Sentencia C.E. 25000-23-36-000-2020-00024-01 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 25000-23-36-000-2020-00024-01 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 189 NUMERAL 24 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137 / LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 82 / LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 85 / DECRETO 4334 DE 2008 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281 / LEY 222 DE 1995 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 72 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 215 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 335 / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 2 / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 3 / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 7 LITERAL E / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 5 / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 7 / LEY 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 2 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 34 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 47 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 29 / DECRETO 1910 DE 2009 - ARTÍCULO 4 / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 15 / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 9 / LEY 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 29 / LEY 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 30 / LEY 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 53 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 228 / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 7 PARÁGRAFO 1 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66 / LEY 270 DE 1996 - ARTÍCULO 67 / DECRETO 1068 DE 2015 - ARTÍCULO 2.18.2.1. / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 6 / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 9 NUMERAL 15 / LEY 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 42 / LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 22 / LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 23 / LEY 222 DE 1995 - ARTÍCULO 24 / LEY 1527 DE 2012 - ARTÍCULO 1 / LEY 1527 DE 2012 - ARTÍCULO 2 / LEY 1314 DE 2009 - ARTÍCULO 1 / DECRETO 410 DE 1971 / LEY 1231 DE 2008 / LEY 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27 INCISO 2 / DECRETO 1910 DE 2009 / DECRETO 1910 DE 2009 - ARTÍCULO 3 / LEY 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 1 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 121 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 24 PARÁGRAFO 5 / DECRETO 4536 DE 2008 - ARTÍCULO 1 / DECRETO LEGISLATIVO 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 10 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 457 / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361 / LEY 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 / CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, ACUERDO PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5 NORMA DEMANDADA : FECHA : 10/08/2026 SECCION : SECCION TERCERA SUBSECCIÓN A PONENTE : JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ ACTOR : VÍCTOR ALFONSO LÓPEZ BÁEZ DEMANDADO : SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DECISION : CONFIRMA TEMA : DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ERROR JURISDICCIONAL / PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FUNCIÓN ADMINISTRATIVA / ACTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Problema jurídico: ¿Puede configurarse el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia cuando el daño alegado se deriva de actos expedidos por la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de sus funciones administrativas de inspección, vigilancia y control? Respuesta al problema jurídico: No El artículo 69 de la Ley 270 de 1996 dispone que, fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 ?relativos al error jurisdiccional y a la privación injusta de la libertad?, quien haya sufrido un daño antijurídico a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la reparación correspondiente. Este título de imputación comprende actuaciones u omisiones ocurridas con ocasión de la actividad de administrar justicia, siempre que sean distintas de las providencias judiciales y su análisis no suponga examinar la corrección de estas. (…) [E]l numeral 24 del artículo 189 de la Constitución Política prevé que al Presidente de la República —como suprema autoridad administrativa— le corresponde ejercer la inspección, vigilancia y control sobre las sociedades mercantiles. El artículo 82 de la Ley 222 de 1995 estableció que el Presidente ejercería por conducto de la Superintendencia esa potestad. El control consiste en la atribución de la Superintendencia de Sociedades para ordenar los correctivos necesarios para subsanar una situación crítica de orden jurídico, contable, económico o administrativo de cualquier sociedad comercial no vigilada por otra superintendencia, cuando así se determine mediante acto administrativo de carácter particular (Ley 222 de 1995, art. 85). A partir de su consagración constitucional y de su desarrollo legal se deduce que la función de inspección, vigilancia y control es administrativa. Por lo tanto, los actos mediante los cuales se ejerce esa función tienen esa misma naturaleza: son actos administrativos, no providencias judiciales. (…) En conclusión, la decisión de someter a control a la compañía y confirmar esa medida se adoptó en el marco de un procedimiento administrativo, no de una actuación jurisdiccional. Las resoluciones del 20 de septiembre y del 15 de noviembre de 2016 son actos administrativos, no providencias judiciales. Por ello el desconocimiento del derecho de audiencia y defensa del demandante podría configurar un vicio invalidante de esos actos administrativos (CPACA, art. 137), pero no un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 189 NUMERAL 24,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 137,Ley 222 DE 1995 - ARTÍCULO 82,Ley 222 DE 1995 - ARTÍCULO 85 PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / PRINCIPIO DE CONGRUENCIA / CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / DERECHO DE DEFENSA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / TOMA DE POSESIÓN DEL BIEN / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / ACTO ADMINISTRATIVO Problema jurídico: ¿El principio iura novit curia autoriza al juez de la reparación directa a examinar una pretensión no formulada o a variar la causa petendi definida por el demandante? Respuesta al problema jurídico: No “[E]l principio iura novit curia no autoriza al juez a pronunciarse sobre pretensiones no formuladas, porque ello desconocería el mandato legal de que la sentencia sea consonante con lo pedido en la demanda (CGP, art. 281). El demandante no pidió que se declarara la nulidad de las resoluciones del 20 de septiembre y del 15 de noviembre de 2016. En consecuencia, la Sala no se pronunciará sobre los presupuestos procesales de la pretensión —no formulada— de nulidad de esos actos administrativos; tampoco lo hará sobre su mérito. Los argumentos sobre el supuesto desconocimiento del derecho de audiencia y defensa en la formación del acto administrativo que sometió a control a [la compañía] serán desestimados, porque no permiten soportar la pretensión de declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. (…) En la demanda, el daño no se imputó a una operación administrativa como sería la ejecución ilegal de la resolución de 2016 que sometió a control a FUENTE FORMAL: Decreto 4334 DE 2008,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 281,Ley 222 DE 1995 NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO / FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / OPERACIÓN ADMINISTRATIVA / MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿La ejecución de un acto administrativo que no ha sido previamente notificado puede configurar una operación administrativa ilegal cuyo daño sea reclamable mediante el medio de control de reparación directa? Respuesta al problema jurídico: Si [L]a notificación de los actos administrativos es un presupuesto de eficacia: la decisión no produce efectos frente al destinatario si no ha sido notificada con el lleno de los requisitos legales (CPACA, art. 72). La ejecución de un acto sin previa notificación puede configurar una operación administrativa ilegal y el daño que produzca es reclamable mediante el medio de control de reparación directa. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 140,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 72 CAPTACIÓN MASIVA DE DINERO / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO / REINTEGRO POR LA CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO / FUNCIÓN JURISDICCIONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / PROVIDENCIA JUDICIAL Problema jurídico: ¿La decisión mediante la cual la Superintendencia de Sociedades ordena la suspensión inmediata de actividades de captación no autorizada, como medida de intervención, tiene naturaleza jurisdiccional? Respuesta al problema jurídico: Si [E]l artículo 2º del decreto definió la intervención como el “conjunto de medidas administrativas” orientadas a una doble finalidad: por una parte, suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de las personas involucradas en captaciones o recaudos no autorizados; por otra, organizar un procedimiento cautelar dirigido a obtener la pronta devolución de los recursos captados o recaudados en desarrollo de esas actividades. (…) El artículo 7º enunció las medidas de intervención que la Superintendencia podía adoptar. (…) En síntesis, la actuación por medio de la cual la Superintendencia ordenó la medida de intervención consistente en ‘la suspensión inmediata de las actividades en cuestión, bajo apremio de multas sucesivas’ tiene naturaleza jurisdiccional. Por esa razón, la irregularidad alegada por el demandante —esto es, que la entidad no le dio audiencia antes de adoptar esa decisión— debe analizarse desde la perspectiva del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 215,Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 335,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 2,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 3,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 7 LITERAL e DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FUNCIÓN JURISDICCIONAL / CAPTACIÓN MASIVA DE DINERO / OPERACIÓN DE CAPTACIÓN MASIVA DE DINERO / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO / SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA / DERECHO DE DEFENSA / DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA / ORDEN PÚBLICO / PERSONA JURÍDICA / ACCIONISTA / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO / PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Problema jurídico: ¿Se configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por no haber otorgado audiencia previa a los accionistas antes de que la Superintendencia ordenara a una sociedad la suspensión inmediata de actividades de captación no autorizada? Respuesta al problema jurídico: No La Sala considera que no se configuró un funcionamiento anormal del servicio de administración de justicia en esa actuación, por las siguientes razones: (…) El Decreto Legislativo 4334 de 2008 no estableció que antes de ordenar a la sociedad la suspensión inmediata de actividades de captación no autorizada debiera agotarse una etapa previa para que los accionistas se pronunciaran sobre la viabilidad de la medida. El diseño legislativo del proceso resulta explicable: si la emergencia económica exigía una intervención inmediata para conjurar la crisis generada por personas que captaban recursos del público sin autorización y comprometían la protección del ahorro ciudadano y el orden público económico, la Superintendencia debía estar facultada para ordenar la suspensión inmediata de esas actividades, sin perjuicio de adoptar, ex post, medidas de desintervención por solicitud del interesado. (…) La decisión de ordenar la suspensión no modificaba la situación jurídica subjetiva del demandante, pues el destinatario de la medida era exclusivamente la sociedad, persona jurídica distinta de sus accionistas (Ley 1258 de 2008, art. 2). (…) Las reglas generales del CPACA no eran aplicables, por tratarse de una actuación jurisdiccional y porque los procedimientos administrativos general y sancionatorio previstos en ese código no rigen actuaciones reguladas por leyes especiales (CPACA, arts. 34 y 47). FUENTE FORMAL: Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 2,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 5,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 7,Ley 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 2,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 34,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 47 DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CAPTACIÓN MASIVA DE DINERO / INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O TÉCNICA / TOMA DE POSESIÓN DEL BIEN / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO / PRESUNCIÓN LEGAL / DERECHO DE DEFENSA / DERECHO DE CONTRADICCIÓN PROCESAL / AUDIENCIA PREVIA / INDEFENSIÓN / ACTIVIDAD DE CAPTACIÓN DE RECURSOS / INVENTARIO Problema jurídico: ¿La falta de citación y audiencia previa del accionista antes de que la Superintendencia ordenara la toma de posesión de sus bienes configura un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, pese a que el régimen especial de intervención no contemplaba dicha etapa previa y garantizaba escenarios posteriores de contradicción y defensa? Respuesta al problema jurídico: No La Sala considera que no hubo un funcionamiento anormal del servicio de administración de justicia por el hecho de que la Superintendencia no hubiera citado al [demandante] antes de la expedición de esta providencia. El Decreto Legislativo 4334 de 2008 y el Decreto Reglamentario 1910 de 2009 no previeron una etapa procesal para ese efecto, lo cual obedece a la naturaleza jurídica y finalidad enunciada en el artículo 2º del decreto legislativo: (…) [E]l régimen especial de intervención no contempló una actuación previa a la adopción de la toma de posesión de los bienes del demandante. También permiten descartar que la falta de citación previa del demandante, accionista de [la compañía], configurara un funcionamiento anormal del servicio de administración de justicia. (…) La toma de posesión hacía parte de “un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades” (Decreto 4334 de 2008, art. 2º). En ese contexto, los accionistas de la sociedad vinculada FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 29,Decreto 1910 DE 2009 - ARTÍCULO 4,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 15,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 2,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 5,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 9,Ley 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 29,Ley 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 30,Ley 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 53 ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR ERROR JUDICIAL / ERROR DE DERECHO / INTERPRETACIÓN JUDICIAL / INTERPRETACIÓN RAZONABLE / ERROR INEXCUSABLE / ERROR DE HECHO MANIFIESTO / AUTONOMÍA DEL JUEZ / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Se configura un error judicial de derecho cuando la interpretación adoptada en la providencia corresponde a un significado que razonablemente puede atribuirse al enunciado normativo aplicable? Respuesta al problema jurídico: No “[E]l error de derecho se predica de la premisa normativa del razonamiento judicial. Puede configurarse cuando la autoridad judicial omite aplicar una disposición pertinente, aplica una disposición que no gobernaba el caso, adscribe al enunciado normativo aplicable un significado irrazonable —interpretación en abstracto— o subsume de manera injustificada el caso concreto en el campo de aplicación de una norma previamente identificada —interpretación en concreto—. Por ello, quien afirma haber sido víctima del error debe precisar, por lo menos, las normas que considera transgredidas y ofrecer “una explicación sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas”. El juicio para establecer si hubo un error de derecho en sede de responsabilidad patrimonial del Estado no puede ser el mismo que realiza un juez de instancia al evaluar la corrección de una providencia para confirmarla, modificarla o revocarla. Si ambos fueran idénticos, el juez de la reparación directa emitiría materialmente un nuevo pronunciamiento sobre asuntos ya decididos, con lo que se desconocería el carácter definitivo de las decisiones judiciales y la autonomía funcional del juez. Por ejemplo, en materia de interpretación puede ocurrir que, según las reglas semánticas, las técnicas interpretativas y las tesis dogmáticas vigentes, un mismo enunciado exprese más de un significado. En esos eventos, el juicio adelantado en sede de reparación directa no puede conducir a declarar la existencia de un error judicial si la decisión interpretativa del juez corresponde a un sentido que razonablemente puede adscribirse al texto. De ahí que la Subsección haya sostenido que “el error debe ser inexcusable y manifiesto, es decir, derivado de una actuación carente de fundamento objetivo”. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 228,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 7 PARÁGRAFO 1,Ley 270 DE 1996 - ARTÍCULO 65,Ley 270 DE 1996 - ARTÍCULO 66,Ley 270 DE 1996 - ARTÍCULO 67 CAPTACIÓN MASIVA DE DINERO / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO / RECURSOS PÚBLICOS / PAGARÉ / LIBRANZA / TOMA DE POSESIÓN / INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O TÉCNICA / ERROR DE DERECHO Problema jurídico: ¿La Superintendencia de Sociedades incurrió en un error judicial de derecho por omitir la aplicación del artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 al ordenar la toma de posesión por captación no autorizada de recursos del público? Respuesta al problema jurídico: No “[E]l artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 dispone que una persona capta dineros del público en forma masiva y habitual, entre otros eventos, cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de veinte personas o por más de cincuenta obligaciones. Para esos efectos, el pasivo corresponde al monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquier otro título, siempre que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. En el auto de toma de posesión, la Superintendencia motivó la aplicación de esta medida de intervención. Conforme al artículo 6º del Decreto 4334, su adopción estaba sujeta a la verificación de “hechos objetivos o notorios que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones de captación o recaudo en operaciones no autorizadas tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable”. La Superintendencia reprodujo parcialmente las mismas consideraciones de la resolución del 29 de agosto de 2017 para motivar su decisión. En este apartado, hizo referencia expresa al artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y señaló que el pasivo de [la compañía] estaba compuesto por más de cincuenta obligaciones relacionadas con pagarés-libranza cuya cartera subyacente, según la entidad, no existía en las condiciones ofrecidas o no estaba inscrita ante las entidades pagadoras. En consecuencia, la Sala considera infundado el reparo: la Superintendencia no omitió aplicar el artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015, sino que lo tuvo como referente normativo para verificar los supuestos objetivos de captación no autorizada. FUENTE FORMAL: Decreto 1068 DE 2015 - ARTÍCULO 2.18.2.1.,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 6 BUENA FE / RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA / ACCIONISTA / RESPONSABILIDAD DEL ACCIONISTA / SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA / PERSONALIDAD JURÍDICA / CAPTACIÓN MASIVA DE DINERO / PRESUNCIÓN LEGAL / EXCLUSIÓN DE BIENES DEL INVENTARIO / OBJECIÓN DEL INVENTARIO / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / RESPONSABILIDAD OBJETIVA Problema jurídico: ¿La toma de posesión de los bienes de un accionista como medida cautelar de intervención exige establecer previamente su responsabilidad subjetiva en las operaciones de captación no autorizada? Respuesta al problema jurídico: No La Ley 222 de 1995 consagra deberes especiales a cargo de los administradores sociales —el representante legal, los miembros de juntas directivas, etc.— (art. 22). Estas personas deben obrar de buena fe, con lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios; actuar en interés de la sociedad; tener en cuenta los intereses de los accionistas; y velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias (art. 23). Además, responden solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que causen por dolo o culpa (art. 24). Esos deberes no recaen sobre los accionistas, quienes, en la sociedad por acciones simplificada, solo responden hasta el monto de sus aportes y no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, salvo en hipótesis de desestimación de la personalidad jurídica por fraude a la ley o en perjuicio de terceros (Ley 1258 de 2008, arts. 2 y 42). En el auto de noviembre de 2017, que ordenó la toma de posesión de los bienes del demandante, la Superintendencia no aplicó esas disposiciones legales. Sin embargo, ello no revela un error de derecho. El régimen de responsabilidad limitada de los accionistas regula sus relaciones con los acreedores sociales por las obligaciones de la compañía, no su sujeción a una medida cautelar de intervención estatal. El artículo 5º del Decreto 4334 de 2008 opera en este último plano: establece que frente a eventos de captación masiva no autorizada también son sujetos pasivos de la toma de posesión los accionistas de la compañía vinculada con esas operaciones. (…) La toma de posesión hacía parte de “un procedimiento cautelar que permita la pronta devolución de recursos obtenidos en desarrollo de tales actividades” (Decreto 4334, art. 2º). Los accionistas de la sociedad vinculada con operaciones de captación eran sujetos pasivos de la intervención (art. 5º), orientada a conformar una masa afecta a la devolución de los recursos, conforme a la presunción legal de que los recursos aprehendidos pertenecían al intervenido y provenían de la captación no autorizada (art. 9.15). Esa presunción podía desvirtuarse mediante la formulación sustentada de solicitudes de exclusión en el trámite de objeciones al inventario valorado (Ley 1116 de 2006, arts. 29, 30 y 53), escenario en el cual podían valorarse los argumentos del accionista sobre la improcedencia de conservar su vinculación al trámite o la afectación de sus bienes, por no haber actuado culposamente ni participado en los hechos de captación, de modo que la medida no equivalía a un régimen de responsabilidad objetiva del accionista. Por ello, la ausencia de consideraciones sobre su conducta específica no revela un error judicial en el auto de toma de posesión. FUENTE FORMAL: Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 2,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 5,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 9 NUMERAL 15,Ley 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 29,Ley 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 30,Ley 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 2,Ley 1258 DE 2008 - ARTÍCULO 42,Ley 222 DE 1995 - ARTÍCULO 22,Ley 222 DE 1995 - ARTÍCULO 23,Ley 222 DE 1995 - ARTÍCULO 24 LIBRANZA / DESCUENTO COMERCIAL / OPERADOR DE LIBRANZA / COMPRAVENTA DE CARTERA / OPERACIÓN DE LIBRANZA / OBLIGACIÓN CONTRACTUAL / TOMA DE POSESIÓN / ERROR DE DERECHO Problema jurídico: ¿La Superintendencia de Sociedades incurrió en error judicial de derecho al imponer a la compañía o a su accionista una obligación de registrar las libranzas ante las entidades pagadoras derivada de la Ley 1527 de 2012? Respuesta al problema jurídico: No La Ley 1527 de 2012 reguló la libranza o descuento directo como un mecanismo para adquirir productos y servicios financieros pagaderos con cargo al salario, honorarios o pensión del deudor, siempre que este autorizara expresamente el descuento a favor de la entidad operadora (art. 1). Para ello, distinguió tres sujetos implicados en la operación económica: (i) el beneficiario, esto es, la persona empleada, contratista o pensionada titular del producto o servicio que se obliga a pagar mediante libranza o descuento directo; (ii) la entidad operadora, que realiza operaciones de libranza con autorización legal para manejar ahorro del público o aportes de sus asociados, o con recursos propios o mecanismos de financiación autorizados; y (iii) la entidad pagadora, encargada de pagar el salario, honorarios o pensión y de efectuar los descuentos autorizados para girarlos a la entidad operadora (art. 2). En la motivación del auto que ordenó la toma de posesión de los bienes del demandante no se hizo referencia a la Ley 1527 de 2012. Tampoco se indicó que el [demandante] o [la compañía] estuvieran comprendidos en el ámbito subjetivo de aplicación de esa ley ni que ostentaran la condición de operadores de libranza. La referencia a esa ley solo se incluyó como parte de los fundamentos invocados por la entidad para adelantar las visitas administrativas que, en 2016, condujeron a someter a la compañía al control de la entidad estatal. Por tanto, la providencia cuestionada no aplicó la Ley 1527 de 2012 como fuente de una obligación legal de registro exigible a [la compañía] o al [demandante]. (…) En este orden de ideas, la Superintendencia no basó sus consideraciones en que [la compañía] fuera sujeto pasivo de una obligación de registrar las libranzas ante las entidades pagadoras derivada de la Ley 1527. La entidad se basó en los negocios jurídicos celebrados por la compañía para sostener una conclusión distinta: que comercializó cartera ofrecida bajo el supuesto de que había sido incorporada activamente en las pagadurías de los beneficiarios de las libranzas, aunque ello no correspondía a la realidad y la compañía no ejerció la potestad contractual de verificar esa situación. FUENTE FORMAL: Ley 1527 DE 2012 - ARTÍCULO 1,Ley 1527 DE 2012 - ARTÍCULO 2 ERROR JUDICIAL / ERROR DE HECHO / INFERENCIA / ERROR JURISDICCIONAL / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ERROR INEXCUSABLE / ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / ARBITRARIEDAD DEL JUEZ / CONDUCENCIA DE LA PRUEBA Problema jurídico: ¿Para que se configure un error judicial de hecho susceptible de comprometer la responsabilidad patrimonial del Estado es necesario demostrar que la providencia se sustentó en una premisa fáctica construida mediante una inferencia probatoria manifiesta o inexcusablemente errónea, carente de justificación objetiva y con incidencia decisiva en el sentido de la decisión? Respuesta al problema jurídico: Si “[E]l error de hecho recae sobre los enunciados probatorios del tipo “está probado que p”, que significan que existen elementos de juicio suficientes a favor de una hipótesis fáctica para aceptarla como premisa de la decisión. Esta clase de error puede traducirse —de manera refleja— en la vulneración de una norma sustancial. Frente a alegaciones sobre errores de hecho, el juez de instancia y el juez de la reparación directa examinan el mismo razonamiento probatorio: el contenido en la providencia de la que se reputa el error. También aplican similares criterios para evaluar el razonamiento: unos epistemológicos —principios de la lógica, máximas de experiencia, etc.— y otros jurídicos que condicionan la valoración y decisión probatoria —normas sobre conducencia, presunciones, etc.—. La diferencia entre los dos juicios no radica en el objeto examinado, sino en el alcance y la intensidad del escrutinio. El juez de instancia no tiene limitaciones, distintas a las derivadas de los reparos del recurrente y de las reglas procesales aplicables, para examinar la corrección del razonamiento probatorio con los criterios enunciados. También puede sustituir la inferencia probatoria por la que estime más ajustada a ellos y variar el sentido de la decisión. El juez de la reparación directa no sustituye la inferencia probatoria ni el sentido de la decisión. Examina si fue arbitraria, esto es, si la conclusión carece de una justificación objetiva conforme a los criterios epistemológicos y jurídicos que gobiernan el razonamiento probatorio. (…) [P]ara desvirtuar la presunción de legalidad, legitimidad y acierto que ampara las providencias judiciales ejecutoriadas, no basta expresar el desacuerdo con la decisión cuestionada. Quien atribuye un daño antijurídico a un error judicial debe probar que la providencia se fundó en una premisa fáctica construida a partir de un error manifiesto o inexcusable y que ese defecto tuvo incidencia decisiva (trascendencia) en el sentido de la decisión. Esto exige señalar cuáles fueron las pruebas sobre las que recayó el yerro y explicar por qué con ello se transgredió la ley. (…) En sede de responsabilidad patrimonial, el juicio para determinar si se configura un error judicial no es el mismo que adelanta el juez de instancia al evaluar la corrección de una decisión para confirmarla, modificarla o revocarla. Sin embargo, ello no implica que, para descartarlo, baste constatar que la providencia enuncia las proposiciones fácticas en que se soportó. De cara a los argumentos del demandante, es necesario examinar si la inferencia probatoria que sostiene la premisa fáctica no fue arbitraria, esto es, si no carece de justificación objetiva conforme a los criterios epistemológicos y jurídicos que gobiernan el razonamiento probatorio. ERROR DE HECHO / CAPTACIÓN MASIVA DE DINERO / BALANCE GENERAL CERTIFICADO / ESTADOS FINANCIEROS / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / INFERENCIA / CARGA ARGUMENTATIVA DE LA DEMANDA / TOMA DE POSESIÓN / PAGARÉ / LIBRANZA / NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS / INFORMACIÓN FINANCIERA / OBLIGACIONES / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Problema jurídico: ¿Se configura un error judicial de hecho cuando la Superintendencia sustenta la existencia de más de cincuenta obligaciones relacionadas con pagarés-libranza en el balance general y las notas de la sociedad, y el demandante no demuestra que la inferencia probatoria derivada de esos documentos sea arbitraria? Respuesta al problema jurídico: No “[E]l artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 dispone que una persona capta dineros del público en forma masiva, entre otros eventos, cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de veinte personas o por más de cincuenta obligaciones. En el auto de toma de posesión, la Superintendencia señaló que el pasivo de la sociedad estaba compuesto por más de cincuenta obligaciones relacionadas con pagarés-libranza. (…) Ese enunciado probatorio se soportó en el balance general de la compañía y sus notas. Este estado financiero básico debe brindar información comprensible, transparente, comparable, pertinente y confiable para la toma de decisiones económicas por el Estado (Ley 1314 de 2009, art. 1). El demandante no argumentó por qué la inferencia probatoria que se soportó en ese documento era arbitraria. Por tanto, frente a este punto, la acusación no tiene la suficiencia argumentativa para revelar un error judicial. FUENTE FORMAL: Decreto 1068 DE 2015 - ARTÍCULO 2.18.2.1.,Ley 1314 DE 2009 - ARTÍCULO 1 PAGARÉ / LIBRANZA / COMPRAVENTA DE CARTERA / TÍTULO VALOR / CAPTACIÓN MASIVA DE DINERO / ERROR DE HECHO / DERECHO CREDITICIO / INFERENCIA / ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INVERSIONISTA / TRABAJADOR / PENSIONADO / PAGO EN EFECTIVO Problema jurídico: ¿Resulta razonable concluir que los inversionistas entregaron recursos sin recibir como contraprestación un activo real cuando las libranzas que respaldaban la cartera comercializada no estaban registradas ante las entidades pagadoras o correspondían a valores inferiores a los ofrecidos, aun cuando los títulos valores existieran formalmente y pudieran circular mediante endoso? Respuesta al problema jurídico: Si “[L]a entidad consideró que la materialidad económica de la contraprestación dependía de que los pagarés-libranza se originaran en créditos amortizables por los beneficiarios bajo el esquema de descuento directo. Para ello, los créditos debían estar respaldados por autorizaciones de descuento ante la entidad pagadora, pues ese flujo de efectivo era el activo que los inversionistas adquirían en el mercado secundario. Sin embargo, la Superintendencia encontró que la cartera no existía en las condiciones en que fue comercializada, porque no estaba activa ante la pagaduría o tenía un valor inferior al comercializado. (…) [L]a Superintendencia no soportó la premisa fáctica de su decisión en que los pagarés-libranza fueran falsos ni en que las obligaciones incorporadas en esos títulos carecieran de eficacia cambiaria. La premisa tenía un contenido diferente: aunque los títulos valores originados en un negocio causal de financiamiento existieran formalmente y pudieran circular mediante endoso, la cartera comercializada no tenía como subyacente un activo financiero con capacidad de generar los flujos ofrecidos a los inversionistas. Según la entidad, ello ocurrió porque las pagadurías reportaron que las libranzas no estaban inscritas o correspondían a valores inferiores a los comercializados, de modo que no existía un flujo trasladable en los términos ofrecidos, hecho que no fue desvirtuado por el demandante. En segundo lugar, desde el punto de vista económico, los contratos de compraventa de cartera originada en operaciones de libranza conferían a los inversionistas la expectativa de adquirir un activo financiero que generara flujos de efectivo que no dependían de la conducta del trabajador o pensionado beneficiario del financiamiento, sino del traslado de sumas que debía efectuar la entidad pagadora sobre su salario o pensión. Esa característica diferenciaba la cartera comercializada de una obligación dineraria ordinaria a cargo del trabajador o pensionado y explicaba su atractivo como mecanismo de inversión. Por ello, si las libranzas no estaban inscritas o correspondían a valores inferiores a los comercializados, no resultaba arbitrario concluir en los términos del artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 que los inversionistas entregaron recursos sin recibir como contraprestación un activo real: la cartera que se les ofreció como fuente de los flujos derivados de una operación de financiamiento que debía amortizarse mediante el descuento practicado por las pagadurías. Por las mismas razones, no se produjo una vulneración de las disposiciones del Código de Comercio en materia de títulos valores ni de la Ley 1231 de 2008 sobre compra de cartera con descuento. La Superintendencia no hizo un pronunciamiento sobre la validez o falsedad de los títulos valores vinculados al otorgamiento de préstamos a trabajadores y pensionados. En lugar de ello, para examinar la materialidad del activo subyacente a los contratos de compraventa de cartera celebrados con los inversionistas, verificó con las entidades pagadoras el estado de las libranzas y concluyó que [la compañía] comercializó cartera que no correspondía a flujos efectivamente descontables por los agentes pagadores o que solo lo era por valores inferiores a los vendidos. Esa inferencia no desconoció las normas sobre existencia, validez y eficacia de los títulos valores. Únicamente permitió concluir que, para los efectos del artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015, la cartera comercializada no correspondía a derechos crediticios existentes en las condiciones ofrecidas. FUENTE FORMAL: Decreto 1068 DE 2015 - ARTÍCULO 2.18.2.1.,Decreto 410 DE 1971,Ley 1231 DE 2008 ABUSO DEL DERECHO / FRAUDE A LA LEY / ACTIVIDAD FINANCIERA / ACTIVIDAD FINANCIERA NO AUTORIZADA / CAPTACIÓN ILEGAL DE DINERO / INTERVENCIÓN DEL ESTADO / COMPRAVENTA DE CARTERA / INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DE LA LEY / ERROR JUDICIAL Problema jurídico: ¿Para aplicar el régimen especial de intervención previsto en el Decreto 4334 de 2008 es necesario acreditar y motivar separadamente el abuso del derecho y el fraude a la ley como presupuestos autónomos, además de demostrar el ejercicio no autorizado de la actividad financiera? Respuesta al problema jurídico: No “[E]l artículo 2º del Decreto 4334 de 2008 establece que tiene por objeto organizar un procedimiento cautelar para la devolución de los recursos obtenidos a través de captaciones o recaudos no autorizados que ‘generan abuso del derecho y fraude a la ley al ejercer la actividad financiera irregular’. La sintaxis de la oración denota una relación causal: el abuso del derecho y el fraude a la ley son resultado del ejercicio no autorizado de la actividad financiera mediante esquemas negociales que encubren esa actividad; no son presupuestos autónomos cuya comprobación debiera motivarse separadamente. (…) Esta interpretación gramatical se ratifica con los considerandos del decreto, reveladores de su intención o espíritu (Código Civil, art. 27, inciso segundo). En ellos se indicó que la adopción del régimen de intervención se justificaba porque “se han presentado conductas y actividades sobrevinientes por parte de personas naturales y jurídicas que atentan contra el interés público protegido por el artículo 335 de la C. P., en tanto que por la modalidad de captadores o recaudadores en operaciones no autorizadas (…) generan abuso del derecho y fraude a la ley al ocultar en fachadas jurídicas legales, el ejercicio no autorizado de la actividad financiera, causando graves perjuicios al orden social’. Ese fue el sentido de la motivación del auto: la Superintendencia no reprochó una simple irregularidad contractual, sino el uso de negocios de compraventa de cartera para encubrir una actividad financiera no autorizada. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 335,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 2,Ley 84 DE 1873 - ARTÍCULO 27 INCISO 2 ERROR JUDICIAL / INFERENCIA / ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O TÉCNICA / COMPRAVENTA DE CARTERA / MATEMÁTICA FINANCIERA / LIBRANZA / INVERSIONISTA / SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Problema jurídico: ¿Constituye error judicial que la Superintendencia haya determinado la ausencia de una explicación financiera razonable de las operaciones de la compañía sin aplicar cálculos de matemáticas financieras ni una metodología contable específica? Respuesta al problema jurídico: No (…) El artículo 6º del Decreto 4334 de 2008 establece que las medidas de intervención se adoptan cuando existan hechos objetivos que indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas, directamente o a través de intermediarios, mediante operaciones no autorizadas, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios u otras operaciones semejantes, ‘a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera razonable’. La entidad no verificó este supuesto —ausencia de explicación financiera razonable— mediante operaciones de matemáticas financieras ni lo justificó con argumentos contables. Sin embargo, ello no revela un error judicial. El Decreto 4334 de 2008 no establecía una metodología específica para determinar la razonabilidad financiera de las operaciones no autorizadas. En este caso, la Superintendencia consideró cumplido ese supuesto respecto de ‘toda la operación’ de la compañía, porque [la compañía] recibió recursos de inversionistas por la venta de cartera que no tenía como activo subyacente créditos existentes y amortizables en las condiciones ofrecidas (libranza o descuento directo). (…) Esa motivación de la premisa fáctica no fue arbitraria ni contraevidente. La Superintendencia no se limitó a afirmar de manera abstracta que las operaciones carecían de razonabilidad financiera, sino que explicó que “en la medida en que no se recibieron los flujos correspondientes a los títulos, los pagos realizados por los compradores o terceros inversionistas de esa cartera a la Sociedad no guardaron correspondencia con el efectivo recaudo de las sumas adeudadas por los deudores”. Si la cartera vendida debía amortizarse con los descuentos efectuados por las pagadurías, la inexistencia de esos descuentos —o su realización por valores inferiores a los ofrecidos— impedía que los pagos hechos a los inversionistas se justificaran con los flujos propios del activo comercializado. Por ello, la conclusión de la Superintendencia no era irrazonable. FUENTE FORMAL: Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 6 MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA / DILACIÓN INJUSTIFICADA DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA / PLAZO RAZONABLE / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / CONDUCTAS PROCESALES / AUTORIDAD JUDICIAL / MEDIDA CAUTELAR / PRINCIPIO DE CELERIDAD Problema jurídico: ¿El retardo en la adopción de una decisión o el incumplimiento de un término legal configura, por sí solo, un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial? Respuesta al problema jurídico: No “[E]l retardo en la adopción de una decisión o el incumplimiento de términos legales no configura por sí solo defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por mora judicial. Para establecer si hubo una dilación injustificada debe determinarse, ex post, si la duración del trámite superó un plazo razonable. Ese juicio exige considerar, entre otros criterios, la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente, las especificidades del trámite y los factores externos con incidencia directa en su duración. Cuando está vigente una medida cautelar, debido a la restricción de derechos que ella comporta, se impone la celeridad en la actuación como pauta de conducta. (…) El Decreto 4334 de 2008 no estableció un término legal para resolver las solicitudes de exclusión de bienes o personas formuladas después de la toma de posesión. El Decreto Reglamentario 1910 de 2009 tampoco fijó un plazo específico. Al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 7º del Decreto 4334 de 2008, que enunció las medidas de intervención, la Corte Constitucional sostuvo que la Superintendencia debía garantizar ‘la razonabilidad de los plazos para el desarrollo del proceso’. Sin embargo, no condicionó la constitucionalidad del enunciado en el sentido de fijar un término determinado ni señaló un criterio concreto para examinar la razonabilidad de los plazos. FUENTE FORMAL: Decreto 1910 DE 2009,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 7 SENTENCIA PROFERIDA POR FUERA DEL TÉRMINO LEGAL / DURACIÓN DEL PROCESO / INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O TÉCNICA / TOMA DE POSESIÓN / PROCESO CONCURSAL / PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD / PLAZO RAZONABLE / MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA Problema jurídico: ¿El término máximo de un año establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso para dictar sentencia resulta aplicable a la resolución de una solicitud de exclusión formulada dentro del procedimiento de toma de posesión por captación masiva? Respuesta al problema jurídico: No “[E]l artículo 121 del CGP establece que, salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no podrá transcurrir un lapso superior a un año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado desde la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo. Esa disposición no es aplicable a la resolución de la solicitud de exclusión presentada por el [demandante]. En primer lugar, regula el plazo para dictar sentencia, no para decidir solicitudes de exclusión formuladas dentro de un proceso de intervención por captación masiva. En segundo lugar, el parágrafo 5º del artículo 24 del mismo código precisa: “las decisiones adoptadas en los procesos concursales y de reorganización, de liquidación y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, serán de única instancia, y seguirán los términos de duración previstos en el respectivo procedimiento”. El proceso de toma de posesión para devolución no constituye un proceso de liquidación judicial del deudor, porque su objeto no es liquidar de forma pronta y ordenada los activos de una empresa inviable para atender su pasivo (Ley 1116 de 2006, art. 1). Sin embargo, sí exige conformar, inventariar y administrar un patrimonio intervenido, afecto a la devolución de los recursos captados sin autorización. De ahí que el Decreto 4334 de 2008 remita a las reglas de la Ley 1116 de 2006 (art. 9) y que el Decreto 1910 de 2009 señale que el principio de universalidad —característico de los procesos concursales— es aplicable al proceso de toma de posesión (art. 3). En consecuencia, la razonabilidad del tiempo transcurrido entre la presentación de la solicitud y su resolución debe analizarse atendiendo las especificidades de ese proceso y las actuaciones necesarias para cumplir su finalidad restitutoria. FUENTE FORMAL: Decreto 1910 DE 2009 - ARTÍCULO 3,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 9,Ley 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 1,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 121,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 24 PARÁGRAFO 5 MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA / DILACIÓN INJUSTIFICADA DE LA DECISIÓN ADMINISTRATIVA / PLAZO RAZONABLE / INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA Y/O TÉCNICA / INVENTARIO / OBJECIÓN DEL INVENTARIO / INACTIVIDAD PROCESAL / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / NULIDAD PROCESAL Problema jurídico: ¿El transcurso de aproximadamente tres años entre la presentación y la resolución de una solicitud de exclusión configura una dilación injustificada atribuible a la Superintendencia, cuando dicho término se explica por la estructura y complejidad del proceso de intervención y no se acredita un período concreto de inactividad procesal imputable a la entidad? Respuesta al problema jurídico: No (…) [E]ntre la solicitud de exclusión presentada por el demandante y la audiencia en que fue resuelta transcurrieron cerca de tres años. Sin embargo, ese tiempo, aunque considerable, no acredita una dilación injustificada si se examina a partir de la estructura del proceso y de las actuaciones surtidas antes de resolver la exclusión. En este caso, antes de que el [demandante] presentara su solicitud, la Superintendencia había resuelto en una providencia —no cuestionada en este proceso— que las exclusiones se decidirían como objeciones al inventario valorado o, si no había inventario, en audiencia previa convocatoria. Por tanto, la resolución de su petición quedó sujeta al trámite previo destinado a identificar, valorar y depurar los activos de los sujetos de la medida para conformar la masa de bienes afecta a la devolución de los recursos a los inversionistas afectados. El tiempo transcurrido entre la fecha de su solicitud y su resolución se explica por la estructura del proceso definida por la Superintendencia con base en las normas del Decreto 4334, las reglas del régimen concursal y la actividad que debía surtirse en cada etapa. La fase de inventario, que concentró buena parte del tiempo transcurrido, implicaba valorar activos de todos los sujetos intervenidos (contratar los trabajos de valuación, realizar los avalúos, etc.), someterlos a contradicción y resolver las objeciones antes de determinar qué bienes quedaban definitivamente afectos a la devolución. En ese marco se presentaron ocho memoriales de inventario, se formularon veintidós objeciones, se tramitaron dieciocho solicitudes de exclusión, se discutió la valoración de cartera de la compañía intervenida, se actualizó el inventario, se formularon nuevas objeciones y se resolvieron recursos y solicitudes de nulidad procesal. El demandante no identificó un periodo concreto de inactividad procesal imputable a la Superintendencia. Tampoco señaló una actuación específica del agente interventor relacionada con la conformación del inventario que hubiera tardado irrazonablemente ni adujo que la entidad, como juez del proceso de intervención, hubiera omitido sus deberes de dirección o impulso frente a esas gestiones. Además, no controvirtió que su solicitud de exclusión debía resolverse dentro del cauce procesal definido antes de su presentación, esto es, luego del trámite de conformación, traslado, contradicción y depuración del inventario valorado. En este contexto, el tiempo transcurrido entre la solicitud y su resolución no revela una dilación carente de justificación. FUENTE FORMAL: Decreto 1910 DE 2009 - ARTÍCULO 4,Decreto 4536 DE 2008 - ARTÍCULO 1,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 10,Decreto Legislativo 4334 DE 2008 - ARTÍCULO 15,Ley 1116 DE 2006 - ARTÍCULO 29,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 457 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN PRIMERA INSTANCIA / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / TARIFA DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / LIQUIDACIÓN DE COSTAS PROCESALES / EJECUTORIA DE LA SENTENCIA / APODERADO JUDICIAL DE ENTIDAD PÚBLICA Problema jurídico: ¿Puede fijarse en la sentencia de primera instancia las agencias en derecho dentro del rango tarifario aplicable, para su posterior liquidación concentrada, aunque el abogado de la entidad vencedora sea remunerado con recursos públicos? Respuesta al problema jurídico: Si (…)El acuerdo [PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016] no prevé un monto específico en el que deban fijarse las agencias en derecho para esta clase de procesos. Como señaló el Tribunal al imponerlas, el acuerdo contempla un rango entre tarifas mínimas y máximas, dentro del cual el juez debe determinar su monto atendiendo a diferentes criterios: la naturaleza, la calidad y la duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, la cuantía del proceso y demás circunstancias especiales directamente relacionadas con dicha actividad, que permitan valorar la labor jurídica desarrollada (art. 2º). (…) En la motivación del fallo se expusieron cuáles fueron los criterios considerados para su fijación: (…). El Tribunal Administrativo fijó las agencias en derecho en el porcentaje mínimo establecido en el acuerdo (3%). Además, la Sala advierte que la Superintendencia sí presentó oportunamente alegatos en primera instancia, como quedó registrado en los antecedentes de esta providencia. Por lo tanto, no prosperan estos reparos. (…) [E]l juez de primera instancia está facultado para fijar las agencias en derecho en la sentencia, sin que deba esperar a su ejecutoria para hacerlo. La ejecutoria de la sentencia es presupuesto para efectuar la liquidación concentrada, no para fijar las agencias en derecho. Una cuestión distinta es que las agencias en derecho fijadas, junto con los demás componentes de las costas previstos en el artículo 361 del CGP (las expensas y los gastos sufragados durante el curso del proceso), deban liquidarse de manera concentrada en el juzgado de origen inmediatamente después de que quede ejecutoriada la providencia que ponga fin al proceso. (…). FUENTE FORMAL: Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5,Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 2,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 361,Ley 1564 DE 2012 - ARTÍCULO 366 CONDENA EN COSTAS / CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA / RECURSO DE APELACIÓN / AGENCIAS EN DERECHO / FIJACIÓN DE LAS AGENCIAS EN DERECHO / GESTIÓN DEL ABOGADO Problema jurídico: ¿Procede condenar en costas al recurrente cuando la apelación se resuelve desfavorablemente y fijar las agencias en derecho atendiendo la gestión efectivamente desplegada por la parte vencedora en segunda instancia? Respuesta al problema jurídico: Si Como el recurso de apelación se resolvió desfavorablemente, la Sala condenará en costas al [demandante] por la segunda instancia. El Acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, fija las tarifas de las agencias en derecho y dispone que, en segunda instancia, estas se establezcan entre 1 y 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La determinación de su monto debe atender a la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión desplegada por el apoderado, así como a la cuantía de las pretensiones y a las demás circunstancias relevantes, con el fin de que resulten equitativas y razonables. La Superintendencia actuó en el proceso mediante apoderada judicial y asumió la vigilancia del trámite en esta instancia. Además, presentó pronunciamiento frente al recurso de apelación dentro del término legal. Con fundamento en estos criterios, la Sala fijará las agencias en derecho a su favor en cuantía equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia. FUENTE FORMAL: Consejo Superior de la Judicatura, Acuerdo PSAA16-10554 DE 2016 - ARTÍCULO 5