Sentencia STC120-2026

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Magistrado Ponente STC120-2026 Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05647-00 (Aprobado en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiséis) Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026). Se decide la acción de tutela que promovió María Sandra Morelli Rico y coadyuvó Pablo Elías González Monguí, contra la Sala Especial de Primera Instancia y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, trámite al cual fueron citados las partes e intervinientes en el proceso penal n° 2012-00268-01. ANTECEDENTES 1. La solicitante, invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. 2. Expuso -en síntesis- que dentro del proceso que se adelanta actualmente ante esta Corporación, «no se respetaron con plenitud las formas propias del juicio [y] no [l]e han permitido el goce de [su] derecho a defensa técnica», y en particular cuestiona las Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05647-00 2 providencias que negaron nulidades y avalaron la intervención de fiscales delegados de apoyo, pese a tratarse de una persona aforada en tanto que los hechos investigados tuvieron lugar en su condición de Contralora General de la República, lo que -en su sentir- desbordó las competencias constitucionales y legales aplicables al caso. Afirmó que, tras disponer el traslado de las dependencias del nivel central de la Contraloría para que funcionaran en locales del Centro Comercial Gran Estación II, y como consecuencia haber celebrado los respectivos contratos de arrendamiento, el 29 de marzo de 2012, en su contra se adelantaron investigaciones que dieron lugar al proceso por los ilícitos de celebración de «peculado en favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y violando el principio de planeación», cuya génesis atribuye a «un fuerte enfrentamiento contra el entonces Fiscal General [Eduardo Montealegre Lynett] por haber investigado y condenado a su cliente Carlos Palacino, por el desvío y apropiación de los recursos públicos de la salud en un monto de 1,4 billones de pesos». Luego de referir ampliamente las actuaciones que desde entonces tuvieron lugar, indicó que, ya bajo la competencia que implementó el Acto legislativo No. 1 de 2018, reglamentado en el Acuerdo PCSJA18-11037 del 5 de julio de esa anualidad, el 23 de octubre de 2019 la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió las solicitudes probatorias, las cuales fueron confirmadas con auto AP2913 de 14 de julio de 2021, y allí, «[se] sugirió la posibilidad de solicitar la nulidad por lo acaecido». Radicación n° 11001-02-03-000-2025-05647-00 3 Sostuvo que, luego de la audiencia de juicio oral iniciada el 7 de diciembre de 2021 y continuada el 10 y 24 de febrero, 26 de septiembre, 31 de octubre, 3 de noviembre de 2022, 13 y 14 de febrero, 28 de marzo, 15 y 17 de mayo y 14 de agosto de 2023, su defensor planteó nulidad «por falta de defensa técnica», siendo despachada desfavorablemente por la Sala Especial de Primera Instancia mediante auto AEP039- 2024 de 13 de marzo de 2024, decisión que fue confirmada en segunda instancia por la Sala de Casación Penal. Aseguró que seguidamente su abogado Pablo Elías González [coadyuvante], evidenció nueva irregularidad procesal consistente en que «se habría podido aportar las pruebas negadas al abogado de la defensa de la época por precariedad técnica de las solicitudes, razón por la cual no se interpuso la acción constitucional de tutela en su momento», y por ello, al reanudarse las audiencias solicitó «la nulidad de las actuaciones adelantadas en el marco del proceso a partir de las audiencias de declaratoria de contumacia, de imputación y solicitud de medida de aseguramiento», pero con auto AEP096-2025 de 31 de julio de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia desestimó la solicitud, y en sede de apelación esa deci