Sentencia C.E. 25000-23-36-000-2022-00010-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 25000-23-36-000-2022-00010-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287 / LEY 2452 DE 2025 - ARTÍCULO 15 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 67 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 446 / LEY 2452 DE 2025 - ARTÍCULO 100 / LEY 2452 DE 2025 - ARTÍCULO 145 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8 NORMA DEMANDADA : FECHA : 21/09/2026 SECCION : SECCION TERCERA SUBSECCIÓN A PONENTE : ZORANNY CASTILLO OTÁLORA ACTOR : ABRAHAM CUELLAR CABRERA DEMANDADO : NACION- RAMA JUDICIAL DECISION : CONFIRMA TEMA : MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MARCO FUNDAMENTAL DE COMPETENCIA DEL JUEZ DE SEGUNDA INSTANCIA / LÍMITES DEL PRONUNCIAMIENTO DEL JUEZ / SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / ARGUMENTACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JURISDICCIONAL / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / CONTENIDO DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Debe la Sala pronunciarse en segunda instancia sobre los reparos formulados en la apelación y complementar el análisis respecto del cargo planteado en la demanda que no fue resuelto expresamente por el Tribunal, en garantía del principio de congruencia? Respuesta al problema jurídico: Si La competencia para pronunciarse como juez de segunda instancia no es plena: está limitada por las referencias conceptuales y argumentativas del recurso contra la decisión impugnada. El Tribunal de instancia sostuvo que no existía error jurisdiccional en el auto del 26 de febrero de 2020, en vista de que fue expedido con fundamento en los medios de convicción disponibles, las decisiones ejecutoriadas y las normas aplicables. El demandante alega que esa autoridad pasó por alto que el Tribunal Superior de Bogotá desconoció las órdenes impartidas en la sentencia del 19 de noviembre de 2010; vulneró la cosa juzgada al restringir el alcance económico de la condena; y no revisó que se modificó indebidamente la entidad obligada a cumplirla. Los dos primeros reparos se relacionan con lo examinado por el juez de primera instancia y, por tanto, serán objeto de revisión. El tercero, aunque no fue desarrollado expresamente en la sentencia apelada, integró la imputación de la demanda y fue controvertido en esta instancia. La Sala lo resolverá en aplicación del principio de congruencia de los artículos 187 del CPACA y 281 del CGP, y por el deber de complementar la sentencia del inferior previsto en el artículo 287 del último estatuto cuando la parte perjudicada con la omisión apeló. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 187,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 287 CONCEPTO DE ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS PARA LA CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PRESUPUESTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / ERROR DE HECHO / ERROR DE DERECHO / INDICACIÓN DE LA VIOLACIÓN DE LA NORMA / INCONFORMIDAD CON LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INDEBIDA APLICACIÓN DE LA NORMA PROCESAL / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / DESVIRTUALIZACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LA SENTENCIA Problema jurídico: ¿Para la configuración del error jurisdiccional debe demostrarse que la providencia incurrió en un yerro de hecho o de derecho trascendente y suficiente para comprometer su legalidad y modificar el sentido de la decisión? Respuesta al problema jurídico: Si El error jurisdiccional se configura cuando una providencia es contraria a la ley. Puede presentarse por un yerro de derecho o de hecho. El primero: exige la identificación de las normas vulneradas y explicar el motivo de la trasgresión. El segundo: requiere que se indiquen las pruebas omitidas o indebidamente valoradas y demostrar su incidencia en la decisión. El desacierto debe ser determinante, pues no basta advertir una imprecisión sin aptitud para modificar el sentido de la providencia. Es decir, la incorrecta aplicación de las normas sustanciales o procesales o las falencias en la valoración probatoria deben comprometer su legalidad y conducir a una conclusión jurídicamente distinta. Además, esta Sala ha puntualizado que quien invoca la responsabilidad del Estado por error judicial debe atender las cargas de claridad, precisión y debida argumentación que desvirtúan la presunción de acierto de la providencia examinada, acompañadas del respaldo probatorio necesario para demostrar la imputación atribuida. En definitiva, el juez administrativo debe cerciorarse de que la eventual equivocación en la decisión revisada sea trascendente -tenga la vocación de mutar el sentido- y suficiente -destruya todos los fundamentos del pronunciamiento- para su procedencia. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / REQUISITOS DEL ERROR JURISDICCIONAL / SENTENCIA EN FIRME / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / RECURSO JUDICIAL ORDINARIO / IMPROCEDENCIA DEL RECURSO JUDICIAL Problema jurídico: ¿Se cumplen los requisitos para estudiar de fondo el error judicial, dado que la providencia cuestionada se encuentra ejecutoriada y contra ella no procedían recursos ordinarios? Respuesta al problema jurídico: Si Conforme a los artículos 66, 67 y 70 de la Ley 270 de 1996, el error judicial exige que la decisión se encuentre en firme y que el afectado hubiera interpuesto los recursos ordinarios de ley. En este caso, el auto del 26 de febrero de 2020, dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quedó ejecutoriado y contra este no procedían recursos ordinarios, de acuerdo con el artículo 15 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Por este motivo, se encuentran satisfechos los requisitos para el estudio de fondo. FUENTE FORMAL: Ley 2452 DE 2025 - ARTÍCULO 15,Ley 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66,Ley 270 DE 1996 - ARTÍCULO 67,Ley 270 DE 1996 - ARTÍCULO 70 LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / PROCESO EJECUTIVO LABORAL / SENTENCIA EN FIRME / EFECTOS DE LA SENTENCIA EN FIRME / SENTENCIA EJECUTABLE / MÉRITO EJECUTIVO DE LA SENTENCIA / TÍTULO CONSTITUTIVO DE LA OBLIGACIÓN / OBLIGACIÓN DE PAGAR SUMA DE DINERO / COBRO DE LAS OBLIGACIONES Problema jurídico: ¿Puede el juez, al liquidar el crédito, modificar su cuantificación para ajustarla al título ejecutivo y a las providencias vinculantes, sin alterar el alcance de la condena ni incorporar conceptos distintos de los reconocidos? Respuesta al problema jurídico: Si En línea con el artículo 100 del CPTSS, las sentencias en firme prestan mérito ejecutivo y su ejecución debe sujetarse a las obligaciones reconocidas en el título y a las decisiones en firme que hubieran precisado su alcance. Conforme a los artículos 145 de ese cuerpo normativo y 446 del CGP, la liquidación del crédito tiene por objeto cuantificar las obligaciones exigibles dentro de la ejecución. En ejercicio de esa función, el juez puede modificarla cuando se aparte del título ejecutivo o de las providencias vinculantes proferidas durante el trámite. La liquidación no representa una oportunidad para redefinir la condena ni para incorporar derechos o conceptos distintos de los reconocidos. Su finalidad consiste en fijar el valor de las obligaciones pendientes de cobro según los parámetros establecidos en el proceso. FUENTE FORMAL: Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 446,Ley 2452 DE 2025 - ARTÍCULO 100,Ley 2452 DE 2025 - ARTÍCULO 145 INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / FALTA DE CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PROCESO EJECUTIVO LABORAL / PROCESO EJECUTIVO LABORAL PARA REINTEGRO DEL TRABAJADOR / IMPROCEDENCIA DEL REINTEGRO DEL TRABAJADOR / IMPOSIBILIDAD DEL REINTEGRO DEL TRABAJADOR / AUTO EN FIRME / EFECTOS DEL AUTO EN FIRME / DEMOSTRACIÓN DEL PERJUICIO COMPENSATORIO / FALTA DE PRUEBA / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA DE LA PRUEBA / EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA / OBLIGATORIEDAD DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL / SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA / FALLO DE LA ACCIÓN DE TUTELA / COMPETENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ Problema jurídico: ¿Incurrió el auto del 26 de febrero de 2020 en error judicial al excluir de la liquidación los valores asociados al reintegro y los perjuicios compensatorios, pese a que tales aspectos habían sido definidos previamente mediante providencias ejecutoriadas? Respuesta al problema jurídico: No La sentencia apelada sí examinó la censura sobre la exclusión de valores asociados a la reincorporación. Luego de reconstruir el trámite surtido dentro del proceso ejecutivo laboral, concluyó que cuando se profirió el auto reprochado ya existían varias providencias en firme que resolvieron la imposibilidad material del reintegro y la falta de acreditación de los perjuicios compensatorios y que, por su firmeza, constituían un marco obligatorio para la liquidación del crédito. En particular, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca identificó que, en auto del 21 de agosto de 2014, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá declaró extinguida la ejecución frente a los perjuicios compensatorios, porque el ejecutante no acreditó los elementos necesarios para su reconocimiento. El Tribunal Superior de Bogotá confirmó esa decisión el 18 de junio de 2015, oportunidad en la que también precisó que, de haberse probado, solo se causarían hasta el 25 de mayo de 2011, cuando finalizó la relación laboral ante la imposibilidad del reintegro. Asimismo, tuvo en cuenta que, a través de providencia del 16 de enero de 2017, el propio Tribunal Superior de Bogotá reiteró que no era posible reabrir debates definidos durante la ejecución. (…) [E]l auto cuestionado no resolvió sobre esos aspectos, sino que aplicó determinaciones en firme que ya habían resuelto esos puntos dentro de la ejecución. La argumentación del demandante se centra en cuestionar la corrección de las decisiones adoptadas en 2014, 2015 y 2017 sobre los asuntos citados, mas no en desvirtuar la conclusión del juez de primera instancia acerca de la obligatoriedad de tales providencias que gobernaban el proceso ejecutivo. En el mismo sentido, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de tutela del 17 de noviembre de 2020, confirmada por la Sala de Casación Civil el 18 de agosto de 2021, concluyó que el Tribunal Superior de Bogotá actuó dentro del ámbito de sus competencias al expedir el auto atacado con fundamento en determinaciones previamente ejecutoriadas. Tales pronunciamientos dan cuenta de un control judicial previo sobre ese auto, que refuerza la solución adoptada por el juez de primera instancia. En consecuencia, la Subsección comparte lo expuesto en la sentencia apelada. La exclusión de tales rubros obedeció a la sujeción a autos en firme que años atrás zanjaron ese aspecto de la ejecución y no a una actuación arbitraria o caprichosa contenida en el auto del 26 de febrero de 2020. El recurrente muestra desacuerdo con lo decretado en decisiones anteriores del proceso ejecutivo laboral (ajenas al objeto de este litigio). Por tanto, el cargo no prospera. FALTA DE CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / APLICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO / CONDICIÓN ESENCIAL DEL TÍTULO EJECUTIVO / VIGENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL / AUTO EN FIRME / EFECTOS DEL AUTO EN FIRME / RECONOCIMIENTO DE ACREENCIA LABORAL / DETERMINACIÓN DE LA CUANTÍA DE LA ACREENCIA LABORAL / CARACTERÍSTICAS DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / VÍNCULO LABORAL / INEXISTENCIA DE SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD EN LA RELACIÓN LABORAL / RECONOCIMIENTO DEL PAGO DEL SALARIO DEJADO DE PERCIBIR / RECONOCIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS / PAGO DE ACREENCIA LABORAL / REINTEGRO DEL TRABAJADOR / IMPROCEDENCIA DE LA INDEXACIÓN / PAGO EN EXCESO / ALCANCE DE LA COSA JUZGADA / APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA / EJECUTORIA DE LA PROVIDENCIA JUDICIAL Problema jurídico: ¿Incurrió el auto del 26 de febrero de 2020 en error judicial al modificar la liquidación del crédito, limitar el período de causación de las acreencias laborales, excluir la indexación y ordenar la recuperación de valores pagados en exceso, pese a que tales determinaciones se sustentaron en el título ejecutivo y en providencias ejecutoriadas que definieron el alcance de la obligación? Respuesta al problema jurídico: No [E]sta Subsección precisa que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ajustó el cálculo realizado por el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Bogotá con base en decisiones en firme que, antes del auto cuestionado, ya habían definido el período de causación de las acreencias. En concreto, los autos del 30 de septiembre de 2013 y 18 de junio de 2015 establecieron que las acreencias laborales se causaron entre “el 15 de septiembre de 2009 y el 25 de mayo de 2011”, fecha en la que se declaró la imposibilidad de reintegrarlo. Ese período constituía un parámetro obligatorio para la liquidación del crédito. (…) La sentencia declaró la continuidad del vínculo y ordenó pagar las acreencias hasta la reincorporación. Cuando la entidad estatal declaró que no podía reincorporar al demandante, la ficción dejó de operar y el período de causación quedó cerrado en esa fecha. Por ello era indispensable corregir la liquidación del crédito aprobada en 2019, que extendió el reconocimiento de las obligaciones laborales y costas hasta ese año, a pesar de las providencias en firme que fijaron 2011 como límite temporal de la liquidación. (…) Tampoco desvirtúa lo atinente a la indexación. Recuérdese que el Tribunal de la reparación destacó que en el auto enjuiciado se negó ese reconocimiento porque la sentencia que servía de título ejecutivo no lo contempló y en la ejecución no podían incorporarse conceptos ajenos a este. (…) En cuanto a la recuperación de los valores pagados en exceso, se puntualizó que esa determinación fue consecuencia directa del reajuste de la liquidación y de la verificación de que el ejecutante recibió un título judicial cuando, en atención al cálculo final, la obligación en ese momento ya estaba satisfecha. Que la liquidación practicada arrojara una suma superior no significa que el señor (…) tuviera derecho a percibirla, según lo pretende reflejar. Su exigibilidad depende de su conformidad con el título ejecutivo y con las decisiones ejecutoriadas adoptadas dentro del proceso, presupuesto que la liquidación de 2019 no observó, de ahí que el Tribunal Superior de Bogotá podía modificarla y ordenar la recuperación de lo pagado en exceso. En síntesis, lejos de desconocer la cosa juzgada, el auto del 26 de febrero de 2020 se amparó en decisiones ejecutoriadas y vinculantes en el proceso ejecutivo. El recurso no identifica un defecto imputable a esa providencia, sino el desacuerdo del actor con decisiones anteriores del proceso ejecutivo, ajenas al objeto de este litigio. No prospera el cargo. FALTA DE CONFIGURACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR ERROR JURISDICCIONAL / PROCESO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO / EJECUTADO / CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA JUDICIAL / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / PAGO EN EXCESO / SUSTITUCIÓN DEL DEUDOR / PAGO DE LA OBLIGACIÓN / LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA / PATRIMONIO AUTÓNOMO / CONTRATO DE FIDUCIA COMERCIAL / SALDOS A FAVOR / RELACIÓN LABORAL / GARANTÍA DEL DERECHO DE DEFENSA / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA / MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL / CONDENA CONTRA EL ESTADO Problema jurídico: ¿El auto del 26 de febrero de 2020 incurrió en error judicial al modificar la entidad obligada al cumplimiento de la sentencia, al hacer referencia a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta, pese a que la Nación – Ministerio de la Protección Social continuó actuando como parte ejecutada y fue destinataria de las órdenes impartidas en el proceso ejecutivo? Respuesta al problema jurídico: No En los términos de la apelación, el auto de 26 de febrero de 2020 cambió la entidad condenada. Hizo referencia a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta, cuando la llamada a cumplir la sentencia era la Nación - Ministerio de la Protección Social. Esa afirmación no tiene respaldo en el expediente. La sentencia del 19 de noviembre de 2010 precisó que el Ministerio asumiría las obligaciones remanentes de la entidad liquidada, como fideicomitente cesionario de los contratos de fiducia que administran el patrimonio autónomo formado con los activos de la E.S.E. De hecho, durante todo el trámite ejecutivo el Ministerio compareció como parte ejecutada, ejerció su derecho de defensa y realizó los pagos que se consideraron al liquidar el crédito. El contenido del auto acusado confirma esa conclusión. Al rehacer la liquidación, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá fijó el saldo a favor de la ejecutada en $160.184.041 y conminó a la cartera ministerial para que adelantara las gestiones administrativas o judiciales dirigidas a obtener la devolución de los dineros pagados en exceso al demandante. En el mismo sentido, requirió al ejecutante para que informara a cuáles entidades del Sistema General de Seguridad Social Integral estaba afiliado, con el fin de que el ejecutado pagara los aportes respectivos. Ninguna orden del auto se dirigió a la E.S.E. Policarpa Salavarrieta ni le impuso una carga. Las referencias a la entidad liquidada identificaron la relación laboral que originó el litigio. El actor confunde esas menciones con una sustitución del ejecutado, que no ocurrió. Sin ella desaparece el presupuesto fáctico sobre el que se alega el error judicial. Este cargo tampoco prospera. IMPROCEDENCIA DE LA CONDENA EN COSTAS / NEGACIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN / CLASES DE INTERVENCIÓN PROCESAL / SEGUNDA INSTANCIA / ACTUACIÓN DE LAS PARTES DEL PROCESO / IMPROCEDENCIA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO Problema jurídico: ¿Debe abstenerse la Sala de condenar en costas a la parte apelante, pese a que su recurso fue resuelto desfavorablemente, si la entidad demandada no intervino en segunda instancia y, por tanto, no se acreditó la causación de agencias en derecho a su favor? Respuesta al problema jurídico: Si El artículo 365.1 del CGP menciona que la condena en costas se impone a “quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación” y el numeral 8 de ese artículo la condiciona a “...cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. No se condenará en costas. La apelación se resolvió desfavorablemente, pero la entidad demandada no intervino en segunda instancia y no se causaron agencias en derecho a su favor. FUENTE FORMAL: Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 1,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 365 NUMERAL 8