Providencia SP598-2026

1 JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ Magistrado ponente SP598-2026 Radicación 70393 Aprobado Acta No. 195 Bogotá, D.C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiséis (2026). I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y los apoderados de víctima contra la providencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. Mediante esta, el 15 de agosto de 2025, absolvió a MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO de los delitos de prevaricato por acción, falsedad ideológica en documento público y violación ilícita de comunicaciones agravada. II. SÍNTESIS DE LOS HECHOS. 1. Desde 2017, MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO ejerció el cargo de Fiscal 31 Seccional de Pereira y dirigió la Unidad Regional Antinarcóticos (URA) del Eje Cafetero. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 2 El 12 de marzo de 2019, con el apoyo del investigador Carlos Iván Salguero, elaboró una constancia en la que afirmó haber entrevistado a una fuente humana no formal. En ella sostuvo que esa fuente le informó que dos funcionarios de la Fiscalía filtraban información reservada a integrantes de la organización criminal «Cordillera», y que les había entregado sus números telefónicos. Sin embargo, la Fiscalía estableció que no existió registro alguno del ingreso de esa supuesta fuente a las instalaciones de la Fiscalía o del CTI, lo que permite concluir que ella no existió. Con base en esa constancia, la asistente de TABORDA FRANCO abrió la noticia criminal No. 660016000058201900238 y la asignó directamente a ella. Luego, TABORDA FRANCO ordenó interceptar las dos líneas telefónicas referidas por la fuente, por un término de 180 días, sin realizar labores mínimas de verificación sobre la veracidad de la información y sin precisar adecuadamente la identidad de los titulares de los abonados interceptados. Desde el principio, sin embargo, según la Fiscalía, la procesada sabía que esas líneas pertenecían a sus colegas, los fiscales Andrés González Tamayo y Alejandro Nova Guevara, quienes adelantaban investigaciones contra los grupos delincuenciales «Cordillera», «Tellus», «Zombis» y «Némesis». El 9 y el 12 de abril de 2019, TABORDA FRANCO compareció ante los Juzgados 6° Penal Municipal de Garantías de Pereira y Promiscuo Municipal de La Celia (Risaralda), respectivamente, con el fin de obtener la legalización de los Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 3 resultados de las interceptaciones. En esas audiencias presentó como ciertos hechos que eran falsos: afirmó desconocer la identidad de los titulares de las líneas interceptadas, a pesar de que conocía que pertenecían a sus compañeros fiscales. Esto lo hizo con base en un informe espurio que elaboró el analista Edison Sánchez Aguirre. 2. Por otro lado, el 10 de abril de 2019, en un comité técnico-jurídico, TABORDA FRANCO decidió trasladar directamente a su despacho las investigaciones con radicaciones 660016000058201800248 —Banda Los Tellus— y 66001600000201900005 —Banda Los Tellus Apocalipsis—. Al día siguiente se declaró impedida para conocer uno de esos asuntos, por mantener una amistad íntima con Eliana Patricia Aguirre Ramírez, señalada como jefe financiera del grupo delincuencial organizado «Zombis II». El impedimento fue aceptado; no obstante, el asunto permaneció sin trámite durante 18 meses. 3. Finalmente, el 31 de marzo de 2020, TABORDA FRANCO ordenó el archivo de la actuación No. 660016000058201900238 bajo el argumento de inexistencia del hecho investigado. En esa decisión reiteró información falsa y dirigió la actuación contra personas no identificadas, aun cuando conocía la identidad de quienes habían sido interceptados. 4. Todos estos actos tuvieron como finalidad que TABORDA FRANCO conociera anticipadamente las decisiones adoptadas Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 4 en las investigaciones seguidas contra las organizaciones «Cordillera», «Los Tellus», «Zombis» y «Némesis», para así favorecer a algunos de sus integrantes, específicamente a Eliana Patricia Aguirre Ramírez, su amiga. III. SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL. 1. El 5 de enero de 2022, el Juzgado 1° Penal Municipal de Garantías de Pereira presidió la audiencia de formulación de imputación contra MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO, el investigador Carlos Iván Salguero y el analista Edison Sánchez Aguirre. Contra aquella por los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y violación ilícita de comunicaciones agravada, con circunstancia de mayor punibilidad por actuar en coparticipación, según los artículos 286, 413, 192 –inciso 2°-, 58.9 del Cp. La imputada no aceptó los cargos. 2. El 21 de abril de 2022, la Fiscalía presentó el escrito de acusación únicamente en relación con MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO, debido a su fuero legal. Lo hizo en términos similares a la imputación, pero aclaró que la circunstancia de mayor punibilidad acusada es la correspondiente al numeral 10 del artículo 58 del Cp. Su conocimiento le correspondió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. 3. El 24 de noviembre de 2022, esta realizó la audiencia de acusación por las conductas referidas en la imputación. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 5 4. Entre el 30 de junio de 2023 y 22 de marzo de 2024, el Tribunal adelantó la audiencia preparatoria. 5. El juicio oral lo desarrolló entre el 3 de febrero y el 31 de marzo de 2025. Las partes presentaron como estipulaciones probatorias la plena identidad de la acusada y los siguientes hechos: i) TABORDA FRANCO está vinculada a la Fiscalía desde el año 2000 y ocupa el cargo de fiscal seccional desde 2013. Para la época de los hechos se desempeñaba como Fiscal 31 Seccional de Pereira y coordinadora de la Unidad Regional de Antinarcóticos (URA), con más de doce años de experiencia profesional. ii) La investigación con radicado 660016000058201900238 estuvo a su cargo. En ese marco sustentó el procedimiento de interceptación de las líneas 3146151051 y 3117951695 ante Jueces de Control de Garantías y obtuvo la declaratoria de legalidad del acto de investigación, el procedimiento y sus resultados. iii) El contenido de las grabaciones obrantes en 10 IDs contenidos en 5 DVD, y la síntesis de las comunicaciones (ODA) elaborada por la investigadora de campo Leidy Marcela Muñoz Castillo, respecto de las líneas 3146151051 y 3117951695. iv) El 13 de septiembre de 2021, el Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Pereira condenó a Eliana Patricia Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 6 Aguirre Ramírez —amiga de la procesada—, Carlos Alberto Ospina Rave y Héctor Fabio Ballesteros Grisales por concierto para delinquir agravado, por pertenecer a la organización criminal «Némesis» —reducto de la banda «Zombis II»—, dedicada a la venta de estupefacientes en el sector de Guadualito, barrio San Diego del municipio de Dosquebradas (Risaralda) entre 2017 y 2020 (radicado 6600160000002021000023, ruptura del radicado 66001640201900005). v) Durante los años 2018 a 2020, varios integrantes de organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes en Pereira, Santuario, La Celia y Balboa fueron condenados por concierto para delinquir agravado en distintos procesos adelantados ante los juzgados penales del circuito especializado de Pereira, entre ellos miembros de la estructura criminal conocida como «La Huesuda». vi) En desarrollo de algunas de esas investigaciones, TABORDA FRANCO, en su condición de Fiscal 31 Seccional URA, formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, y solicitó medidas de aseguramiento que fueron concedidas por los respectivos jueces de control de garantías. vii) Durante las fases de indagación e investigación de los procesos identificados con los radicados 660016008785201800015, 660016000000202000048, 660016000000201900144, 660016000058201800239, 660016000000201900195, 664006000064201600189 y Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 7 664006000000201800003, la procesada se desempeñó como Fiscal 31 Seccional URA. viii) El 9 de octubre de 2018, el Juzgado 4° Penal del Circuito Especializado de Villavicencio condenó a Carlos Alfonso Peña Ramírez —supuesta fuente humana no formal según la defensa— por concierto para delinquir agravado, por haber sido miembro activo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en calidad de médico de la organización. Durante la práctica probatoria, la Fiscalía, además de la prueba documental, ofreció los testimonios de: Leidy Marcela Muñoz Castillo, investigadora; los fiscales Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo, víctimas dentro de esta actuación; Humberto Guerrero Gómez, analista de comunicaciones y jefe de la Sala de Interceptación Zeus; Juan José Perdomo Sarmiento, quien realizó análisis de vínculos entre las líneas telefónicas; Silvia Mónica Quiceno Marín, funcionaria encargada del reparto en la Fiscalía; y Andrés Orlando Córdoba Orjuela, líder investigador del CTI en la regional Risaralda. La defensa, por su parte, presentó prueba documental y los testimonios de: Héctor Antonio García Rico, guía canino de ubicación de sustancias estupefacientes y explosivos; Annie Lizeth Trejos Isaza, asistente de la Fiscalía 31 Seccional; los fiscales Víctor Mauricio Hernández Zuluaga, Eduardo Sanabria Pérez, Guillermo Galvis Trejos y Álvaro Jairo Barrera Jaramillo, adscritos a la Fiscalía 1° Local URA, la Fiscalía 4° Especializada, la Fiscalía 14 Local de descongestión y la Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 8 Fiscalía 3° Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira, respectivamente; Omar de Jesús Vásquez Velásquez, investigador adscrito a esta última; Adriana Alexandra Estrada Hincapié, Directora Seccional de Fiscalías de Risaralda; Olav Abbey Fernández Varón, sucesor de TABORDA FRANCO; Jorge Humberto Marín Ángel, líder coordinador de evidencias de la Seccional Risaralda; Luis Álexon Mosquera Mosquera, investigador criminal del grupo URA, y Bilsan Gómez Marín, investigador privado de la defensa. Luego, las partes presentaron sus alegatos de conclusión; la Fiscalía, Andrés González Tamayo y Alejandro Nova Guevara, los apoderados de ellos y de la Fiscalía General de la Nación solicitaron sentido de fallo condenatorio. La defensa y el Ministerio Público pidieron la absolución. 6. El 15 de agosto de 2025, el Tribunal profirió sentencia absolutoria. La Fiscalía, los apoderados de las víctimas y una de estas interpusieron y sustentaron el recurso de apelación. IV. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA El Tribunal absolvió a MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO. Para ello, expuso lo siguiente: 1. En relación con el delito de prevaricato por acción, consideró que la orden de interceptación emitida por la procesada el 12 de marzo de 2019 no era manifiestamente contraria a la ley, pues se encontraba sustentada en el formato de fuente no formal FPJ-26, en el informe ejecutivo FPJ-3 Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 9 suscritos por Carlos Iván Salguero y en la constancia de entrevista elaborada por la propia fiscal. Para el Tribunal, esa información resultaba suficiente para considerar acreditada la existencia de motivos fundados, en la medida en que este estándar no exige certeza, sino un juicio de probabilidad razonable. 2. La Directiva 0004 del 2 de noviembre de 2021, mediante la cual la Fiscalía unificó criterios sobre la labor investigativa en materia de interceptación de comunicaciones, no resulta aplicable al presente asunto, pues los hechos ocurrieron en 2019, esto es, con anterioridad a su expedición. En todo caso, dicha directiva fija estándares de verificación menos estrictos cuando la información proviene de fuentes no formales. Además, varios funcionarios de la Fiscalía coincidieron en señalar que para la época de los hechos no existía un protocolo específico sobre la verificación de este tipo de fuentes y que, en la práctica, gran parte de las iniciativas investigativas en la URA se originaba precisamente a partir de información suministrada por fuentes no formales. 3. Si bien los documentos aportados reflejan inconsistencias cronológicas en el trámite de la interceptación —pues la constancia de entrevista a la fuente fue emitida antes del formato de fuente no formal y la solicitud de interceptación fue recibida varias horas antes de la expedición de la orden que supuestamente la sustentaba—, lo cierto es que no se advierte que ello obedeciera Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 10 a un actuar doloso, sino que, como lo expuso la defensa, pudo corresponder a errores derivados de la alta carga laboral de las fiscalías adscritas a la URA, donde «era un panorama normal cometer errores». 4. Aunque la procesada pudo realizar una verificación más rigurosa de las líneas telefónicas a interceptar —mediante aplicaciones como «True Caller», la plataforma IMEI Colombia, la revisión de su agenda telefónica o consultas a talento humano de la Fiscalía—, lo cierto es que el delito de prevaricato por acción no sanciona la imprudencia o la falta de diligencia, sino la emisión consciente y voluntaria de una decisión manifiestamente contraria a la ley. 5. Tampoco advirtió prevaricato en los conceptos emitidos por la procesada ante los jueces de control de garantías para legalizar las interceptaciones, en los que sostuvo que la medida estaba soportada en motivos fundados y que desconocía la identidad de los titulares de las líneas intervenidas. Ello, porque la Fiscalía no acreditó que TABORDA FRANCO tuviera conocimiento de que los abonados correspondían a los fiscales Andrés González Tamayo y Alejandro Nova Guevara. Aunque el jefe de la Sala Zeus afirmó que desde que recibió la orden conocía que se trataba de fiscales, el Tribunal consideró que dicha información era de referencia, pues el testigo precisó que lo sabía porque el analista Edison Sánchez le comentó que el investigador Carlos Iván Salguero le había informado quiénes eran los interceptados. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 11 Además, precisó que durante la ejecución de la orden quienes mantenían contacto eran el analista y el investigador, pero no ellos con la fiscal asignada. También señaló que, cuando los resultados de las interceptaciones no arrojaban información útil frente al objetivo de la investigación, era innecesario consignar en los informes la identidad de los titulares de las líneas, por lo que bastaba indicar que las conversaciones versaban sobre asuntos personales, familiares y laborales y, en consecuencia, sugerir la cancelación de las interceptaciones. 6. La procesada no conoció el contenido de las interceptaciones, pues los informes no estaban acompañados de ningún CD. Así lo indicaron la asistente de la Fiscalía 31 Seccional y el Fiscal 1° Local, quienes explicaron que, para evitar su pérdida, esos elementos se remitían directamente al almacén de evidencias. Además, el coordinador de dicha dependencia confirmó que TABORDA FRANCO nunca tuvo contacto con él para retirar ese material. 7. Aunque algunos ID daban cuenta de la titularidad de los interceptados, no existió prueba de que la identidad de ellos hubiera salido de la órbita de conocimiento del analista Edison Sánchez y del investigador Carlos Iván Salguero. 8. Frente a la acusación según la cual la procesada manipuló el reparto para asignarse directamente la noticia criminal No. 66001600000201900238, con el propósito de dirigir la investigación y expedir la orden de interceptación para conocer las conversaciones de los fiscales Alejandro Nova Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 12 y Andrés González, quedó acreditado que la URA presentaba una situación excepcional en materia de reparto. Como únicamente estaba integrada por tres fiscalías, por directriz del nivel central la asignación de investigaciones se realizaba manualmente, mediante un libro físico. Por otro lado, la Fiscalía no acreditó manipulación en el reparto de la actuación No. 66001600000201900005, denominada «Apocalipsis» en la que era procesada Eliana Patricia Aguirre, amiga de TABORDA FRANCO. Según el acta del comité de seguimiento del 10 de abril de 2019, la acusada no solicitó la remisión específica del caso a su despacho, la asignación de esa actuación fue realizada al azar. Incluso, varios asistentes a la reunión afirmaron que la funcionaria nunca pidió la adjudicación de una investigación en particular. Además, una vez TABORDA FRANCO advirtió la identidad de los procesados, al día siguiente manifestó su impedimento. Por ello, carece de sustento la tesis según la cual habría paralizado deliberadamente el proceso durante 18 meses para favorecer la evasión de uno de los procesados, hermano de Eliana Patricia Aguirre. 9. En cuanto al reproche según el cual la procesada conocía que las líneas interceptadas pertenecían a otros fiscales y, pese a ello, decidió no remitir la investigación a los fiscales delegados ante el Tribunal, consideró que ello fue un hecho jurídicamente relevante introducido de manera novedosa en el juicio oral. Por ello, no podía valorarlo. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 13 En todo caso, el hecho de que, en otra actuación, iniciada el mismo día, la procesada hubiera remitido el asunto a los fiscales delegados ante el Tribunal, no sugiere un actuar amañado. En ese caso la fuente identificó expresamente al fiscal Andrés González Tamayo, como uno de los funcionarios que entregaba información a la organización delincuencial, lo que permitía advertir de manera inmediata su calidad de aforado. En cambio, en la investigación aquí cuestionada la información únicamente hacía referencia a «funcionarios» de la Fiscalía y a dos abonados telefónicos, sin precisar la identidad de sus titulares. Por tanto, para ese momento, la procesada no conocía que se tratara de fiscales ni, en consecuencia, de personas aforadas. 10. En relación con el delito de falsedad ideológica en documento público, atribuido por haber consignado en la constancia del 12 de marzo de 2019 y en la orden de archivo del 31 de marzo de 2020 dos hechos contrarios a la realidad, explicó que la ausencia de registro de la fuente humana en las minutas de ingreso no significaba que esta no hubiera existido, máxime cuando era usual preservar el anonimato de esas personas. Además, aunque no tenía la carga de hacerlo, la defensa identificó a la fuente humana como Carlos Peña Ramírez y acreditó que sí estuvo en la Fiscalía. 11. Finalmente, frente al delito de violación ilícita de comunicaciones agravado consideró que se trata de un tipo penal residual o subsidiario, pues la norma prevé su aplicación Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 14 «siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor». En ese sentido, como por los mismos hechos la Fiscalía imputó el delito de prevaricato por acción, cuya pena es superior, concluyó que la acusación por aquel delito resultaba improcedente. V. LAS APELACIONES INTERPUESTAS. A. La Fiscalía le solicitó a la Corte la revocatoria de la sentencia absolutoria. Sustentó su pretensión en los siguientes argumentos: 1. El Tribunal omitió valorar integralmente los medios de conocimiento aportados por la Fiscalía y realizó un análisis probatorio fragmentado. A su juicio, de haber apreciado la prueba en conjunto, habría concluido que estaba acreditada la responsabilidad de TABORDA FRANCO en los delitos de la acusación. 2. El Tribunal ignoró el análisis link elaborado por el investigador Juan José Perdomo Sarmiento, según el cual, a partir del cruce de registros telefónicos entre enero de 2018 y diciembre de 2019, estableció que la acusada antes de interceptar a los fiscales Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo sostuvo comunicaciones previas con ellos. Esto desvirtúa que desconociera la identidad de los titulares de las líneas intervenidas. 3. No es cierto que la procesada únicamente hubiera recibido los informes de interceptación acompañados de Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 15 protocolos de cadena de custodia y rótulos de evidencia física. La prueba documental acredita que su investigador, Carlos Iván Salguero, recibió el informe del 11 de abril de 2019 junto con un DVD que contenía 1.368 registros telefónicos correspondientes a las líneas interceptadas. 4. La orden de interceptación no estaba soportada en motivos fundados, pues la información suministrada por la fuente humana era vaga e inverificable. Esto porque no refirió circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar, ni precisiones sobre cómo obtuvo la información. Además, la procesada no realizó ninguna actividad mínima de corroboración previa, pese a que funcionarios de la Fiscalía, que declararon en el juicio, indicaron que antes de ordenarse un acto de investigación tan invasivo era necesario adelantar tareas de verificación de las líneas telefónicas a interceptar. Si bien la Directiva 0004 de 2021 fue expedida con posterioridad a los hechos, sus exigencias ya resultaban aplicables en 2019, pues recogían estándares jurisprudenciales vigentes. 5. El jefe de la Sala Zeus declaró que, desde el primer día de la interceptación, todos sabían que los titulares de los abonados telefónicos eran dos fiscales. 6. El Tribunal reconoció en la sentencia que la acusada pudo haber verificado la identidad de los interceptados con herramientas disponibles, pero calificó esta omisión como conducta «poco cuidadosa» o «precipitada», y no dolosa. No Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 16 obstante, tratándose de una fiscal con amplia experiencia institucional, la omisión total y sistemática de cualquier verificación no puede ser accidental. 7. El argumento sobre la incompetencia funcional de TABORDA FRANCO para investigar aforados legales no fue un argumento novedoso, pues en la imputación y en el escrito de acusación quedó muy claro que los interceptados eran fiscales con fuero, lo que hacía incompetente a la acusada para investigarlos. 8. Cuestionó que el Tribunal hubiera permitido a la defensa incorporar tres audios de interceptación, pese a que, en su criterio, dichos elementos no fueron descubiertos, enunciados, solicitados ni decretados como prueba. Sostuvo que, al admitir esos elementos, también debió permitirle la valoración del ID 963596158 del 24 de noviembre de 2021. Este daba cuenta de que TABORDA FRANCO conocía desde un inicio que las líneas interceptadas pertenecían a los fiscales Alejandro Nova Guevara y Andrés González Tamayo. 9. TABORDA FRANCO incurrió en el delito de prevaricato por acción no solo en virtud de la orden de interceptación, sino por su participación en los controles judiciales posteriores donde afirmó falsamente desconocer la identidad de los titulares de los abonados. 10. El delito de falsedad ideológica se configuró, porque la acusada consignó hechos falsos en la constancia del 12 de marzo de 2019 y en la orden de archivo del 31 de marzo de Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 17 2020 al hacer aparecer una fuente humana no formal que nunca existió. Esa fuente fue una invención para crear una apariencia de legalidad sobre la interceptación, con plena conciencia de que los abonados celulares pertenecían a sus colegas fiscales. 11. El delito de violación ilícita de comunicaciones sí se configura porque los verbos rectores de ese ilícito son autónomos y, además, puede concursar con el prevaricato, ya que describe una conducta independiente: interceptar ilícitamente comunicaciones privadas sin competencia ni motivos fundados. B. La víctima Alejandro Nova Guevara manifestó su desacuerdo con la decisión impugnada, le solicitó a la Corte que la revoque y expuso varios argumentos para fundamentar su petición. C. El apoderado de Alejandro Nova Guevara expuso las siguientes razones: 1. El Tribunal omitió valorar que el 12 de marzo de 2019 se originaron las noticias criminales No. 2019-00236 y 2019- 00238, ambas derivadas de la misma fuente, relacionadas con presuntas filtraciones de información a favor de la organización «Cordillera» e involucrando al fiscal Andrés González Tamayo. Sin embargo, mientras en la primera TABORDA FRANCO identificó expresamente al funcionario y remitió la actuación a los fiscales delegados ante el Tribunal por falta de competencia, Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 18 en la segunda continuó la investigación y ordenó la interceptación de los abonados 3146151051 y 3117951695. Esta circunstancia evidencia que, para ese momento, conocía tanto la identidad de al menos uno de los involucrados como las reglas especiales de competencia. 2. Es muy dudoso que Humberto Guerrero, jefe de Sala Zeus, un analista de esta y el investigador que trabajaba con la acusada conocieran que las líneas interceptadas pertenecían a dos fiscales y que ese conocimiento no hubiera llegado a TABORDA FRANCO. Especialmente, porque ella era la directora de la investigación e interceptar a dos fiscales tenía una gran trascendencia institucional. 3. Si bien Humberto Guerrero tiene la calidad de prueba de referencia, su declaración tiene fuerza de acreditación por ser un testigo de oídas de primer grado, comoquiera que la información que recibió en punto a la calidad de los interceptados provino directamente del analista que participaba en el procedimiento de interceptación. 4. Sostuvo que la decisión de absolver a la acusada por el delito de violación ilícita de comunicaciones fue jurídicamente correcta, por tratarse de un tipo penal subsidiario frente a los demás punibles atribuidos. No obstante, frente a los delitos de prevaricato por acción y falsedad, la conclusión fue errónea. D. El apoderado de Andrés González Tamayo en la sustentación del recurso expuso lo siguiente: Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 19 1. El Tribunal omitió por completo dos testimonios clave sin explicar por qué los descartaba: Humberto Guerrero y Héctor Antonio García, quienes acreditaron que Carlos Alfonso Peña, la supuesta fuente, nunca habló de filtraciones de información a «Cordillera», sino de un hurto y asuntos de narcotráfico, lo que acredita que la constancia del 12 de marzo de 2019 era objetivamente falsa. 2. La duda razonable no se fundó en vacíos probatorios insuperables, sino en una lectura sesgada de la prueba existente. Además, el Tribunal incurrió en un plagio jurisprudencial con inversión de sentido: tomó un párrafo de la Sentencia CSJ SEP00100-2019 (caso Aida Merlano) como argumento propio y le dio una interpretación contraria a lo que la Corte Suprema dijo realmente, pues en ese precedente la información de fuente sí fue verificada por policía judicial. 3. El Tribunal no valoró elementos indiciarios relevantes: la amistad íntima de Taborda Franco con Eliana Patricia Aguirre (jefa de finanzas del grupo criminal «Zombis II – Némesis»), lo que evidencia un móvil de favorecimiento, y la reiteración de la falsedad en el auto de archivo de marzo de 2020. 4. La Fiscalía acreditó que la noticia criminal 2019-00238 la asignó de forma caprichosa la propia procesada a ella, pues matemáticamente, siguiendo el orden consecutivo de los tres despachos de la URA, no le correspondía. El Tribunal atribuyó esta coincidencia al «azar», conclusión que el recurrente tilda de inverosímil. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 20 5. «Callar la verdad total o parcialmente» es uno de los verbos rectores del tipo penal. Al omitir la identidad de los fiscales interceptados, la procesada alteró la verdad material de documentos públicos con vocación probatoria. 6. Un informe del 6 de diciembre de 2021, que la defensa incorporó, contenía un audio en el que la procesada reconoce haber sabido desde el inicio que los interceptados eran fiscales y que «legalizó sin problema», pero que le «asusta y aterra» la posibilidad de ser capturada. El Tribunal no lo valoró. 7. Uno de los magistrados integrante de la Sala de Decisión del Tribunal falleció tres días antes del fallo, por lo que la sentencia fue dictada por una sala dual, lo que conlleva una afectación sustancial al debido proceso. E. La defensa como no recurrente, frente al recurso de la Fiscalía, refirió: 1. El Tribunal no estaba obligado a valorar exhaustivamente cada prueba. Además, el análisis de llamadas de la procesada solo acreditó contactos previos entre esta y los fiscales, pero no que la procesada conociera de memoria los números telefónicos interceptados. 2. Tres testigos coincidieron en que la práctica habitual de la URA era recibir únicamente el informe de interceptación y la cadena de custodia, no los audios. La recepción del informe no significa prueba de entrega efectiva del DVD. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 21 3. La orden de interceptación cumplió los requisitos mínimos del artículo 221 del CPP: contó con informe de fuente humana no formal, verificación de portabilidad de los números telefónicos y respaldo en un informe ejecutivo, a tal punto que dos Juzgados de Control de Garantías la declararon legal. 4. Lo que el jefe de la Sala Zeus señaló sobre el conocimiento previo de los titulares de las líneas fue información «de oídas», recibida de Edison Sánchez, quien a su vez la había recibido del investigador Carlos Salguero. 5. La Fiscalía no acreditó la inexistencia de la fuente humana no formal. Frente al recurso de la víctima Alejandro Nova Guevara: 1. Solicita su inadmisión, pues, desde la audiencia preparatoria, las víctimas deben actuar mediante apoderado. En este caso, Alejandro Nova Guevara tiene representante judicial activo, por lo que su intervención paralela no es procedente. Frente al recurso del apoderado de Alejandro Nova Guevara: 1. Las dos investigaciones (radicados 236 y 238) son distintas, con hechos y fuentes diferentes; no puede aplicarse «identidad fáctica» para trasladar consecuencias de una a otra. La fuente del radicado 236 mencionó expresamente al fiscal Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 22 González Tamayo; la del 238 solo aludió a funcionarios de la entidad, sin identificar a ningún fiscal. 2. El argumento de que TABORDA FRANCO carecía de competencia funcional para adelantar la investigación contra dos funcionarios de la fiscalía no hizo parte de los hechos jurídicamente relevantes de la acusación. 3. Ningún medio de prueba acreditó que TABORDA FRANCO supiera que interceptaba a dos fiscales, ni antes ni después de emitir la orden. Además, no tuvo acceso a los audios de la interceptación. 4. El presunto móvil de favorecimiento se desvirtuó durante el juicio. Frente al recurso del apoderado de Andrés González Tamayo: 1. El Tribunal sí valoró el testimonio de Humberto Guerrero Gómez, lo que ocurrió es que su declaración era prueba de referencia inadmisible. 2. Probó que Carlos Peña es la fuente humana no formal que declaró el 12 de marzo de 2019. El hecho de que él no le haya mencionado a Héctor García todos los temas que hablaría en la Fiscalía no desdibuja su existencia. 3. Sobre el uso de la cita jurisprudencial SEP 52.418 (caso Aida Merlano) consideró que las circunstancias fácticas Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 23 de ambos casos son disímiles. Además, la verificación equivalente a la del precedente citado fue la verificación de portabilidad de los abonados, que sí se realizó. 4. No hubo conexión entre el radicado 660016000058201900238 y la actuación sobre la que recayó el impedimento de TABORDA FRANCO por amistad con Eliana Patricia. Esto desvirtúa el supuesto «móvil» de favorecimiento que la Fiscalía ancló en los hechos jurídicamente relevantes. 5. La supuesta autoasignación de la investigación no se acreditó. Además, el reparto de la noticia criminal no hizo parte de la acusación y el número NUNC lo asigna el sistema SPOA para toda la Seccional Risaralda, no exclusivamente para la URA, y a esa unidad también llegaban por reparto procesos que ya tenían CUI asignado. Por ello, la lectura matemática de la secuencia numérica que propone el recurrente carece de relevancia. 6. El audio del 21 de noviembre de 2021, en el que la acusada aparentemente reconocía haber sabido a quiénes pertenecían las líneas no podía valorarse, porque nunca fue aducido como prueba por ninguna de las partes. La Fiscalía tenía la posibilidad de solicitar ese producto en su turno probatorio y no lo hizo. 7. La irregularidad procesal alegada por el fallecimiento del Magistrado Julián Rivera Loaiza no se configura. El fallo fue adoptado por mayoría, por lo que cumple el quórum decisorio. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 24 F. El representante del Ministerio Público como no recurrente le solicitó a la Corte que confirme la absolución de TABORDA FRANCO. Considera que la prueba practicada no alcanzó el grado de conocimiento necesario para condenar y que las conductas atribuidas, en el peor de los casos, se enmarcan en una falta de diligencia culposa, nunca en un actuar doloso. Resaltó que: i) existieron motivos fundados; ii) dos jueces de garantías avalaron la legalidad de la orden; iii) ningún medio de prueba acreditó que la Fiscal supiera que los abonados pertenecían a los fiscales González Tamayo y Nova Guevara; iv) no hubo manipulación en el reparto, pues en la URA era manual; y v) la acusada solo supo que los interceptados eran «funcionarios de la Fiscalía», categoría que abarca desde el nivel asistencial hasta el directivo. VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN. A. Competencia. 1. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer del recurso de apelación, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 2° del artículo 235 de la Constitución Política, por haber sido interpuesto en contra de una decisión dictada en primera instancia por un Tribunal Superior de Distrito Judicial. 2. Precisado lo anterior, y en observancia del principio de limitación que rige el trámite de segunda instancia, el Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 25 contenido de la presente decisión se circunscribirá al examen de los temas que son objeto de los recursos de apelación y, de ser necesario, se extenderá a aquellos inescindiblemente vinculados. En esa dirección, la Corporación expondrá los argumentos que sustentan su decisión, ocupándose inicialmente de la validez de la actuación y luego, si hay lugar a ello, de la inocencia o responsabilidad de la procesada. B. Validez de la actuación. 3. Para que la Sala pueda emitir una decisión de fondo, debe verificar la validez del proceso adelantado contra MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO. En este sentido, advierte que: a) Las actuaciones fueron conducidas por las autoridades competentes; b) No se omitieron etapas esenciales del proceso penal; c) Se garantizó el derecho de defensa técnica y material, ya que la procesada fue citada a las audiencias, contó con un defensor de confianza, solicitó pruebas, controvirtió las presentadas por la contraparte, interpuso los recursos disponibles y expuso los argumentos que consideró pertinentes; d) No se practicaron pruebas con vulneración de derechos fundamentales o sin cumplir los requisitos legales; Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 26 e) La sentencia dictada en el proceso estuvo debidamente motivada, f) Se les garantizó a las partes e intervinientes el ejercicio pleno de su rol procesal y g) Se llevó a cabo audiencia de lectura del fallo. Bajo ese panorama, no existen razones que pongan en duda la legitimidad del procedimiento, pues este se ajustó a las disposiciones legales, lo que habilita a la Corte para adoptar una decisión de fondo sobre el caso. C. Planteamiento del problema jurídico y estructura de la decisión. 4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira absolvió a TABORDA FRANCO tras concluir que la Fiscalía no logró acreditar su responsabilidad en los delitos objeto de acusación. Contra esa decisión apelaron la Fiscalía, los apoderados de las víctimas y una de las víctimas, quienes sostuvieron, en síntesis, que el acervo probatorio sí permite concluir la responsabilidad penal de la procesada. La Corte debe determinar si los argumentos de los apelantes son válidos y conllevan la condena de la procesada o, si, por el contrario, las pruebas practicadas e incorporadas al proceso generan una duda razonable sobre su responsabilidad. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 27 Para tal efecto, la Corte aludirá i) a la procedencia de los recursos de apelación, ii) a la estructura típica de los delitos por los que TABORDA FRANCO fue absuelta, iii) al derecho a la intimidad y la reserva judicial de las libertades públicas, y iv) a las interceptaciones de comunicaciones en el proceso penal colombiano. Luego, v) someterá las pruebas aducidas al juicio a un proceso crítico de valoración en aras de determinar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de los punibles acusados, vi) dará respuesta a los argumentos de los apelantes, y, vii) expondrá la conclusión del análisis probatorio, determinando si la decisión apelada debe ser confirmada, modificada o revocada. F. Acerca de los recursos de apelación. 5. La defensa le solicitó a la Corte que inadmita el recurso de apelación que la víctima Alejandro Nova Guevara presentó porque tiene apoderado y mediante aquel debía recurrir la decisión. Pues bien, según el artículo 229 de la Constitución Política toda persona tiene derecho a acceder a la administración de justicia. Además, al legislador le corresponde definir los casos en los que tal prerrogativa puede ejercerse sin la representación de un abogado. 6. Ahora, el artículo 137 de la Ley 906 de 2004 dispone que las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 28 verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal y que a partir de la audiencia preparatoria deben estar asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico, para cualquier intervención. 7. No obstante, en relación con la legitimación para interponer y sustentar el recurso de apelación, esta Sala de Casación Penal ha considerado que se debe verificar que en el interesado concurran la legitimación en el proceso y en la causa1: aquella la detenta quien se ha constituido o se ha reconocido como parte, interviniente o tercero con interés en una actuación determinada; mientras que la segunda está relacionada con la afectación real que la providencia cause al recurrente. En torno al primer requisito, precisó: «[L]a legitimación procesal para instaurar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, tanto en los juicios tramitados por la Ley 600 de 2000, como los rituados bajo la Ley 906 de 2004, se encuentra supeditada, en lo que concierne a la víctima o parte civil, a que se promueva a través de abogado»2. 8. En ese orden, la Sala advierte que Alejandro Nova Guevara intervino directamente en la sustentación del recurso, pese a que, dentro de la actuación, debía intervenir por medio de apoderado. En efecto, aunque le asistía un interés jurídico para controvertir la decisión, esa circunstancia no lo habilitaba para actuar directamente, pues la legitimación procesal de la 1 CSJ, AP. 15 jun. 2016, rad 47666. 2 CSJ, AP4724-2025, 16 jul. 2025, rad. 69592. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 29 víctima para impugnar la sentencia de primera instancia se encuentra supeditada a que promueva y sustente el recurso a través de abogado. Entonces, la Corte rechazará la apelación de este y continuará con el análisis frente a los disensos que fueron debidamente expuestos por los recurrentes, entre ellos, justamente el del apoderado de Alejandro Nova Guevara. G. Estructura típica de los delitos de prevaricato por acción falsedad ideológica en documento público agravada y violación ilícita de comunicaciones. 9. El artículo 413 de la Ley 599 de 2000 describe el prevaricato por acción en los siguientes términos: «[E]l servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis puntos sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses». De acuerdo con esta descripción, el prevaricato por acción es un delito especial propio y de resultado, que se estructura a partir de los siguientes elementos: i) un sujeto activo calificado: servidor público, ii) una resolución, dictamen o concepto proferido en ejercicio de sus funciones, y iii) que dicha decisión sea manifiestamente contraria a la ley; es decir, Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 30 en un grado tan alto que no admita justificación razonable de acuerdo con el derecho positivo. El elemento normativo manifiestamente contrario a la ley se configura cuando la decisión desconoce abiertamente la realidad probatoria o se aparta, sin explicación, del texto o sentido de la norma que debía aplicarse al caso, revelándose objetivamente como caprichosa o arbitraria, y como resultado de un «desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo»3. Esto implica, según la jurisprudencia de la Sala, que no basta con que la providencia sea simplemente ilegal o errónea; es necesario que la discordancia entre el acto emitido y el ordenamiento jurídico sea tan evidente que «no admita justificación razonable alguna»4. La acreditación de estos tópicos exige tener en cuenta los fundamentos jurídicos y probatorios en los que el servidor público sustentó la decisión tildada de prevaricadora, así como las circunstancias en que fue proferida y los elementos de juicio con los que contaba al momento de pronunciarse, a partir de un análisis ex ante del caso5. Y en lo que concierne a la tipicidad subjetiva, solo admite la modalidad dolosa. Por lo tanto, el agente debe saber que actúa «en contra del derecho y que, tras ese conocimiento, 3 Cfr. CSJ SP4620–2016, rad. 44697 y CSJ SP1310–2021, rad. 55780. 4 Cfr. CSJ AP4267–2015, rad. 44031 y CSJ SP3578–2020, rad. 55140. 5 Cfr. CSJ SP, jul. 3 de 2013, rad. 38005; SP4620–2016, rad. 44697 y CSJ SP467–2020, rad. 55368, entre otras. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 31 voluntariamente decid[e] vulnerarlo»6. Vale decir, que obra con conocimiento y voluntad de desconocer la normatividad legal aplicable al caso. Para valorar el dolo, resulta viable acudir al examen de elementos objetivos como la naturaleza y complejidad del asunto, la claridad de las normas aplicables, y la trayectoria y experiencia profesional del acusado7. Esto comoquiera que no son objeto de reproche penal las decisiones fruto de la impericia, ignorancia o inexperiencia, pues la conducta típica exige la ausencia de «la convicción de acertar, de obrar bien, de buena fe, sino la finalidad opuesta a estos propósitos»8. 10. Por otra parte, la falsedad ideológica en documento público está descrita en el artículo 286 del Cp. como aquella que comete «el servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad (…)». Los elementos que configuran la tipicidad objetiva del delito son los siguientes: i) un sujeto activo calificado, que debe ser un servidor público que se encuentre en el ejercicio de sus funciones; ii) la existencia de un documento público con aptitud probatoria que sea elaborado o suscrito por un funcionario público, y iii) que en dicho instrumento se calle total o parcialmente la verdad o se distorsione, tergiverse o 6 Cfr. CSJ SP2129–2022, rad. 54153.CSJ SP668–2021, rad. 51652 y CSJ SP1310–2021, rad. 55780. 7Cfr. CSJ SP, ago. 3 de 2005, rad. 22112. 8 Cfr. CSJ SP8367–2015, rad. 45410 y CSJ SP13969–2017, rad. 46395. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 32 altere de alguna forma la declaración que en él se consigna (CSJ SP163-2017, 18 ene. 2017, rad. 48079, reiterado en SP215-2023, 31 may. 2023, rad. 56139). De igual forma, la Sala ha precisado que el ámbito de protección de la norma solo se extiende a las actuaciones que el servidor público realiza en ejercicio de la función certificadora o documentadora de la verdad que el Estado le delega en desarrollo de la política de protección del bien jurídico de la fe pública9. Por consiguiente, la actualización de la conducta delictiva de falsedad ideológica no solo dependerá de que el servidor oficial falte a la verdad en un documento público, sino que lo haga en el marco del deber de certificación de la verdad que le ha sido adscrito, así: «Es lo que ocurre con los jueces de la República, quienes además de la función certificadora propiamente dicha, cumplen otras funciones, como tomar decisiones, en las que realizan valoraciones de índole fáctico, probatorio y jurídico, que nada tienen que ver con la función documentadora, en cuanto no se orientan a dar fe de un hecho, sino a declarar un estado de cosas y aplicar una consecuencia jurídica, en ejercicio de la actividad jurisdiccional de impartición del derecho. Cuando el juez, en cumplimiento del deber de resolver casos y aplicar el derecho, o de pronunciarse sobre la existencia de un determinado supuesto fáctico que lo inhabilita para conocer del asunto, hace afirmaciones mentirosas, no comete falsedad 9 CSJ SP571 de 27 de febrero de 2019, Rad.: 49144. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 33 ideológica en documento público, porque para la realización de esta conducta se requiere, como viene de ser visto, que la afirmación mendaz se haga en ejercicio específico de la función certificadora de la verdad, y en los supuestos que se enuncian no se estaría dentro de este marco funcional. Podría dar lugar a la comisión de otro delito, por ejemplo, prevaricato por acción, si la fundamentación mendaz del servidor público se orienta a dar apariencia de legalidad a una decisión contraria a la ley, tesis que la Sala ya ha acogido en casos similares, no a partir desde luego del criterio de atipicidad objetiva de la falsedad ideológica que hoy la Sala privilegia, sino desde la perspectiva de aplicación del principio de consunción»10. Es un delito que solo admite la modalidad dolosa, es decir, quien incurre en él debe obrar con el conocimiento y voluntad de que con su comportamiento crea un instrumento con potencialidad probatoria, apartado de la realidad o la verdad. 11. Por último, el delito de violación ilícita de comunicaciones está previsto en el artículo 192 del Cp., que sanciona a quien ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido. Así, protege la inviolabilidad de las comunicaciones y, con ello, el derecho fundamental a la intimidad11. Esto porque la comunicación privada es de interés del emisor y del receptor, 10 CSJ AP430, 22 feb. 2023, Rad.: 60713. 11 CSJ SP1477–2025, rad. 59074. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 34 de manera que ningún tercero puede acceder a ella, registrarla, interceptarla o conocer su contenido sin orden judicial. Además, se trata de una conducta en la que el reproche no depende únicamente de que el contenido se revele, pues el acceso indebido a la comunicación privada desconoce la intimidad y la reserva que ampara el diálogo entre sus titulares. Además, la conducta se agrava cuando el autor revela el contenido de la comunicación, o la emplea en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro. H. Del derecho a la intimidad y la reserva judicial de las libertades públicas. 12. La interceptación de comunicaciones constituye una de las formas más intensas de injerencia estatal en la esfera privada de las personas, pues compromete el derecho fundamental a la intimidad y la inviolabilidad de las comunicaciones. Por esa razón, tanto el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho interno han sometido esta medida a límites destinados a impedir que el ejercicio de la función investigativa se convierta en un mecanismo arbitrario de vigilancia o control de los ciudadanos. 13. En el plano convencional, la protección de la intimidad encuentra reconocimiento expreso en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Así, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 35 proscribe las injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia, el domicilio y la correspondencia; los artículos 5, 9 y 10 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADH) garantizan la protección de la vida privada, la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia; el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) prohíbe las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, la familia, el domicilio y las comunicaciones, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) proscribe toda injerencia arbitraria o abusiva en el domicilio y las comunicaciones. Ahora, los artículos 29.2 y 30 de la Declaración Universal, el artículo 28 de la DADH, los artículos 5 y 17 del PIDCP y los artículos 29, 30 y 32.2 de la CADH coinciden en que la intimidad no es un derecho absoluto. En ese sentido, condicionan la legitimidad de sus restricciones i) a que aquellas estén previstas en la ley, ii) persigan fines legítimos y iii) se encuentren sometidas a controles que impidan actuaciones arbitrarias. En concordancia con lo anterior, el Comité de Derechos Humanos12, en relación con el artículo 17 del PIDCP, señaló que la correspondencia y las comunicaciones deben estar protegidas de manera real y no meramente formal, de modo que debe prohibirse la vigilancia, la interceptación de comunicaciones telefónicas y la grabación de conversaciones 12 Observación General No. 16. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 36 por fuera de los supuestos autorizados por el ordenamiento jurídico. 14. En el ordenamiento colombiano, este marco de protección se encuentra en el artículo 15 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar y dispone que la correspondencia y las demás formas de comunicación privada son inviolables; de modo que únicamente pueden interceptarse o registrarse en los casos y con las formalidades previstas en la ley. Por su parte, el artículo 6 de esa normatividad establece que los servidores públicos responden por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones, lo que impone a quienes adelantan labores investigativas el deber de sujetar estrictamente sus actuaciones a las exigencias constitucionales y legales que condicionan la restricción de derechos fundamentales. Por otro lado, dentro del proceso penal, la restricción de derechos fundamentales se encuentra sometida al principio de reserva judicial. Esta garantía, propia de los Estados constitucionales, tiene el objetivo de evitar que las injerencias estatales en ámbitos especialmente protegidos de la libertad individual dependan exclusivamente de la voluntad de las autoridades encargadas de la investigación. I. Las interceptaciones de comunicaciones en el proceso penal colombiano: presupuestos constitucionales, legales y estándares de los motivos fundados. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 37 15. El artículo 250 de la CP atribuye a la Fiscalía General de la Nación la función de adelantar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito y autoriza expresamente a dicha entidad para ordenar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En tanto estas medidas comportan restricciones directas de derechos fundamentales, el mismo precepto constitucional dispone que el juez de control de garantías debe efectuar el control posterior respectivo, tanto formal como material13. Estos actos de investigación son una excepción expresa a la regla general de que toda medida de investigación que implique afectación de derechos fundamentales debe estar precedida de autorización judicial previa, en cuanto la Constitución autoriza a la Fiscalía a ordenarlas y luego a solicitar el control judicial posterior. 16. En desarrollo de ese mandato constitucional, el artículo 235 de la Ley 906 de 2004 regula el régimen legal de las interceptaciones de comunicaciones. Según esa disposición, el fiscal podrá ordenar, con el objeto de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, o la ubicación de imputados, indiciados o condenados, que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicaciones en donde curse información o haya interés para los fines de la actuación. 13 Corte Constitucional, Sentencia C-1092 de 2003. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 38 La norma exige que la orden conste por escrito, se encuentre debidamente motivada y preserve la reserva de la actuación respecto de quienes intervienen en ella. Asimismo, dispone que toda prórroga de la medida debe someterse a control previo de legalidad por parte del juez de control de garantías. La exigencia de motivación escrita no constituye una formalidad vacía. Responde a la necesidad de que la orden repose sobre motivos fundados, presupuesto expresamente desarrollado por el legislador en materia de registros y allanamientos, y que resulta aplicable a las interceptaciones de comunicaciones. 17. Los motivos fundados configuran un límite material al ejercicio del poder investigativo del Estado. Su función consiste en asegurar que medidas altamente invasivas, como la interceptación de comunicaciones, descansen sobre circunstancias objetivas y verificables, y no sobre la sola apreciación subjetiva de quien las ordena. 18. La Corte Constitucional, en la sentencia C-024 de 1994, precisó que los motivos fundados no corresponden a simples intuiciones ni a convicciones subjetivas del funcionario, sino a un conjunto articulado de hechos que permitan inferir objetivamente la probable vinculación de una persona o de un objeto con una actividad delictiva. 19. Al desarrollar esa noción, acogió criterios elaborados por la Corte Suprema de los Estados Unidos y por el Tribunal Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 39 Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según los cuales la mera sospecha o la simple creencia del agente estatal no constituyen fundamento suficiente para restringir derechos fundamentales. Así lo sostuvo la Corte Suprema de los Estados Unidos en Beck vs. Ohio (1964) y el TEDH en Fox, Campbell y Hartley vs. Reino Unido (1990), al destacar que la legitimidad de la medida depende de la existencia de razones objetivas y verificables, y no de la buena fe o de la convicción subjetiva de quien la ordena. En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Escher y otros vs. Brasil, sostuvo que toda decisión estatal que afecte derechos humanos debe encontrarse debidamente motivada y fundamentada, pues de lo contrario deviene arbitraria. La autoridad competente debe exponer, mediante una argumentación racional, las razones que justifican la medida y acreditar que ponderó los requisitos legales y los elementos fácticos que autorizan su adopción. 20. En efecto, el artículo 221 de la Ley 906 de 2004 dispone que los motivos fundados deben estar respaldados, al menos, en informes de policía judicial, declaraciones juradas de testigos o informantes, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan establecer razonablemente la vinculación del objeto de la medida con el delito investigado. Esto con el fin de que la fundamentación de la orden se base en circunstancias objetivas, verificables y susceptibles de control judicial. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 40 Cuando la información proviene de un informante, la misma disposición impone exigencias adicionales que no pueden soslayarse. La policía judicial debe suministrar al fiscal la identificación del informante y exponer las razones que permitan considerarlo confiable. Tales exigencias no son requisitos accesorios; por el contrario, son precisamente las que permiten dotar de credibilidad y consistencia la información suministrada. Sin ellas, la información del informante no trasciende el ámbito de una simple afirmación no verificada, funcionalmente equivalente a una sospecha. Lo anterior encuentra respaldo adicional en la jurisprudencia de esta Corporación sobre el valor y los límites de la información proveniente de fuentes anónimas o no formales14. La Sala ha precisado que en el ordenamiento jurídico colombiano las declaraciones anónimas pueden utilizarse por las autoridades de policía para realizar labores de verificación y pueden dar lugar al inicio de una investigación penal. No obstante, su uso tiene un límite absoluto: no pueden ser el fundamento único y directo de una medida restrictiva de derechos fundamentales. Este límite no se agota en la prohibición de usarlas como prueba de cargo durante el juicio. Como la Sala lo ha señalado acogiendo los lineamientos del TEDH: 14 CSJ SP, 4 may. 2015, rad. 41667, entre otras. Apelación sentencia ordinaria Rad. 70393 CUI 110016000000202200734 02 MARÍA EUGENIA TABORDA FRANCO 41 «No basta con excluir la utilización de la 'confidencia' como prueba de cargo, para garantizar una adecuada tutela de los derechos fundamentales. Es necesario excluirla también como indicio directo y único para la adopción de medidas restrictivas de los derechos fundamentales. Ha de recordarse que la confidencia puede ocultar el ánimo de venganza, auto exculpación, beneficio personal, etc., así como el antiguo brocardo de que 'quien oculta su rostro para acusar, también es capaz de ocultar la verdad en lo que acusa»15. La razón de ese límite es estructural: la información confidencial, aquella cuyo transmisor no está necesariamente identificado, debe ser objeto de un juicio de ponderación reforza