Sentencia STC10450-2026

Radicación n.º 08001-22-13-000-2026-00411-01 JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Magistrado ponente STC10450-2026 Radicación n.° 08001-22-13-000-2026-00411-01 (Aprobado en sesión de diecisiete de junio de dos mil veintiséis) Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiséis (2026) ANOTACIÓN PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n°034 de esta Corporación y con el fin de cumplir los mandatos que propenden por la protección de la intimidad y bienestar de los niños, niñas y adolescentes, en providencia paralela a esta, los nombres de las partes comprometidas en este asunto serán omitidos a fin de evitar la divulgación real de sus datos. Advertido lo anterior, se decide la impugnación interpuesta frente el fallo de 15 de mayo de 2026 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acción de tutela que F. R. M. G. , en representación de su hijo menor M. A. M. L. , promovió contra el Juzgado Octavo de Familia del Circuito de Barranquilla , trámite al cual se vinculó a G. M. L. J, la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Superior para Asuntos de Familia, así como las demás partes e intervinientes dentro del proceso de fijación de cuota alimentaria, regulación de visitas, custodia y cuidado personal rad. n° 2025-XXXXX-XX. ANTECEDENTES 1. El actor, por intermedio de apoderado judicial, reclamó la protección de « las garantías fundamentales del niño en conexidad al derecho de no ser separado de su familia, debido proceso ligado al acceso a la administración de justicia» , que estima vulneradas por la autoridad cuestionada, por lo que solicitó « 2. Ordenar al juzgado de familia, ha -sic- emitir medidas provisionales en el término de 48 horas en favor del menor de edad. » 2. Son hechos relevantes para la definición del presente asunto los siguientes: 2.1. Manifestó que ante el Juzgado cuestionado formuló demanda de fijación de cuota alimentaria, regulación de visitas y custodia de su hijo menor, en el que solicitó el decreto de « medidas provisionales » encaminadas a obtener sus pretensiones para definir el monto alimentario, regulación de visitas y permiso para la comunicación entre padre e hijo, a efectos de garantizar la protección del vínculo paternofilial, mientras se define de fondo el asunto. 2.2. Indicó que la demanda fue admitida el 11 de noviembre de 2025 y se dispuso lo propio para adelantar el trámite correspondiente, agregando que, una vez notificado el libelo a la madre del menor, éste fue contestado, y se corrió traslado de las excepciones de mérito que ésta interpuso. 2.3. Refirió que, a la fecha de interponer esta acción, el tema de las medidas provisionales que solicitó desde la interposición de la demanda no ha sido resuelto, por lo que ha reiterado solicitudes de impulso procesal, en aras de que sus pedimentos sean resueltos, agregando que, en el último de los memoriales, presentado el pasado 13 de marzo, acompañó su historia clínica psicológica que demuestra la afectación emocional que padece por no tener contacto con su primogénito. 2.4. Adujo que la omisión prolongada del Juzgado para decidir respecto de las medidas provisionales reclamadas constituye mora judicial injustificada grave, en la medida en que el proceso versa sobre un asunto de familia que comprende derechos de un menor de edad, añadiendo que, hasta la fecha, no ha podido tener acercamiento con el infante por ningún medio, a pesar de estar atento a la gestión y trámite del proceso cuestionado. RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS 1. G. M. L. J solicitó declarar improcedente la tutela y negar las pretensiones. Resaltó que tuvo conocimiento de la demanda en virtud de una consulta desprevenida realizada por su apoderada al expediente digital, por ello se daba notificada por conducta concluyente. Señaló que el actor omitió cuestionar la actuación del Juzgado al momento en que la demanda fue admitida por lo que no hizo uso de los medios con que contaba para atacar el proveído en el que se omitió emitir pronunciamiento alguno respecto de las medidas provisionales solicitadas. Por lo tanto, dijo, no se cumple el requisito de subsidiariedad que haría procedente su estudio. Indicó que no existe mora judicial constitucionalmente relevante que habilite la intervención del juez de tutela, toda vez que no se advierte la paralización irrazonable del trámite, abandono absoluto de las funciones judiciales, negligencia manifiesta, ni conducta arbitraria incompatible con el acceso efectivo a la administración de justicia, al punto de que en el expediente se evidencia actividad procesal constante y actuaciones judiciales reales y efectivas de parte del Despacho accionado. 2. El Juzgado Octavo de Familia Oral de Barranquilla, luego de hacer recuento de las actuaciones adelantadas dentro del proceso cuestionado, señaló que, el 11 de noviembre de 2025, admitió la demanda notificando a la parte pasiva el 19 de febrero de 2026, quien presentó la respectiva contestación proponiendo excepciones de mérito, de las cuales dio el correspondiente traslado el pasado 11 de marzo. Informó que, contra las mismas, el demandante descorrió el traslado aportando anexos para su valoración en la oportunidad procesal, y que la audiencia inicial fue fijada para el 20 de mayo de 2026 a las 9:00 de la mañana. En relación con las medidas cautelares provisionales solicitadas por el demandante – hoy accionante – indicó que « le asiste razón al accionante en el sentido de que solicitó medidas cautelares, sobre las cuales no se pronunció el juzgado en el auto del 08 de mayo del año en curso, sin embargo, estima esta funcionaria que el accionante pudo haber hecho uso de los mecanismos procesales con que contaba para obtener una decisión al respecto, como sería una solicitud de adición de la providencia, por lo que, resultaría improcedente esta acción de tutela. » Reconoció la importancia, urgencia y necesidad de establecer medidas provisionales no solo en cuanto a las visitas, sino también a la fijación de cuota alimentaria provisional, para garantizar no solo los derechos del accionante sino también los del menor, por lo que anunció que «… se emitirá la correspondiente decisión. » LA SENTENCIA IMPUGNADA La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla concedió el amparo solicitado, tras considerar, que a pesar de que el quejoso pudo haber interpuesto las solicitudes de adición o en su defecto interponer los recursos de ley contra el auto admisorio de la demanda generadora de la acción, no podía desconocerse la necesidad del pronunciamiento de las medidas provisionales que fueron pedidas desde la interposición de la demanda. Por ello determinó, en aplicación del principio de interés superior del menor, que « los derechos a la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la educación, la recreación y todo el catálogo de derechos fundamentales, dependen del derecho fundamental básico a una alimentación equilibrada, que procuré asegurar los medios para que niños, niñas y adolescentes, desarrollen su potencial físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, por lo que al no existir pronunciamiento respecto a esa medida provisional dentro del proceso de Fijación de Cuota Alimentaria, Regulación De Visitas, Custodia Y Cuidado Personal con Radicado 080013110008-2025-XXXXX-XX, se evidencia la vulneración de los derechos en mención del menor M.Á.M.L. » Precisó que, a pesar de que la funcionaria accionada anunció en su respuesta que procedería a pronunciarse al respecto, a la fecha de proferirse el fallo de primera instancia no existía tal determinación, por lo que ordenó « al JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA a que sin aun no lo hubiere hecho emita pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud de medidas provisionales solicitadas por el hoy accionante dentro del proceso de Fijación de Cuota Alimentaria, Regulación De Visitas, Custodia Y Cuidado Personal con Radicado 080013110008-2025-XXXXX-XX, a más tardar en la audiencia señalada para el día veinte (20) de mayo de dos mil veintiséis (2026). » LA IMPUGNACIÓN Fue formulada por la vinculada Londoño Juliao, en términos similares a los expuesto en su contestación, alegando que el Tribunal concluyó la existencia de mora judicial injustificada sin efectuar el análisis exigido por la jurisprudencia constitucional, en tanto que no fue estudiado i) la carga laboral del despacho; ii) el nivel de congestión judicial; iii) la complejidad del conflicto familiar, y iv) el desarrollo procesal adelantado dentro del expediente. Asimismo, insistió en la ausencia de afectación directa y concreta de los derechos del menor, en la medida en que no quedó acreditada de manera suficiente, real y verificable. En atención a lo anterior, solicitó revocar el fallo impugnado, y en su lugar declarar improcedente la acción. De manera subsidiaria pidió que, en caso de no revocarse la decisión, la misma fuera modulada en el sentido de abstenerse de efectuar consideraciones que interfieran con la autonomía funcional del juez natural respecto del contenido material de las medidas provisionales que deban adoptarse, estimando las pruebas aportadas para determinar la viabilidad, conveniencia y pertinencia de las medidas. Finalmente, pidió que se ordene suspender la audiencia programada para el 20 de mayo de 2026 a las 9:00 am. CONSIDERACIONES 1. Procedencia de la acción de tutela contra actuaciones judiciales Al tenor del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo jurídico concebido para proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades, o en determinadas hipótesis de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. Por lineamiento jurisprudencial, tratándose de actuaciones providencias judiciales, el amparo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable vía de hecho, cuando « el proceder ilegítimo no es dable removerlo a través de los medios ordinarios previstos en la ley » (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. Bajo ese entendido, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaciones claramente opuestas a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jurídico si el afectado no cuenta con otro medio de protección judicial. Si bien los jueces ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, los constitucionales pueden inmiscuirse en su función, cuando aquellos incurren en una flagrante desviación del mismo. Al respecto, la Corte ha manifestado que: …[E]l Juez natural está dotado de discreta autonomía para interpretar las leyes, de modo que el amparo sólo se abre paso si “se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…” (CSJ TSC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2025). 2. Caso Concreto 2.1. Recuérdese que el accionante se duele de la falta de pronunciamiento del juzgado respecto la solicitud de medidas provisionales urgentes consistente en « fijar cuota alimentaria provisional; regular provisionalmente las visitas y comunicaciones entre padre e hijo, y proteger el vínculo paterno-filial mientras se resuelve de fondo el proceso. », la cual formuló con la presentación de la demanda. Así las cosas, una vez revisado el expediente, se evidenció que el Juzgado Octavo de Familia de Oralidad de Barranquilla, en auto de 15 de mayo de 2026 determinó lo siguiente: 1º. FIJAR como alimentos provisionales a cargo del padre F. R. M. G. en favor de su hijo M. A. M. L. la suma de $2.500.000 mensuales y el pago de la medicina prepagada. La cuota alimentaria mensual deberá ser consignada los primeros cinco días de cada mes en la casilla 6 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a órdenes del Juzgado y a nombre de la madre de la menor, G. M. L. J. Esta cuota comienza a regir a partir de la fecha. 2º. FIJAR como régimen provisional de visitas el siguiente: El padre podrá compartir con su hijo, una vez al mes, por cinco días, por espacio de dos horas, ya sea en la mañana o en la tarde, esta última, sin que exceda de las 7:00 p.m., previa información a la madre, debiendo estar acompañado de su niñera habitual o de la persona que para tal fin designe la madre, a fin de que apoye con su atención y manejo de rutinas. El padre podrá diariamente ver y comunicarse con su hijo a través de cualquier medio tecnológico, durante una hora, debiendo informar con suficiente anticipación a la madre, a qué hora realizará la videollamada. » 2.2. En consideración a lo anterior, esta Sala Especializada concluye que, en efecto, hubo afectación de los derechos del accionante y su menor hijo al haberse incurrido en un defecto procedimental por parte del Juzgado reclamado en el proceso cuestionado. Lo anterior por cuanto, en la oportunidad correspondiente, omitió pronunciarse entorno a las medidas provisionales que desde la formulación de la demanda se formularon, lo que solo vino a cumplirse con el adelantamiento de la presente vía excepcional, tal cual quedó acreditado durante este excepcionalísimo trámite. En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acción de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: ...este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indicó que el defecto procedimental absoluto se presenta “cuando el procedimiento que adopta el juzgador no está sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad… porque (i) el juez se ciñe a un trámite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violación de los derechos de defensa y de contradicción de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, además, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisión de fondo”, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto “ocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, … (CC T-204/18). 2.3. De manera que, revisados los elementos de juicio allegados a este trámite especial, se advierte que, radicada la presente acción constitucional el 8 de mayo de 2026, para el día 15 siguiente y en cumplimiento del fallo de primera instancia que definió este resguardo, la autoridad cuestionada se pronunció sobre las solicitudes formuladas, por lo que, se reitera, la Corte advierte que el Juzgado cuestionado sí cometió un error que ameritaba la injerencia de esta jurisdicción. 2.4. De otra parte, no sobra señalar que los reproches alegados en la impugnación no serán objeto de análisis en esta sede, como quiera que, al proferirse la decisión esperada por el quejoso, los mismos deberán ser formulados en el escenario natural y dentro del proceso sometido a la jurisdicción ordinaria, utilizando para ello los mecanismos que el ordenamiento procesal prevé. 3. Conclusión Basta lo dicho en precedencia para confirmar el fallo impugnado, por las razones aquí estimadas. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. Comuníquese esta decisión a los interesados por el medio más expedito, y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO Presidente de Sala MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA ADRIANA CONSUELO LÓPEZ MARTÍNEZ FRANCISCO TERNERA BARRIOS 1 9 14