Providencia SP688-2026

Segunda instancia Radicado n.° 73431 CUI: 11001024800020180000401 Julio Enrique Acosta Bernal MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente SP688-2026 Radicado n.º 73431 CUI: 11001024800020180000401 Aprobado acta n.º 222 Bogotá D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiséis (2026). OBJETO DE LA DECISIÓN 1.- La Sala resuelve el recurso de apelación que interpuso la defensa del exgobernador del departamento de Arauca, Julio Enrique Acosta Bernal , en contra de la sentencia SEP086-2026, rad. 00008, del 1º de junio de 2026, que profirió la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En dicho fallo la autoridad judicial condenó al servidor público por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales . HECHOS 2.- El 28 de septiembre de 2005, Julio Enrique Acosta Bernal , en su condición de gobernador del departamento de Arauca, suscribió el contrato n.° 322 con el «Consorcio Castell Camel Cadena Fawcett» , que tenía por objeto la «construcción y ampliación de la nueva torre -primera etapa- del hospital San Vicente de Arauca» por un valor inicial de $7.026’665.000. 3.- El contrato fue celebrado sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales de la contratación estatal, particularmente los de economía, responsabilidad y planeación. En concreto, se incurrió en las siguientes irregularidades: (i) se seleccionaron los ítems de una primera etapa de la construcción y ampliación de la nueva torre del Hospital San Vicente de Arauca, sin ningún fundamento técnico serio, a pesar de que el proyecto estaba diseñado y planeado originalmente para realizarse de manera integral; (ii) se omitió incorporar en los pliegos de condiciones o en el contrato n.° 322 de 2005 componentes técnicos esenciales, como los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica, que hacían parte del proyecto viabilizado por el Ministerio de la Protección Social; (iii) se suscribió el contrato n.° 322 de 2005 sin asegurar condiciones básicas de operatividad, particularmente de suministro de energía eléctrica; y, (iv) se adelantó la contratación sin que se contara materialmente con el concepto técnico del Ministerio de la Protección Social. 4.- De igual forma, se le reprocha haber adelantado el proceso contractual con deficiencias en los estudios previos y en la estructuración técnica del proyecto, con base en los cuales se modificaron «los diseños médico-arquitectónicos que habían sido aprobados por el Ministerio de la Protección Social el 26 de noviembre de 2004» , sin que existiera una justificación técnica suficiente que las respaldara. 5.- Estas falencias repercutieron en la ejecución del contrato, que se caracterizó por múltiples ajustes, adiciones, suspensiones y rediseños, lo que dio lugar a una obra que no cumplía con las condiciones de funcionalidad previstas inicialmente. En últimas, se pagaron $8.645’377.792 al contratista y, con posterioridad, la infraestructura construida «tuvo que ser demolida en parte para su posterior adecuación con una inversión superior a los veinte mil millones de pesos» , debido a que no cumplía con los estándares establecidos por el ministerio[footnoteRef:2]. [2: Resolución de acusación, fls. 1 a 41.] I. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 6.- Los días 10 de mayo y 27 de junio de 2017 se adelantó la diligencia de indagatoria en contra de Julio Enrique Acosta Bernal mediante la cual la fiscalía lo vinculó a este proceso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación . El 30 de agosto siguiente le fue resuelta su situación jurídica, en la que le fueron impuestas algunas medidas de aseguramiento no privativas de la libertad. 7.- El 31 de octubre de 2017 el ente investigador cerró la investigación y el 29 de mayo de 2018 profirió resolución de acusación. En esta última decisión, acusó al procesado como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (con la circunstancia de mayor punibilidad del numeral 9º del artículo 58 del Código Penal, de posición distinguida en la sociedad) y precluyó la investigación por el delito de peculado por apropiación , ante la imposibilidad de acreditar la existencia de una apropiación ilícita de recursos públicos. El 11 de julio de 2018 la fiscalía no repuso la decisión de acusar, en respuesta al recurso que fue interpuesto por la defensa técnica y material. 8.- El proceso fue remitido a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte, autoridad judicial que, mediante auto AEP00009-2019, rad. 00008, del 28 de enero de 2019, decidió en respuesta a una solicitud de la defensa no remitir el proceso a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP. Esto, al considerar que los hechos investigados no fueron cometidos «por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno» . 9.- El 10 de junio de 2020, mediante auto AEP057-2020, la primera instancia reconoció al departamento de Arauca como parte civil. El 24 de junio siguiente, luego de concluido el traslado del artículo 400 de la Ley 600 de 2000, profirió el auto AEP063-2020, rad. 00008, en el que negó unas solicitudes de nulidad invocadas por la defensa, resolvió las solicitudes probatorias y ordenó de oficio la práctica de unas pruebas. 10.- La defensa interpuso oportunamente el recurso de apelación en contra de estos autos del 10 y 24 de junio de 2020. El 2 de junio de 2021, mediante auto AP2171-2021, rad. 57968, la Sala de Casación Penal de la Corte decidió confirmar estas decisiones. Luego, se adelantó la audiencia pública de juzgamiento en sesiones del 28 de julio, 4 y 9 de agosto, 30 de octubre de 2023, y 8 de abril de 2024. 11.- El 20 de marzo del 2024 la defensa radicó una solicitud en la que requirió que se declarara la extinción de la acción penal por prescripción. En consecuencia, el 8 de abril de 2024 la primera instancia profirió el auto AEP045-2024, mediante el cual dispuso diferir para la sentencia la respuesta a esta solicitud. 12.- El 1º de junio de 2026, mediante sentencia SEP086-2026, rad. 00008, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte condenó a Julio Enrique Acosta Bernal como autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (sin la circunstancia de mayor punibilidad del num. 9º, art. 58 del Código Penal, de posición distinguida en la sociedad). En consecuencia, le impuso 51 meses de prisión, 62 meses y 18 días de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas y multa de 54,68 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 13.- La primera instancia también le negó el subrogado de la ejecución condicional de la pena, le concedió el sustituto de la prisión domiciliaria, previa diligencia de compromiso, y, adicionalmente, no lo condenó al pago de perjuicios y se abstuvo de condenarlo al pago de expensas procesales y agencias en derecho. II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 14.- A continuación, se extraen los argumentos expuestos por la Sala Especial de Primera Instancia en la sentencia condenatoria en contra de Julio Enrique Acosta Bernal : 15.- Prescripción de la acción penal . La defensa solicitó, mediante escrito del 20 de marzo de 2024, la declaratoria de la prescripción de la acción penal del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales . Indicó que dicho comportamiento tiene una pena máxima de 12 años, que se incrementa a 16 años por la condición de servidor público del acusado, por lo que, al haber suscrito el contrato n.° 322 de 2005, la acción penal se habría extinguido el 28 de septiembre de 2021 (16 años después). 16.- Esta forma de contabilizar la prescripción no es correcta. Lo primero que se debe tener en cuenta es que el artículo 83 del Código Penal establece que la acción penal prescribe en un término igual al máximo de la pena fijada en la ley, cuando se trate de pena privativa de la libertad, sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 20. Este término se incrementa cuando el delito lo comete un servidor público, conforme a la norma vigente al momento de los hechos. 17.- Para la Sala mayoritaria, para contabilizar los términos de prescripción se debe aplicar el incremento de penas previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. Esto, en aplicación de lo dispuesto en la sentencia de la Sala de Casación Penal, SP339-202[4][footnoteRef:3], rad. 64824, que habilita a calcular el término de prescripción incluyendo dicho incremento de penas, con independencia de que dicho aumento no se aplique en la tasación de la pena. Es decir que el delito objeto de acusación en este caso tiene un monto mínimo de 64 meses y máximo de 216 meses de prisión. [3: En el buscador jurisprudencial de la Corte y en el texto de la providencia aparece con la referencia alfanumérica: SP339-2023, rad. 64824, sin embargo, dicha decisión fue proferida el 21 de febrero de 2024.] 18.- Así las cosas, antes de la resolución de acusación, el término de prescripción era el máximo de 216 meses o 18 años, contados desde el 28 de septiembre de 2005 en que ocurrieron los hechos de este proceso. A este monto máximo se le incrementa la tercera parte, porque la conducta la cometió un servidor público en ejercicio de sus funciones antes de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011. Es decir que el término máximo es de 24 años, que contado desde el 28 de septiembre de 2005, se proyectaba para cumplirse el 28 de septiembre de 2029. 19.- Es decir que la acción penal no prescribió en la etapa de investigación, pues los 24 años no se cumplieron para la fecha en que la fiscalía profirió la resolución de acusación, el 29 de mayo de 2018. Pero además, tampoco tuvo lugar cuando dicha decisión quedó ejecutoriada, el 11 de julio de 2018, cuando el ente investigador resolvió el recurso de reposición que interpuso la defensa en contra de la referida decisión. 20.- En lo que respecta a la prescripción en la etapa de juzgamiento, el artículo 86 del Código Penal establece que la prescripción se interrumpe con la resolución de acusación debidamente ejecutoriada. Desde ese momento, según dicha norma, el término de prescripción empieza a correr nuevamente por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 en cita (mitad del máximo), sin que pueda ser inferior a 5 años ni superior a 10. 21.- En el presente caso, la mitad del máximo (de 24 años), son 12 años, que se cuentan desde la interrupción del término de prescripción. Como la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 11 de julio de 2018, la prescripción en la etapa de juicio se cumpliría el 11 de julio de 2030. Es decir que, para la fecha de la sentencia de primera instancia (1º de junio de 2026), no había transcurrido el nuevo término que se cuenta desde la ejecutoria de la resolución de acusación. 22.- Contrario a lo expuesto por la defensa, la interrupción de la prescripción no se produce en la indagatoria, que está regulada en los artículos 322 y siguientes de la Ley 600 de 2000, que puede considerarse equivalente a la formulación de imputación de la Ley 906 de 2004. Esto, como quiera que los términos de prescripción e interrupción se rigen por reglas distintas en ambos sistemas de procedimiento penal. 23.- En los procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, como el presente, la norma aplicable es el inciso segundo del artículo 86 del Código Penal, según el cual, la prescripción se interrumpe con la resolución de acusación ejecutoriada. Así las cosas, se concluye que en el presente asunto no se configuró el término de prescripción, tanto el que aplica para la etapa de investigación como el correspondiente a la etapa de juzgamiento. 24.- Se aclara que, en virtud del principio de legalidad, el término de prescripción debe fijarse con base en el máximo de la pena, incluyendo el incremento de la Ley 890 de 2004. Sin embargo, dicho incremento no se aplicará para efectos de la dosificación de la pena, en atención a los principios de buena fe, confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad. Así se procede en la medida en que en el curso de la actuación no se le informó al acusado sobre la aplicación de dicho aumento. 25.- La responsabilidad penal . En este caso se acreditó la calidad de servidor público de Julio Enrique Acosta Bernal , quien en su condición de gobernador del departamento de Arauca suscribió el contrato n.° 322 el 28 de septiembre de 2002, el cual tenía como objeto la construcción y ampliación del Hospital San Vicente de Arauca, obra de especial relevancia para la infraestructura hospitalaria. 26.- El procesado celebró este contrato sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales esenciales, particularmente por deficiencias en la fase de planeación. La selección del alcance del contrato se hizo «de manera caprichosa» , pues «no existe documento alguno que acredite la realización de un estudio de conveniencia y oportunidad» y el estudio técnico que fue utilizado se muestra «abiertamente deficiente» . 27.- El fortalecimiento de la estructura hospitalaria del departamento estaba sometido a la viabilidad del Ministerio de la Protección Social e incluía determinados componentes que luego no fueron incorporados en el contrato. En concreto, el proyecto que había sido viabilizados incluía los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica, pero «no fueron incluidos en los pliegos de condiciones del contrato n.° 322 de 2005» que suscribió el acusado. 28.- Tales omisiones determinaron una ruptura entre el proyecto previamente considerado «favorable» y «técnicamente viable» y el contrato finalmente suscrito. Además, esto tuvo efecto en la ejecución del proyecto, etapa en la que fue necesario introducir rediseños, adecuaciones e incorporar ítems no previstos y ajustes para hacer funcional la obra. Esto evidenció una deficiente estructuración inicial en contravía de los principios de planeación, economía y responsabilidad. 29.- En desarrollo del contrato se presentaron diversas modificaciones, prórrogas y ajustes sobre su contenido, incluidas modificaciones contractuales, adiciones en plazo e incorporación de nuevos ítems. Durante un periodo considerable la obra no alcanzó su plena funcionalidad ni la prestación efectiva del servicio hospitalario. Todo lo anterior también es reflejo de una inadecuada planeación inicial y de una falta de definición del objeto contractual desde el origen o estructuración del proyecto. 30.- Si bien la estructuración del proyecto involucró diversas dependencias y profesionales, ello no exoneraba al gobernador de sus deberes de dirección, control y vigilancia. Lo cierto es que dicho servidor público se abstuvo de ejercer las labores mínimas de verificación sobre la planeación del contrato, lo que impide aplicar el principio de confianza, pues «no desplegó labores de vigilancia» respecto de los aspectos técnicos y jurídicos del proyecto. 31.- Y aunque el contrato fue ejecutado con base en un sistema de precios unitarios y posteriormente fue liquidado conforme a las cantidades de obra efectivamente ejecutadas, tal circunstancia no desvirtúa la ilicitud en la fase de celebración. Esto, como quiera que el juicio de tipicidad se centra en la inobservancia de los requisitos legales al momento de contratar y no en la correspondencia económica entre lo ejecutado y lo pagado. 32.- En lo que respecta a la tipicidad subjetiva, se concluye que el acusado obró con dolo, en tanto actuó con conocimiento de las irregularidades de la fase precontractual, que se «había impulsado sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales» y, pese a ello, decidió suscribir el contrato. Este elemento se refuerza por su posición como máxima autoridad departamental, con capacidad decisoria y deber de obrar en derecho frente a las deficiencias advertidas. 33.- El dolo no se desvirtúa por las actuaciones posteriores del procesado durante la ejecución contractual, como la imposición de sanciones al contratista, en la medida en que la ilicitud se configuró al momento de la celebración del contrato sin el cumplimiento de los requisitos exigidos. Lo cierto es que tenía la capacidad funcional y decisoria en el proceso contractual y estaba en posibilidad de advertir la trascendencia de los requisitos omitidos. 34.- Finalmente, se debe tener presente que la configuración del delito se diferencia de los eventuales perjuicios civiles. En este caso, aunque no se desprenden elementos suficientes para cuantificar un daño patrimonial atribuible exclusivamente a la conducta objeto de acusación, acorde con el informe de policía judicial n.° 5850994 del 19 de agosto de 2020 que hace parte de las pruebas del proceso, esto no desvirtúa la responsabilidad penal por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales . 35.- La conducta del servidor público es reprochable, en tanto actuó con conciencia de su ilicitud. En el proceso se acreditó que su comportamiento no obedeció a un error invencible ni a una actuación amparada por alguna causal de justificación o exclusión de responsabilidad, sino a una decisión adoptada en contravía de los deberes funcionales que le eran exigibles. 36.- La consecuencia de lo expuesto es que se declare la responsabilidad penal por el delito acusado. III. EL RECURSO DE APELACIÓN 37.- El defensor de Julio Enrique Acosta Bernal interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria. Solicitó que se revocara integralmente el fallo «y/o» que se decrete la prescripción de la acción penal. A continuación, se reseñan sus argumentos en el mismo orden en que los planteó en el oficio de sustentación: 38.- La violación del principio de congruencia . La sentencia de primera instancia modificó el núcleo fáctico de la acusación al introducir como fundamento de la condena supuestos no contenidos en la resolución de acusación. En específico: (i) la exigencia de ejecución integral de los aproximadamente 10.000 m2 proyectados y no por fases; (ii) la consideración de que el contrato n.° 322 de 2005 debía incluir todos los sistemas definitivos de funcionamiento hospitalario (aire acondicionado, ventilación mecánica, redes completas, sistemas de cargas eléctricos plenos); (iii) la afirmación de que el objeto contractual debía garantizar desde su celebración la operación plena y autónoma de la infraestructura hospitalaria; y, (iv) la inferencia de que existió una modificación indebida de diseños o planos aprobados. 39.- Los anteriores supuestos no fueron objeto de imputación ni de debate probatorio. Su introducción en el fallo de primera instancia implicó una variación de la teoría del caso de la fiscalía, en contravía del principio de congruencia y del derecho de defensa. 40.- Adicionalmente, la primera instancia incorporó exigencias técnicas no previstas en la ley como requisitos esenciales. Se consignó en el fallo valoraciones técnicas y estándares de conveniencia administrativa, como la mejor forma de estructurar o ejecutar el proyecto hospitalario, sin que tales circunstancias se encuentren previstas en la ley cuya inobservancia configure el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales . 41.- Así ocurrió con los considerandos de la primera instancia en relación con la obligación de contar con diseños definitivos complejos para la totalidad del proyecto hospitalario y no solo para la fase contratada. En el mismo sentido, con que se haya exigido incorporar desde la primera etapa todos los sistemas técnicos necesarios para la operación hospitalaria, aun cuando el proyecto preveía una ejecución progresiva. 42.- A lo anterior se suma que se haya exigido garantizar disponibilidad inmediata e integral de servicios públicos, especialmente de energía eléctrica, desde la celebración del contrato. Además, de un concepto técnico actualizado del Ministerio para cada etapa o modificación del proyecto, pese a que no había cambios sustanciales en lo ya aprobado, y que la fase contratada dejara lista la infraestructura para su funcionamiento pleno, desconociendo que se trataba de un proyecto previsto para ejecutarse por etapas. 43.- Errores en la valoración probatoria . La primera instancia incurrió en un falso juicio de identidad al tergiversar el contenido de los testimonios de Fernando Augusto Angulo Moreno y de Libardo Balaguera Balaguera. Del contenido de dichas pruebas no se desprende que se incurrió en irregularidad alguna sino que el proyecto se ejecutaba por fases, que contaba con soporte técnico y que las decisiones que se adoptaron en el proyecto se encontraban acordes con la planeación existente. 44.- También incurrió en un falso juicio de existencia al omitir valorar un amplio conjunto de prueba documental. En concreto, los estudios previos, los documentos de planeación y presupuesto, los actos administrativos en los que se daba viabilidad, los conceptos técnicos del Ministerio de la Protección Social, las actas de interventoría, las certificaciones técnicas del hospital y de entidades departamentales y los antecedentes documentales del contrato n.° 322 de 2005. Del mismo modo, se infirió la inexistencia de planeación y de soporte técnico sin soporte en las pruebas del proceso. 45.- Inexistencia del elemento objetivo del tipo penal . En el proceso no se acreditó la omisión de requisitos esenciales, como quiera que el contrato correspondía a una fase específica de todo el proyecto hospitalario, la ejecución por etapas estaba prevista en los documentos de planeación y los estudios técnicos y presupuestales respaldaban la contratación. En el fallo se desconoció el contenido de los documentos de estructuración técnica del proyecto, los soportes presupuestales de regalías y las aprobaciones institucionales previas. 46.- A diferencia de las afirmaciones contenidas en el fallo condenatorio, la ejecución del proyecto por etapas no contraría ninguna norma y se encontraba plenamente justificada. Además, los estudios previos existían y fueron aportados en el curso del proceso. Y si bien se excluyeron algunos sistemas de aire y ventilación, esto obedeció a la fase del proyecto que fue objeto de ejecución contractual. 47.- En el mismo sentido, el suministro de energía estaba previsto mediante contratación posterior. Para todo ello, existía concepto técnico favorable del ministerio, sin que en el proceso se haya acreditado la existencia de modificaciones sustanciales al proyecto originalmente aprobado ni alteraciones indebidas en los diseños médico-arquitectónicos que hicieran necesaria una nueva aprobación técnica. 48.- Ausencia de dolo . En la actuación no existe prueba, ni documental ni testimonial que acredite que el procesado conocía de alguna irregularidad, que tuvo la intención de contrariar la ley o que obtuvo un beneficio indebido. La primera instancia desconoció tanto la prueba técnica como los alegatos del Ministerio Público, autoridad que solicitó la absolución del procesado al considerar que la actuación administrativa se encontraba respaldada por soportes técnicos y contractuales suficientes. 49.- El procesado actuó amparado por el principio de confianza, apoyándose en conceptos de dependencias técnicas y jurídicas, en las actuaciones de la interventoría y en decisiones adoptadas en el marco de la desconcentración funcional. En la sentencia se le atribuye un deber de verificación técnica integral que excede las funciones legales de un gobernador. 50.- Inexistencia de daño y ausencia de antijuridicidad . Esto se desprende del Informe de Policía Judicial n.° 5850994 del 19 de agosto de 2020, que concluyó la imposibilidad de establecer un perjuicio material en este caso. Incluso, la Contraloría General de la República concluyó que no había motivos para declarar responsabilidades fiscales. 51.- La obra ejecutada en últimas es funcional, situación que excluye la afectación al bien jurídico de la administración pública. En ese sentido, existe correspondencia entre lo ejecutado y lo pagado, según se evidencia en la liquidación contractual. Es decir que no se acreditó una afectación patrimonial ni una lesión material concreta derivada del contrato objeto de este proceso. 52.- Prescripción de la acción penal . La primera instancia incurrió en una aplicación contradictoria del principio de favorabilidad y extendió de manera indebida el término de prescripción mediante criterios interpretativos desfavorables al procesado. 53.- La contradicción radica en que se aplicó el principio de favorabilidad para excluir el incremento de penas de la Ley 890 de 2004 en la dosificación de la pena (en aplicación de los principios de favorabilidad, confianza legítima, buena fe y lealtad procesal), pero aplicó dicho incremento de penas para computar el término de prescripción, aumentando el máximo de la pena y con ello el término de extinción de la acción penal. 54.- Ambos aspectos, pena y prescripción, se rigen por el mismo marco normativo, por lo que no resulta jurídicamente admisible aplicar el principio de favorabilidad de manera selectiva, pues ello desconoce su carácter de garantía integral. Esta dualidad genera una solución incompatible con los artículos 29 de la Constitución Política y 8 y 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 55.- De igual manera, se hizo una extensión indebida del término de prescripción mediante la acumulación de tres escenarios jurídicos: (i) la aplicación del incremento de la Ley 890 de 2004; (ii) el aumento adicional por la calidad de servidor público; y, (iii) el reinicio del cómputo como consecuencia de la interrupción del término de prescripción con la resolución de acusación. 56.- Esto desconoce que los términos de prescripción deben interpretarse de manera restrictiva y en favor del procesado y termina produciendo una ampliación del plazo más allá del estándar constitucional fijado en la jurisprudencia. La interpretación contenida en la sentencia desconoce el carácter excepcional de la interrupción de la prescripción y su finalidad, convirtiéndola en un mecanismo de prolongación indefinida de la persecución penal. 57.- En definitiva, en este caso no se debe aplicar el incremento de la Ley 890 de 2004, sino únicamente lo dispuesto por el artículo 83 del Código Penal. De ahí que, como el máximo de la pena del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales es de 12 años, más el incremento de la tercera parte por la condición de servidor público del procesado, el máximo de la pena es de 16 años. 58.- Estos 16 años se contabilizan desde la fecha de consumación del delito acusado, esto es, desde el 28 de septiembre de 2005. En consecuencia, en este caso la acción penal prescribió el 28 de septiembre de 2021, el cual es un límite máximo insuperable, que no puede ser ampliado mediante otros incrementos o cómputos, como el derivado de la interrupción cuando se profiere la resolución de acusación, pues ello implicaría una prolongación indebida del proceso penal en perjuicio del acusado. IV. NO RECURRENTE 59.- En el respectivo traslado, la fiscalía allegó oficio en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia. Como argumentos, expuso: 60.- En este caso no existe ningún motivo para concluir que se presentó algún tipo de vulneración de los derechos y garantías del procesado. Los argumentos en relación con este tema son reiterados de otros planteados en el curso de la actuación y que fueron previamente resueltos. Por ende, tampoco tendrían vocación de prosperidad en sede de segunda instancia. 61.- La primera instancia no incurrió en ningún error en la valoración probatoria al concluir que el contrato n.° 322 de 2005 requería concepto técnico del Ministerio de la Protección Social, por tratarse de una inversión sujeta a dicha exigencia. Dicho concepto constituía un requisito legal esencial vinculado al principio de planeación y las pruebas del proceso demuestran que los diseños originalmente aprobados fueron modificados sin justificación técnica. 62.- La garantía de servicios públicos esenciales también constituía un requisito indispensable para la celebración del contrato. Sin embargo, se adelantó sin asegurar adecuadamente condiciones de suministro de agua, energía, comunicaciones y manejo de residuos, pese a que el proyecto contemplaba equipos que dependían de tales servicios. Sobre este particular, las observaciones que en su momento presentó la Contraloría General de la República evidenciaban consecuencias de estas falencias de planeación y una afectación al principio de economía. 63.- En relación con el elemento subjetivo de la conducta, las pruebas demuestran que el acusado conocía las irregularidades del trámite contractual. El propio gobernador remitió al Ministerio de la Protección Social documentación relacionada con el proyecto y dicha entidad posteriormente advirtió que correspondía a un proyecto diferente al aprobado en el 2004. Esto confirma que las modificaciones se produjeron previo a suscribir el contrato n.° 322 y no de manera posterior. 64.- Finalmente, en cuanto a la prescripción de la acción penal, en efecto, dicho término debe calcularse con base en el máximo de la pena prevista para el delito acusado junto con los incrementos aplicables para los servidores públicos. Además, no puede desconocerse que en este caso la resolución de acusación interrumpió dicho término. En dicho cálculo, debe tenerse en cuenta que la acusación no incorporó los incrementos de pena establecidos en la Ley 890 de 2004, en aplicación de la Ley 600 de 2000. V. CONSIDERACIONES 5. Competencia 65.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos en contra de las decisiones que profiera la Sala Especial de Primera Instancia, conforme a lo establecido en el numeral 6º del artículo 235 de la Constitución Política. 66.- En sujeción al principio de limitación funcional que rige el trámite de la segunda instancia, el estudio de esta Sala se circunscribirá al examen de los temas que son objeto de impugnación y, de ser necesario, de los inescindiblemente vinculados a estos. 0. Delimitación del problema jurídico y estructura de la decisión 67.- La Sala Especial de Primera Instancia de esta Corporación condenó a Julio Enrique Acosta Bernal por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales . En el recurso de apelación, la defensa presentó argumentos dirigidos a cuestionar la validez del proceso, en específico, por prescripción de la acción penal y por vulneración del principio de congruencia. 68.- En lo que respecta a la prescripción, aseguró que se incurrió en una aplicación contradictoria del principio de favorabilidad, lo que condujo a que se presentara una extensión indebida del término prescriptivo. Y, en cuanto al principio de congruencia, que el fallo se sustentó en supuestos fácticos no contenidos en la resolución de acusación y que se amplió indebidamente el alcance del tipo penal acusado. 69.- El recurrente también controvirtió la valoración probatoria y la fundamentación de la responsabilidad penal. En su criterio, no se acreditó la configuración de los elementos objetivos del tipo penal, ni la antijuridicidad material, ni el dolo en la conducta acusada al servidor público. En consecuencia, solicitó revocar la condena y, en su lugar, proferir un fallo absolutorio. 70.- En ese contexto, se identifican como problemas jurídicos del presente caso: (i) determinar si prosperan los argumentos destinados a cuestionar la validez de la actuación; y, (ii) establecer si en este caso las pruebas obrantes conducen a que se desvirtúe la presunción de inocencia del acusado, o si, por el contrario, no se acreditó que haya incurrido en los elementos que conforman el tipo penal que conduzca a su absolución. 71.- La Sala abordará de manera prioritaria los alegatos de prescripción y de congruencia, en el entendido que si alguno de ellos prospera esto tendría como consecuencia que resulte insustancial pronunciarse sobre los demás temas del recurso. Solo en el evento en que dichos alegatos no prosperen, se procederá con el análisis de los restantes temas que fueron planteados. 0. La prescripción de la acción penal a. Naturaleza 72.- La prescripción es una causal de extinción del ejercicio de la acción penal y opera cuando el Estado no ejerce dicha facultad en los términos legales. Cuando ocurre dicho fenómeno, la consecuencia es la extinción acción penal y la declaratoria de cesación del procedimiento o preclusión, según la etapa procesal en que ocurra ( Cfr . AP2174-2023, rad. 64036, y SP605-2024, rad. 61976). 73.- La prescripción de la acción penal presenta una doble connotación: de una parte, constituye una garantía fundamental con la que cuenta el procesado, pues asegura que su situación jurídica se defina dentro de un plazo razonable; y, adicionalmente, es un mecanismo sancionatorio frente a la inactividad del Estado en el ejercicio de la acción penal ( Cfr . CSJ SP2230-2022, rad. 57221 y SP2214-2024, rad. 61228). 74.- Se trata igualmente de una garantía sustancial, ya que materializa el plazo razonable y la seguridad jurídica al impedir que el Estado mantenga de manera indefinida la persecución penal. Sus términos los define la ley y corren con independencia del curso procesal. Es decir que no están supeditados al impulso de las partes y, en caso de que la prescripción ocurra, debe declararse incluso de manera oficiosa ( Cfr . CSJ SP2542-2022, rad. 42440, SP294-2023, rad. 50932, y AP3194-2025, rad. 58414. 75.- Para establecer el término de prescripción deben considerarse: (i) el monto máximo de la pena; (ii) los límites mínimo y máximo dentro de los cuales opera la extinción de la acción penal; y (iii) las reglas que precisan su interrupción, suspensión y reanudación. Se trata de parámetros definidos por el legislador en ejercicio de su libertad de configuración normativa. En ese mismo marco, se prevén hipótesis específicas de incremento del término prescriptivo, como ocurre cuando la conducta la realiza un servidor público. b. Normas aplicables a este proceso 76.- La presente actuación se rige por la Ley 600 de 2000. Esta circunstancia es determinante para el análisis de la prescripción de la acción penal, en la medida en que, conforme a este sistema procesal, dicho fenómeno se interrumpe con la resolución de acusación debidamente ejecutoriada –como se verá–, a diferencia de lo que ocurre en el régimen de la Ley 906 de 2004, en el cual la interrupción se produce con la formulación de imputación. 77.- El artículo 83 original de la Ley 599 de 2000 o Código Penal (aplicable en atención a la fecha de los hechos) dispone que la acción penal prescribe «en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley» cuando esta es privativa de la libertad, término que rige para la fase de instrucción. La misma norma establece límites a dicho cómputo, al señalar que: «en ningún caso será inferior a cinco (5) años, ni excederá de veinte (20)» . 78.- Igualmente, el mencionado artículo 83 prevé un incremento al término de prescripción cuando la conducta es cometida por un servidor público «en ejercicio de sus funciones, de su cargo o con ocasión de ellos» . En dicho evento, «el término de prescripción se aumentará en una tercera parte» , para los casos en que los hechos hayan ocurrido con anterioridad a la modificación introducida por la Ley 1474 de 2011 (y si ocurrieron en vigencia de dicha norma, este incremento es de la mitad). 79.- Por su parte, el artículo 86 del Código Penal establece que el término de prescripción se interrumpe «con la resolución acusatoria o su equivalente debidamente ejecutoriada» . A partir de ese momento, «comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83» , es decir, la mitad del máximo, con la precisión de que este nuevo lapso «no podrá ser inferior a cinco (5) años, ni superior a diez (10)» . 80.- De la interpretación conjunta de los artículos 83 y 86 del Código Penal se desprende que la prescripción de la acción penal se estructura en dos momentos. El primero, que corre desde la consumación de la conducta y se calcula con base en el máximo de la pena prevista para el delito, incluyendo, cuando corresponda, el incremento por la calidad de servidor público. Y, en segundo término, que surge a partir de la interrupción con la ejecutoria de la resolución de acusación, en el cual se contabiliza un nuevo lapso equivalente a la mitad del máximo inicialmente establecido. 81.- En ese sentido, la correcta determinación de la prescripción exige no solo identificar el término inicial conforme a la pena aplicable [prescripción en la etapa de instrucción]; sino también establecer si dicho término fue interrumpido con la resolución de acusación debidamente ejecutoriada y, en tal caso, fijar el nuevo lapso [prescripción en la etapa de juzgamiento]. c. El caso concreto 82.- La defensa del procesado asegura que la acción penal en este caso prescribió, pues en su criterio el cómputo debe efectuarse exclusivamente con base en el artículo 83 del Código Penal. En concreto, toma como referente el máximo de la pena del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales (12 años), lo incrementa en una tercera parte por la condición de servidor público del procesado (16 años en total) y contabiliza dicho término desde el 28 de septiembre de 2005, cuando se suscribió el contrato n.° 322 de 2005. 83.- Con base en lo anterior, concluye que la acción penal prescribió el 28 de septiembre de 2021. Y adicionalmente, asegura que el plazo de 16 años constituye un límite insuperable que no puede ampliarse mediante la sumatoria de otros cómputos, como el derivado de la interrupción del término de prescripción con la resolución de acusación. En su criterio, ello implicaría una extensión indebida de la acción penal contraria a los principios de favorabilidad, seguridad jurídica y debido proceso. 84.- Sin embargo, el planteamiento del recurrente parte de una lectura incompleta del régimen legal de la prescripción, en la medida en que circunscribe el análisis al artículo 83 del Código Penal, pero omite lo dispuesto en el artículo 86 de dicha norma. Esto es equivocado pues, como se vio, el legislador estructuró la prescripción a partir de un sistema que distingue entre las etapas de instrucción y de juzgamiento, con reglas propias para cada una. 85.- En efecto, la prescripción no se agota con el simple transcurso del término inicial contado desde la consumación del delito, sino que está sujeta a la eventual interrupción derivada de la resolución de acusación debidamente ejecutoriada. A partir de dicho momento se inicia un nuevo término prescriptivo, conforme a lo dispuesto en el artículo 86 del Código Penal. 86.- Desde esa perspectiva, no le asiste razón a la defensa al afirmar que el término de 16 años constituye un límite absoluto e inmodificable. Por el contrario, dicho término corresponde y aplica únicamente a la fase inicial del cómputo (etapa de instrucción), la cual, por expresa disposición legal, es susceptible de interrupción, sin que ello implique una extensión arbitraria de la acción penal, sino la aplicación del diseño normativo previsto por el legislador. 87.- En el caso concreto se encuentra acreditado que la fiscalía profirió resolución de acusación el 29 de mayo de 2018, la cual quedó ejecutoriada el 11 de julio de 2018. Es decir que, conforme al artículo 86 del Código Penal, este acto procesal produjo la interrupción del término de prescripción y dio lugar al inicio de un nuevo cómputo en la etapa de juzgamiento. 88.- En consecuencia, incluso partiendo de la premisa de la defensa respecto del término inicial de prescripción (de 16 años), lo cierto es que dicho término no se había agotado al momento de la ejecutoria de la resolución de acusación. Dicho evento, se insiste, activa la regla de interrupción y, en consecuencia, torna improcedente el análisis aislado que propone el recurrente en la apelación. 89.- Lo que corresponde en lo sucesivo es determinar si el término de prescripción fue correctamente fijado, incluyendo la eventual incidencia del incremento de penas fijado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. E igualmente, si una vez producida la interrupción con la resolución de acusación, el nuevo término alcanzó a consolidarse antes de la sentencia de primera instancia, o si, por el contrario, la acción penal se encuentra vigente. 90.- Sobre este particular, como se indicó en la sentencia SP005-2026, rad. 70936, la Sala, en providencia SP379-2018, rad. 50472, del 21 de febrero de 2018, modificó su jurisprudencia para habilitar el incremento de penas. En específico, que «el aumento de penas fijado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 aplica tanto para casos rituados por la Ley 906 como por la Ley 600 para hechos cometidos con posterioridad al 1º de enero de 2005, salvo las excepciones que la misma ley 890 contempla en su artículo 15» . 91.- Las reglas para la aplicación de dicha tesis fueron precisadas en la sentencia SP089-2023, rad. 59034, en los siguientes términos: «En esta oportunidad la Sala precisa que la viabilidad de dar aplicación al incremento generalizado de penas, previsto en la Ley 890 de 2004, a procesos regidos por la Ley 600 de 2000, en los términos del derrotero jurisprudencial trazado desde 2018, depende de que en el asunto concreto se verifique que: i) La conducta haya sido cometida con posterioridad a enero 1 de 2005. ii) La sentencia haya sido adoptada con posterioridad a febrero 21 de 2018, “salvo que antes de la fecha de la aludida providencia –21 de febrero de 2018–, el procesado hubiese aceptado los cargos formulados ”[footnoteRef:4] y [4: CSJ AP2682-2018, rad. 48509, y AP2985-2018, rad. 44730.] iii) La imputación jurídica contenida en la resolución de acusación haya hecho expresa mención del quantum punitivo debidamente incrementado.» 92.- Posteriormente, en sentencia SP339-202[4][footnoteRef:5], rad. 64824, que fue reiterada en la SP1805-2025, rad. 54967, la Sala precisó que la fecha de la acusación impacta en la «flexibilidad» de la última regla jurisprudencial, en concreto, la que precisa que el aumento de penas aplica cuando « (iii) La imputación jurídica contenida en la resolución de acusación haya hecho expresa mención del quantum punitivo debidamente incrementado » y que fue fijada en la providencia SP089-2023, rad. 59034. [5: En el buscador jurisprudencial de la Corte y en el texto de la providencia aparece con la referencia alfanumérica: SP339-2023, rad. 64824, sin embargo, dicha decisión fue proferida el 21 de febrero de 2024.] 93.- Es decir que es viable jurídicamente flexibilizar dicha exigencia únicamente cuando la resolución de acusación se haya proferido bajo la vigencia de la línea jurisprudencial anterior, que excluía la aplicación de la Ley 890 de 2004 en procesos regidos por la Ley 600 de 2000, «pues la línea jurisprudencial vigente para esa época así lo precisaba» ( Cfr . SP1805-2025, rad. 54967). 94.- En el presente caso, se satisfacen los dos primeros requisitos fijados en la sentencia SP089-2023, rad. 59034, en tanto la conducta por la que se profirió resolución de acusación ocurrió el 28 de septiembre de 2005 (esto es, con posterioridad al 1º de enero de 2005) y la sentencia fue proferida con posterioridad al 21 de febrero de 2018 (fecha en la que se profirió la sentencia SP379-2018, rad. 50472). 95.- Sin embargo, no se cumple la tercera condición ni resulta viable la flexibilización, como lo ha hecho la Sala en otros casos ( Cfr . SP339-202[4], rad. 64824 y SP1805-2025, rad. 54967), pues la resolución de acusación quedó ejecutoriada el 11 de julio de 2018, esto es, con posterioridad a la sentencia SP379-2018, rad. 50472, del 21 de febrero de 2018, y en dicha decisión la fiscalía no efectuó mención expresa al quantum punitivo incrementado. 96.- En ese contexto, se impone corregir el criterio adoptado por la Sala mayoritaria de la Sala Especial de Primera Instancia, que aplicó el incremento punitivo de la Ley 890 de 2004 para efectos del cómputo de la prescripción. En consonancia con lo expuesto en la aclaración de voto contenida en la sentencia de primera instancia[footnoteRef:6], dicho cálculo en el presente asunto debe efectuarse estrictamente conforme el marco punitivo previsto en la redacción original del artículo 410 del Código Penal. [6: Expediente digital, archivo PDF: «002_001SentenciaSEP086-20260601», fls. 36 a 44.] 97.- Así, para el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales , dicha norma precisa una pena mínima de 4 años y una máxima de 12 años, y teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron el 28 de septiembre de 2005, el término máximo de prescripción en la etapa de instrucción corresponde a 12 años. Este tiempo, se incrementa en una tercera parte por la condición de servidor público del acusado, para un total de 16 años, es decir que dicho término inicial se proyectaba hasta el 28 de septiembre de 2021. 98.- No obstante, no llegó a consolidarse la prescripción en la fase de instrucción, en razón a que operó la interrupción de la prescripción con ocasión de la resolución de acusación proferida el 29 de mayo de 2018 y ejecutoriada el 11 de julio de 2018. En consecuencia, a partir de esta última fecha comenzó a correr un nuevo término de prescripción en la etapa de juzgamiento, equivalente a la mitad del máximo determinado para la fase inicial, esto es, 8 años. Dicho lapso, contabilizado desde el 11 de julio de 2018, se proyecta hasta el 11 de julio de 2026 , es decir que la acción penal se encuentra vigente. 99.- Se concluye que la tesis del recurrente, según la cual, el término de 16 años constituye un límite absoluto e insuperable no resulta admisible. Esto desconoce la estructura normativa de la prescripción prevista en los artículos 83 y 86 del Código Penal, que expresamente contemplan la posibilidad de interrupción y el inicio de un nuevo término para la etapa de juzgamiento. 100.- No prospera entonces la solicitud de prescripción de la acción penal planteada por la defensa. 0. El principio de congruencia a. Alcance 101.- En la estructura del proceso penal regido por la Ley 600 de 2000, la resolución de acusación (o su equivalente: como la formulación de cargos para sentencia anticipada o la variación de la calificación provisional) constituye el presupuesto y límite del juzgamiento. El juez está obligado a proferir sentencia en estricta consonancia con los cargos allí formulados, sin que le sea permitido condenar o absolver por hechos distintos allí contenidos ( Cfr . SP, 28 may. 2008, rad. 29384). 102.- Desde esta perspectiva, el principio de congruencia opera como una regla estructural del proceso y, a la vez, como una garantía, en la medida en que delimita el ámbito dentro del cual puede ejercerse la función jurisdiccional y asegura que el procesado conozca con precisión los cargos frente a los cuales está llamado a ejercer su derecho de defensa ( Cfr . SP1731-2025, rad. 60747). 103.- La congruencia exige que entre la resolución de acusación y la sentencia exista una relación de correspondencia sustancial en tres planos claramente diferenciables: (i) el personal, referido a la identidad del sujeto acusado; (ii) el fáctico, relativo a los hechos y circunstancias que delimitan la imputación; y, (iii) el jurídico, concerniente a la calificación típica de la conducta. 104.- En desarrollo de lo anterior, la Sala ha precisado que la congruencia en sus dimensiones personal y fáctica tiene carácter estricto o absoluto, en tanto no resulta posible modificar o sustituir, al arbitrio del juzgador, la persona acusada y el núcleo esencial de los hechos que fundamentan la imputación. Por el contrario, la congruencia jurídica tiene una naturaleza flexible o relativa, pues admite la variación de la calificación jurídica, siempre que dicha modificación no altere el núcleo fáctico de la acusación ni desconozca las garantías del procesado ( Cfr . SP412-2026, rad. 61238). 105.- En lo que respecta a los hechos consignados en la resolución de acusación, en la Ley 600 de 2000, como se indicó en la sentencia SP2641-2024, rad. 58444, si bien dicha decisión suele contener un capítulo específico de hechos, esto no significa que queden circunscritos a dicha sección. Por el contrario, pueden ser desarrollados, aclarados e incluso complementados en su modo de ejecución y circunstancias, como resultado del análisis probatorio efectuado en dicha decisión interlocutoria. 106.- El referente para determinar el contenido fáctico de la resolución de acusación no se limita a la enunciación inicial de los hechos, sino que comprende la totalidad del acto acusatorio entendido como una unidad integral. En ese sentido, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley 600 de 2000, los hechos se desprenden a partir de las pruebas obrantes en la investigación dirigidas a sustentar la ocurrencia del hecho y la probable responsabilidad del procesado ( Cfr . SP1731-2025, rad. 60747). 107.- Acorde con lo expuesto, la verificación del principio de congruencia no se agota mediante un contraste formal entre los hechos y la sentencia, sino que exige determinar si el juzgador introdujo un hecho nuevo ajeno al núcleo fáctico de la imputación, o si, por el contrario, se limitó a efectuar una valoración jurídica o probatoria distinta de los hechos objeto de acusación. En este último evento, no se configura vulneración alguna, en la medida en que el procesado ha tenido la posibilidad de conocer, controvertir y defenderse durante el proceso de los hechos acusados. b. El caso concreto 108.- La defensa asegura que la primera instancia incorporó en el fallo hechos no contenidos en la resolución de acusación. En particular, la exigencia de ejecutar de manera integral el proyecto (no por fases), de incorporar desde el inicio todos los sistemas de funcionamiento (aire acondicionado, ventilación, redes y energía, entre otros), la necesidad de que la obra garantizara operatividad plena y la inferencia de que se presentaron modificaciones indebidas a los diseños inicialmente aprobados. 109.- Para el recurrente, la decisión judicial amplió indebidamente el alcance del reproche penal, al introducir valoraciones técnicas y criterios de planeación integral del proyecto que no estaban incluidos en la acusación. De esta manera, según indicó, se construyó en el fallo una teoría distinta a la planteada por la fiscalía, evaluando aspectos globales del proyecto hospitalario y no únicamente por el que cursó la acusación. 110.- Sin embargo, del examen conjunto de la resolución de acusación que profirió la fiscalía y del fallo de primera instancia, la Sala no evidencia la vulneración del principio de congruencia que alega la defensa. Por el contrario, se constata que los elementos fácticos sobre los cuales se edificó la condena se encuentran expresamente contenidos y desarrollados en la resolución de acusación, y que la primera instancia en la sentencia se limitó a valorar jurídicamente tales hechos. 111.- Así ocurre, en primer lugar, con el cuestionamiento sobre la ejecución del proyecto por fases. En la resolución de acusación se indicó que el proyecto hospitalario correspondía a una intervención de mayor alcance (aproximadamente 10.000 m2), y que en el contrato «se seleccionaron los ítems de la primera etapa sin soporte técnico suficiente» [footnoteRef:7]. A su vez, en el fallo se afirmó que el alcance contractual fue fijado «de manera caprichosa, pues no existe documento alguno que acredite la realización de un estudio de conveniencia y oportunidad sobre el particular »[footnoteRef:8]. [7: Resolución de acusación, fls. 10, 11 y 23.] [8: Sentencia de primera instancia, fl. 106.] 112.- De igual manera, en la acusación se indicó que el proyecto que aprobó en su momento el Ministerio de la Protección Social contemplaba «aire acondicionado y ventilación mecánica» , los cuales «no fueron incorporados en el contrato »[footnoteRef:9]. En consonancia con ello, el fallo señala que dichos sistemas «no fueron incluidos en los pliegos de condiciones del contrato n.° 322 de 2005 »[footnoteRef:10]. [9: Resolución de acusación, fl. 23.] [10: Sentencia de primera instancia, fls. 106 y ss.] 113.- En lo que respecta a la modificación de diseños, la resolución de acusación refiere que los planos «aprobados por el Ministerio» fueron «modificados sin justificación alguna »[footnoteRef:11], mientras que en la sentencia se reitera que tales diseños fueron alterados al punto que se presentó «un proyecto totalmente diferente al aprobado en el 2004 »[footnoteRef:12], lo cual impacta en el principio de planeación. Se trata, nuevamente, del mismo hecho con una consecuencia jurídica explícitamente desarrollada en el fallo. [11: Resolución de acusación, fls. 13 y 17.] [12: Sentencia de primera instancia, fl. 132.] 114.- En relación con el principio de planeación, la fiscalía indicó que el proceso contractual se adelantó «con deficiencias en los estudios previos» y sin verificar requisitos esenciales[footnoteRef:13]. A su turno, en el fallo se concluyó que el estudio técnico que fue presentado para sustentar el proyecto fue «abiertamente deficiente» , sin soporte mediante un verdadero estudio de conveniencia y oportunidad, acorde al alcance del proyecto que finalmente se realizó[footnoteRef:14]. [13: Resolución de acusación, fls. 1 y 2.] [14: Sentencia de primera instancia, fl. 107.] 115.- En cuanto a la funcionalidad del proyecto, la acusación señala que no se garantizaban condiciones adecuadas de operación, incluyendo el suministro de energía eléctrica[footnoteRef:15], mientras que, en el fallo, se indica que el contrato fue celebrado «sin que se hubiese garantizado el suministro de energía eléctrica »[footnoteRef:16]. Del mismo modo, sobre el resultado de la ejecución (la obra requirió rediseños, adecuaciones e incorporación de ítems no previstos) coincide con la imputación sobre una infraestructura deficiente.[footnoteRef:17] [15: Resolución de acusación, fls. 5 y 6.] [16: Sentencia de primera instancia, fl. 121.] [17: Resolución de acusación, fls. 1 y 2, y fallo de primera instancia, fls…] 116.- Finalmente, la resolución de acusación expone de manera detallada el proyecto inicial hospitalario aprobado por el Ministerio de la Protección Social, en el entendido que era integral, sus componentes técnicos y las variaciones introducidas en el contrato[footnoteRef:18]. Sobre esta base la sentencia analiza la ruptura entre el proyecto que fue aprobado y el contrato que se celebró, pues «la administración terminó contratando y ejecutando un proyecto distinto del que había sido avalado» .[footnoteRef:19] [18: Resolución de acusación, fls. 1 y 1, y fallo de primera instancia, fl. 116.] [19: Sentencia de primera instancia, fl. 131.] 117.- En suma, como se evidencia, los reproches formulados por la defensa no demuestran la incorporación de hechos ajenos a la acusación, sino una discrepancia entre el alcance probatorio y jurídico que la primera instancia le otorgó a hechos ya incluidos en la acusación. La sentencia no alteró el núcleo esencial de la imputación, sino que lo desarrolló a partir de la evaluación de las pruebas del proceso, sin vulnerar el principio de congruencia. 118.- Tampoco prospera el alegato de la defensa de vulneración del principio de congruencia. 0. Los restantes temas planteados en el recurso de apelación 119.- La defensa asegura, en esencia, que en este caso no hay pruebas que conduzcan a desvirtuar la presunción de inocencia del procesado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales . Para analizar este alegato, la Sala reiterará en un inicio el alcance legal y jurisprudencial de dicho tipo penal, incluyendo los principios que rigen la contratación estatal, y luego, aplicará estos insumos al caso concreto, con miras a dar respuesta a los demás temas planteados por el recurrente. a. El delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales 120.- El artículo 410 original del Código Penal, vigente para la fecha de los hechos de este proceso –28 de septiembre de 2005–, lo define en los siguientes términos: «El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de 48 a 144 meses, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 12 años.» 121.- De esta descripción normativa se desprende que el tipo penal objetivo comprende: (i) un sujeto activo calificado –servidor público–; y, (ii) la realización de cualquiera de las conductas alternativas consistentes en tramitar, celebrar o liquidar un contrato, sin observancia de sus requisitos legales esenciales. La Sala ha precisado que el reproche penal no se extiende a las irregularidades que puedan presentarse en la etapa de ejecución contractual ( Cfr . SP004-2023, rad. 62766 y SP082-2023, rad. 59994). 122.- Con esta conducta punible el legislador pretende salvaguardar en la contratación pública los principios que orientan la función pública consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, evitando actuaciones guiadas por subjetivismos, caprichos o intereses particulares contrarios al interés general ( Cfr . CSJ SP1138-2022, rad. 59738 y SP082-2023, rad. 59994). 123.- La Sala ha precisado que la inobservancia de estos postulados puede verificarse no solo en la configuración formal del trámite, sino también en la manera como se estructuran técnicamente las decisiones contractuales, en cuanto estas deben responder a criterios objetivos, verificables y orientados al interés general ( Cfr . SP513-2018, rad. 50530). 124.- Se trata de un tipo penal en blanco, en la medida en que sus elementos normativos remiten a normas jurídicas extrapenales, particularmente a la Ley 80 de 1993 o Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, y a las normas especiales que rigen la contratación estatal, las cuales complementan su contenido. 125.- El requisito legal cuya inobservancia configura la conducta punible –en las etapas de tramitación, celebración o liquidación– debe tener carácter «esencial» . Esto implica que no cualquier irregularidad o incumplimiento formal encuadra en el tipo penal. Al respecto, la Sala tiene dicho que: «[a] efectos de facilitar la identificación de los requisitos sustanciales de un contrato, deben atenderse los criterios derivados de la teoría general del negocio jurídico» ( Cfr . SP17159-2016, rad. 46037, y SP3478-2021, rad. 53219). 126.- Adicionalmente, que el carácter de «esencial» del requisito no depende únicamente de su existencia formal, sino de su idoneidad material para garantizar los fines de la contratación pública. De modo que la simple presencia de documentos, estudios o conceptos no excluye la tipicidad cuando estos resultan insuficientes para estructurar técnica y funcionalmente el contrato ( Cfr . SP513-2018, rad. 50530, y SP3478-2021, rad. 53219) 127.- Para la Corte, conforme al artículo 410 del Código Penal, la «punibilidad de la conducta del servidor público no se predica de la totalidad de las fases contractuales» [footnoteRef:20]. En efecto, tratándose del verbo rector «tramitar» , el desvalor de la acción recae en la omisión de los requisitos legales esenciales; en cambio, respecto de «celebrar» y «liquidar» , el reproche recae en no verificar el cumplimiento de los presupuestos legales propios de cada etapa. [20: CSJ SP 185-2024 14 feb. 2024, rad. 58661, CSJ 9 feb. 2005, rad. 21.547, SP 23 mar. 2006, rad. 21.780, SP513-2018, rad. 50.530 y SP5505-2019, rad. 55.036] 128.- La tramitación se ubica en la etapa precontractual y alude al cumplimiento de los pasos previstos en el ordenamiento jurídico, desde el inicio del proceso hasta la suscripción del contrato; la celebración implica su formalización y perfeccionamiento mediante el cumplimiento de las ritualidad