Jep Sentencia srt-st-015-2026 de 2026

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN PRIMERA Sentencia SRT-ST-015/2026 Aprobada en Acta No. 008– SUB01/26 Bogotá D.C., 6 de febrero de 2026 Radicación: 1500077-16.2026.0.00.0001 Proceso: Acción de Tutela Asunto: Sentencia Accionantes: YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO Accionada: Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Vinculadas: Secretaría General Judicial y Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz I. ASUNTO POR RESOLVER 1. Resuelve la Subsección Primera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz el medio de amparo promovido por los ciudadanos YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición, según se desprende del escrito1. Para la adecuada integración del contradictorio se vinculó a la Secretaría General Judicial (SGJ) y a la Secretaría Judicial de la SDSJ (SEJUD SDSJ), ambas de la JEP. 1 Jurisdicción Especial para la Paz. Sistema de Gestión Judicial de la JEP - Legali. Expediente No. 1500018- 28.2026.0.00.0001. Folios 9 y 10. (En adelante, cuando se mencionen los folios subsiguientes en nota al pie, se trata de este asunto). Pági n a 1 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 II. HECHOS 2. Según lo consignado en el libelo de tutela y los anexos que le acompañan2, el 30 de octubre de 2025, la parte accionante, a través de apoderado judicial, radicó una petición ante la SDSJ en la que solicitó “remitir”3 (sic) copia del expediente Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001, seguido en contra de los señores Alejandro Camacho Pinzón, Jhon Alexander León Torres, Jorge Humberto Calderón Meza, Luis Eduardo Barragán Saavedra, Otoniel Reyes García, Romanely Barbosa Reinales y Sabel Rodrigo Quintero Quintero, al correo electrónico del profesional, para aportarlo como prueba en un procedimiento de reparación directa de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 3. Indicaron que, luego de la radicación, no han recibido respuesta de fondo al pedimento, por lo que reclaman en esta sede la protección de su derecho fundamental de petición4. III. PRETENSIONES 4. En atención a lo anterior, los accionantes solicitan el amparo de su prerrogativa constitucional y, en consecuencia5: En virtud de los hechos anteriormente expuestos solicito a su señoría tutel SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN PRIMERA Sentencia SRT-ST-015/2026 Aprobada en Acta No. 008– SUB01/26 Bogotá D.C., 6 de febrero de 2026 Radicación: 1500077-16.2026.0.00.0001 Proceso: Acción de Tutela Asunto: Sentencia Accionantes: YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO Accionada: Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Vinculadas: Secretaría General Judicial y Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz I. ASUNTO POR RESOLVER 1. Resuelve la Subsección Primera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz el medio de amparo promovido por los ciudadanos YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por la presunta vulneración de su derecho fundamental de petición, según se desprende del escrito1. Para la adecuada integración del contradictorio se vinculó a la Secretaría General Judicial (SGJ) y a la Secretaría Judicial de la SDSJ (SEJUD SDSJ), ambas de la JEP. 1 Jurisdicción Especial para la Paz. Sistema de Gestión Judicial de la JEP - Legali. Expediente No. 1500018- 28.2026.0.00.0001. Folios 9 y 10. (En adelante, cuando se mencionen los folios subsiguientes en nota al pie, se trata de este asunto). Pági n a 1 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 II. HECHOS 2. Según lo consignado en el libelo de tutela y los anexos que le acompañan2, el 30 de octubre de 2025, la parte accionante, a través de apoderado judicial, radicó una petición ante la SDSJ en la que solicitó “remitir”3 (sic) copia del expediente Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001, seguido en contra de los señores Alejandro Camacho Pinzón, Jhon Alexander León Torres, Jorge Humberto Calderón Meza, Luis Eduardo Barragán Saavedra, Otoniel Reyes García, Romanely Barbosa Reinales y Sabel Rodrigo Quintero Quintero, al correo electrónico del profesional, para aportarlo como prueba en un procedimiento de reparación directa de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 3. Indicaron que, luego de la radicación, no han recibido respuesta de fondo al pedimento, por lo que reclaman en esta sede la protección de su derecho fundamental de petición4. III. PRETENSIONES 4. En atención a lo anterior, los accionantes solicitan el amparo de su prerrogativa constitucional y, en consecuencia5: En virtud de los hechos anteriormente expuestos solicito a su señoría tutel SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 IV. DEL TRÁMITE PROCESAL 5. El 22 de enero de 20266, el medio de amparo fue remitido por competencia a esta Jurisdicción, desde el correo electrónico del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en cumplimiento del Auto de 21 de enero de este año7, proferido por el Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad; de donde se destaca que la acción se interpuso por los ciudadanos, en un inicio, el 7 de enero del presente año8. 6. La Secretaría Judicial de la Sección de Revisión (SEJUD SR), mediante ACTA.TSR.0000019.2026 de 26 de enero de 20269, dio cuenta de la asignación por reparto del presente asunto, del cual se avocó conocimiento y vinculó a la SGJ y la SEJUD SDSJ, con Auto SRT-AT-JBM-055 de esa misma fecha10. 7. Con Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000425.2026 de 30 de enero de 202611, la SEJUD SR comunicó el arribo de las contestaciones allegadas por la accionada y las vinculadas. V. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LAS VINCULADAS 5.1. Secretaría General Judicial -SGJ-12 8. Señaló que, en el Sistema de Gestión Documental Conti identificó una petición relacionada con los hechos que sustentan la acción de la tutela, con radicado No. 202501088564 de 30 de octubre de 2025, que se incorporó el 5 de noviembre siguiente al expediente Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001 de la SDSJ. Por lo tanto, comoquiera que el memorial fue conocido por la Sala de 6 Folio 1. (En todo caso se precisa que, inicialmente, el medio de amparo se interpuso ante la justicia ordinaria, el 7 de enero de 2026, como se evidencia del diligenciamiento, folio 8). 7 Folios 4 y 5. 8 Folio 8. 9 Folio 39. 10 Folios 40 a 42. 11 Folio 98. 12 Folios 83 y 84. Oficio de radicado No. 202603004114 de 27 de enero de 2026. Pági n a 3 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 Justicia respectiva para su correspondiente resolución, pidió su desvinculación del trámite. 5.2. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas -SDSJ-13 9. Afirmó que, en el expediente electrónico identificado con radicado Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001, mediante Resolución No. 2895 de 24 de agosto de 2023, aceptó el sometimiento de los señores Alejandro Camacho Pinzón, Jhon Alexander León Torres, Jorge Humberto Calderón Meza, Luis Eduardo Barragán Saavedra, Otoniel Reyes García, Romanely Barbosa Reinales y Sabel Rodrigo Quintero, en relación con la investigación penal No. 8726, adelantada por el homicidio de los señores Henry Chinchilla Quintero (†) y otros, cometido el 9 de noviembre de 2003 en Tibú, Norte de Santander, proveniente de l SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 IV. DEL TRÁMITE PROCESAL 5. El 22 de enero de 20266, el medio de amparo fue remitido por competencia a esta Jurisdicción, desde el correo electrónico del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, en cumplimiento del Auto de 21 de enero de este año7, proferido por el Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad; de donde se destaca que la acción se interpuso por los ciudadanos, en un inicio, el 7 de enero del presente año8. 6. La Secretaría Judicial de la Sección de Revisión (SEJUD SR), mediante ACTA.TSR.0000019.2026 de 26 de enero de 20269, dio cuenta de la asignación por reparto del presente asunto, del cual se avocó conocimiento y vinculó a la SGJ y la SEJUD SDSJ, con Auto SRT-AT-JBM-055 de esa misma fecha10. 7. Con Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000425.2026 de 30 de enero de 202611, la SEJUD SR comunicó el arribo de las contestaciones allegadas por la accionada y las vinculadas. V. RESPUESTAS DE LA ACCIONADA Y LAS VINCULADAS 5.1. Secretaría General Judicial -SGJ-12 8. Señaló que, en el Sistema de Gestión Documental Conti identificó una petición relacionada con los hechos que sustentan la acción de la tutela, con radicado No. 202501088564 de 30 de octubre de 2025, que se incorporó el 5 de noviembre siguiente al expediente Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001 de la SDSJ. Por lo tanto, comoquiera que el memorial fue conocido por la Sala de 6 Folio 1. (En todo caso se precisa que, inicialmente, el medio de amparo se interpuso ante la justicia ordinaria, el 7 de enero de 2026, como se evidencia del diligenciamiento, folio 8). 7 Folios 4 y 5. 8 Folio 8. 9 Folio 39. 10 Folios 40 a 42. 11 Folio 98. 12 Folios 83 y 84. Oficio de radicado No. 202603004114 de 27 de enero de 2026. Pági n a 3 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 Justicia respectiva para su correspondiente resolución, pidió su desvinculación del trámite. 5.2. Sala de Definición de Situaciones Jurídicas -SDSJ-13 9. Afirmó que, en el expediente electrónico identificado con radicado Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001, mediante Resolución No. 2895 de 24 de agosto de 2023, aceptó el sometimiento de los señores Alejandro Camacho Pinzón, Jhon Alexander León Torres, Jorge Humberto Calderón Meza, Luis Eduardo Barragán Saavedra, Otoniel Reyes García, Romanely Barbosa Reinales y Sabel Rodrigo Quintero, en relación con la investigación penal No. 8726, adelantada por el homicidio de los señores Henry Chinchilla Quintero (†) y otros, cometido el 9 de noviembre de 2003 en Tibú, Norte de Santander, proveniente de l SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 Carlos Andrés Chinchilla Gallardo y Henry Camilo Chinchilla Gallardo, como intervinientes especiales ante la JEP, en calidad de víctimas indirectas, dado que manifestaron su interés de participar en el trámite. 12. Por lo anterior, señaló que a pesar de los esfuerzos por “permitir”20 la participación de los interesados en el asunto, los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, no han expresado su interés de ser acreditados como víctimas al interior de trámite que adelanta esta Jurisdicción por el homicidio del señor Chinchilla Quintero (†). 13. De igual forma, dijo que atendió la petición objeto del presente proceso constitucional, con Resolución No. 41 de 14 de enero de 2026, en la que les indicó a los demandantes que, conforme el artículo 4° de la Ley 1922 de 2018, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el compareciente y su defensa son sujetos procesales, mientras que las víctimas -incluido su representante- y el Ministerio Público, ostentan la condición de intervinientes especiales. Además, que quien no ostente ninguna de las calidades descritas, carece de legitimación para actuar o participar ante esta Jurisdicción. 14. Por ende, en la contestación, adicionalmente, se advirtió que debían adelantar la acreditación ante esta Sala de Justicia, como requisito para acceder a su petición. 15. Agregó que, la providencia en referencia fue comunicada con Oficio SDSJ.0001114.2026 de 15 de enero de 202621, despachado por la SEJUD SDSJ, del que se generó certificado de notificación electrónica. 16. Con base en lo expuesto, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. 20 Folio 87. 21 Folio 3008. Pági n a 5 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 5.3. Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas - SEJUD SDSJ-22 17. Informó que, a partir de la consulta de los sistemas de información de esta Jurisdicción, pudo advertir que, en efecto, el 30 de octubre de 2025, se allegaron los memoriales con radicados Conti No. 202501088555, No. 202501088561 y No. 202501088564, por parte del abogado Ever Ferney Pineda Villamizar -quien afirmó actuar a nombre de los accionantes-, que se incorporaron el 31 de octubre, 4 y 5 de noviembre de 2025, por el grupo de integración de la SGJ, en el expediente Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001, a nombre de los comparecientes ya referenciados. 18. Sostuvo que en ese asunto, la SDSJ profirió la Resolución No. 41 de 14 de enero de 202623, con la que negó la postulación elevada por el profesional, la cual fue comunicada por esa Secretaría el 1 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 Carlos Andrés Chinchilla Gallardo y Henry Camilo Chinchilla Gallardo, como intervinientes especiales ante la JEP, en calidad de víctimas indirectas, dado que manifestaron su interés de participar en el trámite. 12. Por lo anterior, señaló que a pesar de los esfuerzos por “permitir”20 la participación de los interesados en el asunto, los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, no han expresado su interés de ser acreditados como víctimas al interior de trámite que adelanta esta Jurisdicción por el homicidio del señor Chinchilla Quintero (†). 13. De igual forma, dijo que atendió la petición objeto del presente proceso constitucional, con Resolución No. 41 de 14 de enero de 2026, en la que les indicó a los demandantes que, conforme el artículo 4° de la Ley 1922 de 2018, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el compareciente y su defensa son sujetos procesales, mientras que las víctimas -incluido su representante- y el Ministerio Público, ostentan la condición de intervinientes especiales. Además, que quien no ostente ninguna de las calidades descritas, carece de legitimación para actuar o participar ante esta Jurisdicción. 14. Por ende, en la contestación, adicionalmente, se advirtió que debían adelantar la acreditación ante esta Sala de Justicia, como requisito para acceder a su petición. 15. Agregó que, la providencia en referencia fue comunicada con Oficio SDSJ.0001114.2026 de 15 de enero de 202621, despachado por la SEJUD SDSJ, del que se generó certificado de notificación electrónica. 16. Con base en lo expuesto, solicitó que se denieguen las pretensiones de la demanda. 20 Folio 87. 21 Folio 3008. Pági n a 5 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 5.3. Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas - SEJUD SDSJ-22 17. Informó que, a partir de la consulta de los sistemas de información de esta Jurisdicción, pudo advertir que, en efecto, el 30 de octubre de 2025, se allegaron los memoriales con radicados Conti No. 202501088555, No. 202501088561 y No. 202501088564, por parte del abogado Ever Ferney Pineda Villamizar -quien afirmó actuar a nombre de los accionantes-, que se incorporaron el 31 de octubre, 4 y 5 de noviembre de 2025, por el grupo de integración de la SGJ, en el expediente Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001, a nombre de los comparecientes ya referenciados. 18. Sostuvo que en ese asunto, la SDSJ profirió la Resolución No. 41 de 14 de enero de 202623, con la que negó la postulación elevada por el profesional, la cual fue comunicada por esa Secretaría el 1 VI. CONSIDERACIONES 6.1. Competencia 21. Por hacer parte de la estructura orgánica de la JEP, la SDSJ, su respectiva Secretaría Judicial y la SGJ, en virtud de lo dispuesto en el canon 86 de la Constitución Política y en el artículo 8º transitorio del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, esta Sección es competente para resolver la presente acción constitucional26. 6.2. Procedencia de la acción de tutela 22. En virtud del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento de protección estatuido como derecho público subjetivo del que goza toda persona para obtener del Estado, a través de los jueces, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este mecanismo puede ejercerse de forma directa o través de un apoderado, cuando dichas garantías resulten vulneradas o amenazadas por la acción o la omisión de cualquier autoridad o, incluso, de los particulares, en ciertos casos27. 23. Se trata de un procedimiento específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales o administrativos establecidos en la ley, pues constituye un mecanismo subsidiario de defensa judicial que, en realidad, no opera como institución procesal alternativa o supletiva28. 26 Sobre el particular, el Auto 644 de 2018 proferido por la Corte Constitucional, puntualizó: “(…) En este sentido, la Corte Constitucional ha considerado que el factor subjetivo de competencia en cabeza del Tribunal para la Paz, en los términos previstos en el artículo 8° transitorio del Título Transitorio de la Constitución, se genera al presentarse una acción de tutela dirigida de manera expresa en contra de (i) alguno de los órganos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz o (ii) las providencias judiciales que ésta profiera. En esos casos, el juez no tiene necesidad de realizar ningún análisis de fondo en el asunto –estudio de los hechos, pretensiones o pruebas– para declarar su incompetencia, dado que ello no corresponde a la fase de admisión de la demanda y, por tanto, su obligación se circunscribe a remitir el asunto al juez competente”. 27 La Corte Constitucional, en Sentencia T-321 de 2013 indicó: [E]s necesario para efectos de proteger un derecho y ordenar a una autoridad o a un particular actuar o abstenerse de hacerlo que, previamente exista un derecho fundamental atribuido a quien solicita el amparo y, además, que la entidad demandada, teniendo la obligación de satisfacer el derecho, actúe o se abstenga de hacerlo generando una vulneración o amenaza al mismo. 28 Corte Constitucional. Sentencia T-735 de 1998. Pági n a 7 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp VI. CONSIDERACIONES 6.1. Competencia 21. Por hacer parte de la estructura orgánica de la JEP, la SDSJ, su respectiva Secretaría Judicial y la SGJ, en virtud de lo dispuesto en el canon 86 de la Constitución Política y en el artículo 8º transitorio del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017, esta Sección es competente para resolver la presente acción constitucional26. 6.2. Procedencia de la acción de tutela 22. En virtud del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un instrumento de protección estatuido como derecho público subjetivo del que goza toda persona para obtener del Estado, a través de los jueces, la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Este mecanismo puede ejercerse de forma directa o través de un apoderado, cuando dichas garantías resulten vulneradas o amenazadas por la acción o la omisión de cualquier autoridad o, incluso, de los particulares, en ciertos casos27. 23. Se trata de un procedimiento específico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales o administrativos establecidos en la ley, pues constituye un mecanismo subsidiario de defensa judicial que, en realidad, no opera como institución procesal alternativa o supletiva28. 26 Sobre el particular, el Auto 644 de 2018 proferido por la Corte Constitucional, puntualizó: “(…) En este sentido, la Corte Constitucional ha considerado que el factor subjetivo de competencia en cabeza del Tribunal para la Paz, en los términos previstos en el artículo 8° transitorio del Título Transitorio de la Constitución, se genera al presentarse una acción de tutela dirigida de manera expresa en contra de (i) alguno de los órganos que componen la Jurisdicción Especial para la Paz o (ii) las providencias judiciales que ésta profiera. En esos casos, el juez no tiene necesidad de realizar ningún análisis de fondo en el asunto –estudio de los hechos, pretensiones o pruebas– para declarar su incompetencia, dado que ello no corresponde a la fase de admisión de la demanda y, por tanto, su obligación se circunscribe a remitir el asunto al juez competente”. 27 La Corte Constitucional, en Sentencia T-321 de 2013 indicó: [E]s necesario para efectos de proteger un derecho y ordenar a una autoridad o a un particular actuar o abstenerse de hacerlo que, previamente exista un derecho fundamental atribuido a quien solicita el amparo y, además, que la entidad demandada, teniendo la obligación de satisfacer el derecho, actúe o se abstenga de hacerlo generando una vulneración o amenaza al mismo. 28 Corte Constitucional. Sentencia T-735 de 1998. Pági n a 7 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 24. Así mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 5º y 6º del Decreto 2591 de 1991, constituyen requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela la (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. 6.2.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad-legitimación en la causa, inmediatez y subsidiariedad- 6.2.1.1. De la legitimación en la causa 25. En relación con la legitimación en la causa por activa, se tiene que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política29, la acción de tutela es un medio de protección que puede ser ejercido por cualquier persona a nombre propio, a través de apoderado judicial o de un agente oficioso30; por su parte, la legitimación en la causa por pasiva31 es la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción para ser demandada y responder por la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de quien la interpone, en caso de que así se pruebe dentro del trámite. 26. En el presente asunto, la demanda fue promovida por los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, a nombre de quienes se formuló la petición de 30 de octubre de 2025, cuya presunta ausencia de respuesta motivó la interposición del medio de amparo, por lo tanto, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por activa. 27. En lo que respecta a la legitimación en la causa por pasiva, se constata que la SGJ conoció de la solicitud incoada por la parte accionante, el 30 de octubre 29 Así como los artículos 10, 46, 47, 48 y 49 del Decreto 2591 de 1991 30 Está última figura opera en aquellas situaciones en las que, quien considera transgredidos sus derechos, no está en condiciones de ejercer su propia defensa. 31 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-184 de 2019 destacó que: “[e]s una exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela. Pági n a 8 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 24. Así mismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política y 5º y 6º del Decreto 2591 de 1991, constituyen requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela la (i) la legitimación en la causa por activa y por pasiva, (ii) la inmediatez y (iii) la subsidiariedad. 6.2.1. Análisis de los requisitos de procedibilidad-legitimación en la causa, inmediatez y subsidiariedad- 6.2.1.1. De la legitimación en la causa 25. En relación con la legitimación en la causa por activa, se tiene que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política29, la acción de tutela es un medio de protección que puede ser ejercido por cualquier persona a nombre propio, a través de apoderado judicial o de un agente oficioso30; por su parte, la legitimación en la causa por pasiva31 es la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción para ser demandada y responder por la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales de quien la interpone, en caso de que así se pruebe dentro del trámite. 26. En el presente asunto, la demanda fue promovida por los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, a nombre de quienes se formuló la petición de 30 de octubre de 2025, cuya presunta ausencia de respuesta motivó la interposición del medio de amparo, por lo tanto, se encuentra satisfecho el requisito de legitimación en la causa por activa. 27. En lo que respecta a la legitimación en la causa por pasiva, se constata que la SGJ conoció de la solicitud incoada por la parte accionante, el 30 de octubre 29 Así como los artículos 10, 46, 47, 48 y 49 del Decreto 2591 de 1991 30 Está última figura opera en aquellas situaciones en las que, quien considera transgredidos sus derechos, no está en condiciones de ejercer su propia defensa. 31 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia SU-184 de 2019 destacó que: “[e]s una exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela. Pági n a 8 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 de 2025, que procedió a incorporar en el expediente Legali No. 9002845- 74.2019.0.00.0001, a cargo de la SDSJ, de donde emerge la relación de ambas frente al presupuesto procesal en estudio. Por otro lado, en lo que concierne a la SEJUD SDSJ, se advierte que es la competente de la gestión secretarial de ese asunto y, por tanto, de notificar las diferentes decisiones proferidas por la Sala de Justicia dentro de este, como ocurrió con la Resolución No. 41 de 14 de enero de 2026, con la que aparentemente se dio contestación a los peticionarios. De manera que, en relación con las aludidas dependencias se entiende satisfecho el requisito bajo examen. 6.2.1.2. De la inmediatez 28. Sobre el segundo de los presupuestos, esto es, frente a la inmediatez, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-184 de 2019, destacó que: [E]s una exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela. 29. Lo anterior impone que el medio de control constitucional se interponga en un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta vulneración o amenaza, de manera que se garantice que el amparo sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (artículo 86 de la Constitución)32. Bajo ese entendido, quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término justo y moderado, en cuanto es un instrumento de protección inmediata de derechos fundamentales. 30. De ese modo, se tiene que solicitud incoada por los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, a través de abogado, se efectuó el 30 de octubre de 2025, que se radicó en dos oportunidades en dicha data, en razón a 32 Corte Constitucional. Sentencia T-032 de 2023. Pági n a 9 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 que el abogado no cargó todos los soportes33, sin que a la fecha de interposición de la acción de amparo34, presuntamente, la SDSJ se hubiese pronunciado, por lo que subsistía la presunta omisión, por tanto, se satisface este requisito de procedibilidad. 6.2.1.3. De la subsidiariedad 31. Por último, en relación con este presupuesto, la Corte Constitucional señaló que implica el deber de las personas de “hacer uso de todos los recursos ordinarios que el SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 de 2025, que procedió a incorporar en el expediente Legali No. 9002845- 74.2019.0.00.0001, a cargo de la SDSJ, de donde emerge la relación de ambas frente al presupuesto procesal en estudio. Por otro lado, en lo que concierne a la SEJUD SDSJ, se advierte que es la competente de la gestión secretarial de ese asunto y, por tanto, de notificar las diferentes decisiones proferidas por la Sala de Justicia dentro de este, como ocurrió con la Resolución No. 41 de 14 de enero de 2026, con la que aparentemente se dio contestación a los peticionarios. De manera que, en relación con las aludidas dependencias se entiende satisfecho el requisito bajo examen. 6.2.1.2. De la inmediatez 28. Sobre el segundo de los presupuestos, esto es, frente a la inmediatez, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-184 de 2019, destacó que: [E]s una exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la actividad judicial por vía de la acción de tutela. 29. Lo anterior impone que el medio de control constitucional se interponga en un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta vulneración o amenaza, de manera que se garantice que el amparo sea un instrumento judicial de aplicación inmediata y urgente (artículo 86 de la Constitución)32. Bajo ese entendido, quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término justo y moderado, en cuanto es un instrumento de protección inmediata de derechos fundamentales. 30. De ese modo, se tiene que solicitud incoada por los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, a través de abogado, se efectuó el 30 de octubre de 2025, que se radicó en dos oportunidades en dicha data, en razón a 32 Corte Constitucional. Sentencia T-032 de 2023. Pági n a 9 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 que el abogado no cargó todos los soportes33, sin que a la fecha de interposición de la acción de amparo34, presuntamente, la SDSJ se hubiese pronunciado, por lo que subsistía la presunta omisión, por tanto, se satisface este requisito de procedibilidad. 6.2.1.3. De la subsidiariedad 31. Por último, en relación con este presupuesto, la Corte Constitucional señaló que implica el deber de las personas de “hacer uso de todos los recursos ordinarios que el SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 Legali de radicado No. 9002845-74.2019.0.00.0001, seguido a los comparecientes Alejandro Camacho Pinzón, Jhon Alexander León Torres, Jorge Humberto Calderón Meza, Luis Eduardo Barragán Saavedra, Otoniel Reyes García, Romanely Barbosa Reinales y Sabel Rodrigo Quintero, por el asesinato del ciudadano Henry Chinchilla Quintero (†), hermano de los actores. 34. El sustento de la solicitud se dirige a que los documentos requeridos por los demandantes obren como prueba en un proceso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 35. Es así como, al momento de radicar la acción de tutela, validaron la solicitud formulada por el profesional y alegaron la ausencia de pronunciamiento por parte de la Sala de Justicia, circunstancia por la que interpusieron el medio de amparo en el que reivindican la protección de su derecho fundamental de petición. 36. Ahora bien, en el curso del trámite38, en el expediente Legali con radicado No. 9002845-74.2019.0.00.000139, la SDSJ profirió la Resolución No. 41 de 14 de enero de 202640, en respuesta a la de petición objeto de escrutinio. 37. En esa providencia, la Sala de Justicia negó la solicitud de copias a los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, en razón a que no ostentan la calidad de intervinientes especiales y tampoco han manifestado ante la JEP su interés de ser acreditados en ese asunto, por lo que carecen de legitimación para actuar. En todo caso, con la decisión se les solicitó precisar su 38 La demanda inicialmente se radicó el 7 de enero de 2026, ante la Oficina Judicial de los Juzgados del Circuito de Bogotá, por lo que, en esa misma data, el Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad la admitió y, con Auto de 21 de enero de 2026, la remitió por competencia a la JEP. 39 Expediente que se consulta en observancia de las labores oficiosas del juez constitucional, lo que “se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello”. Sentencia SU108 de 2018. 40 Folios 92 a 95. Pági n a 11 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 Legali de radicado No. 9002845-74.2019.0.00.0001, seguido a los comparecientes Alejandro Camacho Pinzón, Jhon Alexander León Torres, Jorge Humberto Calderón Meza, Luis Eduardo Barragán Saavedra, Otoniel Reyes García, Romanely Barbosa Reinales y Sabel Rodrigo Quintero, por el asesinato del ciudadano Henry Chinchilla Quintero (†), hermano de los actores. 34. El sustento de la solicitud se dirige a que los documentos requeridos por los demandantes obren como prueba en un proceso ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 35. Es así como, al momento de radicar la acción de tutela, validaron la solicitud formulada por el profesional y alegaron la ausencia de pronunciamiento por parte de la Sala de Justicia, circunstancia por la que interpusieron el medio de amparo en el que reivindican la protección de su derecho fundamental de petición. 36. Ahora bien, en el curso del trámite38, en el expediente Legali con radicado No. 9002845-74.2019.0.00.000139, la SDSJ profirió la Resolución No. 41 de 14 de enero de 202640, en respuesta a la de petición objeto de escrutinio. 37. En esa providencia, la Sala de Justicia negó la solicitud de copias a los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO, en razón a que no ostentan la calidad de intervinientes especiales y tampoco han manifestado ante la JEP su interés de ser acreditados en ese asunto, por lo que carecen de legitimación para actuar. En todo caso, con la decisión se les solicitó precisar su 38 La demanda inicialmente se radicó el 7 de enero de 2026, ante la Oficina Judicial de los Juzgados del Circuito de Bogotá, por lo que, en esa misma data, el Juzgado Trece de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad la admitió y, con Auto de 21 de enero de 2026, la remitió por competencia a la JEP. 39 Expediente que se consulta en observancia de las labores oficiosas del juez constitucional, lo que “se traduce en el papel activo que debe asumir el juez de tutela en la conducción del proceso, no sólo en lo que tiene que ver con la interpretación de la solicitud de amparo, sino también, en la búsqueda de los elementos que le permitan comprender a cabalidad cuál es la situación que se somete a su conocimiento, para con ello tomar una decisión de fondo que consulte la justicia, que abarque íntegramente la problemática planteada, y de esta forma provea una solución efectiva y adecuada, de tal manera que se protejan de manera inmediata los derechos fundamentales cuyo amparo se solicita si hay lugar a ello”. Sentencia SU108 de 2018. 40 Folios 92 a 95. Pági n a 11 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 voluntad en relación con el reconocimiento como víctimas ante la JEP, junto con los documentos necesarios para tales efectos e indicar si desean ser representados por el profesional del derecho que radicó la petición, para lo cual es necesario alleguen los poderes correspondientes41. 38. A partir de lo anterior, resulta evidente que, la respuesta de la Sala de Justicia condujo a la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho de petición argüido. 39. Sin embargo, las particularidades del caso exigen que el juez constitucional se pregunte si la negativa de acceso a las copias del expediente a víctimas indirectas —que no desean acreditarse en esta Jurisdicción—, por falta de reconocimiento formal como interviniente especial, resulta compatible con la garantía de acceso a la información pública consagrada en la Constitución Política y en la Ley 1712 de 2014. En consecuencia, en esta decisión se resolverá si con su proceder, la SDSJ vulneró los derechos fundamentales de petición y acceso a la información de la parte actora. 40. Valga recordar que el juez constitucional está revestido de amplias facultades oficiosas para interpretar la demanda, integrar el contradictorio, decretar pruebas e inclusive, decidir el asunto fallando extra o ultra petita42, siempre que ello sea necesario para proteger efectivamente los derechos del accionante. Esta dilatada atribución se corresponde con el carácter público e informal de la tutela y el correlativo deber del juez de dar prevalencia al derecho sustancial43. 41 Exhorto que no ha sido atendido por los concernidos, según se advierte en el expediente Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001 de la SDSJ. 42 “(…) en materia de tutela no sólo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal”. Corte Constitucional. Sentencia T-310 de 2012. Reiterado en Sentencias SU-195 de 2012 y T-060 de 2016. 43 “(…) la hermenéutica de la ius fundamentalidad exige una actuación particular del juez que estudia acciones de tutela, pues debe desligar criterios eminentemente formalistas y otorgar prevalencia al derecho sustancial que involucra la situación fáctica concreta (C.P. art. 228)”. Corte Constitucional. Sentencia T-498 de 2000. Pági n a 12 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 voluntad en relación con el reconocimiento como víctimas ante la JEP, junto con los documentos necesarios para tales efectos e indicar si desean ser representados por el profesional del derecho que radicó la petición, para lo cual es necesario alleguen los poderes correspondientes41. 38. A partir de lo anterior, resulta evidente que, la respuesta de la Sala de Justicia condujo a la configuración del fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado respecto del derecho de petición argüido. 39. Sin embargo, las particularidades del caso exigen que el juez constitucional se pregunte si la negativa de acceso a las copias del expediente a víctimas indirectas —que no desean acreditarse en esta Jurisdicción—, por falta de reconocimiento formal como interviniente especial, resulta compatible con la garantía de acceso a la información pública consagrada en la Constitución Política y en la Ley 1712 de 2014. En consecuencia, en esta decisión se resolverá si con su proceder, la SDSJ vulneró los derechos fundamentales de petición y acceso a la información de la parte actora. 40. Valga recordar que el juez constitucional está revestido de amplias facultades oficiosas para interpretar la demanda, integrar el contradictorio, decretar pruebas e inclusive, decidir el asunto fallando extra o ultra petita42, siempre que ello sea necesario para proteger efectivamente los derechos del accionante. Esta dilatada atribución se corresponde con el carácter público e informal de la tutela y el correlativo deber del juez de dar prevalencia al derecho sustancial43. 41 Exhorto que no ha sido atendido por los concernidos, según se advierte en el expediente Legali No. 9002845-74.2019.0.00.0001 de la SDSJ. 42 “(…) en materia de tutela no sólo resulta procedente, sino que en algunas ocasiones se torna indispensable que los fallos sean extra o ultra petita. Argumentar lo contrario significaría que si, por ejemplo, el juez advierte una evidente violación, o amenaza de violación de un derecho fundamental como el derecho a la vida, no podría ordenar su protección, toda vez que el peticionario no lo adujo expresamente en la debida oportunidad procesal”. Corte Constitucional. Sentencia T-310 de 2012. Reiterado en Sentencias SU-195 de 2012 y T-060 de 2016. 43 “(…) la hermenéutica de la ius fundamentalidad exige una actuación particular del juez que estudia acciones de tutela, pues debe desligar criterios eminentemente formalistas y otorgar prevalencia al derecho sustancial que involucra la situación fáctica concreta (C.P. art. 228)”. Corte Constitucional. Sentencia T-498 de 2000. Pági n a 12 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 6.4. De la carencia actual de objeto por hecho superado 41. La Corte Constitucional ha definido que, si en el trámite de amparo desaparece la causa que le dio origen, entonces la acción se torna insustancial, pues ya no existe objeto jurídico sobre el cual recaiga la decisión judicial. Al respecto, esa Corporación puntualizó lo siguiente44: Si la finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho fundamental de quien acude al amparo constitucional, y si dicha finalidad se extingue en el momento en que la vulneración o amenaza cesa por cualquier causa, no es posible ya emitir un pronunciamiento de fondo por carencia de objeto. 42. Igualmente, en Sentencia SU-522 de 2019, la Corte explicó que el hecho superado se refiere a la satisfacción de lo pedido en la acción de tutela producto del obrar de la entidad accionada, puesto que lo que se pretendía por la parte actora fuera ordenado por el juez constitucional se alcanzó antes de que este emitiera pronunciamiento alguno. 43. Aunado a lo anterior, el Alto Tribunal ha establecido tres criterios para determinar si ha acaecido o no el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, estos son45: (i) que con anterioridad a la acción de tutela exista una vulneración o amenaza a un derecho fundamental del accionante, cuya protección sea posteriormente solicitada; (ii) que durante el trámite de la acción de tutela haya cesado la vulneración o amenaza del derecho, y; (iii) si la acción pretende el suministro de una prestación y, “dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado”. 44. En reciente jurisprudencia, la Corte Constitucional ha insistido en que, el fenómeno de la carencia actual de objeto se configura cuando ocurre una situación que conduce a que el pronunciamiento del juez de tutela carezca de sentido o pierda su razón de ser, lo que acontece por la modificación o 44 Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2011. 45 Corte Constitucional. Sentencia T-045 de 2008, 076 de 2019, postura reiterada en Sentencias T- 403 de 2018 y T-076 de 2019. Sentencia T-062 de 2025. Pági n a 13 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 6.4. De la carencia actual de objeto por hecho superado 41. La Corte Constitucional ha definido que, si en el trámite de amparo desaparece la causa que le dio origen, entonces la acción se torna insustancial, pues ya no existe objeto jurídico sobre el cual recaiga la decisión judicial. Al respecto, esa Corporación puntualizó lo siguiente44: Si la finalidad de la acción de tutela es garantizar la protección del derecho fundamental de quien acude al amparo constitucional, y si dicha finalidad se extingue en el momento en que la vulneración o amenaza cesa por cualquier causa, no es posible ya emitir un pronunciamiento de fondo por carencia de objeto. 42. Igualmente, en Sentencia SU-522 de 2019, la Corte explicó que el hecho superado se refiere a la satisfacción de lo pedido en la acción de tutela producto del obrar de la entidad accionada, puesto que lo que se pretendía por la parte actora fuera ordenado por el juez constitucional se alcanzó antes de que este emitiera pronunciamiento alguno. 43. Aunado a lo anterior, el Alto Tribunal ha establecido tres criterios para determinar si ha acaecido o no el fenómeno de la carencia actual de objeto por hecho superado, estos son45: (i) que con anterioridad a la acción de tutela exista una vulneración o amenaza a un derecho fundamental del accionante, cuya protección sea posteriormente solicitada; (ii) que durante el trámite de la acción de tutela haya cesado la vulneración o amenaza del derecho, y; (iii) si la acción pretende el suministro de una prestación y, “dentro del trámite de dicha acción se satisface ésta, también se puede considerar que existe un hecho superado”. 44. En reciente jurisprudencia, la Corte Constitucional ha insistido en que, el fenómeno de la carencia actual de objeto se configura cuando ocurre una situación que conduce a que el pronunciamiento del juez de tutela carezca de sentido o pierda su razón de ser, lo que acontece por la modificación o 44 Corte Constitucional. Sentencia T-988 de 2011. 45 Corte Constitucional. Sentencia T-045 de 2008, 076 de 2019, postura reiterada en Sentencias T- 403 de 2018 y T-076 de 2019. Sentencia T-062 de 2025. Pági n a 13 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 desaparición de las circunstancias que dieron lugar a la presunta vulneración de derechos fundamentales, en razón a tres supuestos, el hecho superado, el daño consumado y la situación sobreviniente, definidos por esa corporación así46: El hecho superado se configura cuando aquello que buscaba la persona a través de la acción de tutela se cumple antes del pronunciamiento del juez y como consecuencia de una actuación voluntaria de la persona o entidad accionada. Esta situación puede ocurrir hasta antes del fallo de revisión de la Corte, pero para su declaración el juez debe verificar que (i) en efecto se hayan cumplido por completo las pretensiones de la acción de tutela y (ii) que la entidad accionada haya actuado de manera voluntaria[cita omitida]. El daño consumado tiene lugar cuando aquello que se quería evitar con la acción de tutela ocurre antes del pronunciamiento del juez, de tal forma que la intervención judicial ya no es útil para hacer cesar la vulneración de derechos fundamentales o impedir que se concrete el daño[cita omitida]. Por último, en la categoría de situación sobreviniente están incluidos todos los demás eventos que, sin encajar dentro de alguna de las otras dos categorías, conducen también a que la orden del juez carezca de sentido. Por ejemplo, cuando es la persona o un tercero quien asume una carga que no le correspondía y consigue así superar la vulneración de derechos. 45. En el caso bajo estudio, la respuesta a los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO por la SDSJ en el curso del trámite de tutela, no configura un hecho superado en estricto sentido respecto de todo el debate constitucional que subyace del asunto, pues con dicha contestación surge una discusión mucho más amplia a la planteada desde el comienzo del proceso, es decir, más allá de la falta de repuesta, dado que, como se observa, la Sala de Justicia supeditó la concesión de las copias al acto procesal de la acreditación previa. 46. Por eso, la declaración del hecho superado exige que se verifique el cumplimiento completo de las pretensiones de las personas, pues si bien, en apariencia, se atendió la petición, se conciernen aspectos como el acceso a la información -que hace parte de dicha prerrogativa-, y los principios de máxima publicidad y centralidad de las víctimas, que imponen “determinar el nivel de satisfacción de los derechos fundamentales cuya protección se solicita en la demanda de tutela, con miras a establecer si cesaron los hechos perturbadores, o si las pretensiones 46 Corte Constitucional. Sentencia T-062 de 2025. Pági n a 14 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 desaparición de las circunstancias que dieron lugar a la presunta vulneración de derechos fundamentales, en razón a tres supuestos, el hecho superado, el daño consumado y la situación sobreviniente, definidos por esa corporación así46: El hecho superado se configura cuando aquello que buscaba la persona a través de la acción de tutela se cumple antes del pronunciamiento del juez y como consecuencia de una actuación voluntaria de la persona o entidad accionada. Esta situación puede ocurrir hasta antes del fallo de revisión de la Corte, pero para su declaración el juez debe verificar que (i) en efecto se hayan cumplido por completo las pretensiones de la acción de tutela y (ii) que la entidad accionada haya actuado de manera voluntaria[cita omitida]. El daño consumado tiene lugar cuando aquello que se quería evitar con la acción de tutela ocurre antes del pronunciamiento del juez, de tal forma que la intervención judicial ya no es útil para hacer cesar la vulneración de derechos fundamentales o impedir que se concrete el daño[cita omitida]. Por último, en la categoría de situación sobreviniente están incluidos todos los demás eventos que, sin encajar dentro de alguna de las otras dos categorías, conducen también a que la orden del juez carezca de sentido. Por ejemplo, cuando es la persona o un tercero quien asume una carga que no le correspondía y consigue así superar la vulneración de derechos. 45. En el caso bajo estudio, la respuesta a los señores YOVANI CHINCHILLA QUINTERO, GEORGINA CHINCHILLA QUINTERO y LUZ AMANDA CHINCHILLA QUINTERO por la SDSJ en el curso del trámite de tutela, no configura un hecho superado en estricto sentido respecto de todo el debate constitucional que subyace del asunto, pues con dicha contestación surge una discusión mucho más amplia a la planteada desde el comienzo del proceso, es decir, más allá de la falta de repuesta, dado que, como se observa, la Sala de Justicia supeditó la concesión de las copias al acto procesal de la acreditación previa. 46. Por eso, la declaración del hecho superado exige que se verifique el cumplimiento completo de las pretensiones de las personas, pues si bien, en apariencia, se atendió la petición, se conciernen aspectos como el acceso a la información -que hace parte de dicha prerrogativa-, y los principios de máxima publicidad y centralidad de las víctimas, que imponen “determinar el nivel de satisfacción de los derechos fundamentales cuya protección se solicita en la demanda de tutela, con miras a establecer si cesaron los hechos perturbadores, o si las pretensiones 46 Corte Constitucional. Sentencia T-062 de 2025. Pági n a 14 | 28 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .588137 ogidóc le y 1000.00.0.6202.61-7700051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI NO. 1500077-16.2026.0.00.0001 de la acción fueron satisfechas durante el trámite judicial”. (Negrilla fuera del texto original)47. 47. En este estadio, la Subsección advierte que el sub judice, reviste particularidades que comprometen derechos fundamentales de los accionantes y la configuración del hecho superado, al limitarse indebidamente el acceso a la información pública consagrada en la Constitución Política y en la Ley 1712 de 2014, lo que justifica el estudio de fondo en ese contexto, en el presente caso. 6.5. Derecho fundamental de petición y acceso a la información 48. El artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, consagra: “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. 49. La Corte Constitucional ha dicho que la falta de respuesta o la resolución tardía son formas de violación del derecho de petición y son susceptibles de la actuación protectora del juez mediante el uso de la acción de tutela48. Por ello, las autoridades ante quienes se presenta deben brindar una respuesta que sea49: (…) i.) suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a sus pretensiones; ii.) efectiva si soluciona el caso que se plantea (C.P., Arts. 2º, 86 y 209) y iii.) congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta” (resaltado del t