Sentencia C.E. 11001-03-28-000-2026-00021-00 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-28-000-2026-00021-00 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : LEY 143 DE 1994 - ARTÍCULO 15 LITERAL C / LEY 143 DE 1994 - ARTÍCULO 21 LITERAL C PARÁGRAFO 1 NORMA DEMANDADA : FECHA : 13/08/2026 SECCION : SECCION QUINTA PONENTE : PEDRO PABLO VANEGAS GIL ACTOR : ALVARO ORLANDO JIMENEZ PEREZ DEMANDADO : INDIRA CRISTINA PORTOCARRERO OSPINA DECISION : NIEGA TEMA : NULIDAD ELECTORAL / UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CON PERSONERÍA JURÍDICA / UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA / EXPERIENCIA TÉCNICA / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: Corresponde a la Sala determinar «De conformidad con los literales b) y c) del numeral 1 y el inciso segundo del artículo 182A del CPACA, […] si procede anular el acto de designación de la demandada como directora general de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), contenido en el Decreto 1339 del 10 de diciembre de 2025, por la infracción de las normas en que debía fundarse, en particular, del literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994, en concordancia con la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA». Respuesta al problema jurídico: No Caso concreto. La Sala negará las pretensiones de la demanda al considerar que la accionada sí acreditó el requisito de experiencia técnica previsto en el literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994, puesto que demostró haber ejercido, durante el tiempo legalmente exigido, cargos de responsabilidad cuyas funciones guardan una relación material y directa con el sector energético. Para efectos de sustentar lo anterior, el problema jurídico a decidir, tal como se fijó en el auto que ordenó el trámite de sentencia anticipada, corresponde a determinar «De conformidad con los literales b) y c) del numeral 1 y el inciso segundo del artículo 182A del CPACA, […] si procede anular el acto de designación de Indira Cristina Portocarrero Ospina como directora general de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), contenido en el Decreto 1339 del 10 de diciembre de 2025, por la infracción de las normas en que debía fundarse, en particular, del literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994, en concordancia con la causal de nulidad prevista en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA». En esa medida, dentro del marco de la cuestión jurídica trazada, la Sala considera concentrar el estudio en dos ejes fundamentales: - Determinar si las funciones efectivamente ejercidas por la designada guardan una relación directa con las actividades propias del sector energético, en los términos exigidos por el literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994. - Establecer si, a partir de las competencias atribuidas a la designada, los cargos desempeñados pueden calificarse como un cargo de responsabilidad para efectos del cumplimiento del requisito legal objeto de examen. El análisis de estos aspectos permitirá establecer si la experiencia profesional acreditada satisface las exigencias cualificadas previstas por el legislador para acceder a la Dirección General de la UPME, particularmente en lo relacionado con el desempeño de cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas pertenecientes al sector energético, nacional o internacional. (...). En primer lugar, resulta pertinente precisar que el literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994 estableció los requisitos para acceder al cargo de directora general de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME). El artículo 15 de dicha disposición exige que quien aspire a ejercer esa dignidad sea colombiano y ciudadano en ejercicio; posea título universitario en las áreas de ingeniería, economía o administración de empresas, además de estudios de posgrado y en particular, lo que comprende al presente litigio, cuente con reconocida preparación y experiencia técnica, acreditadas mediante el desempeño de cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, tanto en el ámbito nacional como internacional, por un término superior a seis (6) años. (...). Así las cosas, la Sala advierte que el enunciado literal c) del parágrafo 1° del artículo 21 y el literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994, aunque regulan empleos distintos, reproducen un mismo supuesto normativo al cual se limita el estudio del presente caso, puntualmente, al exigir que el aspirante a la dirección de la UPME cuente «[…] con una reconocida preparación y experiencia técnica […]» y haya « […]desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético nacional o internacional, por un período superior a seis (6) años […]». En consecuencia, conforme al principio de identidad de razón, la coincidencia del contenido normativo excluye la posibilidad de atribuir significados distintos a una misma exigencia legal, salvo que el propio legislador hubiera establecido una diferenciación expresa, circunstancia que no ocurre en este caso. Por consiguiente, la interpretación previamente desarrollada por esta Corporación respecto de ese componente normativo resulta plenamente aplicable al presente asunto. Desde tal perspectiva, no se trata de trasladar de manera mecánica los efectos de un precedente referido a un cargo distinto, sino de reconocer que, cuando el legislador emplea idéntica fórmula normativa para regular requisitos con contornos similares, la interpretación judicial debe mantener un entendimiento uniforme que garantice la seguridad jurídica, la igualdad en la aplicación de la ley y la coherencia interna del ordenamiento jurídico. En ese contexto, la línea jurisprudencial construida por esta Corporación constituye el parámetro hermenéutico idóneo para determinar el alcance y el cumplimiento de la exigencia prevista para el cargo de director de la UPME. Sobre el particular, en relación con el alcance de los conceptos de «reconocida preparación y experiencia técnica», exigidos por la disposición objeto de estudio, esta Sala ha establecido criterios interpretativos respecto de los términos «reconocida», «preparación», «experiencia» y «técnica», con el propósito de delimitar su alcance jurídico y garantizar una aplicación objetiva, verificable y acorde con la finalidad perseguida por el legislador. (...). Del mismo modo, en lo concerniente al requisito consistente en haber desempeñado cargos de responsabilidad en entidades públicas o privadas del sector energético, nacional o internacional, por un período superior a seis (6) años, la Sección Quinta ha precisado que su verificación no se agota en la simple denominación del empleo ocupado, sino que exige un examen material de las funciones efectivamente asignadas y del contexto institucional en el que fueron ejercidas. En ese sentido, ha sostenido que, para determinar si un cargo reviste la condición de responsabilidad a que alude el referido literal c) de la enunciada norma, resulta necesario analizar la ubicación del empleo dentro de la estructura organizacional, las competencias y atribuciones asociadas a su ejercicio, así como la naturaleza de la entidad en la que se desempeñó, la cual debe pertenecer al sector energético, ya sea en el ámbito nacional o internacional. Por otra parte, en lo que respecta a la exigencia de que los cargos de responsabilidad hayan sido desempeñados en entidades pertenecientes al sector energético, la Sala considera necesario precisar el alcance de esta expresión normativa, toda vez que su contenido no puede restringirse a una comprensión meramente nominal de la entidad en la que se prestaron los servicios. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha destacado que dicho concepto debe analizarse a partir de criterios funcionales que permitan identificar si la actividad desarrollada por la organización guarda una relación directa con actividades vinculadas al ámbito energético. Bajo esta perspectiva, la providencia antes citada delimitó el concepto de «sector energético» desde una óptica tanto institucional como económica (...). De igual manera, (...), esta Sala precisó el criterio hermenéutico que permite identificar las entidades y organizaciones que integran el sector energético, a partir de una concepción funcional de dicho concepto. En ese contexto, ha señalado que la delimitación de este sector exige atender a las actividades efectivamente desarrolladas por la respectiva organización y a su vinculación con los distintos entes de la cadena energética, más allá de consideraciones meramente formales. (...). En síntesis, la acreditación del requisito previsto en el literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994 demanda una valoración sustancial e integral de la trayectoria profesional del aspirante, de manera que su cumplimiento no puede establecerse a partir de criterios puramente formales, tales como la denominación del cargo desempeñado o la simple vinculación a una entidad que, en apariencia, pertenezca al sector energético. Por el contrario, corresponde analizar, a partir de elementos objetivos y verificables, que la experiencia acreditada haya sido adquirida en el ejercicio de funciones que comporten un grado relevante de responsabilidad y que, además, guarden una relación material y efectiva con las actividades propias del sector energético. Por ello, el examen judicial no puede agotarse en verificar la denominación de los cargos desempeñados, la naturaleza pública o privada de la entidad correspondiente o la modalidad de vinculación laboral, sino que debe extenderse, además, al análisis material de las funciones efectivamente desarrolladas, del nivel de responsabilidad asumido y de la relación objetiva que dichas actividades guardan con el sector energético. En ese contexto, esta Sección considera que la acreditación del requisito legal exige una valoración integral de la trayectoria profesional del designado, en la que concurren tanto elementos cuantitativos como cualitativos. Los primeros permiten establecer si se satisface el tiempo mínimo de experiencia previsto por el legislador; los segundos, determinar si dicha experiencia fue obtenida mediante el ejercicio de responsabilidades desarrolladas en entidades que, desde una perspectiva funcional, participan en la formulación, regulación, planeación, ejecución o fortalecimiento del sector energético. Por consiguiente, solo una interpretación que armonice ambos componentes garantiza, simultáneamente, la finalidad de la norma y el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad. En ese contexto, corresponde abordar el examen del acervo probatorio recaudado en el proceso, conforme las pruebas que resultan necesarias para decidir la cuestión jurídica trazada (...). Del análisis integral de las certificaciones laborales y de las funciones efectivamente desempeñadas se advierte, desde ahora, que dichas vinculaciones satisfacen los presupuestos materiales previstos en el literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994, toda vez que corresponden al ejercicio de cargos de responsabilidad, desarrollados en organismos que integran el sector energético y cuya actividad se encuentra directamente orientada a la formulación, planeación, coordinación y ejecución de la política pública minero-energética. Esta conclusión no deriva de la sola denominación de los cargos ocupados ni de la naturaleza formal de las entidades en las que fueron ejercidos. Por el contrario, responde a una valoración integral de las funciones certificadas, del nivel de responsabilidad asignado a la servidora y del papel institucional que cumplen dichas entidades dentro de la organización del sector energético, en armonía con los criterios hermenéuticos previamente desarrollados por esta Sala. (...). [L]a Sala concluye que, una vez depurados los períodos concurrentes y valoradas integralmente las funciones efectivamente desempeñadas, la designada acreditó la experiencia técnica obtenida en cargos de responsabilidad pertenecientes al sector energético por el término exigido en el literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994, razón por la cual el acto de nombramiento demandado no desconoce los requisitos legales establecidos para acceder a la Dirección General de la Unidad de Planeación Minero-Energética, razón por la que no hay lugar a declarar la nulidad del acto acusado. (...). Síntesis del caso y conclusiones. El presente caso se circunscribió a establecer si la [demandada] acreditó la experiencia cualificada exigida por el literal c) del artículo 15 de la Ley 143 de 1994 para ser designada directora general de la UPME. Para resolverlo, la Sala consideró que la experiencia debía valorarse atendiendo a tres elementos: i) que haya sido adquirida en entidades pertenecientes o funcionalmente vinculadas al sector energético; ii) que corresponda al desempeño de cargos de responsabilidad, determinado a partir de las funciones efectivamente ejercidas y no de su sola denominación; y iii) que, una vez depurados los períodos concurrentes o no acreditados, se satisfaga el tiempo superior a seis años exigido por el legislador. Aplicados esos parámetros al material probatorio, la Sala encontró que la experiencia acreditada por la demandada satisface tanto el componente cuantitativo como el cualitativo de la disposición. En particular, las funciones certificadas evidencian responsabilidades técnicas materialmente relacionadas con la planeación, regulación, formulación y ejecución de asuntos propios del sector minero-energético; y los períodos susceptibles de cómputo, una vez excluidos los traslapos y las interrupciones no acreditadas, permiten satisfacer la exigencia temporal prevista en la ley. En consecuencia, no se configura la infracción normativa alegada ni, por esa vía, la causal de nulidad del numeral 5.º del artículo 275 del CPACA, por lo que procede negar las pretensiones de la demanda. FUENTE FORMAL: Ley 143 DE 1994 - ARTÍCULO 15 LITERAL c,Ley 143 DE 1994 - ARTÍCULO 21 LITERAL c PARÁGRAFO 1