Sentencia STC118-2026

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Magistrado Ponente STC118-2026 Radicación n° 11001-02-03-000-2025-06410-00 (Aprobado en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiséis) Bogotá, D.C., veintiuno (21) de enero de dos mil veintiséis (2026). Se decide la acción de tutela promovida por Samuel Hernández Cárdenas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, trámite al cual fueron convocados las partes e intervinientes en el proceso declarativo rad. n° 2021-00236- 00/01. ANTECEDENTES 1. El solicitante, invocó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. 2. En síntesis, manifestó que debido a que su padre Samuel Hernández «en vida realizó múltiples donaciones de bienes inmuebles» a favor de varios de sus hijos y nietos, «lesionó mi Radicación n° 11001-02-03-000-2025-06410-00 2 derecho a la legítima rigurosa como heredero forzoso», instauró demanda de «nulidad o rescisión» de tales donaciones, correspondiendo su trámite al Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, quien el 14 de marzo de 2024 desestimó las pretensiones, «bajo el argumento de inexistencia de causal de nulidad y prescripción de la acción rescisoria». Informó que -en sede de apelación- el 10 de julio de 2025 el Tribunal, «si bien analizó los límites a la facultad de donar, también terminó negando las declaratoria plena de nulidad o rescisión de las donaciones excesivas, concluyó que no se acreditó vicio concreto», por lo que «ambas decisiones desconocen que el derecho a la legítima rigurosa es una asignación forzosa de orden público, (…) cuya protección ha sido reconocida por la Corte Constitucional». Agregó que el Tribunal ad quem se equivocó porque para establecer su derecho debió «realizar los peritajes de todos y cada uno de los predios donados y conocer los valores comerciales reales, con el fin de dividir dichos bienes inmuebles entre el número de hijos de mi padre quien actuó como donante y por tanto siendo el causante de la violación a la legítima rigurosa», toda vez que «con los valores catastrales de los inmuebles» a diciembre de 2025, el valor a distribuir ascendía a «$4.943.151.000». 3. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se ordene «dejar sin efectos» los fallos de primera y segunda instancia, proferidos el 14 de marzo de 2024 y 10 de julio de 2025, respectivamente, y «se ordene a la autoridad competente dictar nueva sentencia ajustada a derecho, protegiendo mi legítima rigurosa conforme a los artículos 1242 y 1245 del C.C.». Radicación n° 11001-02-03-000-2025-06410-00 3 RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS 1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca y Amazonas, por intermedio del magistrado ponente de la providencia de 10 de julio de 2025 que resolvió la segunda instancia dentro del pleito criticado, se remitió a las consideraciones plasmadas en dicha providencia. 2. El Juez Primero Civil del Circuito de Zipaquirá, manifestó que la acción devenía improcedente por pretender utilizarse como instancia adicional a las legalmente establecidas, y en tanto «no ha existido la vulneración al derecho fundamental al debido proceso que alega la parte actora». 3. Viviana Carolina y Carlos Andrés Villalobos Hernández, «en condición de herederos legítimos del causante Samuel Hernández Gómez», manifestaron su conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la demanda. 4. Bertha Hernández Mora, Elvira y Ana Inés Hernández Cárdenas, solicitaron declarar improcedente la tutela al considerar que la actuación cuestionada por vía constitucional, se ajusta a derecho y que las acusaciones surgen de «supuestos falaces y de mala fe», al aducir pruebas que «nunca fueron arrimadas ni solicitadas» al juez de conocimiento. CONSIDERACIONES 1. De los requisitos genéricos de procedibilidad de la acci