Providencia SP589-2026

MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente SP589-2026 Radicación n.º 71613 CUI: 11001600071120170006703 Aprobado acta n.º 197 Bogotá, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintiséis (2026). I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y el apoderado de la víctima contra la sentencia del 23 de octubre de 2025, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, a través de la cual absolvió a JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ de los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. Además, precluyó la actuación frente a las conductas de privación ilegal de la libertad y abuso de función pública, por prescripción de la acción penal. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 2 II. HECHOS 1. El 2 de junio de 2016, JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Silvania (Cundinamarca), dictó sentencia en el proceso de restitución de bien inmueble arrendado Rad. 2015-00035, promovido por ESPEDITO GONZÁLEZ CADENA -arrendador- contra RAFAEL ANTONIO LUQUE GARCÍA -arrendatario-. En esta decisión se dispuso la terminación del contrato de arrendamiento y la restitución del predio en el término de 20 días. 2. En vista de que la orden impartida no se materializó en el plazo establecido, el mencionado funcionario judicial comisionó a la inspectora de policía del municipio de Silvania para que llevara a cabo la respectiva entrega. Con ese cometido, el 25 de octubre de 2016, la autoridad administrativa instaló la diligencia, en cuyo desarrollo HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN (q. e. p. d.), apoderado de GERMÁN LUQUE SANDOVAL -tercero opositor- solicitó la nulidad del trámite por falta de notificación del auto que señaló fecha y hora para dicha entrega. 3. Enmendado el yerro, y luego de varios aplazamientos, se dispuso el 15 de mayo de 2017 para cumplir con la actividad encomendada, pero en esa oportunidad el abogado FORERO RINCÓN, de nuevo, se opuso a la diligencia e invocó la falta de competencia de la inspectora, motivo por el cual la actuación fue devuelta al juez comitente. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 3 4. De acuerdo con la acusación, una vez retornó el expediente al Despacho, el 2 de junio de 2017 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ asumió la dirección del aludido acto, el cual continuó el 30 de junio de 2017. 5. Ese último día, en el inmueble objeto de entrega, el funcionario judicial ordenó a la fuerza pública el desalojo de las personas que allí se encontraban, negó de plano la oposición previamente planteada por el profesional del derecho HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN y, ante la férrea renuencia de este abogado a que se adelantara el trámite de entrega, el juez dispuso la «compulsa de copias por el delito de fraude a resolución judicial». 6. Adicionalmente, avanzada la diligencia, JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en aplicación del incidente correccional previsto en el artículo 44-1 del Código General del Proceso, sancionó con «cinco (5) días de arresto» a FORERO RINCÓN, sin permitir que este último ejerciera los respectivos derechos de defensa y contradicción frente a esa orden de aprehensión, la cual «no fue motivada, no se señaló la naturaleza de la misma, las circunstancias en que se produjo, su gravedad, el señor Juez omitió señalar la culpabilidad del arrestado, ni qué criterios tuvo en cuenta para dosificar la sanción en 5 días de arresto, siendo esta la más grave; tampoco se notificó personalmente la decisión ni se señaló que contra esta procedía el recurso de reposición», medida que se hizo efectiva de inmediato por parte de agentes de la Policía Nacional, pues el abogado opositor «fue retirado de la diligencia y esta continuó hasta su finalización con la firma de la correspondiente acta». Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 4 7. Una vez culminó la restitución, el funcionario judicial dictó a la secretaria ad-hoc, FABIOLA ANDREA ROJAS LINARES, el contenido de un acta que denominó «[i]ncidente correccional dentro del proceso de restitución…» en la cual, según el órgano de persecución penal, se realizaron afirmaciones contrarias a la realidad. En específico, porque «para la hora en que fue elaborada, 12:00 m del 30 de junio de 2017, ya el citado abogado FORERO RINCÓN no se encontraba en el lugar, se lo había llevado la Policía, por lo tanto, era imposible que se le hubiese notificado la sanción, que le fuera informado que contra ella cabía recurso de reposición y que aquél manifestara: ‘yo también puedo denunciarlo’». 8. Asimismo, se indica que el entonces titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Silvania, sin competencia, «sin existir requerimiento alguno por parte de la Fiscalía General de la Nación y actuando como Juez en un asunto de naturaleza civil» expidió la orden de captura No. 002 del 30 de junio de 2017 contra HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN, quien ya se encontraba aprehendido con base en la orden de arresto. Los «motivos fundados para la expedición de la orden de captura los hizo consistir en ‘CAPTURA EN FLAGRANCIA’ y por el delito de fraude a resolución judicial, artículo 454 del C.P.». III. ACTUACIÓN PROCESAL RELEVANTE 9. El 27 de enero de 2020, el Juzgado 6° Penal Municipal de Soacha (Cundinamarca) declaró legalmente formulada la imputación contra JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ por los delitos de privación ilegal de la libertad, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 5 acción, previstos en los artículos 174, 286 y 413 del Código Penal, con la circunstancia de mayor punibilidad del artículo 58-91. El procesado permaneció en libertad porque se retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento2. 10. El 16 de julio del mismo año, la Fiscalía presentó escrito de acusación3. La formulación oral de los cargos inició el 16 de septiembre de 20204 ante la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, oportunidad en la que se adicionó a la calificación jurídica previamente indicada el delito de abuso de función pública, de conformidad con el artículo 428 ibidem. Dicho acto procesal culminó el 16 de agosto de 20235. 11. La audiencia preparatoria se llevó a cabo en sesiones del 11 de octubre6 y 8 de noviembre de 20237, 10 de julio8, 49 y 5 de septiembre10, 2 de octubre de 2024, 26 de febrero11 y 20 de marzo de 202512. 1 «La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio». 2 Páginas 2 – 4 documento denominado «Cuaderno Garantías.pdf» del expediente digital. 3 Páginas 5 - 14 del documento denominado «CuadernoPrincipal1.pdf», carpeta Primera Instancia /Cuaderno Principal 1 del expediente digital. 4 Páginas 33 y 34, ibidem. 5 Páginas 131 – 136 del documento denominado «CuadernoPrincial2.pdf», carpeta Primera Instancia /Cuaderno Principal 1 del expediente digital. 6 Páginas 173 – 182, ibidem. 7 Páginas 195 – 202, ibidem. 8 Páginas 373 – 380, ibidem. 8 Páginas 195 – 202, ibidem. 9 Páginas 423 – 427, ibidem. 9 Páginas 195 – 202, ibidem. 10 Páginas 439 – 485, ibidem. 10 Páginas 195 – 202, ibidem. 11 Páginas 132 – 143, ibidem. 11 Páginas 195 – 202 del documento denominado «CuadernoPrincial3.pdf», carpeta Primera Instancia /Cuaderno Principal 1 del expediente digital. 12 Página 161, ibidem. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 6 12. El juicio oral se desarrolló los días 1513, 2514 y 2615 de agosto, así como 29 de septiembre de 202516, última fecha en la que se emitió sentido de fallo absolutorio frente a las conductas de falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. Además, se anunció que se precluiría el trámite, por prescripción, con relación a los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso de función pública. 13. El 23 de octubre siguiente se dictó la sentencia correspondiente17, cuya notificación en estrados se cumplió el 14 de noviembre de 202518. 14. Contra dicha decisión la Fiscalía19 y el apoderado de la víctima20 interpusieron y sustentaron apelación, disenso frente al cual la representación del Ministerio Público21 y la defensa22 se pronunciaron durante el traslado como no recurrentes. 13 Páginas 1 – 7 del documento denominado «0013ActaAudienciaJuicioOral20250815.pdf» del expediente digital. 14 Páginas 1 – 4 del documento denominado «0017ActaAudienciaJuicioOral20250825.pdf» del expediente digital. 15 Páginas 1 y 2 del documento denominado «0019ActaAudienciaJuicioOral20250826.pdf» del expediente digital. 16 Páginas 1 y 2 del documento denominado «0022ActaAudienciaJuicioOral20250929.pdf» del expediente digital. 17 Páginas 1 – 68 del documento denominado «0027SentenciaPrimeraInstancia20251023.pdf» del expediente digital. 18 Páginas 1 y 2 del documento denominado «0032ActaAudienciaLecturaSentencia20251114.pdf» del expediente digital. 19 Páginas 2 – 22 del documento denominado «0035RecursoApelaciónFiscalía.pdf». del expediente digital. 20 Páginas 2 - 4 del documento denominado «0036RecursoApelaciónRepVictimas.pdf» del expediente digital. 21 Páginas 3 – 13 del documento denominado «0039PronunciamientoNoRecurrenteProcuraduría.pdf» del expediente digital. 22 Páginas 2 – 16 del documento denominado «0040PronunciamientoNoRecurrenteDefensa.pdf» del expediente digital. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 7 IV. LA SENTENCIA RECURRIDA 15. La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, inicialmente, declaró la prescripción de la acción penal derivada del delito de privación ilegal de la libertad, pues acaecida la interrupción del lapso extintivo23 con la formulación de la imputación llevada a cabo el 27 de enero de 2020, el término volvió a contabilizarse por la mitad, esto es, 5 años, 7 meses y 15 días, los cuales se cumplieron el 12 de septiembre de 2025. 16. La misma determinación adoptó frente a la vigencia del ius puniendi respecto de la conducta de abuso de función pública, toda vez que el nuevo término de prescripción, efectuada la imputación, eran 2 años y 3 meses, el cual, aplicados los lineamientos del artículo 292, inciso 2°, de la Ley 906 de 2004, se extendió hasta los 3 años, mismos que se agotaron el 27 de enero de 2023. 17. Definido lo anterior, procedió a abordar el fondo del asunto. En esa medida, realizó una exposición teórica sobre los tipos penales de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. A continuación, reseñó el contenido de las estipulaciones probatorias, así como de los medios de conocimiento de índole documental y testimonial. 18. Con base en ello, aseguró que no existe 23 Incluido el aumento de la mitad previsto en el inciso 6° del artículo 83 del Código Penal, dada la calidad de servidor público del procesado. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 8 controversia en torno a que el 30 de junio de 2017, JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, en calidad de Juez Promiscuo Municipal de Silvania, adoptó una serie de decisiones, entre ellas, las que la Fiscalía califica de prevaricadoras y suscribió el acta que se afirma contraria a la verdad. 19. En punto de la orden de arresto, el Tribunal destacó que la facultad correccional del funcionario judicial en el ámbito civil está reglada en el artículo 44 de la Ley 1564 de 2021, en concordancia con el artículo 59 de la Ley 270 de 1996. Sin embargo, en el caso concreto, concluyó que la Fiscalía no logró acreditar, más allá de toda duda razonable, que el hoy acusado impuso dicha medida con desconocimiento del debido proceso reglado en el aludido precepto de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En otros términos, no se puede asegurar que el actuar del funcionario fue prevaricador. 20. En sustento, destacó que a LUIS CHARLY PARRA RINCÓN y CLAUDIA YURANI ESPITIA CASTILLO no les consta lo acontecido de manera previa a la fijación de la sanción correccional. El primero fue el fiscal de URI a quien le fue puesto a disposición el aprehendido, de allí que no haya estado en el lugar de los hechos y, con relación a la segunda, la misma comisaria de familia manifestó que se ausentó durante varios momentos de la diligencia, por lo que, ante su intermitente presencia, «no recordaba si el procesado había leído una decisión cuando ordenó el arresto y tampoco si el sancionado interpuso algún recurso o controvirtió esa decisión…» Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 9 21. En contraposición, el patrullero JULIÁN ALEJANDRO CASTRO DUARTE aseguró que el «juez sí le explicó al sancionado que la decisión la había adoptado porque le estaba faltando al respeto», situación que también fue resaltada por PEDRO JULIO CRUZ, abogado de la parte demandante en el proceso civil de restitución de inmueble arrendado. Todo lo cual sugería que el ahora procesado «sí argumentó la razón por la cual tomó la medida correccional y ello ocurrió cuando todavía no había sido retirado del lugar el sancionado». 22. En esa línea, el juez plural de primera instancia afirmó que, dada la ausencia de registro audiovisual de la diligencia de entrega, la información derivada de los testigos de cargo resulta insuficiente para colegir que el acusado desconoció el debido proceso correccional. Por el contrario, se estableció que la falta al debido respeto por parte del abogado FORERO RINCÓN fue la razón por la que el juez tomó la decisión cuestionada. Además, dio a conocer el fundamento normativo de su determinación, pues según estipularon las partes, la «orden de arresto se sustentó en el art. 44, numeral 1°, del Código General del Proceso, por el término de cinco días». 23. Ante ese panorama, en la sentencia recurrida se afirmó que no logró dilucidarse si RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: i) motivó la fijación del arresto y si dio aplicación al principio de proporcionalidad, ponderando la gravedad de la falta, que «de haberse probado, no constituiría el delito de prevaricato por acción… sino, eventualmente, el punible de privación ilegal de la libertad», cuya acción prescribió, y ii) que al sancionado no se le informó sobre la posibilidad de controvertir la medida, a través del Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 10 recurso de reposición, pues al respecto existe la versión de PEDRO JULIO CRUZ quien sostuvo que, si bien a HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN se le concedió la palabra con dicha finalidad, continuó «asumiendo una actitud de irrespeto hacia el funcionario judicial y por eso debió retirarlo de la diligencia». 24. En todo caso, para la Sala a quo resultó relevante que tanto los declarantes de la Fiscalía como de la defensa coincidieron en que entre los involucrados -juez y abogado- se presentó una discusión que, aunque en términos jurídicos y no soeces, por parte del sancionado trascendió al ámbito del irrespeto, con desatención del debido decoro de la diligencia judicial que estaba en curso. 25. Con relación al documento denominado orden de captura No. 0002-17 del 30 de junio de 2017, el Tribunal indicó que, en el evento de tenérsele como tal, es claro que resulta «abiertamente ilegal», en la medida que no fue expedida por un juez en ejercicio de la función de control de garantías y carece de la información que, en atención el artículo 298 de la Ley 906 de 2004, debe contener, a saber, la reseña de motivos razonablemente fundados, término de vigencia y número de radicación o noticia criminal. Tampoco podía haberse «emiti[do] con sustento en una captura en flagrancia porque, precisamente, es una de las reglas que exceptúa la expedición de la orden de captura». 26. De tal manera, concluyó que se contrariaron los artículos 297, 298 y 299 de la Ley 906 de 2004 y, en consecuencia, objetivamente, se configuraría la conducta de Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 11 prevaricato por acción. Sin embargo, dijo que existe duda si el actuar del acusado fue doloso o si, por el contrario, su comportamiento obedeció a una «falta de pericia o ignorancia». 27. Enfatizó en que HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN estuvo privado de la libertad por 3 días con ocasión al arresto, lapso que no superó el inicialmente impuesto -5 días- luego la aludida orden de captura «nunca produjo efectos» y su elaboración tenía por finalidad que la «Fiscalía acudiera ante el funcionario competente y resolviera sobre la supuesta captura en flagrancia, es decir, ese documento tendría la connotación de un informe de captura en flagrancia mas no de una orden de captura». 28. Otro aspecto en que el fallador de primer grado hizo consistir la duda sobre el dolo se vincula con el oficio No. 1026-17 del 30 de junio de 2017, por medio del cual JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ dio a conocer a la Estación de Policía de Silvania el arresto de FORERO RINCÓN, documento que fue recibido por el patrullero el 30 de junio de 2017, a las «13:00 horas». 29. Esto permitiría colegir que la intención del funcionario «no era privar de la libertad al abogado HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN más tiempo del que había dispuesto en la orden de arresto, pero, además, se acredita que la pretensión del funcionario judicial era que se diera cumplimiento a la medida correccional, no a la supuesta orden de captura, máxime que el delito por el que se expidió no comporta detención preventiva ya que tiene pena de 1 a 4 años de prisión». Por esa razón, en otro documento, rotulado como «constancia», el ahora acusado reconoció que no tenía competencia para judicializar al aprehendido, pues ello «iría Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 12 en contravía del ordenamiento jurídico». 30. Ante ese panorama, el Tribunal dijo que el juez «confundió y entremezcló», torpemente, las figuras de arresto, captura en flagrancia y orden de captura, de lo que se deduce que cuando emitió la última no lo hizo con el conocimiento y convicción de que estaba contrariando el ordenamiento jurídico, por ello hizo que el sancionado fuera conducido hasta la Fiscalía en Fusagasugá para que allí se determinara si era vinculado a un proceso penal por fraude a resolución judicial, pues no puede pasar desapercibido que el abogado opositor estaba obstruyendo la diligencia de entrega y, por ende, el cumplimiento de la sentencia. 31. En cuanto al delito de falsedad ideológica en documento público, se indicó que en el acta de incidente correccional no se faltó a la verdad, pues lo consignado es un resumen de lo acontecido el 30 de junio de 2017 y, contrario a lo sostenido por la Fiscalía, cuando se adoptó la medida correccional el abogado FORERO RINCÓN todavía estaba en el lugar de la diligencia, por consiguiente, la «decisión, al parecer, sí le fue notificada». 32. De igual manera, no se puede desconocer que PEDRO JULIO CRUZ dijo que cuando el abogado contó con la oportunidad de recurrir, se dedicó a lanzar expresiones como «lo que toque, toque» y ello concuerda con la declaración jurada de FABIOLA ANDREA ROJAS LINARES, introducida como prueba de referencia, cuando aseguró que el sancionado le decía al juez que «hiciera lo que quisiera». Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 13 33. Por último, resaltó que aun cuando el juez le dictó a FABIOLA ANDREA ROJAS LINARES el acta HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN ya no estaba, lo cierto es que no se aseguró que este último haya estado presente durante la elaboración de dicho documento. 34. En ese orden de ideas, la Sala a quo dio aplicación al principio de in dubio pro reo, consagrado en el artículo 7° de la Ley 906 de 2004, y absolvió al procesado de los cargos atribuidos. V. LOS RECURSOS 5.1. De la Fiscalía 35. El delegado del órgano de persecución penal afirmó que sí estaban acreditadas, tanto en su faceta objetiva como subjetiva, las conductas atentatorias de la administración y fe públicas objeto de acusación, desestimadas por el Tribunal ante una indebida valoración probatoria. 36. En esa línea, sostuvo que el testimonio de CLAUDIA YURANI ESPITIA CASTILLO se analizó de forma fragmentada, con prescindencia de aspectos relevantes, sólo para resaltar aquellos en los que dicha comisaria de familia indicaba no recordar si el juez JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ al imponer el arresto, previamente había leído la decisión base, y si al sancionado se le otorgó la palabra para recurrir. De tal Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 14 manera, aseguró que una «interpretación completa y fidedigna conlleva a comprender que [la funcionaria mencionada] afirmó que el abogado FORERO RINCÓN no pudo presentar reposición», lo cual resulta creíble, por cuanto respaldó tal aserto en una explicación, el retiro «inmediat[o]» del mencionado de la diligencia. 37. Con relación a la declaración del patrullero JULIÁN ALEJANDRO CASTRO DUARTE aseguró que su contenido también fue «alterado», pues en momento alguno afirmó que el ahora procesado anunció que la orden de arresto obedeció al irrespeto del abogado HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN, simplemente el agente se limitó a exponer lo que «él entendió que sucedió, es decir, que el juez ordenó el arresto por un supuesto irrespeto». Tema frente al cual PEDRO JULIO CRUZ fue evasivo, pues nunca confirmó o negó que se haya dado espacio para formular reposición y terminó «respondiendo lo que debió suceder». 38. Así, indicó que «ninguno de los testigos, en su relato libre sobre los hechos, hizo referencia a que el juez indicara al disciplinado los recursos procedentes, por el contrario, todos aseveran que, una vez ordenado el arresto, el abogado Forero Rincón fue retirado de la diligencia». Esto también se ratifica con la declaración jurada de FABIOLA ANDREA ROJAS LINARES. 39. Dijo que decantado lo anterior, resulta evidente que la «ejecución inmediata de una sanción privativa de la libertad sin garantizar el debido proceso» constituye una decisión manifiestamente contraria a la ley, en la medida que no se cumplieron los presupuestos del artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, a saber, no fue Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 15 notificada, motivada, se desconoció el principio de proporcionalidad y no se habilitó la oportunidad para reponer. Justamente, estas irregularidades fueron constatadas en curso del trámite de hábeas corpus y llevaron a que dicha acción se resolviera a favor de HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN y se ordenara su libertad inmediata, medio de conocimiento que también fue pretermitido por la Sala a quo. 40. Disintió de que el fallador de primera instancia insistiera en la necesidad de haber contado con el registro en audio y video de la diligencia, pues con ello se impone una tarifa legal y le resta valor al acta de continuación de la diligencia de entrega del 30 de junio de 2017, por el solo hecho de no ser una grabación, sin tener en cuenta que el artículo 107, inciso tercero del numeral 6°, del Código General del Proceso «otorga equivalencia demostrativa a las actas de las diligencias que sean practicadas fuera del despacho judicial…» 41. Por otra parte, con relación al prevaricato por acción derivado de la expedición de la orden de captura en flagrancia calificó como completamente errado que se hiciera depender la demostración del dolo del hecho alusivo a que HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN no fue privado de la libertad en consideración a dicho mandamiento, pues se está ante un tipo penal de mera conducta, que se consuma con la sola emisión de la resolución manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico. 42. Por esa vía, tampoco estuvo de acuerdo con que se afirmara, a partir del oficio No. 1026-17 del 30 de junio de Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 16 2017, que la finalidad de JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ no era prolongar la privación de la libertad del mencionado abogado por conducto de dicha orden, sino dar cumplimiento a la medida correccional de arresto, por cuanto se están exigiendo presupuestos subjetivos ajenos al tipo penal de prevaricato, cuando lo «relevante es que el juez acusado, al emitir la orden, fuere consciente de que no cumplía con los requisitos legales para su emisión». 43. En lo atinente a la confusión atribuida al acusado respecto a las figuras de arresto, captura en flagrancia y orden de captura, fundada por el Tribunal en el documento denominado «constancia», el apelante dijo que, precisamente, el contenido de dicho escrito lleva a una conclusión distinta, pues allí se afirma que durante la diligencia de entrega del bien, se dispuso la captura en flagrancia del abogado, lo cual no es cierto porque en las actas de dicho trámite y del incidente correccional no se hace alusión a eso. 44. Adicionalmente, enfatizó en que el procesado era un juez promiscuo municipal, categoría en virtud de la cual conoce de asuntos penales en ejercicio de la función de control de garantías. En consecuencia, en desarrollo de este último rol ha conocido de asuntos relacionados con la expedición de órdenes de captura, muestra de ello es que la que se cuestiona en esta actuación tenía el consecutivo No. 002, lo que indica que, previamente, había emitido una. 45. También negó que la orden de captura se tratara de un informe de captura en flagrancia, como aseguró la Sala Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 17 a quo, pues justo en aquellos términos fue referida por el patrullero JULIÁN ALEJANDRO CASTRO DUARTE y FABIOLA ANDREA ROJAS LINARES, incluso ello se corrobora con la estipulación probatoria en la que se indicó que el acusado había emitido dicho mandamiento escrito de aprehensión. Todo lo cual demuestra que el procesado actuó con dolo frente a la conducta de prevaricato por acción. 46. Para finalizar, con relación a la falsedad ideológica en documento público, vinculada al acta de incidente correccional, sostuvo que dilucidada, previamente, la configuración de la conducta prevaricadora frente a la imposición del arresto, lleva a concluir que en dicho escrito «se incluyeron mendacidades, con el único propósito de ocultar las irregularidades» cometidas al momento de fijar dicha medida. 47. Con base en lo anterior, pidió que se revoque la sentencia apelada para que, en su lugar, se condene al acusado como autor de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público. 5.2. Del apoderado de la víctima 48. La misma pretensión formuló el representante judicial de la familia de HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN (q.e.p.d), quien manifestó que la absolución adoptada por el Tribunal se funda en «hechos contrarios a la realidad», a saber, que el sancionado dedicó su actividad profesional a entorpecer el cumplimiento de una sentencia dentro del proceso de restitución de inmueble arrendado, cuando lo Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 18 cierto es que la diligencia de entrega no se llevó a cabo por asuntos atribuibles a la inspectora de policía, entre ellos, su falta de competencia sobreviniente. 49. Más adelante, sostuvo que el juez JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ no le permitió al abogado FORERO RINCÓN ejercer el derecho de defensa y contradicción respecto de la orden de arresto, pues «fue llevado por el custodio a la estación y desfilando por los diferentes estrados, hasta que obtuvo su libertad mediante la figura del hábeas corpus». 50. En lo que atañe a la cuestionada orden de captura, aseveró que la «ilegalidad del comportamiento del señor Juez» está plenamente probada con el testimonio del fiscal de la URI, LUIS CHARRY PARRA RINCÓN, «quien se negó a recibirlo al ‘preso’ DR. FORERO RINCÓN por la ilegalidad en que se había incurrido». Sin que sea dable la excusa dada por el Tribunal en cuanto a que el procesado se confundió y fue torpe por su inexperiencia, pues se trata de un funcionario vinculado por concurso de méritos, que entendía el asunto objeto de controversia. VI. NO RECURRENTES 6.1. Del Ministerio Público 51. Por su parte, el Procurador 358 Judicial Penal II, en cumplimiento de la agencia especial, solicitó que se confirme el fallo apelado porque, contrario a lo sostenido por los recurrentes, para la sanción de arresto se siguieron los parámetros del artículo 44 del Código General del Proceso, Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 19 tal como se pactó en la estipulación probatoria No. 9. 52. Añadió que los testigos, tanto de la Fiscalía como de la defensa, coincidieron en que HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN irrumpió estando en curso la diligencia, dándose «a la tarea de entorpecer [su] desarrollo» y aun cuando el juez le hizo varios llamados para que recobrara la compostura, persistió en su comportamiento irreverente, escenario que «motivó al acusado a iniciar, tramitar y decidir el incidente correccional con la consecuente orden de arresto y la compulsa de copias por el delito de fraude a resolución judicial», lo que evidencia la falta de dolo del actuar del acusado. 53. En cuanto al delito de falsedad, aseguró que el acta de incidente correccional contiene «eventos coincidentes, contestes [y] coherentes». Además, de acuerdo con la declaración de FABIOLA ANDREA ROJAS LINARES, prueba de referencia, el juez le dictó lo que allí se consignó, por lo que es «obvio que éste obedeció a la verdad y al momento crítico que se vivió y su contenido no se extiende más allá de lo cierto y verdadero como lo fue el irrespeto al funcionario judicial el procedimiento aplicado, artículo 44 CGP en armonía con el artículo 59 de la Ley 270 de 1996, la concesión del recurso de reposición previo al arresto y su materialización dado que no se atacó la esencia de la decisión». 54. Aseguró que con los testimonios del fiscal LUIS CHARLY PARRA RINCÓN y el patrullero JULIÁN ALEJANDRO CASTRO DUARTE sólo se confirma lo convenido por las partes en la estipulación No. 10, esto es, que el acusado «expidió la orden de captura por flagrancia». De tal manera, se debe reconocer que «fenomenológicamente» existe el documento, pero nunca se hizo Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 20 efectiva dicha orden, pues el funcionario no era el competente para ello y, en todo caso, FORERO RINCÓN estaba cumpliendo la medida correccional. 55. Afirmó que no está acreditado el aspecto subjetivo porque, aunque podría colegirse la «materialidad de la conducta presuntamente irregular, la antijuridicidad de la misma, frente al tema del dolo con que ello ocurrió sí existen protuberantes dudas», por esa razón consideró acertado que en el fallo apelado se diera aplicación al artículo 7° de la Ley 906 de 2004 y se absolviera por duda razonable. 56. Para terminar, postuló como escenario probable que el acusado movido por el interés de dar cumplimiento a la sentencia del 2 de junio de 2016, haya tomado decisiones en las que pudo haber errado, lo cual es distinto a haber querido, voluntariamente, infringir la ley. 6.2. De la defensa 57. El apoderado judicial de JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ hizo énfasis en que la Fiscalía nunca atribuyó un concurso homogéneo de prevaricatos por acción, derivado de la emisión de la orden de arresto y, luego, de la orden de captura en flagrancia, la acusación comprendió solo un concurso heterogéneo de conductas, siendo acertado que el Tribunal desestimara dicho planteamiento, al advertir una latente violación del principio de congruencia. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 21 58. Tampoco estuvo de acuerdo con que el fallador de primera instancia cercenó y tergiversó lo manifestado por la comisaria de familia CLAUDIA YURANI ESPITIA CASTILLO y del patrullero JULIÁN ALEJANDRO CASTRO DUARTE, pues lo cierto es que el órgano de persecución penal no cumplió con la carga de probar la acusación y sus testigos terminaron sustentando la atipicidad subjetiva, por inexistencia del dolo. 59. Calificó como «contraevidente» la afirmación de la Fiscalía alusiva a que el abogado sancionado fue retirado inmediatamente de la diligencia, pues con base en lo expuesto por el agente CASTRO DUARTE y la declaración de FABIOLA ANDREA ROJAS LINARES -prueba de referencia- se estableció que el ambiente era hostil y amenazante, comportamiento que a la última de las mencionadas le causó temor. Al tiempo, se demostró que a aquel sí se le indicó que podía interponer recursos, pero siguió increpando con frases como «si toca, toca» o «yo también lo puedo denunciar». 60. Igualmente, desestimó la configuración del delito de falsedad ideológica en documento público. En sustento, el defensor hizo alusión a los fallos de tutela de primera y segunda instancia proferidos el 12 de julio y 29 de agosto de 2016, por el Juzgado 1° Civil del Circuito de Fusagasugá y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, respectivamente, en los que no se accedió al amparo, por cuanto se demostró que no fueron ejercidos los recursos de ley y por ello, se declaró la «improcedencia de la Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 22 acción de tutela que interpusieron… en contra de la diligencia de entrega». 61. Aseguró que dado el contexto en que se desarrollaron los hechos, a saber, el irrespeto del abogado opositor hacía el juez y la actitud de aquél de entorpecer la restitución del inmueble, conforme el artículo 44 del Código General del Proceso, se «daban los dos presupuestos para imponer a discreción cualquiera de las dos sanciones, una por irrespeto y otra por obstrucción». 62. Ahora bien, con relación al recurso formulado por el apoderado de la víctima, aseguró que se debe declarar desierto porque los «argumentos presentados no son lo suficientemente claros o sólidos para respaldar la inconformidad, ya que se espera que el recurrente exprese las razones de su desacuerdo en concreto y no solo manifieste su desacuerdo con la decisión adoptada como en el presente evento». VII. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 7.1. Competencia 63. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y el apoderado de la víctima contra la sentencia proferida el 23 de octubre de 2025 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y Amazonas, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2° del artículo 235 de la Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 23 Constitución Política, modificado por el artículo 3° del Acto Legislativo 01 de 2018. 64. El estudio de los recursos se circunscribirá al examen de los aspectos que son objeto de controversia y de los inescindiblemente vinculados, en aplicación del principio de limitación funcional que rige el trámite de la segunda instancia. 7.2. Cuestión previa. De la sustentación del recurso de apelación a cargo del apoderado de víctima 65. Inicialmente, se torna relevante precisar que aun cuando el defensor adujo que en la sustentación de la apelación efectuada por el apoderado de la víctima no se indicaron adecuadamente los motivos de inconformidad suscitados con la sentencia, pues en estricto sentido el recurrente no atacó la decisión, lo cierto es que constatados los argumentos expuestos por dicho interviniente, se aprecia que, en esencia, realizó una puntual crítica al modo en que el Tribunal llevó a cabo el ejercicio de valoración probatoria que fundamentó la absolución. 66. En tal sentido, expuso las razones por las cuales estimaba que las conductas de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, atribuidas al procesado, sí se materializaron, tanto en su arista objetiva como subjetiva, a partir de lo cual formuló la pretensión atinente a que se revoque la sentencia absolutoria y se declare responsable al procesado de los delitos objeto de Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 24 acusación. 67. Bajo tales presupuestos, no se está ante un evento en que deba declararse desierto el recurso, razón por la cual se procede al análisis del disenso formulado por los apelantes. 7.3. Planteamiento de los problemas jurídicos y estructura de la decisión 68. El fallador de primera instancia absolvió a JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ al considerar que no se demostró que su comportamiento fuera manifiestamente contrario a la ley. 69. En particular, sostuvo que a partir de los medios de conocimiento recaudados no se logró dilucidar si, para la imposición de la medida de arresto, fueron pretermitidos los presupuestos de los artículos 44 del Código General del Proceso y 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, pues ante la ausencia de registro audiovisual no era dable afirmar que se incurrió en violación del debido proceso del sancionado HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN. Por esta vía, descartó la configuración de la falsedad ideológica en documento público al indicar que el acta del incidente correccional reflejaba sustancialmente lo acontecido el 30 de junio de 2017. 70. En lo que atañe a la denominada orden de captura en flagrancia, la Sala a quo también pregonó total Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 25 incertidumbre probatoria, esta vez, frente al dolo. En sustento, resaltó que dicho mandamiento de aprehensión no se hizo efectivo y que, en todo caso, el funcionario judicial habría confundido las figuras de arresto, captura en flagrancia y orden de captura. 71. Valoración de la que, justamente, disintieron la Fiscalía y el apoderado de la víctima, como apelantes. Puntualmente, el primero aseguró que las pruebas documentales y testimoniales permiten colegir que al abogado opositor no se le permitió ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de ejecutarse el arresto. Sostuvo que dicha sanción es contraria al ordenamiento jurídico, por ausencia de motivación, notificación y posibilidad de reposición. 72. En relación con la orden de captura en flagrancia, el órgano de persecución penal argumentó que, tratándose de un delito de mera conducta, su expedición irregular, entre otros motivos, por falta de competencia, bastaba para configurar el ilícito de prevaricato por acción, acto del que era consciente el funcionario judicial. Añadió, que el acta de incidente correccional sí contenía expresiones mendaces orientadas a encubrir la violación de garantías que se presentó el día de la diligencia de entrega. 73. Por su parte, el apoderado del interviniente coincidió en que la absolución se edificó sobre un análisis fáctico y probatorio errado, en tanto se desconoció que HÉCTOR JESÚS FORERO RINCÓN fue privado de la posibilidad de Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 26 ejercer el derecho de defensa ante su inmediato arresto. Asimismo, cuestionó la legalidad de la orden de captura y desestimó que la actuación del acusado pudiera explicarse en una supuesta inexperiencia. 74. De conformidad con los reparos formulados por los recurrentes, a la Sala de Casación Penal le corresponde definir si, a partir de los medios de convicción que obran en la actuación, se satisface el estándar previsto en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para emitir condena o subsisten las dudas advertidas en el fallo apelado que imponen confirmar la absolución. En este marco, deberá determinarse: i) Si se acreditan, en su dimensión objetiva, los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público, en relación con la imposición de la medida de arresto, esto es, si dicha sanción se adoptó con observancia de los lineamientos establecidos en los artículos 44 del Código General del Proceso y 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. O si, por el contrario, se trató de una decisión manifiestamente contraria a la normatividad aplicable, con incidencia en la veracidad de la correspondiente acta del trámite correccional. ii) Si el juez JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ actuó con dolo al expedir la orden de captura en flagrancia, esto es, con conocimiento de su ilegalidad y voluntad de conculcar el ordenamiento jurídico. O si, por el contrario, las circunstancias que rodearon la emisión de tal mandamiento escrito, incluida su no ejecución y la confusión sobre tres figuras privativas de la libertad, a las que aludió el Tribunal, generan una incertidumbre razonable en torno a la configuración del elemento subjetivo del tipo penal previsto en el artículo 413. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 27 75. Con el propósito de resolver los problemas jurídicos antes formulados, resulta necesario que la Corte aborde cuatro asuntos. El primero, estará referido a los elementos objetivos y subjetivos que componen los delitos de prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público (7.4). En segundo lugar, se hará alusión a las formas de privación de la libertad, especialmente, el arresto como medida correccional y la captura en el ámbito penal, a través de mandamiento escrito y en situación de flagrancia (7.5). Como tercer punto, se precisará, brevemente, el estándar de conocimiento para condenar y los presupuestos técnicos del carácter «razonable» de la duda (7.6). En el cuarto y último apartado, se analizará el caso concreto a la luz de los denotados presupuestos (7.7). 7.4. La estructura típica del delito de prevaricato por acción 76. El artículo 413 del Código Penal tipifica la conducta punible de prevaricato por acción en los siguientes términos: El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) meses a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. 77. En atención a la anterior descripción normativa, el sujeto activo es calificado, pues se requiere que el comportamiento sea desplegado por un servidor público y Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 28 que en virtud de esa específica condición emita la decisión, resolución, dictamen o concepto discordante con el ordenamiento jurídico. 78. El elemento normativo «manifiestamente contrario a la ley» se configura cuando la decisión desconoce abiertamente la realidad probatoria o porque se distancia sin explicación del texto o sentido de la norma llamada a regular el caso concreto, haciendo que, de entrada, se revele objetivamente caprichosa o arbitraria la determinación adoptada, producto del «desconocimiento burdo y mal intencionado del marco normativo» (CSJ SP4620–2016, rad. 44697, CSJ SP1310–2021, rad. 55780 y CSJ SP506-2023, rad. 61969). 79. Esto significa que para la configuración del referido elemento del tipo penal objetivo no es suficiente que la providencia sea simplemente ilegal o desacertada, sino que es necesario que la disparidad del acto con los enunciados normativos o la comprensión de sus contenidos sea de tal entidad que «no admita justificación razonable alguna» (CSJ AP4267–2015, rad. 44031 y CSJ SP3578–2020, rad. 55140). 80. Para el efecto, resulta indispensable tener en cuenta los fundamentos jurídicos y probatorios en los que el funcionario judicial sustentó la decisión tildada de prevaricadora, así como las circunstancias en que fue proferida y los elementos de juicio con los que contaba al momento de pronunciarse, a partir de un análisis ex ante y no a posteriori del caso (SP4620–2016, rad. 44697, CSJ SP467–2020, rad. 55368, entre otras). Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 29 81. Ahora bien, la acción prevaricadora debe recaer sobre una decisión, vocablo que, en términos generales, hace alusión a una disposición con efectos jurídicos que el sujeto agente adopta en desarrollo de sus funciones (SP115-2026, rad. 68970). Puntualmente, por resultar útil para la definición del caso concreto, se entiende por resolución toda determinación que el servidor público profiere y que, en consecuencia, comporta «una manifestación en el mundo externo […] en actos positivos»24, es decir que se trata de: [T]odas aquellas determinaciones que en el curso de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, pueda adoptar o tomar el respectivo servidor público a cuyo cargo se encuentra la tramitación pertinente25. 82. En tal sentido, las decisiones por cuyo medio se limitan derechos fundamentales como la libertad, en el marco de órdenes de arresto o captura, se ajustan al elemento típico en mención. 83. En cuanto al componente subjetivo de la conducta, como quiera que el delito de prevaricato por acción es de modalidad dolosa, se requiere probar que el autor sabe que actúa «en contra del derecho y que, tras ese conocimiento, voluntariamente decide vulnerarlo» (CSJ SP2129–2022, rad. 54153). En otros términos, que obra con conocimiento y voluntad de desconocer la normatividad legal aplicable al asunto sometido a su consideración (CSJ SP668–2021, rad. 24 CSJ SP2225-2025, 26 Nov. 2025, rad. 61968. 25 Carlos Mario Molina Arrubla, «Delitos contra la administración pública», Ed. 1, Biblioteca Jurídica Dike, Medellín, 1995, p. 340. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 30 51652 y CSJ SP1310–2021, rad. 55780). 84. Adicionalmente, la Corte tiene establecido que el dolo puede deducirse de distintas maneras, como cuando en la decisión se plasman criterios subjetivos, argumentos caprichosos, arbitrarios, abiertamente absurdos, o cuando se dan explicaciones basadas en hechos que procesalmente resultan inexistentes, ocultados o tergiversados (CSJ SP, ago. 3 de 2005, rad. 22112 y CSJ SP668-2021, rad. 51652). 85. Para establecer el conocimiento y la voluntad en el obrar del agente puede igualmente acudirse al examen de los elementos objetivos, como la naturaleza de la decisión, la complejidad del asunto, la claridad de las normas aplicables y la trayectoria y experiencia profesional del acusado (Cfr. CSJ SP, ago. 3 de 2005, rad. 22112, SP740–2018, rad. 50132 y CSJ SP3142–2020, rad. 57793). 86. Debe tenerse en cuenta que no son objeto de reproche penal las decisiones producto de la impericia, ignorancia o inexperiencia (CSJ SP2438–2019, rad. 53651 y CSJ SP1971–2020, rad. 56203), mientras que la conducta efectivamente se configura cuando no está presente la «convicción de acertar, de obrar bien, de buena fe, sino la finalidad opuesta a estos propósitos» (CSJ SP8367–2015, rad. 45410 y CSJ SP13969–2017, rad. 46395). 87. Igualmente, conviene indicar que el prevaricato por acción es de mera conducta, por cuanto se consuma al proferirse la resolución, dictamen o concepto contrario a la Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 31 ley, sin que «se requiera de la causación efectiva de un daño o perjuicio a los destinatarios de la providencia judicial o acto administrativo o concepto emitido por el servidor público» (CSJ AP5374-2021, rad. 58790). 88. En ese marco, cuando se ha planteado la falta de configuración del tipo al calificar «inane» los efectos de la providencia cuestionada, la Sala de Casación ha sido enfática en indicar que la materialización de este delito se presenta «independientemente de si el documento cuestionado trasciende o no en el mundo fenomenológico» (CSJ SP15942-2016, rad. 46750), por cuanto siendo el bien jurídico tutelado, el de la administración pública, lo que predomina es salvaguardar la imparcialidad con la que se debe ejercer la función pública y el «respeto a la ley que debe imperar en las actuaciones de los representantes estatales, quienes en su rol de delegatarios de la autoridad, sometidos a la normatividad, han de transmitir confianza a la comunidad respecto del contenido de sus actos»26. 89. Dicho de otra forma, «no resulta propio del tipo objetivo que la resolución o dictamen manifiestamente contrario a la ley se materialice o produzca resultados específicos; basta con que el funcionario la suscriba para que la decisión adquiera vida jurídica y tenga la potencialidad de lesionar, por ese sólo hechos, el bien jurídico tutela» (CSJ SP-2015, rad. 36607). 7.4.1. Del delito de falsedad ideológica en documento público 90. El artículo 286 del Código Penal tipifica la 26 CSJ, SP7625-2015, 17 jun. 2015, rad. 43390. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 32 conducta de falsedad ideológica en documento público así: El servidor público que, en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro meses (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses. 91. Lo anterior implica que el comportamiento sancionado debe ser desplegado por un sujeto activo calificado, concretamente, un servidor público que, bajo tal calidad y en despliegue de sus atribuciones funcionales, elabora el documento con aptitud probatoria, pero de contenido mendaz. 92. Ello significa que, aunque el documento, en su origen y aspecto formal es auténtico, materialmente comporta declaraciones contrarias a la verdad sobre la existencia de un determinado acto o hecho, en la medida que éstos se presentan como veraces sin que hayan ocurrido o habiendo sucedido se les muestra de otra manera, se distorsionan, tergiversan o alteran27. 93. Ante la necesidad de la colectividad de tener confianza en las formas escritas que se incorporan al tráfico jurídico, se tiene que para superar el juicio de tipicidad objetiva es imprescindible que el instrumento sirva de prueba de un hecho social y jurídicamente relevante, en tanto crea, modifica o extingue relaciones, pues si la condición espuria 27 CSJ SP2649-2014, Rad. 36337, CSJ SP163-2017, 18 ene. 2017, Rad. 48079, CSJ SP215-2023, 31 may. 2023, Rad. 56139 Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 33 recae en un documento que en sí mismo no ofrece certidumbre, el comportamiento se torna inidóneo y, por consiguiente, carente de relevancia para el derecho penal28. 94. La naturaleza pública que dimana de un documento no está supeditada al destino que se le imprima o al cumplimiento de los fines privados o de interés general que se prevean, lo «determinante es su fuente, esto es, que su formación o creación provenga del ejercicio de las funciones oficiales…29. 95. La conducta se concreta con la «editio falsi», esto es, con la elaboración o hechura del documento por parte del sujeto agente facultado para extenderlo. En materia documental a los servidores públicos, como representantes del Estado, les es propia la función certificadora de los asuntos que corresponden al ejercicio de su labor, conforme a la cual «da[n] fe de los actos o actuaciones en los que interviene[n] y de las circunstancias en que se realizan, o de la existencia de un determinado fenómeno o suceso histórico sobre el cual deba[n] certificar»30. 96. Por consiguiente, la actualización de la conducta delictiva no sólo dependerá de que el servidor falte a la verdad en un documento público o la calle total o parcialmente, sino que se torna necesario que lo haga en el marco del deber de documentar la verdad al que se encuentra adscrito31. 28 CSJ SP, 21 abr. 2004, Rad. 19930. Reiterado en SP163-2017, 18 ene. 2017, Rad. 48079. 29 CSJ SP, 16 mar. 2011, rad. 34718. 30 CSJ SP1151-2024, 15 may. 2024, Rad. 63799. 31 CSJ SP6614-2017, 10 may. 2017, Rad. 45147 y SP571-2019, 27 feb. 2019, Rad. 49144. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 34 97. El tipo penal sólo admite la modalidad dolosa. En consecuencia, el agente debe actuar con conocimiento de los hechos constitutivos de la infracción penal y con voluntad de su realización, según el artículo 22 del Código Penal. De tal manera, es indispensable acreditar que el servidor público, al extender un documento con aptitud probatoria, sabía de la ilegalidad de su conducta y, pese a ello, libremente decidió consignar una manifestación contraria a la realidad. 7.5. Privación de la libertad: arresto, captura en flagrancia y orden de captura 98. El artículo 28 de la Carta Política de 1991 establece que toda persona es libre y que nadie puede ser reducido a prisión o arresto ni detenido, salvo disposición escrita de la autoridad judicial competente, por motivos previamente definidos en la ley, como expresión del principio de legalidad que rige la limitación de este derecho fundamental32. 99. En esa línea, la Corte Constitucional ha definido el derecho a la libertad personal como la «ausencia de aprehensión, retención captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la autonomía de la persona»33. A su vez, ha reconocido que dicha prerrogativa no reviste un carácter absoluto, pues el propio orden Superior definió los supuestos en que los que resulta legítima su restricción, incluyendo el arresto. 32 CC C-327-1997. 33 CC C-024/94, CC C-850/05, CC-879/11, CC C-223/17 y CC C-276/19. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 35 100. Dicha modalidad está estrechamente vinculada a los poderes correccionales del juez, como uno de los instrumentos que permiten garantizar la eficacia de la administración de justicia y la observancia del debido respeto hacia la función jurisdiccional, que por su naturaleza sancionatoria se halla inscrita en un marco de estricto sometimiento al debido proceso. 101. Con la constitucionalización del debido proceso en el artículo 29 de la Carta Política de 1991, el ejercicio de los poderes correccionales del Juez quedó supeditado al debido proceso, la garantía del derecho de defensa y su motivación a partir de criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, «cuando el juez hace uso de la facultad correccional a que alude el numeral 2 del art. 39 del C.P.C. y pretende sancionar con arresto a la persona que ha incurrido en una conducta que atenta contra el respeto debido a la dignidad del cargo, debe adelantar el correspondiente procedimiento con estricto cumplimiento de las normas que rigen el debido proceso y el derecho de defensa y justificar la medida en criterios de proporcionalidad y de razonabilidad, en relación con los hechos y circunstancias, debidamente comprobadas, que le sirvan de causa»34, so pena de incurrir en actuaciones arbitrarias y nugatorias de derechos fundamentales. 102. Actualmente, en el ámbito civil, el artículo 44 del Código General del Proceso regula la materia así: Poderes correccionales del Juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria a que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales: 34 CC, T-242, 16 abr. 1999. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 36 1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por cinco (5) días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. 2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por quince (15) días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia. 3. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. 4. Sancionar con multas hasta por diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados para rendir declaración o atender cualquier otra citación que le haga. 5. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso. 6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros. 7. Los demás que se consagren en la ley. PARÁGRAFO. Para la imposición de las sanciones previstas en los cinco primeros numerales, el juez seguirá el procedimiento previsto en el artículo 59 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El juez aplicará la respectiva sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta. Cuando el infractor no se encuentre presente, la sanción se impondrá por medio de incidente que se tramitará en forma independiente de la actuación principal del proceso. Contra las sanciones correccionales solo procede el recurso de reposición, que se resolverá de plano. (Énfasis agregado). 103. La remisión al artículo 59 de la Ley 270 de 1996 propugna por el adelantamiento del siguiente trámite: El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de reposición Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RODRÍGUEZ MARTÍNEZ 37 interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo. 104. Con la idea clara de que ninguna sanción correccional puede imponerse sin la observancia del debido proceso, se torna pertinente referir una particularidad: el trámite incidental puede ser inmediato, con la escucha de los descargos orales, o diferido, según sea el caso. 105. En esa línea, la Sala de Casación Penal ha indicado que no debe «entenderse como mancomunados o en inmediata sucesión, la falta, la sanción correccional, y la continuidad de la actuación obstruida» (CSJ AP, 17 oct. 2012, rad. 38358 y SP347-2022, 16 feb. 2022, rad. 60199). 106. Ello, por cuanto la decisión sobre el momento de imponer el correctivo depende de las circunstancias particulares de la respectiva situación, sin que en aquellos supuestos en los que el funcionario, con mesurado criterio, posterga el trámite incidental, implique la pérdida o renuncia de la facultad correccional. Un ejemplo que la jurisprudencia ha planteado atañe al evento en que un «abogado que con el propósito de obstaculizar el desarrollo de la diligencia le falte al respeto al juez, arriesgándose a ser arrestado en el acto. Caso este en que el juez, considera prudente luego de un llamado de atención continuar la diligencia, para posteriormente decidir sobre la ocurrencia de la falta, en tanto para el desarrollo de la actuación es indispensable la presencia del profesional»35. 107. En atención a sus características, la Corte 35 CSJ AP, 17 oct. 2012, rad. 38358 y SP347-2022, 16 feb. 2022, rad. 60199. Segunda instancia Radicado n.° 71613 C.U.I: 11001600071120170006703 JOHN FREDDY RO