Sentencia C.E. 11001-03-28-000-2025-00165-00 (2026)

CONSEJO DE ESTADO 11001-03-28-000-2025-00165-00 SENTENCIA SUSTENTO NORMATIVO : CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 150 NUMERAL 7 / DECRETO 1076 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.8.4.1.22 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 23 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 27 LITERAL J / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 28 PARÁGRAFO 2 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 11 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 12 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 2 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 - ARTÍCULO 4 / DECRETO 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.5.3.1 / DECRETO 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.5.9.9 / LEY 99 DE 1993 - ARTÍCULO 28 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 11 NUMERAL 16 NORMA DEMANDADA : FECHA : 22/10/2026 SECCION : SECCION QUINTA PONENTE : LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA ACTOR : WILLIAM MANTILLA OSUNA, MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - DR. RICARDO LOZANO PICÓN, ANGEL ALIRIO MORENO MATEUS DEMANDADO : GLORIA MILENA DURAN VILLAR DECISION : NIEGA TEMA : CARGO DE DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ESTATAL Problema jurídico: ¿Es necesario precisar el alcance de la autonomía de las corporaciones autónomas regionales para regular la elección de su director general y de la regla del artículo 56 de los estatutos de la CAS sobre la designación por el periodo restante en caso de falta absoluta, para decidir la nulidad del Acuerdo 136 de 6 de agosto de 2025 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que designó a la directora general para el tiempo restante del periodo institucional 2024-2027? Respuesta al problema jurídico: Si 1. La figura de la designación del director general de la Corporación Autónoma Regional de Santander para el periodo restante. La Constitución de 1991 dotó de autonomía a las Corporaciones Autónomas Regionales (art. 150, numeral 7.º), ello en razón a su especial condición de organismos dedicados a la protección del medio ambiente y los recursos naturales y a propender por un desarrollo sostenible frente a las diferentes actividades que ejecutan los particulares y el Estado. En cuanto a su naturaleza jurídica, funciones y estructura, el texto superior defirió al legislador la determinación de aquellas características inherentes a su esencia, entre las que encontramos la autonomía administrativa consagrada en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993, conforme a la cual, entre otros aspectos, le permite estructurar a los mismos entes autónomos la forma de elegir al director general, siempre en estricta sujeción a los requisitos que fijó la ley. Lo anterior, implica en la praxis que estos organismos tienen la obligación de establecer el procedimiento, las etapas de este y los términos para la provisión de este cargo directivo, salvaguardando en todo momento que dicho proceso se lleve a cabo en condiciones de igualdad y transparencia, con miras a seleccionar a la persona con las mejores aptitudes humanas y profesionales para ocupar ese empleo. Particularmente, tal potestad está en cabeza del Consejo Directivo de esas corporaciones, a quien se le atribuyó la función de organizar y llevar a cabo el referido trámite (art. 28, parágrafo 2.º de la Ley 99 de 1993), para finalmente elegir al director general (Art. 27, literal j), ley ibidem). Así entonces, desde la expedición de la Ley 99 de 1993 se previó que el director general sería el representante legal y primera autoridad del ente corporativo, siendo designado por el consejo directivo de la correspondiente corporación para un periodo de cuatro (4) años. No obstante, como un aspecto propio del ejercicio de la función pública, puede acaecer que ese periodo no pueda ser cumplido por el elegido por diferentes circunstancias que darían lugar a una de las faltas absolutas del cargo que prevé el artículo 2.2.8.4.1.22. del Decreto 1076 de 2015: (...) No obstante, el decreto en mención nada dijo en punto al procedimiento que debería llevar a cabo la respectiva corporación autónoma una vez acaecido uno de los supuestos descritos en la norma, razón por la cual, cada ente autónomo ha reglamentado por vía estatutaria tal proceder. En el caso de la Corporación Autónoma Regional de Santander, es el artículo 56 del Acuerdo 011 de 19 de noviembre de 2024, expedido por la Asamblea Corporativa [la que hace referencia a las faltas del director general] (...). Acorde con la norma transcrita, ante la falta absoluta del director general, el Consejo Directivo de la CAS debe designarlo, entre los servidores del nivel directivo o asesor de la corporación; dentro de los 3 meses siguientes al surgimiento de la vacancia y atendiendo el procedimiento de elección estatutario. No obstante, se precisa que, si esa situación administrativa se presenta dentro de los seis últimos meses del período institucional, el citado órgano deberá acudir a la figura del encargo, el cual debe recaer sobre un funcionario del nivel directivo o asesor que cumpla con los requisitos, quien desempeñará ese empleo por el tiempo restante. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 150 NUMERAL 7,Decreto 1076 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.8.4.1.22,Ley 99 DE 1993 - ARTÍCULO 23,Ley 99 DE 1993 - ARTÍCULO 27 LITERAL J,Ley 99 DE 1993 - ARTÍCULO 28 PARÁGRAFO 2 NULIDAD ELECTORAL / DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR / INEXISTENCIA DE INFRACCIÓN DE NORMA SUPERIOR / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Fue expedido con infracción de norma superior el Acuerdo 136 de 6 de agosto de 2025 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que designó a la directora general para el tiempo restante del periodo institucional 2024-2027, porque la sesión de elección se convocó el 1.º de agosto de 2025 sin la antelación de cinco días hábiles del artículo 32.1 de los estatutos, no se modificó previamente la fecha de elección del cronograma y se mantuvo el encargo de la elegida pese a la renuncia del director anterior? Respuesta al problema jurídico: No Caso concreto. (…). 1. Desconocimiento de los artículos 32.1, 50 y 56 de los estatutos de la CAS. (...) [S]e censura el hecho que el presidente del Consejo Directivo haya citado a la sesión eleccionaria sin la antelación mínima de 5 días hábiles que prevé el citado artículo 32.1, pues se convocó el 1.º de agosto de 2025 y se realizó el 6 de ese mismo mes y año, esto es, con solamente 2 días hábiles de por medio. No obstante, encuentra la sala que lo anterior resulta ser una apreciación que se limita a unos extremos temporales que marginan otros sucesos que acontecieron en el marco del proceso eleccionario y, conforme a los cuales, no puede arribarse a la conclusión que sugiere el libelista. Veamos la siguiente cronología: - El 15 de julio de 2025, el gobernador de Santander, en calidad de presidente del Consejo Directivo de la corporación, convocó a sesión ordinaria para el 23 del mismo mes y año, en aras de presentar y aprobar el proyecto de acuerdo por el cual se designa al director general de la CAS. - El 18 de julio de 2025, dicho trámite fue suspendido como consecuencia de la medida cautelar que ese día decretó y notificó el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de San Gil, dentro de un proceso de tutela. - El 1.º de agosto de 2025, una vez se conoció la sentencia proferida el 31 de julio de ese año que declaró la carencia actual de objeto, la gobernadora (e) de Santander convocó nuevamente para «dar continuidad a la convocatoria de la sesión ordinaria del 23 de julio de 2025». En este orden de ideas, hay un primer lapso en el que alcanzan a computarse 3 de los 5 días que exige el artículo 32.1 estatutario, lo que aconteció los días 16, 17 y 18 de julio. Y un segundo, acaecido una vez el juez de tutela falló –31 de julio– y se convocó –1.º de agosto–, que corresponde a los dos días faltantes y que corrieron el 4 y 5 de agosto, eligiéndose finalmente a la demandada el 6 del citado mes. Conforme a lo anterior, la Sala concluye que durante el trámite eleccionario no se desconoció el artículo 32.1 de los estatutos de la CAS, mucho menos las garantías previstas en el artículo 50 de ese mismo compendio, pues el término de 5 días fue cumplido a cabalidad. (...) A este respecto, es oportuno precisar que el Acuerdo 120 de 1.º de abril de 2025, mediante el cual se encarga a la aquí demandada del cargo de directora general con ocasión de la suspensión del acto de elección en ese cargo del señor [RDP], es una decisión anterior al proceso de elección que se estructuró para elegir al director por el período restante, esto es, no hace parte de ese trámite, sino que, más bien, constituye una decisión autónoma. (...) En este sentido, las irregularidades que se hayan presentado en la forma de suplir la falta temporal que se generó ante la suspensión del acto de elección del señor [RDP] y que posteriormente se convertiría en absoluta con ocasión de su renuncia, en nada afectan el acto cuya legalidad aquí se discute. 2. Ausencia de modificación previa de la fecha de elección definida en el cronograma del proceso de elección y otras censuras conexas. (...) Ahora bien, el solo hecho de no haberse modificado previamente el artículo 3 del Acuerdo 131 del 15 de julio de 2025 –calendario del proceso–, para fijar como fecha de elección ese 6 de agosto, no puede erigirse como un vicio que de al traste con la legalidad del acto acusado por las circunstancias ya explicadas. En todo caso, a la postre se garantizaron los principios de participación, publicidad y transparencia, si se tiene en cuenta que: i) en la convocatoria a esa reunión se informó la fecha de la sesión y el orden del día, con la absoluta claridad de que tal reunión sería la continuación de aquella programada inicialmente para el 23 de julio de 2025 y, ii) que tal llamado a los interesados se publicó en la página web de la entidad con antelación a su realización: (...). CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / TRÁMITE DE LA RECUSACIÓN Problema jurídico: ¿Fue expedido con infracción de norma superior el Acuerdo 136 de 6 de agosto de 2025 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que designó a la directora general para el tiempo restante del periodo institucional 2024-2027, porque el Consejo Directivo rechazó, sin aplicar el artículo 12 del CPACA ni remitirla a la Procuraduría, la recusación contra todos sus miembros presentada por un ciudadano que no era aspirante? Respuesta al problema jurídico: No 1. Desconocimiento del trámite de las recusaciones. (...) En cuanto al primer aspecto, la Sala parte del preludio o párrafo inicial del escrito de recusación que, analizado en conjunto con el contenido integral de ese memorial, da cuenta que fue interpuesto en contra de todos los integrantes del Consejo Directivo: (...) Pese a lo anterior, resulta peculiar el acto que rechazó la recusación en cuanto que, en algunos de sus apartes, se da a entender que el Consejo Directivo la tramitó como si se hubiere alegado solo frente a la directora general: (...) Sin embargo, la sala observa que esa incongruencia no se predica del recuento fáctico que se hace al inicio del acto y en la parte resolutiva donde se rechazó la recusación interpuesta «en contra de TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO»: (...) Así entonces, es claro que existe una incoherencia que, si bien puede considerarse una anomalía que se enmarca en el trámite de la recusación, no se puede pasar por alto que, finalmente, fue objeto de pronunciamiento con sustento en una norma estatutaria que le permitía al Consejo Directivo, de entrada y al margen de que la recusación se alegaba frente a todos sus miembros, rechazar esa solicitud sin necesidad de dar aplicación al artículo 12 del CPACA y, en consecuencia, remitir el escrito a la Procuraduría General de la Nación. (...) Para entender lo anterior, hay que partir de lo previsto en los Estatutos de la CAS (Acuerdo 11 del 19 de noviembre de 2024), en cuyos artículos 100 y siguientes, se regula lo relacionado con las recusaciones formuladas contra los integrantes del Consejo Directivo. Cuando se refiere a las formuladas en el trámite del proceso de elección o encargo del director general de la corporación, el artículo 101 dispone: ARTÍCULO 101. REQUISITOS DEL ESCRITO DE RECUSACIÓN: (…) 5. Tratándose del proceso de elección o encargo de Director General de la Corporación, la recusación debe ser presentada por las personas admitidas al proceso de selección como candidatos o aspirantes al cargo de Director, o por los propios miembros del Consejo Directivo respecto de sus pares o por el Ministerio Público. (…). (...) Al respecto, debe recordarse que esta Sala ha construido una línea clara en punto a señalar que la aplicación de los artículos 11 y 12 del CPACA resulta admisible, siempre y cuando la respectiva corporación no haya regulado estatutariamente en parte o todo lo concerniente a las recusaciones. Lo anterior, tiene sustento en la salvaguarda de la potestad autorregulatoria que deriva de la autonomía que la Constitución y la ley le reconocen a estos entes corporativos. En este sentido, comoquiera que la CAS reguló estatutariamente el aspecto atinente a la legitimidad de cara a las recusaciones que se presenten en el trámite eleccionario o de encargo del director general, no es dable acudir al artículo 12 del CPACA en virtud de la cláusula remisoria prevista en el inciso final del artículo 2.º de este último compendio y, al no ostentar el recusante una de las calidades descritas en el artículo 101, numeral 5.º, de los estatutos, resultó ajustada a derecho la decisión adoptada por el Consejo Directivo. Por tanto, no debía remitirse el expediente administrativo a la Procuraduría General de la Nación. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 11,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 12,Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 2 NULIDAD ELECTORAL / DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Fue expedido con infracción de norma superior el Acuerdo 136 de 6 de agosto de 2025 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que designó a la directora general para el tiempo restante del periodo institucional 2024-2027, porque no se tuvo en cuenta la lista definitiva de 53 admitidos del Acuerdo 082 de 26 de diciembre de 2023, conformada para la elección ordinaria del director para el periodo 2024-2027? Respuesta al problema jurídico: No 1. Desconocimiento de la «lista definitiva de elegibles» adoptada mediante Acuerdo 082 del 26 de diciembre de 2023. (...). Para efectos de resolver este reparo, resulta necesario distinguir entre dos procedimientos claramente diferenciables en los estatutos de la Corporación Autónoma Regional de Santander, a saber: (i) la elección ordinaria del director de esa entidad por culminación del período de quien viene desempeñando ese cargo y, (ii) la designación de un funcionario del nivel directivo o asesor para que desempeñe ese empleo hasta la culminación de ese plazo, con ocasión de la falta absoluta del máximo regente de esa institución. (...) De la norma transcrita [artículo 56 de los estatutos de la CAS], salta a la vista que la falta absoluta del director elegido habilita al Consejo Directivo a efectuar un nuevo procedimiento que, si bien tiene como referente las formalidades del trámite de elección ordinario, tiene una connotación muy particular, cual es que esa designación recae única y exclusivamente sobre un funcionario del nivel directivo o asesor de la corporación, sin que se mencione la eventual valoración de un listado de personas que hayan participado en convocatorias anteriores, entre los cuales, vale la pena resaltar, no solo hay empleados de los citado niveles, sino también ciudadanía interesada en general. Visto lo anterior, para la sala es claro que el proceso de designación que surge de forma natural para reemplazar a quien termina su período como director general y aquel iniciado para proveer una vacancia absoluta de ese empleo, son actuaciones administrativas que tienen fundamento en situaciones y normas jurídicas que regulan supuestos completamente diferentes. (...) Así entonces, no resultaba admisible, para efectos de la designación que aquí se estudia, tener en cuenta la lista definitiva de admitidos adoptada mediante el Acuerdo 082 del 26 de diciembre de 2023, por cuanto: i) fue conformada y utilizada para un procedimiento específico de designación ordinaria del director general y, ii) resulta incompatible con la naturaleza del trámite de designación de ese cargo por el período restante, pues en este caso se debe integrar una nueva lista con empleados de la corporación que sean de los niveles directivo y asesor. En este orden de ideas, no se puede sostener que ese listado de 53 personas debió ser tenido en cuenta para el proceso de elección que dio como resultado la designación de la demandada, pues se trata de procedimientos distinguibles, particulares y originados en situaciones diferentes. (...) Al margen de esa falencia, si en gracia de discusión se aceptara que tal irregularidad [en el cómputo de la experiencia de otro aspirante del nivel directivo] se configuró, implicaría que su postulación debió ser rechazada en la fase correspondiente, pero en nada afectaría a la elegida frente a quien no se discute el cumplimiento de esta exigencia legal y, desde luego, debió continuar en el trámite, tal como sucedió. (...) En tal sentido, la competencia ejercida [por la subdirectora administrativa y financiera, al certificar las hojas de vida de los funcionarios del nivel directivo y asesor] parte de la existencia de un acto administrativo, amparado por presunción de legalidad, que reasignó o distribuyó esa particular función de Talento Humano, por consiguiente, no se observa irregularidad alguna. NULIDAD ELECTORAL / ELECCIÓN DEL DIRECTOR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / REQUISITOS DEL CARGO PÚBLICO / EMPLEO DE PERIODO FIJO / INAPLICABILIDAD DE LA EXCEPCIÓN DE ILEGALIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO / IMPROCEDENCIA DE LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Fue expedido con infracción de norma superior el Acuerdo 136 de 6 de agosto de 2025 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que designó a la directora general para el tiempo restante del periodo institucional 2024-2027, porque se fundó en el artículo 56 de los estatutos, que debe inaplicarse por ilegal frente a los artículos 2.2.5.9.9 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 y por inconstitucional, al exigir que el designado sea funcionario del nivel directivo o asesor de la corporación? Respuesta al problema jurídico: No 1. Infracción de los artículos 2.2.5.9.9 y 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015. (...) Frente a este punto, la Sala observa que las normas presuntamente desconocidas aluden a la provisión de vacantes que se presenten en empleos de libre nombramiento y remoción, naturaleza que no se aviene con el cargo de director general, pues de conformidad con el artículo 28 de la Ley 99 de 1993, se trata de un servidor público de período fijo. Por consiguiente, ante la inaplicabilidad de los mentados artículos del Decreto 1083 de 2015, mal podría hablarse de un desconocimiento normativo atribuible al acto acusado. En todo caso, se aclara que no se desconoce la vocación de aplicabilidad del Decreto 1083 de 2015 de cara a la condición de empleado público que ostenta el director de una corporación autónoma, sin embargo, hay que tener en cuenta lo prescrito en el artículo 2.2.8.4.1.22. del Decreto 1076 de 2015, el cual es diáfano en prescribir que la remisión normativa a las normas que amparan a los servidores del orden nacional es plausible tratándose de estos entes autónomos, pero en todo caso debe verificarse previamente la compatibilidad de esas normas; lo que impone analizar el supuesto de hecho analizado, la naturaleza jurídica de este tipo de entidades y de los empleos que conforman su estructura orgánica. Bajo esta premisa, se encuentra que el mismo artículo 2.2.5.3.1 del Decreto 1083 de 2015 que referencia la parte actora, sí prevé unos enunciados normativos que se acompasan con la vacancia definitiva que se produjo en la CAS, pues en su inciso final dispone que «Las vacantes definitivas en empleo de periodo o de elección se proveerán siguiendo los procedimientos señalados en las leyes o decretos que los regulan.». En este orden, la excepción de ilegalidad que se propone frente al artículo 56 estatutario, debió tener como referente el fragmento anteriormente trascrito, a partir del cual, debía determinarse cuáles son esos procedimientos contemplados en la ley o decreto o, en su defecto, qué mecanismo interpretativo se podía seguir para arribar a alguna conclusión. No obstante, al tenerse como fundamento una norma inaplicable al caso, se tornan insustanciales las argumentaciones planteadas por la parte actora. En cuanto a la excepción de inconstitucionalidad, hay que recordar que para hacer uso de esta figura excepcional es necesario que la contradicción que se alega sea manifiesta, es decir, que la norma constitucional, frente a la legal, reglamentaria o estatutaria, riñan de tal manera que del simple cotejo resulte absolutamente incompatible con la aplicación de estas últimas. No obstante, en el presente caso, además de fundarse este mecanismo en una norma de rango legal y no constitucional, tan solo se hacen invocaciones a principios que resultan ser muy abstractos y que desatienden el rigor propio de esta figura jurídica que procura la inaplicación de una norma a un supuesto específico. Acorde con lo anteriormente expuesto, la sala no puede tener como fundada la censura aquí estudiada. FUENTE FORMAL: Constitución Política DE 1991 - ARTÍCULO 4,Decreto 1076 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.8.4.1.22,Decreto 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.5.3.1,Decreto 1083 DE 2015 - ARTÍCULO 2.2.5.9.9,Ley 99 DE 1993 - ARTÍCULO 28 NULIDAD ELECTORAL / DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL / EXPEDICIÓN IRREGULAR DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ELECCIÓN / CONFLICTO DE INTERESES DEL SERVIDOR PÚBLICO / NEGACIÓN DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA Problema jurídico: ¿Fue expedido irregularmente, por desconocer el régimen de conflicto de intereses del numeral 16 del artículo 11 del CPACA, el Acuerdo 136 de 6 de agosto de 2025 del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que designó a la directora general para el tiempo restante del periodo institucional 2024-2027, porque la elegida suscribió como secretaria de la Asamblea Corporativa el Acuerdo 011 de 2024 que reformó los estatutos e incluyó el artículo 56? Respuesta al problema jurídico: No 1. Expedición irregular por inobservancia del régimen de conflictos de interés. (...) Con sustento en esta norma [numeral 16 del artículo 11 del CPACA], la parte actora advierte que la demandada incurrió en el supuesto destacado, comoquiera que, en calidad de secretaria de la Asamblea Corporativa, suscribió el Acuerdo 011 de 19 de noviembre de 2024, que reformó parcialmente los estatutos de la corporación, particularmente, lo atinente a la designación de director general por el periodo restante a causa de una falta absoluta del elegido ordinariamente. (...) Al respecto, la Sala no encontró elementos de juicio que dieran cuenta del interés directo que le pudo asistir a la demandada al momento en que fungió como secretaria de la Asamblea Corporativa, principalmente, porque del ejercicio de su cargo no se pudo vislumbrar ese provecho, pues, finalmente, su labor en la sesión que precedió la expedición del mentado acuerdo fue de carácter asistencial y registral, esto es, no tenía voz y voto en ese órgano directivo de cara a la decisión que se adoptó en punto a la configuración del artículo 56 de los estatutos que contempla el tema de las faltas del director general. Por lo anterior, no son de recibo las afirmaciones de la parte actora conforme a las cuales sugiere que la demandada fungió como «sustanciadora» y «asesora» de la asamblea corporativa, cuando lo cierto es que sus labores se distancian de esos adjetivos, tal como se observa en el artículo 19 del Acuerdo 11 de 19 de noviembre de 2024 (estatutos): (...) Vistas así las funciones, salta a la vista que, contrario a lo aducido por la parte actora, las atribuciones de la entonces demandada se circunscribían a un mero apoyo logístico que dista de cualquier potestad decisional, como sí la tienen los integrantes de la Asamblea Corporativa. Así entonces, no tiene vocación de prosperidad la censura estudiada en este numeral. 2. Conclusión Acorde con los razonamientos expuestos en los anteriores numerales, la Sala concluye que el acto de elección de [GMDV] como directora general de la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS) para el período restante no está incurso en las causales de nulidad alegadas por los demandantes, por consiguiente, negará las pretensiones formuladas. FUENTE FORMAL: Ley 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 11 NUMERAL 16