Providencia STP11426-2026

CUI 11001020400020260181000 NI 156582 Tutela primera instancia J. A. P. B. GERSON CHAVERRA CASTRO Magistrado Ponente STP11426-2026 Radicación No. 156582 Acta No. 208 Bogotá, D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026) ASUNTO Se pronuncia la Sala en relación con la acción de tutela presentada por J. A. P. B. en contra de la Sala Penal del Tribunal Superior y los Juzgados Veinte Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y, Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, todos de Bogotá, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y petición. Trámite que se hizo extensivo a la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior, al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, todos de Bogotá. ANTECEDENTES 1. Al interior del proceso penal identificado con el radicado n° 11001600001520050006000, el Juzgado Veinte Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante sentencia del 3 de junio de 2005, condenó a J. A. P. B. a la pena de 70 meses de prisión, tras encontrarlo culpable del punible de acceso carnal abusivo con menor. El 15 de julio de 2005, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra tal decisión. 2. La vigilancia de la condena fue asignada al Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la capital del país. El 1° de febrero de 2011, dicha autoridad decretó la liberación definitiva y extinción de la pena impuesta al sentenciado 3. P. B. adujo que el 15 de abril de 2026, solicitó a las autoridades que conocieron de la referida actuación el «ocultamiento del sistema siglo XXI» . Indicó que la permanencia de esa información en el sistema de consulta pública le «ha perjudicado constantemente en la búsqueda de empleo ya que los jurídicos de las empresas, ingresan a esta página y sale el delito ». Expuso que su solicitud fue remitida a distintas dependencias y autoridades judiciales; sin embargo, señaló que ninguna emitió una respuesta de fondo, pese a que «han pasado más de quince días para ser más precisos, treinta y ocho (8) días hábiles» desde su radicación. 4. Por lo anterior, J. A. P. B. acudió al presente mecanismo constitucional en busca del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y petición. Solicitó al juez de tutela: «(...) se ordene a los accionados, dar respuesta de fondo a mi petición y darle el trámite correspondiente de la anonimización o el ocultamiento del proceso del sistema siglo XXI, distinguido con el radicado No. 11001-60-00-015-2005-00060-00, adelantado en mi contra, por el delito de acto sexual con menor de 14 años, dado el cumplimiento de la totalidad de mi condena. (...)» RESPUESTAS 1. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá por conducto del magistrado ponente indicó que, mediante auto del 23 de junio de 2026, ordenó «el ocultamiento de la vista pública de las anotaciones que obran dentro del sistema de consulta de procesos de esta Corporación en relación con el proceso con radicado 110016000015200500060». Manifestó que dicho trámite sería efectuado por la Secretaría de esa Corporación. A su vez, ordenó comunicar la decisión al peticionario. 2. La Secretaría de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá informó que la petición presentada por el accionante fue recibida en su correo institucional. Refirió que, el 16 de abril de 2026, la solicitud fue remitida al Despacho 01 de esa Corporación, quien manifestó no ser competente para conocer del asunto, motivo por el cual la petición fue devuelta a la Secretaría. Agregó que, el escrito fue reenviado a dicha autoridad judicial en la misma fecha, sin que se obtuviera respuesta de fondo. Finalmente, precisó que no tiene competencia para ordenar o ejecutar el ocultamiento, la reserva o la limitación del acceso a la información judicial, pues tales actuaciones requieren de orden judicial. 3. El Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá destacó que, mediante auto del 1.º de febrero de 2011, se decretó la liberación definitiva del sentenciado, decisión que quedó en firme el 17 de febrero de 2011. Indicó que el sistema de consulta judicial siglo XXI es una herramienta informativa y de seguimiento procesal, sin naturaleza de antecedente judicial. Precisó que, aunque la solicitud de ocultamiento no fue radicada formalmente ante ese despacho, con el trámite de tutela se dispuso el ocultamiento de la información en el sistema de consulta de los juzgados de ejecución de penas. Finalmente, concluyó que no vulneró los derechos fundamentales del actor, al haber emitido pronunciamiento de fondo y adoptado la medida solicitada. 4. El Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad informó que, al verificar la página de los Juzgados de Ejecución de Penas, el Despacho Veinte de esa especialidad dispuso el ocultamiento del proceso No. 110016000023200680591. Señaló que, en virtud de lo anterior, procedió a ocultar el proceso en el sistema de información Justicia XXI. Sostuvo, además, que esta actuación fue comunicada al accionante. Finalmente, refirió que se adelantaron las gestiones necesarias para atender la solicitud, por lo que consideró configurada la carencia actual de objeto por hecho superado. CONSIDERACIONES 1. Es competente la Sala para conocer del presente asunto conforme con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, dado que involucra a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. 2. Según lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona tiene la facultad de promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable. 3. En el presente asunto, el problema jurídico a resolver se contrae a determinar si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales deprecados por J. A. P. B. al no resolver la solicitud de ocultamiento de sus datos personales en los sistemas de consulta de procesos de la Rama Judicial, asociados a la actuación penal identificada con el radicado 11001600001520050006000. 4 De la carencia actual del objeto por hecho superado De manera reiterada, la jurisprudencia constitucional ha explicado el mencionado fenómeno de la siguiente manera: (…) La carencia actual de objeto por hecho superado se da cuando entre el momento de la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensión contenida en la demanda de amparo , razón por la cual cualquier orden judicial en tal sentido se torna innecesaria. En otras palabras, aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna. Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte ha indicado que el propósito de la acción de tutela se limita a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley. Sin embargo, cuando la situación de hecho que origina la supuesta amenaza o vulneración del derecho desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde su razón de ser, pues en estas condiciones no existiría una orden que impartir. (CC. T-358/2014). [negrilla fuera del texto original]. Quiere decir lo anterior que, para poder declarar la existencia de un hecho superado, el juez constitucional, primero, debe verificar cuáles son las pretensiones que se han fijado en la demanda de tutela, lo que indefectiblemente significa tener una absoluta claridad acerca de qué es lo que persigue el accionante con su solicitud de amparo. Acto seguido y, en caso de que la autoridad accionada en su respectivo informe indique haber satisfecho las pretensiones constitucionales del actor, ello sin necesidad de que medie orden jurisdiccional, el juez de tutela debe hacer dos constataciones, la primera, de orden temporal, esto es, comprobar que la solución reclamada por el actor le fue brindada con ocasión del trámite constitucional y, la segunda, orientada a verificar que la solución reportada por la autoridad demandada en efecto satisface las pretensiones que el accionante consignó en su libelo introductorio, de modo que, únicamente cuando se supere de forma satisfactoria esos dos estudios, podrá hacerse una declaratoria de carencia actual de objeto por hecho superado. Congruente con lo anterior, la Corte Constitucional, en sentencia CC T-011/2016, explicó: (…), según lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución, el objeto de la acción de tutela consiste en la protección oportuna de los derechos fundamentales, vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular. En atención a esta norma, la protección judicial se concreta en una orden de inmediato cumplimiento que cumple el propósito de evitar, hacer cesar o reparar la vulneración. Así, la entidad o particular accionado tiene la obligación de realizar una determinada conducta que variará dependiendo de las consideraciones del juez constitucional. En reiterada jurisprudencia, esta Corporación ha precisado que la acción de tutela, en principio, “pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo”. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz. En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y “previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales”. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela. 5. Caso Concreto 5.1 En el presente asunto, J. A. P. B. promovió acción de tutela -el 11 de junio de 2026[footnoteRef:1]- contra la Sala Penal del Tribunal Superior y los Juzgados Veinte Penal del Circuito con Función de Conocimiento, Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, todos de Bogotá, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y petición. [1: Según acta de reparto ] Sustentó su solicitud en que, el 15 de abril de 2026, elevó petición orientada al ocultamiento del proceso penal No. 11001600001520050006000 que se adelantó en su contra. Señaló que no obtuvo respuesta oportuna y de fondo de parte de las autoridades; y que, pese a no registrar antecedentes vigentes, su información continuaba visible en los sistemas de consulta pública de la Rama Judicial. 5.2 Ahora bien, conforme a la información allegada a este diligenciamiento, se constató que, mediante auto del 19 de junio de 2026, el Juzgado Veinte de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, resolvió: PRIMERO: ORDENAR el ocultamiento de las presentes diligencias en el sistema de gestión Justicia Siglo XXI de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá D.C., a través del Área de Sistemas del Centro de Servicios de estos despachos, respecto de P. B. – J. A., por las razones expuestas. SEGUNDO: EXPEDIR a su favor certificación en la que conste que, mediante auto de fecha 1 de febrero de 2011, se decretó la liberación definitiva, razón por la cual no es requerido por cuenta de la presente causa. Dicha determinación fue comunicada al correo electrónico -alexp850218@hotmail.com- del actor, tal y como se observa a continuación: Por su parte, el Centro de Servicios Judicial del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, informó que al constatar que el precitado juzgado de ejecución dispuso el ocultamiento del proceso seguido en contra de P. B. , dispuso el ocultamiento de este. Tal trámite fue informado al accionante como se vislumbra: Finalmente, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en auto del 23 de junio de 2026, dispuso: PRIMERO. - Ordenar el ocultamiento de la vista pública de las anotaciones que obran dentro del sistema de consulta de procesos de esta Corporación en relación con el proceso con radicado 110016000015200500060, que se conoció en esta sede en contra del señor J. A. P. B.. Dicha providencia fue comunicada el 24 de junio siguiente a la dirección electrónica desde la cuales se promovió la solicitud inicial y la presente acción constitucional, esto es, XXXXXXX@hotmail.com ,como consta a continuación: Aunado a lo anterior, en ejercicio de labores de verificación, la Sala consultó el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial con el radicado indicado, constatando que la actuación no se encuentra disponible para el público: 5.3 Así las cosas, se tiene que la pretensión principal del accionante, el ocultamiento de la información del proceso en los sistemas de consulta pública fue satisfecha durante el trámite de la acción, sin intervención del juez constitucional. 6. En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho superado, pues desapareció la situación que dio origen a la presunta vulneración de los derechos invocados, lo que torna improcedente impartir orden alguna de amparo. 7. Finalmente, la Sala considera oportuno salvaguardar el derecho al habeas data del actor en lo que respecta a la información contenida en la presente decisión. En tal sentido, se ordenará a la Secretaría de la Sala de Casación Penal y a la Relatoría que adelanten las gestiones necesarias para modificar la versión virtual de esta providencia de tal manera que el nombre del peticionario no sea un descriptor válido de búsqueda. No obstante, se mantendrá la documentación íntegra en los archivos de la Corporación , «que naturalmente sigue siendo pública y consultable directamente en las oficinas donde reposa (bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información).»[footnoteRef:2] [2: CSJ AP 19. Ag. 2015. Radicado 20889. ] En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutela N° 3, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE PRIMERO. DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en la acción de tutela impetrada por J. A. P. B.. SEGUNDO. ORDENAR a la Secretaría de la Sala de Casación Penal y a la Relatoría que ejerzan las acciones tendientes para anonimizar este trámite constitucional conforme lo dispuesto en la parte motiva. TERCERO. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. De no ser impugnado, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, conforme lo establece el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE GERSON CHAVERRA CASTRO MYRIAM ÁVILA ROLDÁN DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Nubia Yolanda Nova García Secretaria 17