Providencia SP535-2026

Impugnación especial Radicado n.° 68520 CUI: 11001600010220130015801 Juan Eugenio Varela Beltrán y otros MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente SP535-2026 Radicado n.º 68520 CUI: 11001600010220130015801 Aprobado acta n.º 189 Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiséis (2026). OBJETO DE LA DECISIÓN 1.- La Sala resuelve la impugnación especial interpuesta en contra de la sentencia del 5 de marzo de 2024 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. En dicha decisión la autoridad judicial condenó por primera vez a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos ; y, a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado. HECHOS 2.- La siguiente descripción fáctica se extrae del escrito de acusación que radicó la fiscalía en contra de Juan Eugenio Varela Beltrán , el 6 de mayo de 2014, y del «escrito de acusación unificado» en contra de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás , del 31 de julio de 2015, que fue aclarado, corregido y adicionado el 23 de marzo de 2018: 3.- En la administración del Distrito Capital de Bogotá, en el periodo de gobierno que inició el 1º de enero de 2008 con el alcalde Samuel Moreno Rojas, se impulsó un proceso de contratación pública en el sector salud que concluyó con la adjudicación del contrato n.° 1229 del 30 de septiembre de 2009 a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], por un valor de $67.203’690.774. Dicho contrato tenía por objeto la prestación de servicios de salud de atención prehospitalaria mediante unidades móviles, (ambulancias, vehículos de apoyo y motocicletas). 4.- Desde la etapa de planeación y antes de la apertura formal de la licitación pública n.° «FFDS-LP-006 de 2009» , que dio origen a dicho contrato, se concretaron acuerdos ilícitos entre particulares y servidores públicos con el propósito de asegurar que el contrato fuera adjudicado a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], a cambio del pago de una comisión ilegal. La unión temporal adjudicataria UT-TAB estaba integrada por las empresas Transporte Ambulatorio Médico [TAM], Suárez y Silva LTDA, y J.A. Asociados, y se designó como su representante legal a José Antonio Bonnet Llinás . 5.- El entonces concejal de Bogotá, Hipólito Moreno Gutiérrez [quien con posterioridad cambió su nombre a Alejandro H. Moreno Gutiérrez], intervino, en ejercicio de sus funciones, en el contrato de atención prehospitalaria desde la fase de planeación. Antes de la apertura del proceso licitatorio, y por su conducto, se vinculó a la empresa Transporte Ambulatorio Médico [TAM], de propiedad de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y de Yolanda Sarmiento Gutiérrez , con el propósito de que integrara la unión temporal. 6.- Andrés Fernando Bocanegra era representante legal de TAM, y su progenitora, Yolanda Sarmiento , actuaba como representante legal suplente. Ambos conocieron los requisitos del proceso licitatorio antes de la publicación del proyecto de pliegos y se beneficiaron de modificaciones que fueron introducidas en la etapa precontractual. En tal escenario, aceptaron los compromisos económicos dirigidos al pago de la comisión ilegal, así como su recuperación en la ejecución del contrato. 7.- En el trámite del proceso de licitación pública, Juan Eugenio Varela Beltrán ejercía el cargo de Subsecretario Distrital de Salud y fue encargado en distintas ocasiones como Secretario Distrital de Salud y del Fondo Financiero Distrital de Salud. En el ejercicio de tales funciones suscribió el pliego definitivo de condiciones y el acto de apertura de la licitación pública, contribuyendo a direccionar el proceso contractual. Como contraprestación, recibió la comisión ilegal de $150’000.000[footnoteRef:2]. [2: Escrito de acusación, expediente digital, archivo PDF «001_CuadernoPrincipal1», fls. 358 y 359.] 8.- En desarrollo del acuerdo criminal, Hipólito Moreno Gutiérrez contactó al particular Federico Gaviria Velásquez, amigo y compañero de oficina de José Antonio Bonnet Llinás , quien incidió en la estructuración del proceso licitatorio y accedió a información privilegiada antes de su publicación oficial. 9.- La totalidad de los integrantes de la unión temporal UT-TAB acordaron entregar una comisión equivalente al 10% del valor del contrato, esto es, aproximadamente a $6.700’000.000, suma que se pagó entre septiembre de 2009 y diciembre de 2010. Dichos recursos provinieron de préstamos otorgados por la empresa Inversiones y Valores SAS, de propiedad de Juan Carlos Aldana Aldana, gerente de la empresa Suárez y Silva LTDA, sociedad que también integraba la unión temporal. 10.- Los dineros de la comisión ilícita eran entregados en efectivo por Federico Gaviria Velásquez y José Antonio Bonnet Llinás a Héctor Zambrano Rodríguez[footnoteRef:3], entonces Secretario Distrital de Salud, quien se encargaba de distribuirlos entre servidores públicos y particulares que intervinieron para que la UT-TAB resultara adjudicataria del proceso de contratación. [3: Escrito de acusación unificado, expediente digital, archivo PDF «001_CuadernoPrincipal1», fl. 90. ] 11.- También se presentaron sobrecostos en la mano de obra del contrato. En particular, se realizaron pagos por debajo de los valores reportados en los estudios previos, y mientras el monto previsto en los pliegos de condiciones fue fijado en $34.739’482.800, durante la ejecución del contrato los pagos ascendieron únicamente a $17.196’830.333. Esto, pese a que en el contrato n.° 1229 se estableció que los estudios previos, los pliegos de condiciones, las adendas y la propuesta del contratista hacía parte integral del contrato. 12.- En los estudios previos que fueron producto del trámite de planeación, estructuración técnica, jurídica y financiera del proceso contractual, «se fijaron unos costos que no eran reales para ese momento, no estaban ajustados a los precios laborales del mercado» , sino que eran superiores . En consecuencia, «al contratar al personal que finalmente prestaría el servicio, este no ofrecería resistencia en la contratación, pues su sueldo y prestaciones estaban ajustados a la realidad laboral »[footnoteRef:4]. [4: Ibidem, fl. 94. ] I. ANTECEDENTES PROCESALES RELEVANTES 13.- Entre el 10 y 17 de febrero de 2014, ante el Juzgado 76 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, cursó la audiencia de formulación de imputación en contra de Juan Eugenio Varela Beltrán como coautor de los delitos de cohecho propio , interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado por la cuantía, con circunstancias de mayor punibilidad (art. 58.10, L. 599/00: obrar en coparticipación criminal). No aceptó los cargos. 14.- El 6 de mayo de 2014, el ente investigador radicó el escrito de acusación en los mismos términos de la imputación. El proceso fue asignado al Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá. La audiencia de formulación de acusación se instaló el 23 de septiembre de 2014 y prosiguió en sesiones del 18 de febrero y 23 de junio de 2015. 15.- El 25 de agosto de 2014, ante el Juzgado 74 Penal Municipal en función de control de garantías de Bogotá, se adelantó la audiencia de formulación de imputación en contra de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez , y el 26 de mayo de 2015, ante el Juzgado 71 Penal Municipal, en contra de José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana, por los delitos de cohecho por dar u ofrecer , interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, con circunstancias de mayor punibilidad (art. 58.10, L. 599/00). No aceptaron los cargos. 16.- El 16 de diciembre de 2015 la fiscalía solicitó la conexidad de los procesos en contra de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez , José Antonio Bonnet Llinás y Juan Carlos Aldana Aldana, la cual fue decretada por el Juzgado 49 Penal del Circuito de Bogotá. Esta decisión fue recurrida y, el 30 de septiembre de 2016, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá la confirmó. 17.- El conocimiento del proceso lo asumió el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, el 30 de octubre de 2017, ordenó la ruptura de la unidad procesal en atención al preacuerdo que celebró la fiscalía y Juan Carlos Aldana Aldana. 18.- El 23 de enero de 2018 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación en contra de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás , por los mismos delitos que les fueron imputados. 19.- El 5 de octubre de 2018 el Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá decretó la conexidad de los procesos seguidos en contra de Juan Eugenio Varela Beltrán con el de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás . 20.- El 9 de julio de 2020, en audiencia preparatoria, la primera instancia profirió el auto en el que decretó algunas pruebas y negó otras. El 22 de enero de 2021 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el auto de pruebas y ordenó la preclusión, por prescripción, del delito de cohecho por dar u ofrecer en favor de José Antonio Bonnet Llinás , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento . 21.- El juicio oral se adelantó en sesiones del 14 y 15 de abril, 14 y 28 de mayo, 2, 5 y 6 de agosto, 6, 7, 8 y 9 de septiembre, 16 y 18 de noviembre, 6 y 13 de diciembre de 2021; 18 y 24 de enero, y, 24 y 28 de febrero de 2022. Tanto el anuncio del sentido del fallo absolutorio como la sentencia de primera instancia fueron proferidos el 21 de septiembre de 2022. En dicha oportunidad, la fiscalía y el Fondo Financiero Distrital de la Secretaría de Salud interpusieron el recurso de apelación, que sustentaron posteriormente. 22.- El 5 de marzo de 2024 la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó por primera vez a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado. Les impuso 129 meses y 28 días de prisión, multa de 26.478 s.m.m.l.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena principal. 23.- Adicionalmente, la segunda instancia condenó por primera vez a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado. Le impuso 223 meses y 7 días de prisión, multa de 35.400 s.m.m.l.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años. 24.- El tribunal les negó a todos los procesados el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y el sustituto de la prisión domiciliaria y les libró orden de captura. Los defensores de los sentenciados interpusieron y sustentaron oportunamente el mecanismo de la impugnación especial. II. LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA 2.1 Sentencia de primera instancia 25.- El Juzgado 50 Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá absolvió a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás del delito de peculado por apropiación agravado, materia de la acusación, en la modalidad de coautores intervinientes, y a Juan Eugenio Varela Beltrán de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, por los que fue acusado como coautor. 26.- La primera instancia declaró la preclusión de la acción penal, por prescripción, en favor de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás , por el delito de interés indebido en la celebración de contratos . Además, precluyó, por prescripción, en favor de Juan Eugenio Varela Beltrán , el delito de cohecho propio . a. Argumentos para absolver a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado: 27.- Si bien en relación con estos procesados operó la prescripción de la acción penal por el delito de interés indebido en la celebración de contratos , esto no impide valorar elementos que integran dicha conducta. En específico, que en la actuación se acreditó que la etapa precontractual del contrato de ambulancias estuvo direccionada para que fuera adjudicado a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], como en efecto ocurrió. 28.- Las pruebas testimoniales de la fiscalía dieron cuenta que el referido direccionamiento estuvo acompañado por el pago de comisiones ilícitas a distintos servidores públicos. Este tema se extrae en especial de las declaraciones que rindieron en el proceso Héctor Zambrano Rodríguez, entonces Secretario de Salud de Bogotá, Hipólito Moreno Gutiérrez, Concejal de la ciudad, y Federico Gaviria Velásquez, particular que participó en todo el entramado de corrupción. 29.- En lo que respecta al delito de peculado por apropiación agravado, la fiscalía les imputó y acusó a los aquí acusados que su configuración tenía lugar principalmente por el sobrecosto del componente de mano de obra . Específicamente, por las diferencias entre los dineros previstos para pagos por este rubro entre los documentos precontractuales y lo que efectivamente pagó la unión temporal durante la ejecución del contrato. 30.- Sin embargo, el ente investigador no probó que por cuenta de la mano de obra había un sobrecosto y que de allí se derivó la apropiación de recursos del Estado. El contrato n.° 1229 de 2009 entre la Secretaría Distrital de Salud y la UT-TAB cuenta con rubros por administración, imprevistos y utilidad, como todo contrato, lo cual no es ilegal; además, de la prueba testimonial se desprende una indefinición en cuanto a los valores por salarios y si en efecto se presentó un sobrecosto en los términos acusados. 31.- En la denuncia penal que dio origen a este proceso se señaló la existencia de irregularidades en el referido contrato, pero ninguna relacionada con el componente del pago de la mano de obra . Por el contrario, de la práctica probatoria en este caso se deduce que los elementos del tipo penal de peculado por apropiación se encuentran presentes, principalmente, por el pago de servicios realizados, pero que en realidad no se llevaron a cabo. 32.- Una cosa es la existencia de sobrecostos en servicios prestados, en los términos descritos en la acusación, y otra muy distinta es el cobro por servicios no prestados, que fue lo que se probó en la práctica probatoria. Por ende, al haberse acreditado una situación fáctica distinta a la descrita por el ente investigador, no es posible proferir sentencia condenatoria en contra de los procesados por el delito de peculado por apropiación agravado. 33.- No se discute que los procesados tuvieron injerencia en el direccionamiento del trámite contractual, conocían el compromiso de pagar en compensación un porcentaje del valor del contrato y en efecto lo pagaron. No obstante, no se demostró que el valor establecido en los estudios previos por concepto de mano de obra sobrepasó los precios del mercado y que de allí se obtuvo el dinero para posteriormente pagar las comisiones ilícitas. b. Argumentos para absolver a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado: 34.- En lo que respecta al delito de interés indebido en la celebración de contratos , para la acreditación de sus elementos no se debe solo probar la calidad de servidor público y su relación funcional con la actividad contractual. Además de eso, la fiscalía debe establecer en qué consistió en concreto el interés en el trámite, celebración o liquidación del contrato, por qué fue indebido y cómo se llevó a cabo. 35.- En el presente asunto, el ente investigador no probó en concreto las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el acusado, en su calidad de Subsecretario de Salud o cuando estuvo encargado de la Secretaría, desplegó acciones encaminadas a favorecer el trámite contractual en favor de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB]. Los señalamientos que se hicieron en su contra fueron genéricos, sin soporte en la prueba practicada. 36.- Si bien el procesado firmó la Resolución n.° 563 del 1º de julio de 2009 «por medio de la cual se ordena la apertura y se designa el comité asesor del proceso n.° FFDS-LP-006-2009» y el pliego de condiciones definitivo, esto no quiere decir que haya tenido un interés en el contrato. En el proceso se acreditó que tenía voz, pero no voto en el comité asesor de contratación, que la escogencia de la UT-TAB dependía de distintas áreas y que el pliego definitivo que firmó luego fue objeto de distintas adendas o modificaciones que suscribió Héctor Zambrano Rodríguez. 37.- El contenido de las pruebas que fueron practicadas en la actuación no evidencia que el procesado haya intervenido en la estructuración y posterior modificación de los pliegos de condiciones, con el fin de redireccionar la licitación. Si bien Héctor Zambrano lo señaló por la entrega de un dinero, no se acreditó que haya sido como contraprestación por incidir en el proceso precontractual o para favorecer a la UT-TAB. 38.- Los testigos que declararon en el proceso coincidieron en que el acusado no hizo parte del grupo que estructuró el proyecto de pliego de condiciones, cuyo insumo en últimas redireccionó el contrato. Además, no se le puede endilgar responsabilidad penal por el hecho de haberse señalado que tenía una amistad íntima de muchos años con los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas. 39.- Y en lo que respecta al peculado por apropiación agravado, este tipo penal exige que el servidor público abuse del cargo para apropiarse o permitir la apropiación de recursos públicos de los que tenga injerencia. En todo caso, como se señaló en relación de los procesados que no ostentan la condición de servidores públicos, en la actuación no se acreditó que se hayan presentado sobrecostos en el pago de la mano de obra . 40.- Según Héctor Zambrano, el procesado no estaba en el listado inicial de las personas que incidieron en el direccionamiento del trámite contractual y a quienes se les entregaron comisiones ilícitas. Aunque lo señaló de recibir dinero, esto ocurrió tiempo después, luego de agotarse el referido trámite, por indicación de Iván Moreno Rojas, sin que se haya acreditado un vínculo con el trámite contractual, lo cual genera dudas sobre la configuración del tipo penal. 2.2 Sentencia de segunda instancia 41.- La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, condenó por primera vez a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado. Igualmente, condenó por primera vez a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos . a. Argumentos para condenar a Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás por el delito de peculado por apropiación agravado: 42.- Si bien respecto de estos procesados operó la prescripción de la acción penal de los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos , esto no impide valorar la ilegalidad de sus comportamientos en el interés de afectar el patrimonio público. A partir de ese conocimiento resulta viable establecer si son responsables penalmente por la conducta que no prescribió. 43.- En la actuación se acreditó que los acusados participaron en la trama de corrupción que incidió en la estructura y dirección de la licitación para favorecer a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB], de la cual hacían parte. Al final, a esta unión temporal le fue adjudicada la licitación «FFDS-LP-006-2009» y en consecuencia fue suscrito el contrato n.° 1229 de 2009. 44.- Con los testimonios de Héctor Zambrano Rodríguez, Hipólito Moreno Gutiérrez, Federico Gaviria y Juan Carlos Aldana se acreditó que los aquí acusados tenían conocimiento sobre las comisiones ilícitas que se pactaron por el direccionamiento del proceso de licitación. Asimismo, que hicieron ajustes en el presupuesto para que el contrato tuviera una mayor rentabilidad, bajando el ítem de la experiencia en traslados medicalizados. 45.- En la ejecución del contrato n.° 1229 de 2009 la empresa contratante, en la que participaron los acusados, obtuvo como provecho $17.196’830.333, el cual no corresponde al margen de utilidades o ganancias que deben obtener las empresas que contratan con el Estado. Se trata de una ganancia adicional al índice de utilidad del 39% que fue previsto en el pliego de condiciones. 46.- Contrario a lo expuesto por la primera instancia, no existe incongruencia en que se haya imputado y acusado que la apropiación de dinero «provino del pago de la mitad de lo previsto en el componente de nómina, porque su manifestación no hizo alusión literalmente a la mitad del salario de cada trabajador» . La autoridad judicial de primer grado no tuvo en cuenta otros aspectos que señaló la fiscalía relacionados con componente de mano de obra . 47.- En los estudios previos se precisó que el componente de mano de obra , esto es, contratos a término fijo, salarios y prestaciones, era por valor de $11.979’132.000. Pero luego este coste pasó a la suma de $17.196’830.333, que es un aumento «entendible y racional» , mientras que no lo es el valor que finalmente se desembolsó al contratista por ese rubro, que fue de $34.739’482.800, situación que «desborda cualquier índice de estimación» . 48.- De la prueba testimonial del proceso se extrae que la asignación salarial de profesionales pagados estaba por debajo del valor del mercado, así no haya sido con todos. Y si bien no se practicó una prueba pericial sobre este tema, la fiscalía sí incorporó un informe de seguimiento al contrato n.° 1229 en el cual se evidenció, en el componente de mano de obra , que se presentaron múltiples inconsistencias e incumplimientos. 49.- En ese contexto, el pago de horas de transportes no prestadas está directamente relacionado con el pago por el componente de mano de obra , que fue señalado en la acusación. Dicho evento no puede asimilarse a imprevistos o a las diferencias de valores que se presentan en cualquier trámite licitatorio, pues en el caso particular, el proceso de selección estuvo «cubierto de un manto de corrupción» , según se acreditó en la práctica probatoria. 50.- Los aquí procesados se beneficiaron de las decisiones de los funcionarios de la Secretaría de Salud en la licitación que fue adjudicada irregularmente a la UT-TAB. Esto condujo a un detrimento de los recursos públicos al presentarse una apropiación del dinero entregado producto de la contratación direccionada «para un destino específico sin que los acusados pudieran justificar su actuación o porque no se utilizó el rubro recibido en su totalidad» . b. Argumentos para condenar a Juan Eugenio Varela Beltrán por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado: 51.- En relación con el delito de interés indebido en la celebración de contratos , los testigos Hipólito Moreno Gutiérrez y Héctor Zambrano Rodríguez señalaron al procesado como una de las personas que se interesó en la licitación que culminó con la suscripción del contrato n.° 1229 de 2009. Para tal efecto, el servidor público profirió distintos actos administrativos en su condición de Subsecretario y titular encargado de la Secretaría de Salud. 52.- En específico, aprobó la resolución n.° 563 del 1º de julio de 2009 que dio apertura al proceso de selección, con el fin de direccionar el proceso licitatorio. Y si bien adelantó gestiones en el marco de sus funciones públicas, en estas no está la de «entregar información privilegiada para favorecer a terceros con la promesa de recibir una paga ilícita» . Con la suscripción de este acto administrativo «selló el engranaje de corrupción» y cumplió con el papel que le fue asignado desde su nombramiento en el cargo. 53.- Es cierto que el servidor público no tenía la facultad para modificar los prepliegos y pliegos de condiciones de la licitación pública, pues requería de los vistos buenos de los distintos directores de las áreas. Pero dentro de sus funciones sí estuvo la de aprobar los pliegos, los informes de evaluación de las propuestas y recomendar al ganador, sin que presentara objeción alguna, lo cual estuvo precedido de la manipulación de la información que se suministró a las áreas encargadas. 54.- Y en lo que respecta al delito de peculado por apropiación agravado, el ente investigador demostró que el acusado ejerció en encargo la titularidad de la Secretaría Distrital de Salud. Es decir que contó con la función de ordenador del gasto y máximo contratante de la entidad, y bajo su responsabilidad estuvo la guarda del patrimonio público, así como su disponibilidad jurídica. 55.- La configuración de los elementos del tipo penal se demostró en que el servidor público suscribió la Resolución n.° 563 de 2009 con el propósito de favorecer a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB]. Por dicha labor, según se deduce del testimonio de Héctor Zambrano Rodríguez, recibió $150’000.000. Para tal efecto, se «inflaron costos» «con el objeto de poder sacar de los dineros públicos el monto para el pago de la comisión» . 56.- En el proceso se demostró que el servidor público no era simplemente un funcionario que cumplía sus deberes o que fue engañado por terceros para firmar la resolución que «legalizó toda la telaraña de corrupción» , por el contrario, está vinculado con el entramado. En ese contexto, resulta relevante el vínculo cercano que tenía con Samuel Moreno Rojas, quien intervino para que fuera nombrado en la Secretaría de Salud por ser su persona de confianza. 57.- La conducta del procesado consistió en permitir que los términos de referencia del trámite de licitación pública «pasaran según la confección y el amaño» que previamente se había realizado. Su comportamiento fue doloso, así se desprende del análisis de la totalidad de las pruebas del proceso y del entendimiento en conjunto del entramado criminal y la participación que tuvo tanto de servidores públicos como de particulares. III. LAS IMPUGNACIONES ESPECIALES 58.- El defensor de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez solicitó, como pretensión principal, revocar la condena y absolver a los procesados; de manera subsidiaria, elevó un alegato de nulidad y de redosificación punitiva. El defensor de José Antonio Bonnet Llinás presentó, como pretensión principal, un alegato de nulidad; en subsidio, que se absuelva procesado. Juan Eugenio Varela Beltrán , en ejercicio de su defensa material, y su apoderado, alegaron la vulneración del debido proceso; y solicitaron proferir sentencia absolutoria. a. Argumentos del defensor de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez 59.- Nulidad del fallo condenatorio . Se vulneró el debido proceso de manera sustancial por ausencia de motivación de la sentencia. La segunda instancia profirió la decisión, pese a que, según se infiere de comunicaciones entre la defensa y la secretaría del tribunal, no accedió a la totalidad del expediente digital. Esto, debido a que algunos archivos de las sesiones de juicio oral en las que se practicó la prueba de la defensa se encontraban dañados. 60.- Ante esta situación, la secretaría del tribunal tuvo que solicitar los audios al juzgado de primera instancia para posteriormente remitirlos a la defensa, que a su vez los había solicitado para sustentar la impugnación especial. Lo que se advierte es que el fundamento de la condena fueron los alegatos finales que presentó el ente acusador y pruebas de otras actuaciones. Su valoración fue «sofística, aparente o falsa» , y desconoció los principios de oralidad, inmediación, contradicción y concentración. 61.- La sentencia condenatoria «contradice en forma grotesca la verdad probada» . Se consignaron afirmaciones que ningún testigo refirió en la práctica probatoria, como el tema de la filtración de documentos en la etapa precontractual, la modificación del pliego de condiciones para favorecer a determinado proponente o el incremento desproporcionado en los costos de mano de obra con la posterior apropiación por parte de la unión temporal. Son hechos, montos y modalidades de apropiación que no fueron imputados ni acusados. 62.- Solicitud de absolución . El tribunal valoró de manera incorrecta la prueba, pues en el proceso no se acreditó que los acusados hayan actualizado los elementos que confirman la conducta de peculado por apropiación agravado. No existe prueba directa o indiciaria suficiente que permita establecer elementos como la manipulación de los estudios previos para direccionar la licitación que culminó con la apropiación de recursos públicos. 63.- Los testigos vinculados con el proceso contractual negaron que los acusados los hayan presionado para que fuera direccionado. No se acreditó que se haya presentado irregularidades, de hecho, reconocieron que la adjudicación fue el resultado de un procedimiento colegiado, adelantado por comités técnicos, jurídicos y financieros. Es decir, la licitación fue legítimamente adjudicada a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá [UT-TAB]. 64.- En la actuación se acreditó que los estudios previos fueron elaborados por equipos técnicos, sin intervención de los procesados. Lo mismo ocurrió con la estructuración, evaluación y adjudicación del proceso que luego dio lugar a la suscripción del contrato n.° 1229 de 2009. Todo ocurrió siguiendo las reglas previamente establecidas en el pliego de condiciones, sin que haya existido filtración de información reservada o modificación irregular de los estudios previos o de los pliegos. 65.- Lo anterior puede deducirse de los testimonios del ex Concejal Hipólito Moreno Gutiérrez, quien no vinculó a los acusados con la existencia de acuerdos para la adjudicación irregular del contrato. Esta misma información se extrae de los testimonios de Héctor Zambrano Rodríguez, Secretario Distrital de Salud, de los particulares Federico Gaviria Velásquez y Juan Carlos Aldana Aldana, así como de los investigadores de la fiscalía y funcionarios de la alcaldía y particulares que declararon en la práctica probatoria. 66.- Pero el tribunal sustentó la condena en testimonios contradictorios, imprecisos y carentes de corroboración externa. Además, en declaraciones que no fueron respaldados por prueba documental alguna, valorando informes de policía judicial y técnicos como prueba, pese a que no fueron incorporados al proceso ni sometidos a contradicción, y que en todo caso se trataría de prueba de referencia inadmisible. 67.- En el proyecto de pliegos de condiciones no era obligatorio determinar el valor del componente mano de obra , sino que su aproximado se fijó en los estudios previos. Se pactó que el contrato se pagaría en precios unitarios, lo que implica que el precio del contrato sea uno al momento de la celebración y otro cuando concluya su ejecución, pues bajo esta modalidad se pacta el precio por unidades o cantidades de obra y su valor total es la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas. 68.- Es decir que no se configuró el delito de peculado por apropiación pues el contrato n.° 1229 de 2009 se asimila al renting , en el cual los pagos se hacen exclusivamente por horas de servicio disponibles y la facturación se ajusta proporcionalmente al tiempo en que el vehículo estuvo funcional y disponible para el arrendamiento. De ahí que la diferencia entre el valor estimado en los estudios previos y lo efectivamente pagado por concepto de nómina no constituye apropiación, pues los estudios previos son referentes presupuestales y no generan obligación de ejecución total. 69.- Redosificación de la pena . El tribunal vulneró el principio non bis in idem al dosificar la pena. Omitió que los procesados no tienen la condición de servidores públicos y fueron acusados como coautores intervinientes. En relación con estos procesados, el delito de peculado por apropiación agravado exige la concurrencia del sujeto activo, es decir que «la coparticipación criminal es de su esencia» . Aun así, la segunda instancia incluyó dicha circunstancia al dosificar la pena, configurando una doble sanción por un mismo hecho. b. Argumentos del defensor de José Antonio Bonnet Llinás 70.- Nulidad del fallo condenatorio . Se vulneró el debido proceso de manera sustancial por incumplimiento al deber de motivación de la sentencia, debido a que el tribunal profirió la sentencia pese a que no tuvo acceso completo al expediente digital y expuso en su decisión una motivación aparente, sofística o falsa. Como sustento, transcribió los argumentos del abogado Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento y Yolanda Sarmiento Gutiérrez que fueron reseñados párrafos atrás. 71.- Nulidad del proceso . Se vulneró el principio de congruencia entre la acusación y la sentencia. En la acusación se señaló una apropiación de recursos por sobrecostos en la mano de obra , entendido como la diferencia entre el presupuesto de los estudios previos y lo que efectivamente se pagó a la unión temporal. Sin embargo, en la sentencia se agregó un hecho nuevo referido a una supuesta destinación específica de dineros que no habrían sido justificados ni utilizados en su totalidad. 72.- El fundamento para estructurar la condena se soportó de manera indebida, pues ni en la imputación ni en la acusación se señaló que los contratistas hubieran recibido recursos con destinación específica. Tampoco que existiera un reproche adicional al tema de los supuestos sobrecostos, lo cual sorprendió a la defensa con un escenario que no fue objeto de debate ni contradicción. 73.- Solicitud de absolución . En el proceso no se acreditó más allá de toda duda razonable la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado. El ente investigador no probó técnicamente que existieran sobrecostos en el componente de mano de obra , pues omitió realizar un cotejo con los valores del mercado lo cual resulta indispensable para afirmar la existencia de un detrimento en los recursos públicos. 74.- La condena se sustentó con base en una construcción de indicios defectuosa, en especial al inferir la existencia del delito de peculado por apropiación agravado a partir de un supuesto pago de comisiones. Dicha labor se hizo entremezclando los elementos que conforman los tipos penales de interés indebido en la celebración de contratos , cohecho y peculado por apropiación , los cuales tienen estructuras típicas autónomas. 75.- El tribunal tampoco tuvo en cuenta la tesis alternativa planteada por la defensa y que genera duda sobre la responsabilidad penal, según la cual, la señalada existencia de pagos relacionados con el proceso contractual en el presente caso pudo tener origen en una posible conducta de estafa entre particulares. Dicha hipótesis se deduce razonadamente de las pruebas obrantes en la actuación y no fue desvirtuada. c. Argumentos del procesado Juan Eugenio Varela Beltrán –en ejercicio de su defensa material– y de su defensor 76.- Vulneración del debido proceso . El tribunal incurrió en un desconocimiento del deber constitucional de motivar las decisiones judiciales. En concreto, basó su decisión en razonamientos sofísticos, aparentes y carentes de sustento, con conclusiones genéricas, alejado del contenido de las pruebas practicadas en el juicio oral. 77.- En dicho fallo no se confrontaron los argumentos de la sentencia absolutoria de primera instancia ni se justificó adecuadamente la forma en que se superaban los vacíos probatorios que advirtió el ministerio público y el juzgado de primer grado. Además, se incorporaron consideraciones ajenas al proceso, sin relación alguna con los hechos objeto de investigación. 78.- Solicitud de absolución . En la sentencia condenatoria se desconocieron las reglas de la sana crítica al valorar de manera parcializada la prueba. Le dio credibilidad al testimonio de Héctor Zambrano Rodríguez, Secretario Distrital de Salud, pese a que fue el único que incriminó al procesado, que su testimonio presenta contradicciones y que carece de corroboración externa. 79.- Ninguno de los restantes testigos, 17 en total, le atribuyó al procesado participación alguna en las conductas objeto de acusación. Aun así, la segunda instancia desestimó sin justificación los cuestionamientos de la defensa, que fueron ratificados por la autoridad judicial de primera instancia y por el ministerio público. Obró de esta manera aplicando un criterio selectivo contrario a los principios de objetividad y coherencia en la valoración de la prueba. 80.- Los elementos que conforman los tipos penales de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado no fueron acreditados en el juicio. Tampoco se acreditó que el procesado haya intervenido de manera directa, con un aporte objetivo y relevante a la consumación de cada una de estas conductas y tampoco que haya obrado con dolo, con base en prueba idónea que conduzca a superar la duda razonable a su favor. 81.- Para el tribunal, el procesado actuó como coautor de las referidas conductas. Sin embargo, en el curso del proceso no se acreditó que concurrieran los elementos de la coautoría, como la existencia de un acuerdo previo, una división funcional en la ejecución de las conductas y su aporte esencial en cada una de ellas. Lo que se evidenció es que el acuerdo criminal fue concretado y ejecutado por terceros, sin intervención del procesado. 82.- En la sentencia condenatoria se desconoció la presunción de inocencia, pues se suplió la ausencia de prueba directa o indiciaria con prejuicios y consideraciones extraprocesales. Se utilizó como factor de imputación la relación personal y de amistad entre el procesado y el exalcalde Samuel Moreno Rojas, lo cual no acredita por sí mismo la participación en la comisión de las conductas acusadas. Esto, en contravía con el derecho penal de acto. 83.- La predisposición de la segunda instancia para proferir condena también se evidencia en que libró órdenes de captura, pese a la existencia de una sentencia absolutoria previa y a la presencia de dudas sobre la responsabilidad penal del acusado. Dicha determinación desconoce el carácter excepcional de la privación de la libertad personal y constituye una manifestación de parcialidad. IV. CONSIDERACIONES 4. Competencia 84.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de la impugnación especial en contra de la sentencia del 5 de marzo de 2024 que profirió la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Esto, conforme a lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 235 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 01 de 2018 y las directrices establecidas en el auto CSJ AP1263-2019, rad. 54215. 85.- Con miras a garantizar el principio de doble conformidad judicial, corresponde a la Sala examinar la corrección de la decisión del tribunal de proferir condena por primera vez en segunda instancia. 0. Delimitación del problema jurídico y estructura de la decisión 86.- Para la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás son responsables penalmente del delito de peculado por apropiación agravado; mientras que Juan Eugenio Varela Beltrán es responsable penalmente de los delitos de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos . 87.- En las impugnaciones especiales se formularon solicitudes de nulidad, de revocatoria de la condena, y, en forma subsidiaria, de redosificación de la pena. En ese contexto, se identifican como problemas jurídicos: (i) determinar si se configuran las nulidades que aluden a una posible vulneración del debido proceso; y, (ii) establecer si se desvirtuó la presunción de inocencia de los acusados por los delitos objeto de condena y, (iii) en caso afirmativo, si la dosificación de la pena se ajustó a derecho. 88.- Para abordar estos problemas jurídicos, la Sala evaluará primero las solicitudes de nulidad, en el entendido que si alguna de ellas prospera resultaría insustancial pronunciarse sobre los demás temas. En dicho acápite, se enunciará el marco normativo y jurisprudencial aplicable para cada apartado y luego se analizará cada caso en concreto. Solo en el evento en que todos los alegatos de nulidad se nieguen, se procederá con el análisis de los restantes temas planteados en las impugnaciones especiales. 0. Las nulidades 89.- Según lo dispuesto en los artículos 455, 456 y 457 de la Ley 906 de 2004, existen diversos supuestos de ineficacia de los actos procesales. En concreto: (i) nulidades derivadas de afectaciones de la actuación por prueba ilícita; (ii) nulidades por falta de competencia del juez; y, (iii) nulidades por violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos sustanciales. 90.- La nulidad debe ser el único remedio idóneo e inevitable para subsanar la irregularidad advertida, y puede decretarse a petición de parte o de oficio ( Cfr . CSJ SP4281-2020, rad. 55649, SP3185-2022, rad. 62098, SP247-2023, rad. 62317 y SP605-2024, rad. 61976, entre otras). La prosperidad de una nulidad exige que esté acreditado que se desconoció de manera sustancial el debido proceso o las garantías de las partes. 91.- Dicha medida excepcional debe ser inevitable y evidenciarse como el único remedio procesal para superar la afectación, acorde con los principios de taxatividad[footnoteRef:5], protección[footnoteRef:6], convalidación[footnoteRef:7], trascendencia[footnoteRef:8], instrumentalidad de las formas[footnoteRef:9], acreditación[footnoteRef:10] y residualidad[footnoteRef:11] ( Cfr . CSJ AP2685-2023, rad. 60318, AP7475-2024, rad. 61535 y AP4369-2025, rad. 62976). [5: Las causales de nulidad están descritas en la ley.] [6: La parte que originó la causal de nulidad no puede invocarla a su favor.] [7: La parte afectada puede validar la irregularidad que origina la nulidad.] [8: El perjuicio a la parte o a la estructura del proceso debe ser sustancial.] [9: La nulidad no procede cuando el acto irregular cumple su finalidad, siempre que no se viole el derecho de defensa.] [10: Se debe precisar la causal de nulidad invocada y los fundamentos de hecho y de derecho que la sustentan.] [11: Se debe demostrar que la única forma de subsanar el agravio es mediante la declaratoria de nulidad.] 92.- En el presente asunto, uno de los defensores expuso que se presentó una violación del principio de congruencia por existir diferencias entre los supuestos fácticos de acusación y la sentencia condenatoria. En su criterio, el tribunal incorporó un hecho nuevo relacionado con una supuesta destinación específica de recursos públicos no ejecutados ni justificados, que no fue objeto de imputación ni acusación y que no fue debatido ni sometido a contradicción en el juicio oral. 93.- Adicionalmente, la totalidad de los defensores y uno de los procesados –en ejercicio de su defensa material– afirmaron que el tribunal vulneró de manera sustancial el debido proceso al incurrir en una falta grave al deber constitucional de motivación de la decisión judicial. Ligado a ese mismo argumento, aseguran que profirió la sentencia condenatoria sin tener acceso completo al expediente digital, en especial a los registros de audio y video en los que se practicó la prueba de la defensa. a. La imputación fáctica y la sentencia 94.- Los artículos 288.2 y 337.2 de la Ley 906 de 2004 establecen que la fiscalía, en la imputación y en la acusación, tiene la carga de relacionar «de manera clara y sucinta los hechos jurídicamente relevantes» . Estos hechos son aquellos que pueden subsumirse en determinado tipo penal ( Cfr . SP2042-2019, rad. 51007, SP283-2023, rad. 58147 y SP1736-2025, rad. 60926, entre otras). 95.- Solo cuando el procesado conoce con precisión los hechos que se le atribuyen puede ejercer de manera efectiva su defensa ( Cfr . SP3329-2020, rad. 52901 y SP835-2024, rad. 64633). Un escenario distinto conduciría a que el ejercicio de la acción penal esté marcado por la ambigüedad e indefinición, lo cual compromete la vigencia del debido proceso, el derecho de defensa y «la construcción legítima del juicio» ( Cfr . SP1736-2025, rad. 60926). 96.- El denominado núcleo central de los hechos que se imputan debe mantenerse invariable con los que se acusan, hasta el fallo, lo que se conoce como congruencia estricta ( Cfr . SP412-2023, rad. 59390 y SP322-2025, rad. 58474). En ese entendido, el artículo 448 de la Ley 906 de 2004 refiere que «[e]l acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena» (art. 448, L. 906/04). 97.- Pero no toda incorrección en la relación de los hechos jurídicamente relevantes conduce a que se decrete la nulidad. Tal remedio extremo solo ocurre cuando no se cubren sus «mínimos procesales» , como son: «claridad, suficiencia, precisión y univocidad» ( Cfr . SP1736-2025, rad. 60926). Pero no de cualquier manera, sino a tal punto que la imputación no sea un antecedente legítimo de la acusación, y, en el mismo sentido, de la sentencia ( Cfr . SP835-2024, rad. 64633 y SP659-2025, rad. 60887). 98.- El caso concreto . El defensor de José Antonio Bonnet Llinás afirmó en la solicitud de nulidad que la fiscalía acusó por una supuesta apropiación de recursos públicos en el componente de mano de obra del contrato, pero que el tribunal varió dicho hecho. En concreto, cuando indicó en la sentencia «que se habían recibido recursos con destinación específica» y «que no se había justificado que se hubieran utilizado completamente para ese concepto» . 99.- Al examinar el contenido de la sentencia de segunda instancia, la Corte encuentra que las referidas afirmaciones se extraen en esencia del siguiente apartado: «Todo ello llevó a un ostensible detrimento patrimonial al erario público, específicamente a los bienes del Distrito Capital de Bogotá, operación delictiva que se configuró a favor de la UT-TAB al apropiarse del dinero entregado producto de la contratación direccionada para un destino específico sin que los acusados pudieran justificar su actuación o por qué no se utilizó el rubro recibido en su totalidad . »[footnoteRef:12] Subrayas fuera del texto. [12: Sentencia de segunda instancia, páginas 20 y 21.] 100.- Sin embargo, contrario a lo expuesto en el alegato de nulidad, no se advierte que la autoridad de segunda instancia haya aludido a un hecho nuevo con relevancia jurídico penal que actualice la descripción típica de los tipos penales acusados. Lo que se evidencia es que son afirmaciones de cierre ligadas a la valoración de los elementos del delito de peculado por apropiación agravado, que en su conjunto sí hacen parte de los supuestos fácticos objeto de imputación y acusación. 101.- Previo a las referidas consideraciones, la autoridad de segunda instancia abordó, precisamente, un alegato de incongruencia fáctica sobre el monto de pagos en las nóminas de los trabajadores[footnoteRef:13], y luego se centró en establecer si por el componente de mano de obra del contrato direccionado se produjo una apropiación ilegal de recursos. Esto, por diferencias sustanciales entre los estudios previos y el valor finalmente pagado por dicho rubro[footnoteRef:14]. [13: Ibidem, pág. 16.] [14: Ib., pág. 17 y ss.] 102.- Así las cosas, para la Corte, conforme al principio de acreditación, es evidente que las afirmaciones del tribunal a las que alude el recurrente no constituyen ningún supuesto de hecho adicional al tema de la apropiación indebida de recursos del Estado. No se muestra una variación sustancial, desde el punto de vista fáctico, de la tesis de la fiscalía sobre el direccionamiento del trámite contractual y la existencia de un peculado con sustento en la apropiación de recursos entregados producto de la suscripción del contrato. 103.- Lo expuesto hasta ahora es suficiente para que no prospere la nulidad por el motivo planteado. b. El deber de motivar las decisiones judiciales 104.- El artículo 55 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 22 de la Ley 2430 de 2004, consagra el deber de los jueces de motivar las providencias. La exposición clara, íntegra y razonada de los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que sustentan una decisión garantiza el derecho al debido proceso de las partes e intervinientes, resguarda el principio de legalidad y hace efectivo el derecho de contradicción, pues solo a partir del conocimiento de sus razones resulta posible ejercer la controversia. 105.- La motivación constituye una garantía esencial para el control y la legitimidad del ejercicio de la función jurisdiccional ( Cfr . SP684-2024, rad. 58073 y SP087-2026, rad. 60324). Sobre este particular, la Sala tiene identificados los siguientes supuestos en los que se configura una afectación sustancial del deber de motivar las decisiones judiciales: (i) ausencia absoluta de motivación , cuando no se consignan los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la decisión; (ii) motivación incompleta o deficiente , que se presenta cuando el funcionario omite pronunciarse sobre aspectos relevantes del debate o deja de examinar los alegatos de los sujetos procesales en aspectos sustanciales para la resolución del problema jurídico concreto, de modo que no es posible identificar el soporte de la decisión; (iii) motivación ambigua, ambivalente o dilógica , que ocurre cuando el juez incurre en contradicciones o utiliza razonamientos incompatibles entre sí, al punto de tornar inteligible la parte considerativa de la providencia; y, (iv) motivación sofística, aparente o falsa , que surge cuando el sustento probatorio de la decisión no se corresponde con la realidad procesal, se construye una realidad diferente o se arriba a conclusiones manifiestamente equivocadas ( Cfr . SP684-2024, rad. 58073, y AP3375-2024, rad. 65462, entre otras). 106.- De modo que la motivación de las decisiones no es una simple formalidad, sino una garantía indispensable para el control de la labor judicial. La omisión o deficiencia en ese deber puede comprometer la legitimidad del pronunciamiento judicial, pues impide constatar que la solución a determinado problema jurídico está desligada de apreciaciones arbitrarias o carentes de sustento. 107.- El caso concreto . Los defensores de los procesados, y uno de estos en ejercicio de su defensa material, sostienen: (i) que el tribunal incumplió el deber de motivar la decisión judicial; y, (ii) que profirió la condena sin haber accedido de manera íntegra al expediente digital, en particular, a los registros de audio y video correspondientes a la práctica probatoria de la defensa. 108.- En relación con el primer tema , los recurrentes aseguran que la sentencia condenatoria del tribunal fue «aparente , sofistica o falsa» , por carecer de sustento probatorio y no confrontar los argumentos de la sentencia absolutoria. Sin embargo, del examen de la parte considerativa no se advierte que tales señalamientos se ajusten a la realidad, pues la providencia contiene un desarrollo argumentativo razonado en la delimitación del problema jurídico, la valoración probatoria y la fundamentación de la condena[footnoteRef:15]. [15: Sentencia de segunda instancia, página 11.] 109.- En efecto, el tribunal identificó los hechos con relevancia jurídico penales relacionados con el proceso licitatorio n.° «FFDS-LP-006 de 2009» y el contrato n.° 1229 de 2009. Además, explicó los elementos que conforman los tipos penales de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos [footnoteRef:16]. Luego, respondió alegatos sobre la falta de congruencia fáctica entre la acusación y el fallo, y explicó por qué la prescripción de algunas conductas punibles no impedía valorar hechos relacionados con estas como presupuestos del peculado por apropiación . [16: Ibidem, fls. 11 a 13.] 110.- Asimismo, la autoridad de segunda instancia sustentó un análisis propio y contrario a la sentencia de primera instancia, en relación con temas centrales del proceso como el componente de mano de obra del referido contrato, el alcance del componente AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) y el tema de los sobrecostos[footnoteRef:17]. Todo lo anterior, haciendo alusión a su propia valoración de las pruebas del proceso, acorde principalmente con las tesis planteadas por el ente investigador. [17: Ibidem, fls. 16 a 19.] 111.- A partir de dicho examen, concluyó que el análisis probatorio de la primera instancia resultaba insuficiente. Esto, ante lo que identificó como una lectura parcial del componente de mano de obra del contrato[footnoteRef:18], sin valorar las pruebas obrantes en la actuación, conforme al rigor de la sana crítica, que conducían a desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. En últimas, no se advierte que se trata de una argumentación abstracta o superficial, sino razonada. [18: Ibidem, fls. 16 y 17.] 112.- En definitiva, la Corte no constata que el tribunal haya incurrido en una falta de motivación de la decisión. Por el contrario, se verifica que edificó su decisión sobre las premias fácticas y jurídicas del caso, desarrolló un análisis probatorio razonado, y dio respuesta a los argumentos del recurso de apelación. Además, expuso los motivos que condujeron a la revocatoria de la absolución y de la sentencia condenatoria, lo que descarta que se esté ante una argumentación aparente o sofística. 113.- Y en lo que respecta al segundo tema de nulidad , los apoderados de Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento , Yolanda Sarmiento Gutiérrez y José Antonio Bonnet Llinás aseguran que el tribunal quebrantó el deber de motivación de la sentencia e incurrió en una motivación «aparente , sofistica o falsa» , porque la profirió pese a que no tuvo acceso a la totalidad del expediente digital. En específico, a las audiencias en las que se practicó la prueba de la defensa con las que se controvirtió la acusación. 114.- Como fundamento, pegaron en el escrito de impugnación especial capturas de pantalla sobre el acceso a dieciocho (18) audios de la plataforma Lifesize , de fecha posterior a cuando se profirió el fallo de segunda instancia, en los que se indica: «[l]o sentimos, no tienes acceso para ver esta grabación» . Además, una comunicación en la que la Secretaría del Tribunal solicita los archivos al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao ante la imposibilidad de acceso. 115.- La argumentación de los recurrentes se complementa con una captura de pantalla de una solicitud elevada al Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao para que acreditara si se ingresó a los enlaces de las grabaciones entre el 27 de octubre de 2022 y el 18 de marzo de 2024, esto es, durante el tiempo en que la actuación estuvo a cargo del tribunal. Y, además, con una captura de pantalla del aplicativo OneDrive del expediente digital, con base en el cual afirma que el tribunal «no ingresó a la carpeta del expediente» . 116.- Pues bien, lo primero que se evidencia es que todas estas alusiones al expediente digital provienen de actuaciones de la Secretaría del Tribunal y del Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao, sin que exista elemento alguno que permita establecer una relación directa entre dichas dependencias y el despacho del magistrado ponente o la Sala de decisión. Esta circunstancia impide validar el señalamiento, según el cual, la segunda instancia profirió la sentencia condenatoria sin el acceso completo al expediente. 117.- Tampoco tal afirmación se ve reflejada en el contenido del fallo cuestionado por la vía de la impugnación especial. De la lectura de la sentencia del tribunal se extrae que las conclusiones a las que arribó se sustentaron, en esencia, en: (i) el examen de los temas planteados en los recursos de apelación; (ii) la confrontación de los fundamentos de la sentencia absolutoria de primera instancia; y, (iii) la valoración de la prueba practicada en el juicio oral (de cargo y de descargo). 118.- En relación con la valoración de la prueba de la defensa, frente a la cual se sustenta la supuesta falta de ingreso al expediente, la segunda instancia la desestimó con argumentos. Evidenció, por ejemplo, la contradicción de los estudios previos y el contrato, así como la divergencia entre el valor estimado del componente mano de obra y el efectivamente ejecutado. A partir de ello, concluyó que un rubro de utilidades no fue legítimo sino una inflación deliberada de costos para la apropiación de recursos. 119.- Este razonamiento solo se explica a partir del acceso efectivo al expediente, así como de su valoración integral. Lo anterior se refuerza con los argumentos expuestos para descartar los testimonios de Yaneth Patricia Triana y Luz Dary Patiño, auxiliares de enfermería que fueron practicados a instancias de la defensa. El tribunal concluyó que dichas declaraciones no desvirtuaban la existencia del sobrecosto global del contrato. 120.- En el mismo sentido, descartó el valor probatorio del testimonio del asesor jurídico del comité evaluador, Jesús Eduardo Alfonso González, a quien consideró como un testigo de oídas . La autoridad judicial precisó que esta persona no participó directamente en las fases estructurantes del proceso contractual y no estuvo en posibilidad de presenciar los hechos objeto de este proceso relacionados con la dirección de dicho trámite, la manipulación de los pliegos de condiciones y de la adjudicación. 121.- De modo que la Corte no encuentra elementos que permitan concluir que el tribunal profirió la sentencia de segunda instancia sin acceder al expediente digital ni que se esté frente a una decisión «aparente , sofistica o falsa» . Se constata que el fallo se fundamentó en la valoración integral de la prueba de cargo y de descargo, a partir de la cual se determinó que la fiscalía acreditó su teoría del caso y se desvirtuó la presunción de inocencia de los procesados. 122.- En conclusión, en relación con el reproche de la indebida motivación del fallo de segunda instancia, y conforme al principio de acreditación que rige las nulidades, se concluye que no se probó la existencia de alguna irregularidad que conduzca a que se decrete la nulidad del proceso, en los términos en que lo solicitan los recurrentes. En consecuencia, también se niega esta solicitud. 0. Los restantes temas planteados en las impugnaciones especiales 123.- Los recurrentes aseguran, en esencia, que la fiscalía no acreditó más allá de toda duda la ocurrencia de las conductas punibles de peculado por apropiación agravado e interés indebido en la celebración de contratos y la responsabilidad penal de los procesados. Por ende, la Sala reiterará en un inicio el alcance legal y jurisprudencial de estos tipos penales, y luego, aplicará estos insumos al caso concreto, con miras a dar respuesta a los demás alegatos defensivos. a. El delito de peculado por apropiación 124.- El artículo 397 de la Ley 599 de 2000 lo define en los siguientes términos: «El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de n