Jep Sentencia tp-sa-588-2026 de 2026

SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE APELACIÓN Sentencia TP-SA 588 de 2026 Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de 2026 Expediente Legali: 1501357-56.2025.0.00.00011 Asunto: Impugnación contra la Sentencia SRT-ST-283 del 10 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección Primera de Tutelas de la Sección de Revisión (SR). La Sección de Apelación (SA) del Tribunal para la Paz resuelve la impugnación presentada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) contra la sentencia SRT-ST- 283 del 10 de diciembre de 2025, proferida por la SR. SÍNTESIS El señor NOMBRE1, abogado representante de comparecientes de los macrocasos 1, 7 y 10 ante la JEP, interpuso acción de tutela contra la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR). Alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y seguridad personal, al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al libre ejercicio de la profesión, así como a la paz personal y a la seguridad humana, porque la UIA no realizó, en el plazo fijado por la SRVR, la evaluación de su nivel de riesgo pese a las amenazas recibidas. Solicitó, como medida provisional, la adopción de un esquema de seguridad mientras se resuelve de fondo su petición. La SR amparó algunos de los derechos invocados del accionante y emitió órdenes dirigidas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la UIA. La UNP impugnó la decisión. SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE APELACIÓN Sentencia TP-SA 588 de 2026 Bogotá D.C., veintiocho (28) de enero de 2026 Expediente Legali: 1501357-56.2025.0.00.00011 Asunto: Impugnación contra la Sentencia SRT-ST-283 del 10 de diciembre de 2025, proferida por la Subsección Primera de Tutelas de la Sección de Revisión (SR). La Sección de Apelación (SA) del Tribunal para la Paz resuelve la impugnación presentada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) contra la sentencia SRT-ST- 283 del 10 de diciembre de 2025, proferida por la SR. SÍNTESIS El señor NOMBRE1, abogado representante de comparecientes de los macrocasos 1, 7 y 10 ante la JEP, interpuso acción de tutela contra la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR). Alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad y seguridad personal, al debido proceso y acceso a la administración de justicia, al libre ejercicio de la profesión, así como a la paz personal y a la seguridad humana, porque la UIA no realizó, en el plazo fijado por la SRVR, la evaluación de su nivel de riesgo pese a las amenazas recibidas. Solicitó, como medida provisional, la adopción de un esquema de seguridad mientras se resuelve de fondo su petición. La SR amparó algunos de los derechos invocados del accionante y emitió órdenes dirigidas a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a la UIA. La UNP impugnó la decisión. I. ANTECEDENTES 1 Los folios citados en esta providencia corresponden a este expediente Legali, salvo indicación contraria. 1 otoV :otoV( HTRUOCNATEB SAJOR OSNOFLA OLINAD ,)ovitisop otoV :otoV( OTEIRP SERANIL AICIRTAP AHTRIM rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE ,)ovitisop otoV :otoV( ARIENEDAVIR OGNARA OFLODOR ,)ovitisop otoV :otoV( ONAIBUR AOBMAG OICOR ARDNAS ,)ovitisop otoV :otoV( ZOÑUM SETNEUFIC ODRAUDE ,)ovitisop le y 1000.00.0.5202.65-7531051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .AÑADLAS ZIUR RAMOIUG .AE0A27 ogidóc SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 La acción de tutela y trámite constitucional 1. El 20 de noviembre de 2025, el señor NOMBRE1 interpuso acción de tutela contra la SRVR y la UIA2. Señaló que es firmante del acuerdo de paz y abogado adscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) y que, desde 2021, representa comparecientes en los macrocasos 1, 7 y 10 en zonas de alto riesgo. Advirtió que el 11 de agosto de 2025 solicitó a la SRVR el otorgamiento de medidas cautelares de protección por las “amenazas directas, estigmatización pública, hostigamientos y hechos de violencia” en su contra3. La SRVR avocó conocimiento de dicha solicitud el 1 de septiembre del mismo año, ordenó a la UIA realizar un estudio de riesgo en el término de dos (2) meses, disponer medidas inmediatas si advertía riesgo inminente y solicitó a la UNP información sobre medidas de protección o análisis realizados en relación con el actor. Según el accionante, la UIA no cumplió la orden de realizar el estudio de riesgo y las amenazas continúan4. Por lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales5 y que se ordene a la UIA emitir inmediatamente el estudio de riesgo e implementar medidas de protección y, como medida provisional, un esquema de seguridad mientras se resuelve la acción. 2. El accionante informó que sus familiares recibieron llamadas en las que se afirmó que él “se reunía con guerrilleros y bandidos” y que, por esa razón, “debía cuidarse”. Uno de sus representados le advirtió, además, sobre rumores según los cuales “lo iban a matar”. Con la solicitud allegó: (i) la captura de pantalla de un mensaje remitido a su número personal vía WhatsApp, en el que se lee: “Abogado de la guerrilla [NOMBRE1] tenemos ubicada su casa le damos 72 horas para que se largue del Departamento del Caquetá, hay información de otros abogados como usted que defiende a capa y espada a guerrilleros. Cumplida las 72 horas se declara objetivo militar ¡Patria o muerte! Comandos de Frontera”; (ii) una publicación en la red social Facebook, en la que se le califica como “defensor de terroristas que se burlaron del proceso de paz”; y (iii) un documento suscrito por varios firmantes del Acuerdo Final de Paz, en el que se afirman que el accionante se encuentra en situación de riesgo por su labor de defensa en distintos escenarios y que, seg I. ANTECEDENTES 1 Los folios citados en esta providencia corresponden a este expediente Legali, salvo indicación contraria. 1 otoV :otoV( HTRUOCNATEB SAJOR OSNOFLA OLINAD ,)ovitisop otoV :otoV( OTEIRP SERANIL AICIRTAP AHTRIM rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE ,)ovitisop otoV :otoV( ARIENEDAVIR OGNARA OFLODOR ,)ovitisop otoV :otoV( ONAIBUR AOBMAG OICOR ARDNAS ,)ovitisop otoV :otoV( ZOÑUM SETNEUFIC ODRAUDE ,)ovitisop le y 1000.00.0.5202.65-7531051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .AÑADLAS ZIUR RAMOIUG .AE0A27 ogidóc SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 La acción de tutela y trámite constitucional 1. El 20 de noviembre de 2025, el señor NOMBRE1 interpuso acción de tutela contra la SRVR y la UIA2. Señaló que es firmante del acuerdo de paz y abogado adscrito al Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) y que, desde 2021, representa comparecientes en los macrocasos 1, 7 y 10 en zonas de alto riesgo. Advirtió que el 11 de agosto de 2025 solicitó a la SRVR el otorgamiento de medidas cautelares de protección por las “amenazas directas, estigmatización pública, hostigamientos y hechos de violencia” en su contra3. La SRVR avocó conocimiento de dicha solicitud el 1 de septiembre del mismo año, ordenó a la UIA realizar un estudio de riesgo en el término de dos (2) meses, disponer medidas inmediatas si advertía riesgo inminente y solicitó a la UNP información sobre medidas de protección o análisis realizados en relación con el actor. Según el accionante, la UIA no cumplió la orden de realizar el estudio de riesgo y las amenazas continúan4. Por lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales5 y que se ordene a la UIA emitir inmediatamente el estudio de riesgo e implementar medidas de protección y, como medida provisional, un esquema de seguridad mientras se resuelve la acción. 2. El accionante informó que sus familiares recibieron llamadas en las que se afirmó que él “se reunía con guerrilleros y bandidos” y que, por esa razón, “debía cuidarse”. Uno de sus representados le advirtió, además, sobre rumores según los cuales “lo iban a matar”. Con la solicitud allegó: (i) la captura de pantalla de un mensaje remitido a su número personal vía WhatsApp, en el que se lee: “Abogado de la guerrilla [NOMBRE1] tenemos ubicada su casa le damos 72 horas para que se largue del Departamento del Caquetá, hay información de otros abogados como usted que defiende a capa y espada a guerrilleros. Cumplida las 72 horas se declara objetivo militar ¡Patria o muerte! Comandos de Frontera”; (ii) una publicación en la red social Facebook, en la que se le califica como “defensor de terroristas que se burlaron del proceso de paz”; y (iii) un documento suscrito por varios firmantes del Acuerdo Final de Paz, en el que se afirman que el accionante se encuentra en situación de riesgo por su labor de defensa en distintos escenarios y que, seg SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 las que se advierte sobre la persistencia de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo Final de Paz. Recordó, además, que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-020 de 2022, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los firmantes del acuerdo y de sus familiares, contexto en el cual debe ser valorada su situación de riesgo. 3. El 21 de noviembre de 2025, la SR avocó conocimiento de la acción de tutela, vinculó a la UNP y a la Secretaría Judicial de la SRVR (SJ-SRVR) y corrió traslado a las entidades accionadas y vinculadas. Como medida provisional ordenó a la UIA, en coordinación con la UNP, asignar –en el término de un (1) día– un esquema de protección que corresponda a las circunstancias del relato del accionante6. El 25 siguiente, los concernidos aportaron lo siguiente: 3.1. El actor informó que, el 21 del mismo mes y año, fue notificado del auto mediante el cual la SRVR negó su solicitud de medida cautelar de protección, porque la UIA calificó en su informe técnico el riesgo como exógeno y multicausal7. Indicó que presentó recursos ordinarios contra dicha providencia y pidió al juez constitucional que el esquema de protección provisional se convierta en permanente o, subsidiariamente, se mantenga hasta que se decidan los recursos interpuestos8.Finalmente, manifestó ser víctima de nuevas amenazas. 3.2. La UIA solicitó negar las pretensiones de la acción9. Sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del actor, pues cumplió la orden de la SRVR, adelantó el estudio de riesgo y rindió concepto. Afirmó que la competente para proteger a NOMBRE1 es la UNP, puesto que la fuente de riesgo no se relaciona directamente con su labor como abogado ante la JEP, sino con circunstancias asociadas a su trayectoria pública, la calidad de firmante del acuerdo de paz y a su participación en espacios políticos y sociales previos, así como con la compleja situación de seguridad del departamento en el que reside10. Precisó que tramitó una solicitud similar del actor en octubre de 2024, cuando el hoy accionante le informó sobre situaciones que pondrían en riesgo su vida e integridad personal. En aquella ocasión, el resultado del estudio de riesgo fue el mismo11 y, por ello, lo remitió a la UNP el 18 de febrero de 6 Folios 49-58. 7 Folio 89-92. 8 Folio 93. 9 Folios 195-203. 10 Dijo la UIA: “los elementos de riesgo identificados se enmarcan en un contexto de exposición multicausal, vinculado tanto a su trayectoria pública y su participación en roles políticos y sociales previos, así como con la compleja situación de seguridad del departamento donde reside” (folio 287). 11 En dicha ocasión también sostuvo que la entidad llamada a brindar protección al señor NOMBRE1 es la UNP, por cuanto la fuente del riesgo no se vincula de manera directa y exclusiva con su labor como SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 las que se advierte sobre la persistencia de violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo Final de Paz. Recordó, además, que la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-020 de 2022, declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional por la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los firmantes del acuerdo y de sus familiares, contexto en el cual debe ser valorada su situación de riesgo. 3. El 21 de noviembre de 2025, la SR avocó conocimiento de la acción de tutela, vinculó a la UNP y a la Secretaría Judicial de la SRVR (SJ-SRVR) y corrió traslado a las entidades accionadas y vinculadas. Como medida provisional ordenó a la UIA, en coordinación con la UNP, asignar –en el término de un (1) día– un esquema de protección que corresponda a las circunstancias del relato del accionante6. El 25 siguiente, los concernidos aportaron lo siguiente: 3.1. El actor informó que, el 21 del mismo mes y año, fue notificado del auto mediante el cual la SRVR negó su solicitud de medida cautelar de protección, porque la UIA calificó en su informe técnico el riesgo como exógeno y multicausal7. Indicó que presentó recursos ordinarios contra dicha providencia y pidió al juez constitucional que el esquema de protección provisional se convierta en permanente o, subsidiariamente, se mantenga hasta que se decidan los recursos interpuestos8.Finalmente, manifestó ser víctima de nuevas amenazas. 3.2. La UIA solicitó negar las pretensiones de la acción9. Sostuvo que no vulneró los derechos fundamentales del actor, pues cumplió la orden de la SRVR, adelantó el estudio de riesgo y rindió concepto. Afirmó que la competente para proteger a NOMBRE1 es la UNP, puesto que la fuente de riesgo no se relaciona directamente con su labor como abogado ante la JEP, sino con circunstancias asociadas a su trayectoria pública, la calidad de firmante del acuerdo de paz y a su participación en espacios políticos y sociales previos, así como con la compleja situación de seguridad del departamento en el que reside10. Precisó que tramitó una solicitud similar del actor en octubre de 2024, cuando el hoy accionante le informó sobre situaciones que pondrían en riesgo su vida e integridad personal. En aquella ocasión, el resultado del estudio de riesgo fue el mismo11 y, por ello, lo remitió a la UNP el 18 de febrero de 6 Folios 49-58. 7 Folio 89-92. 8 Folio 93. 9 Folios 195-203. 10 Dijo la UIA: “los elementos de riesgo identificados se enmarcan en un contexto de exposición multicausal, vinculado tanto a su trayectoria pública y su participación en roles políticos y sociales previos, así como con la compleja situación de seguridad del departamento donde reside” (folio 287). 11 En dicha ocasión también sostuvo que la entidad llamada a brindar protección al señor NOMBRE1 es la UNP, por cuanto la fuente del riesgo no se vincula de manera directa y exclusiva con su labor como SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 2025. Finalmente, informó las gestiones para acatar la medida provisional ordenada en el trámite de tutela12. 3.3. La SRVR indicó que no vulneró los derechos del accionante y pidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado13. Explicó que tramitó la petición de medida cautelar en un término razonable, recibió el estudio de riesgo de la UIA — que calificó la situación como multicausal— y, con fundamento en ello negó las medidas de protección solicitadas mediante auto del 20 de noviembre de 2025. De igual manera, remitió el caso a la UNP y la exhortó para que realizara un análisis propio de la petición de protección. A su juicio, con esa providencia se dio respuesta íntegra a las pretensiones del actor, lo que configura la carencia actual de objeto. Finalmente, informó que el señor NOMBRE1 interpuso recursos ordinarios contra esa decisión. 3.4. La SJ-SRVR14 y la UNP15 solicitaron su desvinculación del trámite. La primera, por considerar que carece de competencia para resolver sobre las medidas de seguridad. La segunda, por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la solicitud de protección está dirigida a la UIA y a la SRVR. Añadió que la acción es improcedente por ausencia de subsidiariedad, en tanto el actor la usó para eludir los procedimientos administrativos ordinarios. 4. Mediante Auto SRT-AT-JBM-683 del 27 de noviembre de 202516, la SR requirió a la UIA, a la UNP y al señor NOMBRE1, para que informaran sobre la implementación de la medida provisional. Igualmente, ordenó a la UNP precisar los trámites adelantados para dar cumplimiento al auto del 20 de noviembre de 2025 con el cual la SRVR le remitió, por competencia, el caso del accionante. 5. El 27 de noviembre de 2025, el accionante informó que la medida provisional no había sido ejecutada17. Ese mismo día, la UIA indicó que el 24 de noviembre había remitido la solicitud de implementación de la medida provisional a la UNP, la cual Paz y a su participación en escenarios políticos y sociales previos, todo ello en el marco de la compleja situación de seguridad que atraviesa el departamento en el que actualmente reside. 12 Folio 202. Remitió correo a la UNP, en el marco del convenio interadministrativo entre las dos entidades, para que “se proceda con la implementación de las medidas de protección consistentes en un esquema de protección tipo 1 en favor del accionante”. 13 Folios 320- 324. 14 Folios 394-405. 15 Folios 425-434. 16 Folios 444-446. 17 Folio 465. 4 otoV :otoV( HTRUOCNATEB SAJOR OSNOFLA OLINAD ,)ovitisop otoV :otoV( OTEIRP SERANIL AICIRTAP AHTRIM rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE ,)ovitisop otoV :otoV( ARIENEDAVIR OGNARA OFLODOR ,)ovitisop otoV :otoV( ONAIBUR AOBMAG OICOR ARDNAS ,)ovitisop otoV :otoV( ZOÑUM SETNEUFIC ODRAUDE ,)ovitisop le y 1000.00.0.5202.65-7531051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe l SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 2025. Finalmente, informó las gestiones para acatar la medida provisional ordenada en el trámite de tutela12. 3.3. La SRVR indicó que no vulneró los derechos del accionante y pidió declarar la carencia actual de objeto por hecho superado13. Explicó que tramitó la petición de medida cautelar en un término razonable, recibió el estudio de riesgo de la UIA — que calificó la situación como multicausal— y, con fundamento en ello negó las medidas de protección solicitadas mediante auto del 20 de noviembre de 2025. De igual manera, remitió el caso a la UNP y la exhortó para que realizara un análisis propio de la petición de protección. A su juicio, con esa providencia se dio respuesta íntegra a las pretensiones del actor, lo que configura la carencia actual de objeto. Finalmente, informó que el señor NOMBRE1 interpuso recursos ordinarios contra esa decisión. 3.4. La SJ-SRVR14 y la UNP15 solicitaron su desvinculación del trámite. La primera, por considerar que carece de competencia para resolver sobre las medidas de seguridad. La segunda, por falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que la solicitud de protección está dirigida a la UIA y a la SRVR. Añadió que la acción es improcedente por ausencia de subsidiariedad, en tanto el actor la usó para eludir los procedimientos administrativos ordinarios. 4. Mediante Auto SRT-AT-JBM-683 del 27 de noviembre de 202516, la SR requirió a la UIA, a la UNP y al señor NOMBRE1, para que informaran sobre la implementación de la medida provisional. Igualmente, ordenó a la UNP precisar los trámites adelantados para dar cumplimiento al auto del 20 de noviembre de 2025 con el cual la SRVR le remitió, por competencia, el caso del accionante. 5. El 27 de noviembre de 2025, el accionante informó que la medida provisional no había sido ejecutada17. Ese mismo día, la UIA indicó que el 24 de noviembre había remitido la solicitud de implementación de la medida provisional a la UNP, la cual Paz y a su participación en escenarios políticos y sociales previos, todo ello en el marco de la compleja situación de seguridad que atraviesa el departamento en el que actualmente reside. 12 Folio 202. Remitió correo a la UNP, en el marco del convenio interadministrativo entre las dos entidades, para que “se proceda con la implementación de las medidas de protección consistentes en un esquema de protección tipo 1 en favor del accionante”. 13 Folios 320- 324. 14 Folios 394-405. 15 Folios 425-434. 16 Folios 444-446. 17 Folio 465. 4 otoV :otoV( HTRUOCNATEB SAJOR OSNOFLA OLINAD ,)ovitisop otoV :otoV( OTEIRP SERANIL AICIRTAP AHTRIM rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE ,)ovitisop otoV :otoV( ARIENEDAVIR OGNARA OFLODOR ,)ovitisop otoV :otoV( ONAIBUR AOBMAG OICOR ARDNAS ,)ovitisop otoV :otoV( ZOÑUM SETNEUFIC ODRAUDE ,)ovitisop le y 1000.00.0.5202.65-7531051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp al a adecca ,lasecorp etneidepxe l SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 acusó recibo el 27 siguiente18. El 28 de noviembre, la UNP pidió dos (2) días de plazo para cumplir con la medida y responder el requerimiento de la SR19. 6. El 1 de diciembre de 2025, la SR ordenó a la UNP implementar inmediatamente el esquema de protección provisional y le advirtió sobre la posible apertura de incidente de desacato20. Al día siguiente, la UNP inició la ejecución del esquema y asignó un vehículo al accionante21. La providencia impugnada, la impugnación e información aportada durante el trámite de segunda instancia 7. Mediante Sentencia SRT-ST-283 del 10 de diciembre de 202522, la SR concedió el amparo23. Consideró que, aunque la SRVR y la UIA cumplieron las actuaciones a su cargo, los derechos del accionante permanecen en riesgo porque la UNP no ha valorado su caso, a pesar de conocerlo desde hace más de nueve (9) meses, esto es, desde el 18 de febrero de 2025, cuando la UIA le remitió por primera vez el asunto. Estimó el a quo que ese lapso es desproporcionado. Además, tampoco atendió el requerimiento constitucional de la SR sobre el estado del trámite a partir de la remisión realizada por la SRVR. En consecuencia, ordenó a la UNP que, en el término de treinta (30) días, califique el nivel de riesgo del señor NOMBRE1, tenga en cuenta para ello la evaluación elaborada por la UIA y adopte, si a ello hubiere lugar, las medidas de protección adecuadas. Finalmente, dispuso mantener la medida provisional de protección hasta que la UNP dé cumplimiento a lo ordenado24. 18 Folios 489-497. 19 Folios 500-501. 20 Folios 509-512. Auto SRT-AT-JBM-690 de 2025. 21 Folios 539-545. 22 Folios 572-602. Adicionalmente, exhortó a la UNP para que se abstenga de incurrir en acciones y omisiones violatorias de derechos de los ciudadanos que acuden a ella para la protección de sus derechos y negó las solicitudes de desvinculación. 23 En la parte motiva se concentró el análisis en los derechos a la seguridad personal en conexidad con la vida y la integridad personal. 24 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Sentencia SRT-ST-283 de 10 de diciembre de 2025. A continuación, se transcribe –en lo pertinente– la parte resolutiva: “PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor NOMBRE1, conforme a las razones expuestas […]. || SEGUNDO: Como consecuencia del amparo, ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, en el término de treinta (30) días contados a partir del diligenciamiento por parte del demandante, del formulario que remitió la accionada el 1° de diciembre de 2025, culmine el examen de seguridad a favor del actor, teniendo en cuenta el estudio ya efectuado por la UIA, así como los hechos narrados por el ciudadano en los que refiere ser víctima de nuevos atentados. Una vez culminado el estudio, en caso de resultar satisfactorio al accionante, deberá, proceder de manera inmediata a implementar el esquema de seguridad adecuado. De todas las act SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 acusó recibo el 27 siguiente18. El 28 de noviembre, la UNP pidió dos (2) días de plazo para cumplir con la medida y responder el requerimiento de la SR19. 6. El 1 de diciembre de 2025, la SR ordenó a la UNP implementar inmediatamente el esquema de protección provisional y le advirtió sobre la posible apertura de incidente de desacato20. Al día siguiente, la UNP inició la ejecución del esquema y asignó un vehículo al accionante21. La providencia impugnada, la impugnación e información aportada durante el trámite de segunda instancia 7. Mediante Sentencia SRT-ST-283 del 10 de diciembre de 202522, la SR concedió el amparo23. Consideró que, aunque la SRVR y la UIA cumplieron las actuaciones a su cargo, los derechos del accionante permanecen en riesgo porque la UNP no ha valorado su caso, a pesar de conocerlo desde hace más de nueve (9) meses, esto es, desde el 18 de febrero de 2025, cuando la UIA le remitió por primera vez el asunto. Estimó el a quo que ese lapso es desproporcionado. Además, tampoco atendió el requerimiento constitucional de la SR sobre el estado del trámite a partir de la remisión realizada por la SRVR. En consecuencia, ordenó a la UNP que, en el término de treinta (30) días, califique el nivel de riesgo del señor NOMBRE1, tenga en cuenta para ello la evaluación elaborada por la UIA y adopte, si a ello hubiere lugar, las medidas de protección adecuadas. Finalmente, dispuso mantener la medida provisional de protección hasta que la UNP dé cumplimiento a lo ordenado24. 18 Folios 489-497. 19 Folios 500-501. 20 Folios 509-512. Auto SRT-AT-JBM-690 de 2025. 21 Folios 539-545. 22 Folios 572-602. Adicionalmente, exhortó a la UNP para que se abstenga de incurrir en acciones y omisiones violatorias de derechos de los ciudadanos que acuden a ella para la protección de sus derechos y negó las solicitudes de desvinculación. 23 En la parte motiva se concentró el análisis en los derechos a la seguridad personal en conexidad con la vida y la integridad personal. 24 JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Revisión. Sentencia SRT-ST-283 de 10 de diciembre de 2025. A continuación, se transcribe –en lo pertinente– la parte resolutiva: “PRIMERO: CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales invocados por el señor NOMBRE1, conforme a las razones expuestas […]. || SEGUNDO: Como consecuencia del amparo, ORDENAR a la Unidad Nacional de Protección que, en el término de treinta (30) días contados a partir del diligenciamiento por parte del demandante, del formulario que remitió la accionada el 1° de diciembre de 2025, culmine el examen de seguridad a favor del actor, teniendo en cuenta el estudio ya efectuado por la UIA, así como los hechos narrados por el ciudadano en los que refiere ser víctima de nuevos atentados. Una vez culminado el estudio, en caso de resultar satisfactorio al accionante, deberá, proceder de manera inmediata a implementar el esquema de seguridad adecuado. De todas las act SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 8. El 16 de diciembre de 2025, la UNP presentó dos escritos: uno de impugnación25 y otro de solicitud de modulación del fallo26. En el primero, pidió revocar la sentencia y declarar la improcedencia del amparo, al considerar que no ha vulnerado los derechos del accionante, pues no tiene competencia para brindar protección a abogados de comparecientes ante la JEP, dado que este grupo no está previsto como población objeto del programa de protección del Decreto 1066 de 2015 (art. 2.4.1.2.6). Añadió que la acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor la habría utilizado para eludir los procedimientos administrativos ordinarios en materia de medidas de protección. En el segundo, pidió modular la orden impartida. Adujo que “será imposible el cumplimiento”, dado que el acceso a los programas de protección está condicionado a la pertenencia del solicitante a los grupos expresamente definidos en el Decreto 1066 de 2015, dentro de los cuales no se encuentran los abogados de la JEP. Recordó que las medidas de protección de la UNP no pueden coexistir con otros esquemas y reiteró que la JEP debe asumir directamente la competencia para decretar la medida de protección, y la UNP cumplir funciones de apoyo técnico e implementación, en el marco del convenio interinstitucional vigente. 9. El 18 de noviembre de 202527, la SR rechazó la solicitud de modulación del fallo y concedió la impugnación28. 10. El 19 de enero de 2026 la SRVR allegó copia del Auto que negó el recurso de reposición presentado en el trámite ordinario ante la JEP (párr. 3.3) y volvió a exhortar a la UNP para que adelante el análisis de riesgo a NOMBRE1. En dicha providencia, aunque mencionó que concedería el recurso de apelación, no lo hizo29. II. FUNDAMENTOS 11. La SA es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia SRT-ST-283 del 10 de diciembre de 202530. Como problema jurídico, corresponde a la Sección establecer si la acción acreditó los requisitos generales de 25 Folios 685-696. La sentencia de tutela fue impugnada dentro del término legal. Dicha providencia fue notificada el 11 de diciembre de 2025 por medios electrónicos (folios 603-623) e impugnada el tercer día hábil siguiente. 26 Folios 725-733. 27 Folios 751-752. Auto SRT-AT-JBM-749 de 2025. El 26 de diciembre de 2025, mediante Acta 5566, la Secretaría Judicial de la SA repartió a un despacho la impugnación (folio 773). 28 La SR evocó en apoyo la Sentencia T-086 de 2003 de la Corte Constitucional y el artículo 285 del Código General del Proceso (CGP) para descartar el cumplimiento de los requisitos previstos para la modulación de providencias constitucionales (folio 752). 29 Folios 928-952. 30 De acuerdo con el artículo 8 constitucional transitorio (AL 1/17); los artículos 96 (lit. c), y 147 de la Ley 1957 de 2019; y el artículo 53, inciso 2, de la Ley 1922 de 2018, en concordancia con los SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 8. El 16 de diciembre de 2025, la UNP presentó dos escritos: uno de impugnación25 y otro de solicitud de modulación del fallo26. En el primero, pidió revocar la sentencia y declarar la improcedencia del amparo, al considerar que no ha vulnerado los derechos del accionante, pues no tiene competencia para brindar protección a abogados de comparecientes ante la JEP, dado que este grupo no está previsto como población objeto del programa de protección del Decreto 1066 de 2015 (art. 2.4.1.2.6). Añadió que la acción de tutela es improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que el actor la habría utilizado para eludir los procedimientos administrativos ordinarios en materia de medidas de protección. En el segundo, pidió modular la orden impartida. Adujo que “será imposible el cumplimiento”, dado que el acceso a los programas de protección está condicionado a la pertenencia del solicitante a los grupos expresamente definidos en el Decreto 1066 de 2015, dentro de los cuales no se encuentran los abogados de la JEP. Recordó que las medidas de protección de la UNP no pueden coexistir con otros esquemas y reiteró que la JEP debe asumir directamente la competencia para decretar la medida de protección, y la UNP cumplir funciones de apoyo técnico e implementación, en el marco del convenio interinstitucional vigente. 9. El 18 de noviembre de 202527, la SR rechazó la solicitud de modulación del fallo y concedió la impugnación28. 10. El 19 de enero de 2026 la SRVR allegó copia del Auto que negó el recurso de reposición presentado en el trámite ordinario ante la JEP (párr. 3.3) y volvió a exhortar a la UNP para que adelante el análisis de riesgo a NOMBRE1. En dicha providencia, aunque mencionó que concedería el recurso de apelación, no lo hizo29. II. FUNDAMENTOS 11. La SA es competente para conocer la impugnación presentada contra la sentencia SRT-ST-283 del 10 de diciembre de 202530. Como problema jurídico, corresponde a la Sección establecer si la acción acreditó los requisitos generales de 25 Folios 685-696. La sentencia de tutela fue impugnada dentro del término legal. Dicha providencia fue notificada el 11 de diciembre de 2025 por medios electrónicos (folios 603-623) e impugnada el tercer día hábil siguiente. 26 Folios 725-733. 27 Folios 751-752. Auto SRT-AT-JBM-749 de 2025. El 26 de diciembre de 2025, mediante Acta 5566, la Secretaría Judicial de la SA repartió a un despacho la impugnación (folio 773). 28 La SR evocó en apoyo la Sentencia T-086 de 2003 de la Corte Constitucional y el artículo 285 del Código General del Proceso (CGP) para descartar el cumplimiento de los requisitos previstos para la modulación de providencias constitucionales (folio 752). 29 Folios 928-952. 30 De acuerdo con el artículo 8 constitucional transitorio (AL 1/17); los artículos 96 (lit. c), y 147 de la Ley 1957 de 2019; y el artículo 53, inciso 2, de la Ley 1922 de 2018, en concordancia con los SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 procedencia. Solo en caso de que la tutela sea procedente, evaluará si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor. La acción de tutela es procedente 12. La acción cumple con los requisitos de legitimación en la causa por activa31, por cuanto fue presentada directamente por el presunto afectado con las omisiones cuestionadas. Legitimación en la causa por pasiva32, porque fue dirigida contra la SRVR y la UIA, a quienes el actor atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales por omisión. Adicionalmente, en el trámite ordinario la UNP fue requerida por la SRVR para suministrar información relacionada con la situación de riesgo del accionante y, en este proceso de tutela, la SR la vinculó para verificar el cumplimiento de dicha solicitud judicial, razón por la cual también ostenta legitimación por pasiva. Inmediatez33, pues –por una parte– al momento de presentar la tutela había trascurrido menos de un mes desde el vencimiento del plazo otorgado a la UIA para emitir el estudio de riesgo, sin que se hubiese presentado ni adoptado medidas de protección. Además, a la fecha, el accionante no cuenta con el esquema de seguridad solicitado, lo que refuerza la actualidad del presunto agravio y la necesidad de garantizar una respuesta judicial oportuna. Finalmente, contrario a lo manifestado por la impugnante, la acción también cumple con la subsidiariedad34 por las razones que se exponen a continuación. 13. La acción de tutela es residual y subsidiaria y, en principio, no puede emplearse como sustituto de los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador para la protección de los derechos fundamentales. De manera excepcional, no obstante, procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable35. De acuerdo con la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, en asuntos relacionados con esquemas o medidas de protección es posible, en ciertos casos, acudir a la acción de tutela como mecanismo definitivo, aun cuando existan medios 31 Según el artículo 86 de la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991, toda persona tiene derecho a interponer acción de tutela por sí misma, “contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental” (artículo 13 del Decreto 2591 de 1991). 32 De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución la acción de tutela es procedente contra la vulneración o amenaza por la acción o la omisión de cualquier autoridad. 33 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (sentencias T-136 de 2023, T-363 de 2022, T-149 de 2022, T-252 de 2021, T-468 de 2020, T-175 de 2016, T-425 de 2015, T-095 de 2013, entre otras), la acción de tutela debe interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En otras palabras, aunque no tiene un plazo de caducidad, sí debe interponerse en SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 procedencia. Solo en caso de que la tutela sea procedente, evaluará si se vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor. La acción de tutela es procedente 12. La acción cumple con los requisitos de legitimación en la causa por activa31, por cuanto fue presentada directamente por el presunto afectado con las omisiones cuestionadas. Legitimación en la causa por pasiva32, porque fue dirigida contra la SRVR y la UIA, a quienes el actor atribuye la presunta vulneración de sus derechos fundamentales por omisión. Adicionalmente, en el trámite ordinario la UNP fue requerida por la SRVR para suministrar información relacionada con la situación de riesgo del accionante y, en este proceso de tutela, la SR la vinculó para verificar el cumplimiento de dicha solicitud judicial, razón por la cual también ostenta legitimación por pasiva. Inmediatez33, pues –por una parte– al momento de presentar la tutela había trascurrido menos de un mes desde el vencimiento del plazo otorgado a la UIA para emitir el estudio de riesgo, sin que se hubiese presentado ni adoptado medidas de protección. Además, a la fecha, el accionante no cuenta con el esquema de seguridad solicitado, lo que refuerza la actualidad del presunto agravio y la necesidad de garantizar una respuesta judicial oportuna. Finalmente, contrario a lo manifestado por la impugnante, la acción también cumple con la subsidiariedad34 por las razones que se exponen a continuación. 13. La acción de tutela es residual y subsidiaria y, en principio, no puede emplearse como sustituto de los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador para la protección de los derechos fundamentales. De manera excepcional, no obstante, procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable35. De acuerdo con la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional, en asuntos relacionados con esquemas o medidas de protección es posible, en ciertos casos, acudir a la acción de tutela como mecanismo definitivo, aun cuando existan medios 31 Según el artículo 86 de la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991, toda persona tiene derecho a interponer acción de tutela por sí misma, “contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental” (artículo 13 del Decreto 2591 de 1991). 32 De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución la acción de tutela es procedente contra la vulneración o amenaza por la acción o la omisión de cualquier autoridad. 33 De acuerdo con la jurisprudencia constitucional (sentencias T-136 de 2023, T-363 de 2022, T-149 de 2022, T-252 de 2021, T-468 de 2020, T-175 de 2016, T-425 de 2015, T-095 de 2013, entre otras), la acción de tutela debe interponerse en un término prudencial contado a partir de la acción u omisión que amenaza o genera una afectación a los derechos fundamentales. En otras palabras, aunque no tiene un plazo de caducidad, sí debe interponerse en resuelven. Por ello, la tutela puede operar como mecanismo definitivo cuando (i) el accionante es sujeto de especial protección constitucional o se encuentra en situación de vulnerabilidad, (ii) enfrenta un riesgo “extraordinario” o “extremo” conforme a las matrices de calificación aplicables y (iii) del examen prima facie se advierte que las actuaciones de las entidades demandadas han agravado la situación de riesgo. En el presente caso, dicho umbral no se cumple. El estudio de riesgo elaborado por la UIA se limitó a identificar un riesgo de naturaleza multicausal, pero no lo calificó como extraordinario o extremo y, además, en el expediente no se observa que las actuaciones de las entidades accionadas o vinculadas hayan incrementado el nivel de riesgo que afronta el actor. En consecuencia, la acción de tutela no procede aquí como mecanismo definitivo, sino únicamente como mecanismo transitorio orientado a evitar un eventual perjuicio irremediable, en los términos que se exponen a continuación. 14. Si bien el trámite de medidas de protección ante la SRVR no ha concluido, y prima facie es ese el escenario natural para resolver de fondo la situación del accionante, las circunstancias que dieron lugar a la tutela revelan un riesgo actual, inminente y serio para su vida e integridad personal. Además, la sala de justicia no ejerció la facultad de otorgar medidas de carácter provisional mientras se realizaba el estudio de riesgo, a pesar de contar con dicha posibilidad37. En tales condiciones, la intervención del juez constitucional se torna urgente e impostergable, con el alcance estrictamente transitorio de asegurar medidas idóneas de protección mientras se adopta una decisión definitiva en las sedes competentes38. En 36 Corte Constitucional. Sentencias T-457, T-434, T-394, T-389, T-335, T-305, T-258 y T-107 de 2025, entre otras. 37 La SA ha señalado que es posible que la magistratura realice un análisis preliminar del riesgo y otorgue medidas de carácter provisional, mientras los órganos técnicos especializados lo califican para tomar una decisión definitiva. Ver: JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 1450 de 2023. Dijo la SA: “para adoptar una decisión sobre medidas cautelares de protección es indispensable contar con un estudio previo de evaluación de riesgo, en el entretanto la magistratura puede adoptar medidas provisionales -mientras se adelanta dicho estudio-, a condición de que cuente con elementos suficientes que indiquen preliminarmente que el caso concreto sí cumpliría con los requisitos necesarios para que proceda la adopción de medidas de protección por parte de la JEP. Ello implica, como ya se señaló, una ponderación provisional o preliminar sobre el carácter extraordinario o extremo del riesgo que pretende precaverse; así como la verificación, también preliminar de la relación íntima entre dicho riesgo y la participación en la JEP. Por lo que se explicará sobre la idoneidad y necesidad de las medidas, las que se resuelven. Por ello, la tutela puede operar como mecanismo definitivo cuando (i) el accionante es sujeto de especial protección constitucional o se encuentra en situación de vulnerabilidad, (ii) enfrenta un riesgo “extraordinario” o “extremo” conforme a las matrices de calificación aplicables y (iii) del examen prima facie se advierte que las actuaciones de las entidades demandadas han agravado la situación de riesgo. En el presente caso, dicho umbral no se cumple. El estudio de riesgo elaborado por la UIA se limitó a identificar un riesgo de naturaleza multicausal, pero no lo calificó como extraordinario o extremo y, además, en el expediente no se observa que las actuaciones de las entidades accionadas o vinculadas hayan incrementado el nivel de riesgo que afronta el actor. En consecuencia, la acción de tutela no procede aquí como mecanismo definitivo, sino únicamente como mecanismo transitorio orientado a evitar un eventual perjuicio irremediable, en los términos que se exponen a continuación. 14. Si bien el trámite de medidas de protección ante la SRVR no ha concluido, y prima facie es ese el escenario natural para resolver de fondo la situación del accionante, las circunstancias que dieron lugar a la tutela revelan un riesgo actual, inminente y serio para su vida e integridad personal. Además, la sala de justicia no ejerció la facultad de otorgar medidas de carácter provisional mientras se realizaba el estudio de riesgo, a pesar de contar con dicha posibilidad37. En tales condiciones, la intervención del juez constitucional se torna urgente e impostergable, con el alcance estrictamente transitorio de asegurar medidas idóneas de protección mientras se adopta una decisión definitiva en las sedes competentes38. En 36 Corte Constitucional. Sentencias T-457, T-434, T-394, T-389, T-335, T-305, T-258 y T-107 de 2025, entre otras. 37 La SA ha señalado que es posible que la magistratura realice un análisis preliminar del riesgo y otorgue medidas de carácter provisional, mientras los órganos técnicos especializados lo califican para tomar una decisión definitiva. Ver: JEP. Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 1450 de 2023. Dijo la SA: “para adoptar una decisión sobre medidas cautelares de protección es indispensable contar con un estudio previo de evaluación de riesgo, en el entretanto la magistratura puede adoptar medidas provisionales -mientras se adelanta dicho estudio-, a condición de que cuente con elementos suficientes que indiquen preliminarmente que el caso concreto sí cumpliría con los requisitos necesarios para que proceda la adopción de medidas de protección por parte de la JEP. Ello implica, como ya se señaló, una ponderación provisional o preliminar sobre el carácter extraordinario o extremo del riesgo que pretende precaverse; así como la verificación, también preliminar de la relación íntima entre dicho riesgo y la participación en la JEP. Por lo que se explicará sobre la idoneidad y necesidad de las medidas, las que se SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 consecuencia, la Sección entrará a examinar si, en el caso concreto, se vulneró el derecho fundamental a la seguridad personal del accionante, por ser el derecho nuclear en riesgo y del cual dependen, en este preciso asunto, los demás derechos invocados, cuyo ejercicio podría verse limitado si aquel resulta comprometido. Derecho a la seguridad personal 15. El derecho a la seguridad personal, como proyección de la dignidad humana, surge del deber estatal de proteger la vida y la integridad de las personas y de garantizar la convivencia pacífica (arts. 2° y 11 de la Constitución). A ello se suman los compromisos derivados de instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9.1) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 3)39. Su finalidad es mitigar peligros excepcionales contra la integridad de un sujeto, esto es, riesgos que exceden las contingencias propias de la vida en comunidad40. De manera que “no es una garantía de inmunidad frente a cualquier contingencia, riesgo o peligro”41; pues el deber de protección del Estado solo se activa cuando el riesgo adquiere la connotación de extraordinario o extremo que ninguna persona está obligada a soportar conforme al principio de distribución equitativa de las cargas públicas42. 16. De este derecho se desprende para el Estado un haz de obligaciones concretas, que comprenden: (i) identificar los riesgos y advertir oportuna y claramente a los potenciales afectados; (ii) valorar su origen y características con base en un estudio cuidadoso, individualizado y debidamente motivado; (iii) definir, sin dilaciones del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”. Ver, entre otras: Corte Constitucional. Sentencia T-107 de 2025, T-789 de 2003, T-225 de 1993. Asimismo, dicha excepción al requisito de subsidiariedad exige que se verifique la existencia de un perjuicio irremediable en los siguientes términos: i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto del daño-; ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir el perjuicio irremediable; iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y, iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo. 39 Corte Constitucional. Sentencia T-457 de 2025. En la sentencia T-305 de 2025 se precisó que tales instrumentos internacionales “(…) se integran a la Constitución, por vía del bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 93.1 de la Carta. En concreto, por vía del bloque en sentido estricto, toda vez que los referidos tratados fueron suscr SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 consecuencia, la Sección entrará a examinar si, en el caso concreto, se vulneró el derecho fundamental a la seguridad personal del accionante, por ser el derecho nuclear en riesgo y del cual dependen, en este preciso asunto, los demás derechos invocados, cuyo ejercicio podría verse limitado si aquel resulta comprometido. Derecho a la seguridad personal 15. El derecho a la seguridad personal, como proyección de la dignidad humana, surge del deber estatal de proteger la vida y la integridad de las personas y de garantizar la convivencia pacífica (arts. 2° y 11 de la Constitución). A ello se suman los compromisos derivados de instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 7.1), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9.1) y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 3)39. Su finalidad es mitigar peligros excepcionales contra la integridad de un sujeto, esto es, riesgos que exceden las contingencias propias de la vida en comunidad40. De manera que “no es una garantía de inmunidad frente a cualquier contingencia, riesgo o peligro”41; pues el deber de protección del Estado solo se activa cuando el riesgo adquiere la connotación de extraordinario o extremo que ninguna persona está obligada a soportar conforme al principio de distribución equitativa de las cargas públicas42. 16. De este derecho se desprende para el Estado un haz de obligaciones concretas, que comprenden: (i) identificar los riesgos y advertir oportuna y claramente a los potenciales afectados; (ii) valorar su origen y características con base en un estudio cuidadoso, individualizado y debidamente motivado; (iii) definir, sin dilaciones del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado”. Ver, entre otras: Corte Constitucional. Sentencia T-107 de 2025, T-789 de 2003, T-225 de 1993. Asimismo, dicha excepción al requisito de subsidiariedad exige que se verifique la existencia de un perjuicio irremediable en los siguientes términos: i) una afectación inminente del derecho -elemento temporal respecto del daño-; ii) la urgencia de las medidas para remediar o prevenir el perjuicio irremediable; iii) la gravedad del perjuicio -grado o impacto de la afectación del derecho-; y, iv) el carácter impostergable de las medidas para la efectiva protección de las garantías fundamentales en riesgo. 39 Corte Constitucional. Sentencia T-457 de 2025. En la sentencia T-305 de 2025 se precisó que tales instrumentos internacionales “(…) se integran a la Constitución, por vía del bloque de constitucionalidad contemplado en el artículo 93.1 de la Carta. En concreto, por vía del bloque en sentido estricto, toda vez que los referidos tratados fueron suscr SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 injustificadas, medidas de protección específicas, adecuadas y suficientes para evitar su materialización; (iv) asignar y ejecutar oportunamente tales medidas para asegurar una protección eficaz; (v) revisar periódicamente la situación de riesgo y ajustar las medidas según su evolución; (vi) reaccionar de manera efectiva ante signos de concreción del peligro, adoptando acciones adicionales de mitigación o contención; y (vii) abstenerse de adoptar decisiones que generen o incrementen un riesgo extraordinario para las personas43. Estas exigencias se tornan especialmente intensas cuando se trata de personas que, por su labor, se encuentran expuestas a niveles superiores de amenaza, como las personas que integran la población líder y defensora de derechos humanos44, personas en proceso de reincorporación y firmantes del acuerdo de paz45, entre otras46. Caso concreto. La SA concederá el amparo de manera temporal y revocará parcialmente la sentencia impugnada 17. En el presente caso confluyen dos trámites ordinarios destinados a valorar el riesgo del accionante y, en su caso, adoptar medidas de protección. De un lado, el trámite de medidas cautelares iniciado en agosto de 202547 ante la SRVR, aún inconcluso, pues se encuentran pendientes de resolución los recursos ordinarios interpuestos contra el auto que negó las medidas de protección y envió el caso a la UNP con el exhorto de realizar un análisis propio y completo del riesgo, lo que hasta el momento no se ha materializado. De otro lado, el trámite iniciado en 2024 ante la UIA y allegado a la UNP el 18 de febrero de 2025, en relación con el cual no obra en el expediente evidencia alguna de actuaciones sustantivas por parte de dicha entidad, pese a haber transcurrido más de nueve (9) meses desde la remisión. 18. En el trámite adelantado ante la SRVR, esta no exploró la posibilidad de otorgar medidas de carácter provisional mientras se realizaba el estudio de riesgo, a pesar de contar con esa facultad y a la naturaleza misma de la solicitud, orientada a conjurar un peligro inminente48. Una vez entregado el análisis por parte de la UIA, la Sala de 43 Corte Constitucional. SentenciaT-457 de 2025 y T-432 de 2024; en referencia a la sentencia T-030 de 2016. 44 Corte Constitucional. SentenciaT-457 de 2025. La jurisprudencia constitucional ha entendido las nociones de “líder social” y “defensor de derechos humanos” como categorías amplias, flexibles y, en muchas ocasiones, equivalentes. Así, en la Sentencia T-469 de 2020 los describió como personas reconocidas por su comunidad para dirigir y coordinar procesos colectivos orientados a mejorar la calidad de vida y a defender derechos —por ejemplo, en materia ambiental, territorial, de participación política o de derechos de las víctimas—. A su turno, en la Sentencia SU-546 de 2023 precisó que su identificación se ancla en las labores efectivas de defensa de derechos y en un liderazgo reconocible SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 injustificadas, medidas de protección específicas, adecuadas y suficientes para evitar su materialización; (iv) asignar y ejecutar oportunamente tales medidas para asegurar una protección eficaz; (v) revisar periódicamente la situación de riesgo y ajustar las medidas según su evolución; (vi) reaccionar de manera efectiva ante signos de concreción del peligro, adoptando acciones adicionales de mitigación o contención; y (vii) abstenerse de adoptar decisiones que generen o incrementen un riesgo extraordinario para las personas43. Estas exigencias se tornan especialmente intensas cuando se trata de personas que, por su labor, se encuentran expuestas a niveles superiores de amenaza, como las personas que integran la población líder y defensora de derechos humanos44, personas en proceso de reincorporación y firmantes del acuerdo de paz45, entre otras46. Caso concreto. La SA concederá el amparo de manera temporal y revocará parcialmente la sentencia impugnada 17. En el presente caso confluyen dos trámites ordinarios destinados a valorar el riesgo del accionante y, en su caso, adoptar medidas de protección. De un lado, el trámite de medidas cautelares iniciado en agosto de 202547 ante la SRVR, aún inconcluso, pues se encuentran pendientes de resolución los recursos ordinarios interpuestos contra el auto que negó las medidas de protección y envió el caso a la UNP con el exhorto de realizar un análisis propio y completo del riesgo, lo que hasta el momento no se ha materializado. De otro lado, el trámite iniciado en 2024 ante la UIA y allegado a la UNP el 18 de febrero de 2025, en relación con el cual no obra en el expediente evidencia alguna de actuaciones sustantivas por parte de dicha entidad, pese a haber transcurrido más de nueve (9) meses desde la remisión. 18. En el trámite adelantado ante la SRVR, esta no exploró la posibilidad de otorgar medidas de carácter provisional mientras se realizaba el estudio de riesgo, a pesar de contar con esa facultad y a la naturaleza misma de la solicitud, orientada a conjurar un peligro inminente48. Una vez entregado el análisis por parte de la UIA, la Sala de 43 Corte Constitucional. SentenciaT-457 de 2025 y T-432 de 2024; en referencia a la sentencia T-030 de 2016. 44 Corte Constitucional. SentenciaT-457 de 2025. La jurisprudencia constitucional ha entendido las nociones de “líder social” y “defensor de derechos humanos” como categorías amplias, flexibles y, en muchas ocasiones, equivalentes. Así, en la Sentencia T-469 de 2020 los describió como personas reconocidas por su comunidad para dirigir y coordinar procesos colectivos orientados a mejorar la calidad de vida y a defender derechos —por ejemplo, en materia ambiental, territorial, de participación política o de derechos de las víctimas—. A su turno, en la Sentencia SU-546 de 2023 precisó que su identificación se ancla en las labores efectivas de defensa de derechos y en un liderazgo reconocible SECCIÓN DE APELACIÓN EXPEDIENTE LEGALI: 1501357-56.2025.0.00.0001 Justicia lo remitió a la UNP y la exhortó para que efectuara una valoración propia. A su turno, la UNP desatendió el exhorto y, en este trámite constitucional, alegó de manera genérica carecer de competencia para proteger a abogados de comparecientes ante la JEP, sin verificar previamente –como lo sugiere el propio informe de la UIA– si el riesgo que enfrenta el actor obedece exclusivamente a su rol profesional o si se deriva de un entramado más amplio de factores políticos, sociales y territoriales que, en cualquier caso, imponían un estudio técnico serio y oportuno. 19. Es cierto que aún no se han resuelto en su totalidad los recursos ordinarios y que es en ese escenario natural49 y conforme a la jurisprudencia de esta Sección50 que deberá definirse de manera integral la dimensión del riesgo existente y las medidas de protección que resultan procedentes para contrarrestarlo, además de quién debe implementarlas y en qué medida vinculan los estudios de la UIA, así como las facultades de las Salas y Secciones para impartir directamente órdenes de protección. Sin embargo, mientras ello ocurre, resulta necesario adoptar una protección transitoria del derecho a la seguridad personal del accionante, para evitar un perjuicio grave e irremediable. Ello se justifica porque, en el marco del trámite judicial de medidas cautelares de protección, la SRVR omitió valorar la procedencia de medidas de protección preliminares mientras se adopta la decisión de fondo; además, porque la UIA ya identificó en su informe la existencia de un riesgo “multicausal” asociado a la trayectoria pública del peticionario, a su condición de firmante del Acuerdo de Paz, a su participación en escenarios políticos y sociales previos y al contexto de seguridad del departamento donde reside, circunstancias que, sumadas a su labor como defensor en zonas de alto impacto, podrían ubicarlo materialmente en categorías de especial exposición —como defensor de derechos humanos, líder social o apoderado que participa en procesos judiciales por violaciones de derechos humanos (DDHH) o infracciones al derecho internacional humanitario (DIH)—. En para la Paz. Sección de Apelación. Auto TP-SA 1450 de 2023. Dijo la SA: “para adoptar una decisión sobre medidas cautelares de protección es indispensable contar con un estudio previo de evaluación de riesgo, en el entretanto la magistratura puede adoptar medidas provisionales -mientras se adelanta dicho estudio-, a condición de que cuente con elementos suficientes que indiquen preliminarmente que el caso concreto sí cumpliría con los requisitos necesarios para que proceda la adopción de medidas de protección por parte de la JEP. Ello implica, como ya se señaló, una ponder