Jep Sentencia srt-st-017-2026 de 2026

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN PRIMERA Sentencia SRT-ST-017/2026 Aprobada en Acta No. 009– SUB01/26 Bogotá D.C., 9 de febrero de 2026 Radicación 1500079-83.2026.0.00.0001 Proceso Acción de Tutela Asunto Sentencia Accionante Orlando Penagos González Accionadas Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz Vinculadas Secretaría General Judicial, Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Sección de Apelación, su Secretaría Judicial, Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y la Oficina Asesora de Atención a Víctimas, todas de la Jurisdicción Especial para la Paz I. ASUNTO POR RESOLVER 1. Resuelve la Subsección Primera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz el medio de amparo promovido por el señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ contra la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de Pá g ina 1 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 justicia, a la defensa y contradicción, así como a un “juez imparcial”1, según se desprende del escrito2. 2. Con el objeto de integrar adecuadamente el contradictorio se vinculó a la Secretaría General Judicial (SGJ), a la Secretaría Judicial de la SRVR (SEJUD SRVR), a la Sección de Apelación (SA), a su Secretaría Judicial (SEJUD SA), a la Presidencia, a la Secretaría Ejecutiva (SEJEP) y a la Oficina Asesora de Atención a Víctimas (OAAV) adscrita a la última dependencia, todas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). II. HECHOS 3. De los escasos presupuestos fácticos enunciados por el actor se puede colegir que la SRVR lo acreditó como víctima dentro del Caso 08; no obstante, adujo que no fue notificado de tal decisión, sino que se enteró a través de “la Defensoría del Pueblo”3, por ende, interpuso recurso de apelación en contra de la anunciada determinación, pero se “declaró extemporáneo”4. 4. Adicionalmente, afirmó que la magistrada relatora del asunto “ha conocido dos veces del caso”5, lo que, en su criterio, vulnera sus derechos al debido proceso y “a un juez natural”6, así como también refirió que aquella “decidió sobre la recusación en su contra”7. III. PRETENSIONES 5. En atención a lo anterior, en la demandan solicitó las siguientes8: 1. Amparo de d SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN PRIMERA Sentencia SRT-ST-017/2026 Aprobada en Acta No. 009– SUB01/26 Bogotá D.C., 9 de febrero de 2026 Radicación 1500079-83.2026.0.00.0001 Proceso Acción de Tutela Asunto Sentencia Accionante Orlando Penagos González Accionadas Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz Vinculadas Secretaría General Judicial, Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Sección de Apelación, su Secretaría Judicial, Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y la Oficina Asesora de Atención a Víctimas, todas de la Jurisdicción Especial para la Paz I. ASUNTO POR RESOLVER 1. Resuelve la Subsección Primera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz el medio de amparo promovido por el señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ contra la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de Pá g ina 1 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 justicia, a la defensa y contradicción, así como a un “juez imparcial”1, según se desprende del escrito2. 2. Con el objeto de integrar adecuadamente el contradictorio se vinculó a la Secretaría General Judicial (SGJ), a la Secretaría Judicial de la SRVR (SEJUD SRVR), a la Sección de Apelación (SA), a su Secretaría Judicial (SEJUD SA), a la Presidencia, a la Secretaría Ejecutiva (SEJEP) y a la Oficina Asesora de Atención a Víctimas (OAAV) adscrita a la última dependencia, todas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). II. HECHOS 3. De los escasos presupuestos fácticos enunciados por el actor se puede colegir que la SRVR lo acreditó como víctima dentro del Caso 08; no obstante, adujo que no fue notificado de tal decisión, sino que se enteró a través de “la Defensoría del Pueblo”3, por ende, interpuso recurso de apelación en contra de la anunciada determinación, pero se “declaró extemporáneo”4. 4. Adicionalmente, afirmó que la magistrada relatora del asunto “ha conocido dos veces del caso”5, lo que, en su criterio, vulnera sus derechos al debido proceso y “a un juez natural”6, así como también refirió que aquella “decidió sobre la recusación en su contra”7. III. PRETENSIONES 5. En atención a lo anterior, en la demandan solicitó las siguientes8: 1. Amparo de d SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 4. Nuevo magistrado para resolver recusación. 5. Rehacer actuaciones afectadas. IV. DEL TRÁMITE PROCESAL 6. El 22 de enero de 2026, el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, rechazó por falta de competencia funcional el medio de amparo interpuesto por el señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ9 y, al día siguiente, lo remitió a esta Jurisdicción10. 7. Con ACTA.TSR.0000020.2026 de 26 de enero de 202611, la Secretaría Judicial de esta Sección (SEJUD SR) comunicó a la magistratura el reparto del trámite constitucional. A través de Auto SRT-AT-JBM-056 de la misma data12, entre otras determinaciones, se i) avocó conocimiento del medio de amparo formulado en contra la SRVR de la JEP; ii) llamó a integrar el contradictorio a la Secretaría Judicial de esa Sala de Justicia y a la SGJ; y iii) ordenó correr traslado del escrito y sus anexos al Órgano Judicial accionado, así como a las vinculadas oficiosamente para que ejercieran el derecho de contradicción que les asiste. 8. Mediante Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000423.2026 de 30 de enero de 202613, la SEJUD SR comunicó las respuestas recibidas, a partir de lo cual, a través de Auto SRT-AT-JBM-065 de la citada fecha14, se hizo necesario vincular a la SA y a la Secretaría Judicial del Órgano Judicial en comento. Luego, con Auto SRT- AT-JBM-069 de 2 de febrero de 202615, se vinculó a la Presidencia de la JEP, así como a la SEJEP y se requirió al actor para que aclarara aspectos propios de sus requerimientos, sin que aquel respondiera a lo pedido. 9. Con Informes No. ISJ.TSR.0000476.2026 de 316 y No. ISJ.TSR.0000529.2026 417 de febrero de 2026, se anunció el arribo de las contestaciones. Con Auto de 9 Folios 33 y 34. 10 Folios 1 y 2. 11 Folio 35. 12 Folios 36 a 38. 13 Folios 195 y 196. 14 Folios 197 y 198. 15 Folios 210 a 212. 16 Folio 337. 17 Folio 360. Pá g ina 3 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 SRT-AT-JBM-072 de 3 de febrero de 202618, se vinculó a la OAAV de la SEJEP, dependencia que respondió al día siguiente19. V. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LAS VINCULADAS 5.1. Secretaría General Judicial -SGJ-20 10. Informó que revisados los sistemas de gestión documental Conti y judicial Legali, halló que los radicados relacionados con el asunto objeto de estudio son: - Radicado Conti No. 202301050366 “REMITE SOLICITUD DE ACREDITACION COMO VICTIMA DENTRO DEL MACRO CASO 08 DEL SEÑOR ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ” (sic), el cual fue presentado el 22 de agosto de 2023 ante Ventanilla Única (VU) y reasignado el mismo día a la OAAV y a la Oficina Asesora de Atención al Ciudadano (OAAC), sin que hiciera tránsito por la SGJ. - SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 4. Nuevo magistrado para resolver recusación. 5. Rehacer actuaciones afectadas. IV. DEL TRÁMITE PROCESAL 6. El 22 de enero de 2026, el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de Bogotá, rechazó por falta de competencia funcional el medio de amparo interpuesto por el señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ9 y, al día siguiente, lo remitió a esta Jurisdicción10. 7. Con ACTA.TSR.0000020.2026 de 26 de enero de 202611, la Secretaría Judicial de esta Sección (SEJUD SR) comunicó a la magistratura el reparto del trámite constitucional. A través de Auto SRT-AT-JBM-056 de la misma data12, entre otras determinaciones, se i) avocó conocimiento del medio de amparo formulado en contra la SRVR de la JEP; ii) llamó a integrar el contradictorio a la Secretaría Judicial de esa Sala de Justicia y a la SGJ; y iii) ordenó correr traslado del escrito y sus anexos al Órgano Judicial accionado, así como a las vinculadas oficiosamente para que ejercieran el derecho de contradicción que les asiste. 8. Mediante Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000423.2026 de 30 de enero de 202613, la SEJUD SR comunicó las respuestas recibidas, a partir de lo cual, a través de Auto SRT-AT-JBM-065 de la citada fecha14, se hizo necesario vincular a la SA y a la Secretaría Judicial del Órgano Judicial en comento. Luego, con Auto SRT- AT-JBM-069 de 2 de febrero de 202615, se vinculó a la Presidencia de la JEP, así como a la SEJEP y se requirió al actor para que aclarara aspectos propios de sus requerimientos, sin que aquel respondiera a lo pedido. 9. Con Informes No. ISJ.TSR.0000476.2026 de 316 y No. ISJ.TSR.0000529.2026 417 de febrero de 2026, se anunció el arribo de las contestaciones. Con Auto de 9 Folios 33 y 34. 10 Folios 1 y 2. 11 Folio 35. 12 Folios 36 a 38. 13 Folios 195 y 196. 14 Folios 197 y 198. 15 Folios 210 a 212. 16 Folio 337. 17 Folio 360. Pá g ina 3 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 SRT-AT-JBM-072 de 3 de febrero de 202618, se vinculó a la OAAV de la SEJEP, dependencia que respondió al día siguiente19. V. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LAS VINCULADAS 5.1. Secretaría General Judicial -SGJ-20 10. Informó que revisados los sistemas de gestión documental Conti y judicial Legali, halló que los radicados relacionados con el asunto objeto de estudio son: - Radicado Conti No. 202301050366 “REMITE SOLICITUD DE ACREDITACION COMO VICTIMA DENTRO DEL MACRO CASO 08 DEL SEÑOR ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ” (sic), el cual fue presentado el 22 de agosto de 2023 ante Ventanilla Única (VU) y reasignado el mismo día a la OAAV y a la Oficina Asesora de Atención al Ciudadano (OAAC), sin que hiciera tránsito por la SGJ. - SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 0001831-09.2022.0.00.0001/0024” (sic) del 3 de diciembre de 2025, que VU reasigna a la SGJ y esta a su vez la incorporó al citado expediente. Adicionalmente, dicho memorial se complementó el mismo día bajo los radicados No. 202501098604 y. No. 202501098612, frente a los cuales se surtió idéntico procedimiento. - Radicado Conti No. 202501099881 “REMITE INCIDENTE DE NULIDAD, SOLICITANDO SE INVALIDE LA DECISION QUE NEGO LA INCLUSION DEL FALSO POSITIVO COMO HECHO REVICTIMIZANTE Y OTRAS PETICIONES, EN EL MARCO DEL CASO 08, TRAMITE EN RELACION CON EL AUTO AUTO SRVR-RJC-001-2025 Y OTROS Y EL EXP 0001831- 09.2022.0.00.0001/0024” (sic) presentado el 9 de diciembre de 2025 y reasignado el 11 del mismo mes y año a la SGJ, quien ese día la integró al diligenciamiento de la SRVR. 11. Refirió que no tiene a cargo solicitudes pendientes de resolver y, en consecuencia, pidió su desvinculación. 5.2. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas -SRVR-21 12. Aclaró que las afirmaciones del actor son imprecisas, teniendo en cuenta que, si bien fue acreditado como víctima ante la JEP, lo cierto es que ello fue declarado por la SA a través de Auto TP-SA 2032 de 6 de agosto de 2025 y no por esa Sala de Justicia. Agregó que, de acuerdo con los registros oficiales de la SEJUD SA, la decisión en mención sí le fue notificada de conformidad con las reglas vigentes y en los términos impartidos por la magistratura, específicamente a través de estado electrónico J.SA.0000155.2025 de 29 de agosto de 2025, como lo precisa la SENIT 3 de 2022, quedando ejecutoriada el 3 de septiembre de 2025, constancia en la que se dejó registrada la ausencia de peticiones de aclaración o adición dentro del término legal. 13. Indicó que, a pesar de lo anterior, el demandante presentó una solicitud de aclaración o adición de la providencia de la SA vencido el término dispuesto 21 Folios 65 a 135. Pá g ina 5 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 para ello, de modo que, con Auto SRVR-RJC-179-2025 de 2 de diciembre de 2025, la magistratura relatora la rechazó por improcedente y extemporánea, tomando como base de sus argumentos la inexistencia de manifestaciones del actor dentro del término oportuno. Aquella determinación fue reiterada y confirmada por medio de Auto SRVR-RJC-002-2026 de 14 de enero de 2026, en el que se rechazó el recurso de apelación interpuesto por aquel y se desestimó un “incidente de nulidad”22 invocado “al no evidenciarse irregularidad alguna en la notificación ni vulneración del debido proceso”23. 14. Destacó entonces que la declara SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 0001831-09.2022.0.00.0001/0024” (sic) del 3 de diciembre de 2025, que VU reasigna a la SGJ y esta a su vez la incorporó al citado expediente. Adicionalmente, dicho memorial se complementó el mismo día bajo los radicados No. 202501098604 y. No. 202501098612, frente a los cuales se surtió idéntico procedimiento. - Radicado Conti No. 202501099881 “REMITE INCIDENTE DE NULIDAD, SOLICITANDO SE INVALIDE LA DECISION QUE NEGO LA INCLUSION DEL FALSO POSITIVO COMO HECHO REVICTIMIZANTE Y OTRAS PETICIONES, EN EL MARCO DEL CASO 08, TRAMITE EN RELACION CON EL AUTO AUTO SRVR-RJC-001-2025 Y OTROS Y EL EXP 0001831- 09.2022.0.00.0001/0024” (sic) presentado el 9 de diciembre de 2025 y reasignado el 11 del mismo mes y año a la SGJ, quien ese día la integró al diligenciamiento de la SRVR. 11. Refirió que no tiene a cargo solicitudes pendientes de resolver y, en consecuencia, pidió su desvinculación. 5.2. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas -SRVR-21 12. Aclaró que las afirmaciones del actor son imprecisas, teniendo en cuenta que, si bien fue acreditado como víctima ante la JEP, lo cierto es que ello fue declarado por la SA a través de Auto TP-SA 2032 de 6 de agosto de 2025 y no por esa Sala de Justicia. Agregó que, de acuerdo con los registros oficiales de la SEJUD SA, la decisión en mención sí le fue notificada de conformidad con las reglas vigentes y en los términos impartidos por la magistratura, específicamente a través de estado electrónico J.SA.0000155.2025 de 29 de agosto de 2025, como lo precisa la SENIT 3 de 2022, quedando ejecutoriada el 3 de septiembre de 2025, constancia en la que se dejó registrada la ausencia de peticiones de aclaración o adición dentro del término legal. 13. Indicó que, a pesar de lo anterior, el demandante presentó una solicitud de aclaración o adición de la providencia de la SA vencido el término dispuesto 21 Folios 65 a 135. Pá g ina 5 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 para ello, de modo que, con Auto SRVR-RJC-179-2025 de 2 de diciembre de 2025, la magistratura relatora la rechazó por improcedente y extemporánea, tomando como base de sus argumentos la inexistencia de manifestaciones del actor dentro del término oportuno. Aquella determinación fue reiterada y confirmada por medio de Auto SRVR-RJC-002-2026 de 14 de enero de 2026, en el que se rechazó el recurso de apelación interpuesto por aquel y se desestimó un “incidente de nulidad”22 invocado “al no evidenciarse irregularidad alguna en la notificación ni vulneración del debido proceso”23. 14. Destacó entonces que la declara SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 a derecho, así como que, aquel ciudadano ha acudido de manera sucesiva a diferentes herramientas judiciales con el fin de reabrir discusiones ya surtidas “o a forzar pronunciamientos de fondo sobre asuntos respecto de los cuales se carece de competencia, lo cual no puede ser amparado en sede constitucional”24, por ende, solicitó su desvinculación. 5.3. Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SEJUD SRVR) 5.3.1. Secretaría Judicial de la SRVR25 18. Adujo que, desde el 25 de mayo de 2024, los procedimientos secretariales relacionados con el Subcaso: Ariari-Guayabero-Guaviare-Caguán-Florencia (AGGCF+) son adelantados por la Secretaría Judicial de la Sección de Ausencia de Responsabilidad, por lineamientos del despacho relator, en aras de brindar apoyo a la movilidad de la SRVR, en consecuencia, pidió la desvinculación del medio de amparo. 5.3.2. Secretaria Judicial en Apoyo a la Movilidad de la SRVR26 19. Relacionó los trámites surtidos respecto de las determinaciones de esa Sala de Justicia al interior del Caso 08, Subcaso: AGGCF+, frente a la acreditación como víctima del señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ, de la siguiente manera: - Con Auto SRVR-RJC-001 del enero 3 de 2025 se resolvió la solicitud de acreditación individual de víctimas del Informe No. 205 en el que se decidió no reconocerle dicha calidad al señor PENAGOS GONZÁLEZ, de la citada providencia se notificó al accionante con Oficio No. SJ.SRVR.0000341.2025 de 7 de enero de 2025, con “Constancia de abierto: 2025-ene-07 15:35:15”27. 24 Folio 73. 25 Folios 192 y 194. 26 Folios 136 a 189. 27 Folio 137. Pá g ina 7 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 - Mediante Auto TP-SA 2032 de 6 de agosto de 2025, la SA resolvió la impugnación presentada por el actor en contra de la determinación citada previamente y, en su lugar, decidió acreditarlo como interviniente especial, siendo notificado con estado SJ.SA.0000155.2025 de 29 de agosto de 2025, así como también adujo que la SEJUD SA le remitió correo informativo de acceso al expediente en la misma fecha “por medio del cual se le pone de presente al accionante que cuenta con contraseña vigente de acceso al expediente digital”28. - Con Providencia SRVR-RJC-179 de 2 de diciembre de 2025, la magistratura relatora del Macrocaso 8, rechazó por improcedente la solicitud de nulidad formulada por el demandante, enterándolo a través de Oficio No. SJ.SRVR.0058819.2025 de idéntica data, el cual cuenta con constancia de entrega a su servidor de correo electrónico. - Por medio de Auto SRVR SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 a derecho, así como que, aquel ciudadano ha acudido de manera sucesiva a diferentes herramientas judiciales con el fin de reabrir discusiones ya surtidas “o a forzar pronunciamientos de fondo sobre asuntos respecto de los cuales se carece de competencia, lo cual no puede ser amparado en sede constitucional”24, por ende, solicitó su desvinculación. 5.3. Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SEJUD SRVR) 5.3.1. Secretaría Judicial de la SRVR25 18. Adujo que, desde el 25 de mayo de 2024, los procedimientos secretariales relacionados con el Subcaso: Ariari-Guayabero-Guaviare-Caguán-Florencia (AGGCF+) son adelantados por la Secretaría Judicial de la Sección de Ausencia de Responsabilidad, por lineamientos del despacho relator, en aras de brindar apoyo a la movilidad de la SRVR, en consecuencia, pidió la desvinculación del medio de amparo. 5.3.2. Secretaria Judicial en Apoyo a la Movilidad de la SRVR26 19. Relacionó los trámites surtidos respecto de las determinaciones de esa Sala de Justicia al interior del Caso 08, Subcaso: AGGCF+, frente a la acreditación como víctima del señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ, de la siguiente manera: - Con Auto SRVR-RJC-001 del enero 3 de 2025 se resolvió la solicitud de acreditación individual de víctimas del Informe No. 205 en el que se decidió no reconocerle dicha calidad al señor PENAGOS GONZÁLEZ, de la citada providencia se notificó al accionante con Oficio No. SJ.SRVR.0000341.2025 de 7 de enero de 2025, con “Constancia de abierto: 2025-ene-07 15:35:15”27. 24 Folio 73. 25 Folios 192 y 194. 26 Folios 136 a 189. 27 Folio 137. Pá g ina 7 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 - Mediante Auto TP-SA 2032 de 6 de agosto de 2025, la SA resolvió la impugnación presentada por el actor en contra de la determinación citada previamente y, en su lugar, decidió acreditarlo como interviniente especial, siendo notificado con estado SJ.SA.0000155.2025 de 29 de agosto de 2025, así como también adujo que la SEJUD SA le remitió correo informativo de acceso al expediente en la misma fecha “por medio del cual se le pone de presente al accionante que cuenta con contraseña vigente de acceso al expediente digital”28. - Con Providencia SRVR-RJC-179 de 2 de diciembre de 2025, la magistratura relatora del Macrocaso 8, rechazó por improcedente la solicitud de nulidad formulada por el demandante, enterándolo a través de Oficio No. SJ.SRVR.0058819.2025 de idéntica data, el cual cuenta con constancia de entrega a su servidor de correo electrónico. - Por medio de Auto SRVR SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 5.4. Sección de Apelación (SA)30 21. Explicó que, en aras de evitar quedar incurso en una causal de impedimento ante una eventual segunda instancia, se limitaría a dar cuenta del trámite impartido al asunto del señor PENAGOS GONZÁLEZ, así: - Con Auto TP-SA 2032 de 2025 del 6 de agosto de 2025, decidió revocar parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva del Auto SRVR- RJC-001 del 3 de enero de 2025, proferido por el despacho relator del Subcaso AGGCF+, del Macrocaso 08 y, en su lugar, acreditó como interviniente, en su condición de víctima directa al actor. - A través de la constancia CSJ.SA.0000295.2025 de 15 de septiembre de 2025, la SEJUD SA, dejó registro de que la decisión de segunda instancia quedó ejecutoriada el 3 de septiembre de 2025. 22. Afirmó que, por lo anterior, actualmente no conoce de ningún proceso a nombre del demandante. 5.5. Secretaría Judicial de la Sección de Apelación (SEJUD SA) 31 23. Reiteró lo expuesto por la SA y, agregó que, en cumplimiento de lo dispuesto por la magistratura en la decisión TP-SA 2032 de 2025 de 6 de agosto de 2025, remitió un “correo informativo” dirigido entre otros, al señor PENAGOS GONZÁLEZ, luego de lo cual se procedió a la notificación por estado que fue publicado el 29 de agosto de 2025, quedando ejecutoriada el 3 de septiembre de 2025, conforme la constancia CSJ.SA.0000295.2025 de 15 del mismo mes y año, por lo que con Oficio No. SJ.SA.0003541.2025 de aquella data devolvió el diligenciamiento a la SEJUD SRVR. 24. Precisó que, el correo informativo anunciado, fue debidamente entregado al accionante a la cuenta electrónica suministrada para efectos de notificación con el cual tuvo conocimiento de la decisión emitida en sede de apelación ya que el 30 Folios 306 y 307. 31 Folios 213 a 260. Pá g ina 9 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 sistema entregó acuse efectivo de recibo de la misma, permitiéndole saber el estado actual del trámite y la publicación del Estado para que se notificara formalmente, de modo que no observa quebranto de su parte a derechos fundamentales del actor, por lo que solicitó su desvinculación del actual amparo constitucional. 5.6. Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz32 25. Dio cuenta de la trazabilidad de las actuaciones que se originaron a partir de la remisión de la petición identificada con el radicado Conti No. 202501101549 de 15 de diciembre de 2025, la cual afirmó haber gestionado de manera célere, pues una vez arribó a esa dependencia como consecuencia de la orden impartida en el Auto SRVR-RJC-002 de 14 de enero de 2026, el mismo día, la trasladó SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 5.4. Sección de Apelación (SA)30 21. Explicó que, en aras de evitar quedar incurso en una causal de impedimento ante una eventual segunda instancia, se limitaría a dar cuenta del trámite impartido al asunto del señor PENAGOS GONZÁLEZ, así: - Con Auto TP-SA 2032 de 2025 del 6 de agosto de 2025, decidió revocar parcialmente el numeral primero de la parte resolutiva del Auto SRVR- RJC-001 del 3 de enero de 2025, proferido por el despacho relator del Subcaso AGGCF+, del Macrocaso 08 y, en su lugar, acreditó como interviniente, en su condición de víctima directa al actor. - A través de la constancia CSJ.SA.0000295.2025 de 15 de septiembre de 2025, la SEJUD SA, dejó registro de que la decisión de segunda instancia quedó ejecutoriada el 3 de septiembre de 2025. 22. Afirmó que, por lo anterior, actualmente no conoce de ningún proceso a nombre del demandante. 5.5. Secretaría Judicial de la Sección de Apelación (SEJUD SA) 31 23. Reiteró lo expuesto por la SA y, agregó que, en cumplimiento de lo dispuesto por la magistratura en la decisión TP-SA 2032 de 2025 de 6 de agosto de 2025, remitió un “correo informativo” dirigido entre otros, al señor PENAGOS GONZÁLEZ, luego de lo cual se procedió a la notificación por estado que fue publicado el 29 de agosto de 2025, quedando ejecutoriada el 3 de septiembre de 2025, conforme la constancia CSJ.SA.0000295.2025 de 15 del mismo mes y año, por lo que con Oficio No. SJ.SA.0003541.2025 de aquella data devolvió el diligenciamiento a la SEJUD SRVR. 24. Precisó que, el correo informativo anunciado, fue debidamente entregado al accionante a la cuenta electrónica suministrada para efectos de notificación con el cual tuvo conocimiento de la decisión emitida en sede de apelación ya que el 30 Folios 306 y 307. 31 Folios 213 a 260. Pá g ina 9 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 sistema entregó acuse efectivo de recibo de la misma, permitiéndole saber el estado actual del trámite y la publicación del Estado para que se notificara formalmente, de modo que no observa quebranto de su parte a derechos fundamentales del actor, por lo que solicitó su desvinculación del actual amparo constitucional. 5.6. Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz32 25. Dio cuenta de la trazabilidad de las actuaciones que se originaron a partir de la remisión de la petición identificada con el radicado Conti No. 202501101549 de 15 de diciembre de 2025, la cual afirmó haber gestionado de manera célere, pues una vez arribó a esa dependencia como consecuencia de la orden impartida en el Auto SRVR-RJC-002 de 14 de enero de 2026, el mismo día, la trasladó SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 5.7. Secretaría Ejecutiva (SEJEP) 5.7.1. Dirección de Asuntos Jurídicos35 28. Informó que, si bien conoció de la petición radicada por el actor el 15 de diciembre de 2025, lo cierto es que, en la misma data la remitió a la SEJUD SRVR con el objeto de impartiera el trámite correspondiente ante la SRVR, por ende, solicitó su desvinculación del presente asunto. 5.7.2. Oficina Asesora de Atención a Víctimas (OAAV)36 29. Se limitó a explicar el trámite impartido a la solicitud inicial de acreditación presentada por el accionante bajo el radicado Conti No. 202301050366, la cual fue resuelta en fase administrativa a partir del informe No. 205 de 30 de mayo de 2024, remitido con destino al Caso 08. SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 5.7. Secretaría Ejecutiva (SEJEP) 5.7.1. Dirección de Asuntos Jurídicos35 28. Informó que, si bien conoció de la petición radicada por el actor el 15 de diciembre de 2025, lo cierto es que, en la misma data la remitió a la SEJUD SRVR con el objeto de impartiera el trámite correspondiente ante la SRVR, por ende, solicitó su desvinculación del presente asunto. 5.7.2. Oficina Asesora de Atención a Víctimas (OAAV)36 29. Se limitó a explicar el trámite impartido a la solicitud inicial de acreditación presentada por el accionante bajo el radicado Conti No. 202301050366, la cual fue resuelta en fase administrativa a partir del informe No. 205 de 30 de mayo de 2024, remitido con destino al Caso 08. VI. CONSIDERACIONES 6.1. Competencia 30. Por hacer parte de la estructura orgánica de la JEP la SRVR, la SA, sus Secretarías Judiciales, la SGJ, la Presidencia de la JEP, la SEJEP y la OAAV adscrita a la última dependencia, en virtud de lo dispuesto en el canon 86 de la Constitución Política y en el artículo 8º transitorio del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, esta Sección es competente para resolver la presente acción constitucional37. 35 Folios 338 a 346. 36 Folio 361 a 370. 37 Sobre el particular, el auto 644 de 2018 proferido por la Corte Constitucional, puntualizó: “(…) En este sentido, la Corte Constitucional ha considerado que el factor subjetivo de competencia en cabeza del Tribunal para la Paz, en los términos previstos en el artículo 8° transitorio del Título Transitorio de la Constitución, se genera al presentarse una acción de tutela dirigida de manera expresa en contra de (i) alguno de los órganos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz o (ii) las providencias judiciales que ésta profiera. En esos casos, el juez no tiene necesidad de realizar ningún análisis de fondo en el asunto –estudio de los hechos, pretensiones o pruebas– para declarar su incompetencia, dado que ello no corresponde a la fase de admisión de la demanda y, por tanto, su obligación se circunscribe a remitir el asunto al juez competente”. Pá g ina 11 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 6.2. Problema jurídico 31. Con base en el escrito de tutela, los anexos, las respuestas allegadas y, teniendo en cuenta los escasos fundamentos de la demanda, se logró establecer que, el 22 de agosto de 2023, el señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ radicó una solicitud orientada a que la SRVR lo acreditara como víctima dentro del Macrocaso 08, requerimiento que fue resuelto de manera desfavorable por la Sala de Justicia con Auto SRVR-RJC-001 de 3 enero de 2025. Luego, el día 10 del mismo mes y año, el actor presentó recurso de apelación, el cual se desató por la SA el 6 de agosto de 2025, con Auto TP-SA 2032 de 2025, revocando la determinación previamente mencionada y reconociéndole la calidad requerida. 32. Posteriormente, el demandante radicó dos memoriales38 en los que pidió i) la declaratoria de prescripción de un proceso penal que cursaba a su nombre en la justicia ordinaria y ii) la aclaración o adición del Auto TP-SA 2032 de 6 de agosto de 2025, pedimentos que fueron rechazados por improcedentes mediante Auto SRVR-RJC-179-2025 de 2 de diciembre de 2025, el primero “por carecer esta jurisdicción de competencia para pronunciarse sobre tales aspectos” y, el segundo, además, por extemporáneo; no obstante, el accionante adujo que la resolución de ese as VI. CONSIDERACIONES 6.1. Competencia 30. Por hacer parte de la estructura orgánica de la JEP la SRVR, la SA, sus Secretarías Judiciales, la SGJ, la Presidencia de la JEP, la SEJEP y la OAAV adscrita a la última dependencia, en virtud de lo dispuesto en el canon 86 de la Constitución Política y en el artículo 8º transitorio del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, esta Sección es competente para resolver la presente acción constitucional37. 35 Folios 338 a 346. 36 Folio 361 a 370. 37 Sobre el particular, el auto 644 de 2018 proferido por la Corte Constitucional, puntualizó: “(…) En este sentido, la Corte Constitucional ha considerado que el factor subjetivo de competencia en cabeza del Tribunal para la Paz, en los términos previstos en el artículo 8° transitorio del Título Transitorio de la Constitución, se genera al presentarse una acción de tutela dirigida de manera expresa en contra de (i) alguno de los órganos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz o (ii) las providencias judiciales que ésta profiera. En esos casos, el juez no tiene necesidad de realizar ningún análisis de fondo en el asunto –estudio de los hechos, pretensiones o pruebas– para declarar su incompetencia, dado que ello no corresponde a la fase de admisión de la demanda y, por tanto, su obligación se circunscribe a remitir el asunto al juez competente”. Pá g ina 11 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 6.2. Problema jurídico 31. Con base en el escrito de tutela, los anexos, las respuestas allegadas y, teniendo en cuenta los escasos fundamentos de la demanda, se logró establecer que, el 22 de agosto de 2023, el señor ORLANDO PENAGOS GONZÁLEZ radicó una solicitud orientada a que la SRVR lo acreditara como víctima dentro del Macrocaso 08, requerimiento que fue resuelto de manera desfavorable por la Sala de Justicia con Auto SRVR-RJC-001 de 3 enero de 2025. Luego, el día 10 del mismo mes y año, el actor presentó recurso de apelación, el cual se desató por la SA el 6 de agosto de 2025, con Auto TP-SA 2032 de 2025, revocando la determinación previamente mencionada y reconociéndole la calidad requerida. 32. Posteriormente, el demandante radicó dos memoriales38 en los que pidió i) la declaratoria de prescripción de un proceso penal que cursaba a su nombre en la justicia ordinaria y ii) la aclaración o adición del Auto TP-SA 2032 de 6 de agosto de 2025, pedimentos que fueron rechazados por improcedentes mediante Auto SRVR-RJC-179-2025 de 2 de diciembre de 2025, el primero “por carecer esta jurisdicción de competencia para pronunciarse sobre tales aspectos” y, el segundo, además, por extemporáneo; no obstante, el accionante adujo que la resolución de ese as SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 34. De otro lado, en atención al principio de oficiosidad del juez constitucional39, se sustraerá el estudio del derecho a la defensa y contradicción, así como el orientado a garantizar “juez imparcial” invocados por el accionante, toda vez que aquellos hacen parte integral del debido proceso, empero, sí se analizará el de petición y la garantía de participación de las víctimas en la JEP, el primero, teniendo en cuenta que una de las solicitudes radicadas se relacionaba con obtener una “audiencia” con la Presidencia de la JEP40, lo que le otorga una naturaleza meramente administrativa por no corresponder al objeto de la litis41 y, la segunda, por el requerimiento inicial de acreditación del señor PENAGOS GONZÁLEZ. 35. Ahora, dentro de las pretensiones se requirió un “Nuevo magistrado para resolver recusación”; sin embargo, una vez verificadas las contestaciones no se halló ningún escrito en el que el peticionario recusara a la magistratura a cargo de su caso y, aunque con Auto SRT-AT-JBM-069 de 2 de febrero de 2026, se requirió al ciudadano PENAGOS GONZÁLEZ para que precisara “ante quien lo presentó, la fecha de su radicación y, de contar con la constancia de recibido” lo aportara a esta actuación, no se obtuvo respuesta, por lo que bajo el mismo principio se desestimará y, en consecuencia, no se efectuarán pronunciamientos al respecto. 36. Valga recordar que el juez constitucional está revestido de amplias facultades oficiosas para interpretar la demanda, integrar el contradictorio, decretar pruebas e inclusive, decidir el asunto fallando extra o ultra petita42, siempre que ello sea necesario para proteger efectivamente los derechos del 39 El principio de oficiosidad “se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello.” (Sentencia SU- 108/18). 40 Radicado Conti 202501101549 del 15 de diciembre de 2025. 41 Corte Constitucional, en Sentencia C-951 del 4 de diciembre de 2014 42 “(…) en materia de tutela no sólo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal” Co SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 34. De otro lado, en atención al principio de oficiosidad del juez constitucional39, se sustraerá el estudio del derecho a la defensa y contradicción, así como el orientado a garantizar “juez imparcial” invocados por el accionante, toda vez que aquellos hacen parte integral del debido proceso, empero, sí se analizará el de petición y la garantía de participación de las víctimas en la JEP, el primero, teniendo en cuenta que una de las solicitudes radicadas se relacionaba con obtener una “audiencia” con la Presidencia de la JEP40, lo que le otorga una naturaleza meramente administrativa por no corresponder al objeto de la litis41 y, la segunda, por el requerimiento inicial de acreditación del señor PENAGOS GONZÁLEZ. 35. Ahora, dentro de las pretensiones se requirió un “Nuevo magistrado para resolver recusación”; sin embargo, una vez verificadas las contestaciones no se halló ningún escrito en el que el peticionario recusara a la magistratura a cargo de su caso y, aunque con Auto SRT-AT-JBM-069 de 2 de febrero de 2026, se requirió al ciudadano PENAGOS GONZÁLEZ para que precisara “ante quien lo presentó, la fecha de su radicación y, de contar con la constancia de recibido” lo aportara a esta actuación, no se obtuvo respuesta, por lo que bajo el mismo principio se desestimará y, en consecuencia, no se efectuarán pronunciamientos al respecto. 36. Valga recordar que el juez constitucional está revestido de amplias facultades oficiosas para interpretar la demanda, integrar el contradictorio, decretar pruebas e inclusive, decidir el asunto fallando extra o ultra petita42, siempre que ello sea necesario para proteger efectivamente los derechos del 39 El principio de oficiosidad “se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello.” (Sentencia SU- 108/18). 40 Radicado Conti 202501101549 del 15 de diciembre de 2025. 41 Corte Constitucional, en Sentencia C-951 del 4 de diciembre de 2014 42 “(…) en materia de tutela no sólo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal” Co SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 accionante. Esta atribución se corresponde con el carácter público e informal de la tutela y el correlativo deber del juez de dar prevalencia al derecho sustancial43. 6.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales de la JEP 37. La acción de amparo procede de manera excepcional cuando la lesión de derechos de rango superior tiene su origen en una decisión judicial, siempre que se advierta que su contenido es opuesto al ordenamiento jurídico, caprichoso, arbitrario, abiertamente irracional o contrario a los derechos fundamentales. 38. El inciso 2º del artículo transitorio 8 del canon 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, dispone que la acción de tutela en contra de las providencias judiciales que profiera esta Jurisdicción procederá: [S]olo por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, no existiendo mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado (…). (Se subraya). 39. Ahora bien, en lo atinente a la manifiesta “vía de hecho” exigida por el artículo transitorio 8 constitucional, corresponde memorar lo definido por este Tribunal en la Sentencia SRT-ST-145 de 28 de septiembre de 2018, en la cual se tuvo en cuenta que “(…) el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional, [por tanto,] las Secciones de Revisión y Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, cuando actúan como jueces de tutela debe[n] tener como parámetro la jurisprudencia de dicha corporación y decidir conforme al precedente por ella fijado (…)”. En consecuencia, para esclarecer los eventos en los que se materializa una vía de hecho, resulta indispensable acudir a los precedentes que la aludida Colegiatura ha establecido sobre la materia. 43 “(…) la hermenéutica de la ius fundamentalidad exige una actuación particular del juez que estudia acciones de tutela, pues debe desligar criterios eminentemente formalistas y otorgar prevalencia al derecho sustancial que involucra la situación fáctica concreta (C.P. art. 228)”. Corte Constitucional. Sentencia T-498 de 2000. Pá g ina 14 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 accionante. Esta atribución se corresponde con el carácter público e informal de la tutela y el correlativo deber del juez de dar prevalencia al derecho sustancial43. 6.3. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales de la JEP 37. La acción de amparo procede de manera excepcional cuando la lesión de derechos de rango superior tiene su origen en una decisión judicial, siempre que se advierta que su contenido es opuesto al ordenamiento jurídico, caprichoso, arbitrario, abiertamente irracional o contrario a los derechos fundamentales. 38. El inciso 2º del artículo transitorio 8 del canon 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, dispone que la acción de tutela en contra de las providencias judiciales que profiera esta Jurisdicción procederá: [S]olo por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva y se hubieran agotado todos los recursos al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, no existiendo mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado (…). (Se subraya). 39. Ahora bien, en lo atinente a la manifiesta “vía de hecho” exigida por el artículo transitorio 8 constitucional, corresponde memorar lo definido por este Tribunal en la Sentencia SRT-ST-145 de 28 de septiembre de 2018, en la cual se tuvo en cuenta que “(…) el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional, [por tanto,] las Secciones de Revisión y Apelación del Tribunal para la Paz de la JEP, cuando actúan como jueces de tutela debe[n] tener como parámetro la jurisprudencia de dicha corporación y decidir conforme al precedente por ella fijado (…)”. En consecuencia, para esclarecer los eventos en los que se materializa una vía de hecho, resulta indispensable acudir a los precedentes que la aludida Colegiatura ha establecido sobre la materia. 43 “(…) la hermenéutica de la ius fundamentalidad exige una actuación particular del juez que estudia acciones de tutela, pues debe desligar criterios eminentemente formalistas y otorgar prevalencia al derecho sustancial que involucra la situación fáctica concreta (C.P. art. 228)”. Corte Constitucional. Sentencia T-498 de 2000. Pá g ina 14 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 40. Con sujeción a la senda definida por la Corte Constitucional44, la SA45, en especial, en la decisión TP-SA 158 de 2020, advirtió que la tutela contra providencias judiciales de la JEP “es de carácter excepcional y debe cumplir con determinados requisitos, algunos de ellos generales y otros específicos46”, de manera que “siempre que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración del derecho fundamental al debido proceso”47. 41. En los términos descritos, de acuerdo con lo definido por la SA, los requisitos generales para abordar la acción de tutela contra providencia judicial en la JEP son48: (i) [Q]ue el asunto tenga evidente relevancia constitucional, que sea “genuinamente una cuestión […] que afecta los derechos fundamentales de las partes”; (ii) que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable, pues “de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”; (iii) que se satisfaga el requisito de la inmediatez; (iv) tratándose de una “irregularidad procesal”, que la misma tenga “un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afect[e] los derechos fundamentales de la parte actora”; (v) que el accionante identifique razonablemente los hechos de vulneración, así como los derechos violados, habiendo alegado dicha violación en el proceso judicial cuando ello hubiese sido posible y; (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 44 Las subreglas de la Corte Constitucional en materia de acción de tutela contra providencias judiciales se encuentran sintetizadas en la Sentencia C-590 de 2005, las cuales han sido reiteradas en sentencias posteriores, entre muchas, de las que se pueden consultar: T-025 de 2018, T-313 de 2018, T-137 de 2017, T-090 de 2017, T-582 de 2016, SU-695 de 2015, SU-195 de 2012, T-245 de 2010, T-489 de 2006, y T-1550 de 2008. 45 En su calidad de órgano de cierre hermenéutico. 46 Respecto a los supuestos de procedibilidad especiales, en casos de tutela contra las sentencias judiciales, la Corte ha indicado que debe demostrarse al menos se está en uno de los siguientes: (a) defecto orgánico; (b) defecto procedimental absoluto; (c) defecto fáctico; (d) defecto material o sustantivo; (e) error inducido; (f) decisión sin motivación; (g) desconocimiento del precedente; o (h) violación directa de la Constitución. 47 Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. 48 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación, SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 40. Con sujeción a la senda definida por la Corte Constitucional44, la SA45, en especial, en la decisión TP-SA 158 de 2020, advirtió que la tutela contra providencias judiciales de la JEP “es de carácter excepcional y debe cumplir con determinados requisitos, algunos de ellos generales y otros específicos46”, de manera que “siempre que concurran los requisitos generales y, por lo menos, una de las causales específicas de procedibilidad contra las providencias judiciales, es procedente ejercitar la acción de tutela como mecanismo excepcional por vulneración del derecho fundamental al debido proceso”47. 41. En los términos descritos, de acuerdo con lo definido por la SA, los requisitos generales para abordar la acción de tutela contra providencia judicial en la JEP son48: (i) [Q]ue el asunto tenga evidente relevancia constitucional, que sea “genuinamente una cuestión […] que afecta los derechos fundamentales de las partes”; (ii) que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable, pues “de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última”; (iii) que se satisfaga el requisito de la inmediatez; (iv) tratándose de una “irregularidad procesal”, que la misma tenga “un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afect[e] los derechos fundamentales de la parte actora”; (v) que el accionante identifique razonablemente los hechos de vulneración, así como los derechos violados, habiendo alegado dicha violación en el proceso judicial cuando ello hubiese sido posible y; (vi) que no se trate de sentencias de tutela. 44 Las subreglas de la Corte Constitucional en materia de acción de tutela contra providencias judiciales se encuentran sintetizadas en la Sentencia C-590 de 2005, las cuales han sido reiteradas en sentencias posteriores, entre muchas, de las que se pueden consultar: T-025 de 2018, T-313 de 2018, T-137 de 2017, T-090 de 2017, T-582 de 2016, SU-695 de 2015, SU-195 de 2012, T-245 de 2010, T-489 de 2006, y T-1550 de 2008. 45 En su calidad de órgano de cierre hermenéutico. 46 Respecto a los supuestos de procedibilidad especiales, en casos de tutela contra las sentencias judiciales, la Corte ha indicado que debe demostrarse al menos se está en uno de los siguientes: (a) defecto orgánico; (b) defecto procedimental absoluto; (c) defecto fáctico; (d) defecto material o sustantivo; (e) error inducido; (f) decisión sin motivación; (g) desconocimiento del precedente; o (h) violación directa de la Constitución. 47 Corte Constitucional. Sentencia SU-695 de 2015. 48 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación, SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 42. Los “requisitos específicos” o “causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”49, solo pueden ser abordados cuando se acrediten los presupuestos generales y corresponden a los siguientes50: […] a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h. Violación directa de la Constitución [...]. (Resaltado original). 43. Con todo, es claro que los lineamientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional deben ser aplicados de manera armónica con lo establecido por el artículo 8º transitorio constitucional y los precedentes jurisprudenciales de la Jurisdicción Especial para la Paz51. 49 Entre otras: Corte Constitucional. SU-659 de 2015, SU-057 de 2018. 50 Corte Constitucional. Sentencia SU-769 de 2014. 51 Postura aceptada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-495 de 2020, en la que razonó “las causales previstas en el artículo transitorio 8° del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017 no difieren, en lo sustancial, de las señaladas en la jurisprudencia constitucional, a las acciones de tutelas interpuestas contra la JEP les resulta aplicable la línea jurisprudencial uniforme definida a partir de la sentencia C-590 de 2005”. Pá g ina 16 | 41 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .5F9337 ogidóc le y 1000.00.0.6202.38-9700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew ani SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500079-83.2026.0.00.0001 42. Los “requisitos específicos” o “causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”49, solo pueden ser abordados cuando se acrediten los presupuestos generales y corresponden a los siguientes50: […] a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. h. Violación directa de la Constitución [...]. (Resaltado original). 43. Con todo, es claro que los lineamientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional deben ser aplicados de manera armónica con lo establecido por el artículo 8º transitorio constitucional y los precedentes jurisprudenciales de la Jurisdicción Especial para la Paz51. 49 Entr