Sentencia STC078-2026

FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA Magistrado ponente STC078-2026 Radicación n.° 11001-02-03-000-2025-06254-00 (Aprobado en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintiséis) Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veintiséis (2026). Decide la Corte la acción de tutela promovida por Carlos Esteban Londoño Álvarez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia y el Juzgado Civil del Circuito de Ciudad Bolívar, trámite al cual fueron vinculados las autoridades, partes e intervinientes reconocidos en el juicio ejecutivo rad. n.º 2023-00019. ANTECEDENTES 1. El accionante, actuando a través de apoderado, reclamó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. Rad. n.° 11001-02-03-000-2025-06254-00 2 2. En sustento, adujo que la Cooperativa de Caficultores de Andes Ltda. -en liquidación forzosa administrativa- inició en su contra la causa objeto de revisión, en procura del importe del saldo insoluto de un pagaré, «derivado de dos contratos de compraventa de café a futuro suscritos en 2019». Narró que, una vez librado el mandamiento de pago (23 feb. 2023) y en el término de contestación de la demanda, formuló las excepciones de mérito que se relacionan a continuación: • Falta de claridad del pagaré, debido a la modificación de la cuantía por una cláusula penal no acordada expresamente y la ausencia de prueba del incumplimiento de los contratos a futuro, lo que vulnera los requisitos de exigibilidad del artículo 422 del Código General del Proceso (CGP). • Nulidad absoluta de los contratos por falta de capacidad de los firmantes: Alejandro Revollo no tenía capacidad para contratar entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, según resoluciones de la Superintendencia de Sociedades, y Aníbal Moreno firmó sin delegación escrita, incumpliendo los estatutos de la Cooperativa y el artículo 2083 del Código Civil. • Vicio del consentimiento por engaño sobre la rentabilidad de los contratos. • Objeto y causa ilícitos, por violación a la Ley 1969 de 2019 sobre topes de producción y precios mínimos del café. No obstante, expuso que el Juzgado Civil del Circuito de Ciudad Bolívar dictó sentencia en la que «declaró no probadas las excepciones y ordenó continuar la ejecución» de la manera prevista en la orden de apremio (7 nov. 2024). Inconforme, apeló la decisión con fundamento en una presunta falta de motivación y en reiteración de sus argumentos iniciales. Señaló que, al momento de desatar la alzada, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia modificó la determinación censurada. En Rad. n.° 11001-02-03-000-2025-06254-00 3 particular, reseñó que la Colegiatura declaró probada la «excepción de fondo» formulada en contra de la cláusula penal «la cual se halló fundada y parcialmente probada la “Falta de claridad y expresividad en la obligación”» y, en consecuencia, reguló el valor de la ejecución, «suma esta que es la única que deberá tenerse en cuenta en el pagaré objeto de recaudo» (12 nov. 2025). De ese panorama derivó la lesión a sus derechos fundamentales, toda vez que, en su concepto, el juzgador de segundo nivel apreció indebidamente la situación fáctica, normativa y jurisprudencial aplicable al caso en concreto. Principalmente, porque: i) «omitió aplicar normas imperativas sobre capacidad contractual y (...)» los presupuestos axiológicos de los títulos ejecutivos, ii) «incumplió su deber de declarar de oficio la nulidad absoluta por falta de capacidad», y iii) «aplicó erróneamente lo dispuesto para el cobro de la cláusula penal compensatoria (...) siendo que dicho incumplimiento requiere de la declaración judicial para ser efectivo». 3. Por lo anterior, pidió «[o]rdenar la nulidad de la sentencia del 12 de noviembre de 2025 y remitir al Tribunal para nueva decisión, analizando: • La falta de claridad y exigibilidad del pagaré por ausencia d