Jep Sentencia srt-st-002-2026 de 2026

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN CUARTA Sentencia SRT-ST-002/2026 Aprobada en Acta No. 001-SUB04/26 Bogotá D.C, siete (7) de enero de 2026 Expediente: 1501450-19.2025.0.00.0001 Asunto: Acción de tutela en primera instancia Fecha de reparto: 22 de diciembre de 2025 Accionante: ORGANIZACIÓN 5 Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SEJUD de la SRVR), Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y Secretaría Ejecutiva (SEJEP), todas de la Jurisdicción Especial para la Paz Accionados y (JEP); Defensoría del Pueblo (DP); Unidad Nacional de vinculados: Protección (UNP); Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Min TIC); Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior (DACNARP); Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). La Subsección Cuarta de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente: SENTENCIA 1. En el proceso de primera instancia de la acción de tutela instaurada por la ORGANIZACIÓN 5, por intermedio de sus apoderados judiciales, los Página 1 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 abogados Anyi Dailena Orobio Arboleda y Cesar Steven González Ortiz. Lo anterior, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 2, 7, 11, 13, 22, 29, 83 y 85 de la Constitución Política. I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 1. Accionante 2. Se trata de la ORGANIZACIÓN 5, representada legalmente por NOMBRE 1, según la Resolución No. RPU03472025 de 24 de octubre de 20251. La solicitud de amparo constitucional fue presentada por intermedio de los abogados Anyi Dailena Orobio Arboleda2 y Cesar Steven González Ortiz3, quienes actúan en el marco de la presente acción constitucional como apoderados judiciales de la ORGANIZACIÓN 5, conforme con el mandato debidamente conferido por su representante legal4. 3. Ahora bien, teniendo en cuenta que los hechos planteados en la solicitud de amparo involucran a un sujeto colectivo, acreditado como víctima del conflicto armado en el Macrocaso 02, respecto del cual se dispuso su anonimización y se dictaron medidas cautelares de protección en los Autos SRV-AOA-151 de 8 de septiembre de 20205 y SRV-AMOA-10 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN CUARTA Sentencia SRT-ST-002/2026 Aprobada en Acta No. 001-SUB04/26 Bogotá D.C, siete (7) de enero de 2026 Expediente: 1501450-19.2025.0.00.0001 Asunto: Acción de tutela en primera instancia Fecha de reparto: 22 de diciembre de 2025 Accionante: ORGANIZACIÓN 5 Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad, y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), Secretaría Judicial de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SEJUD de la SRVR), Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y Secretaría Ejecutiva (SEJEP), todas de la Jurisdicción Especial para la Paz Accionados y (JEP); Defensoría del Pueblo (DP); Unidad Nacional de vinculados: Protección (UNP); Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (Min TIC); Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio del Interior (DACNARP); Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART). La Subsección Cuarta de la Sección de Revisión (SR) del Tribunal para la Paz, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, profiere la siguiente: SENTENCIA 1. En el proceso de primera instancia de la acción de tutela instaurada por la ORGANIZACIÓN 5, por intermedio de sus apoderados judiciales, los Página 1 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 abogados Anyi Dailena Orobio Arboleda y Cesar Steven González Ortiz. Lo anterior, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 2, 7, 11, 13, 22, 29, 83 y 85 de la Constitución Política. I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 1. Accionante 2. Se trata de la ORGANIZACIÓN 5, representada legalmente por NOMBRE 1, según la Resolución No. RPU03472025 de 24 de octubre de 20251. La solicitud de amparo constitucional fue presentada por intermedio de los abogados Anyi Dailena Orobio Arboleda2 y Cesar Steven González Ortiz3, quienes actúan en el marco de la presente acción constitucional como apoderados judiciales de la ORGANIZACIÓN 5, conforme con el mandato debidamente conferido por su representante legal4. 3. Ahora bien, teniendo en cuenta que los hechos planteados en la solicitud de amparo involucran a un sujeto colectivo, acreditado como víctima del conflicto armado en el Macrocaso 02, respecto del cual se dispuso su anonimización y se dictaron medidas cautelares de protección en los Autos SRV-AOA-151 de 8 de septiembre de 20205 y SRV-AMOA-10 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 4. En su lugar, de conformidad con el Protocolo de Anonimización de Documentos Judiciales en la JEP, creado en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022, en caso de requerirse una mención individual de estos sujetos se emplearán los siguientes términos: (i) “ORGANIZACIÓN 5”, para la organización que actúa como accionante; y (ii) “NOMBRE 1” para su representante legal. 2. Accionadas y vinculadas 5. La acción de tutela fue dirigida contra la SRVR y la UIA de la JEP. Sin embargo, revisado el expediente e interpretada la solicitud de amparo en los términos previstos en el numeral 5° del artículo 42 de la Ley 1564 de 2012, el despacho sustanciador vinculó de oficio a la SEJUD de la SRVR, a la DP, a la UNP, al Min TIC, a la DACNARP, a la ANT, a la ART y a la SEJEP, con el fin de establecer la veracidad de los hechos descritos en la acción constitucional e integrar debidamente el contradictorio. SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 4. En su lugar, de conformidad con el Protocolo de Anonimización de Documentos Judiciales en la JEP, creado en cumplimiento de lo dispuesto en la Sentencia Interpretativa TP-SA-SENIT 3 de 2022, en caso de requerirse una mención individual de estos sujetos se emplearán los siguientes términos: (i) “ORGANIZACIÓN 5”, para la organización que actúa como accionante; y (ii) “NOMBRE 1” para su representante legal. 2. Accionadas y vinculadas 5. La acción de tutela fue dirigida contra la SRVR y la UIA de la JEP. Sin embargo, revisado el expediente e interpretada la solicitud de amparo en los términos previstos en el numeral 5° del artículo 42 de la Ley 1564 de 2012, el despacho sustanciador vinculó de oficio a la SEJUD de la SRVR, a la DP, a la UNP, al Min TIC, a la DACNARP, a la ANT, a la ART y a la SEJEP, con el fin de establecer la veracidad de los hechos descritos en la acción constitucional e integrar debidamente el contradictorio. II. ANTECEDENTES 1. Hechos8 6. De acuerdo con el recuento fáctico expuesto por los apoderados, mediante el Auto 004 de 10 de julio de 2018, la SRVR avocó conocimiento del Macrocaso 02, sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la Fuerza Pública, en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño). 7. Asimismo, se señaló que, por medio del Auto SRVBIT-067 de 16 de marzo de 2020, esa sala de justicia acreditó como víctimas, en calidad de sujetos colectivos, a doce (12) consejos comunitarios ubicados en uno de los municipios priorizados del departamento de Nariño, asociados y representados por la ORGANIZACIÓN 69 en el marco del Macrocaso 02. 8 Folios 6-11 y 136-147 del Expediente Legali. 9 Esta organización, distinta a la ORGANIZACIÓN 5 también fue anonimizada por medio del Auto SRV-AOA-151 de 8 de septiembre de 2020, motivo por el cual su nombre y cualquier información que permita su identificación también será suprimida de esta providencia judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. Página 3 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 8. En la solicitud de amparo constitucional los apoderados manifestaron que -posteriormente- la SRVR profirió el Auto de Determinación de Hechos y Conductas -Auto No. 03 de 5 de julio de 2023-, en el que imputó a quince (15) máximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC-EP y, en providencia del 30 de julio de 2024, la Subsala A de esa Sala de Justicia remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) a veintiocho (28) comparecientes que fueron objeto de selección negativa. 9. Además, explicaron que, previamente, mediante Auto SRVAMOA-102 del 12 de septiembre de 202210, la SRVR decretó medidas cautelares a favor de la ORGANIZACIÓN 5, “los cuales (sic) no han sido cumplidas por ninguna entidad (Omisión de parte de las entidades)”11. 10. Finalmente, como pretensiones12 de la acción de tutela presentó las siguientes: 1. Tutelar los derechos fundamentales. (sic) y de aplicación inmediata, articulo (sic) 1, 2, 7, 11,13, 22, 29, 83 y 85 de la constitución política de 1991. 2. Como consecuencia ordenar a la Jurisdicción especial para la paz, sala de justicia (sic), sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, y Unidad de Investigación y acusación. Vinculados: Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección – UNP, Ministerio Tecnologías de la información y de las comunicaciones, Dirección de Asuntos Para Comunidades Negras, Agencia Nacional de Tierras – ANT. (sic) impartir el cumplimen II. ANTECEDENTES 1. Hechos8 6. De acuerdo con el recuento fáctico expuesto por los apoderados, mediante el Auto 004 de 10 de julio de 2018, la SRVR avocó conocimiento del Macrocaso 02, sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP) y la Fuerza Pública, en los municipios de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño). 7. Asimismo, se señaló que, por medio del Auto SRVBIT-067 de 16 de marzo de 2020, esa sala de justicia acreditó como víctimas, en calidad de sujetos colectivos, a doce (12) consejos comunitarios ubicados en uno de los municipios priorizados del departamento de Nariño, asociados y representados por la ORGANIZACIÓN 69 en el marco del Macrocaso 02. 8 Folios 6-11 y 136-147 del Expediente Legali. 9 Esta organización, distinta a la ORGANIZACIÓN 5 también fue anonimizada por medio del Auto SRV-AOA-151 de 8 de septiembre de 2020, motivo por el cual su nombre y cualquier información que permita su identificación también será suprimida de esta providencia judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. Página 3 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 8. En la solicitud de amparo constitucional los apoderados manifestaron que -posteriormente- la SRVR profirió el Auto de Determinación de Hechos y Conductas -Auto No. 03 de 5 de julio de 2023-, en el que imputó a quince (15) máximos responsables de la extinta guerrilla de las FARC-EP y, en providencia del 30 de julio de 2024, la Subsala A de esa Sala de Justicia remitió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) a veintiocho (28) comparecientes que fueron objeto de selección negativa. 9. Además, explicaron que, previamente, mediante Auto SRVAMOA-102 del 12 de septiembre de 202210, la SRVR decretó medidas cautelares a favor de la ORGANIZACIÓN 5, “los cuales (sic) no han sido cumplidas por ninguna entidad (Omisión de parte de las entidades)”11. 10. Finalmente, como pretensiones12 de la acción de tutela presentó las siguientes: 1. Tutelar los derechos fundamentales. (sic) y de aplicación inmediata, articulo (sic) 1, 2, 7, 11,13, 22, 29, 83 y 85 de la constitución política de 1991. 2. Como consecuencia ordenar a la Jurisdicción especial para la paz, sala de justicia (sic), sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y determinación de los hechos y conductas, y Unidad de Investigación y acusación. Vinculados: Defensoría del Pueblo, Unidad Nacional de Protección – UNP, Ministerio Tecnologías de la información y de las comunicaciones, Dirección de Asuntos Para Comunidades Negras, Agencia Nacional de Tierras – ANT. (sic) impartir el cumplimen SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 11. Más adelante, mediante escrito radicado el 5 de enero de 202613, los abogados Anyi Dailena Orobio Arboleda y Cesar Steven González Ortiz aclararon que la solicitud de amparo de la referencia fue ejercida en representación de la ORGANIZACIÓN 5, no de la ORGANIZACIÓN 6. 2. Trámite procesal 12. El 18 de diciembre de 2025, la tutela de la referencia fue radicada en el Centro de Servicios Judiciales de San Andrés de Tumaco (Nariño)14. 13. El 19 de diciembre de 2025, la mencionada solicitud de amparo fue remitida por competencia a la Ventanilla Única de la JEP, al correo electrónico info@jep.gov.co15. 14. El 22 de diciembre de 2025, mediante ACTA.TSR.0000.457.202516, la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión (SEJUD de la SR) asignó el trámite constitucional a la Subsección Cuarta, informando que con el nombre de Cesar Stiven González Ortiz se han presentado previamente dos (2) solicitudes de amparo, con la siguiente información: Año Expediente Reparto Accionado 2023 1501430-96.2023.0.00.0001 30/10/2023 SRVR 2023 1501434-36.2023.0.00.0001 31/10/2023 SRVR 15. El 23 de diciembre de 2025, por medio del Informe Adicional No. ISJ.TSR.0006154.202517, la SEJUD de la SR allegó anexos al escrito de tutela, relativos a la remisión de la demanda constitucional al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales de San Andrés de Tumaco (Nariño) y el poder18 que ya había sido adjuntado al escrito referido con el reparto que se hiciera el 22 de diciembre del año en curso19 y referido supra20. 13 Folio 1396-1399 del Expediente Legali. 14 Folio 4-5 del Expediente Legali. 15 Folio 1-2 del Expediente Legali. 16 Folio 91 del Expediente Legali. 17 Folio 101 del Expediente Legali. 18 Folios 92-100 del Expediente Legali. 19 Folio 91 del Expediente Legali. 20 Folios 1-90 del Expediente Legali. Página 5 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 16. Mediante Auto SRT-AT-GAR-805 de 24 de diciembre de 202521, la Subsección Cuarta inadmitió la acción de tutela, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, y dispuso un término de tres (3) días hábiles para su corrección y para que se clarificara a nombre de quién o de qué organización se promovía el amparo constitucional. 17. En Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0006284.2025 de 29 de diciembre de 202522, la SEJUD de la SR allegó la respuesta de los abogados Orobio Arboleda y González Ortiz, en la que adjuntaron un nuevo poder otorgado por NOMBRE 1 y el certificado de la DACNARP que acredita a este último ciudadano como representante legal de la ORGANIZACIÓN 523. 18. El 29 de diciembre de 2025, a través del Auto SRT-AT-GAR-811 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 11. Más adelante, mediante escrito radicado el 5 de enero de 202613, los abogados Anyi Dailena Orobio Arboleda y Cesar Steven González Ortiz aclararon que la solicitud de amparo de la referencia fue ejercida en representación de la ORGANIZACIÓN 5, no de la ORGANIZACIÓN 6. 2. Trámite procesal 12. El 18 de diciembre de 2025, la tutela de la referencia fue radicada en el Centro de Servicios Judiciales de San Andrés de Tumaco (Nariño)14. 13. El 19 de diciembre de 2025, la mencionada solicitud de amparo fue remitida por competencia a la Ventanilla Única de la JEP, al correo electrónico info@jep.gov.co15. 14. El 22 de diciembre de 2025, mediante ACTA.TSR.0000.457.202516, la Secretaría Judicial de la Sección de Revisión (SEJUD de la SR) asignó el trámite constitucional a la Subsección Cuarta, informando que con el nombre de Cesar Stiven González Ortiz se han presentado previamente dos (2) solicitudes de amparo, con la siguiente información: Año Expediente Reparto Accionado 2023 1501430-96.2023.0.00.0001 30/10/2023 SRVR 2023 1501434-36.2023.0.00.0001 31/10/2023 SRVR 15. El 23 de diciembre de 2025, por medio del Informe Adicional No. ISJ.TSR.0006154.202517, la SEJUD de la SR allegó anexos al escrito de tutela, relativos a la remisión de la demanda constitucional al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales de San Andrés de Tumaco (Nariño) y el poder18 que ya había sido adjuntado al escrito referido con el reparto que se hiciera el 22 de diciembre del año en curso19 y referido supra20. 13 Folio 1396-1399 del Expediente Legali. 14 Folio 4-5 del Expediente Legali. 15 Folio 1-2 del Expediente Legali. 16 Folio 91 del Expediente Legali. 17 Folio 101 del Expediente Legali. 18 Folios 92-100 del Expediente Legali. 19 Folio 91 del Expediente Legali. 20 Folios 1-90 del Expediente Legali. Página 5 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 16. Mediante Auto SRT-AT-GAR-805 de 24 de diciembre de 202521, la Subsección Cuarta inadmitió la acción de tutela, de conformidad con el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, y dispuso un término de tres (3) días hábiles para su corrección y para que se clarificara a nombre de quién o de qué organización se promovía el amparo constitucional. 17. En Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0006284.2025 de 29 de diciembre de 202522, la SEJUD de la SR allegó la respuesta de los abogados Orobio Arboleda y González Ortiz, en la que adjuntaron un nuevo poder otorgado por NOMBRE 1 y el certificado de la DACNARP que acredita a este último ciudadano como representante legal de la ORGANIZACIÓN 523. 18. El 29 de diciembre de 2025, a través del Auto SRT-AT-GAR-811 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 21. Mediante el Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000030.2026 de 2 de enero de 202629, la SEJUD de la SR puso en conocimiento la documentación allegada, precisando que no hubo respuesta de la DACNARP. 22. El 5 de enero de 2026, por medio del Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000053.202630, la SEJUD de la SR allegó las respuestas de la DP y la SRVR, las cuales coinciden con las previamente incorporadas a la actuación. Asimismo, informó sobre la respuesta de la DACNARP, que en realidad corresponde a la respuesta suministrada por los apoderados de la accionante al requerimiento efectuado en el Auto SRT-AT-GAR-811 de 29 de diciembre de 2025. Finalmente, comunicó un oficio de la ANT31, en el que dicha entidad solicitó información sobre los consejos comunitarios cobijados por las medidas cautelares ordenadas en el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022. 23. En atención a ello, se profirió el Auto SRT-AT-GAR-002 de 5 de enero de 202632, por el cual se ordenó a la SEJUD de la SR remitir inmediatamente a la ANT copia de la respuesta allegada al presente trámite por la SRVR, en la que se suministró información relativa a los consejos comunitarios que integran la ORGANIZACIÓN 5, en favor de la cual se dictaron las medidas cautelares ordenadas en el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022. 24. El 7 de enero de 2025, mediante el Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000085.202633, la SEJUD de la SR indicó las gestiones adelantadas para dar cumplimiento a lo anterior y allegó un alcance remitido por la SEJEP. 3. Respuestas de las accionadas, vinculadas e intervención de la Procuraduría General de la Nación 3.1. Respuesta de la SEJUD de la SRVR34 25. El 30 de diciembre de 202535, la SEJUD de la SRVR respondió la acción de tutela, precisando que el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022 fue 29 Folios 1385-1386 del Expediente Legali. 30 Folio 1457 del Expediente Legali. 31 Folios 1446-1449 del Expediente Legali. 32 Folios 1458-1461 del Expediente Legali. 33 Folio 1482 del Expediente Legali. 34 Folios 284-497 del Expediente Legali. 35 Según radicado Conti 202503081709. Página 7 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 remitido a dicha dependencia el 13 de septiembre siguiente, que las comunicaciones respectivas fueron libradas el 14 de septiembre del mismo año y que la notificación por estado se surtió el 20 de octubre de 2022. 26. También señaló que, dentro del término de ejecutoria, el Min TIC y la UIA recurrieron la decisión, por lo cual se realizaron los traslados correspondientes36. En ese orden, mediante el Auto SRVAMOA-125 de 10 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 21. Mediante el Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000030.2026 de 2 de enero de 202629, la SEJUD de la SR puso en conocimiento la documentación allegada, precisando que no hubo respuesta de la DACNARP. 22. El 5 de enero de 2026, por medio del Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000053.202630, la SEJUD de la SR allegó las respuestas de la DP y la SRVR, las cuales coinciden con las previamente incorporadas a la actuación. Asimismo, informó sobre la respuesta de la DACNARP, que en realidad corresponde a la respuesta suministrada por los apoderados de la accionante al requerimiento efectuado en el Auto SRT-AT-GAR-811 de 29 de diciembre de 2025. Finalmente, comunicó un oficio de la ANT31, en el que dicha entidad solicitó información sobre los consejos comunitarios cobijados por las medidas cautelares ordenadas en el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022. 23. En atención a ello, se profirió el Auto SRT-AT-GAR-002 de 5 de enero de 202632, por el cual se ordenó a la SEJUD de la SR remitir inmediatamente a la ANT copia de la respuesta allegada al presente trámite por la SRVR, en la que se suministró información relativa a los consejos comunitarios que integran la ORGANIZACIÓN 5, en favor de la cual se dictaron las medidas cautelares ordenadas en el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022. 24. El 7 de enero de 2025, mediante el Informe Secretarial No. ISJ.TSR.0000085.202633, la SEJUD de la SR indicó las gestiones adelantadas para dar cumplimiento a lo anterior y allegó un alcance remitido por la SEJEP. 3. Respuestas de las accionadas, vinculadas e intervención de la Procuraduría General de la Nación 3.1. Respuesta de la SEJUD de la SRVR34 25. El 30 de diciembre de 202535, la SEJUD de la SRVR respondió la acción de tutela, precisando que el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022 fue 29 Folios 1385-1386 del Expediente Legali. 30 Folio 1457 del Expediente Legali. 31 Folios 1446-1449 del Expediente Legali. 32 Folios 1458-1461 del Expediente Legali. 33 Folio 1482 del Expediente Legali. 34 Folios 284-497 del Expediente Legali. 35 Según radicado Conti 202503081709. Página 7 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 remitido a dicha dependencia el 13 de septiembre siguiente, que las comunicaciones respectivas fueron libradas el 14 de septiembre del mismo año y que la notificación por estado se surtió el 20 de octubre de 2022. 26. También señaló que, dentro del término de ejecutoria, el Min TIC y la UIA recurrieron la decisión, por lo cual se realizaron los traslados correspondientes36. En ese orden, mediante el Auto SRVAMOA-125 de 10 de noviembre de 2022, el despacho sustanciador SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 través del Auto SRVBIT-151 de 8 de septiembre del mismo año. En este sentido, directamente y por medio de sus apoderados, dicha organización ha tenido una participación activa en el proceso de instrucción del Macrocaso 02. 32. Más adelante, a través del Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022 se decretaron medidas cautelares a favor de la ORGANIZACIÓN 5. Esta SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 través del Auto SRVBIT-151 de 8 de septiembre del mismo año. En este sentido, directamente y por medio de sus apoderados, dicha organización ha tenido una participación activa en el proceso de instrucción del Macrocaso 02. 32. Más adelante, a través del Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022 se decretaron medidas cautelares a favor de la ORGANIZACIÓN 5. Esta decisión fue impugnada por el Min TIC, pero el recurso fue rechazado por indebida sustentación. Entre tanto, la UIA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la misma decisión, el cual fue concedido y resuelto en sede de apelación mediante el Auto TP-SA-1385 de 12 de abril de 2023. En esta providencia la Sección de Apelación (SA) decidió lo siguiente: Primero-. REVOCAR los ordinales cuarto y quinto del Auto SRVAMOA - 102, por las razones expuestas en esta decisión, y en su lugar, ORDENAR a la UNP que implemente, en un término no mayor a 30 días contados a partir de la comunicación de esta providencia, las medidas cautelares de protección idóneas y necesarias para atender los riesgos de seguridad que enfrenta la Organización 5. Segundo-. ORDENAR a la UNP que presente un informe a la SRVR, a los 30 días de comunicada esta providencia, en el que (i) describa el plan colectivo de protección definido a favor de la Organización 5 en cumplimiento de la orden anterior, (ii) la manera en la que se relaciona dicho plan con las medidas de protección preexistentes, (iii) el mecanismo de seguimiento y actualización periódico del riesgo y de la idoneidad del plan definido, y (iv) el estado de implementación. Tercero-. ORDENAR a la Secretaría Ejecutiva de la JEP que, en el plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de comunicación de esta providencia, allegue un informe sobre las condiciones y posibilidades de conectividad de los líderes de la Organización 5, así como de sus necesidades en materia de transporte para atender diligencias judiciales o para adelantar reuniones preparatorias de su participación ante la JEP. Este informe deberá incluir, además, la identificación de alternativas logísticas para garantizar la participación de la Organización 5 en el macro caso 2, en los términos contenidos en esta providencia. 33. Agregó que, para garantizar el cumplimiento y la implementación de las órdenes impartidas, mediante el Auto SRVBIT-016 de 26 de enero de 2024, entre otras determinaciones, se dispuso la creación del Comité Técnico de Seguimiento y de la Instancia Mixta de Verificación (IMV), cuya Secretaría Técnica fue asignada a la SEJEP. En este orden, el 31 de julio de 2024 se realizó la primera IMV en la que participó la ORGANIZACIÓN 5 y sus representantes Página 9 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp decisión fue impugnada por el Min TIC, pero el recurso fue rechazado por indebida sustentación. Entre tanto, la UIA interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la misma decisión, el cual fue concedido y resuelto en sede de apelación mediante el Auto TP-SA-1385 de 12 de abril de 2023. En esta providencia la Sección de Apelación (SA) decidió lo siguiente: Primero-. REVOCAR los ordinales cuarto y quinto del Auto SRVAMOA - 102, por las razones expuestas en esta decisión, y en su lugar, ORDENAR a la UNP que implemente, en un término no mayor a 30 días contados a partir de la comunicación de esta providencia, las medidas cautelares de protección idóneas y necesarias para atender los riesgos de seguridad que enfrenta la Organización 5. Segundo-. ORDENAR a la UNP que presente un informe a la SRVR, a los 30 días de comunicada esta providencia, en el que (i) describa el plan colectivo de protección definido a favor de la Organización 5 en cumplimiento de la orden anterior, (ii) la manera en la que se relaciona dicho plan con las medidas de protección preexistentes, (iii) el mecanismo de seguimiento y actualización periódico del riesgo y de la idoneidad del plan definido, y (iv) el estado de implementación. Tercero-. ORDENAR a la Secretaría Ejecutiva de la JEP que, en el plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de comunicación de esta providencia, allegue un informe sobre las condiciones y posibilidades de conectividad de los líderes de la Organización 5, así como de sus necesidades en materia de transporte para atender diligencias judiciales o para adelantar reuniones preparatorias de su participación ante la JEP. Este informe deberá incluir, además, la identificación de alternativas logísticas para garantizar la participación de la Organización 5 en el macro caso 2, en los términos contenidos en esta providencia. 33. Agregó que, para garantizar el cumplimiento y la implementación de las órdenes impartidas, mediante el Auto SRVBIT-016 de 26 de enero de 2024, entre otras determinaciones, se dispuso la creación del Comité Técnico de Seguimiento y de la Instancia Mixta de Verificación (IMV), cuya Secretaría Técnica fue asignada a la SEJEP. En este orden, el 31 de julio de 2024 se realizó la primera IMV en la que participó la ORGANIZACIÓN 5 y sus representantes Página 9 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 judiciales. En particular, sobre el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022, informó que “entre las órdenes a su cargo, siete fueron respondidas, dos cuentan con una respuesta parcial, y cuatro no cuentan con respuesta”39. 34. También expuso que, en relación con el cumplimiento de la citada providencia judicial, el abogado González Ortiz presentó un memorial con radicado Conti No. 202401082308, en el que solicitó requerir a la UNP “para que comience a cumplir”40 lo ordenado por esa Sala, mientras que la apoderada Orobio Arboleda, en radicado Conti No. 202501011530, pidió que se instara al Min TIC para cumplir de la orden impartida en el numeral 3 del auto referido. 35. Por lo expuesto, la SRVR manifestó que debía ser desvinculada de la acción de tutela “por falta de competencia en relación con las pretensiones de la demanda, en tanto las órdenes sobre las que se demanda el cumplimiento se encuentran dentro de la esfera de acción de otras entidades”41. También solicitó que se declare que la SRVR no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. 36. Más adelante, ante los interrogantes planteados por la Subsección Cuarta mediante el Auto SRT-AT-GAR-814 de 31 de diciembre de 202542, el despacho sustanciador del Macrocaso 02 respondió que, con ocasión de la Instancia de Verificación de 31 de julio de 2024, “tras analizar las respuestas de las entidades responsables, no se advirtió la necesidad de adoptar providencias judiciales adicionales”43. En particular, porque las decisiones para la protección del sujeto colectivo ya se habían proferido y porque la ejecución de las órdenes judiciales adoptadas no requiere de actos posteriores para su cumplimiento. 37. Aunado a lo anterior, precisó que las entidades vinculadas a las órdenes judiciales presentaron avances que fueron conocidos por la ORGANIZACIÓN 5 y sobre la base de la buena fe se puede entender que “las órdenes emitidas están siendo cumplidas por las partes procesales”44, además de que no se recibieron incumplimientos que desvirtuaran lo dicho por la IMV. 38. Finalmente explicó que, en relación con las solicitudes presentadas por los apoderados judiciales, “se advierte que se trata de intervenciones judiciales no regidas por las reglas del derecho de petición y que en ninguno de ellos se expusieron 39 Folio 1104 del Expediente Legali. 40 Ibidem. 41 Ibidem. 42 Folios 1160-1164 del Expediente Legali. 43 Folio 1285 del Expediente Legali. 44 Ibidem. Página 10 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 judiciales. En particular, sobre el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022, informó que “entre las órdenes a su cargo, siete fueron respondidas, dos cuentan con una respuesta parcial, y cuatro no cuentan con respuesta”39. 34. También expuso que, en relación con el cumplimiento de la citada providencia judicial, el abogado González Ortiz presentó un memorial con radicado Conti No. 202401082308, en el que solicitó requerir a la UNP “para que comience a cumplir”40 lo ordenado por esa Sala, mientras que la apoderada Orobio Arboleda, en radicado Conti No. 202501011530, pidió que se instara al Min TIC para cumplir de la orden impartida en el numeral 3 del auto referido. 35. Por lo expuesto, la SRVR manifestó que debía ser desvinculada de la acción de tutela “por falta de competencia en relación con las pretensiones de la demanda, en tanto las órdenes sobre las que se demanda el cumplimiento se encuentran dentro de la esfera de acción de otras entidades”41. También solicitó que se declare que la SRVR no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. 36. Más adelante, ante los interrogantes planteados por la Subsección Cuarta mediante el Auto SRT-AT-GAR-814 de 31 de diciembre de 202542, el despacho sustanciador del Macrocaso 02 respondió que, con ocasión de la Instancia de Verificación de 31 de julio de 2024, “tras analizar las respuestas de las entidades responsables, no se advirtió la necesidad de adoptar providencias judiciales adicionales”43. En particular, porque las decisiones para la protección del sujeto colectivo ya se habían proferido y porque la ejecución de las órdenes judiciales adoptadas no requiere de actos posteriores para su cumplimiento. 37. Aunado a lo anterior, precisó que las entidades vinculadas a las órdenes judiciales presentaron avances que fueron conocidos por la ORGANIZACIÓN 5 y sobre la base de la buena fe se puede entender que “las órdenes emitidas están siendo cumplidas por las partes procesales”44, además de que no se recibieron incumplimientos que desvirtuaran lo dicho por la IMV. 38. Finalmente explicó que, en relación con las solicitudes presentadas por los apoderados judiciales, “se advierte que se trata de intervenciones judiciales no regidas por las reglas del derecho de petición y que en ninguno de ellos se expusieron 39 Folio 1104 del Expediente Legali. 40 Ibidem. 41 Ibidem. 42 Folios 1160-1164 del Expediente Legali. 43 Folio 1285 del Expediente Legali. 44 Ibidem. Página 10 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 razones que evidenciaran el incumplimiento de las órdenes impartidas, limitándose únicamente a formular requerimientos dirigidos a las entidades mencionadas”45. 3.3. Respuesta del Min TIC46 39. Mediante oficio allegado el 30 de diciembre de 2023, la Directora Jurídica del Min TIC respondió que, en el marco de las funciones asignadas por la Ley 1341 de 2009, reglamentada por el Decreto 2618 de 2012, dicho ministerio ha cumplido las obligaciones impuestas en el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022. 40. Señaló que, en efecto, la Dirección de Infraestructura de esa cartera ha desarrollado iniciativas que han incentivado el acceso comunitario a las TIC en los municipios de Barbacoas, Ricaurte y en el Distrito Especial de San Andrés de Tumaco (Nariño), que, para el año 2025, se concretan así: (i) proyectos de centros digitales: 170 se encuentran en operación y uno se encuentra instalado y reportado a la interventoría por el contratista, en período de estabilización del servicio47; (ii) proyecto zonas comunitarias para la Paz (ZCP): se informó en la respuesta que para los tres municipios mencionados han sido asignadas 50 ZCP, de las cuales 46 están en operación y 4 en planeación, esto es, en etapa de estudios de campo; y (iii) Escuelas PotencIA Subasta 5G: en el Distrito Especial de San Andrés de Tumaco (Nariño), “dos operadores tienen a cargo la instalación de soluciones de conectividad en 12 instituciones educativas”48. Uno de los operadores, al que se le asignaron once (11) instituciones, se encuentra en proceso de reorganización, por lo que, según acuerdo suscrito con la Superintendencia de Sociedades, cuenta con un plazo de dos (2) años contados a partir del 1° de enero de 2028, para culminar las fases de planeación, instalación y puesta en marcha del servicio de conectividad. El otro operador, a cargo de una (1) institución educativa, se encuentra en fase de instalación y cuenta con plazo para poner en marcha los servicios hasta el mes de marzo de 2026. 41. En virtud de lo anterior, solicitó que se denieguen las pretensiones y se rechace la acción de tutela por improcedente. 45 Folio 1286 del Expediente Legali. 46 Folios 609-665 del Expediente Legali. 47 El proyecto es desarrollado por la Unión Temporal ETB NET COLOMBIA CONECTADA. 48 Folio 617 del Expediente Legali. Página 11 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 razones que evidenciaran el incumplimiento de las órdenes impartidas, limitándose únicamente a formular requerimientos dirigidos a las entidades mencionadas”45. 3.3. Respuesta del Min TIC46 39. Mediante oficio allegado el 30 de diciembre de 2023, la Directora Jurídica del Min TIC respondió que, en el marco de las funciones asignadas por la Ley 1341 de 2009, reglamentada por el Decreto 2618 de 2012, dicho ministerio ha cumplido las obligaciones impuestas en el Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022. 40. Señaló que, en efecto, la Dirección de Infraestructura de esa cartera ha desarrollado iniciativas que han incentivado el acceso comunitario a las TIC en los municipios de Barbacoas, Ricaurte y en el Distrito Especial de San Andrés de Tumaco (Nariño), que, para el año 2025, se concretan así: (i) proyectos de centros digitales: 170 se encuentran en operación y uno se encuentra instalado y reportado a la interventoría por el contratista, en período de estabilización del servicio47; (ii) proyecto zonas comunitarias para la Paz (ZCP): se informó en la respuesta que para los tres municipios mencionados han sido asignadas 50 ZCP, de las cuales 46 están en operación y 4 en planeación, esto es, en etapa de estudios de campo; y (iii) Escuelas PotencIA Subasta 5G: en el Distrito Especial de San Andrés de Tumaco (Nariño), “dos operadores tienen a cargo la instalación de soluciones de conectividad en 12 instituciones educativas”48. Uno de los operadores, al que se le asignaron once (11) instituciones, se encuentra en proceso de reorganización, por lo que, según acuerdo suscrito con la Superintendencia de Sociedades, cuenta con un plazo de dos (2) años contados a partir del 1° de enero de 2028, para culminar las fases de planeación, instalación y puesta en marcha del servicio de conectividad. El otro operador, a cargo de una (1) institución educativa, se encuentra en fase de instalación y cuenta con plazo para poner en marcha los servicios hasta el mes de marzo de 2026. 41. En virtud de lo anterior, solicitó que se denieguen las pretensiones y se rechace la acción de tutela por improcedente. 45 Folio 1286 del Expediente Legali. 46 Folios 609-665 del Expediente Legali. 47 El proyecto es desarrollado por la Unión Temporal ETB NET COLOMBIA CONECTADA. 48 Folio 617 del Expediente Legali. Página 11 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 3.4. Respuesta de la UNP49 42. Mediante OFI-2025-00061645 de 31 de diciembre de 2025, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UNP hizo un recuento del trámite procesal en el que se otorgaron medidas cautelares a la ORGANIZACIÓN 5. 43. En este orden, señaló que, de conformidad con lo dispuesto por la SA en el Auto TP-SA 1385 del 12 de abril de 2023, la UNP inició la implementación de un trámite de emergencia, para lo cual comunicó al Miniterio del Interior y se realizaron recomendaciones con el objeto de fortalecer el control territorial de las comunidades que conforman la ORGANIZACIÓN 5. 44. Indicó que la tutela fue dirigida contra la SRVR y la UIA, para hacer efectivas las órdenes decretadas en el Auto SRVAMOA–102 de 2022 y que son esas autoridades, no la UNP, las llamadas a responder por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante. 45. También agregó que los apoderados del colectivo accionante pretenden que, a través del amparo constitucional, en contradicción con lo que dispone el Decreto 1066 de 2015, “se ordene el ingreso automático y la adopción de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, desconociendo abiertamente el procedimiento administrativo, los parámetros técnicos y las competencias legalmente establecidos para el acceso a los Programas de Prevención y Protección del Estado”50. 46. En este sentido, alegó que la acción de tutela no se puede emplear “para suplantar los trámites administrativos previstos en la ley, ni para obligar a la UNP a adoptar decisiones discrecionales regladas sin que se haya surtido el proceso técnico de evaluación exigido por el ordenamiento jurídico”51. Por tanto, concluyó que el amparo solicitado resulta improcedente y que en el caso concreto no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable, que habilite la intervención excepcional del juez constitucional. 47. Finalmente, solicitó que la UNP sea desvinculada de la acción constitucional, toda vez que las pretensiones elevadas por la accionante no tienen relación con las funciones asignadas a dicha entidad. 49 Folios 1191-1282 del Expediente Legali. 50 Folio 1263 del Expediente Legali. 51 Ibidem. Página 12 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 3.4. Respuesta de la UNP49 42. Mediante OFI-2025-00061645 de 31 de diciembre de 2025, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la UNP hizo un recuento del trámite procesal en el que se otorgaron medidas cautelares a la ORGANIZACIÓN 5. 43. En este orden, señaló que, de conformidad con lo dispuesto por la SA en el Auto TP-SA 1385 del 12 de abril de 2023, la UNP inició la implementación de un trámite de emergencia, para lo cual comunicó al Miniterio del Interior y se realizaron recomendaciones con el objeto de fortalecer el control territorial de las comunidades que conforman la ORGANIZACIÓN 5. 44. Indicó que la tutela fue dirigida contra la SRVR y la UIA, para hacer efectivas las órdenes decretadas en el Auto SRVAMOA–102 de 2022 y que son esas autoridades, no la UNP, las llamadas a responder por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante. 45. También agregó que los apoderados del colectivo accionante pretenden que, a través del amparo constitucional, en contradicción con lo que dispone el Decreto 1066 de 2015, “se ordene el ingreso automático y la adopción de medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, desconociendo abiertamente el procedimiento administrativo, los parámetros técnicos y las competencias legalmente establecidos para el acceso a los Programas de Prevención y Protección del Estado”50. 46. En este sentido, alegó que la acción de tutela no se puede emplear “para suplantar los trámites administrativos previstos en la ley, ni para obligar a la UNP a adoptar decisiones discrecionales regladas sin que se haya surtido el proceso técnico de evaluación exigido por el ordenamiento jurídico”51. Por tanto, concluyó que el amparo solicitado resulta improcedente y que en el caso concreto no se advierte la configuración de un perjuicio irremediable, que habilite la intervención excepcional del juez constitucional. 47. Finalmente, solicitó que la UNP sea desvinculada de la acción constitucional, toda vez que las pretensiones elevadas por la accionante no tienen relación con las funciones asignadas a dicha entidad. 49 Folios 1191-1282 del Expediente Legali. 50 Folio 1263 del Expediente Legali. 51 Ibidem. Página 12 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 3.5. Respuesta de la UIA52 48. A través de oficio allegado el 30 de diciembre de 2025, la Directora (e) de UIA señaló que, frente a solicitantes de protección, para esa entidad es imperativo asumir competencia en las siguientes situaciones: (i) “acreditación de la pertenencia a algunas de las poblaciones sujeto de protección, establecidas por la Resolución 283 de 2018 en función del Acuerdo Final de Paz”53; (ii) “existencia de una situación de riesgo, vulnerabilidad y/o amenaza”54 y (iii) comprobación de una relación causal entre la población sujeto acreditada y la situación de amenaza o riesgo”55. 49. En este orden de ideas, luego de enunciar las catorce (14) recomendaciones que la UIA remitió a la SRVR en el marco de la definición de la medida cautelar solicitada por la ORGANIZACIÓN 5, ese órgano de la JEP manifestó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra las órdenes impartidas en los numerales cuarto, quinto y sexto del Auto SRVAMOA-102 de 2022. En particular, solicitó que se revocaran las órdenes cuarta y quinta, las cuales deberían ser dirigidas a la UNP por ser la entidad competente y por tratarse de riesgos preexistentes. 50. Más adelante, a través del Auto TP-SA 1385 de 2023, la SA revocó los numerales cuarto y quinto y, en su lugar, dirigió las determinaciones a la UNP y ordenó a la SEJEP que, en el término de un (1) mes, allegara un informe “sobre las condiciones y posibilidades de conectividad de los líderes de la Organización 5, así como de sus necesidades en materia de transporte para atender diligencias judiciales o para adelantar reuniones preparatorias de su participación en la JEP”56. 51. Por tanto, concluyó que se deben rechazar las pretensiones del accionante, toda vez que la UIA no ha vulnerado derecho fundamental alguno ni incumplido las órdenes judiciales emitidas por la SRVR, puesto que las mismas fueron expresamente revocadas por la SA. 52. Finalmente, frente a la orden sexta del referido auto, la UIA anexó copia del informe correspondiente, con carácter reservado57, en el que se detallan las actuaciones que dicho órgano de la JEP adelantó en cumplimiento de ese 52 Folios 666-1098 del Expediente Legali. 53 Folio 795 del Expediente Legali. 54 Ibidem. 55 Ibidem. 56 Folio 799 del Expediente Legali. 57 Folios 1091-1096 del Expediente Legali. Página 13 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 3.5. Respuesta de la UIA52 48. A través de oficio allegado el 30 de diciembre de 2025, la Directora (e) de UIA señaló que, frente a solicitantes de protección, para esa entidad es imperativo asumir competencia en las siguientes situaciones: (i) “acreditación de la pertenencia a algunas de las poblaciones sujeto de protección, establecidas por la Resolución 283 de 2018 en función del Acuerdo Final de Paz”53; (ii) “existencia de una situación de riesgo, vulnerabilidad y/o amenaza”54 y (iii) comprobación de una relación causal entre la población sujeto acreditada y la situación de amenaza o riesgo”55. 49. En este orden de ideas, luego de enunciar las catorce (14) recomendaciones que la UIA remitió a la SRVR en el marco de la definición de la medida cautelar solicitada por la ORGANIZACIÓN 5, ese órgano de la JEP manifestó que interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra las órdenes impartidas en los numerales cuarto, quinto y sexto del Auto SRVAMOA-102 de 2022. En particular, solicitó que se revocaran las órdenes cuarta y quinta, las cuales deberían ser dirigidas a la UNP por ser la entidad competente y por tratarse de riesgos preexistentes. 50. Más adelante, a través del Auto TP-SA 1385 de 2023, la SA revocó los numerales cuarto y quinto y, en su lugar, dirigió las determinaciones a la UNP y ordenó a la SEJEP que, en el término de un (1) mes, allegara un informe “sobre las condiciones y posibilidades de conectividad de los líderes de la Organización 5, así como de sus necesidades en materia de transporte para atender diligencias judiciales o para adelantar reuniones preparatorias de su participación en la JEP”56. 51. Por tanto, concluyó que se deben rechazar las pretensiones del accionante, toda vez que la UIA no ha vulnerado derecho fundamental alguno ni incumplido las órdenes judiciales emitidas por la SRVR, puesto que las mismas fueron expresamente revocadas por la SA. 52. Finalmente, frente a la orden sexta del referido auto, la UIA anexó copia del informe correspondiente, con carácter reservado57, en el que se detallan las actuaciones que dicho órgano de la JEP adelantó en cumplimiento de ese 52 Folios 666-1098 del Expediente Legali. 53 Folio 795 del Expediente Legali. 54 Ibidem. 55 Ibidem. 56 Folio 799 del Expediente Legali. 57 Folios 1091-1096 del Expediente Legali. Página 13 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 mandato judicial, consistentes en el desarrollo de un taller de prevención de riesgos con la ORGANIZACIÓN 5. 3.6. Respuesta de la ART58 53. Mediante radicado Conti No. 20251200160761 de 30 de diciembre de 2025, la Oficina Jurídica de la ART precisó el objeto de la entidad, en los términos del artículo 3° del Decreto 2366 de 2015, señalando que dentro de su objeto misional “coordina la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”59. 54. En relación con las órdenes específicas del Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022 informó de avances en el cumplimiento de la medida cautelar que concreta en: (i) reunión convocada mediante oficio No. 20246000119741 de 16 de septiembre de 202460, “para precisar el estado actual del programa de sutitución basado en la reconversión productiva”61; (ii) el 20 de septiembre 2024 se concertó una agenda de trabajo en el Instituto de Insvestigaciones Ambientales del Pacífico de Tumaco (Nariño) en la que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) expuso los planes para la construcción de la ruta en la nueva modalidad de sustitución y, finalmente, se suscribieron algunos compromisos; (iii) a la fecha, no se ha recibido por parte de la ORGANIZACIÓN 5 una propuesta metodológica para la implementación del programa de sustitución y (iv) que los proyectos de sustitución son escenarios de construcción colectiva y “por ello, los dialogos deben realizarse con los representantes legales y líderes de cada uno de los Consejos Comunitarios que integran la [ORGANIZACIÓ5] y no con estructuras externas”.62 55. Por lo expuesto, solicitó que se declare la falta de legitimación por pasiva, ya que esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. A su vez, requirió que se desvincule a la ART y que se niegue el amparo constitucional invocado. 58 Folios 1125-1136, 1148-1159 y 1291-1297 del Expediente Legali. 59 Folio 1126 del Expediente Legali. 60 Folios 1142-1147 del Expediente Legali. 61 Folio 1133 del Expediente Legali. 62 Folio 1134 del Expediente Legali. Página 14 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 3.7. Respuesta de la DP63 56. En oficio remitido el 31 de diciembre de 2025, la DP señaló que, del escrito de tutela no es posible identificar con precisión los hechos que configuran la vulneración alegada, ya que no precisa cuáles son las órdenes concretas que se están incumpliendo, ni las omisiones atribuibles a cada una de las entidades accionadas. 57. Aun SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 mandato judicial, consistentes en el desarrollo de un taller de prevención de riesgos con la ORGANIZACIÓN 5. 3.6. Respuesta de la ART58 53. Mediante radicado Conti No. 20251200160761 de 30 de diciembre de 2025, la Oficina Jurídica de la ART precisó el objeto de la entidad, en los términos del artículo 3° del Decreto 2366 de 2015, señalando que dentro de su objeto misional “coordina la intervención de las entidades nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET)”59. 54. En relación con las órdenes específicas del Auto SRVAMOA-102 de 12 de septiembre de 2022 informó de avances en el cumplimiento de la medida cautelar que concreta en: (i) reunión convocada mediante oficio No. 20246000119741 de 16 de septiembre de 202460, “para precisar el estado actual del programa de sutitución basado en la reconversión productiva”61; (ii) el 20 de septiembre 2024 se concertó una agenda de trabajo en el Instituto de Insvestigaciones Ambientales del Pacífico de Tumaco (Nariño) en la que la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) expuso los planes para la construcción de la ruta en la nueva modalidad de sustitución y, finalmente, se suscribieron algunos compromisos; (iii) a la fecha, no se ha recibido por parte de la ORGANIZACIÓN 5 una propuesta metodológica para la implementación del programa de sustitución y (iv) que los proyectos de sustitución son escenarios de construcción colectiva y “por ello, los dialogos deben realizarse con los representantes legales y líderes de cada uno de los Consejos Comunitarios que integran la [ORGANIZACIÓ5] y no con estructuras externas”.62 55. Por lo expuesto, solicitó que se declare la falta de legitimación por pasiva, ya que esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. A su vez, requirió que se desvincule a la ART y que se niegue el amparo constitucional invocado. 58 Folios 1125-1136, 1148-1159 y 1291-1297 del Expediente Legali. 59 Folio 1126 del Expediente Legali. 60 Folios 1142-1147 del Expediente Legali. 61 Folio 1133 del Expediente Legali. 62 Folio 1134 del Expediente Legali. Página 14 de 47 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .SODANARG OLLIRUM OFLODA ,ZEUGIRDOR ORAPMA AIROLG rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .37E707 ogidóc le y 1000.00.0.5202.91-0541051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 3.7. Respuesta de la DP63 56. En oficio remitido el 31 de diciembre de 2025, la DP señaló que, del escrito de tutela no es posible identificar con precisión los hechos que configuran la vulneración alegada, ya que no precisa cuáles son las órdenes concretas que se están incumpliendo, ni las omisiones atribuibles a cada una de las entidades accionadas. 57. Aun SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE: 1501450-19.2025.0.00.0001 cumplimiento e implementación de las medidas cautelares dictadas en el Macrocaso 02, asignando la Secretaría Técnica a la SEJEP. 61. También señaló que, en cumplimiento de dicha providencia judicial, el 24 de febrero de 2024, la SEJEP elaboró y remitió a la SRVR un informe parcial sobre los avances en el cumplimien