Sentencia STC1252-2026

HILDA GONZÁLEZ NEIRA Magistrada ponente STC1252-2026 Radicación n.º 13001-22-13-000-2025-00826-01 (Aprobado en Sala de once de febrero de dos mil veintiséis) Bogotá D.C., once (11) de febrero de dos mil veintiséis (2026). Se resuelve la impugnación del fallo proferido el 20 de enero de 2026 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, en la tutela de Milton José Ortiz Marrugo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los demás intervinientes en el consecutivo 2023- 00313-00. ANTECEDENTES 1.- El libelista, en nombre propio, invocó la guarda de los derechos al «debido proceso, acceso a la administración de justicia, defensa, igualdad, petición», con el fin de que se ordene: i). - «al juzgado 01 Civil del Circuito Cartagena (…) que revoque la providencia que Desestima la solicitud de invalidez o nulidad de pleno derecho de la prueba pericial sobre el vehículo objeto del proceso de origen de Radicación n.º 13001-22-13-000-2025-00826-01 2 Responsabilidad Civil Contractual y extracontractual, y en su defecto se decrete invalida y nula de pleno derecho de conformidad a las pruebas que demuestran la violación del debido proceso por extemporánea y presunto fraude procesal»; y ii). – «dictar sentencia de 2a instancia de inmediato teniendo en cuenta que el término legal para dictar sentencia venció el día 10 de diciembre de 2025 de conformidad con el artículo 121 del CGP». En compendio, adujo que el Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena conoció el proceso de responsabilidad civil contractual iniciado contra Ford Motor Colombia S.A.S., Baru Motors S.A.S. y Jairo González Contreras, en el cual profirió sentencia de primera instancia (10 mar. 2025); frente a esta decisión presentó solicitud de aclaración, que fue negada (15 may. 2025), y además, tanto él como la parte demandada interpusieron recurso de apelación, por lo que el expediente se envió al juzgado accionado. Que, durante el trámite de la segunda instancia, el despacho incurrió en diversas actuaciones que estimó irregulares, entre ellas, un trato desigual en la admisión de los recursos, el intento de declarar desierto el suyo pese a haberlo sustentado oportunamente, y el decreto oficioso de una prueba pericial sobre el vehículo objeto del litigio, la cual afirma, fue notificada de manera irregular. Dicha prueba fue practicada por CESVI Colombia S.A. en condiciones que desconocieron los principios de publicidad, contradicción e imparcialidad, con dilaciones injustificadas, entrega extemporánea del dictamen y Radicación n.º 13001-22-13-000-2025-00826-01 3 conclusiones contrarias a las pruebas técnicas oficiales existentes en el expediente. Por esas razones, solicitó la nulidad del dictamen pericial, petición que fue desestimada (18 nov. 2025), decisión contra la que presentó recurso de reposición y el Juzgado la mantuvo incólume (11 dic. 2025), sin que el despacho resolviera de fondo la segunda instancia, configurándose una dilación injustificada del proceso y la vulneración de sus derechos fundamentales. 2.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartagena sostuvo que no se cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor cuenta con un medio ordinario e idóneo para controvertir sus pretensiones dentro del trámite de la apelación de la sentencia. Indicó que existe una audiencia programada para la contradicción del dictamen pericial y no se evidencian irregularidades ni vulneraciones al debido proceso. Asimismo, precisó que la prueba de oficio constituye una facultad-deber legítima del juez, cuando es necesaria para resolver un asunto de carácter técnico. El Juzgado Octavo Civil Municipal de Cartagena realizó un recuento de las actuaciones surtidas y precisó que remitió el proceso para que se surtiera la alzada. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y la Fiscalía Séptima Delegada ante el Tribunal de Bolívar solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva. Radicación n.º