Providencia STP17818-2026

Tutela de segunda instancia n.° 158544 CUI: 730012204000XXXXXXXXXXXXX Myriam Ávila Roldán Magistrada ponente STP17818-2026 Radicación n.° 158544 CUI: 730012204000XXXXXXXXXXXX (Aprobado acta n.° 294) Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026). I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la impugnación formulada por J.A.R.V. contra la sentencia de tutela de primera instancia proferida el 27 de julio de 2026 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Esa decisión declaró improcedente el amparo solicitado y, en lo que interesa a esta instancia, consideró superada la situación atribuida al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, porque mediante Auto 0642 del 16 de julio de 2026 dispuso el ocultamiento de la información del accionante registrada en la consulta pública de la Rama Judicial[footnoteRef:2]. [2: En el trámite también fueron accionadas y vinculadas la Policía Nacional – SIJIN y DIJIN, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué. Frente a ellas, el a quo declaró improcedente el amparo, al concluir, respectivamente, que la información sobre la extinción de la pena ya se encontraba actualizada; que no registraba sanciones ni inhabilidades vigentes y la anotación del certificado especial respondía a una finalidad legal; que el documento de identidad figuraba vigente y sin inconsistencias; y que se habían remitido las comunicaciones sobre la extinción de la sanción y los soportes correspondientes al accionante. Estas determinaciones no fueron objeto de impugnación.] En síntesis, en el escrito de impugnación, el accionante sostiene que el Tribunal declaró equivocadamente la configuración de un hecho superado, pues la orden de ocultamiento dispuesta por el juzgado accionado no se materializó en la consulta pública de la Rama Judicial. Afirma que, al verificar nuevamente la información el 30 de julio de 2026, sus datos personales y las actuaciones relacionadas con el proceso penal continuaban visibles, por lo que solicita revocar el fallo impugnado y ordenar que se haga efectivo el ocultamiento dispuesto. II. HECHOS 1.- El 4 de agosto de 2022, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué decretó la liberación definitiva y la extinción de las penas principal y accesorias impuestas a J.A.R.V. dentro del proceso 732686000452XXXXXXXXXXXX. En la misma decisión dispuso la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas y ordenó comunicar lo resuelto a las autoridades correspondientes para la actualización de sus registros. 2.- El 27 de febrero de 2024, el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué comunicó la extinción de la sanción a la Procuraduría General de la Nación, el INPEC, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que actualizaran sus respectivas bases de datos. 3.- El 13 de abril de 2026, el accionante solicitó al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que expidiera un paz y salvo, ocultara la información relacionada con el proceso penal y materializara la rehabilitación de sus derechos civiles y políticos. 4.- Durante el trámite constitucional, mediante auto del 16 de julio de 2026, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué señaló que en la decisión que extinguió la pena no se había ordenado la anonimización y, en consecuencia, dispuso el ocultamiento de la información del proceso respecto de J.A.R.V. en la base de datos de acceso público de la página web de la Rama Judicial. III. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 5.- J.A.R.V. promovió acción de tutela contra la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Metropolitana de Ibagué y del Tolima, la DIJIN, la Policía Nacional y el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué. Consideró vulnerados sus derechos fundamentales al habeas data , buen nombre y trabajo porque, pese a haberse extinguido la sanción penal y rehabilitado sus derechos, la información relacionada con el proceso 732686000452XXXXXXXXXXXX continuaba registrada en las bases de datos y sistemas de consulta correspondientes. 6.- En particular, sostuvo que la información relacionada con el proceso penal permanecía disponible en la consulta pública de la Rama Judicial y que esa circunstancia afectaba su acceso a oportunidades laborales. En consecuencia, solicitó expresamente el ocultamiento de las anotaciones y antecedentes relacionados con esa actuación penal. 7.- Mediante sentencia del 27 de julio de 2026, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué declaró improcedente el amparo. En lo que respecta al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, consideró configurada la carencia actual de objeto por hecho superado, porque durante el trámite constitucional esa autoridad profirió el auto del 16 de julio de 2026, mediante el cual ordenó ocultar la información del proceso en la base de datos de acceso público de la Rama Judicial. 8.- J.A.R.V. impugnó esa decisión. Sostuvo que el ocultamiento ordenado por el juzgado accionado no se materializó, pues el 30 de julio de 2026 consultó nuevamente la base de datos de la Rama Judicial y constató que su nombre, número de identificación y la información relacionada con el proceso penal continuaban disponibles al público. Por ello, solicitó revocar el fallo y hacer efectivo el ocultamiento de esos registros. IV. CONSIDERACIONES 4.1. Competencia 9.- La Sala es competente para conocer de la impugnación propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 1 del Decreto 333 de 2021, toda vez que la decisión de primera instancia fue emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, respecto de la cual esta Corporación ostenta la calidad de superior funcional. 4.2. Problema jurídico 10.- De acuerdo con los hechos del caso, a la Sala le corresponde determinar si el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué vulneró el derecho fundamental al habeas data de J.A.R.V. al no hacer efectivo el ocultamiento de la información relacionada con el proceso penal adelantado en su contra y, en consecuencia, si fue correcta la conclusión del Tribunal al considerar configurada la carencia actual de objeto por hecho superado. 11.- Para resolver el problema jurídico, la Sala se referirá al derecho fundamental al habeas data y a las reglas jurisprudenciales sobre la anonimización de información publicada en la Consulta de Procesos Nacional Unificada de la Rama Judicial. Luego, analizará el caso concreto. 4.3. Del derecho de habeas data y la solicitud de anonimización: se vulneró el derecho del actor al no hacerse efectivo el ocultamiento de la información del proceso penal adelantado en su contra 12.- El artículo 15 de la Constitución Política describe el derecho al habeas data como la facultad que tiene la persona para conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido en las bases de datos y en archivos de entidades públicas y privadas, tornándose imprescindible que en el proceso de recolección, tratamiento y circulación se respeten la libertad y demás garantías constitucionales. 13.- De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el habeas data es un derecho fundamental autónomo que, en concreto, busca proteger el dato personal y su administración en bases de datos personales tanto públicas como privadas. De acuerdo con la sentencia C-540 de 2012, el ámbito constitucional protegido se compone de los siguientes contenidos mínimos: 1) El derecho de las personas a conocer (acceder) a la información que sobre ellas está recogida en las bases de datos; 2) El derecho a incluir nuevos datos con el fin de que se provea una imagen completa del titular; 3) El derecho a actualizar la información; 4) El derecho a que la información contenida en las bases de datos sea corregida; y, 5) El derecho a excluir información de una base de datos (salvo las excepciones previstas en las normas). (CC-SU 139 de 2021). 14.- Específicamente, en relación con los anteriores componentes, se ha precisado que ni este derecho, así como tampoco el derecho al buen nombre, se violan cuando la información emanada de la entidad es veraz. En otras palabras, solo se desconocen estos derechos cuando la información suministrada por la entidad pertinente registre un hecho o un comportamiento que no se ajusta a la realidad (CC T-067 de 2007; T-527 de 2000; STP5274-2026, Rad. 153563) . 15.- En materia de antecedentes penales, la Corte Constitucional ha señalado que los derechos fundamentales de habeas data y a la intimidad buscan proteger a las personas contra la información que sea falsa, errónea o la que vaya en contravía de los principios necesarios para tratar íntegramente los datos personales, señalados en el artículo 4º de la Ley 1581 de 2012[footnoteRef:3]. Así mismo, la Corte ha referido, con base en lo señalado por la Sala de Casación Penal de esta Corporación, que [3: Principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad, transparencia, y acceso y circulación restringida.] […] una vez se ha cumplido la pena, la divulgación de los antecedentes penales afecta la esfera social del que fue procesado y sus derechos a la reinserción social, a la caducidad del dato negativo, al olvido y a la intimidad, lo cual podría generarle perjuicios en el ejercicio de sus garantías. [STP11620-2018, Rad. 98979] . (Negrita fuera del texto original) (CC T-203 de 2025). 16.- Lo anterior, porque la permanencia de antecedentes penales está relacionada con las consecuencias del ejercicio del poder punitivo, en especial, con el fenómeno del etiquetamiento. En concreto, «[e]l hecho de mantener los antecedentes penales incluso después de que la persona ha cumplido la pena niega el fin reeducativo de la pena. De hecho, [], puede consolidar la estigmatización del que fue condenado.» (CC T-203 de 2025). 17.- En la misma línea, la jurisprudencia constitucional ha ponderado la tensión que surge entre el libre acceso a la información pública y la protección del derecho al habeas data de las personas que se han visto involucradas en procesos judiciales, en atención a que la divulgación de datos asociados a esta situación puede resultar lesiva de los intereses amparados con esta última garantía. 18.- La información sobre las actuaciones judiciales publicada en los micrositios de la página web de la Rama Judicial responde al principio de publicidad y per se no vulnera derechos fundamentales de los sujetos procesales. Sin embargo, cuando el contenido afecta otras garantías fundamentales como la intimidad personal, el buen nombre o desconoce el principio de caducidad del dato negativo , entre otros, deberá restringirse el acceso público al mismo (CC SU-355 de 2022; STP5884-2026, 9 abr. 2026, Rad. 153737; STP6873-2025, Rad. 145091, 8 may. 2025). 19.- La Corte también señaló (CC SU-355 de 2022), sobre la responsabilidad de las autoridades judiciales en relación con la creación del contenido de los micrositios a cargo, que 161. (…) La norma que reglamenta las funciones de los administradores secundarios del portal web de la Rama Judicial -como lo es el juzgado- contempla dentro de las funciones a cargo de estos -entre otras- (i) publicar la información pertinente de cada despacho; (ii) administrar, mantener y actualizar las secciones de los contenidos del portal y de los aplicativos de los sistemas de información a su cargo, y (iii) responder por la calidad y presentación oportuna de los contenidos y otros documentos de incorporación en el portal web de la Rama Judicial. 162. En consecuencia, el juzgado, como creador del contenido del micrositio web que tiene a su cargo, es el responsable de la información y de los documentos que incrusta en ese micrositio. Por lo tanto, el principal llamado a valorar el contenido de la información que publicaba en este caso era el despacho judicial. 20.- Y agregó, en relación con la responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura, que debía reglamentar «de manera específica, clara y completa las condiciones en que se deben realizar las publicaciones en el portal web de la Rama Judicial y actualice la normativa [] a las nuevas necesidades de publicación en la página, a raíz de la priorización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la administración de justicia.». (CC SU-355 de 2022, T-398 de 2023 y T-203 de 2025). Esa normativa debe contener lineamientos que garanticen la protección del derecho a la intimidad personal y familiar de las personas. 21.- Pues bien, en el caso concreto, la Sala estima que la acción de tutela cumple los requisitos de procedencia. En efecto, (i) satisface la legitimación en la causa por activa, porque fue promovida directamente por J.A.R.V. ; (ii) la legitimación por pasiva, en lo que interesa a esta instancia, porque se dirige contra el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, autoridad a la que se atribuye no haber hecho efectivo el ocultamiento de la información que ella misma dispuso; y (iii) la inmediatez, pues fue presentada dentro de un término razonable desde la solicitud formulada por el accionante y la información cuya restricción pretende su anonimización. 22.- Finalmente, también se satisface el requisito de (iv) subsidiariedad, por cuanto no existe un mecanismo judicial idóneo y eficaz (cfr. artículos 86 de la Constitución Política y 6° del Decreto 2591 de 1991) que el accionante hubiera debido interponer y agotar para reprochar la publicación de información relacionada con el proceso penal cuya sanción se encuentra extinguida. 23.- En este caso, está acreditado que contra J.A.R.V. se adelantó el proceso penal identificado con el radicado 732686000452XXXXXXXXXXXX, dentro del cual fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Ibagué. 24.- Así mismo, está demostrado que, mediante auto del 4 de agosto de 2022, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué decretó la liberación definitiva y la extinción de las penas principal y accesorias impuestas al accionante, dispuso la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas y ordenó librar las comunicaciones correspondientes para la actualización de la información en las respectivas bases de datos. 25.- También está acreditado que el accionante solicitó el ocultamiento de la información relacionada con esa actuación penal y que esa pretensión fue formulada expresamente en la presente acción de tutela, al considerar que la permanencia de sus datos en los sistemas de consulta pública de la Rama Judicial afectaba sus derechos fundamentales y dificultaba su acceso a oportunidades laborales. 26.- Durante el trámite constitucional, mediante auto del 16 de julio de 2026, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué señaló que en la decisión que extinguió la pena no se había ordenado la anonimización y, en consecuencia, dispuso el ocultamiento de la información del proceso respecto de J.A.R.V. en la base de datos de acceso público de la página web de la Rama Judicial. 27.- A partir de esa actuación, el Tribunal consideró que la situación que motivó la solicitud de protección había sido superada. Sin embargo, la sola expedición de la providencia que ordenó el ocultamiento no permite tener por satisfecha la pretensión del accionante, pues era necesario que esa determinación se materializara y que, en efecto, sus datos dejaran de estar disponibles al público (CSJ STP10252-2026, Rad. 155406; en similar sentido, STP13592-2026, Rad. 156738). 28.- Precisamente, al impugnar el fallo, el accionante acreditó que el 30 de julio de 2026, pese a la orden impartida por el juzgado, su nombre, número de identificación y la información relacionada con el proceso penal continuaban visibles en la consulta pública de la Rama Judicial. Además, al verificar nuevamente esa información en esta instancia, se constató que, al 9 de septiembre de 2026, los datos del proceso y del condenado todavía podían consultarse públicamente en el sistema correspondiente a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué. 29.- En esas condiciones, esta Sala constata que no se configuró la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, pues esta figura exige que durante el trámite constitucional se satisfaga por completo la pretensión formulada en la demanda, circunstancia que no ocurrió en este asunto. Por el contrario, aunque el despacho accionado ordenó el ocultamiento, la información del actor continúa disponible para consulta pública. 30.- En consecuencia, la Sala revocará parcialmente la decisión impugnada, en cuanto declaró improcedente el amparo respecto del Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué al considerar superada la situación que motivó la solicitud de protección y, en su lugar, amparará el derecho fundamental al habeas data de J.A.R.V. , para que se haga efectivo el ocultamiento ordenado. 4.4. Conclusión 31.- Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala revocará parcialmente la sentencia impugnada y, en su lugar, concederá el amparo del derecho fundamental al habeas data de J.A.R.V. . A juicio de la Sala, esa garantía continúa siendo vulnerada por el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, pues, aunque mediante auto del 16 de julio de 2026 dispuso el ocultamiento de la información relacionada con el proceso penal adelantado en su contra, esa determinación no se ha hecho efectiva. 32.- Lo anterior, porque las penas impuestas a J.A.R.V. dentro del proceso identificado con el radicado 732686000452XXXXXXXXXXXX fueron declaradas extintas mediante auto del 4 de agosto de 2022 y, pese a que el propio juzgado accionado ordenó posteriormente el ocultamiento de la información correspondiente, sus datos continúan disponibles al público en el sistema de consulta de la Rama Judicial. Como se señaló en un caso semejante, la expedición de órdenes dirigidas al ocultamiento no resulta suficiente cuando estas no producen materialmente el efecto dispuesto y la información permanece visible y accesible al público (CSJ STP10252-2026, Rad. 155406). 33.- En ese sentido, se ordenará al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que, en el marco de sus competencias y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, adelante las actuaciones necesarias para hacer efectivo el ocultamiento dispuesto mediante auto del 16 de julio de 2026, de modo que el nombre y número de identificación de J.A.R.V. no permanezcan disponibles al público en el sistema de consulta de la Rama Judicial respecto del proceso penal identificado con el radicado 732686000452XXXXXXXXXXXX. 34.- Finalmente, la Sala ordenará a la Relatoría de Tutelas y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como a la Secretaría de la Sala de Casación Penal, que adelanten las gestiones necesarias para anonimizar el nombre del accionante y el radicado del proceso penal mencionado en esta providencia en las bases de datos y sistemas de información de acceso público de esta Corporación. No obstante, la versión íntegra de esta decisión deberá conservarse en los archivos de la Corte, donde podrá ser consultada en los términos previstos en la ley. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.o 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, V. RESUELVE Primero. Revocar parcialmente la sentencia impugnada, únicamente en lo relacionado con el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué y, en su lugar, amparar el derecho fundamental al habeas data de J.A.R.V. . Segundo. En consecuencia, ordenar al Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, adopte las actuaciones necesarias para hacer efectivo el ocultamiento dispuesto mediante auto del 16 de julio de 2026, de manera que el nombre y número de identificación de J.A.R.V. no permanezcan disponibles al público en el sistema de consulta de la Rama Judicial respecto del proceso penal identificado con el radicado 732686000452XXXXXXXXXXXX. Tercero. Ordenar a la Relatoría de Tutelas y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como a la Secretaría de la Sala de Casación Penal, que adelanten las gestiones necesarias para anonimizar el nombre del accionante y el radicado del proceso penal mencionado en esta providencia en las bases de datos y sistemas de información de acceso público de esta Corporación. No obstante, la versión íntegra de esta decisión deberá conservarse en los archivos de la Corte, donde podrá ser consultada en los términos previstos en la ley. Cuarto. DISPONER el envío de las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisión de los fallos proferidos. Notifíquese y cúmplase, MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada GERSON CHAVERRA CASTRO Magistrado DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaría 13