Jep Sentencia srt-st-010-2026 de 2026

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN PRIMERA Sentencia SRT-ST-010/2026 Aprobada en Acta No. 03– SUB01/26 Bogotá D.C., 30 de enero de 2026 Radicación 1500040-86.2026.0.00.0001 Proceso Acción de Tutela Asunto Sentencia Accionante NOMBRE1 y otros Accionadas Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Unidad de Investigación y Acusación, de la Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad Nacional de Protección y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Vinculadas Secretaría General Judicial, Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Fiscalía General de la Nación, Comisaría Segunda de Familia de Popayán y señor Alexander Montaña Narváez I. ASUNTO POR RESOLVER 1. Resuelve la Subsección Primera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz el medio de amparo promovido por NOMBRE11 en 1 Mediante el Auto SRT-AT-JBM-051 de 20 de enero de 2026, mediante el cual se avocó conocimiento de la presente acción constitucional, se dispuso la anonimización de los datos de identificación del demandante en concordancia con lo dispuesto en la Senit 03 de 2022 que ordenó la creación del protocolo de anonimización de datos de la JEP, en tanto manifestó estar en una situación de riesgo actual y urgente. Así como, para prevenir una afectación a su derecho a la seguridad personal y en Pá g ina 1 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 “nombre propio, en representación de la CORPORACIÓN JUSTICIA Y DIGNIDAD, en mi calidad de representante legal, en mi condición de abogada defensora de derechos humanos acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y como AGENTE OFICIOSA” (sic) de NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4 y NOMBRE52 contra la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), ambas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANJE). 2. Con el objeto de integrar adecuadamente el contradictorio se vinculó a la Secretaría General Judicial (SGJ), la Secretaría Judicial de la SRVR (SEJUD SRVR), de la JEP, así como a la FGN, a la Comisaría Segunda de Familia de Popayán y al señor Alexander Montaña Narváez. II. HECHOS 3. De la demanda se colige que NOMBRE1 ejerce la representación judicial de NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4, víctimas reconocidas dentro del macrocaso 11, SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN PRIMERA Sentencia SRT-ST-010/2026 Aprobada en Acta No. 03– SUB01/26 Bogotá D.C., 30 de enero de 2026 Radicación 1500040-86.2026.0.00.0001 Proceso Acción de Tutela Asunto Sentencia Accionante NOMBRE1 y otros Accionadas Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Unidad de Investigación y Acusación, de la Jurisdicción Especial para la Paz, Unidad Nacional de Protección y Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Vinculadas Secretaría General Judicial, Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, Fiscalía General de la Nación, Comisaría Segunda de Familia de Popayán y señor Alexander Montaña Narváez I. ASUNTO POR RESOLVER 1. Resuelve la Subsección Primera de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz el medio de amparo promovido por NOMBRE11 en 1 Mediante el Auto SRT-AT-JBM-051 de 20 de enero de 2026, mediante el cual se avocó conocimiento de la presente acción constitucional, se dispuso la anonimización de los datos de identificación del demandante en concordancia con lo dispuesto en la Senit 03 de 2022 que ordenó la creación del protocolo de anonimización de datos de la JEP, en tanto manifestó estar en una situación de riesgo actual y urgente. Así como, para prevenir una afectación a su derecho a la seguridad personal y en Pá g ina 1 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 “nombre propio, en representación de la CORPORACIÓN JUSTICIA Y DIGNIDAD, en mi calidad de representante legal, en mi condición de abogada defensora de derechos humanos acreditada ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y como AGENTE OFICIOSA” (sic) de NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4 y NOMBRE52 contra la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), ambas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANJE). 2. Con el objeto de integrar adecuadamente el contradictorio se vinculó a la Secretaría General Judicial (SGJ), la Secretaría Judicial de la SRVR (SEJUD SRVR), de la JEP, así como a la FGN, a la Comisaría Segunda de Familia de Popayán y al señor Alexander Montaña Narváez. II. HECHOS 3. De la demanda se colige que NOMBRE1 ejerce la representación judicial de NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4, víctimas reconocidas dentro del macrocaso 11, SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 denuncias como ‘falsas acusaciones’ o un supuesto ‘montaje judicial´”4; por lo que, ante la ausencia de reconocimiento, la SRVR a través de la PROVIDENCIA1 de 7 de noviembre de 20255, remitió el asunto a la UIA con el fin de que adelantara su juzgamiento en vía adversarial. 5. Anunció que, a partir de aquella remisión, las víctimas, la parte actora y otra persona con quien ejerce el acompañamiento judicial en ese caso, esto es, NOMBRE5, comenzaron a ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidación, vigilancia y seguimiento, los cuales incrementaron a partir de la declaración rendida por el compareciente, quien señaló a la defensa de haber orquestado un plan en su contra. 6. Afirmó que, puso en conocimiento de la JEP, de la UNP y de la Fiscalía General de la Nación (FGN) los hechos descritos, con el propósito de que se concediera a su favor y las personas referidas, medidas de protección; sin embargo, destacó que los estudios de riesgos llevados a cabo por parte de la UIA “resultaron superficiales, descontextualizados y carentes de enfoque de género y de trauma, toda vez que no incluyeron entrevistas presenciales ni valoración psicosocial especializada”6. 7. A partir de lo anterior, adujo que el 13 de noviembre de 2025, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la PROVIDENCIA1 de 7 de noviembre de 2025, en el que solicitó a la SRVR la concesión de “medidas urgentes de protección, tales como reubicación temporal, transporte seguro, prohibición de contacto con el compareciente y acompañamiento psicosocial integral, dada la existencia de un riesgo real, actual e inminente”7; no obstante, con PROVIDENCIA 2 de 22 de diciembre de 20258, la Sala de Justicia rechazó el recurso y remitió la información relacionada con los riesgos de seguridad a la UIA. 4 Folios 4 y 5. 5 Folio 5. 6 Folio 6. 7 Ibidem. 8 Folio 6. Pá g ina 3 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 8. De ese modo, explicó que, a la fecha de interposición del presente medio de amparo, se encuentran sin medidas que garanticen su salvaguarda, circunstancia que conlleva a la vulneración de sus derechos a la vida, integridad personal, seguridad, acceso a la administración justicia y no repetición, tras la “revictimización institucional”9. 9. Adicionalmente, la parte demandante dio a conocer que la ANJE promovió la activación del proceso de solución amistosa dentro del Caso No. 13.373 – Rosalía Benavides Franco y otros, actualmente en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo la pertinencia de este mecanismo para la resolución integral de graves SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 denuncias como ‘falsas acusaciones’ o un supuesto ‘montaje judicial´”4; por lo que, ante la ausencia de reconocimiento, la SRVR a través de la PROVIDENCIA1 de 7 de noviembre de 20255, remitió el asunto a la UIA con el fin de que adelantara su juzgamiento en vía adversarial. 5. Anunció que, a partir de aquella remisión, las víctimas, la parte actora y otra persona con quien ejerce el acompañamiento judicial en ese caso, esto es, NOMBRE5, comenzaron a ser objeto de amenazas, hostigamientos, intimidación, vigilancia y seguimiento, los cuales incrementaron a partir de la declaración rendida por el compareciente, quien señaló a la defensa de haber orquestado un plan en su contra. 6. Afirmó que, puso en conocimiento de la JEP, de la UNP y de la Fiscalía General de la Nación (FGN) los hechos descritos, con el propósito de que se concediera a su favor y las personas referidas, medidas de protección; sin embargo, destacó que los estudios de riesgos llevados a cabo por parte de la UIA “resultaron superficiales, descontextualizados y carentes de enfoque de género y de trauma, toda vez que no incluyeron entrevistas presenciales ni valoración psicosocial especializada”6. 7. A partir de lo anterior, adujo que el 13 de noviembre de 2025, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la PROVIDENCIA1 de 7 de noviembre de 2025, en el que solicitó a la SRVR la concesión de “medidas urgentes de protección, tales como reubicación temporal, transporte seguro, prohibición de contacto con el compareciente y acompañamiento psicosocial integral, dada la existencia de un riesgo real, actual e inminente”7; no obstante, con PROVIDENCIA 2 de 22 de diciembre de 20258, la Sala de Justicia rechazó el recurso y remitió la información relacionada con los riesgos de seguridad a la UIA. 4 Folios 4 y 5. 5 Folio 5. 6 Folio 6. 7 Ibidem. 8 Folio 6. Pá g ina 3 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 8. De ese modo, explicó que, a la fecha de interposición del presente medio de amparo, se encuentran sin medidas que garanticen su salvaguarda, circunstancia que conlleva a la vulneración de sus derechos a la vida, integridad personal, seguridad, acceso a la administración justicia y no repetición, tras la “revictimización institucional”9. 9. Adicionalmente, la parte demandante dio a conocer que la ANJE promovió la activación del proceso de solución amistosa dentro del Caso No. 13.373 – Rosalía Benavides Franco y otros, actualmente en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo la pertinencia de este mecanismo para la resolución integral de graves SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 PROVIDENCIA3 de 16 de octubre de 2025, impuso medidas provisionales a su favor, a partir de lo establecido en las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021, asimismo, la autoridad administrativa ordenó al señor Montaña Narváez la entrega inmediata de “todos los documentos, expedientes y archivos físicos o digitales que pertenecieran a la Corporación Justicia y Dignidad y que se encontraran bajo su poder, con el fin de garantizar la adecuada administración y continuidad de los procesos institucionales de dicha entidad”11, sin que a la fecha de radicación del presente amparo haya cumplido el mandato. III. PRETENSIONES 12. En atención a lo anterior, en la demanda se solicitó como medida provisional que: [O]rdene la asignación inmediata de apoyo económico para la reubicación temporal de (…) [NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4], así como de sus representantes [NOMBRE1 y NOMBRE5], mientras se resuelven los asuntos jurídicos pendientes del [compareciente], tanto en el ámbito nacional, ante la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, como en el ámbito internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”12. 13. Asimismo, se elevó como pretensiones, las siguientes: PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad, dignidad humana, igualdad, acceso a la justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición de las señoras [NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4], así como de sus representantes [NOMBRE1 y NOMBRE5], los cuales han sido vulnerados por la omisión y actuación fragmentada de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. SEGUNDA. 11 Ibidem. 12 Folio 22. Pá g ina 5 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 Ordenar a la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que de manera inmediata y sin condicionarla a la realización previa de nuevos estudios de riesgo, disponga MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN a favor de [NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4, NOMBRE1 y NOMBRE5], en atención al riesgo extraordinario, actual y verificable acreditado en el presente caso. TERCERA. Ordenar a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que las medidas de protección incluyan, como mínimo: a) Reubicación temporal inmediata de las víctimas y de su equipo jurídico, en condiciones de seguridad, confidencialidad y dignidad, mientras persista el SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 PROVIDENCIA3 de 16 de octubre de 2025, impuso medidas provisionales a su favor, a partir de lo establecido en las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000, 1257 de 2008 y 2126 de 2021, asimismo, la autoridad administrativa ordenó al señor Montaña Narváez la entrega inmediata de “todos los documentos, expedientes y archivos físicos o digitales que pertenecieran a la Corporación Justicia y Dignidad y que se encontraran bajo su poder, con el fin de garantizar la adecuada administración y continuidad de los procesos institucionales de dicha entidad”11, sin que a la fecha de radicación del presente amparo haya cumplido el mandato. III. PRETENSIONES 12. En atención a lo anterior, en la demanda se solicitó como medida provisional que: [O]rdene la asignación inmediata de apoyo económico para la reubicación temporal de (…) [NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4], así como de sus representantes [NOMBRE1 y NOMBRE5], mientras se resuelven los asuntos jurídicos pendientes del [compareciente], tanto en el ámbito nacional, ante la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, como en el ámbito internacional, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”12. 13. Asimismo, se elevó como pretensiones, las siguientes: PRIMERA. Amparar los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, seguridad, dignidad humana, igualdad, acceso a la justicia, verdad, reparación integral y garantías de no repetición de las señoras [NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4], así como de sus representantes [NOMBRE1 y NOMBRE5], los cuales han sido vulnerados por la omisión y actuación fragmentada de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. SEGUNDA. 11 Ibidem. 12 Folio 22. Pá g ina 5 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 Ordenar a la Jurisdicción Especial para la Paz, a través de la Sala de Reconocimiento de Verdad y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que de manera inmediata y sin condicionarla a la realización previa de nuevos estudios de riesgo, disponga MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN a favor de [NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4, NOMBRE1 y NOMBRE5], en atención al riesgo extraordinario, actual y verificable acreditado en el presente caso. TERCERA. Ordenar a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) que las medidas de protección incluyan, como mínimo: a) Reubicación temporal inmediata de las víctimas y de su equipo jurídico, en condiciones de seguridad, confidencialidad y dignidad, mientras persista el SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 SÉPTIMA. Ordenar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que la reactivación del proceso de solución amistosa se realice con enfoque de protección, incorporando compromisos concretos del Estado colombiano en materia de medidas de seguridad y protección inmediata, acompañamiento psicosocial, garantías de no repetición y reparación integral con enfoque de género. OCTAVA. Ordenar a la Jurisdicción Especial para la Paz que adopte medidas institucionales de no repetición y no revictimización, garantizando que las víctimas de violencia sexual participen en el proceso judicial en condiciones de seguridad, respeto, dignidad y libertad, conforme al Auto 033 de 2021 y a los estándares constitucionales e interamericanos. NOVENA. Ordenar al señor ALEXANDER MONTAÑA NARVÁEZ que de manera inmediata proceda a la entrega total, completa y efectiva de los documentos, expedientes, archivos físicos y digitales, mobiliario y demás bienes que pertenezcan a [NOMBRE1] y a la Corporación Justicia y Dignidad, y que se encuentren bajo su poder, absteniéndose de continuar cualquier conducta de obstrucción, interferencia o entorpecimiento del presente caso y de los procesos judiciales y administrativos adelantados por dicha organización. DÉCIMA. Ordenar al señor ALEXANDER MONTAÑA NARVÁEZ que se abstenga de realizar cualquier acto de obstaculización, directa o indirecta, que afecte el acompañamiento jurídico, psicosocial y organizativo de las víctimas del presente caso, bajo apercibimiento de las consecuencias legales a que haya lugar. DÉCIMA PRIMERA. Ordenar que se remita copia integral de la presente acción de tutela y de la sentencia que la resuelva a la Fiscalía General de la Nación que conoce del proceso por violencia intrafamiliar relacionado con el señor ALEXANDER MONTAÑA NARVÁEZ, y a la Comisaría de Familia competente, para que dichas autoridades tengan conocimiento formal del contexto de riesgo, de los hechos de obstaculización y de las órdenes impartidas, y adopten las medidas que estimen pertinentes en el marco de sus competencias. Pá g ina 7 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 DÉCIMA SEGUNDA. Ordenar la conformación de un COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, con el fin de garantizar la ejecución efectiva, coordinada y con enfoque de derechos humanos, género y protección reforzada, de todas las órdenes impartidas por el despacho judicial. (sic) (…) IV. DEL TRÁMITE PROCESAL 14. El 14 de enero de 2026, la accionante radicó el medio de amparo ante la Justicia Ordinaria13, a través del correo electrónico tut SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 SÉPTIMA. Ordenar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que la reactivación del proceso de solución amistosa se realice con enfoque de protección, incorporando compromisos concretos del Estado colombiano en materia de medidas de seguridad y protección inmediata, acompañamiento psicosocial, garantías de no repetición y reparación integral con enfoque de género. OCTAVA. Ordenar a la Jurisdicción Especial para la Paz que adopte medidas institucionales de no repetición y no revictimización, garantizando que las víctimas de violencia sexual participen en el proceso judicial en condiciones de seguridad, respeto, dignidad y libertad, conforme al Auto 033 de 2021 y a los estándares constitucionales e interamericanos. NOVENA. Ordenar al señor ALEXANDER MONTAÑA NARVÁEZ que de manera inmediata proceda a la entrega total, completa y efectiva de los documentos, expedientes, archivos físicos y digitales, mobiliario y demás bienes que pertenezcan a [NOMBRE1] y a la Corporación Justicia y Dignidad, y que se encuentren bajo su poder, absteniéndose de continuar cualquier conducta de obstrucción, interferencia o entorpecimiento del presente caso y de los procesos judiciales y administrativos adelantados por dicha organización. DÉCIMA. Ordenar al señor ALEXANDER MONTAÑA NARVÁEZ que se abstenga de realizar cualquier acto de obstaculización, directa o indirecta, que afecte el acompañamiento jurídico, psicosocial y organizativo de las víctimas del presente caso, bajo apercibimiento de las consecuencias legales a que haya lugar. DÉCIMA PRIMERA. Ordenar que se remita copia integral de la presente acción de tutela y de la sentencia que la resuelva a la Fiscalía General de la Nación que conoce del proceso por violencia intrafamiliar relacionado con el señor ALEXANDER MONTAÑA NARVÁEZ, y a la Comisaría de Familia competente, para que dichas autoridades tengan conocimiento formal del contexto de riesgo, de los hechos de obstaculización y de las órdenes impartidas, y adopten las medidas que estimen pertinentes en el marco de sus competencias. Pá g ina 7 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 DÉCIMA SEGUNDA. Ordenar la conformación de un COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA, con el fin de garantizar la ejecución efectiva, coordinada y con enfoque de derechos humanos, género y protección reforzada, de todas las órdenes impartidas por el despacho judicial. (sic) (…) IV. DEL TRÁMITE PROCESAL 14. El 14 de enero de 2026, la accionante radicó el medio de amparo ante la Justicia Ordinaria13, a través del correo electrónico tut SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 del Pueblo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; v) se requirió a NOMBRE1 para que sustentara los motivos que les impide a NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4 y NOMBRE5 interponer directamente la acción de tutela o, en su defecto allegara los poderes especiales que acreditan su designación para actuar dentro de las presentes diligencias; vi) corrió traslado a las últimas mencionadas para que ratificaran el contenido de la demanda y se lograra entender la radicación a nombre propio; y, vii) negó la medida provisional solicitada por la demandante. 16. Mediante Informes Secretariales Nos. ISJ.TSR.0000344.2026 de 23, ISJ.TSR.0000350.2026 y ISJ.TSR.0000353.2026 de 26 de enero de 202618, la SEJUD SR comunicó las respuestas recibidas; no obstante, ante el silencio de la UNP y la FGN, con Auto SRT-AT-JBM-059 de 27 de enero de 202619, se les insistió en los requerimientos. Con Informes No. ISJ.TSR.0000397.202620 y No. ISJ.TSR.0000402.202621 de 28 y 29 de enero de 2026, respectivamente, se puso en conocimiento de la magistratura la contestación de la UNP, de la FGN y el concepto del Ministerio Público. V. RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS, LAS VINCULADAS Y EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 5.1. Secretaría General Judicial -SGJ-22 17. Informó que revisados los sistemas de gestión documental Conti y Judicial Legali, encontró los radicados Nos.: i) 202501048261 de 26 de junio de 2025, en el que NOMBRE1 requirió a la SRVR la acreditación como víctima de sus representadas, por lo que el 27 del mismo mes y año se asignó desde Ventanilla Única (VU) a la Oficina Asesora de Atención al Ciudadano (OAAC); ii) 202501049612 de 2 de julio, 202501052913 de 11 de julio, 202501056109 de 22 de julio y 202501067212 de 26 de agosto, de 2025, todas en 18 Folios 1172 a 1173 y 1216. 19 Folios 3011 y 3012. 20 Folio3403. 21 Folio 3716. 22 Folios 343 a 344 Pá g ina 9 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 las que la accionante solicitó “medidas urgentes de protección”23 por cuenta propia y de sus poderdantes dentro del Caso 11, Subcaso 2, las cuales fueron asignadas por la VU a la dependencia en mención y a la UIA el día de su arribo, por lo que ninguna hizo tránsito por esa dependencia; y, iii) 202501092779 de 13 de noviembre de 2025, en el que la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, en contra de la PROVIDENCIA1 de 7 de noviembre de 2025, documento que la misma data fue integrada por la SGJ e incorporado en el expediente Legali No. 0000138- 19.2024.0.00.0001 a cargo de la SRVR para su gestión. 18. De ese modo, anunció que no ha vulnerado derechos fund SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 del Pueblo y la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; v) se requirió a NOMBRE1 para que sustentara los motivos que les impide a NOMBRE2, NOMBRE3, NOMBRE4 y NOMBRE5 interponer directamente la acción de tutela o, en su defecto allegara los poderes especiales que acreditan su designación para actuar dentro de las presentes diligencias; vi) corrió traslado a las últimas mencionadas para que ratificaran el contenido de la demanda y se lograra entender la radicación a nombre propio; y, vii) negó la medida provisional solicitada por la demandante. 16. Mediante Informes Secretariales Nos. ISJ.TSR.0000344.2026 de 23, ISJ.TSR.0000350.2026 y ISJ.TSR.0000353.2026 de 26 de enero de 202618, la SEJUD SR comunicó las respuestas recibidas; no obstante, ante el silencio de la UNP y la FGN, con Auto SRT-AT-JBM-059 de 27 de enero de 202619, se les insistió en los requerimientos. Con Informes No. ISJ.TSR.0000397.202620 y No. ISJ.TSR.0000402.202621 de 28 y 29 de enero de 2026, respectivamente, se puso en conocimiento de la magistratura la contestación de la UNP, de la FGN y el concepto del Ministerio Público. V. RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS, LAS VINCULADAS Y EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO 5.1. Secretaría General Judicial -SGJ-22 17. Informó que revisados los sistemas de gestión documental Conti y Judicial Legali, encontró los radicados Nos.: i) 202501048261 de 26 de junio de 2025, en el que NOMBRE1 requirió a la SRVR la acreditación como víctima de sus representadas, por lo que el 27 del mismo mes y año se asignó desde Ventanilla Única (VU) a la Oficina Asesora de Atención al Ciudadano (OAAC); ii) 202501049612 de 2 de julio, 202501052913 de 11 de julio, 202501056109 de 22 de julio y 202501067212 de 26 de agosto, de 2025, todas en 18 Folios 1172 a 1173 y 1216. 19 Folios 3011 y 3012. 20 Folio3403. 21 Folio 3716. 22 Folios 343 a 344 Pá g ina 9 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 las que la accionante solicitó “medidas urgentes de protección”23 por cuenta propia y de sus poderdantes dentro del Caso 11, Subcaso 2, las cuales fueron asignadas por la VU a la dependencia en mención y a la UIA el día de su arribo, por lo que ninguna hizo tránsito por esa dependencia; y, iii) 202501092779 de 13 de noviembre de 2025, en el que la demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, en contra de la PROVIDENCIA1 de 7 de noviembre de 2025, documento que la misma data fue integrada por la SGJ e incorporado en el expediente Legali No. 0000138- 19.2024.0.00.0001 a cargo de la SRVR para su gestión. 18. De ese modo, anunció que no ha vulnerado derechos fund SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 - El 6 de agosto del mismo año, el Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes, indagó sobre una de las víctimas a fin de conocer sobre su participación dentro del asunto a cargo de esa Sala de Justicia. El 18 de septiembre, a través de radicado Conti No. 202503064532 brindó respuesta. - El 15 de septiembre y 4 de diciembre de 2025, la representante de la Corporación Justicia y Dignidad, puso en conocimiento de la SRVR nuevas situaciones de riesgo, por lo que el 16 de septiembre y 22 de diciembre de 2025, remitió los memoriales a la UIA para lo de su competencia. 20. Agregó que, a partir de lo anterior, la UIA con Oficio GPVTI – UIA – 3662 -2025 de 9 de septiembre de 2025, dio a conocer que en el caso de NOMBRE2, en el que la Unidad concluyó que “no hay elementos que constituyan una amenaza y que puedan ser objeto de análisis y ponderación, por tal razón, se considera que no hay la necesidad de garantizar una evaluación de riesgo individual, porque no se advierten hechos o situaciones de amenaza que puedan afectar su seguridad por su acreditación ante” la JEP. 21. Adujo que, en similares términos se refirió la UIA sobre la situación de NOMBRE3, agregando que, respecto de esta persona, la UNP, el 22 de agosto de 2025, aclaró que no registraba evaluación de riesgo a su favor, en consecuencia, el Grupo de Servicio al Ciudadano le remitió la presentación del programa de prevención y protección de esa entidad y, además, le solicitó los documentos necesarios para analizar la procedencia o no del examen requerido, por lo que se encontraba atenta a su respuesta. 22. Adicionalmente, en relación con NOMBRE1, precisó que con Oficio No. 3559-GPVTI-UIA de 18 de septiembre de 2025, la UIA informó que “aun cuando la evaluada es víctima ante esta Jurisdicción Especial para la Paz, el caso debe ser remitido junto con los hechos de afectación a la entidad competente UNP para que esta realice las acciones que estime pertinentes”25. 25 Folios 348. Pá g ina 11 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 23. En lo que tiene que ver con el asunto objeto de estudio por parte de la SRVR, sobre la remisión temprana del compareciente, presuntamente victimario de las personas representadas por NOMBRE1 dentro del Subcaso 3 del macrocaso 11 a la UIA, explicó que, con PROVIDENCIA2 de 22 de diciembre de 2025, rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio el de apelación interpuesto en contra de la PROVIDENCIA 1 de 7 de noviembre de esa misma anualidad y, además, ordenó: REMITIR a la Unidad de Investigación y Acusación el documento presentado por la abo SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 - El 6 de agosto del mismo año, el Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes, indagó sobre una de las víctimas a fin de conocer sobre su participación dentro del asunto a cargo de esa Sala de Justicia. El 18 de septiembre, a través de radicado Conti No. 202503064532 brindó respuesta. - El 15 de septiembre y 4 de diciembre de 2025, la representante de la Corporación Justicia y Dignidad, puso en conocimiento de la SRVR nuevas situaciones de riesgo, por lo que el 16 de septiembre y 22 de diciembre de 2025, remitió los memoriales a la UIA para lo de su competencia. 20. Agregó que, a partir de lo anterior, la UIA con Oficio GPVTI – UIA – 3662 -2025 de 9 de septiembre de 2025, dio a conocer que en el caso de NOMBRE2, en el que la Unidad concluyó que “no hay elementos que constituyan una amenaza y que puedan ser objeto de análisis y ponderación, por tal razón, se considera que no hay la necesidad de garantizar una evaluación de riesgo individual, porque no se advierten hechos o situaciones de amenaza que puedan afectar su seguridad por su acreditación ante” la JEP. 21. Adujo que, en similares términos se refirió la UIA sobre la situación de NOMBRE3, agregando que, respecto de esta persona, la UNP, el 22 de agosto de 2025, aclaró que no registraba evaluación de riesgo a su favor, en consecuencia, el Grupo de Servicio al Ciudadano le remitió la presentación del programa de prevención y protección de esa entidad y, además, le solicitó los documentos necesarios para analizar la procedencia o no del examen requerido, por lo que se encontraba atenta a su respuesta. 22. Adicionalmente, en relación con NOMBRE1, precisó que con Oficio No. 3559-GPVTI-UIA de 18 de septiembre de 2025, la UIA informó que “aun cuando la evaluada es víctima ante esta Jurisdicción Especial para la Paz, el caso debe ser remitido junto con los hechos de afectación a la entidad competente UNP para que esta realice las acciones que estime pertinentes”25. 25 Folios 348. Pá g ina 11 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 23. En lo que tiene que ver con el asunto objeto de estudio por parte de la SRVR, sobre la remisión temprana del compareciente, presuntamente victimario de las personas representadas por NOMBRE1 dentro del Subcaso 3 del macrocaso 11 a la UIA, explicó que, con PROVIDENCIA2 de 22 de diciembre de 2025, rechazó por improcedente el recurso de reposición y en subsidio el de apelación interpuesto en contra de la PROVIDENCIA 1 de 7 de noviembre de esa misma anualidad y, además, ordenó: REMITIR a la Unidad de Investigación y Acusación el documento presentado por la abo SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 5.3. Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SEJUD SRVR)27 26. En primer lugar, subrayó que no le corresponde pronunciarse sobre las alegadas vulneraciones de derechos, en la medida que se originan en inconformidades relacionadas con temas frente a los cuales esa dependencia no tiene competencia para resolver de fondo. 27. Sin embargo, luego anunció que, una vez revisadas las bases de datos a su cargo, constató que la SRVR emitió la PROVIDENCIA107 de noviembre de 2025 y la PROVIDENCIA2 de 22 de diciembre de 2025, cuyas órdenes cumplió de acuerdo con sus funciones secretariales, por lo que no es responsable por acción u omisión de las conductas por las que, a juicio de la accionante, vulneran las prerrogativas iusfundamentales y solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional. 5.4. Unidad de Investigación y Acusación -UIA-28 28. Una vez desarrolló lo concerniente al programa de protección a su cargo, como parte fundamental de sus competencias, consagrada entre otras normas, en el artículo 87 de la Ley 1957 de 2019 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, destacó que la verificación es un trámite de recolección de información que tiene como finalidad la constatación de la existencia de los hechos victimizantes recientes, amenazas directas o situaciones de vulnerabilidad actual que tengan relación con la participación del evaluado al interior de esta Jurisdicción, que brinda las conclusiones necesarias para determinar si es viable o no el inicio de un estudio de riesgo. 29. Luego, descendió al caso concreto y se refirió a cada una de las situaciones de quienes integran la parte demandante, de la siguiente manera: 27 Folios 354 a 486. 28 Folios 521 a 1155. Pá g ina 13 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 - NOMBRE1: Aseguró que conoció de su situación de riesgo a partir de la PROVIDENCIA4 de 1° de julio de 2025, en el que la magistratura relatora del macrocaso 11 comunicó sobre situaciones que “a su parecer afectaban los derechos fundamentales de Nombre1”29. De manera que, culminadas las verificaciones concluyó que no era procedente practicar el estudio de nivel de riesgo por parte del Grupo de Protección de la Unidad de Investigación y Acusación (GPVTI), tras determinar la inexistencia de amenazas derivadas de su participación en la JEP, así como que en el marco de dicho análisis la accionante indicó ser beneficiaria del programa de protección liderado por la UNP, entidad que a partir del Decreto 1066 de 2015, resulta ser la competente para atenderla SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 5.3. Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SEJUD SRVR)27 26. En primer lugar, subrayó que no le corresponde pronunciarse sobre las alegadas vulneraciones de derechos, en la medida que se originan en inconformidades relacionadas con temas frente a los cuales esa dependencia no tiene competencia para resolver de fondo. 27. Sin embargo, luego anunció que, una vez revisadas las bases de datos a su cargo, constató que la SRVR emitió la PROVIDENCIA107 de noviembre de 2025 y la PROVIDENCIA2 de 22 de diciembre de 2025, cuyas órdenes cumplió de acuerdo con sus funciones secretariales, por lo que no es responsable por acción u omisión de las conductas por las que, a juicio de la accionante, vulneran las prerrogativas iusfundamentales y solicitó su desvinculación del presente trámite constitucional. 5.4. Unidad de Investigación y Acusación -UIA-28 28. Una vez desarrolló lo concerniente al programa de protección a su cargo, como parte fundamental de sus competencias, consagrada entre otras normas, en el artículo 87 de la Ley 1957 de 2019 “Estatutaria de la Administración de Justicia”, destacó que la verificación es un trámite de recolección de información que tiene como finalidad la constatación de la existencia de los hechos victimizantes recientes, amenazas directas o situaciones de vulnerabilidad actual que tengan relación con la participación del evaluado al interior de esta Jurisdicción, que brinda las conclusiones necesarias para determinar si es viable o no el inicio de un estudio de riesgo. 29. Luego, descendió al caso concreto y se refirió a cada una de las situaciones de quienes integran la parte demandante, de la siguiente manera: 27 Folios 354 a 486. 28 Folios 521 a 1155. Pá g ina 13 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 - NOMBRE1: Aseguró que conoció de su situación de riesgo a partir de la PROVIDENCIA4 de 1° de julio de 2025, en el que la magistratura relatora del macrocaso 11 comunicó sobre situaciones que “a su parecer afectaban los derechos fundamentales de Nombre1”29. De manera que, culminadas las verificaciones concluyó que no era procedente practicar el estudio de nivel de riesgo por parte del Grupo de Protección de la Unidad de Investigación y Acusación (GPVTI), tras determinar la inexistencia de amenazas derivadas de su participación en la JEP, así como que en el marco de dicho análisis la accionante indicó ser beneficiaria del programa de protección liderado por la UNP, entidad que a partir del Decreto 1066 de 2015, resulta ser la competente para atenderla SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 marco de su acreditación ante la JEP”30. Al igual que a la anterior víctima, el resultado fue puesto en conocimiento por conducto de su apoderada NOMBRE1 y a la magistratura relatora el 23 de septiembre de 2025. - NOMBRE4: Indicó que, en similares términos, brindó respuesta y le dio a conocer sus conclusiones el 6 de octubre de 2025 con Oficio No. 4059 GPVTI-UIA del 3 de octubre de 2025. - NOMBRE5: destacó que “[s]obre esta persona no se realizó trámite de verificación, teniendo en cuenta que no llegó al Grupo de Protección solicitud de medidas de protección”31. 30. Después, con PROVIDENCIA2 de 22 de diciembre de 2025, la SRVR le ordenó adelantar nuevamente un estudio de riesgo a los mismos sujetos procesales, por lo que el GPVTI expidió las órdenes de trabajo respectivas; sin embargo, no se han podido cumplir debido a la imposibilidad de concertar las diligencias de entrevista personal con las concernidas, circunstancia que fue registrada en el informe preliminar remitido el 21 de enero de 2026, así: NOMBRE2, NOMBRE3 y NOMBRE4: - El 26 de diciembre de 2025, se inició contacto con NOMBRE1, sin embargo, precisó que tenía una calamidad de carácter personal, por lo que pidió ser contactada a la semana siguiente. - El 30 de diciembre de 2025, la parte accionante no contestó el mensaje vía WhatsApp del encargado del asunto, con el que se pretendía lograr un espacio junto con sus representadas (NOMBRE 2, NOMBRE3 y NOMBRE 4) para llevar a cabo la entrevista. - El 5 de enero de 2026, se retomó la comunicación por WhatsApp, no obstante, precisó no continuar con el proceso de evaluación de riesgo de las víctimas NOMBRE 2, NOMBRE 3 y NOMBRE 4, hasta tanto no se le diera respuesta a un recurso que interpuso el 13 de noviembre de 2025, contra la PROVIDENCIA1 de 7 de noviembre de igual año, sobre 30 Folio 524. 31 Folio 525. Pá g ina 15 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 la remisión a la UIA del compareciente y, ante esa afirmación, se le informó que por medio de PROVIDENCIA2 de 22 de diciembre de 2025, la SRVR rechazó el recurso, que se remitió a su correo electrónico. - El 6 de enero de 2026, luego de que la parte demandante estudió la SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 marco de su acreditación ante la JEP”30. Al igual que a la anterior víctima, el resultado fue puesto en conocimiento por conducto de su apoderada NOMBRE1 y a la magistratura relatora el 23 de septiembre de 2025. - NOMBRE4: Indicó que, en similares términos, brindó respuesta y le dio a conocer sus conclusiones el 6 de octubre de 2025 con Oficio No. 4059 GPVTI-UIA del 3 de octubre de 2025. - NOMBRE5: destacó que “[s]obre esta persona no se realizó trámite de verificación, teniendo en cuenta que no llegó al Grupo de Protección solicitud de medidas de protección”31. 30. Después, con PROVIDENCIA2 de 22 de diciembre de 2025, la SRVR le ordenó adelantar nuevamente un estudio de riesgo a los mismos sujetos procesales, por lo que el GPVTI expidió las órdenes de trabajo respectivas; sin embargo, no se han podido cumplir debido a la imposibilidad de concertar las diligencias de entrevista personal con las concernidas, circunstancia que fue registrada en el informe preliminar remitido el 21 de enero de 2026, así: NOMBRE2, NOMBRE3 y NOMBRE4: - El 26 de diciembre de 2025, se inició contacto con NOMBRE1, sin embargo, precisó que tenía una calamidad de carácter personal, por lo que pidió ser contactada a la semana siguiente. - El 30 de diciembre de 2025, la parte accionante no contestó el mensaje vía WhatsApp del encargado del asunto, con el que se pretendía lograr un espacio junto con sus representadas (NOMBRE 2, NOMBRE3 y NOMBRE 4) para llevar a cabo la entrevista. - El 5 de enero de 2026, se retomó la comunicación por WhatsApp, no obstante, precisó no continuar con el proceso de evaluación de riesgo de las víctimas NOMBRE 2, NOMBRE 3 y NOMBRE 4, hasta tanto no se le diera respuesta a un recurso que interpuso el 13 de noviembre de 2025, contra la PROVIDENCIA1 de 7 de noviembre de igual año, sobre 30 Folio 524. 31 Folio 525. Pá g ina 15 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 la remisión a la UIA del compareciente y, ante esa afirmación, se le informó que por medio de PROVIDENCIA2 de 22 de diciembre de 2025, la SRVR rechazó el recurso, que se remitió a su correo electrónico. - El 6 de enero de 2026, luego de que la parte demandante estudió la decisión previamente mencionada, le manifestó al analista que no procedería con los estudios en ese momento, argumentando que interpondría una acción de tutela y que sólo tras dicho trámite retomaría el proceso. Ante esto, el analista asignado le solicitó formalizar dicha postura mediante correo electrónico, suministrándole los datos de contacto correspondientes. - El 9 de enero de 2026, tras no obtener respuesta de NOMBRE1 por el mismo medio, se le reiteró el requerimiento, empero, fue necesario realizarlo nuevamente el 13 y el 20 de enero de 2026, a través del correo electrónico corporacionjusticiaydignidad@gmail.com, en el que se le pidió a la profesional del derecho “informara sobre el trámite que me comentó iba a adelantar frente al caso en cuestión o en su defecto la posibilidad de coordinar un espacio para las respectivas entrevistas que dan inicio al análisis de riesgo”32, sin que a la fecha de la respuesta, esto es, 23 de enero de 2025, haya cumplido con aquella instrucción. NOMBRE1 y NOMBRE5: - En idénticos términos se refirió NOMBRE1 sobre su entrevista y ante la imposibilidad de lograr agendar una fecha, el 5 de enero de 2026, el designado de la UIA procedió a comunicarse con NOMRE5; no obstante, indicó que “[…] guardó silencio y no manifestó su voluntad de asistir a las entrevistas programadas en Cali para los días 22 y 23 de enero de 2026, ni de realizar la evaluación de riesgo con las analistas encargadas”33 y, al igual que a NOMBRE1, el 20 de enero de 2026, se remitió correo electrónico solicitando agendar la entrevista para los días 29 y 30 de enero de esta anualidad, sin que se recibiera contestación. 32 Folio 527. 33 Folio 528. Pá g ina 16 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 31. Dicho lo anterior, destacó que, conforme a los principios generales del derecho, ninguna autoridad está obligada a lo imposible, por lo que la UIA no ha vulnerado derechos fundamentales de las personas demandantes, pues ha adelantado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las órdenes que emitió la magistratura y, por ende, requirió que se denieguen las pretensiones de la parte actora. 5.5. Unidad Nacional de Protección34 32. Explicó que ha realizado actuaciones continuas y verificables dentro de la ruta ordinaria y los mecanismos excepcionales frente a la situación de NOMBRE1, desde el 1º de noviembre de 2024, cuando se adelantó un estudio de seguridad y, el 16 de enero de 2025, adoptó determinaciones urgentes a través de un trámite de emergencia, el cual incluía un vehículo blindado, junto con otras medidas como personal de protección, chaleco y medios de apoyo, manteniéndose la atención institucional y el seguimiento del caso decisión previamente mencionada, le manifestó al analista que no procedería con los estudios en ese momento, argumentando que interpondría una acción de tutela y que sólo tras dicho trámite retomaría el proceso. Ante esto, el analista asignado le solicitó formalizar dicha postura mediante correo electrónico, suministrándole los datos de contacto correspondientes. - El 9 de enero de 2026, tras no obtener respuesta de NOMBRE1 por el mismo medio, se le reiteró el requerimiento, empero, fue necesario realizarlo nuevamente el 13 y el 20 de enero de 2026, a través del correo electrónico corporacionjusticiaydignidad@gmail.com, en el que se le pidió a la profesional del derecho “informara sobre el trámite que me comentó iba a adelantar frente al caso en cuestión o en su defecto la posibilidad de coordinar un espacio para las respectivas entrevistas que dan inicio al análisis de riesgo”32, sin que a la fecha de la respuesta, esto es, 23 de enero de 2025, haya cumplido con aquella instrucción. NOMBRE1 y NOMBRE5: - En idénticos términos se refirió NOMBRE1 sobre su entrevista y ante la imposibilidad de lograr agendar una fecha, el 5 de enero de 2026, el designado de la UIA procedió a comunicarse con NOMRE5; no obstante, indicó que “[…] guardó silencio y no manifestó su voluntad de asistir a las entrevistas programadas en Cali para los días 22 y 23 de enero de 2026, ni de realizar la evaluación de riesgo con las analistas encargadas”33 y, al igual que a NOMBRE1, el 20 de enero de 2026, se remitió correo electrónico solicitando agendar la entrevista para los días 29 y 30 de enero de esta anualidad, sin que se recibiera contestación. 32 Folio 527. 33 Folio 528. Pá g ina 16 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 31. Dicho lo anterior, destacó que, conforme a los principios generales del derecho, ninguna autoridad está obligada a lo imposible, por lo que la UIA no ha vulnerado derechos fundamentales de las personas demandantes, pues ha adelantado las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las órdenes que emitió la magistratura y, por ende, requirió que se denieguen las pretensiones de la parte actora. 5.5. Unidad Nacional de Protección34 32. Explicó que ha realizado actuaciones continuas y verificables dentro de la ruta ordinaria y los mecanismos excepcionales frente a la situación de NOMBRE1, desde el 1º de noviembre de 2024, cuando se adelantó un estudio de seguridad y, el 16 de enero de 2025, adoptó determinaciones urgentes a través de un trámite de emergencia, el cual incluía un vehículo blindado, junto con otras medidas como personal de protección, chaleco y medios de apoyo, manteniéndose la atención institucional y el seguimiento del caso SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 diciembre de 2025, con el objeto de que allegara copia del documento de identidad, certificación de pertenencia a población objeto y, de contar con ellas, denuncias o evidencia de los hechos, no obstante, a la fecha no ha dado cumplimiento. 35. Subrayó que, la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, por lo que no puede utilizarse como mecanismo para sustituir procedimientos administrativos, ni mucho menos, anticipar decisiones que, por mandato legal, corresponden a instancias técnicas especializadas, concluyendo que, ha ejecutado las labores pertinentes tendientes a salvaguardar los derechos de NOMBRE1 y que la ausencia de respuesta de las demás, ha sido el motivo por el cual no se han podido desplegar los actos a cargo de la UNP, de modo que solicitó se declare la improcedencia del medio de amparo. 5.6. Comisaría Segunda de Familia de Popayán35 36. Argumentó que, en el marco de sus competencias, dictó la PROVIDENCIA3 de 16 de octubre de 2025, en la que avocó conocimiento de la solicitud de medida de protección solicitada por NOMBRE1 en contra del señor Alexander Montaña Narváez y la concedió de manera provisional a su favor, disposición consistente en la vigilancia temporal en su domicilio y trabajo por parte de autoridades de policía, en la misma determinación dispuso: i) la remisión del caso a la FGN con el objeto de radicar la denuncia penal por el delito de violencia intrafamiliar; y, ii) ordenar al referido ciudadano el acatamiento de la medida de protección provisional relacionada, entre otras, con no acercarse a la accionante y entregar todos los documentos que tuviera en su poder, pertenecientes a la Corporación Justicia y Dignidad “con el fin de garantizar la adecuada administración y continuidad de los procesos institucionales de dicha entidad”36. 37. Aunado a lo anterior y a partir de las preguntas formuladas por la Subsección, relacionadas con el cumplimiento de las órdenes dictadas en la 35 Folios 488 a 494. 36 Folio 489. Pá g ina 18 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 PROVIDENCIA3 y si la demandante presentó memorial en ese sentido, explicó que el señor Montaña Narváez no compareció a la diligencia programada el 30 de octubre de 2025 para rendir descargos, sin allegar excusa formal que justifique su inasistencia. Adicionalmente, en lo que versa sobre la entrega de la documentación, adujo no tener conocimiento de su materialización por cuanto debía demostrarse en la audiencia que no se pudo llevar a cabo o a partir de la manifestación expresa de la actora. 38. En cuanto a la presentación de memoriales por parte de NOM SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 diciembre de 2025, con el objeto de que allegara copia del documento de identidad, certificación de pertenencia a población objeto y, de contar con ellas, denuncias o evidencia de los hechos, no obstante, a la fecha no ha dado cumplimiento. 35. Subrayó que, la acción de tutela tiene un carácter subsidiario y residual, por lo que no puede utilizarse como mecanismo para sustituir procedimientos administrativos, ni mucho menos, anticipar decisiones que, por mandato legal, corresponden a instancias técnicas especializadas, concluyendo que, ha ejecutado las labores pertinentes tendientes a salvaguardar los derechos de NOMBRE1 y que la ausencia de respuesta de las demás, ha sido el motivo por el cual no se han podido desplegar los actos a cargo de la UNP, de modo que solicitó se declare la improcedencia del medio de amparo. 5.6. Comisaría Segunda de Familia de Popayán35 36. Argumentó que, en el marco de sus competencias, dictó la PROVIDENCIA3 de 16 de octubre de 2025, en la que avocó conocimiento de la solicitud de medida de protección solicitada por NOMBRE1 en contra del señor Alexander Montaña Narváez y la concedió de manera provisional a su favor, disposición consistente en la vigilancia temporal en su domicilio y trabajo por parte de autoridades de policía, en la misma determinación dispuso: i) la remisión del caso a la FGN con el objeto de radicar la denuncia penal por el delito de violencia intrafamiliar; y, ii) ordenar al referido ciudadano el acatamiento de la medida de protección provisional relacionada, entre otras, con no acercarse a la accionante y entregar todos los documentos que tuviera en su poder, pertenecientes a la Corporación Justicia y Dignidad “con el fin de garantizar la adecuada administración y continuidad de los procesos institucionales de dicha entidad”36. 37. Aunado a lo anterior y a partir de las preguntas formuladas por la Subsección, relacionadas con el cumplimiento de las órdenes dictadas en la 35 Folios 488 a 494. 36 Folio 489. Pá g ina 18 | 38 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .456627 ogidóc le y 1000.00.0.6202.68-0400051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 PROVIDENCIA3 y si la demandante presentó memorial en ese sentido, explicó que el señor Montaña Narváez no compareció a la diligencia programada el 30 de octubre de 2025 para rendir descargos, sin allegar excusa formal que justifique su inasistencia. Adicionalmente, en lo que versa sobre la entrega de la documentación, adujo no tener conocimiento de su materialización por cuanto debía demostrarse en la audiencia que no se pudo llevar a cabo o a partir de la manifestación expresa de la actora. 38. En cuanto a la presentación de memoriales por parte de NOM SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI N.° 1500040-86.2026.0.00.0001 42. Hizo referencia a las órdenes contenidas en la PROVIDENCIA3 de 16 de octubre de 2025, para esclarecer que no ha hecho entrega de la documentación requerida y que la persona demandante no especificó a cuál hace referencia pero que, en todo caso, no hay un mobiliario de la Corporación de la cual ambos hicieron parte y que los elementos utilizados por los abogados eran los personales, por lo que, desde el 2017, todos los archivos quedaron en el correo electrónico de la accionante. Aunado a ello, advirtió que la audiencia requerida por la Comisaría de Segunda Familia de Popayán fue aplazada por petición de NOMBRE1 y se encuentra a la espera de nueva fecha para “desvirtuar” sus acusaciones. Para tales efectos allegó constancia del correo ele