Sentencia STC12229-2026

Radicación n° 11001-22-10-000-2026-01020-01 JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Magistrado ponente STC12229-2026 Radicación n.º 11001-22-10-000-2026-01020-01 (Aprobado en sesión del ocho de julio de dos mil veintiséis) Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiséis (2026). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n°034 de esta Corporación y con el fin de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes comprendidas en este asunto serán omitidos a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Advertido lo anterior, se decide la impugnación formulada frente al fallo proferido el 27 de mayo de 2026 por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por la progenitora[footnoteRef:1] en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad, contra el Juzgado Treinta y Uno de Familia de esta ciudad y la Comisaría Primera de Familia de Usaquén II , a cuyo trámite fueron vinculadas las partes e intervinientes en la medida de protección. [1: El a quo constitucional procedió a acumular a la presente acción la tutela n° 11001221000020260102100.] ANTECEDENTES 1. La promotora reclamó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, «vivir una vida libre de violencias» , «administración de justicia con perspectiva de género» e interés superior del niño, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. Solicitó, entonces «revocar la sentencia de segunda instancia proferida por el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá, de fecha 14 de abril de 2026» y en su lugar se ordene «proferir sentencia sustitutiva». 2. La queja constitucional se sustenta, en síntesis, en lo siguiente: 2.1. Relató que, actuando en nombre propio y en representación del menor, presentó el 16 de marzo de 2023 una solicitud de medida de protección por presunta violencia intrafamiliar contra el progenitor del menor, identificada con el radicado MP1XX-2023 (RUG 1XX-2023), cuyo conocimiento correspondió a la Comisaría Primera de Familia de Usaquén II. En el marco de dicho trámite, la autoridad administrativa dispuso, como medida provisional de protección, atribuir a la solicitante el cuidado y la custodia del niño, decisión que se mantendría vigente hasta tanto se adoptara una determinación distinta respecto de las controversias surgidas con el progenitor. Asimismo, señaló que para el «día 29 de marzo de 2023 se lleva[ó] a cabo la audiencia ante la comisaría de familia primera de Usaquén II, se escuchó en descargos al [progenitor] y no se tuvo en cuenta la solicitud de aplazamiento por parte de [su] abogada». Finalmente, la actuación fue suspendida y se reprogramó. 2.2. Agregó que, el « 10 de julio de 2023, el [progenitor] radicó en Cali demanda de custodia y cuidado personal y alimentos en [su] contra, correspondiéndole conocer del asunto al Juzgado 11 de Familia de Cali, bajo el radicado 2023-00317 » 2.3. Señaló que el 16 de noviembre de 2023 fue notificada de la citación a la audiencia provisional de regulación de custodia, visitas y alimentos, fijada para el 30 de noviembre siguiente. Indicó que la diligencia fue celebrada sin su comparecencia. Añadió que el 1º de diciembre de 2023 fue notificada del auto del 30 de noviembre, mediante el cual la Comisaría Primera de Familia de Usaquén 2 de Bogotá modificó las medidas de protección provisionales, reemplazando la custodia y el cuidado personal del menor que le habían sido asignados, por un régimen de custodia compartida con el progenitor. 2.4. Informó que, posteriormente, mediante decisión del 1º de diciembre de 2023, la Comisaría rechazó de plano la solicitud de nulidad promovida por la apoderada de la ahora accionante. 2.5. Expuso que, una vez agotadas diversas actuaciones procesales, la autoridad competente profirió decisión el 24 de junio de 2025 . En dicha providencia concluyó que no se encontraban acreditados los hechos de violencia intrafamiliar denunciados por la progenitora, en su propio beneficio y en el del niño, en contra del progenitor. Por lo cual, negó la medida de protección solicitada y ordenó dejar sin efectos las medidas provisionales decretadas mediante el auto de apertura del 16 de marzo de 2023. Disconforme con esa determinación, la accionante interpuso recurso de apelación. 2.6. Refirió que el juzgado accionado, mediante providencia del 13 de abril de 2026, resolvió confirmar, en lo que fue objeto de apelación, la decisión proferida el 24 de junio de 2025 por la Comisaría Primera de Familia de Usaquén II de Bogotá. 2.7. Manifestó, de otro lado, que mediante auto del 11 de diciembre de 2023 la Comisaría Primera de Familia de Usaquén II admitió y avocó el conocimiento de la medida de protección MP6XX-2023 , promovida por el progenitor en contra de la progenitora, quien alegó que no le había sido entregado su hijo de diez meses. Como medida provisional, la autoridad ordenó a la progenitora respetar los espacios personales del solicitante y del menor. 2.8. Indicó que, en decisión del 26 de mayo de 2025, la Comisaría resolvió la medida de protección y dispuso medidas a favor del padre y del niño, ordenando a la madre abstenerse de realizar amenazas, ofensas o cualquier conducta que afectara su integridad física o psicológica, así como de exponer al menor a situaciones de violencia, agregando que contra esa determinación y por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación. Sin embargo, mediante providencia del 13 de abril de 2026, el Juzgado de Familia competente confirmó íntegramente la decisión recurrida. 3. Se duele la quejosa, en síntesis, de que las decisiones adoptadas por la Comisaría de Familia dentro de las medidas de protección MP-1XX-2023 y MP-6XX-2023, confirmadas en segunda instancia por el Juzgado de Familia mediante providencia del 14 de abril de 2026, se basaron en una valoración parcial e incompleta del acervo probatorio, lo que condujo a descartar los hechos de violencia intrafamiliar denunciados y a mantener medidas que, en su criterio, desconocieron el contexto de violencia alegado y el deber de aplicar un enfoque de género. RESPUESTAS DE LOS ACCIOONADOS Y VINCULADOS 1. El Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá manifestó, por un lado, que la progenitora, actuando en nombre propio y en representación de los intereses del niño F. P., promovió la medida de protección radicada bajo el n° 1XX de 2023 (R.U.G. n° 1XX de 2023). Con posterioridad, este Despacho conoció del asunto en sede de apelación contra la decisión proferida en audiencia del 24 de junio de 2025. De otra parte, relató que conoció del recurso de apelación interpuesto por la aquí accionante dentro de la medida de protección promovida por el progenitor del menor contra la decisión proferida el 26 de mayo de 2025, ambas apelaciones fueron resueltas mediante providencias del 13 de abril de 2026. 2. El Juzgado Once de Familia de Cali señaló que conoció del proceso de custodia, cuidado personal y alimentos con rad. n° 2023-00XXX-00, promovido por el progenitor contra la aquí accionante, el cual culminó en audiencia celebrada el 11 de junio de 2025, mediante auto, por el cual aceptó el desistimiento de las pretensiones formuladas por la parte demandante. Por lo cual, dicha providencia adquirió firmeza y produjo los efectos propios de la cosa juzgada formal, razón por la cual este juzgado agotó su competencia para continuar conociendo del asunto. 3. El Ministerio Público pidió que se declare la improcedencia de la presente acción. 4. Carlos Salvador Albornoz Bernal, obrando en su calidad de apoderado judicial del padre, solicitó que se nieguen las pretensiones del amparo. 5. La Defensora de Familia adscrita al Grupo Interno de Trabajo del ICBF, solicitó su desvinculación del presente trámite. 6. La Personería Distrital de Santiago de Cali alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva. 7. A su turno, los Juzgados Décimo y Cincuenta y Tres Civiles Municipales de Cali, Setenta y Cinco de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Cali y Séptimo de Familia de Bogotá rindieron los informes respectivos. LA SENTENCIA IMPUGNADA La Sala de Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá denegó el amparo solicitado, al considerar que las decisiones cuestionadas no evidencian una actuación arbitraria ni irrazonable por parte de la autoridad judicial accionada. LA IMPUGNACIÓN Fue formulada por la accionante, quien actúa en nombre propio y en representación de su hijo, reiterando los argumentos de la demanda y sosteniendo que el fallo de primera instancia incurrió en defectos fáctico, sustantivo y orgánico, por la indebida valoración del material probatorio, la interpretación restrictiva del concepto de violencia psicológica y la presunta falta de competencia de la Comisaría de Familia. Por lo cual, además de las pretensiones iniciales, solicitó «la nulidad constitucionalmente relevante y la ineficacia jurídica de todas las actuaciones adelantadas», adoptar medidas transitorias de protección y compulsar copias a las autoridades competentes. CONSIDERACIONES 1. De la procedencia de la acción de tutela Conforme al artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades y, en determinadas hipótesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. Por lineamiento jurisprudencial, tratándose de actuaciones y providencias judiciales, el amparo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando « el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley » (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. 2. Del caso concreto Del examen de las piezas procesales se advierte que la presente acción de tutela cuestiona las dos decisiones proferidas en los trámites de medidas de protección el 13 de abril de 2026 por el Juzgado Treinta y Uno de Familia de Bogotá, en sede de apelación. En una de ellas, confirmó la imposición de una medida de protección a favor del progenitor y de su hijo menor de edad, dentro del asunto MP-6XX de 2023; y, en la otra, confirmó la decisión de no imponer una medida de protección definitiva a favor de la progenitora, adoptada dentro de la medida de protección n° 1XX de 2023 (RUG No. 1XX de 2023). Ambas decisiones tuvieron origen en actuaciones adelantadas por la Comisaría Primera de Familia de Usaquén II. De modo que, esta Sala circunscribirá su análisis a las providencias de segunda instancia, por cuanto fueron las que resolvieron de manera definitiva la controversia planteada en el trámite censurado. 3. De la razonabilidad de las decisiones. Examinada la queja constitucional a la luz de la normativa aplicable y confrontada con la información que reposa en el expediente digital, la Sala advierte que las determinaciones adoptadas el 13 de abril de 2026 por el Juzgado de Familia convocado — mediante la cual confirmó las decisiones proferidas por la Comisaria — no presentan ninguno de los defectos específicos de procedibilidad que justifiquen su revocatoria. Por el contrario, responden a un criterio razonable y jurídicamente fundamentado, como pasa a evidenciarse. 3.1. En relación con la medida de protección rad. nº MP n°1XX-23 , la autoridad judicial accionada, fundamentó su decisión en los testimonios y las documentales allegadas, así como también el informe de valoración diagnóstica parcial realizado por el perito, en el que se indicó lo siguiente: (…) Informe de valoración diagnóstica parcial realizado a la [progenitora] por la perito ANDREA GUERRERO ZAPATA, con fecha 19 de abril de 2023 donde se concluyó (…) A partir del análisis de variables familiares se establece que para la evaluada era importante conformar familia tradicional (padre, madre, hijos) toda vez que no creció con su padre biológico, al iniciar su relación con Felipe y encontrar deseos en el de ser padre por vía subrogada motivó en ella la conformación de núcleo familiar, rompimiento de la relación ha generado en [la progenitora] malestar por un cambo (sic) en proyecto de vida trazado. La evaluada no presenta trastornos de personalidad, es una mujer con tendencias hacia la apertura, la amabilidad, la sociabilidad y la empatía, es confiada y tranquila no hay tendencias hacia la conducta violenta, presenta un adecuado autoconcepto. La evaluada presenta factores protectores y características apropiadas para llevar la custodia de su hijo, tiene capacidad para establecer vínculos y apego seguro, es sensible hacia los demás, tiene adecuada capacidad para resolver problemas, tiene estabilidad económica y laboral cuenta con una adecuada red de apoyo familiar. En consideración al anterior informe, el Despacho procedió a analizar cada uno de los puntos concretos en que la accionada funda su escrito de apelación, así: Este despacho considera, se debe precisar sobre puntos de especial atención como lo son el de la corresponsabilidad parental y la función social de la paternidad, al abordar el estudio de los motivos de inconformidad expuestos por la parte recurrente, debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano, bajo el prisma del artículo 42 de la Carta Política y el artículo 14 de la Ley 1098 de 2006 mismo Código de la Infancia y la Adolescencia, establece la corresponsabilidad como un principio rector e imperativo. Este concepto no es una mera facultad discrecional, sino una obligación compartida, solidaria y permanente de los padres de garantizar los derechos de sus hijos. La doctrina constitucional ha sido enfática en señalar que el interés superior del menor Sentencia T-502 de 2018, exige que el niño mantenga vínculos afectivos y presenciales con ambos progenitores. Por lo tanto, la insistencia del progenitor en este caso en concreto de participar en las decisiones y cuidado del NNA (…)., no deben interpretarse automáticamente como una intromisión abusiva en la autonomía de la madre, sino como la manifestación del cumplimiento de sus deberes de vigilancia, los cuales son irrenunciables. No es dable a la administración de justicia criminalizar la preocupación parental o la búsqueda de consensos en la crianza, so pena de vaciar de contenido la figura de la paternidad responsable. A renglón seguido, es imperativo diferenciar entre la violencia psicológica entendida como un patrón sistemático de humillación, aislamiento o control coercitivo (Ley 1257 de 2008) y la tensión dialéctica propia de una separación conflictiva. Tras analizar el acervo probatorio, específicamente los mensajes de datos y correos electrónicos, este despacho de alzada coincide con la primera instancia en que el lenguaje utilizado por el accionado no reviste la entidad de una agresión tendiente a anular la personalidad ni su rol de madre de la [progenitora]. La fraseología empleada por el accionado, si bien puede resultar incisiva o desprovista de afecto, constituye una respuesta a la dinámica de confrontación por la tenencia del menor. El anuncio de iniciar acciones legales o la exigencia de una rendición de cuentas sobre la manutención alimentaria no configuran maltrato; por el contrario, representan el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.). Como ha señalado la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil, la violencia psicológica requiere la acreditación de un daño o sufrimiento que socave la autoestima de manera grave; en el caso sub examine, lo que se observa es una disputa por el poder de decisión sobre el NNA (…)., y que en todo caso tanto la madre como el padre tienen los mismos derechos y deberes con el NNA. Vista, así las cosas, adoptar la postura de la recurrente implicaría establecer un estándar de "responsabilidad objetiva" donde cualquier desacuerdo del padre frente a las decisiones de la madre sea catalogado como violencia simbólica, lo cual vulneraría el principio de igualdad ante la ley y el debido proceso del accionado. La Comisaría de Familia valoró correctamente que el [progenitor] actuó en defensa de sus prerrogativas como progenitor, buscando asegurar un espacio de coparentalidad que la madre pretendía restringir unilateralmente al trasladar el domicilio del menor a otra ciudad. En esa línea, el Despacho continuó con el análisis de los argumentos de la accionante. I. De la delimitación del concepto de violencia intrafamiliar frente a la conflictividad parental y la carga probatoria. Esta judicatura, al abordar el análisis del recurso de alzada, debe precisar que la Ley 1257 de 2008 y la Convención de Belén do Pará, si bien exigen un enfoque de género transversal, no relevan al operador jurídico de constatar la existencia de un daño o un patrón de control que trascienda la órbita de las diferencias inherentes a una ruptura sentimental. En el caso sub examine, la parte recurrente alega una omisión en el decreto de pruebas y una indebida valoración de los mensajes de datos; no obstante, tras un estudio integral del acervo, se advierte que las comunicaciones enviadas por el [progenitor], si bien pueden ser percibidas como insistentes o incluso unilaterales, se enmarcan en el ejercicio del Derecho-Deber de la Corresponsabilidad Parental (Art. 14 del Código de la Infancia y la Adolescencia). La jurisprudencia de la Corte Constitucional en Sentencia T-012 de 2016, ha decantado que no todo conflicto de pareja constituye violencia, y que para que se tipifique el maltrato psicológico, debe existir una conducta que busque de manera sistemática menoscabar la integridad del otro. En este escenario, la solicitud de rendición de cuentas sobre la cuota alimentaria o la proposición de horarios de cuidado no configuran per se una agresión, sino una pretensión regulatoria de las obligaciones compartidas frente al menor F.P.F. máxime cuando la propia accionante reconoció bajo juramento la inexistencia de maltrato directo hacia el niño en audiencia del 20 de abril de 2023. II. Del principio de necesidad de la prueba y la inexistencia de violencia institucional, aduce el recurrente que el rechazo de pruebas y la falta de enfoque de género configuran una revictimización por parte del estado. Este despacho no haya mérito para este argumento. Puesto que el enfoque de género no obliga al funcionario a fallar a favor de la mujer por el solo hecho de serlo, sino a nivelar las asimetrías de poder. En este caso, no existe tal asimetría: la [progenitora] contó con asesoría jurídica técnica, se trasladó de ciudad por voluntad propia y ejerció plenamente su derecho a la contradicción. La aplicación de la Ley 2126 de 2021 exige celeridad y eficacia. La Comisaría cumplió con el rito procesal y escuchó a las partes. Frente al cargo de apelación sobre la supuesta "La "violencia institucional" no se configura por emitir un fallo desfavorable, sino por la negligencia u obstrucción, situaciones que no se observan en un proceso que ha avanzado a través de todas sus etapas e incluso ha llegado a esta instancia de alzada. Renglón seguido considera este despacho que la Comisaría de Familia actuó bajo el principio de pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba (Art. 168 del Código General del Proceso). La apoderada de la [progenitora] insiste en que el control sobre la lactancia y los horarios de visita constituyen "violencia simbólica"; sin embargo, el análisis jurídico debe diferenciar entre la intromisión abusiva y la negociación de pautas de crianza en un menor de tan corta edad, situación de extracción que además se pudo corroborar con el testimonio de la señora María Luceni Taborda, quien fue una persona cercana en este hogar, aduciendo en el testimonio que rindió en la diligencia del 15 de mayo de 2025 que la práctica de extracción de leche materna era habitual por parte de la progenitora, pues en ocasiones salía y dejaba esta leche para preparar el tetero del NNA (…) De la confirmación de la decisión y el interés superior del menor. Por último, esta instancia advierte que confirmar la decisión de no otorgar la medida de protección es el camino que mejor garantiza el Interés Superior del Menor (Art. 44 C.P.), evitando que el proceso de violencia intrafamiliar sea instrumentalizado como una herramienta de restricción del vínculo paterno-filial. La pretensión de la recurrente de calificar como "amenaza" el anuncio de iniciar procesos legales por parte del progenitor, choca frontalmente con el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; advertir la activación de mecanismos jurisdiccionales no es una forma de violencia, sino el ejercicio legítimo de las vías del Estado de Derecho. (…) El levantamiento de las medidas se ajusta a derecho, toda vez que las diferencias sobre la custodia y el cuidado personal deben ser debatidas en el proceso ordinario de familia que cursa actualmente, y no a través de una medida de protección que carece de fundamento fáctico en la violencia. 3.2. Por otra parte, en lo concerniente a la medida de protección rad. n° MP-6XX-23 , la autoridad judicial, con fundamento en la prueba documental y en las actuaciones obrantes en el expediente, así como en los argumentos expuestos por la tutelante en el recurso de apelación, efectuó un análisis detallado de los antecedentes fácticos y probatorios, tras lo cual señaló que: Para resolver la controversia, este Despacho se fundamentará en los siguientes ejes jurídicos: 1. Sobre la excepción de falta de competencia territorial La recurrente sostiene que la competencia pertenece a Cali por ser el domicilio de la madre y el menor. Este despacho desestima dicho argumento bajo el principio de ubicación de la víctima y lugar de los hechos. Según el Artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 y el Decreto 4799 de 2011, la competencia en medidas de protección es concurrente y puede ser asumida por la autoridad del lugar donde ocurrieron los hechos o donde se encuentre la víctima. Dado que el [progenitor] reside en Bogotá y fue en esta jurisdicción donde se activó la ruta de protección al verse impedido el ejercicio de su paternidad, la Comisaría de Usaquén conserva plena competencia. Del mismo modo la Honorable Corte Constitucional Sentencia T-012/16 ha reiterado que el acceso a la justicia en violencia intrafamiliar no puede verse obstaculizado por formalismos territoriales cuando la víctima ha radicado la solicitud ante una autoridad que ha prevenido en el conocimiento del caso. 2. Sobre la inexistencia de violencia familiar y el "estado de necesidad La defensa alega que la conducta de la madre fue un acto de "protección" y no de violencia. Sin embargo, este Despacho encuentra que la obstrucción de vínculos es una manifestación clara de violencia psicológica. Fundamento: El Artículo 2 de la Ley 294 de 1996 define la violencia intrafamiliar como cualquier acción u omisión que cause daño físico, psíquico o perturbación a un miembro del núcleo familiar. Impedir injustificadamente el contacto de un niño con su padre, utilizando para ello el engaño (alegar medidas de protección inexistentes), constituye una forma de maltrato. Análisis: No puede alegarse "estado de necesidad" para incumplir una orden administrativa previa de custodia compartida. El derecho a la protección de la madre no es absoluto y no puede ejercerse mediante la vulneración de los derechos del niño a tener una familia y no ser separado de ella (Art. 44 C.P.). 3. Sobre la valoración del dictamen pericial psicológico La recurrente intenta restarle valor al dictamen indicando que el estrés del accionante es "propio de la separación". Este argumento carece de sustento científico y jurídico. El dictamen pericial goza de presunción de legalidad y acierto técnico (Art. 226 CGP). El perito identificó una sintomatología de ansiedad y depresión transitoria directamente vinculada a la imposibilidad de ver a su hijo y a la incertidumbre generada por la accionada. 4. Sobre el Interés Superior del Menor y la Obstaculización de Vínculos La defensa afirma que el niño está "bien cuidado" en Cali. Si bien el bienestar material es importante, el bienestar integral incluye el derecho fundamental a la identidad y al vínculo afectivo con ambos progenitores. (…) El comportamiento de la madre, al impedir que el padre viera al niño de 10 meses durante semanas, no solo victimizó al señor Parra, sino que vulneró el derecho del menor F.P.F. a desarrollar un apego seguro con su figura paterna en una etapa vital del desarrollo. 5. Sobre la proporcionalidad de las medidas de protección La apelación pide revocar las medidas por considerarlas excesivas. Este Despacho considera que son necesarias y preventivas. Las medidas de protección tienen como fin cesar la violencia y evitar su repetición. Al haberse probado que la accionada utiliza maniobras evasivas y bloqueos de comunicación, la confirmación de la medida definitiva es la única garantía para restablecer el derecho del niño y del padre a una relación libre de interferencias. La confirmación de la medida garantiza que el hogar no retroceda a dinámicas de maltrato, protegiendo la estabilidad psicológica de la adolescente frente a cualquier eventual reincidencia de sus parientes consanguíneos. (…) En conclusión, ante el acervo probatorio presentado la providencia proferida el día 26 de mayo de 2024, por parte de la COMISARÍA PRIMERA DE FAMILIA DE USAQUÉN II de esta ciudad, se confirmará, como quiera que las pruebas allegadas se ajustan completamente con la decisión tomada por la citada autoridad competente. En atención a lo expuesto, las decisiones cuestionadas no evidencian vulneración de los derechos fundamentales invocados, por cuanto se encuentran sustentadas en las disposiciones aplicables de la Ley 1098 de 2006 y en la jurisprudencia pertinente. En efecto, la corresponsabilidad parental constituye un deber compartido e irrenunciable de ambos progenitores, por lo que la participación del padre en las decisiones relacionadas con el cuidado del menor no puede interpretarse, por sí sola, como una conducta constitutiva de violencia. Por lo cual, la autoridad tras valorar integralmente los elementos probatorios determinó que las actuaciones del progenitor se enmarcaron en el ejercicio de sus deberes parentales y no evidenciaban un patrón de maltrato psicológico o de control sistemático sobre la madre. En ese contexto, las medidas de protección tienen por objeto prevenir la reiteración de hechos de violencia y restablecer los derechos vulnerados. De modo que, al evidenciarse conductas de obstrucción en la comunicación y en la relación paterno-filial por parte de la madre, la autoridad convocada estimó procedente confirmar la medida definitiva, al considerarla el mecanismo idóneo para garantizar el derecho del menor a mantener un vínculo libre de interferencias y proteger su estabilidad emocional. Además, se reitera que no se evidencia el trato discriminatorio alegado por la accionante por su condición de ser mujer. Al respecto que esta Sala ha dejado sentado lo siguiente: (...) la administración de justicia con enfoque de género no implica el desconocimiento del debido proceso de las partes y tampoco debe afectar la imparcialidad del Juez, por eso la Corte ha establecido que «[e]s necesario aplicar justicia no con rostro de mujer ni con rostro de hombre, sino con rostro humano» de forma tal que se materialice la igualdad prevista en la Declaración de Derechos Humanos y reconocida en el artículo 13 de la Constitución Nacional. Por eso, se itera que «Juzgar con «perspectiva de género» es recibir la causa y analizar si en ella se vislumbran situaciones de discriminación entre los sujetos del proceso o asimetrías que obliguen a dilucidar la prueba y valorarla de forma diferente a efectos de romper esa desigualdad, aprendiendo a manejar las categorías sospechosas al momento de repartir el concepto de carga probatoria, como sería cuando se está frente a mujeres, ancianos, niño, grupos LGBTI, grupos étnicos, afrocolombianos, discapacitados, inmigrantes, o cualquier otro; es tener conciencia de que ante situación diferencial por la especial posición de debilidad manifiesta, el estándar probatorio no debe ser igual (…). (STC2287-2018, reiterada en STC7683-2021, STC11842-2022 y STC704-2023). Así las cosas, al margen de que se compartan las decisiones censuradas, el amparo constitucional no resulta procedente en tanto que las determinaciones se consideran razonables y ajustadas a los estándares probatorios, normativos y jurisprudenciales. Se reitera que el hecho de que el resultado procesal no se avenga a los intereses de una de las partes, es una cuestión que escapa al ámbito del juez constitucional, porque este « no puede entrar a descalificar la gestión del juzgador, ni a imponerle una determinada hermenéutica, máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocerían normas de orden público (...) y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses » (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, citada entre otras en CSJ, STC510-2026). En ese sentido se advierte que, de accederse a lo pedido, se convertiría esta acción en un recurso adicional y por tanto contrario a su naturaleza subsidiaria y residual, puesto que la sola divergencia conceptual del actor frente a lo resuelto, no abre la posibilidad del auxilio por cuanto, « no constituye vía de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces [que resolvieron el juicio ejecutivo]» (CSJ STC, 21 jul. 1995, rad. 2397, citada en STC8022-2025, entre otras); Igualmente se ha sostenido que este mecanismo, « no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia » (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada entre otras en CSJ, STC18272-2025 y CSJ, STC1419-2026). 4. De los hechos nuevos Ahora, del escrito de impugnación se desprende que la parte actora pretende, además, «la nulidad constitucionalmente relevante y la ineficacia jurídica de todas las actuaciones adelantadas», como también que se adopten medidas transitorias de protección y compulsar copias a las autoridades competentes, para lo cual debe advertirse que no resulta posible para el juez constitucional pronunciarse sobre actuaciones posteriores que alteraron la situación fáctica existente al momento de la interposición de la tutela, so pena de quebrantar el derecho al debido proceso en perjuicio de la parte accionada, quien ejerció su defensa con fundamento en los hechos originalmente expuestos. En relación con los aspectos inéditos que se presentan en el curso de la tutela, como resulta ser los que la censora trajo novedosamente con su impugnación, se ha dicho que: (…) es cierto que, en sede de tutela, está establecida la facultad - deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores (…) También lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que ésta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (reiterada en CSJ STC, 3 oct. 2013, rad. 2013- 01090-01). 5. Conclusión En el trámite no se evidenció ninguna violación de los derechos fundamentales esgrimidos ni actuación arbitraria por parte de la autoridad accionada. De modo que, las anteriores razones se consideran suficientes para confirmar el fallo objeto de impugnación. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. Comuníquese mediante el medio más expedito a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de Sala MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ FRANCISCO TERNERA BARRIOS 10