Jep Sentencia srt-st-014 de 2026

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN CUARTA Sentencia SRT-ST-014/2026 Aprobada en Acta No. 006-SUB04/26 Bogotá D.C, cuatro (04) de febrero de 2026 Expediente: 1500067-69.2026.0.00.0001 Asunto: Acción de tutela en primera instancia Fecha de reparto: 22 de enero de 2026 Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Accionantes: Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, a través de su apoderada judicial Secretaría General Judicial -SEJUD General-, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas -SRVR-, su Accionada y Secretaría Judicial -SEJUD de la SRVR-, Sala de Definición vinculadas: de Situaciones Jurídicas -SDSJ-, su Secretaría Judicial - SEJUD de la SDSJ- y Secretaría Ejecutiva -SEJEP-, todas de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- La Subsección Cuarta de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente: SENTENCIA 1. En el proceso de primera instancia de la acción de tutela instaurada por las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, a través de su apoderada judicial, por la presunta vulneración de los Página 1 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia y participación efectiva de las víctimas. I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 1. Accionante 2. Se trata de las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, quienes presentaron la demanda por intermedio de la profesional en derecho Isabel Cristina Lince Gaviria, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.182.882 y la tarjeta profesional No. 236.839. 2. Accionada y vinculadas 3. La parte accionante dirigió la tutela en contra de la Secretaría General Judicial -SEJUD General-, la cual fue debidamente vinculada al trámite. Asimismo, revisado el expediente e interpretada la petición de amparo en los términos del numeral 5° del artículo 42 de la Ley 1564 de 2012, la magistratura a cargo del asunto ordenó correr traslado de la demanda a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN CUARTA Sentencia SRT-ST-014/2026 Aprobada en Acta No. 006-SUB04/26 Bogotá D.C, cuatro (04) de febrero de 2026 Expediente: 1500067-69.2026.0.00.0001 Asunto: Acción de tutela en primera instancia Fecha de reparto: 22 de enero de 2026 Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Accionantes: Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, a través de su apoderada judicial Secretaría General Judicial -SEJUD General-, Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas -SRVR-, su Accionada y Secretaría Judicial -SEJUD de la SRVR-, Sala de Definición vinculadas: de Situaciones Jurídicas -SDSJ-, su Secretaría Judicial - SEJUD de la SDSJ- y Secretaría Ejecutiva -SEJEP-, todas de la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- La Subsección Cuarta de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente: SENTENCIA 1. En el proceso de primera instancia de la acción de tutela instaurada por las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, a través de su apoderada judicial, por la presunta vulneración de los Página 1 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 derechos fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia y participación efectiva de las víctimas. I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 1. Accionante 2. Se trata de las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, quienes presentaron la demanda por intermedio de la profesional en derecho Isabel Cristina Lince Gaviria, identificada con la cédula de ciudadanía No. 32.182.882 y la tarjeta profesional No. 236.839. 2. Accionada y vinculadas 3. La parte accionante dirigió la tutela en contra de la Secretaría General Judicial -SEJUD General-, la cual fue debidamente vinculada al trámite. Asimismo, revisado el expediente e interpretada la petición de amparo en los términos del numeral 5° del artículo 42 de la Ley 1564 de 2012, la magistratura a cargo del asunto ordenó correr traslado de la demanda a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y II. ANTECEDENTES 1. Hechos 4. En la solicitud de amparo constitucional1, la parte accionante afirmó que presentó numerosos derechos de petición ante la JEP, sin haber obtenido respuesta a ninguno de estos a la fecha de interposición de la acción. 5. Refirió que la primera petición fue elevada ante la JEP el 21 de agosto de 2025, vía correo electrónico. En esta, solicitó información sobre el expediente con radicado penal No. 11001-03-15-000-2024- 05574-00 y, en concreto, requirió: 1 Folios No. 3 a 12 del Expediente Legali. Página 2 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 (i) confirmar si dicho proceso fue recibido en esta jurisdicción; (ii) informar si el trámite se encuentra vinculado a algún macrocaso, especialmente al Caso 03 de la SRVR; (iii) informar el estado actual del expediente y la autoridad judicial a cargo; y (iv) reconocer personería jurídica a la profesional en derecho Lince Gaviria, para actuar en calidad de representante de víctimas. 6. Señaló que el segundo derecho de petición fue radicado ante la JEP el 22 de septiembre de 2025, solicitando información actualizada sobre el radicado penal No. 05000310700120140052202 y requiriendo, en concreto: (i) informar si existía sentencia o decisión definitiva frente al trámite; (ii) precisar el estado actual del proceso; y (iii) expedir copia de la actuación vigente. 7. Manifestó que, por último, el 17 de diciembre de 2025, radicó una tercera petición ante la JEP, en la cual solicitó conocer, respecto del radicado Conti No. 202501075935: (i) la sala, dependencia o despacho asignado al asunto; (ii) el estado procesal actual del trámite; (iii) las actuaciones realizadas; y (iv) el término estimado para recibir una respuesta de fondo. 8. Consideró que, al no recibir respuesta a las referidas peticiones, se había configurado una vulneración reiterada, continuada y sistemática del derecho fundamental de petición, a la vez que se estarían viendo afectados los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la participación. 9. En consecuencia, como pretensiones de la acción de amparo solicitó: 1. Amparar el derecho fundamental de petición de la accionante y de las víctimas que representa. 2. Ordenar a la JEP – Secretaría Judicial que emita respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a los tres derechos de petición relacionados. 3. Disponer que la respuesta incluya información completa sobre el estado procesal, despacho asignado y actuaciones surtidas. 4. Prevenir a la entidad accionada para que no reincida en conductas omisivas frente a solicitudes de las víctimas. 2. Trámite procesal 10. II. ANTECEDENTES 1. Hechos 4. En la solicitud de amparo constitucional1, la parte accionante afirmó que presentó numerosos derechos de petición ante la JEP, sin haber obtenido respuesta a ninguno de estos a la fecha de interposición de la acción. 5. Refirió que la primera petición fue elevada ante la JEP el 21 de agosto de 2025, vía correo electrónico. En esta, solicitó información sobre el expediente con radicado penal No. 11001-03-15-000-2024- 05574-00 y, en concreto, requirió: 1 Folios No. 3 a 12 del Expediente Legali. Página 2 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 (i) confirmar si dicho proceso fue recibido en esta jurisdicción; (ii) informar si el trámite se encuentra vinculado a algún macrocaso, especialmente al Caso 03 de la SRVR; (iii) informar el estado actual del expediente y la autoridad judicial a cargo; y (iv) reconocer personería jurídica a la profesional en derecho Lince Gaviria, para actuar en calidad de representante de víctimas. 6. Señaló que el segundo derecho de petición fue radicado ante la JEP el 22 de septiembre de 2025, solicitando información actualizada sobre el radicado penal No. 05000310700120140052202 y requiriendo, en concreto: (i) informar si existía sentencia o decisión definitiva frente al trámite; (ii) precisar el estado actual del proceso; y (iii) expedir copia de la actuación vigente. 7. Manifestó que, por último, el 17 de diciembre de 2025, radicó una tercera petición ante la JEP, en la cual solicitó conocer, respecto del radicado Conti No. 202501075935: (i) la sala, dependencia o despacho asignado al asunto; (ii) el estado procesal actual del trámite; (iii) las actuaciones realizadas; y (iv) el término estimado para recibir una respuesta de fondo. 8. Consideró que, al no recibir respuesta a las referidas peticiones, se había configurado una vulneración reiterada, continuada y sistemática del derecho fundamental de petición, a la vez que se estarían viendo afectados los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la participación. 9. En consecuencia, como pretensiones de la acción de amparo solicitó: 1. Amparar el derecho fundamental de petición de la accionante y de las víctimas que representa. 2. Ordenar a la JEP – Secretaría Judicial que emita respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a los tres derechos de petición relacionados. 3. Disponer que la respuesta incluya información completa sobre el estado procesal, despacho asignado y actuaciones surtidas. 4. Prevenir a la entidad accionada para que no reincida en conductas omisivas frente a solicitudes de las víctimas. 2. Trámite procesal 10. SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 electrónico, fue remitida a la JEP, junto con los respectivos anexos, en virtud de la competencia funcional de esta jurisdicción para conocer del asunto2. 11. El 22 de enero de 2026, mediante Acta de Reparto ACTA.TSR.0000016.20263, la Secretaría Judicial (SEJUD) de la SR remitió el asunto a la Subsección Cuarta. 12. Ese mismo día, a través del Auto SRT-AT-GAR-0314, el despacho sustanciador resolvió, entre otras cuestiones: (i) avocar conocimiento de la tutela y correr traslado de la solicitud de amparo a la accionada y a las vinculadas; (ii) requerir a la profesional del derecho Isabel Cristina Lince Gaviria para que allegara el poder especial conferido por las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, así como los datos de contacto de dichas personas; (iii) requerir a los citados ciudadanos para que manifestaran si reconocían y/o ratificaban el escrito de tutela presentado en su nombre; (iv) ordenar el traslado al expediente de la referencia de algunos documentos obrantes en el Expediente Legali No. 1500788- 94.2021.0.00.0001; y (v) entregar contraseñas de acceso a todos los interesados en el trámite. 13. El 28 de enero de 2026, mediante Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000394.20265, la SEJUD de la SR allegó las respuestas de la accionada y las vinculadas al trámite constitucional, así como los poderes especiales debidamente otorgados por las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, a la profesional en derecho Isabel Cristina Lince Gaviria. Asimismo, informó del cumplimiento de las órdenes relacionadas con la incorporación de la documentación requerida del Expediente Legali No. 1500788-94.2021.0.00.0001, la notificación a los sujetos procesales y la entrega de contraseñas de acceso al expediente. 2 Folios No. 1 y 2 del Expediente Legali. 3 Folio No. 61 del Expediente Legali. 4 Folios No. 93 a 102 del Expediente Legali. 5 Folios No. 394 a 395 del Expediente Legali. Página 4 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 14. Ese mismo día, mediante Auto SRT-AT-GAR-0546, con base en las respuestas allegadas al trámite, la magistratura a cargo del asunto resolvió ordenar la incorporación de documentación relevante para el trámite. 3. Respuestas de la accionada y las vinculadas 3.1. Respuesta de la SEJUD General7 15. A través de Oficio No. OSJ-T-6/2 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 electrónico, fue remitida a la JEP, junto con los respectivos anexos, en virtud de la competencia funcional de esta jurisdicción para conocer del asunto2. 11. El 22 de enero de 2026, mediante Acta de Reparto ACTA.TSR.0000016.20263, la Secretaría Judicial (SEJUD) de la SR remitió el asunto a la Subsección Cuarta. 12. Ese mismo día, a través del Auto SRT-AT-GAR-0314, el despacho sustanciador resolvió, entre otras cuestiones: (i) avocar conocimiento de la tutela y correr traslado de la solicitud de amparo a la accionada y a las vinculadas; (ii) requerir a la profesional del derecho Isabel Cristina Lince Gaviria para que allegara el poder especial conferido por las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, así como los datos de contacto de dichas personas; (iii) requerir a los citados ciudadanos para que manifestaran si reconocían y/o ratificaban el escrito de tutela presentado en su nombre; (iv) ordenar el traslado al expediente de la referencia de algunos documentos obrantes en el Expediente Legali No. 1500788- 94.2021.0.00.0001; y (v) entregar contraseñas de acceso a todos los interesados en el trámite. 13. El 28 de enero de 2026, mediante Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000394.20265, la SEJUD de la SR allegó las respuestas de la accionada y las vinculadas al trámite constitucional, así como los poderes especiales debidamente otorgados por las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, a la profesional en derecho Isabel Cristina Lince Gaviria. Asimismo, informó del cumplimiento de las órdenes relacionadas con la incorporación de la documentación requerida del Expediente Legali No. 1500788-94.2021.0.00.0001, la notificación a los sujetos procesales y la entrega de contraseñas de acceso al expediente. 2 Folios No. 1 y 2 del Expediente Legali. 3 Folio No. 61 del Expediente Legali. 4 Folios No. 93 a 102 del Expediente Legali. 5 Folios No. 394 a 395 del Expediente Legali. Página 4 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 14. Ese mismo día, mediante Auto SRT-AT-GAR-0546, con base en las respuestas allegadas al trámite, la magistratura a cargo del asunto resolvió ordenar la incorporación de documentación relevante para el trámite. 3. Respuestas de la accionada y las vinculadas 3.1. Respuesta de la SEJUD General7 15. A través de Oficio No. OSJ-T-6/2 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 19. Después de plantear la forma en que se dio cumplimiento a la metodología, lo que permitió evidenciar la necesidad de dar apertura al macrocaso, la SRVR indicó que el despacho instructor diseñó una estrategia de investigación que, con base en la información recaudada, dio cuenta de las unidades militares de mayor relevancia y las regiones más afectadas por el modelo de criminalidad investigado. 20. Señaló que, con base en los hallazgos, mediante Auto No. 033 de 12 de febrero de 2021, se hizo pública la priorización de los subcasos territoriales y se describió la aplicación de la metodología de priorización dentro del macrocaso 03. Asimismo, manifestó que, debido a la alta concentración de hechos en el departamento de Antioquia, se desarrolló una estrategia de priorización interna, que responde a un análisis cuantitativo de estos, enfocándose en la región oriental y del Valle de Aburrá en el periodo comprendido entre 2002 y 2007. 21. Refirió que, en el marco de la investigación adelantada en el Subcaso Antioquia, la SRVR profirió el Auto SUB-D-SUBCASO ANTIOQUIA-005 de 2025, mediante el cual imputó a 39 miembros del Ejército Nacional y a 2 civiles, con ocasión de las muertes y desapariciones ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado. Sobre lo anterior, la SRVR encontró al menos 434 víctimas, al igual que 8 personas sobrevivientes. Dentro de dichos casos se encontrarían los hechos ocurridos el 2 de julio de 2004, en los cuales fue asesinado el señor Leonel de Jesús Hernández Guarín. 22. Ahora bien, en lo que respecta a las peticiones que dieron lugar al trámite constitucional, la SRVR manifestó que no fueron allegadas a dicha sala de justicia, por lo que no tuvo conocimiento de las solicitudes presentadas sino hasta la notificación del Auto SRT-AT-GAR-031, por medio del cual se avocó conocimiento del amparo. 23. No obstante, indicó que, con la finalidad de asegurar la satisfacción de los derechos fundamentales de los peticionantes, emitió el oficio con radicado Conti No. 202602001604, en el cual informó el estado actual del trámite en relación con el Subcaso Antioquia del Caso No. 03. De igual forma, señaló que, luego de revisar las distintas bases de datos que maneja la Sala, no se encontró que los accionantes hubieran sido acreditados como víctimas ante la JEP, por lo que los invitó a allegar la correspondiente solicitud de acreditación. Página 6 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 19. Después de plantear la forma en que se dio cumplimiento a la metodología, lo que permitió evidenciar la necesidad de dar apertura al macrocaso, la SRVR indicó que el despacho instructor diseñó una estrategia de investigación que, con base en la información recaudada, dio cuenta de las unidades militares de mayor relevancia y las regiones más afectadas por el modelo de criminalidad investigado. 20. Señaló que, con base en los hallazgos, mediante Auto No. 033 de 12 de febrero de 2021, se hizo pública la priorización de los subcasos territoriales y se describió la aplicación de la metodología de priorización dentro del macrocaso 03. Asimismo, manifestó que, debido a la alta concentración de hechos en el departamento de Antioquia, se desarrolló una estrategia de priorización interna, que responde a un análisis cuantitativo de estos, enfocándose en la región oriental y del Valle de Aburrá en el periodo comprendido entre 2002 y 2007. 21. Refirió que, en el marco de la investigación adelantada en el Subcaso Antioquia, la SRVR profirió el Auto SUB-D-SUBCASO ANTIOQUIA-005 de 2025, mediante el cual imputó a 39 miembros del Ejército Nacional y a 2 civiles, con ocasión de las muertes y desapariciones ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado. Sobre lo anterior, la SRVR encontró al menos 434 víctimas, al igual que 8 personas sobrevivientes. Dentro de dichos casos se encontrarían los hechos ocurridos el 2 de julio de 2004, en los cuales fue asesinado el señor Leonel de Jesús Hernández Guarín. 22. Ahora bien, en lo que respecta a las peticiones que dieron lugar al trámite constitucional, la SRVR manifestó que no fueron allegadas a dicha sala de justicia, por lo que no tuvo conocimiento de las solicitudes presentadas sino hasta la notificación del Auto SRT-AT-GAR-031, por medio del cual se avocó conocimiento del amparo. 23. No obstante, indicó que, con la finalidad de asegurar la satisfacción de los derechos fundamentales de los peticionantes, emitió el oficio con radicado Conti No. 202602001604, en el cual informó el estado actual del trámite en relación con el Subcaso Antioquia del Caso No. 03. De igual forma, señaló que, luego de revisar las distintas bases de datos que maneja la Sala, no se encontró que los accionantes hubieran sido acreditados como víctimas ante la JEP, por lo que los invitó a allegar la correspondiente solicitud de acreditación. Página 6 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 3.3. Respuesta de la SEJUD de la SRVR9 24. Por medio del Oficio OFICIOSJ.SRVR.0003259.2026 de 26 de enero de 2025, la referida dependencia dio respuesta al trámite constitucional informando que, a su juicio, no le correspondía pronunciarse sobre la presunta vulneración de derechos alegada en el trámite constitucional, en tanto las peticiones respecto de las cuales se señala que no existe respuesta no fueron puestas en su conocimiento ni cuenta con competencia para resolverlas. 25. Señaló que, al revisar el Sistema de Gestión Documental Conti, es posible verificar que las peticiones objeto del trámite fueron incorporadas directamente por la SEJUD General al expediente judicial a cargo de la SDSJ. 26. Además, manifestó que, tras consultar la base de víctimas acreditadas en el Caso 03, identificó que el señor Leonel de Jesús Hernández Guarín figura como víctima directa por hechos victimizantes ocurridos el 2 de julio de 2004. 27. Por último, refirió que la SEJUD de la SRVR no puede considerarse responsable, ni por acción ni por omisión, de las conductas que dieron lugar a la acción constitucional, por lo que solicitó su desvinculación del trámite. 3.4. Respuesta de la SDSJ10 28. Por medio de Oficio con radicado Conti No. 202603003767 de 26 de enero de 2026, la Sala de Justicia dio respuesta al trámite constitucional informando que, verificado el Sistema de Gestión Documental Conti, fue posible constatar que los accionantes presentaron peticiones los días 21 de agosto, 22 de septiembre y 17 de diciembre de 2025. 29. Indicó que, en el marco del Expediente Legali No. 9001764- 90.2019.0.00.0001, la magistratura a cargo del asunto en la SDSJ profirió la Resolución No. 205 de 26 de enero de 2026, por medio de la cual reconoció a los peticionarios como víctimas indirectas dentro de dicho trámite y a las abogadas Olga Lucía Espinel Correa e Isabel Cristina Lince Gaviria como sus apoderadas judiciales, otorgándoles acceso al expediente digital. 9 Folios No. 243 a 248 del Expediente Legali. 10 Folios No. 252 a 257 del Expediente Legali. Página 7 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 30. Adicionalmente, manifestó que expidió el Oficio No. 202602001598 de 26 de enero de 2026, mediante el cual dio respuesta de fondo a cada uno de los puntos formulados en los derechos de petición. 31. Refirió que la respuesta remitida a los accionantes se fundamentó en el expediente correspondiente al proceso penal identificado con el radicado No. 05-000-31-07-001-2014-00522-00, que guarda relación directa con los hechos y las víctimas cuya acreditación fue solicitada, pese a que en el primer derecho d SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 3.3. Respuesta de la SEJUD de la SRVR9 24. Por medio del Oficio OFICIOSJ.SRVR.0003259.2026 de 26 de enero de 2025, la referida dependencia dio respuesta al trámite constitucional informando que, a su juicio, no le correspondía pronunciarse sobre la presunta vulneración de derechos alegada en el trámite constitucional, en tanto las peticiones respecto de las cuales se señala que no existe respuesta no fueron puestas en su conocimiento ni cuenta con competencia para resolverlas. 25. Señaló que, al revisar el Sistema de Gestión Documental Conti, es posible verificar que las peticiones objeto del trámite fueron incorporadas directamente por la SEJUD General al expediente judicial a cargo de la SDSJ. 26. Además, manifestó que, tras consultar la base de víctimas acreditadas en el Caso 03, identificó que el señor Leonel de Jesús Hernández Guarín figura como víctima directa por hechos victimizantes ocurridos el 2 de julio de 2004. 27. Por último, refirió que la SEJUD de la SRVR no puede considerarse responsable, ni por acción ni por omisión, de las conductas que dieron lugar a la acción constitucional, por lo que solicitó su desvinculación del trámite. 3.4. Respuesta de la SDSJ10 28. Por medio de Oficio con radicado Conti No. 202603003767 de 26 de enero de 2026, la Sala de Justicia dio respuesta al trámite constitucional informando que, verificado el Sistema de Gestión Documental Conti, fue posible constatar que los accionantes presentaron peticiones los días 21 de agosto, 22 de septiembre y 17 de diciembre de 2025. 29. Indicó que, en el marco del Expediente Legali No. 9001764- 90.2019.0.00.0001, la magistratura a cargo del asunto en la SDSJ profirió la Resolución No. 205 de 26 de enero de 2026, por medio de la cual reconoció a los peticionarios como víctimas indirectas dentro de dicho trámite y a las abogadas Olga Lucía Espinel Correa e Isabel Cristina Lince Gaviria como sus apoderadas judiciales, otorgándoles acceso al expediente digital. 9 Folios No. 243 a 248 del Expediente Legali. 10 Folios No. 252 a 257 del Expediente Legali. Página 7 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 30. Adicionalmente, manifestó que expidió el Oficio No. 202602001598 de 26 de enero de 2026, mediante el cual dio respuesta de fondo a cada uno de los puntos formulados en los derechos de petición. 31. Refirió que la respuesta remitida a los accionantes se fundamentó en el expediente correspondiente al proceso penal identificado con el radicado No. 05-000-31-07-001-2014-00522-00, que guarda relación directa con los hechos y las víctimas cuya acreditación fue solicitada, pese a que en el primer derecho d decisiones adoptadas. (iv) La programación metodológica definida por el despacho de la SDSJ, precisando que el hecho relacionado con la muerte del señor Leonel de Jesús Hernández probablemente será tramitado durante el año 2026, comunicándole las actuaciones que se adelanten en la ruta no sancionatoria. 32. Advirtió que las solicitudes elevadas por los accionantes recaen sobre el trámite adelantado por el homicidio del señor Leonel de Jesús Hernández, ocurrido el 2 de julio de 2004, el cual ingresó a la JEP por remisión del Ministerio de Defensa, entidad que lo radicó bajo el número de caso 219, reseñando que era de conocimiento del Juzgado Primero Especializado del Circuito de Antioquia y cuya vigilancia correspondió al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín bajo el radicado No. 05-000-31-07-001-201400522-00; a la vez que reiteró que, de la revisión del asunto en el Sistema de Gestión Judicial Legali, no encontró información del radicado No. 11001-03-15-0002024-05574-00 del Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá D.C. 33. En consecuencia, consideró que las peticiones guardan conexidad material y procesal, por lo que la respuesta emitida permitió satisfacer de manera integral el contenido esencial del derecho fundamental de petición, sin que subsista en la actualidad una omisión atribuible a dicha Sala de Justicia. Página 8 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 34. Concluyó que las solicitudes elevadas por los accionantes habrían sido atendidas mediante la Resolución No. 205 de 26 de enero de 2026 y el oficio con radicado Conti No. 202602001598 de la misma fecha, habiéndose configurado la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que satisfizo la solicitud y, por ende, cesó la situación que dio lugar a la interposición de la tutela. 3.5. Respuesta de la SEJUD de la SDSJ11 35. Por medio de Oficio OFICIOSJ.SDSJ.0002646.2026 con radicado Conti No. 202603003832 de 26 de enero de 2026, la referida dependencia informó que, verificado el Sistema de Gestión Documental Conti, fue posible constatar que los accionantes habrían elevado las siguientes peticiones ante la JEP: (i) 21 de agosto de 2025 a través del radicado Conti No. 202501065611; (ii) 22 de septiembre de 2025 mediante el radicado Conti No. 202501075935; y (iii) 17 de diciembre de 2025, con radicado Conti No. 202501102232. 36. Indicó que esas peticiones fueron incorporadas por la SEJUD General al expediente Legali No. 9001764-90.2019.0.00.0001, de los comparecientes Daniel Artunduaga Moreno, Leonardo Flórez Lujan, Willinton de Jesús Graciano Sepúlveda y Francisco Alejandro Paz Jaramillo, a cargo de la SDSJ. 37. Señaló que el despach decisiones adoptadas. (iv) La programación metodológica definida por el despacho de la SDSJ, precisando que el hecho relacionado con la muerte del señor Leonel de Jesús Hernández probablemente será tramitado durante el año 2026, comunicándole las actuaciones que se adelanten en la ruta no sancionatoria. 32. Advirtió que las solicitudes elevadas por los accionantes recaen sobre el trámite adelantado por el homicidio del señor Leonel de Jesús Hernández, ocurrido el 2 de julio de 2004, el cual ingresó a la JEP por remisión del Ministerio de Defensa, entidad que lo radicó bajo el número de caso 219, reseñando que era de conocimiento del Juzgado Primero Especializado del Circuito de Antioquia y cuya vigilancia correspondió al Juzgado Séptimo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín bajo el radicado No. 05-000-31-07-001-201400522-00; a la vez que reiteró que, de la revisión del asunto en el Sistema de Gestión Judicial Legali, no encontró información del radicado No. 11001-03-15-0002024-05574-00 del Tribunal Superior del Distrito Superior de Bogotá D.C. 33. En consecuencia, consideró que las peticiones guardan conexidad material y procesal, por lo que la respuesta emitida permitió satisfacer de manera integral el contenido esencial del derecho fundamental de petición, sin que subsista en la actualidad una omisión atribuible a dicha Sala de Justicia. Página 8 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 34. Concluyó que las solicitudes elevadas por los accionantes habrían sido atendidas mediante la Resolución No. 205 de 26 de enero de 2026 y el oficio con radicado Conti No. 202602001598 de la misma fecha, habiéndose configurado la carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que satisfizo la solicitud y, por ende, cesó la situación que dio lugar a la interposición de la tutela. 3.5. Respuesta de la SEJUD de la SDSJ11 35. Por medio de Oficio OFICIOSJ.SDSJ.0002646.2026 con radicado Conti No. 202603003832 de 26 de enero de 2026, la referida dependencia informó que, verificado el Sistema de Gestión Documental Conti, fue posible constatar que los accionantes habrían elevado las siguientes peticiones ante la JEP: (i) 21 de agosto de 2025 a través del radicado Conti No. 202501065611; (ii) 22 de septiembre de 2025 mediante el radicado Conti No. 202501075935; y (iii) 17 de diciembre de 2025, con radicado Conti No. 202501102232. 36. Indicó que esas peticiones fueron incorporadas por la SEJUD General al expediente Legali No. 9001764-90.2019.0.00.0001, de los comparecientes Daniel Artunduaga Moreno, Leonardo Flórez Lujan, Willinton de Jesús Graciano Sepúlveda y Francisco Alejandro Paz Jaramillo, a cargo de la SDSJ. 37. Señaló que el despach SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 3.6. Respuesta de la SEJEP12 40. Por medio de Oficio con radicado Conti No. 202603003761 de 26 de enero de 2026, la referida dependencia dio respuesta al trámite constitucional informando que, consultado el Sistema de Gestión Documental Conti, se evidenciaron las peticiones elevadas por los accionantes, de la siguiente manera: (i) 202501065611 de 21 de agosto de 2025, donde se solicita información acerca del estado de un proceso. Fue asignada directamente por la Ventanilla Única a la SEJUD General por ser de su competencia. (ii) 202501075935 de 22 de septiembre de 2025, donde se solicita información actualizada sobre el estado de un expediente judicial remitido a la SDSJ. Fue asignada directamente por la Ventanilla Única a la SEJUD General por ser de su competencia. (iii) 202501102232 de 17 de diciembre de 2025, donde se solicita un seguimiento al radicado 202501075935. Fue asignada directamente por la Ventanilla Única a la SEJUD General por ser de su competencia. 41. Informó que ninguna de las peticiones objeto de la tutela fue conocida o tramitada por alguna dependencia de la SEJEP, configurándose la falta de legitimación por pasiva respecto de esta, al no haber tenido incidencia ni conocimiento de las solicitudes respecto de las cuales se alega falta de respuesta. En consecuencia, solicitó declarar que dicha dependencia no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes y ser desvinculada del trámite. 4. Pruebas relevantes que obran en el expediente13 i) Peticiones de 21 de agosto14, 22 de septiembre15 y 17 de diciembre de 202516, con su respectiva trazabilidad del Sistema de Gestión Documental Conti. ii) Poderes especiales conferidos a la profesional en derecho Isabel Cristina Lince Gaviría, por parte de las señoras Flor María Guarín de Hernández17, Liliana Hernández Guarín18, Arnovia Lucía Hernández 12 Folios No. 336 a 338 del Expediente Legali. 13 Todas las pruebas fueron aportadas en copia digital. 14 Folios No. 339 a 342 del Expediente Legali. 15 Folios No. 343 a 346 del Expediente Legali. 16 Folios No. 347 a 350 del Expediente Legali. 17 Folios No. 189 a 190 del Expediente Legali. Página 10 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 Guarín19, Isabel Cristina Lince Gaviría20, Luz Mery Hernández Guarín21, Oscar Darío Hernández Guarín22 y Sorayda Hernández Guarín23, para promover la acción de tutela de la referencia. iii) Oficio con radicado Conti No. 202602001604 de 26 de enero de 2026, por medio del cual la SRVR dio respuesta a las peticiones elevadas por los accionantes24. iv) Certificados de notificación electrónica en los que se evidencia la remisión d SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 3.6. Respuesta de la SEJEP12 40. Por medio de Oficio con radicado Conti No. 202603003761 de 26 de enero de 2026, la referida dependencia dio respuesta al trámite constitucional informando que, consultado el Sistema de Gestión Documental Conti, se evidenciaron las peticiones elevadas por los accionantes, de la siguiente manera: (i) 202501065611 de 21 de agosto de 2025, donde se solicita información acerca del estado de un proceso. Fue asignada directamente por la Ventanilla Única a la SEJUD General por ser de su competencia. (ii) 202501075935 de 22 de septiembre de 2025, donde se solicita información actualizada sobre el estado de un expediente judicial remitido a la SDSJ. Fue asignada directamente por la Ventanilla Única a la SEJUD General por ser de su competencia. (iii) 202501102232 de 17 de diciembre de 2025, donde se solicita un seguimiento al radicado 202501075935. Fue asignada directamente por la Ventanilla Única a la SEJUD General por ser de su competencia. 41. Informó que ninguna de las peticiones objeto de la tutela fue conocida o tramitada por alguna dependencia de la SEJEP, configurándose la falta de legitimación por pasiva respecto de esta, al no haber tenido incidencia ni conocimiento de las solicitudes respecto de las cuales se alega falta de respuesta. En consecuencia, solicitó declarar que dicha dependencia no ha vulnerado los derechos fundamentales de los accionantes y ser desvinculada del trámite. 4. Pruebas relevantes que obran en el expediente13 i) Peticiones de 21 de agosto14, 22 de septiembre15 y 17 de diciembre de 202516, con su respectiva trazabilidad del Sistema de Gestión Documental Conti. ii) Poderes especiales conferidos a la profesional en derecho Isabel Cristina Lince Gaviría, por parte de las señoras Flor María Guarín de Hernández17, Liliana Hernández Guarín18, Arnovia Lucía Hernández 12 Folios No. 336 a 338 del Expediente Legali. 13 Todas las pruebas fueron aportadas en copia digital. 14 Folios No. 339 a 342 del Expediente Legali. 15 Folios No. 343 a 346 del Expediente Legali. 16 Folios No. 347 a 350 del Expediente Legali. 17 Folios No. 189 a 190 del Expediente Legali. Página 10 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 Guarín19, Isabel Cristina Lince Gaviría20, Luz Mery Hernández Guarín21, Oscar Darío Hernández Guarín22 y Sorayda Hernández Guarín23, para promover la acción de tutela de la referencia. iii) Oficio con radicado Conti No. 202602001604 de 26 de enero de 2026, por medio del cual la SRVR dio respuesta a las peticiones elevadas por los accionantes24. iv) Certificados de notificación electrónica en los que se evidencia la remisión d III. CONSIDERACIONES 1. Competencia de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz 42. En razón a que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un carácter sui generis, transitorio y transicional con objetivos30 y finalidades31 diferentes a los 18 Folios No. 191 a 192 del Expediente Legali. 19 Folios No. 193 a 194 del Expediente Legali. 20 Folios No. 195 a 196 del Expediente Legali. 21 Folios No. 197 a 198 del Expediente Legali. 22 Folios No. 199 a 201 del Expediente Legali. 23 Folios No. 202 a 203 del Expediente Legali. 24 Folios No. 233 a 240 del Expediente Legali. 25 Folios No. 408 a 411 del Expediente Legali. 26 Folios No. 300 a 335 del Expediente Legali. 27 Folios No. 267 a 271 del Expediente Legali. 28 Folios No. 272 a 273 del Expediente Legali. 29 Folios No. 402 a 407 del Expediente Legali. 30 Acto Legislativo 01 de 2017, artículo 1º, artículo transitorio 5º, inc. 1º: “Los objetivos de la JEP son ‘satisfacer el derecho las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los Página 11 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 instituidos para la jurisdicción ordinaria, la competencia en materia de acciones de amparo está definida por el artículo transitorio 8 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017 y el artículo 53 de la Ley 1922 de 2018. 43. Así las cosas, esta Jurisdicción en materia de tutela únicamente es competente respecto de las acciones u omisiones de los órganos de la JEP que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales y contra providencias judiciales que profiera la JEP por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva. 44. Adicionalmente, para la determinación de la competencia de la SR se debe tener en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional mediante los autos 402 de 27 de junio, 644 de 3 de octubre y 731 de 14 de noviembre de 201832, en los que se señaló que, dentro del factor subjetivo de competencia, tratándose de recursos de amparo dirigidos contra órganos de la JEP, la regla jurisprudencial es la siguiente: (i) Cuando un juez de tutela que pertenece a la Rama Judicial recibe una acción de tutela dirigida expresamente contra la JEP, debe remitirla a dicha jurisdicción para que aquella determine si es competente para su conocimiento. (ii) Cuando un juez de tutela que pertenece a la Rama Judicial recibe una acción de tutela que no está dirigida expresamente contra la JEP, pero que de manera inequívoca se origina en acciones u omisiones de alguno de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz o controvierte una de sus decisiones, debe remitirla a dicha jurisdicción III. CONSIDERACIONES 1. Competencia de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz 42. En razón a que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene un carácter sui generis, transitorio y transicional con objetivos30 y finalidades31 diferentes a los 18 Folios No. 191 a 192 del Expediente Legali. 19 Folios No. 193 a 194 del Expediente Legali. 20 Folios No. 195 a 196 del Expediente Legali. 21 Folios No. 197 a 198 del Expediente Legali. 22 Folios No. 199 a 201 del Expediente Legali. 23 Folios No. 202 a 203 del Expediente Legali. 24 Folios No. 233 a 240 del Expediente Legali. 25 Folios No. 408 a 411 del Expediente Legali. 26 Folios No. 300 a 335 del Expediente Legali. 27 Folios No. 267 a 271 del Expediente Legali. 28 Folios No. 272 a 273 del Expediente Legali. 29 Folios No. 402 a 407 del Expediente Legali. 30 Acto Legislativo 01 de 2017, artículo 1º, artículo transitorio 5º, inc. 1º: “Los objetivos de la JEP son ‘satisfacer el derecho las víctimas a la justicia; ofrecer verdad a la sociedad colombiana; proteger los Página 11 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 instituidos para la jurisdicción ordinaria, la competencia en materia de acciones de amparo está definida por el artículo transitorio 8 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017 y el artículo 53 de la Ley 1922 de 2018. 43. Así las cosas, esta Jurisdicción en materia de tutela únicamente es competente respecto de las acciones u omisiones de los órganos de la JEP que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales y contra providencias judiciales que profiera la JEP por una manifiesta vía de hecho o cuando la afectación del derecho fundamental sea consecuencia directa por deducirse de su parte resolutiva. 44. Adicionalmente, para la determinación de la competencia de la SR se debe tener en cuenta lo dispuesto por la Corte Constitucional mediante los autos 402 de 27 de junio, 644 de 3 de octubre y 731 de 14 de noviembre de 201832, en los que se señaló que, dentro del factor subjetivo de competencia, tratándose de recursos de amparo dirigidos contra órganos de la JEP, la regla jurisprudencial es la siguiente: (i) Cuando un juez de tutela que pertenece a la Rama Judicial recibe una acción de tutela dirigida expresamente contra la JEP, debe remitirla a dicha jurisdicción para que aquella determine si es competente para su conocimiento. (ii) Cuando un juez de tutela que pertenece a la Rama Judicial recibe una acción de tutela que no está dirigida expresamente contra la JEP, pero que de manera inequívoca se origina en acciones u omisiones de alguno de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz o controvierte una de sus decisiones, debe remitirla a dicha jurisdicción SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 la Constitución. En este sentido, sólo podrá declarar su falta de competencia cuando se advierta de manera inequívoca que el amparo no se dirige a cuestionar cualquier acción u omisión de los órganos que componen la JEP o las providencias judiciales que ella profiera33. 45. En el caso objeto de estudio, la acción de amparo se encamina a cuestionar posibles omisiones de la SEJUD General, a la vez que, por los hechos narrados en la demanda fue vinculada la SDSJ, la SEJUD de la SDSJ, la SRVR, la SEJUD de la SRVR y la SEJEP, con lo cual encuentra esta Subsección que tiene competencia para conocer el asunto en virtud de lo previsto en el artículo transitorio 8 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017 y en las reglas establecidas por la jurisprudencia constitucional. 2. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 2.1. Legitimación en la causa por activa 46. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 cualquier persona puede interponer acción de tutela, por sí misma o por quien actúe en su nombre, cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados. 47. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se realiza: i) con el ejercicio directo, es decir que quien interpone la acción de tutela es el titular del derecho fundamental alegado; ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe tener la condición de abogado titulado, debiendo anexarse a la demanda el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo, y; iv) por medio de agente oficioso34. 48. Por último, es importante recordar que, según la jurisprudencia constitucional, la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, “en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela”35. Por tanto, se ha entendido que cuando una de las partes carece de dicha calidad o 33 Corte Constitucional. Autos 644 de 3 de octubre y 731 de 14 de noviembre de 2018. 34 Corte Constitucional, Sentencias T-531 de 2002 y T-194 de 2012. 35 Corte Constitucional. Sentencias T-416 de 1997 y T-511 de 2017. Página 13 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 la Constitución. En este sentido, sólo podrá declarar su falta de competencia cuando se advierta de manera inequívoca que el amparo no se dirige a cuestionar cualquier acción u omisión de los órganos que componen la JEP o las providencias judiciales que ella profiera33. 45. En el caso objeto de estudio, la acción de amparo se encamina a cuestionar posibles omisiones de la SEJUD General, a la vez que, por los hechos narrados en la demanda fue vinculada la SDSJ, la SEJUD de la SDSJ, la SRVR, la SEJUD de la SRVR y la SEJEP, con lo cual encuentra esta Subsección que tiene competencia para conocer el asunto en virtud de lo previsto en el artículo transitorio 8 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2017 y en las reglas establecidas por la jurisprudencia constitucional. 2. Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela 2.1. Legitimación en la causa por activa 46. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 cualquier persona puede interponer acción de tutela, por sí misma o por quien actúe en su nombre, cuando sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados o amenazados. 47. En desarrollo de lo anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que la legitimación en la causa por activa en los procesos de acción de tutela se realiza: i) con el ejercicio directo, es decir que quien interpone la acción de tutela es el titular del derecho fundamental alegado; ii) por medio de representantes legales, como en el caso de los menores de edad, los incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas; iii) por medio de apoderado judicial, caso en el cual el apoderado debe tener la condición de abogado titulado, debiendo anexarse a la demanda el poder especial para el caso o en su defecto el poder general respectivo, y; iv) por medio de agente oficioso34. 48. Por último, es importante recordar que, según la jurisprudencia constitucional, la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, “en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela”35. Por tanto, se ha entendido que cuando una de las partes carece de dicha calidad o 33 Corte Constitucional. Autos 644 de 3 de octubre y 731 de 14 de noviembre de 2018. 34 Corte Constitucional, Sentencias T-531 de 2002 y T-194 de 2012. 35 Corte Constitucional. Sentencias T-416 de 1997 y T-511 de 2017. Página 13 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 atributo no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declarar improcedente la tutela36. 49. En el presente caso, la legitimación en la causa para actuar se encuentra debidamente acreditada, en tanto las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, en su calidad de titulares de los derechos invocados, otorgaron poder especial a la profesional en derecho Isabel Cristina Lince Gaviria, para que actuara en su nombre y representación en el trámite de tutela. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por la magistratura mediante Auto SRT-AT-GAR-031 de 22 de enero de 2026. 2.2. Legitimación en la causa por pasiva 50. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 señala que la acción de tutela “(…) se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”. Asimismo, el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que el amparo constitucional “procederá contra acciones u omisiones de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales”. 51. En línea con lo anterior, la legitimación en la causa por pasiva se refiere a la aptitud legal de la persona o autoridad contra la cual se dirige la acción tutela, para responder por la vulneración o amenaza, por acción u omisión, de los derechos fundamentales alegados, cuando ello resulte demostrado. 52. En el asunto que se examina se cumple con el requisito de legitimación en causa por pasiva, toda vez que la accionada, así como la SRVR, la SDSJ, la SEJUD de la SDSJ y la SEJEP tuvieron a su cargo o dieron trámite a las solicitudes formuladas por la parte accionante. En efecto, de acuerdo con las contestaciones allegadas al expediente, los radicados No. 202501065611 de 21 de agosto de 2025, 202501065774 de 21 de agosto de 2025, 202501075935 de 22 de septiembre de 2025 y 202501102232 de 17 de diciembre de 2025, fueron recibidos por medio de la Ventanilla Única de la SEJEP, tramitados por la SEJUD General e incorporados a un expediente a cargo de la SDSJ37. Asimismo, en el curso del presente trámite, la SDSJ profirió una decisión y emitió una respuesta dirigida a atender las peticiones de los accionantes en lo que tiene 36 Corte Constitucional. Sentencias T-799 de 2009 y SU-173 de 2015. 37 Folios No. 184 a 186 del Expediente Legali. Página 14 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 atributo no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declarar improcedente la tutela36. 49. En el presente caso, la legitimación en la causa para actuar se encuentra debidamente acreditada, en tanto las señoras Luz Mery Hernández Guarín, Flor María Guarín de Hernández, Arnovia Lucía Hernández Guarín, Oscar Darío Hernández Guarín, Liliana Hernández Guarín, Sorayda Hernández Guarín y Luz Marina Hernández Guarín, en su calidad de titulares de los derechos invocados, otorgaron poder especial a la profesional en derecho Isabel Cristina Lince Gaviria, para que actuara en su nombre y representación en el trámite de tutela. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto por la magistratura mediante Auto SRT-AT-GAR-031 de 22 de enero de 2026. 2.2. Legitimación en la causa por pasiva 50. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 señala que la acción de tutela “(…) se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”. Asimismo, el artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2017 establece que el amparo constitucional “procederá contra acciones u omisiones de los órganos de la Jurisdicción Especial para la Paz, que hayan violado, violen o amenacen los derechos fundamentales”. 51. En línea con lo anterior, la legitimación en la causa por pasiva se refiere a la aptitud legal de la persona o autoridad contra la cual se dirige la acción tutela, para responder por la vulneración o amenaza, por acción u omisión, de los derechos fundamentales alegados, cuando ello resulte demostrado. 52. En el asunto que se examina se cumple con el requisito de legitimación en causa por pasiva, toda vez que la accionada, así como la SRVR, la SDSJ, la SEJUD de la SDSJ y la SEJEP tuvieron a su cargo o dieron trámite a las solicitudes formuladas por la parte accionante. En efecto, de acuerdo con las contestaciones allegadas al expediente, los radicados No. 202501065611 de 21 de agosto de 2025, 202501065774 de 21 de agosto de 2025, 202501075935 de 22 de septiembre de 2025 y 202501102232 de 17 de diciembre de 2025, fueron recibidos por medio de la Ventanilla Única de la SEJEP, tramitados por la SEJUD General e incorporados a un expediente a cargo de la SDSJ37. Asimismo, en el curso del presente trámite, la SDSJ profirió una decisión y emitió una respuesta dirigida a atender las peticiones de los accionantes en lo que tiene 36 Corte Constitucional. Sentencias T-799 de 2009 y SU-173 de 2015. 37 Folios No. 184 a 186 del Expediente Legali. Página 14 de 32 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ANAYUP KCYEH ANIRETAC ANA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .79EB27 ogidóc le y 1000.00.0.6202.96-7600051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1500067-69.2026.0.00.0001 que ver con el radicado No. 05-000-31-07-001-201400522-00, mientras que la SRVR hizo lo propio en lo relacionado con el Subcaso Antioquia del Caso 03. Finalmente, la SEJUD de la SDSJ se encargó de comunicar la resolución adoptada por la SDSJ. 53. No ocurre lo mismo con la SEJUD de la SRVR, la cual no tuvo conocimiento de las solicitudes anteriormente señaladas, ni realizó actuación alguna respecto de los requerimientos elevados por la parte accionante. En consecuencia, dicha dependencia secretarial será desvinculada del presente trámite constitucional y así se consignará en la parte resolutiva de esta decisión. 2.3. Subsidiariedad 54. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de 1991 y en el numeral 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la tutela es un mecanismo residual y subsidiario que solo procede cuando el s