Sentencia STC12220-2026

Radicación n° 11001-02-03-000-2026-03614-00 JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Magistrado Ponente STC12220-2026 Radicación n° 11001-02-03-000-2026-03614-00 (Aprobado en sesión de ocho de julio de dos mil veintiséis) Bogotá, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiséis (2026). ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n°034 de esta Corporación y con el fin de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes comprendidas en este asunto serán omitidos a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Advertido lo anterior, se decide la acción de tutela que promovió D.A.R contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta y Tres de Familia de la misma ciudad , trámite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso de privación de patria potestad rad. n°2025-00xxx-00/01). ANTECEDENTES 1. El solicitante invocó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. 2. En síntesis, expuso que PNQ , actuando en representación de sus menores hijos L.A.N, M.A.N y MJ.A.N , instauró en su contra una demanda de privación de patria potestad, cuyo conocimiento fue asumido por el Juzgado Treinta y Tres de Familia de Bogotá, de la cual fue notificado el 20 de junio de 2025. Indicó que el 1° de julio de 2025, fue notificado de una demanda de aumento de cuota alimentaria (rad. 2025-00xxx-00), y el 11 de los mismos de una ejecutiva de alimentos (rad. 2025-00xxx-00), ambas adelantadas ante el Juzgado Sexto de Familia de Bogotá, razón por la que « surgió la posibilidad material de advertir que existía una situación de conexidad procesal que, conforme al Acuerdo PSAA15-10443 del 16 de diciembre de 2015, artículo 6°, podría haber determinado la concentración de la competencia en el Juzgado 06 de Familia ». Afirmó que el 28 de enero de 2026 promovió « incidente de nulidad por falta de competencia », pretendiendo que el Juzgado Treinta y Tres de Familia de Bogotá remitiera el proceso de privación de patria potestad a su homólogo Sexto, pero tal pedimento fue denegado el 6 de abril de 2026, bajo el argumento de que la nulidad debió haberse planteado « como excepción previa al contestar la demanda, y al no haberlo hecho quedó saneada ». Manifestó que contra la anterior decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, aseverando que no podía plantear esos hechos como excepción previa porque para cuando contestó, aun esa situación no se había consolidado, dado que tuvo conocimiento de las demandas alimentarias con posterioridad, argumentos que desestimó el Juzgado el 22 de mayo de 2026, mientras el pasado 12 de junio, el Tribunal no tuvo en cuenta la sustentación por extemporánea, « con base en la regla contenida en el art. 102 del Código General del proceso, sin atender la circunstancia excepcional y sobreviniente acreditada en el expediente ». 3. Solicitó que se proceda a « DEJAR SIN EFECTOS » los autos de 12 de junio y 6 de abril de 2026, proferidos por el Tribunal Superior y el Juzgado Treinta y Tres de Familia de Bogotá, respectivamente, y como consecuencia, se ordene que la actuación sea renovada con providencia « en la que se valore en su integridad el acervo probatorio allegado al expediente y se pronuncie de fondo sobre el incidente de nulidad por falta de competencia, atendiendo el carácter sobreviniente de la causal alegada ». RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADO El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta y Tres de Familia de la misma ciudad, informaron las partes e intervinientes en el asunto cuestionado y este último compartió el enlace para acceder al expediente digital (rad. 2025-00xxx-00/01). CONSIDERACIONES 1. De la tutela contra providencias judiciales. Conforme a la decantada jurisprudencia constitucional y de esta Corte, la presente acción no procede contra esta clase de actuaciones judiciales, toda vez que en aras de mantener incólumes los principios que contemplan los artículos 228 y 230 de la Carta Política, al juez excepcional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los trámites en curso o terminados, para variar las decisiones o para disponer que lo haga de cierta manera. También se ha sostenido que para la intervención del juez excepcional es imperioso que confluyan los requisitos generales de procedibilidad, esencialmente, la existencia de afectación y/o relevancia constitucional; la subsidiariedad, consistente en que la persona interesada haya agotado los medios ordinarios y extraordinario de defensa judicial; y la inmediatez, esto es, que la acción se hubiera interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que estima vulnerador (6 meses). Superado el anterior examen, se hace necesario verificar los criterios establecidos como causales específicas, los que se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las partes o intervinientes. Se precisa que para la procedencia cuando se alegue irregularidad procesal, además de determinar de manera clara los hechos que originan la vulneración, y que la irregularidad tenga incidencia directa en la decisión, se debe identificar la configuración de alguno de los siguientes defectos: sustantivo, orgánico, procedimental, fáctico, error inducido, ausencia de motivación, desconocimiento del precedente, y violación directa de la Constitución. 2. Del problema jurídico. Corresponde a la Corte establecer si la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, actuando en Sala Unitaria de Decisión del 12 de junio de 2026, vulneró los derechos fundamentales invocados por el accionante al confirmar el rechazo de una solicitud de nulidad formulada al interior del proceso de privación de patria potestad (rad. n°2025-00xxx-00/01), o si, por el contrario, esa decisión denota razonabilidad que impida la intervención del sentenciador constitucional. Lo anterior, porque si bien el reproche también se dirigió contra el proveído de 6 de abril que profirió el Juzgado Treinta y Tres de Familia de Bogotá, el actual examen se circunscribirá a lo resuelto por su superior funcional, en tanto la valoración sobre la supuesta vulneración de las prerrogativas alegadas, « debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada » (CSJ STC, 2 may. 2014, rad. 00834-00, citada entre otras muchas en CSJ, STC4024-2026 y STC9408-2026). 3. Del caso concreto. Confrontados los argumentos de la presente reclamación con las piezas procesales pertinentes, la Sala negará la salvaguarda por cuanto la determinación recriminada no constituye defecto específico de procedibilidad que conlleve su quebrantamiento mediante esta excepcional senda jurídica. 3.1. En efecto, para confirmar la desestimación de la nulidad procesal « por falta de competencia » que planteó el señor A. R., la autoridad accionada se valió de la siguiente motivación: (…) La falta de competencia constituye una excepción previa, según así lo señala el numeral 1º del artículo 100 del C.G. del P. En este asunto, la parte demandada no alegó dicha excepción en el término de traslado de la demanda, pudiendo hacerlo. Memórese que el demandado contestó la demanda y propuso excepciones de mérito. Por tanto, y contrario a lo alegado por el apelante, dicha inacción, sin justificación, impide invocarla posteriormente como nulidad. Expresamente el artículo 102 ib, prescribe que « Los hechos que configuran excepciones previas no podrán ser alegados como causal de nulidad por el demandante ni por el demandado que tuvo oportunidad de proponer dichas excepciones». Tal restricción la reitera el inciso 2º del artículo 135 del mismo compendio normativo al establecer que « No podrá alegar la nulidad (…) quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo». Y, como para que no queden dudas, el inciso final de dicho canon señala que « El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde (…) en hechos en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas » (énfasis ajeno al original). (…) En complemento, según el numeral 1º del artículo 133 del estatuto procesal, la nulidad alegada solo se tipifica cuando el «juez actúe en el proceso después de declarar la falta de (…) competencia». En el presente asunto la situación descrita no ha ocurrido. La juzgadora de instancia en ningún momento ha declarado su falta de competencia. Por tanto, ninguna actuación anómala cabe anular. (…) Es preciso remarcar que la nulidad por falta de competencia solo cobija a la actuación surtida después de que exista un pronunciamiento judicial que la declare. Lo actuado antes de dicha declaración conserva validez, según así lo señalan claras y precisas directrices legales. En efecto, el artículo 16 del C.G. del P., disciplina que «Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez , salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo» agregando que «Cuando se alegue oportunamente lo actuado conservará validez y el proceso se remitirá al juez competente ». A su vez, inciso 2º numeral 2º del artículo 101 de la misma obra, señala que «Si prospera la falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez » (resaltado añadido). Por su parte, el art. 138 del mismo estatuto previene que «Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, esta se invalidará». Y el inciso final del artículo 139 ib. reitera que «La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces ». 3.2. Conforme se había anticipado, de lo descrito se descarta la prosperidad del resguardo, en la medida en que no se está ante una providencia arbitraria o caprichosa, toda vez que, al margen de que se compartan o no todos los argumentos esbozados por el Tribunal, se advierte que obedecen a una razonable ponderación de la realidad que muestra el expediente, y la decisión propende por una solución idónea a la problemática puesta bajo conocimiento. Ciertamente, los jueces de instancia fueron claros en precisar que la nulidad por falta de competencia devenía improcedente, pues el supuesto vicio era plenamente previsible y debió alegarse oportunamente como excepción previa durante el traslado de la demanda, y al haber omitido ese mecanismo, no podía invocarlo posteriormente como causal de nulidad, por expresa prohibición surgida de lo prevenido en los artículos 100, 102, 133 y 135 del estatuto adjetivo general. Además, se recordó que la nulidad por incompetencia solo se configura respecto de actuaciones posteriores a una declaración judicial de falta de competencia, circunstancia que no se presentó en el sub júdice , por lo que las actuaciones conservaban plena validez. Aunado a lo antedicho, téngase en cuenta que la proposición de la nulidad parte de una interpretación errónea del fuero de atracción, pues nótese que, en la especialidad de familia, la regla está prevista en el precepto 23 ibidem , cuyos asuntos allí relacionados no tienen relación con los involucrados en el caso objeto del actual examen. La otra situación que daría lugar a atraer la competencia por el juez de familia, refiere a aquella excluyente que en materia de alimentos para menores está contemplada en el numeral 6° del artículo 397 de la misma codificación adjetiva, según la cual, «[L] as peticiones de incremento, disminución y exoneración de alimentos se tramitarán ante el mismo juez y en el mismo expediente y se decidirán en audiencia, previa citación a la parte contraria », conexidad que es aplicable, según el parágrafo 2º del canon 390, « siempre y cuando el menor conserve el mismo domicilio ». En ese orden, se hace necesario tener claridad que una cosa es determinar el distrito, circuito o municipio competente, conforme a las reglas de competencia territorial, como lo es el domicilio o residencia del menor, al tenor de lo consagrado en el numeral 2° del inciso 2° del artículo 28 del compendio en comento, concordante con sendas disposiciones del Código de la Infancia y la Adolescencia, y otra muy distinta es determinar al juez específico de ese circuito que debe conocer del proceso, pues ese aspecto corresponde definirlo al sistema de reparto y no puede alterarse por el hecho de que un determinado Despacho haya conocido previamente de otro proceso relacionado con el mismo menor o entre las mismas partes. De ahí que sea desacertado considerar que por el hecho de que un juez conoce de un proceso de alimentos, cualquiera que sea su modalidad (fijación, aumento, reducción, exoneración), o la ejecución de dicha prestación económica, automáticamente quede atado a conocer de controversia ajena a la temática de alimentos como lo sería la privación de patria potestad respecto de quien allí actúa como alimentario, porque, se itera , no existe un fuero de atracción en ese sentido. 3.3. En este orden, la decisión atacada no constituye yerro sustantivo, procedimental, fáctico o de otra índole, por consiguiente, la Sala concluye que la discrepancia expresada por el demandante no es suficiente para reabrir la discusión culminada ante los jueces de conocimiento, pues para ello no basta que una resolución sea discutible o poco convincente, sino que se encuentre afectada por errores superlativos, flagrantes y desprovistos de fundamento objetivo, lo que no tiene ocurrencia en el caso revisado. Al respecto se ha venido sosteniendo que mientras la decisión no se muestra arbitraria o caprichosa, el que no se avenga a las expectativas o intereses de una de las partes, es cuestión que en sí misma considerada escapa al ámbito del juez de tutela, porque este « no puede entrar a descalificar la gestión del juzgador, ni a imponerle una determinada hermenéutica, máxime si la que ha hecho no resulta contraria a la razón, es decir si no está demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocerían normas de orden público (...) y entraría a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses » (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, citada entre otras en CSJ, STC9409-2026). De igual modo se reitera que la sola divergencia conceptual del accionante hace inviable el auxilio, pues, « no constituye vía de hecho las meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces [que resolvieron el asunto]» (CSJ STC, 21 jul. 1995, rad. 2397, citada entre otras en CSJ, STC4067-2026); y que este instrumento « no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia » (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, citada entre otras en CJS, STC8599-2026). 4. Conclusión. Por lo discurrido, se desestimará el auxilio solicitado, toda vez que la actuación criticada no es producto de un subjetivo criterio que afecte las prerrogativas invocadas. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve NEGAR el amparo deprecado por D. A. R. contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Treinta y Tres de Familia de la misma ciudad. Comuníquese lo resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de Sala MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ FRANCISCO TERNERA BARRIOS 10