Providencia ATP2563-2026

Incidente de desacato n.° 157XXX CUI: 1100102040002026XXXXX Myriam Ávila Roldán Magistrada ponente ATP2563-2026 Radicación n.º 157XXX CUI: 1100102040002026XXXXXXX (Aprobado acta n.° 294) Bogotá, D.C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026). I. OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve el incidente de desacato promovido por J.C.R.L. contra los Juzgados 8.º Penal del Circuito de Conocimiento y 13 Penal Municipal de Control de Garantías, ambos de Medellín; los Juzgados 1.º Penal Municipal Mixto y 1.º Penal del Circuito de Conocimiento, ambos de Itagüí; la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y el Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, DEAJ-, por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia STP1XXXX-2026, proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sala de Decisión de Tutelas n.º 3 de la Sala de Casación Penal de esta Corporación. II. HECHOS 1.- J.C.R.L. presentó acción de tutela contra las autoridades antes indicadas, porque entre 2005 y 2006 fue vinculado a distintos procesos penales adelantados por los despachos judiciales de Medellín e Itagüí, los cuales culminaron hace más de 10 años, pese a lo cual su nombre continuaba visible públicamente en las plataformas tecnológicas de consulta de la Rama Judicial. Por tanto, consideró vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad, buen nombre y habeas data . 2.- Mediante sentencia STP1XXXX-2026, rad. 15XXX, del 28 de mayo de 2026, la Sala de Tutelas n.º 3 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión mayoritaria, resolvió: Primero . Amparar los derechos fundamentales a la intimidad personal y habeas data de J.C.R.L. Segundo . En consecuencia, de acuerdo con la información contenida en la Tabla 1 de esta decisión, ordenar a los Juzgados 8.º Penal del Circuito con función de conocimiento y 13 Penal Municipal con función de control de garantías, ambos de Medellín, los Juzgados 1.º Penal Municipal Mixto y 1.º Penal del Circuito con función de conocimiento, ambos de Itagüí, y la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta decisión, eliminen de manera definitiva cualquier información que esté publicada en el portal web Consulta de Procesos Nacional Unificada – CPNU- que permita identificar y relacionar al accionante con los procesos penales radicados 5266600000020XXXXXXXXX, 052666000203200XXXXXXX, 053606000206200XXXXXXXX (XX) a (XX), y 053604004001200XXXXXXXXX(XX), al interior de los cuales se declararon cumplidas y extintas las penas impuestas en su contra. Para lo anterior, los despachos judiciales mencionados deberán contar [con] el acompañamiento, asesoría y apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Centro de Documentación Judicial CENDOJ, con el fin de realizar todas las gestiones técnicas que sean necesarias para dar cabal cumplimiento a la orden antes referida. Lo anterior, en aras de garantizar que ninguna información que viole los derechos fundamentales del accionante aquí protegidos será visible y de acceso público en el portal web CPNU. Tercero . Ordenar a la Relatoría de tutelas y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como a la Secretaría de la Sala de Casación Penal, que reserven el nombre del actor y los radicados de los procesos penales referidos a lo largo de esta decisión, además en las bases de datos y sistemas de información de acceso abierto. Lo anterior, con la salvedad de que los proveídos que se hayan dictado al interior del presente asunto deberán permanecer en su integridad en los archivos de la Corporación, donde podrán ser consultados directamente. III. ANTECEDENTES PROCESALES 3.- El 30 de junio de 2026, J.C.R.L. presentó solicitud de apertura de desacato en contra de las autoridades judiciales accionadas. Sostuvo que, a esa fecha, ninguna de ellas había dado cumplimiento al fallo de tutela, pues los radicados objeto del amparo «continúan siendo visibles mediante consulta pública en la plataforma denominada Consulta de Procesos Nacional Unificada, permitiendo que cualquier ciudadano continúe accediendo a información que la Corte Suprema de Justicia ordenó retirar de manera definitiva». 4.- Mediante auto de 17 de julio de 2026, la magistrada ponente, previo a avocar conocimiento del incidente de desacato, ofició a los Juzgados 8.º Penal del Circuito de Conocimiento y 13 Penal Municipal de Control de Garantías, ambos de Medellín, los Juzgados 1.º Penal Municipal Mixto y 1.º Penal del Circuito de Conocimiento, ambos de Itagüí, a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y al Consejo Superior de la Judicatura, a través del Centro de Documentación Judicial -CENDOJ-, con el fin de que informaran sobre el cumplimiento a lo ordenado en la sentencia STP1XXXXX del 28 de mayo de 2026. 5.- En respuesta a lo anterior, se recibieron las siguientes comunicaciones: 5.1.- Una magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín remitió información concretamente sobre el radicado 0500160002032006XXXXXX. 5.2.- El Juzgado 8.° Penal del Circuito de Medellín remitió lo relativo al proceso 0526660002032006XXXXXX. 5.3.- El Juzgado 1.° Penal Municipal con funciones mixtas de Itagüí se refirió al proceso penal 053604004001200XXXXXXX. 5.4.- Todos los despachos anteriores comunicaron y acreditaron haber eliminado la información personal del accionante en la página web de la CPNU, relacionada concretamente con los radicados ya referidos. 5.5.- La directora del Centro de Documentación Judicial –CENDOJ– indicó que mediante correo electrónico de 30 de junio de 2026, remitió la decisión judicial a los despachos obligados por la sentencia y a los ingenieros seccionales competentes, para disponer el acompañamiento técnico requerido para los procedimientos de ocultamiento y anonimización que fueran necesarios. En esa misma comunicación, les indicó a los despachos que la información publicada en la CPNU proviene de los registros efectuados directamente por los despachos judiciales, y que la administración técnica del sistema corresponde a la Unidad de Transformación Digital e Informática de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 6.- Mediante auto de 17 de julio de 2026, la magistrada ponente, previo a avocar conocimiento del incidente de desacato, ordenó oficiar por segunda vez al Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín y a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, con el fin de que informaran sobre el cumplimiento de lo ordenado por la Sala de Tutelas n.º 3 de la Sala de Casación Penal. 7.- En esta ocasión, se recibieron las siguientes respuestas: 7.1.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín indicó que el 23 de julio de 2026 una magistrada de esa corporación había dado respuesta al requerimiento anterior. 7.2.- El Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín advirtió que la información cuya anonimización fue ordenada se encuentra publicada en el portal CPNU, plataforma respecto de la cual ese despacho «no ostenta funciones de administración, configuración o modificación, ni cuenta con acceso que le permita eliminar, ocultar o anonimizar la información allí contenida». 8.- Mediante auto de 12 de agosto de 2026, la magistrada ponente, previo a avocar conocimiento del incidente de desacato, ordenó oficiar por tercera y última vez a los mismos dos accionados, con los siguientes fines: 8.1.- Al Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín, para que informara las gestiones técnicas que hubiere realizado ese despacho por intermedio del CENDOJ, conforme con lo dispuesto en el segundo párrafo del ordinal segundo de la sentencia de tutela. Por lo tanto, debería informar el cumplimiento de lo allí ordenado, en cuanto a la eliminación de los datos publicados en el portal CPNU que permitieran identificar y relacionar al accionante en la casilla de actuaciones del radicado 052666000000200XXXXXXX. 8.2.- A la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, para que informara el acatamiento de lo dispuesto en el fallo de tutela, en relación concretamente con la siguiente actuación penal, desde la (01) a la (04), en los precisos términos indicados en esa providencia: Número de radicado Autoridad judicial a cargo Casilla en la que se advierte el nombre del actor 053606000206 200XXXXXXX Despacho 000 - Tribunal Superior - Penal - Medellín (Antioquia) Resultado general y actuaciones 053606000206 200XXXXXXX Despacho 000 - Tribunal Superior - Penal - Medellín (Antioquia) Actuaciones 053606000206 200XXXXXXX Despacho 000 - Tribunal Superior - Penal - Medellín (Antioquia) Resultado general, sujetos procesales y actuaciones 053606000206 200XXXXXXX Despacho 000 - Tribunal Superior - Penal - Medellín (Antioquia) Resultado general, sujetos procesales y actuaciones 9.- Ante la ausencia de respuesta de las dos autoridades requeridas, mediante auto del 20 de agosto de 2026 se dio apertura formal al incidente de desacato. Fue debidamente notificado a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y al Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de la misma ciudad, con el fin de que ejercieran su derecho de defensa y contradicción, además de formular sus solicitudes probatorias. Esta decisión también fue comunicada a la parte accionante y a las demás autoridades vinculadas al trámite de tutela. 9.1.- El 21 de agosto de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín acreditó haber procedido al ocultamiento de los datos de J.C.R.L. , en el expediente radicado 05360600020XXXXXXX, desde la actuación terminada en 01 hasta la terminada en 04. Al efecto, remitió una imagen de pantalla de la búsqueda efectuada en la CPNU, que así lo demuestra. 9.2.- En esa misma fecha, el Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de Medellín expuso que adelantó las gestiones necesarias para restringir el acceso público a los datos que permitían identificar y relacionar al ciudadano Rodríguez Lotero en la actuación 0526660000002006XXXXXXX. Por consiguiente, allegó una imagen de pantalla para demostrar que la información referida —incluso la contenida en la casilla de actuaciones— ya no se encuentra expuesta al público en la plataforma CPNU, y en su lugar, el sistema registra actualmente la actuación como «proceso privado». IV. CONSIDERACIONES 10.- De conformidad con los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala, en su condición de juez de tutela de primera instancia, es competente para conocer del incidente de desacato promovido por J.C.R.L. contra los Juzgados 8.º Penal del Circuito de Conocimiento y 13 Penal Municipal de Control de Garantías, ambos de Medellín, los Juzgados 1.º Penal Municipal Mixto y 1.º Penal del Circuito de Conocimiento, ambos de Itagüí, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y el Consejo Superior de la Judicatura, por el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia STP1XXXX-2026, proferida el 28 de mayo de 2026 por la Sala de Decisión de Tutelas n.º 3 de la Sala de Casación Penal de esta Corporación. 11.- Con el propósito de lograr el efectivo cumplimiento de las sentencias de tutela, el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 establece que el juez constitucional, incluso después de proferida la providencia, mantiene la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o cuando se elimine la causa de la amenaza. Sobre la finalidad del desacato, la Corte Constitucional en sentencia CC SU-034-2018 precisó: (…) Acerca de la finalidad que persigue el incidente de desacato, la postura que de vieja data ha acogido la Sala Plena de esta Corte y que se ha mantenido es que, si bien una de las consecuencias derivadas de este trámite incidental es la imposición de sanciones por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada; de suerte que no se persigue reprender al renuente por el peso de la sanción en sí misma, sino que ésta debe entenderse como una forma para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la reivindicación de los derechos quebrantados. 12.- El incidente de desacato no sólo constituye un instrumento que procura la ejecución de la sentencia de tutela, sino que, además, comporta un procedimiento de carácter sancionatorio en contra del posible responsable del incumplimiento, en el que resulta imperioso garantizar el debido proceso y el respeto por las formas propias del juicio (CSJ STP9352-2022 y STP11595-2022). Por ende, es preciso indicar que la actividad del juez que conoce del incidente de desacato se contrae a verificar (CC C-367-2014): (…) (1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada)”. De existir el incumplimiento “debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho y si existió o no responsabilidad subjetiva de la persona obligada. 13.- Adicionalmente, han señalado la Corte Constitucional (CC T-512-2011) y la Corte Suprema de Justicia (STP9352-2022 y STP11595-2022) que le corresponde al juzgador « indagar por la presencia de elementos que estén dirigidos a probar la responsabilidad subjetiva », de manera que, al ser el desacato una manifestación del poder disciplinario del juez, la responsabilidad de quien en él incurra es de carácter subjetivo, lo que significa que no puede presumirse la responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento, sino que, para que haya lugar a imponer una sanción, se requiere comprobar la negligencia de la autoridad accionada. 14.- Visto lo anterior, corresponde a esta Sala adelantar el análisis en relación con el cumplimiento de la sentencia de tutela de primera instancia STP1XXXXX-2026, proferida el 28 de mayo de 2026, mediante la cual se dispuso que las autoridades accionadas debían eliminar de manera definitiva la información publicada en el portal CPNU que permitía identificar y relacionar a J.C.R.L. con los procesos penales radicados 526660000002006XXXXXX, 0526660002032006XXXXXX, 0536060002062006XXXXXX (01) a (04), y 0536040040012005XXXXXX (02). 15.- La Sala constata que (i) la orden estaba dirigida a los Juzgados 8.º Penal del Circuito de Conocimiento y 13 Penal Municipal de Control de Garantías, ambos de Medellín; los Juzgados 1.º Penal Municipal Mixto y 1.º Penal del Circuito de Conocimiento, ambos de Itagüí; y la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín; (ii) el término otorgado para cumplirla fue de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de la sentencia; y (iii) consistía en que tales despachos realizaran la eliminación de los datos de J.C.R.L. , contando con el acompañamiento, asesoría y apoyo del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de ser necesario, a través del CENDOJ. 16.- A partir de lo reseñado en los hechos y antecedentes procesales, la Sala encuentra que las accionadas dieron cumplimiento material a la sentencia de tutela de primera instancia. En efecto, cada uno de los despachos judiciales demandados, en diversos momentos del presente trámite incidental, acreditaron haber acatado la orden judicial antes referida. 17.- Particularmente, en lo que atañe a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y al Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de la misma ciudad, autoridades contra las cuales se dio apertura formal del incidente, no resulta necesario adelantar el análisis subjetivo orientado a establecer si el incumplimiento obedeció a negligencia de los destinatarios de la orden. En consecuencia, la Sala se abstendrá de imponer sanción alguna y dispondrá el archivo del trámite incidental. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas n.° 3 de la Corte Suprema de Justicia, V. RESUELVE Primero. NO SANCIONAR por desacato a la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y al Juzgado 13 Penal Municipal de Control de Garantías de la misma ciudad. En consecuencia, ORDENAR el archivo del trámite incidental. Segundo. Ordenar a la Relatoría de tutelas y de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, así como a la Secretaría de la Sala de Casación Penal, que reserven el nombre del actor y los radicados de los procesos penales referidos a lo largo de esta decisión, en las bases de datos y sistemas de información de acceso abierto. Lo anterior, con la salvedad de que los proveídos que se hayan dictado al interior del presente asunto deberán permanecer en su integridad en los archivos de la Corporación, donde podrán ser consultados directamente. Tercero. Notificar a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto. Contra esta providencia no procede recurso alguno. Notifíquese y cúmplase, MYRIAM ÁVILA ROLDÁN Magistrada GERSON CHAVERRA CASTRO Magistrado DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Magistrado NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA Secretaría 13