Providencia STP8133-2026

Tutela de Segunda Instancia Radicado 151.910 CUI 130012204000202500608-01 A.M.C.G. JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ Magistrado ponente STP8133-2026 Tutela de 2.a instancia N.°151.910 Acta 095 Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026). I. MOTIVO DE LA DECISIÓN La Corte resuelve la impugnación presentada por A.M.C.G.[footnoteRef:1], por medio de agente oficioso, contra la sentencia de tutela proferida, el 11 de diciembre de 2025, por el Tribunal Superior de Cartagena. [1: La Sala identificará a la accionante, mujer mayor de edad, con las iniciales del nombre. Ello, en los términos del literal f) del artículo 8º de la Ley 1257 de 2008, sobre el derecho de las víctimas de violencia de género a ser tratadas con reserva de identidad.] II. ANTECEDENTES 1. Los hechos . El 17 de agosto de 2025, A.M.C.G. fue víctima de agresión física por su pareja, quien utilizó un arma cortopunzante (machete), con la que le ocasionó lesiones que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) calificó con una incapacidad médicolegal definitiva de veinticinco (25) días. Además, el instituto identificó que aquella está en riesgo de muerte en el contexto de violencia de género. A.M.C.G. denunció los hechos ante la Fiscalía y acudió a la Comisaría de Familia de la Localidad Histórica y del Caribe Norte de Cartagena, autoridad que le impuso, como medida de protección provisional, su ingreso a casa refugio por el término de seis meses. La comisaría también calificó su riesgo como alto. 2. La demanda. La Comisaría de Familia de la Localidad Histórica y Caribe Norte, Casa de Justicia Country, actuando como agente oficioso de A.M.C.G., considera que la Fiscalía no ha impulsado el proceso penal n° 1100160011252025XXXXX, pese al contexto de violencia basada en género al cual la víctima está sometida. En ese contexto promueve la acción de tutela en contra de la Fiscalía 43 Seccional de Cartagena por la posible vulneración de los derechos de su agenciada. Pide a la Jurisdicción Constitucional que le ordene formular imputación en contra del posible responsable y solicitar su detención preventiva. Finalmente, aduce que la medida de protección provisional que ordenó -reclusión en casa refugio- tiene una duración de seis meses, por lo que A.M.C.G. deberá volver en febrero a la vivienda donde reside su agresor. 3. Trámite de la acción . El 3° de diciembre de 2025, el Tribunal asumió el conocimiento de la acción y vinculó a la Dirección Seccional de Fiscalías de Bolívar. 4. Las respuestas . Fueron las siguientes: a. La Fiscalía Coordinadora de la Unidad de Vida de Cartagena informó que el Despacho 43 Seccional adelantó diferentes actuaciones investigativas con el fin de recaudar elementos de conocimiento para acreditar la existencia del delito de feminicidio en modalidad tentada y el responsable de su comisión. Además, destacó que la indagación le fue asignada hace tres meses, por lo que no es razonable que deba formular imputación de manera inmediata y mucho menos que deba requerir la imposición de una medida de aseguramiento; la que le exige acreditar la materialidad del punible y los fines constitucionales que persigue con ella. b. El INMLCF señaló que ha contestado de forma oportuna cada uno de los requerimientos que las autoridades competentes le han solicitado. En consecuencia, destaca que no ha vulnerado los derechos de la actora. c. Los demás vinculados guardaron silencio. 5. La sentencia recurrida . El 11 de diciembre de 2025, el Tribunal concluyó, en primer lugar, que la Comisaría de Familia cuenta con legitimación para agenciar los intereses de A.M.C.G., comoquiera que es víctima de violencia basada en género, presenta un puntaje de riesgo alto y reside en una casa refugio. Por lo tanto, está en imposibilidad de promover la acción de tutela de forma directa. En segundo lugar, reconoció que, aunque la investigación debe agotarse con «debida diligencia reforzada»; la Fiscalía no ha desconocido ese deber, pues ha adelantado labores para recolectar los medios de conocimiento necesarios para soportar una eventual acusación. Con base en lo anterior, «declaró improcedente» la acción «por inexistencia del hecho vulnerador». Además, exhortó a la Fiscalía 43 a impulsar la investigación con enfoque de género y a la Comisaría de Familia a evaluar la pertinencia de prorrogar, ajustar o sustituir las medidas administrativas de protección de A.M.C.G. 6. La impugnación . La Comisaría de Familia considera que la Fiscalía 43 Seccional cuenta con elementos de conocimiento suficientes para formular imputación y solicitar la imposición de una medida de aseguramiento contra el posible agresor de A.M.C.G. Sin embargo, destaca que aquella ha incurrido en una situación de mora injustificada, lo cual atenta en contra de la integridad de la víctima. En consecuencia, pide a la Corte que revoque el fallo de primera instancia. 7. Trámite en segunda instancia : El 17 de febrero de 2026, esta Corporación, de acuerdo con los fundamentos fácticos y las pruebas que obran en el expediente, pudo constatar que existe un alto riesgo para la vida e integridad de A.M.C.G., más aún si se tiene en cuenta que el pasado enero decidió retirarse de manera voluntaria de la casa refugio en la que estaba. Por ello, ordenó como medidas provisionales: i) Al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias que requiera a la patrulla del cuadrante adscrito al lugar en el que reside la víctima para que le brinde protección policiva especial y urgente con el fin de evitar cualquier tipo de agresión por parte de Umfried Guzmán Cuesta. ii) A la Fiscalía 43 Seccional de Cartagena que, en cumplimiento de la Directiva 004 de 2023, adelante los actos urgentes que sean necesarios para la protección de la víctima, la preservación de los elementos materiales de prueba y la pronta judicialización del responsable. Asimismo, que solicite ante los jueces de control de garantías la imposición de medidas de aseguramiento y/o de protección y atención a las víctimas a que pueda haber lugar. iii) A la Dirección Nacional de Protección y Asistencia de la Fiscalía General que, de manera inmediata, efectúe el estudio técnico necesario en aras de determinar si A.M.C.G. puede ser incorporada al Programa de Protección y Asistencia a Testigos, Víctimas e Intervinientes en el proceso penal. Por otro lado, dada la necesidad de recaudar información oficial y técnica relevante para valorar la amenaza alegada y la eventual existencia de fallas estructurales en la respuesta institucional dada a A.M.C.G. vinculó y requirió información de la Fiscalía General de la Nación —a través de la dependencia encargada de la administración del sistema SPOA y de la Dirección Nacional de Protección y Asistencia—; a la Defensoría del Pueblo; a los Ministerios de Justicia y del Derecho, y de Igualdad y Equidad; al Observatorio Nacional de Violencias de Género; al Observatorio Feminicidios Colombia; a la Corporación Humanas y a la Organización Sisma Mujer. 8. Las respuestas . Fueron las siguientes: a. La Defensoría del Pueblo informó que no cuenta con sistemas que permitan cruzar denuncias penales previas con casos de feminicidio. Sin embargo, identificó que, en cinco eventos de feminicidio, ocurridos entre 2025 y febrero de 2026, existían antecedentes de violencia intrafamiliar. Aclaró que la experiencia institucional le permite concluir que en varios eventos de feminicidio existe activación previa de rutas institucionales. Asimismo, advirtió fallas estructurales en la respuesta estatal frente a las violencias de género, entre ellas la minimización del riesgo, la persistencia de estereotipos, las demoras investigativas, la débil articulación interinstitucional, la revictimización y las deficiencias en las medidas de protección. b. El Ministerio de Igualdad y Equidad informó que la Ley 2294 de 2023 creó el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género – SALVIA, cuyo propósito es centralizar la información de los casos individuales de violencia basada en género, a fin de monitorear y hacer seguimiento a las acciones adelantadas por las entidades competentes dentro de la ruta de atención integral. No obstante, precisó que dicho sistema se encuentra en proceso de consolidación. c. El Ministerio de Justicia indicó que la implementación de las Casas de Refugio está a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social, en coordinación con las entidades territoriales. Asimismo, señaló el Sistema de Indicadores y Observatorios de Violencia de Género (SISPRO) es administrados por dicho ministerio. d. El INML informó el número de muertes clasificadas como feminicidio en los últimos cinco años. e. La Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General de la Nación dio respuesta parcial a la solicitud, en tanto se limitó a atender los requerimientos con base en la información reportada por la Dirección Seccional de Bolívar, pese a que esta Corporación solicitó datos de alcance nacional. f. La Fiscalía 43 Seccional de Cartagena informó que dio cumplimiento a la medida provisional y que, el 9 de febrero de 2026, adelantó ante el Juzgado 16 Penal Municipal con Función de Control de Garantías la audiencia de formulación de imputación contra Umfried Guzmán Cuesta, por la posible comisión del delito de tentativa de feminicidio. Posteriormente, el 13 de febrero de ese mismo año, el despacho impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario y emitió orden de captura inmediata, la cual fue remitida a la SIJIN y a la DIJIN para su materialización. III. CONSIDERACIONES A. Competencia . Según el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en concordancia con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Corporación es competente para pronunciarse respecto de la impugnación interpuesta contra la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Cartagena. B. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si la actuación de la Fiscalía General de la Nación vulneró los derechos fundamentales de A.M.C.G., al no adoptar una respuesta oportuna y eficaz frente a un escenario de riesgo extremo de violencia basada en género. Para resolver este problema, la motivación de la decisión se desarrollará en el siguiente orden: a) Estándares de protección reforzada de las mujeres en contextos de violencia basada en género; b) Deber reforzado de reacción estatal frente al riesgo de feminicidio; c) La valoración del riesgo como eje de la protección efectiva frente al feminicidio; d) Contexto de violencia contra la mujer en Colombia, y d) Caso concreto. a) Estándares de protección reforzada de las mujeres en contextos de violencia basada en género 1. La protección de las mujeres frente a la violencia basada en género se fundamenta en un robusto marco normativo internacional, constitucional y legal, que impone al Estado obligaciones reforzadas de prevención, atención, investigación y sanción. En el plano internacional, el Estado colombiano ha adoptado instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW– (1979), la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Convención de Belém do Pará– (1994), los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad y tienen fuerza vinculante. Estos instrumentos reconocen que la violencia contra la mujer constituye una violación de derechos humanos, en tanto afecta su dignidad, limita sus libertades fundamentales y se inscribe en relaciones históricas de desigualdad. En particular, la Convención de Belém do Pará define esta violencia como cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado, e impone a los Estados el deber de prevenirla, investigarla, sancionarla y erradicarla mediante mecanismos efectivos. A su turno, el Comité CEDAW ha advertido que esta forma de violencia tiene un carácter estructural y generalizado, lo que compromete la responsabilidad estatal no solo por acción, sino también por omisión, cuando no se adoptan medidas oportunas y eficaces de protección[footnoteRef:2]. [2: Recomendación General No. 35, 2017.] 2. En el orden interno, la Constitución Política establece un mandato reforzado de protección a las mujeres, derivado de los artículos 13, 42 y 43, que imponen al Estado el deber de garantizar la igualdad material, erradicar la discriminación basada en género y brindar una protección especial frente a las distintas formas de violencia. En desarrollo de estos mandatos y de los compromisos internacionales adquiridos, el legislador expidió, entre otras, la Ley 1257 de 2008, orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, así como a garantizar una atención integral a las víctimas. A partir de este marco normativo, la jurisprudencia constitucional[footnoteRef:3] ha reconocido que las mujeres son titulares del derecho fundamental autónomo a una vida libre de violencias, y ha caracterizado la violencia basada en género como un fenómeno estructural, originado en prejuicios y estereotipos históricamente arraigados que han perpetuado relaciones de subordinación y discriminación. Estas violencias se manifiestan de múltiples formas: física, psicológica, económica, vicaria e institucional. [3: Sentencias T-434 de 2024, T-027 de 2025, T-059 de 2025, entre otras. ] b) Deber reforzado de reacción estatal frente al riesgo de feminicidio 3. El reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias impone a las autoridades estatales un deber reforzado de actuación, que no se satisface con el cumplimiento meramente formal de los procedimientos, sino que exige una respuesta oportuna, eficaz, integral y con enfoque de género frente a los riesgos identificados. En efecto, conforme al artículo 7 de la Convención de Belém do Pará y a las Recomendaciones Generales Nos. 19 (1992) y 35 (2017) del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, los Estados deben actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violencias contra las mujeres. Este estándar implica no solo la existencia de normas e instituciones, sino su funcionamiento efectivo, pues la omisión en la respuesta estatal puede traducirse en una forma de tolerancia frente a este tipo de violencias. 4. En el ámbito interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) advirtió que la debida diligencia incluye: (i) el inicio sin dilación de una investigación seria, imparcial y efectiva; (ii) el deber de las autoridades de investigar de oficio las posibles connotaciones discriminatorias del hecho o su motivación en razones de género; (iii) la inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones y, (iv) que la investigación se adelante por parte de funcionarios capacitados en casos similares y en atención a víctimas de violencia por razón de género[footnoteRef:4]. [4: Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277. p. 65-67.] 5. A nivel interno, la jurisprudencia constitucional[footnoteRef:5] ha reiterado que la garantía de una vida libre de violencias exige no solo la prevención, sino también la investigación, sanción y reparación efectiva de estos hechos, lo que supone la adopción de un enfoque de género que permita comprender las condiciones estructurales de desigualdad y evitar la revictimización. [5: Sentencias T-878 de 2014, C-297 de 2016, T-391 de 2025.] En desarrollo de estos mandatos, la Ley 1761 de 2015[footnoteRef:6] incorporó algunas disposiciones en relación con el alcance del principio de debida diligencia en las investigaciones de los hechos de violencia letal contra las mujeres que pueden constituir feminicidios. En concreto, en el artículo sexto, refirió que tal precepto debía ser incluido por las autoridades judiciales en todas y cada una de las actuaciones judiciales correspondientes. [6: Conocida como Ley Rosa Elvira Cely, tipificó el feminicidio como un delito autónomo en Colombia. ] 6. Por otro lado, la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Directiva 0004 de 2023[footnoteRef:7], dictó lineamientos para la investigación y tipificación como feminicidio de hechos de violencia letal contra las mujeres. Entre otros asuntos, determinó: [7: Por medio de la cual se establecen directrices generales para la investigación y judicialización del feminicidio.] i) Cuando los fiscales delegados tengan conocimiento de que se ha ocasionado o intentado ocasionar de manera violenta la muerte de una mujer, incluyendo los casos identificados inicialmente como suicidios, la primera hipótesis de la investigación penal debe consistir en que se trata de un feminicidio o tentativa de feminicidio; ii) En la investigación de los hechos constitutivos de violencia contra la mujer se deben observar los principios de debida diligencia y celeridad, lo que implica que la investigación debe ser oportuna, eficiente, exhaustiva, profesional, imparcial, libre de discriminación y de estigmatización; iii) El acceso a la administración de justicia debe garantizarse bajo los estándares y recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); iv) En el marco de la investigación del delito de feminicidio los fiscales deben valorar el riesgo en el que están las víctimas para solicitar al juez de control de garantías o a la comisaría de familia la adopción inmediata de medidas de protección idóneas que garanticen la seguridad y la protección de la integridad de las víctimas; v) Si el riesgo es grave o extremo, realizar los actos urgentes para la protección de la víctima, la preservación de los elementos materiales de prueba, la pronta judicialización del responsable y la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión; vi) Reservar la identidad y datos personales de la víctima; vii) Adelantar la investigación de manera inmediata y exhaustiva. c) La valoración del riesgo como eje de la protección efectiva frente al feminicidio 7. Uno de los elementos centrales en la prevención de la violencia letal contra las mujeres es la adecuada identificación y valoración del riesgo en el que ellas se encuentran. En el ordenamiento jurídico colombiano existen diversos instrumentos técnicos orientados a este propósito: i) el Protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de la pareja o expareja, a cargo del INMLCF, ii) el Instrumento de valoración del riesgo para la vida y la integridad personal por violencias de género en el ámbito familiar del Ministerio de Justicia y del Derecho, y iii) el Formato de Identificación del Riesgo (FIR) implementado por la Fiscalía. No obstante, la existencia de estas herramientas no ha sido suficiente para evitar que múltiples casos de feminicidio estén precedidos por episodios de violencia conocidos por las autoridades. La evidencia empírica demuestra que la violencia letal contra las mujeres, en muchos casos, es previsible, pues se encuentra antecedida por una cadena de agresiones, amenazas o denuncias que no son adecuadamente valoradas ni atendidas de manera oportuna. 8. En efecto, estudios han evidenciado que un número significativo de mujeres víctimas de feminicidio había acudido previamente a las autoridades en busca de protección. Así, por ejemplo, la Evaluación de la aplicación del Protocolo de valoración del riesgo feminicida realizado por ONU Mujeres indicó que, de 531 víctimas de feminicidio entre 2014 y 2017, 188 mujeres habían acudido previamente a una autoridad competente. Es decir, al menos una de cada tres mujeres que fueron asesinadas, había buscado protección y justicia[footnoteRef:8]. [8: https://colombia.unwomen.org/es/biblioteca/publicaciones/2019/11/evaluacion-aplicacion-protocolo-riesgo-feminicida#:~:text=Los%20hallazgos%20de%20esta%20evaluaci%C3%B3n,y%20la%20paz%20en%20Colombia. ] Del mismo modo, solo en el Departamento de Bolívar, durante los últimos cinco años se determinó que al menos 34 casos de feminicidio estuvieron precedidos por denuncias previas por violencia intrafamiliar, amenazas o tentativa de feminicidio. De igual forma, el Observatorio de Feminicidios Colombia, tras analizar el boletín de feminicidios en el mes de julio de 2024, concluyó que “ las mujeres víctimas de violencia acuden cada vez más a denunciar ante las autoridades competentes. Sin embargo, las medidas de protección para atender dichas denuncias son insuficientes ”[footnoteRef:9]. [9: Red Feminista Antimilitarista (2024). Boletín Mensual Vivas Nos Queremos julio 2024. Disponible en: https://observatoriofeminicidioscolombia.org/images/boletin-nacional/pdf/VIVAS_NOS_QUEREMOS-boletin-nacional-julio.pdf ] 9. Este contexto revela que la valoración del riesgo no puede ser entendida como un trámite meramente formal, sino como un instrumento decisivo para prevenir la materialización del daño. En esa medida, la respuesta estatal debe orientarse a identificar de manera temprana los factores de riesgo, activar de inmediato las rutas de protección y adoptar medidas idóneas y eficaces dirigidas a neutralizar la amenaza. En particular, el juez constitucional, al analizar la actuación de las autoridades en estos casos, debe verificar: i) si, una vez conocidos los hechos de violencia, se adelantó una valoración efectiva del riesgo de feminicidio; ii) qué instrumentos técnicos se utilizaron y con qué grado de diligencia fueron aplicados; y iii) si las medidas de protección adoptadas fueron adecuadas, oportunas y efectivamente implementadas en función del nivel de riesgo identificado[footnoteRef:10]. [10: Sentencia T-027 de 2025.] 10. En consecuencia, la adecuada valoración del riesgo se erige como un presupuesto indispensable para garantizar una protección real y efectiva de las mujeres, en tanto permite anticipar la escalada de violencia y adoptar decisiones oportunas que eviten su desenlace fatal. d) Contexto de violencia contra la mujer en Colombia 11. A pesar de los múltiples esfuerzos institucionales orientados a prevenir y reducir la violencia de pareja, este fenómeno no solo persiste, sino que no evidencia una tendencia clara a su disminución. Su gravedad, extensión e impacto han llevado a que sea reconocido como un problema de salud pública. En efecto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, “en algún momento de sus vidas, al menos el 30% de las mujeres en todo el mundo han experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja o por terceros” [footnoteRef:11]. [11: Nava-Navarro V, Onofre-Rodríguez D, Báez-Hernández F. Autoestima, violencia de pareja y conducta sexual en mujeres indígenas. Enferm. univ. 2017; 14(3):162-169. Disponible en: https://doi.org/10.1016/j.reu.2017.05.002 ] De acuerdo con los informes del INMLCF, en 2021, 30.436 mujeres fueron víctimas de violencia no fatal por parte de su pareja. Esta cifra se incrementó en un 22,7% en 2022 y, en 2023, volvió a aumentar en aproximadamente un 4%. Para 2024, se observa una disminución cercana al 12,1%. Finalmente, aunque para 2025 no existe aún un reporte oficial desagregado, se registraron 38.001 casos, cifra superior a la de 2024 (34.111), lo que permite advertir que, pese a fluctuaciones anuales, la violencia contra las mujeres en el ámbito de pareja mantiene una tendencia persistente y preocupante. La evolución de la violencia no fatal en el ámbito de pareja, de acuerdo con los informes anuales del INMLCF, entre 2021 y 2024[footnoteRef:12], es la siguiente: [12: La información con base en la cual se elaboraron las estadísticas de esta decisión fue extraída de: https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-estadisticas/forensis.] 12. Lo anterior denota que durante 2021 y 2022 se presenta una tasa aproximada de un hombre por cada siete mujeres víctimas, proporción que en 2023 y 2024 varía levemente a un hombre por cada seis mujeres. Esta tendencia evidencia no solo la persistencia de una mayor afectación en mujeres, sino también la estabilidad de dicha disparidad a lo largo del tiempo, lo que permite concluir que la victimización femenina mantiene un peso significativamente superior dentro del total de casos analizados. 13. Con base en la información consolidada para el periodo 2021–2024, se advierte que el grupo etario más afectado corresponde de manera consistente a mujeres entre los 25 y 29 años, lo que evidencia una concentración de la victimización en población joven adulta. En cuanto al nivel educativo, predomina la formación media o secundaria, mientras que la participación de mujeres con niveles educativos altos (maestría y doctorado) es marginal, alcanzando apenas alrededor del 1%, lo que sugiere una mayor incidencia en mujeres con niveles educativos intermedios, sin que el fenómeno sea completamente ajeno a otros niveles de formación. 14. Desde la perspectiva del estado civil, la mayoría de las víctimas se encontraba en unión libre, esto refuerza la relevancia del contexto de relaciones de pareja. Finalmente, los principales desencadenantes identificados —celos, desconfianza, infidelidad y manifestaciones de machismo— se mantienen de forma reiterada, lo que permite concluir que la violencia analizada presenta patrones estructurales asociados a dinámicas afectivas y de control, con una incidencia particularmente marcada en ciertos grupos poblacionales. Ahora bien, no todas las víctimas de violencia por parte de su pareja son valoradas por el INMLCF, lo que explica la diferencia frente al número de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar reportado por la Fiscalía. No obstante, a partir de esta última fuente se advierten conclusiones similares: si bien en 2024 se presentó una disminución, para 2025 los casos superaron las cifras registradas en 2021, 2022 y 2023. Obsérvese: 1. Víctimas de violencia intrafamiliar según el sexo (FGN) 15. La forma más grave de violencia contra la mujer en el contexto de pareja es el feminicidio. Por lo general, esta conducta es el reflejo de una historia de actos violentos consecutivos contra aquella. Generalmente, si la violencia se intensifica y no hay intervención oportuna, las mujeres pueden terminar asesinadas.[footnoteRef:13] [13: Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Internet]. CEPAL; Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Disponible en: https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio ] De acuerdo con la información reportada por el Observatorio de Feminicidios de Colombia[footnoteRef:14], aunque el panorama en 2024 podría considerarse alentador en términos de la disminución de la violencia no letal de pareja contra la mujer, lo cierto es que no ocurrió lo mismo respecto de su manifestación más grave, pues los feminicidios aumentaron. [14: https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/reportes ] 2. Feminicidios según el Observatorio de Feminicidios de Colombia 16. Llama la atención de esta Corporación que, en ciertos casos, los feminicidios resultan suficientemente evidentes desde el ámbito forense. En efecto, desde 2018, el INMLCF incorporó en la variable “circunstancia del hecho” la categoría de “feminicidio” , utilizada en aquellos eventos de presuntos homicidios de mujeres en los que, durante la necropsia médicolegal, se identifican signos físicos que permiten inferir dicha calificación. Con base en este criterio, la entidad ha reportado las siguientes cifras en los últimos años: 3. Clasificación de feminicidios durante la necropsia No obstante, como es lógico, esta clasificación no siempre puede establecerse exclusivamente a partir del análisis forense, en la medida en que su determinación definitiva exige la valoración de elementos contextuales e investigativos que exceden su ámbito de competencia. 17. Por otra parte, en lo que respecta a la identificación de los presuntos agresores en homicidios de mujeres, el INMLCF, con base en la información disponible —que oscila entre el 21% y el 30 % del total de casos—, estableció que la pareja o expareja de las víctimas figura como posible responsable en un número significativo de eventos. En particular, para los años 2021, 2022, 2023 y 2024, se registraron 144, 147, 119 y 146 casos, respectivamente. 18. Por su parte, las tentativas de feminicidio, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia, también evidencian cifras preocupantes: 4. Tentativas de feminicidio según el Observatorio de Feminicidios 19. Todo lo anterior permite concluir que la violencia contra la mujer en el contexto de pareja en algunos casos se intensifica hasta alcanzar su manifestación más extrema. En efecto, la coexistencia de altos niveles de violencia no letal, el incremento de los feminicidios y la identificación recurrente de la pareja o expareja como principal agresor evidencian que el riesgo letal no es un evento aislado, sino el resultado de dinámicas progresivas de violencia que, en múltiples ocasiones, son conocidas por las autoridades sin que se adopten medidas eficaces para su contención. 20. Esta última afirmación cobra especial relevancia si se tiene en cuenta el análisis de la valoración del riesgo como herramienta determinante para prevenir la escalada de violencia y evitar su desenlace fatal. La identificación temprana del riesgo y su adecuada gestión constituyen un elemento esencial para garantizar una protección efectiva, pues a partir de aquella las instituciones adoptan medidas idóneas, proporcionales y eficaces orientadas a neutralizar la amenaza. El análisis de las valoraciones de riesgo efectuadas entre 2021 y 2024 permite advertir un patrón consistente de alta gravedad. El riesgo extremo se mantiene como la categoría predominante en todos los años, con una tendencia creciente que pasa de 3.460 casos en 2021 a 4.995 en 2024. A su vez, el riesgo grave presenta cifras igualmente significativas, lo que, en conjunto, permite afirmar que ambas categorías —las de mayor nivel de preocupación— concentran en la mayoría de los años más de la mitad del total de valoraciones realizadas. Véase: 5. Valoraciones de riesgo realizadas por el INML, entre el 2021 y 2024. Este comportamiento evidencia que una gran parte de las mujeres víctimas de violencia se encuentra en situaciones de alta o crítica vulnerabilidad. De manera complementaria, aunque el riesgo moderado también registra un incremento sostenido, y el riesgo bajo se mantiene como el menos frecuente, la distribución general confirma que las valoraciones no se concentran en escenarios leves, sino en contextos de riesgo elevado. En ese sentido, la tendencia creciente del total de casos, sumada a la alta participación de los niveles más severos, permite concluir que la violencia analizada no solo es persistente, sino que se manifiesta predominantemente en formas graves, lo que refuerza la necesidad de respuestas institucionales oportunas y eficaces. 21. En cuando a los principales agresores de las mujeres, de acuerdo con la valoración del riesgo del 2021 al 2024, se tiene: 6. Principales agresores de las mujeres de acuerdo con las valoraciones de riesgo efectuadas por el INML entre 2021 y 2024 El análisis de los principales agresores, entre 2021 y 2024, evidencia que la violencia contra la mujer se concentra de manera predominante en el ámbito de las relaciones de pareja o expareja, especialmente en aquellas de carácter permanente. En efecto, las mayores frecuencias corresponden al excompañero permanente y al compañero permanente, lo que pone de manifiesto no solo la centralidad de las relaciones afectivas en la configuración de la violencia, sino también su persistencia incluso después de la ruptura del vínculo. Esta circunstancia sugiere la existencia de dinámicas de control, posesión y conflicto que trascienden la vigencia de la relación. Aunque otras categorías como esposo, exnovio y exesposo presentan valores relevantes, su incidencia es significativamente menor, mientras que las relaciones menos formales registran una participación marginal. En conjunto, estos datos permiten concluir que la violencia analizada responde a patrones estructurales asociados a relaciones íntimas, en las que el grado de cercanía, convivencia y duración del vínculo incide directamente en su ocurrencia y gravedad. 5. Caso concreto . 22. En el presente asunto, la Sala advierte que la Fiscalía aportó elementos que acreditan que A.M.C.G., mujer de 39 años, fue víctima de una agresión grave perpetrada por su pareja, quien utilizó un arma cortopunzante (machete)[footnoteRef:15], ocasionándole lesiones que el INMLCF calificó con una incapacidad médicolegal definitiva de veinticinco días[footnoteRef:16]. [15: Esto también se corrobora a partir de la Epicrisis de la Clínica Blas Lezos S.A.S. del 17 de agosto de 2025.] [16: Informe Pericial de Clínica Forense - UBCARCA -DSBO-04166-2025 del 20 de agosto de 2025. En este, además, identificó: riesgo inminente de muerte por violencia de pareja. ] Según la denuncia, el 17 de agosto de 2025, hacia las 11:00 a.m., su compañero sentimental la atacó en sus extremidades e intentó herirla en el cuello con un machete, al parecer porque escuchó que ella pensaba vender uno de sus electrodomésticos. La víctima evitó el desenlace letal al interponer su brazo y luego huyó en busca de ayuda. La agresión ocurrió, además, en presencia de su madre, una mujer de 80 años. La valoración meédicolegal practicada por INMLCF no deja margen de duda sobre la gravedad de lo ocurrido. A.M.C.G. presentaba una herida en la región axilar derecha de entre 10 y 15 cm, con compromiso de tórax y tejido subcutáneo, así como laceraciones y quemaduras por fricción en las extremidades inferiores. Por estos hechos, el 20 de agosto de 2025, el INMLCF valoró su riesgo y concluyó: “De acuerdo a los hallazgos de la valoración y los resultados de la Escala DA cuyo nivel de riesgo arrojado es RIESGO EXTREMO , y teniendo en cuenta la cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales que han puesto a la señora AM CG en una situación en la que se hace imperativo tomar medidas urgentes en aras a proteger la vida de la usuaria teniendo en cuenta que en caso de reincidencia de actos como los investigados existiría un RIESGO EXTREMO de sufrir lesiones muy graves o incluso la muerte”. 23. Con base en ello, el 21 de agosto de 2025 la comisaría de familia dispuso, entre otras medidas, el ingreso de A.M.C.G. a una casa refugio. También aplicó el instrumento de valoración del riesgo para la vida y la integridad personal por violencias de género y confirmó la gravedad de la amenaza que pesaba sobre ella. 24. Aunque en un comienzo la noticia criminal se tramitó bajo la hipótesis de violencia intrafamiliar, la propia Fiscalía advirtió luego que, durante los tres años de relación con Umfried Guzmán, A.M.C.G. estuvo sometida a ciclos de violencia psicológica, física y sexual persistentes, por lo que concluyó que los hechos podían adecuarse al delito de feminicidio en grado de tentativa. En consecuencia, el 19 de septiembre de 2025 el asunto fue remitido a la Fiscalía 43 Seccional de la Unidad de Vida. 25. A partir de ese momento, la cronología de la actuación penal muestra que sí existió actividad investigativa, pero no la reacción pronta y eficaz que el caso exigía. El 22 de septiembre de 2025, la Fiscalía 43 libró órdenes a policía judicial para entrevistar a la víctima, a testigos presenciales, a la madre de esta y para obtener copia de la tarjeta decadactilar del indiciado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El 25 de septiembre siguiente la víctima fue entrevistada. Allí relató un escenario de violencia sostenida, marcado por celos, control, amenazas de muerte, acoso, vigilancia permanente, prohibiciones para salir de la casa, restricciones económicas y agresiones físicas y sexuales previas. Refirió, además, que el agresor la amenazaba con cuchillos, navajas y machetes; que los afilaba delante de ella y le decía que los usaría en su contra; que le manifestó incluso su intención de conseguir un arma de fuego para dispararle en la frente, y que siempre creyó que él era capaz de matarla. El 29 de septiembre de 2025, la Registraduría remitió la copia de la tarjeta decadactilar de Umfried Guzmán. El 26 de noviembre de ese año A.M.C.G. fue nuevamente entrevistada y reiteró el relato ya entregado, incluyendo antecedentes de agresiones y amenazas previas desde la época en que convivían en Palmira, así como episodios de violencia sexual y un patrón continuo de intimidación vinculado a su deseo de terminar la relación. Finalmente, el 8 de enero de 2026 fueron entrevistadas dos familiares de la víctima: su sobrina y su progenitora. 26. Pues bien, aunque entre la ocurrencia de los hechos y la emisión de las primeras órdenes a policía judicial transcurrió apenas un mes, lo cierto es que, desde finales de septiembre de 2025, la Fiscalía ya contaba con elementos de conocimiento suficientes para avanzar en la vinculación formal del agresor. La inferencia sobre su participación era clara: existía el señalamiento directo de la víctima, la evidencia medicolegal corroboraba una agresión real y severa, había al menos un testigo presencial, reposaban antecedentes de violencia reiterada y se habían aportado incluso audios de WhatsApp en los que el procesado expresaba arrepentimiento y su intención de reparar. En esas condiciones, la Sala no encuentra justificación suficiente para que, pese a la gravedad de los hechos y al nivel de riesgo extremo ya identificado por dos autoridades distintas, hubieran transcurrido seis meses sin que la Fiscalía adoptara una decisión efectiva encaminada a judicializar al agresor y a neutralizar el peligro que seguía enfrentando la víctima. Para el momento en que se promovió la tutela, lo único pendiente por practicarse eran entrevistas de dos familiares, que no resultaban determinantes para sustentar la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, más aún cuando sus aportes ya eran conocidos, mediante las actuaciones surtidas ante la comisaría de familia. 27. En este punto, la Sala considera particularmente grave que la respuesta institucional se hubiera limitado, en la práctica, a mantener a la víctima en una casa refugio mientras el presunto agresor continuaba ajeno al proceso penal, sin perjuicio del peso de la evidencia en su contra. Aquella medida puede ser necesaria como respuesta urgente y transitoria, pero no satisface por sí sola el deber estatal de protección cuando el riesgo extremo proviene de una persona plenamente individualizada y, como se acreditó en este trámite, existían elementos suficientes para activar la acción penal. Resulta desproporcionado que sea la víctima quien deba apartarse de su hogar, de su familia, de sus hijos y de su entorno cotidiano para salvaguardar su vida, mientras el presunto responsable permanece por un tiempo prolongado sin una reacción judicial efectiva. En otras palabras, el Estado terminó trasladando a la víctima la carga de la protección. Ese enfoque desconoce, además, el sentido mismo de la valoración del riesgo. Como se advirtió en párrafos atrás, tales instrumentos no cumplen una función meramente estadística o documental, sino que hablan sobre historias humanas. Su finalidad es orientar decisiones concretas y urgentes. Una calificación de riesgo extremo no puede ser tratada como un simple dato en el expediente: exige una respuesta institucional inmediata, articulada y materialmente idónea para evitar la consumación de nuevas agresiones o incluso del feminicidio. En muchos casos, las mujeres calificadas en riesgo extremo son, en realidad, sobrevivientes de feminicidio no consumado, bien porque recibieron atención médica oportuna, porque intervino un tercero o, como ocurrió aquí, porque lograron desviar el ataque letal hacia una zona menos comprometida de su cuerpo. Por eso, la Sala comparte la apreciación de la comisaría de familia en cuanto a que la Fiscalía 43 Seccional de Cartagena incurrió en una demora injustificada en el impulso del proceso penal. En este caso, el deber de debida diligencia reforzada no se agotaba en practicar algunas actuaciones formales dentro de los términos generales previstos en la Ley 906 de 2004. La existencia de un ciclo claro de violencia basada en género, el empleo de un arma cortopunzante, el intento de lesionarla en el cuello, los antecedentes de amenazas y la calificación de riesgo extremo imponían una reacción mucho más célere, efectiva y especializada. Si bien el parágrafo 1º del artículo 175 de la Ley 906 de 2004 prevé términos máximos para formular imputación o adoptar otras decisiones en la etapa de indagación, esos plazos no pueden leerse como autorización para diferir la actuación estatal en casos de violencia feminicida. Se trata apenas de límites generales. En asuntos como este, en los que la tardanza prolonga la exposición de la víctima a un riesgo letal, la Fiscalía debe actuar con una celeridad cualificada. 28. Así pues, la Sala concluye que la Fiscalía no garantizó el estándar reforzado de diligencia que debe regir su actuación en casos de violencia basada en género. No actuó con la celeridad ni la eficacia que exigía un escenario de riesgo extremo previamente identificado por autoridades técnicas. La investigación avanzó, pero lo hizo bajo parámetros ordinarios, incompatibles con la gravedad del riesgo identificado. En este contexto, la demora en adoptar decisiones sustanciales no fue neutra: prolongó la exposición de la víctima a un riesgo cierto y grave para su vida e integridad. La Fiscalía no puede trasladar a la víctima la carga de impulsar el proceso penal ni supeditar la activación de mecanismos de protección a la culminación de diligencias no determinantes. En este caso, eso fue lo que ocurrió, pues solo con ocasión de la intervención del juez constitucional en segunda instancia se produjo una reacción institucional que condujo a la emisión de una orden de captura contra Umfried Guzmán Cuesta. Sin embargo, dicha orden no se ha materializado, de modo que el riesgo extremo que pesa sobre A.M.C.G. subsiste. 29. Por otra parte, si bien la Directiva 0004 de 2023 no establece expresamente la obligación de asignar estos casos a fiscales especializados, sí exige que la actuación investigativa se ajuste a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre ellos, se encuentra la necesidad de incorporar la perspectiva de género y de garantizar que la investigación sea adelantada por funcionarios capacitados en violencia basada en género y en la atención a sus víctimas. En esa línea, la Corte Constitucional[footnoteRef:17] ha sostenido que, cuando existen elementos que permiten inferir que un hecho violento pudo estar motivado por la condición de mujer de la víctima, resulta razonable y necesario que la investigación sea asumida por unidades especializadas en este tipo de conductas. [17: Sentencia T-391 de 2025.] Ello obedece a que la investigación de la violencia letal contra las mujeres no puede abordarse como un hecho aislado. Exige no solo rigor técnico, sino también la capacidad de comprender el contexto en el que se produce, caracterizado por relaciones de poder, patrones de control y antecedentes de violencia que incrementan el riesgo feminicida. En consecuencia, la investigación de estos hechos debe adelantarse por funcionarios capacitados y bajo parámetros que permitan una respuesta integral y oportuna. En este caso, ello no ocurrió. 30. Bajo este panorama, y dado que Umfried Guzmán Cuesta no se encuentra sometido a la medida de aseguramiento personal decretada en su contra, la Sala advierte que A.M.C.G. permanece expuesta a un riesgo extremo de ser víctima de feminicidio. La evidencia demuestra que las amenazas en contextos de violencia de pareja no son hipotéticas y que, en múltiples ocasiones, terminan materializándose. Por tanto, la valoración del riesgo extremo debía activar una respuesta institucional inmediata, orientada a proteger de manera efectiva su vida e integridad. 31. En consecuencia, la Sala revocará la decisión del Tribunal y, en su lugar, amparará el derecho fundamental de A.M.C.G. a vivir una vida libre de violencia y ordenará: i) A la Fiscalía General de la Nación, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reasigne la actuación No. 1100160011252025XXXXX a una unidad especializada en delitos contra la mujer y/o feminicidios. La unidad especializada deberá, dentro de los diez (10) días siguientes a la reasignación, evaluar integralmente la actuación y determinar, con enfoque de género y bajo estándares de debida diligencia reforzada, si existen actos investigativos omitidos o que deban practicarse nuevamente para el esclarecimiento del contexto, previo a la presentación del escrito de acusación. Asimismo, dentro del mismo término, deberá evaluar de manera prioritaria, expresa y motivada la procedencia de solicitar ante el juez de control de garantías la práctica anticipada de la declaración de la víctima y de los demás medios de prueba susceptibles de pérdida o alteración, con el fin de preservar la información disponible, evitar escenarios de retractación derivados de presión o amenazas y prevenir la revictimización de A.M.C.G. en el juicio. Lo anterior, de conformidad con el artículo 284 del CPP, modificado por el artículo 5° de la Ley 2477 de 2025. ii) A la Fiscalía General de la Nación, que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, adopte de manera inmediata, prioritaria y coordinada todas las actuaciones necesarias para lograr la efectiva materialización de la orden de captura vigente contra Umfried Guzmán Cuesta, incluyendo la articulación con los organismos de policía judicial y el seguimiento activo a su ejecución. iii) Al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, que requiera al competente del lugar de residencia de la accionante, así esté ubicado en otra ciudad, para que, de manera inmediata, adopte medidas de protección especial a favor de A.M.C.G., orientadas a prevenir cualquier agresión en su contra. Para conocer el lugar de residencia de A.M.C.G., deberá entablar comunicación con la Comisaría de Familia de la Localidad Histórica y Caribe Norte, Casa de Justicia Country. iv) A la Dirección de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, que, dentro de los diez (10) días siguientes y previo consentimiento de la víctima, realice la valoración técnica correspondiente para determinar la procedencia de su inclusión en el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el proceso penal, e informe a esta Corporación las decisiones adoptadas. En el mismo término, deberá valorar la situación de riesgo de A.M.C.G. y, de acuerdo con sus competencias, definir, adoptar e implementar las medidas de protección idóneas, necesarias y proporcionales para mitigar el riesgo extremo en que se encuentra, con seguimiento efectivo a su cumplimiento. Para ese efecto, deberá dejar constancia escrita y motivada de la valoración realizada, de las medidas concretas adoptadas y de la ruta institucional de seguimiento. v) A la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, o a la dependencia competente del Sistema Nacional de Defensoría Pública, que, dentro de las 72 horas siguientes a la notificación de esta providencia, brinde a A.M.C.G. orientación y acompañamiento jurídico integral sobre sus derechos como víctima dentro del proceso penal, y previa valoración de procedencia según sus competencias legales y reglamentarias, designe un apoderado de víctima, preferiblemente con formación en enfoque de género, para que la asesore y la represente en el curso del proceso penal, si a ello hubiere lugar. Asimismo, deberá verificar que, en el curso del proceso, no se le impongan a la víctima cargas, exigencias o barreras institucionales que impliquen revictimización, y remitir un informe de seguimiento sobre las gestiones realizadas, las medidas adoptadas y el estado actual del acompañamiento. vi) A la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, que, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, valore, mediante decisión motivada, si las particularidades del caso ameritan la constitución o asignación de una agencia especial para ejercer intervención, control y vigilancia dentro del proceso penal, en atención al nivel de riesgo advertido, la naturaleza de los hechos investigados y la necesidad de reforzar la protección de los derechos de la víctima. vii) Al Ministerio de Igualdad y Equidad, que, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, en el marco de sus competencias, informe a la víctima sobre la oferta institucional disponible y facilite, si ella lo acepta, su eventual vinculación o canalización hacia programas de abordaje integral de las violencias contra las mujeres, a fin de que pueda conocer sus derechos, los mecanismos de acceso a apoyos institucionales y las rutas de atención para emergencias. viii) A la Relatoría de Tutelas y a la Secretaría de esta Corporación, que adopten las medidas necesarias para anonimizar la identidad de la accionante y su núcleo familiar, así como cualquier información que permita su identificación en las bases de datos y sistemas de acceso público, con el fin de proteger su intimidad y evitar su revictimización. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas No. 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE: Primero. Revocar la sentencia de tutela proferida, el 11 de diciembre de 2025, por el Tribunal Superior de Cartagena. En su lugar, amparar el derecho fundamental a una vida libre de violencias de A.M.C.G. Segundo. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, reasigne la actuación No. 1100160011252025XXXXX a una unidad especializada en delitos contra la mujer y/o feminicidios. La unidad especializada deberá, dentro de los diez (10) días siguientes a la reasignación, evaluar integralmente la actuación y determinar, con enfoque de género y bajo estándares de debida diligencia reforzada, si existen actos investigativos omitidos o que deban practicarse nuevamente para el esclarecimiento del contexto, previo a la presentación del escrito de acusación. Asimismo, dentro del mismo término, deberá evaluar de manera prioritaria, expresa y motivada la procedencia de solicitar ante el juez de control de garantías la práctica anticipada de la declaración de la víctima y de los demás medios de prueba susceptibles de pérdida o alteración, con el fin de preservar la información disponible, evitar escenarios de retractación derivados de presión o amenazas y prevenir su revictimización en el juicio. Lo anterior, de conformidad con el artículo 284 del CPP, modificado por el artículo 5° de la Ley 2477 de 2025. Tercero. Ordenar a la Fiscalía General de la Nación que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, adopte de manera inmediata, prioritaria y coordinada todas las actuaciones necesarias para lograr la efectiva materialización de la orden de captura vigente contra Umfried Guzmán Cuesta, incluyendo la articulación con los organismos de policía judicial y el seguimiento activo a su ejecución. Cuarto. Ordenar Al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena que requiera al competente del lugar de residencia de la accionante, así esté ubicado en otra ciudad, para que, de manera inmediata, adopte medidas de protección especial a favor de A.M.C.G., orientadas a prevenir cualquier agresión en su contra. Para conocer el lugar de residencia de A.M.C.G., deberá entablar comunicación con la Comisaría de Familia de la Localidad Histórica y Caribe Norte, Casa de Justicia Country. Quinto. Ordenar a la Comisaría de Familia de la Localidad Histórica y Caribe Norte, Casa de Justicia Country que informe al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena los datos de contacto y residencia de A.M.C.G. Sexto. Ordenar a la Dirección de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta decisión y previo consentimiento de la víctima, realice la valoración técnica correspondiente para determinar la procedencia de su inclusión en el Programa de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos e Intervinientes en el proceso penal, e informe a esta Corporación las decisiones adoptadas. En el mismo término, deberá valorar la situación de riesgo de A.M.C.G. y, de acuerdo con sus competencias, definir, adoptar e implementar las medidas de protección idóneas, necesarias y proporcionales para mitigar el riesgo extremo en que se encuentra, con seguimiento efectivo a su cumplimiento. Para ese efecto, deberá dejar constancia escrita y motivada de la valoración realizada, de las medidas concretas adoptadas y de la ruta institucional de seguimiento. Séptimo. Ordenar a la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar, o a la dependencia competente del Sistema Nacional de Defensoría Pública que, dentro de las 72 horas siguientes a la notificación de esta providencia, brinde a A.M.C.G. orientación y acompañamiento jurídico integral sobre sus derechos como víctima dentro del proceso penal, y previa valoración de procedencia según sus competencias legales y reglamentarias, designe un apoderado, preferiblemente con formación en enfoque de género, para que la asesore y la represente en el curso del proceso penal, si a ello hubiere lugar. Asimismo, deberá verificar que, en el curso del proceso, no se le impongan a la víctima cargas, exigencias o barreras institucionales que impliquen revictimización, y remitir un informe de seguimiento sobre las gestiones realizadas, las medidas adoptadas y el estado actual del acompañamiento. Octavo. Ordenar a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales que, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, valore, mediante decisión motivada, si las particularidades del caso ameritan la constitución o asignación de una agencia especial para ejercer intervención, control y vigilancia dentro del proceso penal, en atención al nivel de riesgo advertido, la naturaleza de los hechos investigados y la necesidad de reforzar la protección de los derechos de la víctima. Noveno. Ordenar al Ministerio de Igualdad y Equidad que, dentro del término de diez (10) días contados a partir de la notificación de esta providencia, en el marco de sus competencias, informe a la víctima sobre la oferta institucional disponible y facilite, si ella lo acepta, su eventual vinculación o canalización hacia programas de abordaje integral de las violencias contra las mujeres, a fin de que pueda conocer sus derechos, los mecanismos de acceso a apoyos institucionales y las rutas de atención para emergencias. Décimo. Ordenar a la Relatoría de Tutelas y a la Secretaría de esta Corporación que adopten las medidas necesarias para anonimizar la identidad de la accionante y su núcleo familiar, así como cualquier información que permita su identificación en las bases de datos y sistemas de acceso público, con el fin de proteger su intimidad y evitar su revictimización. Décimo primero. Contra esta providencia no proceden recursos. Décimo seguno. Remitítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Total 2021 2022 2023 2024 2025 607 604 520 875 609 Total 2021 2022 2023 2024 2025 59 110 204 158 115 Total 2021 2022 2023 2024 2025 350 180 178 688 350 RIESGO EXTREMO 8,733 11,749 11,393 12,930 2021 2022 2023 2024 3460 4439 4551 4995 RIESGO MODERADO 8,733 11,749 11,393 12,930 2021 2022 2023 2024 2146 3111 2868 3307 Suma de RIESGO GRAVE 8,733 11,749 11,393 12,930 2021 2022 2023 2024 1889 2545 2437 2793 Suma de RIESGO VARIABLE O BAJO 8,733 11,749 11,393 12,930 2021 2022 2023 2024 1288 1654 1537 1835 Total EXCOMPAÑERO PERMANENTE COMPAÑERO PERMANENTE ESPOSO EXNOVIO EXESPOSO NOVIO AMANTE EXAMANTE 19907 14035 4325 2458 1503 1180 84 90 Suma de % HOMBRES 2021 2022 2023 2024 0.12952952952952954 0.1334923095266484 0.13500022284619156 0.14147286821705427 Suma de % MUJERES 2021 2022 2023 2024 0.87047047047047044 0.89035411947060927 0.86499977715380849 0.85852713178294571 Suma de TOTAL MUJERES 2021 2022 2023 2024 30436 37337 38816 34111 Suma de % MUJER 2021 2022 2023 2024 2025 0.799 72578730140786 0.7937575887436612 0.78935152167429556 0.77027027027027029 0.76131375954875702 Suma de % HOMBRE 2021 2022 2023 2024 2025 0.20027421269859219 0.20624241125633883 0.21064847832570444 0.22972972972972974 0.23868624045124298 Suma de MUJER 2021 2022 2023 2024 2025 56579 55567 60874 54891 81523