha parte resultó vencida en juicio. FUENTE FORMAL: Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PCSJA25-12355 DE 2025,Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PASAA16-10554 DE 2016,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1