Providencia SP606-2026

HUGO QUINTERO BERNATE Magistrado ponente SP606-2026 Radicación No. 61098 (Aprobado Acta No. 205) Bogotá D.C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veintiséis (2026). VISTOS Decide la Sala el recurso de impugnación especial interpuesto por la defensa de CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá el 30 de junio de 2021, por cuyo medio revocó el fallo de absolución emitido por el Juzgado Veintidós Penal del Circuito de la misma ciudad el 15 de mayo de 2020, para condenarlo como autor responsable de las conductas punibles de peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso. HECHOS CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 2 De acuerdo con la acusación, el 29 de octubre de 2010, el por entonces representante de la Dirección Nacional de Estupefacientes - DNE, instauró denuncia para que se investigaran las presuntas irregularidades en que habría incurrido CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO, exdirector de la entidad, relacionadas con el manejo de bienes incautados por delitos de narcotráfico y otros conexos bajo administración de la misma. En desarrollo de la investigación correspondiente se estableció que ALBORNOZ GUERRERO fue designado como director de la DNE mediante Decreto 3134 del 12 de septiembre de 2006, cargo del que se posesionó al día siguiente y ejerció hasta el 31 de mayo de 2009. De igual manera, se supo que Eduardo de Praga Benavides Guerrero, aprovechando su amistad con CARLOS ALBORNOZ, habría promovido una reunión, en fecha no precisada, en la casa de Edgar Hernández -ya fallecido-, a la que asistieron Julio César Rico Cifuentes, José Antonio Mutis Perdomo y Mario Román. Allí, Benavides Guerrero propuso a Rico Cifuentes que la sociedad Capital & Business S.A., de la que ambos eran socios, comprara la cartera hipotecaria que pesaba sobre la finca “Jesús del Río” ubicada en el municipio de Zambrano (Bolívar), luego de lo cual ALBORNOZ GUERRERO les vendería o entregaría el bien por un valor inferior al avalúo comercial. En ese sentido se constató que, con decisión del 5 de marzo de 2004, dicho inmueble había sido objeto de CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 3 extinción del derecho de dominio por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Descongestión de Bogotá a favor del Estado por conducto del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado – FRISCO, administrado por la DNE. Así mismo, que registraba una deuda con el Banco Ganadero, ahora BBVA Colombia, contraída por su propietario Luis Enrique Ramírez Murillo alias “Miky Ramírez”, quien había constituido garantía hipotecaria sobre el predio. Fue así como el 10 de diciembre de 2007, Capital & Business S.A. negoció la cesión del referido crédito con la entidad financiera y pagó por ello $1.200.000.000°°. El 29 de febrero de 2008 el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá aceptó la cesión. Posteriormente, mediante Resolución No. 1019 del 25 de julio de 2008, la Subdirección de Bienes de la DNE a cargo de Omar Figueroa Reyes, nombró como depositario provisional del inmueble a José Antonio Mutis Perdomo, socio de Capital & Business S.A. e Inveragricol S.A., función de la cual tomó posesión el día 28 siguiente. Luego, Mutis Perdomo otorgó poder a Eduardo José Benavides Rueda, hijo de Eduardo de Praga Benavides, para recibir el bien. El 28 de noviembre del mismo año, el Juzgado Décimo Civil del Circuito liquidó el crédito adquirido por la sociedad anónima en la cantidad de $2.730.783.136°°. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 4 A finales de 2008, CARLOS ALBORNOZ GUERRERO, en su calidad de director de la DNE, informó mediante oficio dirigido a Julio César Rico Cifuentes –representante legal de Capital & Business S.A.— que, de conformidad con el avalúo comercial del inmueble “Jesús del Río” realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, su precio era de $2.372.507.410°°; y lo ofertó a esa sociedad en dación en pago dada su calidad de acreedora hipotecaria. El 29 de diciembre de 2008 se suscribió la escritura pública 3756 en la Notaría Octava del Círculo de Bogotá por parte de CARLOS ALBORNOZ GUERRERO en representación de la DNE y Julio César Rico Cifuentes por Capital & Business S.A., mediante la cual se formalizó el negocio jurídico. No obstante, se verificó que Diego de Jesús Monroy Rodríguez, representante legal de la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, no reconoció haber realizado el referido avalúo y tampoco se encontró en algún archivo oficial o particular copia de este. De otra parte, según informe pericial elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigación - CTI de la Fiscalía General de la Nación, el predio “Jesús del Río” tendría un valor comercial de $4.442.380.745°° para la fecha de la negociación entre la DNE y Capital & Business S.A. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 5 La escritura pública en la que se consignó el menor avalúo supuestamente realizado por la Lonja, se utilizó ante la Oficina de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar (Bolívar), a fin de obtener, como en efecto ocurrió el 26 de enero de 2009, el registro en el folio de matrícula inmobiliaria 062-6848 de la titularidad del inmueble a nombre de Capital & Business S.A. Meses después, con escritura pública 2042 del 16 de abril de 2009 de la Notaría Sexta de Bogotá, Capital & Business S.A. transfirió el dominio total del bien por la cantidad de $1.200.000.000°° a Inveragricol S.A., razón social que había sido conformada, mediante instrumento público del 11 de enero de 2008, por Eduardo de Praga Benavides Guerrero, su hijo Eduardo José Benavides Rueda, Mario Hernando Román Calderón y José Antonio Mutis Perdomo, en la cual también habría tenido participación Blanca Bernal Mahe, esposa de CARLOS ALBORNOZ GUERRERO. Para la Fiscalía General de la Nación, el detrimento económico a los intereses del Estado, calculado tras descontar al avalúo comercial del bien inmueble elaborado por el CTI un 25%, según lo previsto por el artículo 1° de la Resolución 22 de 20081, y el valor de la liquidación del crédito realizada por el Juzgado Décimo Civil del Circuito, ascendería a $l.601.000.423, provecho ilícito que CARLOS ALBORNOZ obtuvo para él y sus amigos. 1 No se identificó la entidad o autoridad la emitió. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 6 ANTECEDENTES PROCESALES 1. En audiencia preliminar realizada el 12 de agosto de 2015 ante el Juzgado Sesenta y Cinco Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía imputó cargos a CARLOS ALBORNOZ como presunto autor de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y obtención de documento público falso, con circunstancia de mayor punibilidad, artículos 288, 397 inciso 2º, 409, 453 y 58-10 del Código Penal, que él no aceptó. A pesar de la solicitud presentada por la fiscalía delegada, el imputado no fue afectado con medida de aseguramiento. 2. Presentado el escrito de acusación, el conocimiento del asunto se asignó al Juzgado Veintidós Penal del Circuito de la misma ciudad, que presidió las audiencias de acusación, preparatoria y de juicio oral llevadas a cabo entre el 4 de febrero de 2016 y el 8 de mayo de 2020, fecha esta última en la que la cognoscente anunció sentido de fallo absolutorio por todos los cargos de la acusación. La sentencia de primera instancia se profirió el 15 de mayo de 2020, contra la cual interpusieron sendos recursos de apelación la Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de la víctima Sociedad de Activos Especiales - SAE. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 7 3. El 30 de junio de 2021, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá profirió sentencia de segunda instancia por cuyo medio resolvió revocar el fallo de absolución. En su lugar, condenó a CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO como autor responsable de todos los delitos materia de la acusación –peculado por apropiación, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos y obtención de documento público falso— a las penas de 239 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual periodo, así como multa por valor equivalente a 1.951,92 s.m.l.m.v. La pena de inhabilitación, se precisó, quedaba sometida a lo previsto en el artículo 122 de la Constitución Política. Se negaron al procesado los mecanismos sustitutivos de la ejecución de la pena de prisión, ordenando su captura inmediata para el cumplimiento de esa sanción. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA Luego de aludir a las exigencias del artículo 381 de la Ley 906 de 2004 para proferir condena, la juez a quo analizó uno a uno los delitos por los que fue acusado CARLOS ALBORNOZ comenzando por el de obtención de documento público falso respecto del cual adujo que, según la Fiscalía, el procesado indujo en error al Notario Octavo del Círculo de Bogotá para que consignara en la escritura pública 3756 del 29 de diciembre de 2008 una falsedad, consistente en la CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 8 existencia de un avalúo del predio entregado en dación en pago realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, a pesar de que esa institución no lo había hecho. Sin embargo, la prueba practicada en juicio demostró que no se acreditó la falsedad de dicha afirmación. Para la juzgadora, el testimonio de Diego de Jesús Monroy Rodríguez, presidente de la Lonja de Bogotá, en cambio de descartar la existencia del avalúo abrió múltiples posibilidades razonables sobre su elaboración. Aunque afirmó no haberlo realizado personalmente, reconoció que en esa época la Lonja sí hacía avalúos para la DNE; que la entidad a su cargo recibió una solicitud formal enviada por el propio ALBORNOZ GUERRERO; que dicha solicitud fue dirigida al vicepresidente Héctor José Martínez Lis; y que este último lo reemplazó durante los meses en que el testigo se encontraba fuera del país. También admitió que se había descubierto que otra persona, Jorge Enrique Tadeo Javier Monroy Rodríguez, había suplantado firmas y realizado algunos trámites en la Lonja sin autorización, lo que ampliaba los posibles autores materiales del avalúo. Estas afirmaciones, lejos de excluir la existencia del estudio, la hacían posible puntualizó la jueza. El testigo reconoció, además, la existencia en los archivos de la Lonja de documentos directamente relacionados con el encargo como son la orden de prestación de servicios del 11 de agosto de 2008; el oficio de aceptación CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 9 de la cotización del 3 de septiembre del mismo año; el oficio mediante el cual la DNE devolvió el avalúo corporativo solicitando su presentación independiente por cada uno de los predios de que daba cuenta el informe; y la factura de venta 0504 del 18 de noviembre de 2008, que el mismo Diego Monroy admitió haber firmado. Incluso, la testigo Clara Eugenia Garrido de Valdenebro, asesora del FRISCO, reconoció haber enviado un memorando al tesorero de la entidad por medio del cual remitía esa factura con el fin de que se girara el valor correspondiente a la cuenta corriente de la Lonja, por concepto de los avalúos de los predios rurales “Jesús del Río” 1 y 2. Además, la transacción bancaria fue confirmada por Carlos Andrés Quintero Ortiz, jefe de contabilidad de la Sociedad de Activos Especiales – SAE. La coherencia entre estos documentos y el testimonio de Monroy Rodríguez reforzaban la conclusión de que la Lonja sí adelantó gestiones relacionadas con el avalúo del predio “Jesús del Río”, de manera que la ausencia del documento físico no constituía prueba de su inexistencia, en especial, porque el mencionado testigo explicó que en 2008 la Lonja no contaba con sistemas de archivo digital y que los informes de avalúo se conservaban por un máximo de dos años debido a limitaciones de espacio, a lo que se sumaba el traslado de sede ocurrido años después. Para la falladora, la Fiscalía erró al pretender que se tuviera por demostrada que la sola ausencia del documento CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 10 equivalía a su inexistencia, desconociendo que con la prueba documental y testimonial se acreditaron las gestiones formales de la DNE con la Lonja y la emisión de una factura por el trabajo que esta última realizó. Por ende, no se demostró que la declaración contenida en la escritura acerca del precio del bien fuera falsa, tampoco que CARLOS ALBORNOZ hubiera inducido en error al notario en ese aspecto, ni que hubiera existido un acto de engaño dirigido a obtener un documento público con contenido mendaz. En cuanto al fraude procesal expuso que si bien se probó que el titular de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar (Bolívar), expidió la resolución 397 del 26 de enero de 2009, por medio de la cual se dispuso la inscripción de la escritura pública 3756 del 29 de diciembre de 2008 en el folio de matrícula inmobiliaria 062-0006848; al haberse establecido que la escritura no contenía manifestaciones falsas, tampoco podía considerarse que fue usada como medio fraudulento para inducir en error al funcionario registral. En síntesis, concluyó, la conducta acusada en ese punto es objetivamente atípica. Acerca del delito de peculado por apropiación, la juzgadora consideró que se demostró que CARLOS ALBORNOZ se desempeñó como director de la DNE y que entre sus funciones estaba disponer de los bienes y activos del FRISCO; al igual que el ingreso a este fondo del bien inmueble sobre el que se decretó por el juzgado especializado CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 11 la extinción de dominio del remanente de su valor, pues no de otra manera se habría podido transferir el dominio de la finca “Jesús del Río” a la sociedad Capital & Business. Empero, también se presentaba insuficiencia de prueba sobre la materialidad del delito porque la Fiscalía sostuvo que la dación en pago del predio constituyó un mecanismo para despojar al Estado de un bien cuyo valor real habría sido superior al reconocido en la escritura, sin que se acreditara la falsedad del avalúo legalmente exigido para la negociación, ni su inexistencia, por lo que el supuesto fáctico que pretendía sustentar la apropiación quedaba sin fundamento. Reiteró, en cambio, que la dación en pago fue autorizada por el juez civil competente, la obligación estaba debidamente liquidada y la operación se realizó dentro del marco legal previsto para la satisfacción de créditos garantizados con bienes sometidos a la extinción de dominio. Tampoco se probó que el acusado hubiera obtenido provecho personal, ni que hubiera actuado con la intención de beneficiar a un tercero de manera ilícita. Enfatizó la falladora que la Fiscalía no demostró que el valor del predio declarado en la escritura pública fuera artificialmente bajo teniendo en cuenta la diferencia entre el monto declarado en la escritura y el avalúo hecho por los arquitectos José Raúl Rodríguez Cardona y Martha Esther Velasco Burgos adscritos al CTI de la Fiscalía, labor pericial que criticó y desestimó por adolecer de múltiples defectos. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 12 El dictamen, presentado en juicio por el primero de ellos, para la juzgadora carecía de rigor metodológico, no explicaba los criterios de valoración utilizados, no acreditaba inspección directa del predio ni estudio de mercado ajustado a sus condiciones específicas, y no justificaba por qué su valoración debía prevalecer sobre la realizada por la Lonja. La ausencia de rigor técnico, la falta de explicación metodológica y la desconexión con los demás elementos probatorios, en criterio de la falladora impedían otorgarle valor persuasivo, resaltando que la valoración pericial no se podía convertir en un mecanismo para sustituir la carga probatoria del ente acusador, ni ser utilizado para suplir la ausencia de prueba sobre la falsedad del avalúo o la manipulación del valor del predio. Recabó en que tampoco se probó que el acusado CARLOS ALBORNOZ hubiera intervenido para alterar la valoración del predio. Concluyó que la Fiscalía no demostró, más allá de toda duda razonable, que para el año 2008 el predio “Jesús del Rio” tuviera un valor comercial de $4.405.380.74599, lo que descarta la existencia de la conducta contra el erario en el monto $1.601.000.423 que se fijó en la acusación, correspondiente al “remanente luego de la cesión del predio”. Acerca del delito de interés indebido en la celebración de contratos la a quo consideró que no se configuraba porque, CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 13 reafirmó, la intervención de CARLOS ALBORNOZ se limitó a la suscripción de la escritura que formalizaba la dación en pago, en cumplimiento de una orden judicial, sin que existiera de por medio un proceso de selección, una negociación contractual o un escenario en el que pudiera influir para beneficiar a un particular. La Fiscalía no acreditó la existencia de un interés personal, directo o indirecto, ni la existencia de una actuación orientada por ALBORNOZ GUERRERO a favorecer indebidamente a la sociedad Capital & Business, sin que se demostrara que él o su esposa tuvieran relación alguna con sus socios o con la firma Inveragricol S.A., y aun a pesar de que no se discuta la relación de amistad del procesado con Eduardo de Praga Benavides. En ausencia de un acto de favorecimiento, de una intervención indebida o de un interés particular, el tipo penal no se configura, lo cual se acredita con el análisis crítico de la prueba pericial que confirma la tesis de la insuficiencia probatoria. En consideración de la a quo, las pruebas de cargo en el orden testimonial, valoradas en conjunto con las documentales y periciales, no acreditaron los hechos imputados y acusados por los cuales se juzgó a CARLOS ALBORNOZ y, por contrario, en varios aspectos refuerzan la versión de la defensa pues ningún testigo señaló que el acusado hubiera recibido beneficios personales, presionado a funcionarios o intervenido para alterar el valor del predio. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 14 SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA Para el Tribunal, a fin de esclarecer la materialidad delictual y la responsabilidad del procesado imponía esclarecer las circunstancias en que se produjo la transacción del inmueble “Jesús del Río”, de acuerdo con los medios de prueba practicados. Inició por reconstruir la historia registral del predio; luego refirió el régimen jurídico aplicable a los bienes del FRISCO, las gestiones internas de la DNE en relación con el mencionado inmueble; y finalmente examinó la existencia o no del avalúo comercial que sirvió de base para la dación en pago. En ese orden detalló que el inmueble “Jesús del Río”, con matrícula inmobiliaria 062-0006848 ubicado en Zambrano (Bolívar), en su historial registral muestra una secuencia de actos que van desde el embargo inicial hasta la dación en pago y las posteriores ventas y desenglobes. Destacó las anotaciones: i) 13 de 1997, que registra el embargo a petición del Banco Ganadero S.A.; ii) 14 de 2005, en la que el Juzgado Segundo de Descongestión del Circuito de Bogotá ordenó la extinción del derecho de dominio a favor del Estado; iii) 15 y 16 de 2007 y 2008, que declaran el predio como «inminente zona de desplazamiento» y prohíben su enajenación; iv) 17 de enero de 2009 sobre la dación en pago del FRISCO a Capital & Business S.A. por $2.372.507.410; CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 15 iv) 20 que da cuenta de la compraventa entre Capital & Business S.A. e Inveragricol S.A. por $ 1.200.000.000; v) 22 y 24 relacionadas con la compraventa parcial de Inveragricol S.A. a Palmares del Río S.A.S y a Eduardo de Praga Benavides Guerrero; y vi) 26 en que se registra la liquidación de Inveragricol S.A. por monto superior a $700.000.000, siendo su único bien el inmueble en discusión, quedando Eduardo de Praga Benavides Guerrero con participación del 57.09%, Mario Hernando Román Calderón el 19.25%, José Antonio Mutis Perdomo el 12.87% y Eduardo José Benavides Rueda el 10.78%65, en virtud de lo cual se dio apertura a las matrículas inmobiliarias 22-062-31372 y 24-062-31373. Enseguida, la Sala comparó el Decreto 1150 de 2007 con la Resolución 23 de 2006 del Consejo Nacional de Estupefacientes, que según los testigos Omar Adolfo Figueroa, Martha Carolina Quiñones, Martha Esther Velásquez y Clara Eugenia Garrido, era el instructivo para la enajenación y administración de activos del FRISCO. Realzó que la segunda, en sus numerales 9.6. y 9.10.2, establecían en su orden la posibilidad de que la DNE promoviera la dación en pago a la DIAN y otros acreedores con inmuebles activos del FRISCO; y que, cuando la sentencia de extinción de dominio reconociera a un tercero de buena fe exento de culpa y declarara la extinción solo sobre el remanente, «el inmueble se ofrecerá en primer término a dicho tercero», quien tendría la opción de aceptarlo en pago hasta la concurrencia del monto de la obligación. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 16 Mientras que el Decreto 1170 de 2008, en su artículo 19 previó que en si en la sentencia de extinción se reconocía «a un acreedor como tercero de buena fe exento de culpa y declarado la extinción del derecho de dominio o decretado el comiso definitivo a favor del F.R.I.S.C.O. únicamente sobre los remanentes de un bien», este se podría ofrecer en primer término a dicho tercero, que tendrá la opción de aceptarlo «en pago por el valor del avalúo comercial, para la satisfacción de la obligación» según se dispusiera en la sentencia. Y que, de existir excedente, el mismo se debería «pagar a favor del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, F.R.I.S.C.O., antes de la escrituración del bien.» De lo anterior destacó la diferencia entre «se ofrecerá» y «se podrá ofrecer», siendo la segunda la norma vigente para el momento de la negociación debatida en este caso. Conclusión que reforzó con la cláusula sexta de la escritura pública 3756 del 29 de diciembre de 2009, en que se consignó que «es potestativo de la Dirección Nacional de Estupefacientes proceder a ofrecer al acreedor a título de dación en pago el bien en cuestión»; al igual que con la comunicación ASEF-3090-08 suscrita por CARLOS ALBORNOZ y dirigida al representante legal de Capital & Business al informarle que era “potestativo de la Dirección Nación de Estupefacientes proceder a ofrecer a ustedes, como acreedores hipotecarios reconocidos en la mencionada providencia, en dación en pago el bien en cuestión». CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 17 Acerca de las gestiones internas de la DNE, el Tribunal mencionó el memorando SJU-460 de 17 de mayo de 2007, suscrito por el coordinador de asuntos legales y contenciosos de la entidad, dirigido a una asesora del FRISCO, en el que se certificó el ingreso de la finca “Jesús del Río” a dicho fondo, lo cual refuta la tesis defensiva de que el bien nunca estuvo en poder del Estado o no ingresó formalmente al FRISCO y hace infundada la exigencia de esa misma parte de constatar tal ingreso exclusivamente con registros contables. Más aún, la cláusula segunda de la citada escritura 3756, reza que «los inmuebles objeto de la presente dación en pago, son de la Nación, a través del F.R.I.S.C.O., en virtud del artículo 18 de la Ley 793 de 2002», elementos todos suficientes para acreditar la titularidad estatal del predio. Luego, refirió el Tribunal a la declaración de Martha Esther Velásquez Burgos, investigadora de la fiscalía, sobre la reconstrucción de la dinámica de la dación en pago y la relación con el acreedor hipotecario, quien explicó que, una vez decidida la dación en pago, debía adelantarse una actividad mancomunada con el adquirente de los derechos de hipoteca; esos derechos fueron, dijo, adquiridos por Julio César Rico Cifuentes, representante de Capital & Business S.A.; que este fue llamado en primera instancia para ver si era posible que comprara el remanente al Fondo y que, para ello, tuvo que negociar con el banco una deuda de aproximadamente $2.800 millones, ya liquidada por un juzgado, la cual compró en $1.200 millones; y que la DNE CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 18 necesitaba conocer el valor comercial del inmueble para establecer la diferencia entre la garantía hipotecaria y el remanente que sería efectivamente propiedad del FRISCO. Aludió, enseguida, a los autos del Juzgado Décimo Civil del Circuito de Bogotá por medio de los que se aceptó la cesión del crédito a favor de Capital & Business S.A., la liquidación de la obligación en $2.730.783.136 y la terminación del proceso por pago total mediante dación en pago, ordenando el desembargo del bien. También mencionó la Resolución 1019 de 25 de julio de 2008, mediante la cual la DNE nombró a José Antonio Mutis Perdomo como depositario provisional del inmueble, y la Resolución 1141 de 26 de agosto de 2008, que corrigió la anterior en punto de la descripción del predio; y el poder otorgado por él a Eduardo José Benavides para recibir la finca. Luego, pasó examinar la existencia del avalúo comercial, tomando como referente el parágrafo 1º del artículo 8º del Decreto 1170 de 2008, norma que exige, previo a la enajenación, que los bienes cuenten con avalúo comercial y, en el caso de inmuebles, también con avalúo catastral. Al respecto, citó la escritura 3756 en la que se incluyó que «la administración contrató con la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. el avalúo del inmueble de la referencia, de fecha 20 de octubre de 2008, cuyo valor asciende a la suma de $2.372.507.410», documento que según declaró la CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 19 investigadora Martha Esther Velásquez, a pesar de las diversas gestiones que realizó para obtenerlo, no lo encontró en la DNE, en el Ministerio de Justicia, ni en la propia Lonja de Bogotá, y aunque su vicepresidente, Héctor José Martínez Lis, indicó que en este caso debieron existir dos avalúos: uno englobado y otro corregido, pero ninguno de ellos fue encontrado. En resumen, destacó, ninguna de las partes lo incorporó al juicio. La Sala también analizó varios documentos tales como oficios, cotizaciones, copias de órdenes de prestación de servicios, memorandos, certificaciones bancarias; y las declaraciones de Diego de Jesús Monroy Rodríguez en cuanto fue categórico en decir que no conoció el avalúo del predio “Jesús del Río” y reconoció que uno de sus colaboradores en la Lonja falsificaba avalúos, y de Héctor José Martínez Lis que tampoco recordó haber suscrito ese avalúo y negó haber presentado cotización de este a la DNE. A partir de los anteriores, el Tribunal concluyó consolidada la tesis de la acusación acerca de que la información contenida en la cláusula segunda de la escritura pública 3576 del 29 de diciembre de 2008 no corresponde con la verdad, en sentido opuesto al fallo de primer grado que ignoró todos los reparos que se hicieron sobre la ilicitud de ese acto, lo que se colige, además, con base en el perito del ente acusador José Raúl Rodríguez Cardona que «incorporó un avalúo comercial rural del inmueble Jesús del Río con CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 20 retrotracción a octubre 2008 –época de la negociación-, en el cual determinó un valor de $4.442.380.745, cifra que difiere de manera significativa del peritaje que presuntamente realizó la Lonja Inmobiliaria de Bogotá por solo $2.372.507.410». Sobre esta prueba, la defensa cuestiona la idoneidad y experiencia del perito del CTI, temáticas que el Tribunal desestima porque sus calidades fueron avaladas por la juzgadora en el juicio oral, sin que en el momento oportuno esa parte cuestionara nada al respecto. De otro lado, las demás críticas del apoderado se relacionaron con i) la fecha de la caracterización del predio realizado por el I.G.A.C; ii) no se tuvo en cuenta que para el 2008 el predio estaba en abandono; iii) la retrotracción del valor se fundamentó en el IPC, aunque no constituye un referente de variación de precios en el sector rural; iv) la forma en que se realizó el método de comparación del mercado; vi) la apreciación de los problemas de seguridad y orden público en aquella época; v) la manera en que se apreció el terreno. Estas fueron respondidas amplia y detalladamente, en primer orden, precisando que con el testigo Fernando Díaz Castro no se presentó un estudio integral de oposición sino cuestionamientos aislados en aspectos como la metodología empleada para su elaboración, tema sobre el cual el experto de la Fiscalía explicó en la vista pública que aplicó la metodología del IGAC, resolución 620 de 2008, fundamento no cuestionado ni controvertido por la defensa. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 21 En cuanto al testimonio de descargo de Edgardo Oviedo Castillo, quien practicó un avalúo sobre el bien discutido a petición de la bancada defensiva, no se profundizó análisis de controversia refutatoria al trabajo pericial de la acusación pues el Tribunal constató que, conforme al artículo 2-8 del Decreto 422 de 2000, su carnet de acreditación como avaluador no estaba vigente; aunado a ello, solo efectuó su trabajo sobre un área parcial del predio. Las críticas por la falta de investigación sobre las condiciones del inmueble para el año 2008, se absolvieron acorde con lo que declaró el perito de cargo quien manifestó no haber profundizado en el tema porque, cuando realizó el informe en 2014, resultaba imposible establecer las características anteriores y las mejoras hechas, limitándose a examinar las que no varían con el tiempo, como las condiciones del terreno, entre otras cosas. La inconformidad defensiva relacionada con el método de comparación o de mercado usado en el peritaje, fue respondida refrendando el dicho del perito José Raúl Rodríguez Cardona al explicar que se trató de un procedimiento ajustado a la resolución 620 de 2008 del IGAC y, por lo mismo, sometido a una serie de cálculos y estadísticas con las que se garantizó la idoneidad de la información que, por demás, consultó los valores por zona geoeconómica del municipio de Zambrano que el propio instituto geográfico publicó. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 22 El Tribunal también rechazó la crítica alusiva a que la condición de «zona de desplazamiento» justificara una reducción drástica del valor de la finca, pues para 2008 la zona mostraba signos de recuperación y el perito tuvo en cuenta esa variable en su análisis, como explicó en el juicio. Con el contraste entre el valor real declarado por el perito y el valor consignado en la escritura, el Tribunal calcula el detrimento patrimonial, a saber: si el predio valía $4.405.559.613 de 2008, y se entregó en dación en pago por $2.372.507.410, el remanente que debió ingresar al FRISCO superaría los $2.000.000.000. La Sala ad quem coligió que la ilicitud de obtención de documento público falso se adjudica al procesado ALBORNOZ GUERRERO por haber tramitado la dación en pago del predio “Jesús del Río”, acudir ante el notario y firmar la escritura en que se consignó la estimación de la finca en $2.372.507.410, información contraria a la verdad en tanto se desvirtuó la existencia del avalúo de la Lonja Inmobiliaria de Bogotá invocado al efecto. En cuanto al fraude procesal, el Tribunal considera que la escritura 3756, al contener una afirmación falsa sobre el avalúo, fue utilizada para inducir en error a un funcionario de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, de manera que el procesado obtuvo un acto administrativo ilícito consistente en consignar la anotación 17 del 26 de enero de 2009 en el folio 062-0006848 CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 23 relativa a la dación en pago del inmueble a partir de un avalúo que no era real. Respecto del peculado por apropiación el Tribunal consideró que se demostró que CARLOS ALBORNOZ en su desempeño como director de la DNE, tenía entre sus funciones representar al FRISCO y realizar actos y operaciones para el cumplimiento de sus fines, cargo del cual abusó pues dispuso de manera ilegal de un bien del Estado, esto es, la finca “Jesús del Río” que había ingresado al patrimonio público con ocasión de la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Descongestión de Bogotá el 5 de marzo de 2004, confirmada por el Tribunal Superior de esta ciudad el 30 de diciembre del mismo año. Fue así como el procesado afectó el erario pues ofreció el bien al tercero de buena fe reconocido en esas decisiones, pero por un valor inferior al real, lo que conllevó a transferir la totalidad del predio “Jesús del Río”, sin que el remanente -la diferencia entre el monto del crédito liquidado y el avalúo del inmueble- ingresara al FRISCO en un monto de $1.711.597.477 (sic), en todo caso superior a 200 s.m.l.m.v. En cuanto al interés indebido en la celebración de contratos, el ad quem destacó la participación de Eduardo de Praga Benavides, José Antonio Mutis Perdomo -designado depositario del inmueble “Jesús del Río”-, Julio César Rico Cifuentes y Eduardo José Benavides Rueda, así como su participación en la creación y utilización de sociedades como CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 24 Capital & Business S.A., Inveragricol S.A. y Palmares del Río S.A.S. para adquirir y distribuir el predio. Se demostró, así mismo, la amistad que CARLOS ALBORNOZ GUERRERO tenía con Eduardo de Praga Benavides Guerrero, y los vínculos contractuales, empresariales y otros intereses económicos comunes que aceptó la defensa; incluso se presentó prueba de las relaciones de Benavides Guerrero con Blanca Bernal Mahe, esposa del procesado, pues según certificado de la Cámara de Comercio de Bogotá del Grupo Empresarial Montes de María, ambos integraron la junta directiva principal. Además, los testigos Iván Javith Anillo Catalán e Hildelberto Martín Ávila Mejía coincidieron en manifestar que esa empresa ejecutó actividades relacionadas con su objeto social -ganadería y agricultura- en la zona que le daba origen a su nombre, donde estaba el predio discutido que, por ende, no le era desconocido a ALBORNOZ GUERRERO. Aunado el testimonio de David Francisco Neira Barreto, amigo del procesado, quien dijo que para la época de los hechos la esposa de este y “Benavides” participaron en actividades agroindustriales a través del referido grupo empresarial. Este testigo, por demás, confirmó su amistad con Jorge Enrique Tadeo Javier Monroy Rodríguez, a quien a su vez se refirió el representante de la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, Diego Monroy, como la persona que elaboró avalúos falsificados a nombre de la Lonja. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 25 En adición, aludió el Tribunal al literal e) del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, sobre el proceso de enajenación de los bienes que formaban parte del FRISCO, que debía atender los principios del artículo 209 de la Constitución Política, consideración replicada en la Resolución 23 de 2006 de la DNE. Por lo tanto, si bien esas transacciones no estaban sometidas a las reglas de contratación de la Ley 80 de 1993, ni sus decretos reglamentarios, «sí las rigen los principios de la función pública tales como la igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad» de que trata el citado canon superior; como en términos similares lo preveía el artículo 10 del Decreto 1170 de 2008, reglamentario de la enajenación de bienes del FRISCO. En conclusión, para el Tribunal el procesado afectó la moralidad administrativa y el interés general representado en el remanente de la dación en pago del inmueble “Jesús del Río” que no ingresó al FRISCO, con destino al fortalecimiento de la infraestructura carcelaria, debido a que la negociación se hizo por un valor menor al real sobre la base del avalúo mencionado en la escritura respectiva como referente del monto del negocio jurídico. DE LA IMPUGNACIÓN 1. El impugnante considera que la sentencia atacada carece de los atributos de universalidad, consistencia y CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 26 coherencia interna que deben caracterizar toda decisión judicial. En ese sentido, afirma que los mismos hechos a que se refiere la causa seguida a CARLOS ALBORNOZ fueron juzgados, en el radicado 2015 00740 02 contra Eduardo de Praga Benavides por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. El asunto correspondió al Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito Bogotá que profirió sentencia absolutoria, la cual fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta ciudad el 22 de mayo de 2020, cuya copia adjunta. Sin que se configurara alguna causal de ruptura de la unidad procesal conforme al artículo 53 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía escindió los procesos, lo que afectó el principio de legalidad, el debido proceso y la igualdad, pues se juzgaron los mismos hechos en procesos separados sin justificación normativa. El artículo 50 del mismo código, añade, establece que la ruptura de la unidad procesal genera nulidad cuando afecta garantías constitucionales, lo que así sucedió porque la separación artificial de los procesos impidió una valoración conjunta de los hechos y conllevó a decisiones contradictorias sobre un mismo núcleo fáctico. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 27 Por eso, asegura, el fallo impugnado incurre en nulidad al desconocer el precedente horizontal puesto que la misma Sala del Tribunal ya había analizado los hechos, los actores, las pruebas y la teoría del caso de la Fiscalía en el proceso contra Eduardo de Praga Benavides y concluyó que no existieron los delitos imputados. Empero, al decidir el proceso de CARLOS ALBORNOZ, el Tribunal no mencionó la existencia del precedente, no comparó los razonamientos, no justificó su apartamiento, ni explicó por qué las mismas pruebas conducen a conclusiones opuestas. Para sustentar este reproche cita extensamente la sentencia SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional, que define el precedente judicial, distingue entre precedente horizontal y vertical, y establece que el precedente horizontal es vinculante por razones de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima. Destaca que, según esa jurisprudencia, el juez solo puede apartarse del precedente si ofrece una justificación rigurosa y clara; la ausencia de esa justificación constituye un defecto sustantivo que afecta la validez de la decisión. Acusa, por ello, la vulneración del principio de igualdad, que exige que casos con los mismos supuestos fácticos reciban el mismo tratamiento jurídico, de suerte que la divergencia entre los dos fallos del Tribunal afecta la confianza legítima en la administración de justicia, sin que sea válido argumentar que los acusados en los dos procesos CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 28 son distintos, pues el precedente horizontal se refiere a los hechos y no a la identidad personal del procesado. La igualdad es expresión del principio de legalidad y su vulneración afecta la seguridad jurídica, la coherencia del orden jurídico y la previsibilidad de las decisiones judiciales. De ahí que la diferencia de trato entre CARLOS ALBORNOZ y Eduardo de Praga Benavides, pese a que ambos fueron juzgados por los mismos hechos, constituye una infracción directa del artículo 13 de la Constitución. Sobre la seguridad jurídica y la previsibilidad, cita de nuevo la SU-354 de 2017 para resaltar que la uniformidad decisional es un componente esencial del acceso a la justicia y que la confianza legítima no se garantiza solo con la publicidad de la ley, sino con la consistencia en su interpretación y aplicación. La divergencia entre los dos fallos del Tribunal, sin explicación alguna, vulnera la seguridad jurídica del procesado y sus expectativas legítimas de recibir un trato igualitario, así como compromete la credibilidad del sistema judicial al generar incertidumbre sobre la aplicación del derecho y la estabilidad de las decisiones judiciales. Para demostrar la ruptura, realiza un cotejo detallado entre ambos fallos y muestra las divergencias analíticas que se presentan en relación con cada uno de los delitos imputados, lo que conecta con la crítica a la valoración de la CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 29 prueba pericial relativa al avalúo del predio “Jesús del Río” que estuvo a cargo de funcionarios del CTI de la Fiscalía. Al respecto expone el impugnante que esa prueba pericial debe ser excluida, en los términos del artículo 360 del Código de Procedimiento Penal. Por una parte, afirma, porque los peritos Martha Velásquez y Raúl Rodríguez estaban legalmente impedidos para actuar como tales, debido a que fueron los mismos funcionarios que ejecutaron el plan metodológico, practicaron las diligencias de campo, recolectaron la evidencia y actuaron como testigos de acreditación de la fiscalía delegada acusadora. Esta doble condición viola el artículo 56-6 de la Ley 906, aplicable a los peritos por remisión del artículo 411 ídem, conforme lo ha considerado la jurisprudencia de esta Corporación que cita en respaldo de la tesis. La imparcialidad constituye la esencia epistemológica del dictamen y se ve anulada cuando quien investiga es el mismo que valora técnicamente lo investigado. El dictamen deja de ser un auxilio objetivo para convertirse en un acto de parte. Sin embargo, el Tribunal no advirtió este impedimento, no lo analizó y no lo corrigió. De otro lado, cuestiona el dictamen de los servidores del CTI porque en su tenor se afirma haber aplicado el método comparativo de mercado, pero no cumple ninguno de sus requisitos esenciales. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 30 Los peritos dicen haber consultado publicaciones inmobiliarias y estudios de mercado, pero no acreditaron ninguna fuente, no identificaron predios comparables, no verificaron transacciones reales y no demostraron la existencia de un mercado activo en 2008. Por manera que la ausencia absoluta de comparables, convierte el dictamen en una conjetura sin sustento empírico. Se suma la utilización indebida de las tablas de Vitto Corvini para asignar valor a construcciones que estaban destruidas por la acción de grupos armados ilegales porque, asevera, el predio había sido campamento guerrillero, con edificaciones dinamitadas, sin servicios, sin explotación económica y con un nivel de deterioro que hacía imposible atribuirles valor comercial; por esto, se falseó la realidad física del bien, en contradicción de la evidencia objetiva. El dictamen incurre además en una anacronía metodológica insalvable porque los peritos realizaron un avalúo en 2014 y lo trasladaron artificialmente al año 2008, mediante la aplicación exclusiva del IPC, ignorando que la normativa exige considerar otros índices como el IVP, el IVIUR y los estudios de mercado. El IPC mide variaciones de precios al consumidor, no la dinámica del mercado inmobiliario rural, menos aún en zonas afectadas por conflicto armado. No obstante, el Tribunal aceptó sin cuestionamientos un procedimiento que contradice la técnica valuatoria y la regulación vigente. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 31 La alegada anacronía se agrava por el uso de zonas homogéneas del IGAC correspondientes a 2014, cuando para 2008 regía la Resolución 13-000-088-2005. De ahí que la actualización catastral posterior no podía proyectarse retroactivamente sin alterar el valor real del predio en la fecha relevante. Al hacerlo, en el dictamen se dio un valor ficticio, ajeno al contexto económico y social del año 2008. También se vulneró el método comparativo por la utilización de ofertas tomadas de internet en 2014, no de transacciones reales de 2008, a pesar de que la normatividad aplicable exige operaciones efectivamente realizadas, no simples anuncios. Al basarse en ofertas tardías y no verificadas, se incumplió el estándar mínimo de confiabilidad del informe valuador. Aunado a lo anterior, se cuestiona la manipulación normativa como elemento que compromete la validez del dictamen, porque los peritos añadieron a la definición del método comparativo la expresión «debidamente actualizadas en el tiempo», texto inexistente en la regulación invocada que la jueza de primera instancia calificó como una tergiversación normativa, pero la segunda instancia incorporó sin advertir su improcedencia. El dictamen ignora, además, la condición de inseguridad, abandono y destrucción del predio al que los peritos asignaron un valor elevado incompatible con la realidad fáctica y con el avalúo del IGAC, que en 2014 estimó el predio en cuantía inferior al valor del informe realizado por CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 32 los funcionarios del CTI. En adición, para el recurrente la zona incivilizada tenía un valor de $792.000 por hectárea, lo que situaría el predio en $1.445.000, cifra muy inferior a la utilizada por la Fiscalía. Enseguida, el impugnante se refirió a la existencia del avalúo de la Lonja de Bogotá, que la Fiscalía sostuvo nunca existió, aunque en el juicio demostró lo contrario con diversos medios de prueba. En ese ámbito, el presidente de la Lonja, Diego de Jesús Monroy Rodríguez, reconoció que la entidad sí hacía avalúos para la DNE en esa época, que recibió una solicitud formal enviada por CARLOS ALBORNOZ, que esta fue dirigida al vicepresidente Héctor José Martínez Lis, quien lo reemplazó durante su ausencia del país, y que otra persona, Jorge Enrique Tadeo Javier Monroy Rodríguez, había suplantado firmas y realizado trámites sin autorización. Además, la Lonja conservaba documentos que acreditan la existencia del encargo: la orden de prestación de servicios del 11 de agosto de 2008; el oficio de aceptación de la cotización del 3 de septiembre; el oficio mediante el cual se devolvió el avalúo corporativo solicitando su presentación independiente; la factura de venta 0504 del 18 de noviembre de 2008, en la que se cobraba, entre otros, el avalúo del predio “Jesús del Río”; la certificación del Banco BBVA y el memorando ASEF 771 de 2008 que prueban el ingreso de honorarios a la cuenta de la Lonja tras el recibo del trabajo a “entera satisfacción”. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 33 Agrega que el propio Diego Monroy reconoció haber firmado esa factura, y la Fiscalía tenía desde 2015 una certificación expedida por él mismo confirmando la existencia de la factura en los archivos de la Lonja. La ausencia del documento físico no constituye prueba de inexistencia, pues la Lonja explicó que en 2008 no contaba con archivo digital y que los informes se conservaban por un máximo de dos años. Por otra parte, alude a la ratificación del valor comercial por otras fuentes, destacando que el precio de $1.300.000 por hectárea que la Lonja fijó era fidedigno al compararlo con los informes del IGAC de 2014 que asignaron un valor de $792.000/ha a zonas incivilizadas, situación coherente con el estado del predio en 2008. Igualmente, la tesorería municipal de Zambrano, certificó avalúos catastrales para 2008 de $684.574/ha; se aportaron ocho escrituras de compraventa de predios colindantes entre 2008 y 2012, con valores consistentes con el que se fijó en la dación en pago; se allegó el avalúo de Megabanco del año 2007 en el cual el perito Edgardo Oviedo estimó el valor en $850.000/ha tras constatar el abandono del inmueble “Jesús del Río”. Estas evidencias son coherentes y convergen en demostrar que el avalúo sí existió, lo que derruye la premisa fáctica sobre la que se construyó la imputación, en tanto el CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 34 crédito hipotecario a favor del tercero de buena fe consumía la totalidad del valor patrimonial real del predio, por lo que no existió remanente del cual el Estado pudiera ser despojado. Adicionalmente, enfatiza el recurrente que con los medios de prueba se acreditó que el proceso de negociación entre la DNE y Capital & Business inició en marzo de 2008, bajo la vigencia del Instructivo de la DNE que obligaba a ofrecer el predio en primer término al tercero de buena fe. Por ser anterior al Decreto 1170 de 2008, el procesado ALBORNOZ GUERRERO actuó conforme a derecho y no con ánimo delictivo. Se demanda en consecuencia, la revocatoria del fallo impugnado en protección de la presunción de inocencia de CARLOS ALBORNOZ GUERRERO por «inexistencia de los delitos acusados, declarando la absolusión (sic)…por los cargos de Peculado por apropiación, Fraude procesal, Interés indebido en la celebración de contratos y Obtención de documento público falso». Y, revocar el fallo impugnado «por ineficacia de su pronunciamiento, pues ha vulnerado el derecho del acusado…a la igualdad, la legalidad, la seguridad jurídica, la predictibilidad de las decisiones judiciales, la certeza judicial y el precedente horizontal», para que en cambio se «profiera otro que preserve su derecho a la presunción de inocencia, declarando su absolución» por los cargos de la acusación. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 35 2. Los no recurrentes no se pronunciaron el término de traslado dispuesto para el efecto. CONSIDERACIONES 1. Competencia y límites de la impugnación especial CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO fue condenado por primera vez en sede de segunda instancia, razón por la cual la Corte garantizará en la resolución de la impugnación especial su derecho a la doble conformidad judicial con fundamento en el Acto Legislativo 1 de 2018, que modificó el canon 235 de la Constitución Política. En el marco del principio de limitación que rige este medio de control, se examinarán los reproches planteados por el impugnante con el fin de evaluar la legalidad y acierto de la sentencia impugnada en función de los requisitos para condenar del artículo 381 de la Ley 906 de 2004. 2. De acuerdo con los planteamientos de la impugnación, en primer orden se ocupará la Corte de examinar las alegaciones que abogan por la nulidad procesal. Dilucidado ese aspecto, de ser procedente, avanzará al escrutinio de la exclusión de la prueba pericial practicada en juicio a petición de la Fiscalía y la incidencia que pueda tener en la declaración de condena con sujeción a los parámetros del artículo 381 de la Ley 906 de 2004. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 36 3. El precedente judicial. Definición, clases y alcances. Caso concreto. 3.1. De tiempo atrás, la Corte Constitucional ha definido como precedente judicial «la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo»2. En ese contexto, la Corte Constitucional ha considerado que se pueden identificar dos categorías de precedente judicial, a saber […] (i) el precedente horizontal: referido a las providencias judiciales emitidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o el mismo funcionario y su fuerza vinculante atiende a los principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima; y (ii) el precedente vertical: atiende a las decisiones judiciales proferidas por el superior funcional jerárquico o por el órgano de cierre encargado de unificar la jurisprudencia en su jurisdicción, su vinculatoriedad atiende al principio de igualdad y limita la autonomía de los jueces inferiores, a quienes les corresponde seguir la postura de las altas cortes o los tribunales.3 El carácter o fuerza vinculante del precedente judicial, ya sea horizontal o vertical, conforme lo ha considerado la citada Corte, no es absoluto por cuanto existen criterios que permiten sustentar su desconocimiento; estos son: i) establecer si existe un precedente aplicable al caso concreto 2 SU-053 de 2015. 3 Ver SU-354 de 2017, SU-035-2018. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 37 y distinguir las reglas decisionales; ii) comprobar que dicho precedente se debía aplicar so pena de desconocer el principio de igualdad; y iii) verificar si el juez expuso razones fundadas para apartarse del precedente, bien sea por diferencias fácticas o por la existencia de una interpretación más armónica y favorable frente a los principios constitucionales y los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio pro homine.4 En síntesis, si bien se predica como regla general la obligatoriedad del precedente judicial, en cualquiera de sus especies, es posible que al adoptar una decisión posterior la autoridad judicial se aparte de aquél siempre y cuando exponga argumentos fundados y razonables para así proveer. Acerca de la fuerza vinculante del precedente horizontal en cuerpos colegiados, el Tribunal Constitucional ha explicado que no depende de la identidad personal de los jueces - magistrados que integran la célula decisora respectiva, sino de la identidad institucional del órgano judicial que decide, esto es, que opera para decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico, sin que sea dable exigir coincidencia de integración, composición o especialidad interna.5 El fundamento no es la persona del juez, sino la continuidad institucional del órgano de justicia. Por ello, 4 Ver, entre muchas otras decisiones en la materia, las sentencias de la Corte Constitucional T-153 de 2015 y T-146 de 2014. 5 En ese sentido ver, por ejemplo, Corte Constitucional T-688 de 2003. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 38 cuando dos Salas de un mismo Tribunal Superior conocen asuntos que comparten identidad fáctica, jurídica y probatoria, por regla sus decisiones deben ser coherentes, salvo que la Sala posterior exponga razones claras, suficientes y estrictas para apartarse del precedente fijado por la Sala anterior.6 3.2. En el asunto bajo examen la alegación defensiva se fundamenta en que por los mismos hechos que han sido objeto de investigación y juzgamiento en este proceso contra CARLOS ALBORNOZ GUERRERO, Eduardo de Praga Benavides también fue sujeto pasivo de la acción penal estatal, en particular por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. El proceso se siguió en el Juzgado Treinta y Dos Penal del Circuito Bogotá y culminó con sentencia absolutoria, confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de esta capital el 22 de mayo de 2020, cuyos integrantes relaciona, de lo cual se puede advertir que fue conformada por distintos magistrados a los que aquí conocieron en segunda instancia. Con la finalidad de acreditar la vulneración de los derechos del procesado ALBORNOZ GUERRERO, según criterio del recurrente, al memorial impugnatorio adjuntó copia de esa providencia confirmatoria. 6 Ver Corte Constitucional T-571 de 2007. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 39 Empero, la Corte no emitirá pronunciamiento al respecto porque encuentra que el recurrente procede en contravía de las reglas que rigen la impugnación especial, en su esencia similares a las que regulan el recurso de apelación, en cuanto tiene por objeto que el superior jerárquico – funcional de la autoridad decisora revoque o modifique la decisión judicial que se considera errada, injusta. Las razones de inconformidad con la decisión impugnada se deben orientar a demostrar de manera fundada su desacierto a partir de la confrontación de los razonamientos fácticos, jurídicos o probatorios que la fundamentan, según sea del caso, porque son equivocados, incorrectos, etc. La impugnación, como la apelación, en manera alguna se constituye en un escenario apto para allegar o incorporar nuevos elementos de conocimiento o pruebas diferentes a las que fueron practicadas en el juicio oral bajo los principios de inmediación, concentración, contradicción y publicidad, primordialmente. Estos presupuestos no fueron atendidos por el impugnante, pues en respaldo de la alegación atinente al desconocimiento del precedente horizontal, que propende porque se declare la anulación procesal, allegó un documento – fallo judicial que en esta instancia no es posible incorporar junto a los medios de prueba que la colegiatura ad quem, y antes que ella la a quo, tuvo oportunidad de apreciar y valorar para tomar de la decisión que ahora se cuestiona. CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERNO 61098 IMPUGNACIÓN ESPECIAL CARLOS SALVADOR ALBORNOZ GUERRERO 40 Mucho menos resulta viable que se asuma un análisis sustancial de dicho elemento, porque, en gracia de discusión, de hacerlo, la Corte incurriría en una insalvable mutación del debido proceso al asumir estudio sobre un medio de conocimiento, valga la expresión, que no fue conocido por las instancias judiciales ni por las partes en el curso regular de la actuación, descartándose así la oportunidad de su controversia en el escenario natural del juzgamiento oral. En tal virtud, la Corte se abstendrá de examinar el fondo de los cuestionamientos que expone el recurrente, no solo en este aspecto sino en todos aquellos en los que sustenta su inconformidad con base en la sentencia de segunda instancia proferida en la causa seguida a Eduardo de Praga Benavides Guerrero. 3.3. En lo que atañe a la alegación de nulidad derivada de la ruptura de la unidad procesal que implicó que las investigaciones seguidas contra CARLOS ALBORNOZ GUERRERO y Eduardo Benavides Guerrero, se siguieran por cauces procesales distintos, en efecto el artículo 50 de la Ley 906 de 2004 establece el principio de unidad procesal según el cual por cada delito se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes. Dicho precepto también consagra que los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente y que la CUI 11001600000020150073001 NÚMERO INTERN