Providencia STP16654-2026

CUI 1100102040002026XXXXX Tutela 1.a Instancia n.° 157XXX GERARDO BARBOSA CASTILLO Magistrado Ponente STP16654-2026 Radicado n.° 157XXX CUI 1100102040002026XXXXXXX Acta n.° 244 Bogotá, D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026). I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala decide la acción de tutela promovida por J.P.C.H. contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por la posible vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y «a recibir una justicia pronta y cumplida». Al trámite fueron vinculados el Juzgado 1° Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad y las partes e intervinientes dentro del proceso censurado 7300160004502022XXXXX. II. HECHOS J.P.C.H. refiere que fue víctima del delito de acceso carnal violento en el marco y con ocasión del conflicto armado interno. Por tal razón, aduce que se encuentra incluida y reconocida en el Registro Único de Víctimas (RUV), por hechos victimizantes relacionados con delitos contra la libertad, integridad y formación sexual y desplazamiento forzado. Por lo anterior, mediante sentencia del 24 de junio de 2025, proferida por el Juzgado 1° Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Ibagué, Maicol Estiben Ávila Sánchez fue condenado a 144 meses de prisión. En la misma providencia se le negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y, a su vez, se advirtió que la orden de captura se emitiría una vez ejecutoriada dicha decisión. Inconforme con la condena impuesta, la defensa promovió recurso de apelación. El conocimiento del asunto fue asignado, el 26 de junio de 2025, a un magistrado[footnoteRef:1] de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. [1: Magistrado Ponente: Luis Guiovanni Sánchez Córdoba.] J.P.C.H. acude a la acción de tutela reprochando que, transcurrido más de un año desde la interposición de la alzada, no se ha emitido pronunciamiento alguno sobre el particular. A su juicio, esa demora supera « con creces » el término previsto en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004. Adicionalmente, refiere que la ausencia de dicha decisión acentúa su sensación de «vulnerabilidad, zozobra, inseguridad y desprotección», comoquiera que «el agresor condenado continúa gozando de libertad». Indica que el pasado 22 de junio presentó una petición ante el tribunal accionado para obtener información sobre el estado actual del proceso; no obstante, afirma que, la respuesta fue genérica, pues únicamente se le informó que «a la fecha no se ha proferido sentencia de segunda instancia, por lo tanto, no se le puede remitir la misma conforme su pedimento». En ese sentido, atribuye a ese cuerpo colegiado una mora judicial injustificada. Con fundamento en lo anterior, solicita el amparo de sus prerrogativas constitucionales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la «protección integral a las víctimas de violencia sexual». En consecuencia, pide que se ordene al magistrado sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué que, en un término perentorio e improrrogable de 48 horas, profiera la decisión que en derecho corresponda frente al recurso de apelación sometido a su conocimiento. III. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante auto del 16 de julio del presente año, se avocó el conocimiento de la acción de tutela y se corrió traslado a la autoridad accionada a fin de que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción. De manera preliminar, el magistrado sustanciador de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué informó que la petición presentada por la accionante fue contestada el 10 de julio de 2026 por la oficial mayor de la Secretaría de esa Sala. Precisó que dicha solicitud no fue puesta en conocimiento del despacho de manera oportuna. No obstante, mediante oficio No OF-TSI-SP-D03-XXX-XXXX, se dio respuesta a la interesada en los siguientes términos: (i) se le informó el turno asignado al proceso (060-20XX-XXX) y que la fecha probable de decisión sería durante el tercer trimestre del año en curso; (ii) se explicaron las razones de ese plazo, asociadas a la prelación que tienen asuntos como los hábeas corpus, las solicitudes de libertad por pena cumplida y los procesos próximos a prescribir, entre otros; y (iii) se indicó que, en el caso concreto, no se advertía circunstancia alguna que permitiera alterar el turno de resolución asignado, máxime cuando el fenómeno de prescripción solo operaría el 22 de marzo de 2032. A reglón seguido, informó que la elevada carga laboral recibida en julio de 2021 -superior a 90 expedientes penales correspondientes a los años 2018, 2019, 2020 y 2021- ha generado un atraso en la resolución de los asuntos, situación que se ha visto agravada por el ingreso constante de nuevos procesos. Asimismo, hizo referencia al volumen de asuntos constitucionales recibidos entre los años 2024 a 2026. Sostuvo que dicha congestión obstaculiza la resolución oportuna de los asuntos a cargo del despacho, aunado al hecho de contar únicamente con dos personas de apoyo operativo. En ese sentido, recordó que, conforme a la jurisprudencia constitucional, «en los eventos donde el número de asuntos pendientes por resolver supera la capacidad logística y humana del despacho, la mora judicial se encuentra justificada y, por ende, no puede hablarse de vulneración del derecho al debido proceso»[footnoteRef:2]. [2: CC SU-179 de 2021.] A su vez, informó que el 12 de agosto de 2025 la Sala Penal remitió al Consejo Seccional de la Judicatura un informe sobre la situación de la carga laboral de la especialidad y solicitó la adopción de medidas de descongestión. Añadió que, hasta el momento, únicamente se conoce que la petición fue remitida al Consejo Superior de la Judicatura. Por lo anterior, solicitó negar el amparo invocado, al considerar que la resolución del recurso de apelación está sujeta al sistema de turnos y que, en este caso, no existe una circunstancia especial que habilite su alteración. El Juzgado 1. ° Penal del Circuito de Ibagué solicitó la desvinculación del trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva. La Fiscalía 17 Seccional de Ibagué informó que se encontraba a la espera de que se resolviera el recurso de apelación promovido contra la sentencia condenatoria y que, conforme a la decisión que se profiriera, acataría lo que correspondiera. Finalmente, el doctor Omar Solano Quimbaya, apoderado del procesado, solicitó negar la acción de tutela, por considerar que no se configuró vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la accionante. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con lo preceptuado en el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la presente acción de tutela, por cuanto involucra a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, por ostentar la condición de superior jerárquico. 4.1 Planteamiento del problema jurídico: Conforme con los hechos expuestos en la demanda, corresponde a la Sala establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué vulneró los derechos fundamentales invocados por J.P.C.H., con ocasión de la presunta mora en resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida el 24 de junio de 2025 por el Juzgado 1.° Penal del Circuito de esa ciudad. 4.2 Fundamento de la decisión: En virtud del contenido de los artículos 29 y 228 de la Constitución Política, toda persona tiene derecho a que las actuaciones judiciales y/o administrativas se lleven a cabo sin dilaciones injustificadas. De no ser así, se vulneran los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Además de incumplir los principios que integran el último, es decir, celeridad, eficiencia y respeto de los derechos de quienes intervienen en el proceso. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, para identificar si en un caso se presenta el fenómeno de la mora judicial injustificada, es necesario examinar los siguientes parámetros: (i) la inobservancia de los plazos señalados en la ley para adelantar la actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora; y (iii) la determinación de que la tardanza sea imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los deberes por parte del funcionario judicial. Asimismo, para establecer la ocurrencia de un plazo irrazonable, deben revisarse: (i) las circunstancias generales del caso concreto -incluida la afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del procesado-; (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite[footnoteRef:3]. [3: CC T-441 de 2020.] Ahora bien, pueden presentarse casos en los que a pesar de no advertirse mora judicial injustificada -en tanto la dilación o parálisis no es atribuible a una conducta negligente del funcionario-, se evidencie un plazo desproporcionado no solo porque objetivamente los términos legales se encuentren superados, sino porque la no terminación del proceso pone a las personas que en él intervienen, de manera indefinida en la condición de procesado, lo cual contradice el mandato constitucional de acceso a la justicia pronta y cumplida[footnoteRef:4]. [4: CC SU-394 de 2016] El artículo 179 del Código de Procedimiento Penal establece que el recurso de apelación contra sentencias debe resolverse en un término de diez días, lapso que sin lugar a duda se excedió en el caso que se examina, pues desde que se realizó el reparto al despacho accionado (26 de jun. 2025) y hasta la instauración de la tutela (14 de jul. 2026) han transcurrido alrededor de 13 meses. No obstante, de acuerdo con la respuesta allegada por la Sala Penal accionada, el retardo obedece a circunstancias objetivas relacionadas con (i) la elevada carga laboral del despacho; (ii) el sistema de turnos fijado conforme al orden de ingreso de los procesos; y (iii) la atención preferente de asuntos como los hábeas corpus , las solicitudes de libertad por pena cumplida, los procesos próximos a prescribir, las vigilancias punitivas y los proyectos de segunda instancia pendientes de revisión y aprobación. A partir de lo expuesto, la Sala estima que la falta de resolución del recurso de apelación no permite inferir, por sí sola, una actuación arbitraria o negligente del magistrado sustanciador. La demora encuentra explicación en circunstancias objetivas, como la elevada carga laboral del despacho, la atención prioritaria de asuntos urgentes y el deber de respetar el sistema de turnos en condiciones de igualdad frente a los demás usuarios de la administración de justicia. Además, la autoridad accionada informó que la proyección del asunto está prevista para el tercer trimestre del año en curso. En consecuencia, no se advierte una dilación injustificada ni un lapso desproporcionado desde la recepción del expediente. De otra parte, la Sala estima pertinente solicitar al comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué que evalúe las condiciones de seguridad de J.P.C.H. y, de ser procedente, adopte o gestione las medidas de protección necesarias para prevenir cualquier agresión en su contra. Finalmente, se ordenará a la Relatoría de Tutelas y la Secretaría de esta Corporación adopten las medidas necesarias para anonimizar la identidad de la accionante, así como cualquier dato que permita identificarla en las bases de datos y sistemas de consulta pública, con el propósito de proteger su intimidad y evitar escenarios de revictimización. 4.3 Conclusión. La Sala no desconoce la gravedad de los hechos expuestos en la demanda ni la especial protección que reclaman las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, en este caso no se advierte una mora judicial injustificada que habilite la intervención del juez constitucional para alterar el orden de turnos establecido por la autoridad a cargo. Así las cosas, se negará el amparo invocado y se adoptarán decisiones complementarias. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.º 2 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia , administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, V. RESUELVE Primero: NEGAR la acción de tutela promovida por J.P.C.H. contra la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Segundo: ORDENAR al comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué que evalúe las condiciones de seguridad de J.P.C.H. y, de ser procedente, adopte o gestione las medidas de protección necesarias para prevenir cualquier agresión en su contra. Tercero: ORDENAR a la Relatoría de Tutelas y la Secretaría de esta Corporación adopten las medidas necesarias para anonimizar la identidad de la accionante, así como cualquier dato que permita identificarla en las bases de datos, y sistemas de consulta pública, con el propósito de proteger su intimidad y evitar escenarios de revictimización. Cuarto: NOTIFICAR esta providencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto: De no ser impugnada, REMITIR la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíquese y cúmplase, 2