Providencia CP157-2026

Extradición Radicado n.° 70667 CUI: 11001020400020250253300 Jesús Armando Soriano Martínez MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada ponente CP157-2026 Radicación n.° 70667 CUI: 11001020400020250253300 Aprobado acta n.° 189 Bogotá D.C., diez (10) de junio de dos mil veintiséis (2026). I. VISTOS La Sala procede a emitir concepto sobre la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Jesús Armando Soriano Martínez formulada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por la posible comisión de los delitos de “ estafa y asociación para delinquir” . II. ANTECEDENTES 1.- El 22 de julio de 2025, Jesús Armando Soriano Martínez fue retenido en Bogotá con ocasión de la Notificación Roja de Interpol identificada con el número de control A2953/4-2021. 2.- El 25 de julio de 2025, a través de la Nota Verbal n.° 00678/2025, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela solicitó la detención preventiva con fines de extradición de Jesús Armando Soriano Martínez . 3.- El 29 de agosto de 2025, mediante la Nota Verbal n.° 00807/2025, el Gobierno venezolano formalizó la solicitud de extradición. El objetivo del requerimiento internacional es que el ciudadano comparezca al proceso penal seguido en su contra por la posible comisión de los delitos de “estafa y asociación para delinquir” , según la orden de aprehensión proferida, el 8 de febrero de 2021, por el Juzgado Vigésimo Segundo (22º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 4.- El 23 de septiembre de 2025, el director de Asuntos Internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho remitió a la Corte la documentación enviada por el Gobierno venezolano, previo concepto de su homólogo del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la vigencia entre Venezuela y Colombia del “Acuerdo sobre extradición, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911”. 5.- El 11 de febrero de 2026, a través del auto AP967-2026, la Sala resolvió las solicitudes probatorias de las partes. Entre otras determinaciones, ordenó (i) oficiar a la Fiscalía General de la Nación y a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la DIJIN para consultar los antecedentes del ciudadano reclamado, (ii) requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores para establecer el fundamento y estado actual del refugio solicitado por el reclamado y (iii) requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que solicite al Gobierno del país requirente copia legible de la decisión proferida el 30 de julio de 2025 por el Tribunal 22 de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. 6.- La defensa del reclamado interpuso recurso de reposición contra la decisión probatoria. Sin embargo, el 25 de marzo de 2026, la Sala decidió no reponer la determinación judicial recurrida. 7.- En el término previsto para la presentación de los alegatos de conclusión las partes se pronunciaron de la siguiente manera: 8.- La defensa argumenta que existen razones fundadas para creer que la vida e integridad de Jesús Armando Soriano Martínez estarían en riesgo en caso de concederse su entrega al Gobierno venezolano, específicamente porque la justicia venezolana no tiene independencia y se instrumentaliza para perseguir a los opositores del Gobierno Nacional. Además, llama la atención sobre la existencia de múltiples denuncias por parte de organismos internacionales respecto de la vulneración de derechos humanos en Venezuela. Por esas razones, pide la emisión de concepto desfavorable. 9.- A su turno, el representante del Ministerio Público considera que se satisfacen todos los requisitos convencionales y constitucionales que determinan la viabilidad de entregar en extradición a Jesús Armando Soriano Martínez . Por eso, solicita la emisión de concepto favorable. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 10.- El presente trámite se rige por el “Acuerdo sobre Extradición, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911”, mecanismo internacional que fue incorporado al ordenamiento jurídico interno de Colombia a través de la Ley 26 de 1913. Según el inciso 3 del artículo VIII del Acuerdo, las disposiciones del Código de Procedimiento Penal del país requerido también se pueden aplicar, siempre y cuando, no se opongan a las del instrumento internacional. 11.- La Sala deberá analizar los siguientes presupuestos: (i) conducto diplomático y validez formal de la documentación; (ii) plena identidad de la persona solicitada; (iii) principio de la doble incriminación; (iv) existencia de la decisión judicial que sirve de fundamento para la petición internacional y, por último; (v) las causales de improcedencia previstas en el instrumento internacional. Además, debe establecer que no concurra alguno de los presupuestos del artículo 35 de la Constitución Política que pueden obstaculizar la entrega, verificar la indemnidad de la garantía del non bis in ídem y establecer si la garantía de no extradición es aplicable. 3.1. Verificación de las condiciones constitucionales que impiden conceder la entrega de la persona solicitada 3.1.1. Presupuestos del artículo 35 de la Constitución Política 12.- De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. La extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana y no procederá por delitos políticos, ni cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma (17 de diciembre de 1997). 13.- En primer lugar, las conductas por las cuales es solicitado Jesús Armando Soriano Martínez no son de carácter político. Al contrario, se trata de hechos constitutivos de delitos comunes de “ estafa y asociación para delinquir” . Por eso, no se configura esta prohibición constitucional. 14.- El lugar y la fecha en que se cometieron los hechos de la solicitud internacional se analizan siempre que la persona reclamada tenga nacionalidad colombiana por nacimiento. En este caso, Jesús Armando Soriano Martínez nació en Santa Cruz de Mora, Venezuela, el 29 de septiembre de 1978. Por eso, la Sala no analizará las referidas circunstancias. 15.- En conclusión, los presupuestos del artículo 35 de la Constitución Política no se oponen a la entrega del requerido. 3.1.2. La prohibición de doble juzgamiento 16.- La jurisprudencia de la Sala ha expuesto que para conceder la entrega de la persona reclamada es necesario establecer que nuestro país no haya ejercido su jurisdicción respecto del mismo hecho que fundamenta el pedido internacional. En ese sentido, el principio de la cosa juzgada como faceta de la garantía constitucional del debido proceso es causal de improcedencia de la extradición (CSJ CP099-2026, 25 mar. 2026, radicado. 68100; CP026-2026, 4 feb. 2026, radicado. 68922; CP309-2025, 10 dic. 2025, radicado. 68921; CP286-2025, 26 nov. 2025, radicado. 68148, entre otras decisiones). 17.- La Fiscalía General de la Nación informó que Jesús Armando Soriano Martínez estuvo involucrado como indiciado en el proceso 110016099069202008032 por el delito de violencia intrafamiliar . Por su parte, la Policía Nacional indicó que el reclamado solo cuenta con la orden de captura dictada en su contra con ocasión de este trámite de extradición. En consecuencia, la Sala concluye que no existe riesgo o amenaza para la garantía del non bis in ídem del requerido y, en esa medida, este aspecto no se opone a su entrega. 3.1.3. Garantía de no extradición 18.- En este caso, a partir de la información suministrada en el expediente de la extradición, no es posible establecer algún vínculo entre Jesús Armando Soriano Martínez y la desmovilizada guerrilla de las FARC-EP. Además, la parte interesada no informó nada al respecto. Por estos motivos, la Sala considera que no hay lugar a aplicar la prerrogativa prevista en el artículo 19 transitorio del Acto Legislativo 01 de 2017 para los exintegrantes de dicho grupo armado. 3.2. Verificación de los requisitos contenidos en el Acuerdo sobre Extradición, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911 3.2.1. Validez formal de la documentación aportada por el país requirente y decisión judicial que fundamenta la solicitud de extradición 19.- De acuerdo con el artículo VIII del Acuerdo sobre Extradición de Caracas, el Gobierno del país requirente debe aportar copia de la sentencia condenatoria, si el prófugo hubiese sido juzgado y condenado; o del auto de detención dictado por el tribunal competente. Además, la decisión judicial que sustente la solicitud de extradición debe contener la designación exacta del delito que la motivó y de la fecha de su ejecución; el fundamento probatorio; la ley aplicable al caso y las señas de la persona reclamada. 20.- En este caso, el Gobierno de la República de Venezuela aportó copia de la orden de aprehensión proferida, el 8 de febrero de 2021, por el Juzgado Vigésimo Segundo (22º) de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. En la decisión se relaciona la identidad de la persona solicitada; los hechos y circunstancias que dieron origen a la activación de la acción penal venezolana; los elementos materiales probatorios que sustentaron la orden de detención; los delitos cometidos y las normas sustanciales que definen y sancionan penalmente las conductas atribuidas a Jesús Armando Soriano Martínez . 21.- Adicionalmente, cada uno de los documentos aportados con el requerimiento internacional está firmado por la autoridad que los emitió. Asimismo, en el expediente está la copia del certificado de apostille número G28J08N52H14908 del 28 de agosto de 2025. 22.- El artículo I del Acuerdo establece que “ para que la extradición se efectúe, es preciso que las pruebas de la infracción sean tales, que las leyes del lugar en donde se encuentren el prófugo o enjuiciado, justificarían su detención o sometimiento a juicio, si la comisión tentativa o frustración del crimen o delito se hubiese verificado en él ”. En este caso, 21 medios de conocimiento sustentaron la orden de aprehensión que se dictó en contra de Jesús Armando Soriano Martínez , de los cuales se destacan seis elementos que delimitan el acontecer fáctico y relacionan al ciudadano requerido con la posible ejecución de los hechos investigados en la jurisdicción venezolana: (…) 2.- Acta de Investigación Penal , de fecha 15 de Agosto de 2020, suscrita por el Detective Agregado Alberto Herrera, adscrito a la División de Investigaciones Contra Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada en la presente averiguación: (…) En esta fecha, siendo las 09:30 horas de la mañana, compareció por (sic) ante este Despacho el funcionario Detective Agregado Alberto Herrera, adscrito a esta División, quien (…) deja constancia de la siguiente diligencia policial efectuada en la presente averiguación: Siendo las 09:00 horas de la mañana y encontrándome en labores de guardia en esta oficina, se presentó de manera espontánea una ciudadana quien adujo ser y llamarse: Cristina Lobo, (…), la misma manifestó su deseo de consignar un escrito de denuncia, por lo que fue recibida por el funcionario Comisario Eleomar PEREZ GUAITA, Jefe del Área de Investigaciones de este Despacho, quien luego de atender a la mencionada ciudadana y le permitiera su retiro el mismo me hizo entrega de documentación concerniente a la razón social y a los ciudadanos: Jesús Soriano, titular de la cédula de identidad V-13.533.002 y Oscar Varoni (Por identificar), quienes fungen como representantes legales de las empresas supra mencionadas respectivamente, por cuanto la sociedad mercantil agraviada tiene como objeto importar materia prima tal como Maíz Blanco, destinada a la fabricación de producto de la canasta básica (Harina de Maíz precocida), con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria del país, motivo por el cual solicitaron los servicios de los investigados como operadores cambiarios para la negociación y conversión de la cantidad de treinta y ocho mil nueve millones seiscientos ochenta mil cien bolívares (Bs. 38.009.680.100,00), a tres millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y tres con ochenta y dos centavos de dólares americanos ($3.947.353,82), donde luego de realizadas las diferentes transacciones bancarias, los investigados no entregaron el rubro en cuestión, ni reintegraron el capital invertido, generándose de esta acción un perjuicio económico por la cantidad antes descrita en contra de la víctima (…) 6.- Acta de Entrevista , de fecha 01 de Septiembre de 2020, rendida por la ciudadana SABRINA DOS SANTOS , por ante la División de Investigaciones Contra Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, quien manifestó no tener impedimento alguno en sostener la entrevista y en consecuencia expone: (…) Me encuentro en esta Oficina, por cuanto funcionarios de esta institución, se presentaron en un inmueble ubicado en la Urbanización Bello Monte, específicamente en el edificio Litorio, preguntando por mí, motivo por el cual me presenté en esta oficina es donde explican que se encuentran realizando una investigación y el objeto de la misma es una estafa, en la cual la cuenta Jurídica de la Empresa Inversiones BUBBA DASS, se ve favorecida de varias transferencias realizadas en contra de la empresa que funge como víctima, necesitando que aclare el motivo por el cual la empresa que represento recibe esos créditos, tal es el caso que tengo un amigo de nombre Jesús SORIANO, quien me indicó que trabajaba con los criptoactivo, haciéndome referencia que tenía sus cuentas bancarias bloqueadas, motivo por el cual me solicitó la cuenta jurídica de la empresa que represento en este acto, para recibir el pagos de las criptomonedas que comercializaba a través del internet, accediendo al favor que en ese momento me solicito mi entonces amigo Jesús, una vez que el dinero ingresaba en la cuenta de la empresa yo transfería todo ese capital a unas cuentas que me suministraba este ciudadano, es todo. SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR INTERROGA AL DENUNCIANTE DE LA SIGUIENTE MANERA PRIMERA Diga Usted, recuerda las fechas cuando se realizaron las operaciones electrónicas mencionada en su exposición? CONTESTO: “Esas operaciones se realizaron el mes de julio del año 2019” SEGUNDA PREGUNTA: Indique, el nombre de la Compañía Anónima que representa en este acto? CONTESTO: “La Empresa que represento se llama Inversiones BUBBA DASS, Registro de Información Fiscal (RIF) J-410510905” TERCERA PREGUNTA: Diga usted, cargo que ostenta o cuál es su participación dentro de la empresa antes mencionada? CONTESTO: “Soy la Directora General” CUARTA PREGUNTA: Indique, cuál es el objeto social de la empresa Inversiones BUBBA DASS? CONTESTO: “La empresa tiene como objeto social la fabricación, importación y exportación de productos para niños, tales como taza, platos, cubiertos alimentos, instalación de tiendas y Kiosco de alimentos, entretenimiento, entre otros” QUINTA PREGUNTA: Diga Usted, la dirección Fiscal de la empresa en cuestión? CONTESTO: “Ruta G casa número 204 los Campitos Municipio Baruta, estado Bolivariano de Miranda” SEXTA PREGUNTA: Diga usted, la razón social actualmente se encuentra comercialmente activa? CONTESTO: “Sí, aunque dejamos de laborar en los Campitos desde octubre desde año pasado, fecha desde la cual iniciábamos, pero antes en SENIAT, no está cesante” SEPTIMA PREGUNTA: Indique los dígitos que conforman la cuenta en donde recibe los fondos producto de la presente investigación? CONTESTO: 0105-0031-1010-3173-0524, del Banco Mercantil a nombre de Inversiones BUBBA DASS (…) DECIMA PRIMERA PREGUNTA: Diga Usted tiene conocimiento o cual es la profesión u oficio del ciudadano Jesús Soriano? CONTESTO: “El me comentó que era Abogado, se desenvolvía como docente en criptoactivo y también los comercializaba” DECIMA SEGUNDA PREGUNTA: Diga Usted tiene conocimiento que este ciudadano sea socio o representante legal de alguna sociedad mercantil? CONTESTO: Él es representante legal de varias empresas entre ellas SATOSHI CRIPTO BANK CA; SATOSHI TRADER FUNDA-CION SATOSHI MERCY, SATOSHI CRIPTOPOLY y SCB LATAM LLC (…) VIGÉSIMA PRIMERA PREGUNTA: Diga Usted, conoce de vista trato y comunicación a los ciudadanos Betina BRUMM y Oscar VARONI? CONTESTO: Betina no la conozco, pero a Oscar Varoni, si lo llegué a conocer a través de Jesús SORIANO (…) VIGÉSIMA QUINTA PREGUNTA: Diga Usted, recuerda cuantas transacciones recibió en la cuenta bancaria jurídica de la empresa, que representa en este acto por instrucciones del ciudadano Jesús SORIANO? CONTESTO: “No recuerdo con exactitud, pero fueron muchas” VIGÉSIMA SEXTA PREGUNTA: Diga usted logro cuantificar que cantidad de bolívares recibió en la cuenta de la empresa que representa por instrucciones de este ciudadano? CONTESTO: “Recibo en la cuenta del banco mercantil la cantidad de Trece mil ciento quince millones doscientos ochenta mil cien (13.115.280.100,00 Bs), los cuales fueron transferidos a otras cuentas suministradas por el ciudadano Jesús SORIANO” VIGÉSIMA SÉPTIMA PREGUNTA: Diga Usted, recuerda las características de las cuentas abonadas productos de las transferencias electrónicas en contra de la cuenta jurídica de la empresa que representa? CONTESTO: “Sí parte de este dinero se transfirió a las siguientes cuentas 1- ) 0102-0759-2800-0003-7992, de la entidad financiera Banco de Venezuela, a nombre de INVERSIONES LA HUERTA 65 C.A. 2- ) 0105-0086-410-8613-8589, de la entidad financiera Banco Mercantil, a nombre FLETES CRUZ 2013, C.A Registro de Información Fiscal (RIF) J-402297122, 3- ) 0105-0687-5416-8717-1866, de la entidad financiera Banco Mercantil, a nombre de EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y DISTRIBUIDORA DILO. Registro de Información Fiscal (RIF) J-406561169, posteriormente consigné el total de las transferencias realizadas a estas empresa y el monto total” VIGÉSIMA SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Explique, con que finalidad realizaba estas operaciones a favor y en contra de la cuenta jurídica de la empresa que representa? CONTESTO: “Una vez que el dinero estaba en mi cuenta, yo hacía las transferencias a las cuentas de las empresas arriba mencionadas con concepto de la compra de divisas, una vez que los representantes verificaban que la operación era exitosa procedían a transferir la respectiva moneda americana (dólares) a la cuenta de la empresa SCB LATAM LLC la cuenta número 9970621737, del Banco WELLS FARGO BANK NA VIGÉSIMA OCTAVA PREGUNTA Diga Usted, posee soporte de lo antes mencionado? CONTESTO: Sí deseo consignar email relacionados a las negociaciones para la compra y venta de divisas y criptomonedas algunos de las operaciones realizada a favor de la empresas que nos vendían los dólares (EL FUNCIONARIO RECEPTOR DEJA CONSTANCIA HABER RECIBIDO DE MANOS DE LA ENTREVISTADA LO ENTES EXPUESTO) VIGÉSIMA NOVENA PREGUNTA: Diga Usted, conoce de vista trato y comunicación a la ciudadana Cristina LOBO? CONTESTÓ: No TRIGÉSIMA PREGUNTA: Diga Usted. Conoce de vista trato y comunicación a los representantes legales de la razón social ESAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CA? CONTESTO: “No los conozco, pero si recuerdo a esa empresa por cuanto por instrucciones de Jesús hice varias transferencias a la cuenta de la empresa GOS2 INTERNACIONAL LLC, la cual está a nombre de Alex David GUTIERREZ RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad número V-17.952513 transfiriéndole en bolívares para comprar la cantidad de 155.017,23 dólares, mientras que a la cuenta de la empresa INDUCHEM CA RIF J-3030860654, a quien le transferí los bolívares para la compra de 150.000 dólares es decir que esos dólares fueron transferidos a la cuenta de el extranjero de la empresa ESAL IMPORTACIONES (…) 8.- ACTA DE ENTREVISTA , de fecha 02 de Septiembre de 2020, rendida por la ciudadana MARIA , por ante la División de Investigaciones Contra Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, quien manifestó no tener impedimento alguno en sostener la entrevista y en consecuencia expone: (…) SEGUIDAMENTE EL FUNCIONARIO RECEPTOR PROCEDE A INTERROGAR A LA ENTREVISTADA DE LA SIGUIENTE MANERA PRIMERA PREGUNTA: (…) OCTAVA PREGUNTA: Diga usted, tiene conocimiento que el ciudadano antes mencionado posea algún vehículo automotor? CONTESTO “Sí este sujeto posee varios vehículos automotor entre ellos una camioneta marca Toyota, modelo: Tundra, color: Negro, asimismo una moto, de alta cilindrada marca Benelli, color: Blanca, tipo Racing, y un vehículo marca: Chery, modelo Orinoco, color Blanco”. NOVENA PREGUNTA Diga usted tiene conocimiento si este ciudadano figure como representante legal de alguna empresa? CONTESTO “Si, el mismo figura como representante legal de las empresas SATOSHI CAPITAL 212, C.A SATOSHI TRADER, C.A y SATOCHI CRIPTO BANK, C.A (…) DECIMA PRIMERA PREGUNTA: Diga usted tiene conocimiento que profesión u oficio posee el ciudadano JESUS SORIANO? CONTESTO “Tengo entendido que es Abogado y se dedica en el área de Criptoactivo” DECIMA SEGUNDA PREGUNTA: Diga usted tiene conocimiento si este ciudadano figure como representante legal de alguna empresa en el extranjero? CONTESTO “Sí, el mismo figura como representante legal de la empresa: SCB LATAM LLC, ubicada en los Estados Unidos de Norte América” (…) 11.- Acta de Entrevista , de fecha 16 de Octubre de 2020, rendida por el ciudadano PEDRO VILLARROEL , por la Fiscalía Trigésima Octava (38°) Nacional Plena, quien manifestó no tener impedimento alguno en sostener la entrevista y en consecuencia expone: (…) PRIMERA PREGUNTA: Diga usted, cuál es la actividad comercial que realiza la Sociedad Mercantil K-EDRO C.A. CONTESTO: La actividad comercial es venta de equipo de tecnología y Desarrollo de Proyectos Tecnológicos. SEGUNDA PREGUNTA: Diga usted, recuerde la fecha en que la empresa K-EDRO CA recibió los pagos y transferencias electrónicas producto de la venta y compra de BTC Y DÓLARES ordenada por JESÚS SORIANO? CONTESTO: Eso fue en el mes de julio y agosto de 2019. TERCERA PREGUNTA: Diga usted, cuál es el nombre de la Sociedad Mercantil que representa? CONTESTO: Se llama K-EDRO, RIF J-403424250. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, cuál es la dirección Fiscal, de la empresa K-EDRO RIF J-403424250? CONTESTO: Urbanización Valle Abajo, avenida Universidad, Edificio San Pedro, piso 2, apartamento 2-10, parroquia San Pedro, Municipio Libertador. (…) OCTAVA PREGUNTA: Diga usted, tiene conocimiento qué se dedica el ciudadano JESÚS SORIANO? CONTESTO: Se presenta como profesor y/o especialista en la cátedra de criptoactivos, imparte clases, cursos y talleres en los lugares antes mencionados, así como también según lo puesto por él, es empresario, y representa presuntamente a varias empresas, entre estas SCB LATAM LLC, SATOSHI CRIPTOPOLI MERCY y SATOCHI CRIPTO CONSULTORES; SATOSHI A TIEMPO; las cuales se encuentran ubicadas en la Torre Gerencial Las Mercedes, en las oficinas antes mencionadas, teléfonos 0212-993-92-18 y 0424-201-58-81, mientras que la empresa SCB LATAM LLC se encuentra en los Estados Unidos de Norte América. (…) DÉCIMA PRIMERA PREGUNTA: Diga usted, tiene conocimiento que esta empresa realizó diversos pagos a empresa que usted representa, denominada K-EDRO CA? CONTESTO: Tendría que revisar los estados de cuenta, y de haber recibidos pagos y/o transferencias serían lo que ustedes me están manifestando, los cuales fueron recibidos como manifesté en mi entrevista por compra y venta de criptoactivos, que me reportaba JESÚS SORIANO, los cuales eran transformados en BTC y DÓLARES por instrucciones del antes mencionado JESÚS SORIANO. (…) DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Diga usted, si recuerda de cuánto asciende la cantidad de bolívares que recibió la empresa K-EDRO CA en el mes de julio y agosto de 2019, en la cuenta del Banesco? CONTESTO: Aproximadamente como veinticinco mil millones de bolivares (25.060.000.000 Bs), los cuales fueron transferidos a otras cuentas suministradas por el ciudadano JESÚS SORIANO DÉCIMA CUARTA PREGUNTA: Explique cual era el procedimiento que realizaba usted, cuando la empresa K-EDRO CA recibía los depósitos y/o transferencia, los cuales le eran informados por JESÚS SORIANO Y CONTESTO: Una vez que JESÚS SORIANO me reportaba el pago y/o transferencia recibidos en la empresa KEDRO CA y por instrucciones de éste, realizaba transferencias a proveedores encargadas para la compra de divisas posteriormente los representantes verificaban que la operación era exitosa, procedían a transferirle la respectiva moneda extranjera (dólares) a la cuenta de la empresa SCB LATAM LLC, la cuenta N° 9970621737, del Banco WELLS FARGO BANK NA, mientras que los ETC, eran enviados a los monederos que se encuentra reflejados en la entrevista que me fue tomada en Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas DÉCIMA QUINTA PREGUNTA: Diga usted posee los respectivos soportes de las transacciones realizadas a la empresa SCB LATAM LLC, la cuenta N° 9970621737 y de los recibidos de BTC que realizó por instrucciones de JESÚS SORIANO? CONTESTO: Sí, los cuales los consignaré oportunamente, DÉCIMA SEXTA PREGUNTA: Diga usted conoce de vista trato y comunicación a la ciudadana CRISTINA LOBO? CONTESTO: No la conozco. DÉCIMA SÉPTIMA PREGUNTA: Diga usted, si el ciudadano JESÚS SORIANO compró acciones en la empresa K-EDRO C.A? CONTESTO: No, todo fue mentira, JESÚS SORIANO, lo que hizo fue dañar el prestigio de la empresa que represento, así como el de mi persona, sin embargo, ante la panademia me manifestó para comprar unas acciones, pero nunca se concretó nada, lo que sí fue que se firmaron unas alianzas estratégicas entre sus empresas y mi persona, las cuales consignaré próximamente. (…) 19.- Acta de Entrevista , de fecha 13 de Noviembre de 2020, rendida por el ciudadano DANIEL CRESPO , por ante la División de Investigaciones Contra Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, quien manifestó no tener impedimento alguno en sostener la entrevista y en consecuencia expone: (…) SEXTA PREGUNTA: Diga usted, dónde se encuentra ubicada la empresa denominada DANIELS EXPRESS, C.A.? CONTESTO: La empresa no se encuentra activa y no posee algún tipo de espacio físico, desde hace diez (10) años aproximadamente. SÉPTIMA PREGUNTA: Diga usted, cuál es el objeto de la empresa denominada DANIELS EXPRESS, C.A.? CONTESTO: La empresa estaba facultada para brindar todos servicios relacionados al transporte terrestre. OCTAVA PREGUNTA: Diga usted, cuál es estatus actual de la cuenta jurídica bancaria? CONTESTO: La cuenta jurídica se encuentra bloqueada desde el año 2019. NOVENA PREGUNTA: Diga usted, por qué motivo facilitó los datos bancarios al ciudadano Joel OSPINA? CONTESTO: Por cuanto me indicó que le daría uso a la cuenta realizando movimientos bancarios, así mismo me indicó que un amigo de él, de nombre David PARADA, necesitaba vender unas divisas americanas las cuales eran de un ciudadano de nombre JESÚS SORIANO. DÉCIMA PREGUNTA: Diga usted, cuál fue el monto total recibido en la cuenta bancaria objeto de la presente averiguación y cómo fueron distribuidos dichos fondos? CONTESTO: El monto total fue de tres millones seiscientos sesenta y seis millones de bolívares (3.666.000.000,00 Bs), pero desconozco hacia dónde fueron dirigidos los fondos por cuanto yo le había facilitado el usuario y contraseña de la banca Online a mi amigo Joel OSPINA y él realizaba las transferencias que su amigo David PARADA le indicaba. (…) DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Diga usted, conoce de vista, trato y comunicación al ciudadano que menciona como Jesús SORIANO? CONTESTO: No. (…) 20.- Acta de Entrevista , de fecha 06 de Octubre de 2020, rendida por la ciudadana MARIA HUERTA , por ante la División de Investigaciones Contra Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, quien manifestó no tener impedimento alguno en sostener la entrevista y en consecuencia expone: (…) PRIMERA PREGUNTA: Diga usted, cuál es la actividad comercial que realiza la Sociedad Mercantil Inversiones la Huerta 65 C.A? CONTESTO: importación y exportación de todo tipo de alimentos, perecederos y no perecederos. SEGUNDA PREGUNTA: Diga usted, recuerde la fecha en que la Sociedad Mercantil Inversiones la Huerta 65 C.A, recibió los pagos y/o transferencias electrónicas producto la empresa K-EDRO C.A CONTESTO: No recuerdo la fecha exacta, fue en Julio de 2019, en la cuenta del Banco de Venezuela, y el monto fue de Doscientos Ochenta y Ocho Millones, novecientos sesenta bolívares (Bs. 288.900.000,00). TERCERA PREGUNTA: Diga usted, conoce de vista, trato y comunicación a la ciudadana CRISTINA LOBO? CONTESTO: No la conozco. CUARTA PREGUNTA: Diga usted, ha realizado algún tipo de negociación comercial con la Sociedad Mercantil ESAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES C.A? CONTESTO: Nunca, ni siquiera quienes son sus representantes legales. QUINTA PREGUNTA: Diga usted, cómo conoció al ciudadano JESÚS SORIANO? CONTESTO: Lo conocí en los cursos que dictaba en materia de Criptoactivos, en el Centro Comercial las Mercedes. SEXTA PREGUNTA: Diga usted, el motivo por el cual la Sociedad Mercantil Inversiones la Huerta 65 C.A recibió en el mes de Julio de 2019, pagos y/o transferencia por la cantidad de Doscientos Ochenta y Ocho Millones, novecientos sesenta bolívares (Bs. 288.900.000,00). CONTESTO: Como manifesté en mi declaración, el ciudadano JESÚS SORIANO, lo conocí Centro Comercial las Mercedes, en las oficinas donde dictaba charts, talleres y cursos en materia de Criptoactivos, y en una de esas clases a la que asistí, me abordó y entablamos una conversación, manifestando que él no solamente se dedicaba a dar clases en materia de Criptoactivos, sino que además era un hombre de negocio, que tenía empresa relacionada con Criptoactivos, y que se encontraba captando pequeñas empresas para hacer alianzas comerciales, adicional a eso me manifestó que estaba interesado en pertenecer a la junta directiva de empresa que represento, por lo que me interese en su propuesta la cual consistía en utilizar la cuenta de la empresa que represento, para recibir los bolívares de los clientes que querían comprar Bitcoin, clientes estos que eran captados por el ciudadano JESÚS SORIANO, posteriormente él me llamaba para verificar el pago, y me ordenaba hacer diversos pagos a terceros para cancelar a los proveedores de Criptoactivos y/o Bitcoin, quienes a su vez estos le transferían los Bitcoin, a los clientes que eran captados por JESÚS SORIANO, pero esta operación solo la hice en dos oportunidades. SÉPTIMA PREGUNTA: Diga usted, tiene conocimiento cuál era el procedimiento que se realizaba para el cliente recibiera los Criptoactivos y la Bitcoin una vez que efectuaran la cancelación en Bolívares a su cuenta CONTESTO: El ciudadano JESÚS SORIANO, me indicó que él se encargaría de captar a los clientes, que estuviesen interesados en comprar Criptoactivos, seguidamente mi empresa recibía los Bolívares, posteriormente debía de transferir a un tercero, que era presuntamente el propietario de los Criptoactivos, y ellos a su vez se iban a encargar de transferir los Bitcoin a los compradores. OCTAVA PREGUNTA: Diga usted, tiene conocimiento qué persona natural o jurídica se realizó los pagos por la presunta compra de Criptoactivos? CONTESTO: Fue una empresa, de nombre BUBBA DASS C.A pero desconozco quienes son sus accionistas y/o representantes. (…) DÉCIMA PREGUNTA: Diga usted, percibió una comisión y/o ganancia por la venta de Criptoactivos y/o Bitcoin CONTESTO: La comisión y/o ganancia que percibió la sociedad Mercantil Inversiones la Huerta 65 C.A fue muy mínima, ya que me interesaba era expandirme a nivel internacional y realizar alianzas comerciales (…) DÉCIMA SEGUNDA PREGUNTA: Diga usted, ha realizado algún tipo de negociación comercial con la Sociedad Mercantil denominada K-EDRO C.A? CONTESTO: No, jamás había escuchado de esa empresa, desconozco quienes son sus accionistas o su representante DÉCIMA TERCERA PREGUNTA: Diga usted, tiene conocimiento si el ciudadano JESÚS SORIANO representa alguna Sociedad Mercantil? CONTESTO: Él me comentó que representaba legal de varias empresas, entre las cuales se mencionan la siguiente: SATOSHI CRIPTO BANK C.A., SATOSHI TRADER, FUNDACIÓN SATOSHI MERCY, SATOSHI CRIPTOPOLI y SCB LATAM LLC (...) (sic a todo) 23.- En términos generales, a partir de los elementos de convicción relacionados, por lo menos se puede concebir una aproximación de la manera en que posiblemente Jesús Armando Soriano Martínez , y su socio, engañaron a Cristina Lobo respecto de su aparente negocio de cambio de divisas para que ella pudiera importar el maíz que necesitaba para su empresa de alimentos. 24.- Según la denuncia que formuló Cristina Lobo, entre julio y agosto de 2019, transfirió la suma de 38.009.680.100,00 bolívares a diferentes cuentas bancarias proporcionadas por Jesús Armando Soriano Martínez . Esto en virtud de un acuerdo mercantil suscrito con el propósito de cambiar los bolívares a dólares y, de esta manera, poder importar una cantidad determinada de maíz. 25.- Sabrina dos Santos, María, Pedro Villarroel, Daniel Crespo y María Huerta coinciden en identificar a Jesús Armando Soriano Martínez como representante de las empresas “ SATOSHI CRIPTO BANK C.A., SATOSHI TRADER, FUNDACIÓN SATOSHI MERCY, SATOSHI CRIPTOPOLI y SCB LATAM LLC ”. También identifican a Óscar Varoni como socio de Soriano Martínez . Además, señalaron que ambas personas se dedican al cambio de divisas y a los criptoactivos. 26.- Justamente, en el año 2019, cada uno de los declarantes facilitó cuentas bancarias para recibir dineros gestionados por Jesús Armando Soriano Martínez , sin que realmente existiera certeza del origen del dinero. Aparentemente, esa fue la forma en que el requerido obtuvo el provecho ilícito derivado de la negociación con Cristina Lobo. 27.- Varios de los declarantes informaron que Jesús Armando Soriano Martínez les pidió el favor de recibir dineros en sus cuentas y después les dijo que reenviaran el dinero a otras personas o empresas bajo el argumento de pagos de insumos o compras de moneda. En cualquier caso, la mayoría de las transacciones finalizaron con el dinero convertido en dólares y depositado en la cuenta de la empresa SCB LATAM LLC , cuyo representante legal es Jesús Armando Soriano Martínez . 28.- El artículo 308 del Código de Procedimiento Penal colombiano establece que la medida de aseguramiento es procedente siempre que se pueda inferir razonablemente la participación del procesado en el delito. Además, debe concurrir por lo menos una de estas circunstancias: (i) necesidad de la medida, (ii) peligro para la víctima o la sociedad y (iii) riesgo de fuga[footnoteRef:1]. [1: ARTÍCULO 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos: 1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia. 2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima. 3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. ] 29.- En este caso, por lo menos, es posible inferir la posible participación de Jesús Armando Soriano Martínez en los hechos del pedido internacional, ya que él fue quien se comprometió con Cristina Lobo a cambiar 38.009.680.100,00 bolívares por 3.947.353,82 dólares con la finalidad de importar una cantidad determinada de maíz. Aparentemente, Soriano Martínez recibió el dinero a través de interpuestas personas naturales y jurídicas y, después lo depositó en la cuenta de una de sus empresas. Finalmente, según la denuncia, el requerido no devolvió el dinero a su propietaria ni cumplió con el objeto del negocio pactado. 30.- Adicionalmente, el riesgo de que el requerido no comparezca al proceso penal está acreditado, justamente, porque se refugió en Colombia con finalidad de evadir la acción penal venezolana. 31.- Así las cosas, la Sala verificó que la solicitud de extradición se formuló por la vía diplomática y se acompañó de la documentación necesaria y válida. Además, determinó que las pruebas recaudadas por las autoridades venezolanas, eventualmente, podrían generar la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad bajo las disposiciones del ordenamiento jurídico colombiano. 32.- En ese orden de ideas, los presupuestos convencionales analizados en este apartado se cumplen en debida forma. 3.2.2 Plena identidad de la persona solicitada en extradición 33.- La finalidad que persigue el presupuesto de la plena identidad del reclamado es constatar que la persona solicitada por el Estado requirente coincida con la que fue aprehendida con fines de extradición en el Estado requerido, de tal forma que exista certeza de que se trata del mismo ciudadano. 34.- De acuerdo con la información suministrada en el expediente de la extradición, el Gobierno de Venezuela solicitó la entrega del ciudadano venezolano Jesús Armando Soriano Martínez , nacido en Santa Cruz de Mora, Venezuela, el 29 de septiembre de 1978. El requerido se identifica con la cédula de identidad venezolana número V-13.533.002. 35.- En el momento en que se efectuó la captura, el reclamado se identificó con el nombre y número de documento referidos anteriormente. Además, con esos datos de identificación personal suscribió el acta de notificación de captura con fines de extradición, el acta de notificación de derechos del capturado y la constancia de buen trato, documentos que fueron firmados con huella por Jesús Armando Soriano Martínez . 36.- Adicionalmente, la identidad del ciudadano fue corroborada mediante informe pericial de dactiloscopia forense rendido el 22 de julio de 2025, cuyo análisis técnico concluyó que las impresiones dactilares del capturado corresponden plenamente con las del registro enviado por las autoridades venezolanas y con los registros almacenados en el Centro de Consulta Técnica de la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre de Jesús Armando Soriano Martínez. 37.- Así las cosas, la Sala concluye que no hay duda en cuanto a la plena identidad de la persona pedida en extradición y su correspondencia con la que se encuentra privada de la libertad con ocasión de este asunto. 3.2.3 Principio de la doble incriminación 38.- De acuerdo con las disposiciones del Acuerdo sobre Extradición adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911, la verificación del presupuesto de la doble incriminación se efectúa a partir del análisis de los siguientes aspectos: (i) que los comportamientos atribuidos al requerido sean considerados como delito en ambos países; (ii) que el máximo de la pena imponible supere los seis meses de prisión y, por último; (iii) que el delito se encuentre dentro de la lista de punibles respecto de los cuales el Acuerdo expresamente determina que procede la entrega. 39.- Según la orden de aprehensión del 8 de febrero de 2021, el fundamento fáctico del proceso penal que sirve de sustento para la solicitud de extradición de Jesús Armando Soriano Martínez es el siguiente: Es el caso ciudadano Juez, que el día QUINCE (15) DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, se presentó la División de Investigaciones Contra Fraude y Estafa del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, una ciudadana que se identificó como CRISTINA LOBO (víctima), representante legal de la empresa ESAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C.A., consignando escrito de denuncia donde manifiesta que en el año 2019, necesitaba importar la cantidad de sesenta (60) toneladas de maíz blanco, el cual sería destinado a la fabricación de un producto de la cesta básica (harina de maíz pre-cocida), con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria del país, dicha materia prima que tenía un valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES DÓLARES CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.947.353,82), motivo por el cual necesitaba convertir su capital económico de Bolívares a divisas americanas, para honrar sus compromisos adquiridos con sus proveedores en el extranjero. En vista de lo acontecido, solicitaron la intermediación del ciudadano JESÚS ARMANDO SORIANO MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad V-13.533.002, con quien sostuvieron diversas reuniones entre los meses de Julio y Agosto de 2019, reuniones en la que también estuvo presente su socio OSCAR GREGORIO VARONIN BUENO, quienes se comprometieron en conseguir las divisas americanas que necesitaban con el grupo de empresas que representaban y con otras empresas de su confianza, asimismo le indicaron a los Representante de la empresa ESAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, C.A., que para iniciar el proceso de conversión de moneda, necesitaban que transfirieran los bolívares a las cuentas: 1) Banco Banesco, Cuenta N° 0134-0224-8622-4102-8871, a nombre de la empresa GRUPO K-ENDRO C.A y 2) Banco Mercantil, Cuenta N° 0105-0031-1010-3173-0524, a nombre de la empresa BUBBA DASS C.A., cuentas en las que transfirieron un total de TREINTA Y OCHO MIL NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL CIEN BOLÍVARES (BS. 38.009.680.100,00). N° Fecha de la Transferencia Bolívares Monto Equivalente en Dólares Pagado Por Pagar 1 11/07/2019 2.888.000.000,00 US$ 380.000,00 US$ 242.286,18 US$ 137.713,82 2 11/07/2019 469.700.000,00 US$ 61.000,00 US$ 0,00 US$ 61.000,00 3 11/07/2019 6.741.200.000,00 US$ 887.000,00 US$ 0,00 US$ 887.000,00 4 16/07/2019 4.565.000.000,00 US$ 550.000,00 US$ 0,00 US$ 550.000,00 5 16/07/2019 4.305.000.000,00 US$ 525.000,00 US$ 0,00 US$ 525.000,00 6 17/07/2019 4.720.800.000,00 US$ 562.000,00 US$ 0,00 US$ 364.643,00 7 25/07/2019 3.901.680.100,00 US$ 364.643,00 US$ 0,00 US$ 364.643,00 8 31/07/2019 4.492.800.000,00 US$ 384.000,00 US$ 0,00 US$ 384.000,00 9 02/08/2019 526.500.000,00 US$ 44.640,00 US$ 0,00 US$ 44.640,00 10 07/08/2019 5.399.000,00 US$ 435.000,00 US$ 0,00 US$ 435.000,00 MONTO TOTAL POR PAGAR 3.950.996,82$ Es el caso, que desde un inicio que se comenzó a realizar las transferencias bancarias, las primeras transferencias en divisas que le fueron realizadas a ESAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES C.A., por parte del ciudadano JESUS SORIANO, fueron realizadas en fecha y por los montos siguientes: A) 26/07/2019 por US$ 99.955,00; B) 02/08/2019 por US$ 65.000,00; C) 02/08/2019 por US$ 74.931,00, D) 02/08/2019 por US$ 96.533,00. Cabe destacar que todas estas transferencias fueron rechazadas y devueltas al remitente por parte de la institución financiera en donde ESAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES C.A., tiene su cuenta en divisas, debido a que remitente de estas transferencias, la empresa extranjera denominada SCB LATAM LLC, constituida en el Estado de Delaware, Estados Unidos de América, de la cual presuntamente JESUS SORIANO, es propietario y su director, teniendo por objeto actividades de criptomonedas y criptoactivos, actividades estas no permitidas por la mayoría de las instituciones financieras mundiales. Es hacer notar que la empresa ESAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES C.A., nunca estuvo en conocimiento de la rama de negocio a la que se dedicaba esta entidad extranjera, situación que casi hace que la institución financiera cerrara la cuenta por violación a las políticas financieras internas. Por último, es importante destacar que a través de ciudadano JESUS ARMANDO SORIANO y OSCAR GREGORIO VARONIN BUENO, se transaron el equivalente en bolívares la suma de CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 4.193.283,00), y/a la fecha la empresa ESAL IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES C.A., solamente ha recibido la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS DÓLARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (US$ 242.286,18), quedando pendiente a la fecha del día de hoy la cantidad de TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS (US$ 3.950.996,82), sin que hasta la presente fecha haya sido imposible su reintegro a pesar de los múltiples intento amigables y gestiones extrajudiciales para lograr el pago; en vista de lo ante expuesto, procedieron a realizar la respectiva denuncia. (sic a todo) 40.- Las autoridades judiciales venezolanas atribuyeron a Jesús Armando Soriano Martínez la comisión de los delitos de “ estafa y asociación para delinquir ”, los cuales están tipificados en el artículo 462 del Código Penal de Venezuela y el artículo 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. CAPÍTULO III De la estafa y otros fraudes Artículo 462. El que, con artificios o medios capaces de engañar o sorprender la buena fe de otro, induciéndole en error, procure para sí o para otro un provecho injusto con perjuicio ajeno, será penado con prisión de uno a cinco años. La pena será de dos a seis años si el delito se ha cometido: (…) Capítulo III De los delitos contra el orden público Asociación Artículo 37. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada, será penado o penada por el solo hecho de la asociación con prisión de seis a diez años. 41.- Las conductas por las cuales es requerido el ciudadano Jesús Armando Soriano Martínez también están prohibidas en el ordenamiento jurídico colombiano y, en principio, se corresponden con lo descrito en los artículos 246 y 340 del Código Penal de Colombia. ARTÍCULO 246. ESTAFA. El que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses y multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes (…) ARTÍCULO 340. CONCIERTO PARA DELINQUIR. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. (…) La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir o sean servidores públicos. 42.- Como puede verse, tanto en Venezuela como en Colombia las conductas atribuidas a Jesús Armando Soriano Martínez constituyen delito. Además, en ambos ordenamientos jurídicos tienen prevista una pena de prisión máxima que supera los seis meses de prisión. 43.- Adicionalmente, el numeral 10 del artículo II del Acuerdo Bolivariano de Extradición habilita la extradición por el delito de “fraude que constituya estafa o engaño”. Por su parte, el numeral 7 del mismo artículo hace referencia al delito de “ asociación de malhechores, con propósito criminal comprobado, respecto a los delitos que dan lugar a la extradición ”. De ahí que, la extradición de Jesús Armando Soriano Martínez está permitida por los dos delitos que se le atribuyen. 44.- Con todo lo expuesto, la Sala encuentra satisfechos los elementos estructurales que integran el análisis del principio de la doble incriminación, sin que concurra algún aspecto que imposibilite la entrega del requerido en cuanto a la criminalización de las conductas en los dos países involucrados en este trámite. 3.2.4. Causales previstas en el Acuerdo de Extradición que pueden impedir la entrega de la persona reclamada 45.- Prescripción de la acción penal. Según el literal b del artículo V del Acuerdo Bolivariano de Extradición, el Estado requerido no está obligado a conceder la entrega de la persona reclamada cuando, según sus leyes, se configura la prescripción de la acción penal o de la pena. Jesús Armando Soriano Martínez es solicitado para comparecer al proceso penal que se sigue en su contra en la jurisdicción venezolana. Por esa razón, como el proceso penal está en curso y no existe sentencia condenatoria ejecutoriada, la Sala debe analizar la prescripción de la acción penal. 46.- Según el artículo 83 del Código Penal, la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena prevista en la ley, sin que ese término pueda ser inferior a cinco años ni superior a veinte. Cuando la conducta se hubiere iniciado o consumado en el exterior el término se aumenta en la mitad, sin que en ningún caso pueda superar el límite máximo legalmente fijado. 47.- El delito de estafa tiene una pena de prisión máxima de 12 años ( Supra párr. 41), el cual es equivalente al lapso de prescripción. Además, este término se debe aumentar en la mitad por la comisión de los hechos en el exterior. Finalmente, el plazo de la prescripción sería de 18 años, el cual contado desde el mes de agosto de 2019 que, fue la fecha de la última transferencia económica, vencería en el mes de agosto de 2037. 48.- El delito de concierto para delinquir tiene una pena de prisión máxima de 9 años ( Supra párr. 41), el cual se aumenta en la mitad porque el requerido participó en la organización de la actividad ilícita, lo cual arroja un resultado de 13,5 años, que es el equivalente al lapso de prescripción. Además, este término se debe aumentar en la mitad por la comisión de los hechos en el exterior. Finalmente, el plazo de la prescripción sería de 20,25 años, pero se tiene en cuenta solo el límite legalmente permitido de 20 años, el cual, contado desde el mes de agosto de 2019, que fue el momento en que se cometieron los delitos, vencería en el mes de agosto de 2039. 49.- Naturaleza jurídica de los hechos por los que se formuló la solicitud de extradición. El artículo IV del Acuerdo Bolivariano de Extradición proscribe la extradición de personas acusadas por delitos políticos y conexos, prohibición que, para este evento, no tiene ningún grado de incidencia, por cuanto los delitos atribuidos a Jesús Armando Soriano Martínez son comunes ( Supra párr. 13). 50.- Tampoco se estructuran las restantes limitantes relacionadas con el cumplimiento de la condena u otorgamiento de amnistía o indulto en el país donde se cometieron los delitos y, de la información suministrada por el Gobierno venezolano no se infiere algo al respecto. Es más, estas causales de improcedencia no fueron alegadas por el país requirente, el solicitado o su defensa. 51.- Igualmente, la persona reclamada no está siendo juzgada o fue condenada en Colombia por los mismos hechos en los que se funda la petición de extradición ( Supra párr. 17). 3.3. Respuesta alegatos de la defensa 52.- La defensa considera que la situación de orden público de Venezuela, así como la violación masiva y sistemática de derechos humanos como política de estado de ese país, pone en riesgo la vida e integridad de Jesús Armando Soriano Martínez en caso de concederse su entrega. Por eso, solicitó la emisión de concepto desfavorable. 53.- No obstante, el planteamiento de la defensa carece de sustento fáctico y jurídico por las siguientes razones: 54.- En otras ocasiones, la Sala se ha pronunciado en relación con la situación de orden público de Venezuela en el marco del trámite judicial-administrativo de la extradición (CSJ CP098-2026, 25 mar. 2026, radicado. 68539; CP142-2025, 25 jun. 2025, radicado. 65998 y CP205-2025, 3 sep. 2025, radicado. 66759). Al respecto, se han formulado las siguientes precisiones: 55.- En primer lugar, la Corte solo se puede pronunciar sobre la acreditación o no de los presupuestos de orden convencional, constitucional o legal que determinan la viabilidad de la pretensión internacional del país requirente. Cualquier tema ajeno a la verificación de los requisitos para conceder la extradición está por fuera de la competencia de la Sala y no es oponible a la solicitud de extradición. Ciertamente, la situación que plantea la defensa no se relaciona con alguna de las exigencias que se analizan en el concepto. 56.- En segundo lugar, no se demostró que la extradición de  Jesús Armando Soriano Martínez implique la existencia de un riesgo real para su vida o integridad física. Por eso, la preocupación de la defensa solo es una especulación originada por las dinámicas internas del Estado requirente. 57.- En tercer lugar, la Corte no es insensible o indiferente ante la problemática que enfrenta el Estado venezolano y al eventual escenario de vulneración de derechos fundamentales al cual están expuestos los ciudadanos que habitan ese territorio, especialmente, aquellos que tienen asuntos pendientes con la justicia y se envían allí con ocasión de un trámite de extradición. Por lo mismo, la entrega de la persona reclamada está supeditada a una serie de condicionamientos que buscan proteger su vida y dignidad humana. 58.- En cuarto lugar, según los artículos 188 y 189 de la Constitución Política de Colombia, el Presidente de la República, como Jefe de Estado, es a quien le corresponde “ dirigir las relaciones internacionales ”. De ahí que, deliberadamente, la Corte Suprema de Justicia no puede intervenir en el ejercicio de dicha función constitucional amparándose en la emisión de los conceptos de extradición. En realidad, la Corporación no tiene competencia para identificar focos de vulneración de derechos humanos en la comunidad internacional y, mucho menos, para tomar postura e intervenir en los asuntos internos de cada Estado. 59.- En quinto lugar, Venezuela no es el único país que presenta dificultades relacionadas con (i) la integridad e imparcialidad de sus instituciones gubernamentales; (ii) la legitimidad del Gobierno, (iii) crisis carcelaria; (iv) violaciones sistemáticas a los derechos humanos o (v) persecuciones de origen político, entre otros factores. Este panorama está presente en varios países, pero, en ningún caso, constituye una justificación válida para desconocer la soberanía del Estado e impedirle el ejercicio del  ius puniendi  sobre sus asociados. Por eso, la Sala no puede adoptar la decisión de los requerimientos internacionales formulados por Venezuela con sujeción estricta a la crisis de dicha Nación y, en otros casos de iguales características, aplicar un racero diferente o, simplemente ignorar la realidad compleja de los Estados que se ven interferidos por violencia política, social y/o económica. 60.- Por estas razones, el argumento de la situación de orden público y las crisis vigentes en el país requirente no tienen incidencia en el concepto. 61.- En su momento, la Sala decretó como prueba el requerimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara el estado del trámite de la solicitud de refugio de Jesús Armando Soriano Martínez . Sin embargo, en los alegatos de conclusión, la defensa no planteó oposición a la entrega con fundamento en este aspecto. 62.- En cualquier caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, el 17 de enero de 2007, se le reconoció la condición de refugiado a Jesús Armando Soriano Martínez , pero, el 12 de mayo de 2010, cesó dicho reconocimiento y, actualmente, “ NO ostenta la calidad de refugiado reconocido en la República de Colombia ”. 63.- Por eso, este último planteamiento tampoco inhibe la entrega. 3.4. Concepto 64.- La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emite CONCEPTO FAVORABLE frente a la solicitud de extradición formulada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en contra de Jesús Armando Soriano Martínez para que comparezca a juicio por la posible comisión de los delitos de “estafa y asociación para delinquir”. 3.5. Condicionamientos 65.- De acuerdo con el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional deberá exigirle al Estado requirente que el solicitado no vaya a ser juzgado por un hecho anterior y diverso del que motiva la extradición, ni sometido a pena de muerte, tortura, desaparición forzada, tratos o penas inhumanas, crueles o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación. 66.- Se deberá informar sobre la emisión de este concepto a las autoridades colombianas que tengan asuntos pendientes con el requerido. 67.- También, se deberá condicionar la extradición a que el tiempo que el solicitado ha permanecido privado de la libertad por cuenta del presente trámite se tenga como parte de la pena que, eventualmente, se le imponga en el país requirente. Comuníquese esta determinación al solicitado, a su defensa, a la Procuraduría y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo. Finalmente, devuélvase la actuación al Ministerio de Justicia y del Derecho para los fines pertinentes. CARLOS ROBERTO SOLÓRZANO GARAVITO Presidente Salvamento de voto MYRIAM ÁVILA ROLDÁN GERARDO BARBOSA CASTILLO Salvamento de voto FERNANDO LEÓN BOLAÑOS PALACIOS GERSON CHAVERRA CASTRO DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN JORGE HERNÁN DÍAZ SOTO HUGO QUINTERO BERNATE JOSÉ JOAQUÍN URBANO MARTÍNEZ Salvamento de voto NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaria Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, a continuación, expongo las razones por las que estimo necesario apartarme de las consideraciones que expresó la decisión emitida en la fecha, en cuanto determinó emitir concepto favorable a la solicitud de extradición del ciudadano venezolano JESÚS ARMANDO SORIANO MARTÍNEZ por la posible comisión de los delitos de «estafa y asociación para delinquir» por los que fue reclamado por la República Bolivariana de Venezuela. Mi voto discrepante se fundamenta en los motivos que a continuación reseño: En primer término, el artículo 35 de la Constitución Política establece que la extradición no procederá por conductas punibles de naturaleza política; y tampoco cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997, fecha en la que entró a regir el Acto Legislativo n.° 01 de ese año. Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que, conforme al artículo 93 de la Constitución, corresponde al Estado colombiano dar prevalencia, en su ordenamiento interno, a los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos. En este sentido, los derechos y deberes consagrados en la Carta deben ser aplicados a partir de los principios de interpretación conforme y pro persona . Adicionalmente, es importante tener presente que, en virtud de la ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos, Colombia se comprometió ante la comunidad internacional a: [ R ] espetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. (Se destaca) Bajo esa perspectiva, si bien las Repúblicas de Colombia y Venezuela suscribieron un acuerdo de extradición (ratificado e integrado al ordenamiento colombiano a través de la Ley 26 de 1913), en virtud del cual ambas partes se comprometieron a entregar mutuamente a las personas procesadas o condenadas por las autoridades de cualquiera de las dos naciones, la situación actual del país requirente plantea un escenario que, a la luz de los instrumentos internacionales que, a la par con el tratado arriba mencionado también gobiernan la extradición, así como la necesaria observancia de los derechos humanos a nivel supranacional, no muestra de qué manera podrían garantizarse plenamente los derechos humanos del requerido. Por esa principalísima razón, en