Providencia ATP1269-2026

CUI 11001220400020220255401 NI 125046 Impugnación tutela Anonimización/Recurso de reposición P. B. C. GERSON CHAVERRA CASTRO Magistrado Ponente ATP1269-2026 Radicación N° 125046 Acta No. 127 Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026). ASUNTO La Sala decide el recurso de reposición interpuesto por P. B. C. contra el auto CSJ ATP458-2026, proferido el 26 de febrero de 2026, mediante el cual le fue negada la solicitud de anonimización de datos por ella presentada, en relación con la acción de tutela CUI 11001220400020220255401, radicado interno 125046. ANTECEDENTES Conforme los elementos obrantes en la actuación, se destaca lo siguiente: 1. Mediante sentencia STP13613-2022, radicado 125046 del 13 de septiembre de 2022, esta Corte resolvió en segunda instancia la acción de tutela promovida por P. B. C. contra la Fiscalía 419 Seccional, unidad de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de esta ciudad. En dicho asunto la demandante manifestó que la citada Fiscalía vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, dignidad humana, igualdad, integridad personal, física y psicológica, y acceso a la administración de justicia, porque no le dio trámite a las diferentes solicitudes que radico al interior del proceso penal con radicado 2020-07681[footnoteRef:1]. [1: Sintetizadas de la siguiente manera: El 31 de mayo de 2022, le solicitó que le concediera medidas de protección por ser víctima de acoso sexual, y esa conducta que encuadra como violencia de género. Sin embargo, recibió respuesta negativa. El 1º de junio de 2022, le pidió que, en su decisión de archivo, consignara y valorara en su totalidad la entrevista donde da a conocer detalles del acto de acoso del que, presuntamente, fuera víctima por parte de Hernando Grisales. En ella, también le requirió “copia íntegra de todas las piezas procesales (pruebas) en que su Despacho fundamente la decisión de archivo (las requiero para hace valer mis derechos en otras instancias) y que me informe cuál es el mecanismo para pedir el desarchivo en estos casos, entre otras si el testimonio de una persona puede servir como prueba nueva para pedir el desarchivo, ya que tengo testigos de los hechos a los cuales le Despacho no quiso entrevistar.” El 7 de junio de 2022, presentó una recusación en contra de la Fiscal accionada. Además, deprecó ante la Oficina de Veeduría y Control Disciplinario Interno de la Fiscalía General de la Nación, una vigilancia especial a su proceso. Sin embargo, tampoco recibió respuesta. ] 2. La Sala revocó parcialmente el fallo de tutela proferido el 28 de junio de 2022, por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, para en su lugar amparar el derecho fundamental al debido proceso, en su vertiente de postulación, de P. B. C. . Como consecuencia de lo anterior, resolvió “ORDENAR a la Fiscalía 419 Seccional de Bogotá que, si aún no lo ha hecho, en un término de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente proveído, proceda a entregar las copias requeridas por la accionante en el numeral 2 del acápite “PETICIÓN” del memorial fechado del 7 de junio de 2022, así como a responder de fondo el interrogante formulado en el numeral 3 del mismo apartado.” 3. Con memorial del 13 de enero, complementado el 13 de febrero de 2026, P. B. C. remitió esta Sala, por medio de la Secretaría de la Sala de Casación Penal, solicitud de anonimización, en los siguientes términos: «se proceda a sustituir mi nombre completo y el de mi hijo (menor de edad al momento de los hechos) por nuestras iniciales en todas las providencias, edictos, estados y demás publicaciones electrónicas de la Corte Suprema de Justicia en las que figure nuestra identidad como parte, interviniente o mencionado(a), cualquiera sea el número de radicación del proceso.» (sic), igualmente, «impedir la indexación de dichas publicaciones por motores de búsqueda (…) con el fin de que mi nombre no continúe apareciendo vinculado a actuaciones judiciales de esa Corporación en búsquedas abiertas de internet». Destacó que « (…) no dispongo de todos los números de radicación, por lo cual solicito que la identificación de los procesos en los que figure mi nombre completo sea realizada por esa Corporación,», y precisó que la solicitud no está dirigida a un expediente individual, y que su requerimiento no se refiere a antecedentes penales, condenas, ni sanciones, sino a la protección de su privacidad, ya que la información que obra en las actuaciones judiciales tiene que ver con «salud / menores de edad u otros aspectos íntimos». DECISIÓN IMPUGNADA En auto CSJ ATP458-2026 del 26 de febrero de 2026, la Sala negó la solicitud de anonimización de datos, en relación con la acción de tutela CUI 11001220400020220255401, radicado interno 125046. La Sala argumentó que la información contenida en la providencia STP13613-2022, radicado 125046 del 13 de septiembre de 2022, a través de la cual la Sala de Decisión de Tutelas N°3 resolvió en segunda instancia la acción de tutela promovida por B. , no versa sobre un asunto relativo a fallos condenatorios emitidos en su contra y tampoco exteriorizó datos sensibles de la solicitante. Además, en esa providencia de ninguna manera se hizo referencia al nombre de su hijo. RECURSO DE REPOSICIÓN 1. La libelista recurrió el auto que negó la anonimización. Argumentó que esa decisión vulnera derechos fundamentales como el debido proceso, la intimidad, la dignidad humana y las garantías reforzadas en contextos de violencia de género, al omitir completamente el enfoque de género en un caso de acoso sexual. Por lo tanto, en su criterio, procede la corrección de la motivación del auto, en el sentido de acceder a la protección reforzada de la “ víctima” y actualización de la información, advirtiendo una vulneración grave y continua de derechos fundamentales. Agregó que existió una imposibilidad material de ejercer su derecho de defensa por falta de acceso al expediente, lo que afecta la contradicción y la igualdad procesal. En ese orden, solicitó la revocatoria del auto que negó la anonimización y la entrega completa del expediente. 2 . La Fiscal 50 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Unidad de Delitos contra la Seguridad Pública, como no recurrente, solicitó mantener y confirmar integralmente el auto ATP458-2026. En su criterio, verificados y analizados los argumentos expuestos en el recurso, aquellos no logran desvirtuar los fundamentos jurídicos que fueron desarrollados en la providencia ni logran demostrar la existencia de algún yerro. Además, estimó que « si bien el enfoque de género es relevante, no sustituye los presupuestos normativos para restringir el acceso público a decisiones judiciales. En el caso concreto, no se advierte la inclusión de datos sensibles, ni información que comprometa la intimidad o genere riesgos de discriminación, ni la presencia de menores de edad, por lo que no se configuran las condiciones que habiliten la anonimización solicitada ». Por último, señaló que la supuesta vulneración del derecho al debido proceso, derivada de la alegada falta de acceso al expediente, no tiene vocación de prosperidad porque la accionante ejerció de manera efectiva y material su derecho de defensa y contradicción. CONSIDERACIONES 1. El recurso de reposición tiene por objeto la revocatoria, modificación, aclaración o adición de una decisión judicial que se considera equivocada, confusa o incompleta. Por consiguiente, en manera alguna se constituye en el escenario propicio para insistir en los supuestos aducidos en la solicitud inicial –estudiados y desestimados en el proveído recurrido-, ni para incorporar nuevos argumentos, adicionar los enunciados, subsanar o corregir el libelo original. 2. Ahora, tratándose de solicitudes de anonimización de datos, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha ponderado la tensión que surge entre el libre acceso a la información pública y la protección del derecho al habeas data de las personas que se han visto involucradas en procesos penales, en atención a que la divulgación de datos asociados a esta situación puede resultar lesiva de los intereses amparados con la última garantía. En esa labor, al analizar la normativa aplicable frente a la materia y la línea hermenéutica trazada por la Corte Constitucional en sentencia CC SU-458 del 2012, esta Sala, frente a las solicitudes de anonimización, ha precisado[footnoteRef:2]: [2: CSJ AP, 19 ago. 2015, rad. 20889; CSJ AP, 15 feb. 2017, rad. 26288; CSJ AP, 26 ene. 2022, rad. 42706; CSJ AP, 16 ago. 2023, rad. 36975; CSJ ATP313-2024, 22 feb. 2024, rad. 104708.] Las sentencias condenatorias que expida la Sala o los autos en los que haga referencia a ellas (inadmisión de demandas de casación, por ejemplo), se ofrecerán íntegras a la comunidad en su servidor de acceso público –sin la supresión de los nombres de los procesados– permitiéndose que los ciudadanos accedan a ellas a través de los buscadores web o del full text de la Corte y sólo con autorización de lectura. Cuando se compruebe que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los nombres de las personas condenadas, salvo en los eventos en que la ley obligue a conservar pública esa información en todo tiempo. No obstante, se mantendrá el documento íntegro en los archivos de la Corporación. Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa. Adicionalmente, en el auto CSJ AP511-2025, 29 ene 2022, rad. 42706, esta Corporación al realizar el análisis de la solicitud de anonimización cimentada en el arraigado enfoque de género y, de acuerdo con lo señalado en la Ley 1719 de 2014[footnoteRef:3], indicó: [3: «Por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, y se dictan otras disposiciones.».] La disposición legal es diáfana y de ella emerge que, como presunta víctima de violencia sexual en este asunto, acorde con la pretensión incriminadora de la Fiscalía General de la Nación, a la señora AMC le asiste el derecho de que su nombre sea anonimizado, inicialmente, en los específicos términos por ella solicitados, esto es, que se mantenga ignota la información que de su nombre se reporta en los procesos previamente identificados, en el link de «CONSULTA DE PROCESOS NACIONAL UNIFICADA». Ello, por cuanto, es inevitable la correlación existente entre la actuación en la que funge como víctima y la información que de ese diligenciamiento reposa en la base de datos de los procesos a cargo de la Rama Judicial. De tal manera que la petente no solo tiene derecho a que su nombre se anonimice en el decurso del proceso, conforme lo prevé el canon normativo traído a colación, sino que tal prerrogativa se extiende a la información que de ella se encuentra consignada, como “Sujeto Procesal”, en los radicados que integran las bases de datos de procesos en el sitio web ya mencionado, garantizando así, de manera cabal, la confidencialidad de su nombre como presunta víctima de la conducta objeto de acusación . 3. En el caso bajo examen, P. B. C. insiste en la anonimización de sus datos en relación con la acción de tutela CUI 11001220400020220255401, radicado interno 125046, con el propósito de que su nombre « no continúe apareciendo vinculado a actuaciones judiciales de esa Corporación en búsquedas abiertas de internet». En argumento, expuso que busca la protección de su privacidad, ya que la información que consta en la actuación tiene que ver aspectos íntimos, tratándose de una acción de tutela promovida como víctima de acoso sexual. A partir de lo anterior y analizados los elementos obrantes en el expediente de la tutela radicado 125046, la Sala constata que en el proceso penal radicado 2020-07681, relacionado con la tutela en la que B. C. busca ser anonimizada, ella ostenta la calidad de víctima de un delito sexual, lo que podría comprometer su derecho a la intimidad y privacidad. Entonces, la Sala advierte que le asiste razón a la recurrente, puesto que su solicitud refleja el ejercicio de una prerrogativa respaldada por el enfoque de género, que procura garantizar, en toda actuación judicial, la protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual. En efecto, el artículo 8º, literal f, de la Ley 1257 de 2008 establece que toda víctima de alguna de las formas de violencia previstas en esa norma tiene derecho a « f) Ser tratada con reserva de identidad al recibir la asistencia médica, legal, o asistencia social respecto de sus datos personales, los de sus descendientes o los de cualquiera otra persona que esté bajo su guarda o custodia». Adicionalmente, el artículo 13 de la Ley 1719 de 2014 señala que, durante la investigación y el juzgamiento en la actuación penal, a las víctimas de violencia sexual les asisten derechos y garantías, entre los cuales se destacan: Artículo 13. Derechos y garantías para las víctimas de violencia sexual. […] 1. Que se preserve en todo momento la intimidad y privacidad manteniendo la confidencialidad de la información sobre su nombre, residencia, teléfono, lugar de trabajo o estudio, entre otros, incluyendo la de su familia y personas allegadas. Esta protección es irrenunciable para las víctimas menores de 18 años. La mencionada prerrogativa, sin lugar a duda, se extiende igualmente a las actuaciones de índole constitucional, especialmente cuando la divulgación de la identidad de la víctima podría exponerla a nuevas formas de victimización o estigmatización. Así las cosas, y considerando que la actuación constitucional se encuentra visible en el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial y que, al buscarse por el nombre de la actora, aparece en el portal de la Relatoría de esta Corporación, resulta procedente acceder a la solicitud de anonimización en esos portales, en concordancia con lo previsto en el artículo 5º de la Ley 1581 de 2012[footnoteRef:4], dado que la publicación de la información implica la exteriorización de datos sensibles de la actora. [4: Artículo 5°. Datos sensibles. Para los propósitos de la presente ley, se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos.] No obstante, frente a que se impida «la indexación de dichas publicaciones por motores de búsqueda» como Google, la Sala recuerda que los vínculos publicados en aquellos motores no son administrados por la Corte Suprema de Justicia, en tanto se tratan de sitios web sobre los cuales esta Corporación no ejerce control, lo que impide que se pueda retirar de manera efectiva la información que ya haya sido indexada en esas plataformas (Cfr. CSJ AP2392-2023 y ATP2633-2025). 4. Conforme lo expuesto, la Sala concluye que los argumentos de la recurrente resultan procedentes. Por lo tanto, se repondrá el auto CSJ ATP458-2026, proferido el 26 de febrero de 2026. En consecuencia, se ordenará a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de esta Corte, y a la Relatoría de Tutelas de la Corte, que adelanten las gestiones necesarias para modificar la versión virtual de la decisión STP13613-2022 del 13 de septiembre de 2022, proferida por esta Sala, al interior del radicado 125046, de tal manera que el nombre de la peticionaria no sea un descriptor válido de búsqueda. Igualmente, se ordenará a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de esta Corte, que adelanten las gestiones necesarias para modificar la versión virtual de este auto, incluyendo todas las referencias que existan en los módulos de consulta de relatoría y del Sistema de Gestión Justicia XXI, archivos PDF y expediente electrónico de dicha actuación, de suerte que, en las publicaciones, el nombre de la solicitante sea reemplazado por sus iniciales, sin perjuicio de que la documentación se conserve íntegra en los archivos de la Corporación para que siga siendo pública y consultable. No obstante, se mantendrá la documentación íntegra en los archivos de la Corporación, « que naturalmente sigue siendo pública y consultable directamente en las oficinas donde reposa (bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información) .»[footnoteRef:5]   [5: CSJ AP 19. Ag. 2015. Radicado 20889.] 5. Finalmente, la Corte advierte que de ninguna manera le fue limitado el derecho de contradicción a P. B. para sustentar el recurso acá conocido. Aunque ella alegó que no tuvo acceso al expediente, verificado este, se constata que, el 20 de marzo del año que avanza, la Secretaría de la Sala le envío al correo electrónico XXXXXX@fundacionempoderarte.org;contacto@fundacionempoderarte.org -por ella señalado para notificaciones- el respectivo link, como se avizora en la siguiente imagen: De esta manera, contrario a lo que ella afirma, la Sala corrobora que sí pudo consultar la completitud del expediente. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutela N° 3, RESUELVE PRIMERO. REPONER el auto CSJ ATP458-2026, proferido el 26 de febrero de 2026, que negó la solicitud de anonimización presentada por P. B. C. . SEGUNDO. ORDENAR a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de esta Corte, y a la Relatoría de Tutelas de la Corte, que adelanten las gestiones necesarias para modificar la versión virtual de la decisión STP13613-2022 del 13 de septiembre de 2022, proferida por esta Sala, al interior del radicado 125046, de tal manera que el nombre de la peticionaria no sea un descriptor válido de búsqueda. TERCERO. ORDENAR a la Secretaría de la Sala de Casación Penal de esta Corte, que adelanten las gestiones necesarias para modificar la versión virtual de este auto, incluyendo todas las referencias que existan en los módulos de consulta de relatoría y del Sistema de Gestión Justicia XXI, archivos PDF y expediente electrónico de dicha actuación, de suerte que, en las publicaciones, el nombre de la solicitante sea reemplazado por sus iniciales, sin perjuicio de que la documentación se conserve íntegra en los archivos de la Corporación para que siga siendo pública y consultable. CUARTO: Por secretaría, comuníquese esta respuesta al peticionario, haciéndosele saber que contra ella no procede recurso alguno. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE GERSON CHAVERRA CASTRO MYRIAM ÁVILA ROLDÁN DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN Nubia Yolanda Nova García Secretaria 17