Jep Sentencia srt-s-rpbdt-02 de 2026

SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN PRIMERA Sentencia SRT-S-RPBDT-02 Aprobado mediante Acta No. 007/SUB01 Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de 2026 Radicado Legali 1501000-13.2024.0.00.0001 Clase de proceso Revisión de probidad de beneficios transicionales definitivos (RPBTD) Compareciente DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA Identificación 11.550.048 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 REPÚBLICA DE COLOMBIA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ TRIBUNAL PARA LA PAZ SECCIÓN DE REVISIÓN SUBSECCIÓN PRIMERA Sentencia SRT-S-RPBDT-02 Aprobado mediante Acta No. 007/SUB01 Bogotá D.C., cinco (5) de febrero de 2026 Radicado Legali 1501000-13.2024.0.00.0001 Clase de proceso Revisión de probidad de beneficios transicionales definitivos (RPBTD) Compareciente DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA Identificación 11.550.048 Decisión Sentencia que declara la no probidad del beneficio de “indulto” I. ASUNTO POR RESOLVER 1. Le corresponde a la Subsección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz proferir sentencia dentro del trámite de revisión de probidad del beneficio transicional definitivo (RPBTD) de “indulto” que fue concedido por la Jurisdicción Ordinaria (JO) al señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA, por el delito de homicidio agravado. II. INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL COMPARECIENTE 2. Se trata del señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA, titular de la cédula de ciudadanía No. 11.550.048, hijo de Manuel de Jesús y Clementina1. 1 De conformidad con la información consignada en la sentencia condenatoria de 4 de diciembre de 1995, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, en el proceso No. 270013104001199500115. Disponible a folios 101-109 del expediente digital 1501000- 13.2024.0.00.0001/0001 (en adelante expediente SAI). Página 1 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 Decisión Sentencia que declara la no probidad del beneficio de “indulto” I. ASUNTO POR RESOLVER 1. Le corresponde a la Subsección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz proferir sentencia dentro del trámite de revisión de probidad del beneficio transicional definitivo (RPBTD) de “indulto” que fue concedido por la Jurisdicción Ordinaria (JO) al señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA, por el delito de homicidio agravado. II. INDIVIDUALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL COMPARECIENTE 2. Se trata del señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA, titular de la cédula de ciudadanía No. 11.550.048, hijo de Manuel de Jesús y Clementina1. 1 De conformidad con la información consignada en la sentencia condenatoria de 4 de diciembre de 1995, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, en el proceso No. 270013104001199500115. Disponible a folios 101-109 del expediente digital 1501000- 13.2024.0.00.0001/0001 (en adelante expediente SAI). Página 1 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 III. ANTECEDENTES 3.1. Actuaciones de la justicia penal ordinaria 3. Conforme a la Sentencia de 4 de diciembre de 19952, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, los hechos por los que fue condenado el señor CHAVERRA CÓRDOBA por el delito de homicidio agravado son los siguientes: Se colige de autos que el día 3 de noviembre de I.991 siendo aproximadamente las 2:45 de la madrugada, en el vecino corregimiento de San Francisco de Icho se celebraban las fiestas patronales, para lo cual se organizó un baile de chirimía en el inmueble de propiedad del señor JOSEGIL GAMBOA CORDOBA, inspector de Policía de dicho corregimiento. Como es apenas lógico suponer la influencia etílica fue caldeando los ánimos y fue así como a eso de la 1:30 de la mañana del domingo tres se generó una discusión entre las señoras ANA MARIELA MENDOZA CORDOBA Y LEONILA CORDOBA, en la que la primera de las nombradas sindicaba a PABLO CHAYERRA, marido de la segunda de ladrón, ya que según ella, un año atrás se Ies había lavado un canalón que retenía 30 castellanos de oro. Rato después ANA MARIELA, salió del baila a recibir el aire fresco y es atacada por PABLO Y LEONILA. Enterado el marido de ANA MARIELA, o sea ANDRES MARIN MENA, decide retirarse con ella a su casa de habitación y es cuando al llegar a la misma son de nuevos sorprendidos por PABLO CHAVERRA, quien le causa lesiones a MARIN MENA, con arma cortoconducente. Se inicia así "una cadena de venganzas en la que se enfrentan dos grupos familiares: IVAN MENA, primo hermano de Andres Marin Mena, causa lesiones a PABLO CHAVERRA, EFREN MENA, primo hermano de MARIN MENA, hiere a JOSE ISABEL CORDOBA, suegro de PABLO CHAVERRA, JOSE ISABEL se arma de machete y se dirige a la casa de Ventura Mena, padre de su agresor EFREN y allí le causa lesiones a una hermana de este MARIA DEL PILAR MENA, y le hace varios lance a la señora MARIA DEL PILAR, esposa de VENTURA, y es a su vez primo del plurimentado ANDRES MARIN. Ante la agresión, LAUREANO se levanta y se para al frente de la casa de allí fué blanco del ataque [de] DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA, hermano paterno de PABLO CHAVERRA, quien le causa mortales heridas con arma cortocontundente (machete). (sic) 2 Ibidem. Página 2 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp III. ANTECEDENTES 3.1. Actuaciones de la justicia penal ordinaria 3. Conforme a la Sentencia de 4 de diciembre de 19952, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, los hechos por los que fue condenado el señor CHAVERRA CÓRDOBA por el delito de homicidio agravado son los siguientes: Se colige de autos que el día 3 de noviembre de I.991 siendo aproximadamente las 2:45 de la madrugada, en el vecino corregimiento de San Francisco de Icho se celebraban las fiestas patronales, para lo cual se organizó un baile de chirimía en el inmueble de propiedad del señor JOSEGIL GAMBOA CORDOBA, inspector de Policía de dicho corregimiento. Como es apenas lógico suponer la influencia etílica fue caldeando los ánimos y fue así como a eso de la 1:30 de la mañana del domingo tres se generó una discusión entre las señoras ANA MARIELA MENDOZA CORDOBA Y LEONILA CORDOBA, en la que la primera de las nombradas sindicaba a PABLO CHAYERRA, marido de la segunda de ladrón, ya que según ella, un año atrás se Ies había lavado un canalón que retenía 30 castellanos de oro. Rato después ANA MARIELA, salió del baila a recibir el aire fresco y es atacada por PABLO Y LEONILA. Enterado el marido de ANA MARIELA, o sea ANDRES MARIN MENA, decide retirarse con ella a su casa de habitación y es cuando al llegar a la misma son de nuevos sorprendidos por PABLO CHAVERRA, quien le causa lesiones a MARIN MENA, con arma cortoconducente. Se inicia así "una cadena de venganzas en la que se enfrentan dos grupos familiares: IVAN MENA, primo hermano de Andres Marin Mena, causa lesiones a PABLO CHAVERRA, EFREN MENA, primo hermano de MARIN MENA, hiere a JOSE ISABEL CORDOBA, suegro de PABLO CHAVERRA, JOSE ISABEL se arma de machete y se dirige a la casa de Ventura Mena, padre de su agresor EFREN y allí le causa lesiones a una hermana de este MARIA DEL PILAR MENA, y le hace varios lance a la señora MARIA DEL PILAR, esposa de VENTURA, y es a su vez primo del plurimentado ANDRES MARIN. Ante la agresión, LAUREANO se levanta y se para al frente de la casa de allí fué blanco del ataque [de] DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA, hermano paterno de PABLO CHAVERRA, quien le causa mortales heridas con arma cortocontundente (machete). (sic) 2 Ibidem. Página 2 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 4. Ejecutoriada la anterior providencia, en fase de la ejecución de la sanción penal, en decisión de 13 de septiembre de 20173, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada otorgó al compareciente el reseñado beneficio de “indulto”, así como la “libertad condicionada” por la mencionada condena. 3.2. Actuaciones adelantadas en la Jurisdicción Especial para la Paz 5. En el expediente 1500183-80.2023.0.00.0001, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) adelantó el trámite pertinente y, a través de la Resolución SAI- AOI-R-RC-MGM-351 de 31 de mayo de 20244, se definió, entre otras cosas: PRIMERO. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de aplicación de beneficios de la Ley 1820 de 2016 del señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA, identificado con cédula de ciudadanía n.° 11.550.048 de Quibdó, Chocó, en relación con el proceso penal identificado con radicado No. 270013104001-1995-00115. SEGUNDO. Una vez en firme la presente decisión, DEJAR SIN EFECTO el ordinal TERCERO de la parte resolutiva del Auto Interlocutorio No. 2303 del 13 de septiembre de 2017 proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas por medio del cual le concedió libertad condicionada al señor CHAVERRA CÓRDOBA por el delito de homicidio agravado por el cual fue condenado en el proceso penal con radicado No. 270013104001-1995- 00115. TERCERO. Una vez en firme la presente decisión, RETORNAR LA COMPETENCIA al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó, Chocó, para que materialice los efectos de la presente decisión y continúe vigilando el cumplimiento de la condena impuesta al señor CHAVERRA CÓRDOBA e INFORMAR a este despacho acerca de lo actuado. En caso de no ser el competente de la vigilancia de la pena, sírvase REMITIR la decisión al competente y enviar copia del oficio remisorio a este despacho. (…) QUINTO. Por Secretaría Judicial, REMITIR copia de la totalidad de las actuaciones obrantes en el expediente digital con radicado No. 3 Documento disponible a folios 167 y s.s. del anexo titulado “202400009982”, que fue allegado en el informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación a este expediente (fls. 122-133). 4 Fls. 4-14. Página 3 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 1500183-80.2023.0.00.0001 a la Sección del Tribunal para la Paz para efectos del ejercicio de su competencia relativa a examinar la probidad del beneficio definitivo de indulto concedido al señor CHAVERRA CÓRDOBA según lo dispuso el ordinal PRIMERO de la parte resolutiva del Auto Interlocutorio No. 2303 del 13 de septiembre de 2017 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 4. Ejecutoriada la anterior providencia, en fase de la ejecución de la sanción penal, en decisión de 13 de septiembre de 20173, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada otorgó al compareciente el reseñado beneficio de “indulto”, así como la “libertad condicionada” por la mencionada condena. 3.2. Actuaciones adelantadas en la Jurisdicción Especial para la Paz 5. En el expediente 1500183-80.2023.0.00.0001, la Sala de Amnistía o Indulto (SAI) adelantó el trámite pertinente y, a través de la Resolución SAI- AOI-R-RC-MGM-351 de 31 de mayo de 20244, se definió, entre otras cosas: PRIMERO. RECHAZAR DE PLANO la solicitud de aplicación de beneficios de la Ley 1820 de 2016 del señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA, identificado con cédula de ciudadanía n.° 11.550.048 de Quibdó, Chocó, en relación con el proceso penal identificado con radicado No. 270013104001-1995-00115. SEGUNDO. Una vez en firme la presente decisión, DEJAR SIN EFECTO el ordinal TERCERO de la parte resolutiva del Auto Interlocutorio No. 2303 del 13 de septiembre de 2017 proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, Caldas por medio del cual le concedió libertad condicionada al señor CHAVERRA CÓRDOBA por el delito de homicidio agravado por el cual fue condenado en el proceso penal con radicado No. 270013104001-1995- 00115. TERCERO. Una vez en firme la presente decisión, RETORNAR LA COMPETENCIA al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Quibdó, Chocó, para que materialice los efectos de la presente decisión y continúe vigilando el cumplimiento de la condena impuesta al señor CHAVERRA CÓRDOBA e INFORMAR a este despacho acerca de lo actuado. En caso de no ser el competente de la vigilancia de la pena, sírvase REMITIR la decisión al competente y enviar copia del oficio remisorio a este despacho. (…) QUINTO. Por Secretaría Judicial, REMITIR copia de la totalidad de las actuaciones obrantes en el expediente digital con radicado No. 3 Documento disponible a folios 167 y s.s. del anexo titulado “202400009982”, que fue allegado en el informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación a este expediente (fls. 122-133). 4 Fls. 4-14. Página 3 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 1500183-80.2023.0.00.0001 a la Sección del Tribunal para la Paz para efectos del ejercicio de su competencia relativa a examinar la probidad del beneficio definitivo de indulto concedido al señor CHAVERRA CÓRDOBA según lo dispuso el ordinal PRIMERO de la parte resolutiva del Auto Interlocutorio No. 2303 del 13 de septiembre de 2017 SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 10. En proveído SRT-RPBTD-JBM-272 de 30 de mayo de 20259 se tuvo como representante judicial de las víctimas indirectas Emilfa, María Magdalena, Lucio, Jhon Alexander y Roger Mena Cardona, a la abogada Laura Fernanda Valderrama Ladeutt, adscrita al SAAD-V; además, se solicitó a “las señoras i) Martha Cecilia y Lucila Mena Cardona para que aporten el poder para reconocerle personería jurídica al abogado Carlos Alberto Puertas Mena; y ii) Luz Marina Mena Cardona que informe quién agenciará sus intereses, para lo cual deberá aportar el mandato respectivo”. En Auto SRT-RPBTD-JBM-385 de 30 de julio de 202510, se tuvo como representante de las víctimas indirectas Maria Magdalena, Lucio, Jhon Alexander y Roger Mena Cardona, al abogado José Fernando Eraso Sarasty, por reasignación del SAAD y se insistió en el anterior requerimiento. 11. Luego, en el Auto SRT-RPBD-JBM-532 de 25 de septiembre de 202511 se resolvió: i) reconocer personería jurídica al abogado de confianza Carlos Alfredo Cuesta Mena, como apoderado de las señoras Martha Cecilia, Lucila y Luz Marina Mena Cardona; y ii) abrir el proceso a pruebas y correr traslado para que los sujetos procesales e intervinientes solicitaran las que estimaran pertinentes. 12. Con Informe ISJ.TSR.0005292.2025 de 30 de octubre de 202512, la SEJUD SR dio cuenta de las notificaciones realizadas, la publicación de los términos del traslado común, su vencimiento y del memorial allegado por la representación del compareciente. 13. En Auto SRT-RPBTD-JBM-016 de 1º de diciembre de 202513, se definieron las pruebas a practicar, se decretaron como pruebas los expedientes de la SAI y de la JPO, y se negó la solicitud probatoria de la defensa, para incorporar un certificado de la ARN. En determinación SRT-RPBTD-JBM-717 de 11 del mismo mes14, se cerró la etapa probatoria y se concedieron cinco (5) días comunes a los sujetos procesales e intervinientes para que presentaran alegatos de conclusión. 9 Fls. 162-165. 10 Fls. 185-187. 11 Fls. 209-214. 12 Fls. 285-211. 13 Fls. 287-302. 14 Fls. 365-366. Página 5 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 14. Finalmente, mediante Informe Secretarial ISJ.TSR.0000148.2026 de 13 de enero de 202615, la SEJUD SR comunicó a la magistratura el cumplimiento de lo precedente, así como la recepción de memoriales por parte de la representación de víctimas, así como del silencio guardado por el compareciente, su apoderada y el Ministerio Público. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Compareciente, defensa, el Ministerio Público y el abogado Carlos Alfredo Cuesta Mena, apoderado de confianza de las víctimas indirectas SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 10. En proveído SRT-RPBTD-JBM-272 de 30 de mayo de 20259 se tuvo como representante judicial de las víctimas indirectas Emilfa, María Magdalena, Lucio, Jhon Alexander y Roger Mena Cardona, a la abogada Laura Fernanda Valderrama Ladeutt, adscrita al SAAD-V; además, se solicitó a “las señoras i) Martha Cecilia y Lucila Mena Cardona para que aporten el poder para reconocerle personería jurídica al abogado Carlos Alberto Puertas Mena; y ii) Luz Marina Mena Cardona que informe quién agenciará sus intereses, para lo cual deberá aportar el mandato respectivo”. En Auto SRT-RPBTD-JBM-385 de 30 de julio de 202510, se tuvo como representante de las víctimas indirectas Maria Magdalena, Lucio, Jhon Alexander y Roger Mena Cardona, al abogado José Fernando Eraso Sarasty, por reasignación del SAAD y se insistió en el anterior requerimiento. 11. Luego, en el Auto SRT-RPBD-JBM-532 de 25 de septiembre de 202511 se resolvió: i) reconocer personería jurídica al abogado de confianza Carlos Alfredo Cuesta Mena, como apoderado de las señoras Martha Cecilia, Lucila y Luz Marina Mena Cardona; y ii) abrir el proceso a pruebas y correr traslado para que los sujetos procesales e intervinientes solicitaran las que estimaran pertinentes. 12. Con Informe ISJ.TSR.0005292.2025 de 30 de octubre de 202512, la SEJUD SR dio cuenta de las notificaciones realizadas, la publicación de los términos del traslado común, su vencimiento y del memorial allegado por la representación del compareciente. 13. En Auto SRT-RPBTD-JBM-016 de 1º de diciembre de 202513, se definieron las pruebas a practicar, se decretaron como pruebas los expedientes de la SAI y de la JPO, y se negó la solicitud probatoria de la defensa, para incorporar un certificado de la ARN. En determinación SRT-RPBTD-JBM-717 de 11 del mismo mes14, se cerró la etapa probatoria y se concedieron cinco (5) días comunes a los sujetos procesales e intervinientes para que presentaran alegatos de conclusión. 9 Fls. 162-165. 10 Fls. 185-187. 11 Fls. 209-214. 12 Fls. 285-211. 13 Fls. 287-302. 14 Fls. 365-366. Página 5 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 14. Finalmente, mediante Informe Secretarial ISJ.TSR.0000148.2026 de 13 de enero de 202615, la SEJUD SR comunicó a la magistratura el cumplimiento de lo precedente, así como la recepción de memoriales por parte de la representación de víctimas, así como del silencio guardado por el compareciente, su apoderada y el Ministerio Público. IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 4.1. Compareciente, defensa, el Ministerio Público y el abogado Carlos Alfredo Cuesta Mena, apoderado de confianza de las víctimas indirectas SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 adscrita a esa dependencia; al respecto, tal como se consignó en el Auto SRT- RPBTD-JBM-272 de 30 de mayo de 202520, para que los representantes de ese sistema puedan actuar en los procesos adelantados por la JEP, no hay necesidad de reconocimiento de personería jurídica21. Ahora bien, tal como se acotó en ese pronunciamiento, esa gestión solamente se hace respecto de las víctimas indirectas que manifestaron su interés en concurrir a este trámite mediando representación del SAAD, esto es las/os señoras/es Emilfa, María Magdalena, Lucio, Jhon Alexander y Roger Mena Cardona, abogado José Fernando Eraso Sarasty. 17. Clarificado lo precedente, el abogado empezó solicitando se DECLARE LA NO PROBIDAD del “indulto” concedido el 13 de septiembre de 2017 y, en consecuencia, LO REVOQUE, por ser una SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 adscrita a esa dependencia; al respecto, tal como se consignó en el Auto SRT- RPBTD-JBM-272 de 30 de mayo de 202520, para que los representantes de ese sistema puedan actuar en los procesos adelantados por la JEP, no hay necesidad de reconocimiento de personería jurídica21. Ahora bien, tal como se acotó en ese pronunciamiento, esa gestión solamente se hace respecto de las víctimas indirectas que manifestaron su interés en concurrir a este trámite mediando representación del SAAD, esto es las/os señoras/es Emilfa, María Magdalena, Lucio, Jhon Alexander y Roger Mena Cardona, abogado José Fernando Eraso Sarasty. 17. Clarificado lo precedente, el abogado empezó solicitando se DECLARE LA NO PROBIDAD del “indulto” concedido el 13 de septiembre de 2017 y, en consecuencia, LO REVOQUE, por ser una decisión incompatible con los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) al recaer sobre un homicidio agravado sin relación con el conflicto armado 18. Como sustento de lo anterior, efectuó una síntesis de lo acontecido ante la JO y la JEP en torno al compareciente, a partir de la cual concluyó que i) la “sentencia de 1995 no menciona que el homicidio haya ocurrido en el marco del conflicto ni participación de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)”; y ii) el “hecho se presenta como resultado del escalamiento de un altercado entre familiares”, por lo que, en su opinión, no se satisface el factor material y, además, en relación con el punible “indultado”, el homicidio no es susceptible de “amnistía de iure”, por lo que requiere pronunciamiento de la JEP y no le era dable a la autoridad ordinaria concederla. 20 Fls. 162-165. 21 Esa postura tiene asadero en lo decantado por la Sección de Apelación en la SENIT 3 de 2022, según la cual: “344. La representación judicial en los trámites ante la JEP por abogados designados por el SAAD o por los sistemas de defensoría pública no requerirán el otorgamiento de poder especial. Ellos podrán asumir la gestión encomendada una vez su designación sea comunicada por el SAAD o por ellos mismos a la respectiva sala o sección. A partir de ese momento corresponde al apoderado designado solicitar a la SEJUD las contraseñas de acceso al expediente Legali, las cuales deberán ser otorgadas sin necesidad de orden judicial expresa”. Página 7 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 decisión incompatible con los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) al recaer sobre un homicidio agravado sin relación con el conflicto armado 18. Como sustento de lo anterior, efectuó una síntesis de lo acontecido ante la JO y la JEP en torno al compareciente, a partir de la cual concluyó que i) la “sentencia de 1995 no menciona que el homicidio haya ocurrido en el marco del conflicto ni participación de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)”; y ii) el “hecho se presenta como resultado del escalamiento de un altercado entre familiares”, por lo que, en su opinión, no se satisface el factor material y, además, en relación con el punible “indultado”, el homicidio no es susceptible de “amnistía de iure”, por lo que requiere pronunciamiento de la JEP y no le era dable a la autoridad ordinaria concederla. 20 Fls. 162-165. 21 Esa postura tiene asadero en lo decantado por la Sección de Apelación en la SENIT 3 de 2022, según la cual: “344. La representación judicial en los trámites ante la JEP por abogados designados por el SAAD o por los sistemas de defensoría pública no requerirán el otorgamiento de poder especial. Ellos podrán asumir la gestión encomendada una vez su designación sea comunicada por el SAAD o por ellos mismos a la respectiva sala o sección. A partir de ese momento corresponde al apoderado designado solicitar a la SEJUD las contraseñas de acceso al expediente Legali, las cuales deberán ser otorgadas sin necesidad de orden judicial expresa”. Página 7 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 V. CONSIDERACIONES 5.1. Competencia 19. La SR es la competente para revisar la probidad del “indulto” que le fue reconocido por la JO al señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley 1820 de 2016, 3º del Decreto Ley 277 de 2017 y 22 de la Ley 1957 de 2019, en concordancia con la jurisprudencia de la SA22. Estudio competencial que se hizo desde el momento de avocar el conocimiento de la actuación, pronunciamiento, respecto del cual, no han surgido situaciones procesales ni probatorias que la modifiquen. 5.2. Decisión judicial que reconoció el beneficio transicional definitivo objeto de revisión de probidad 20. La providencia judicial que concedió el beneficio transicional definitivo que será objeto de revisión de probidad en el presente trámite es el Auto de 13 de septiembre de 201723 (resolutivo primero), proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada (Caldas), dentro del proceso con radicado No. 270013104001-1995-00115, adelantado al señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA24, cuando se encontraba cumpliendo la función correspondiente a la vigilancia de la ejecución de la pena impuesta en el anotado radicado por el delito de homicidio agravado. 21. A través de la decisión referida, el juez ejecutor efectuó un recuento de la normatividad que regula la figura de la amnistía de iure, particularmente los artículos 3, 15, 16, 17 de la Ley 1820 de 2016, así como 6 del Decreto 277 de 2017. Posteriormente, razonó: Rememoremos que el señor DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA descuenta ante este Despacho una pena de diecisiete (17) años de prisión impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, Chocó, el 22 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA 770 de 2021 y TP-SA 1460 de 2023, entre otros. 23 Documento disponible a folios 167 y s.s. del anexo titulado “202400009982”, que fue allegado en el informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación a este expediente (fls. 122-133). 24 Fls. 114-125. Página 8 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp V. CONSIDERACIONES 5.1. Competencia 19. La SR es la competente para revisar la probidad del “indulto” que le fue reconocido por la JO al señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 de la Ley 1820 de 2016, 3º del Decreto Ley 277 de 2017 y 22 de la Ley 1957 de 2019, en concordancia con la jurisprudencia de la SA22. Estudio competencial que se hizo desde el momento de avocar el conocimiento de la actuación, pronunciamiento, respecto del cual, no han surgido situaciones procesales ni probatorias que la modifiquen. 5.2. Decisión judicial que reconoció el beneficio transicional definitivo objeto de revisión de probidad 20. La providencia judicial que concedió el beneficio transicional definitivo que será objeto de revisión de probidad en el presente trámite es el Auto de 13 de septiembre de 201723 (resolutivo primero), proferido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada (Caldas), dentro del proceso con radicado No. 270013104001-1995-00115, adelantado al señor DESIDERIO CHAVERRA CÓRDOBA24, cuando se encontraba cumpliendo la función correspondiente a la vigilancia de la ejecución de la pena impuesta en el anotado radicado por el delito de homicidio agravado. 21. A través de la decisión referida, el juez ejecutor efectuó un recuento de la normatividad que regula la figura de la amnistía de iure, particularmente los artículos 3, 15, 16, 17 de la Ley 1820 de 2016, así como 6 del Decreto 277 de 2017. Posteriormente, razonó: Rememoremos que el señor DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA descuenta ante este Despacho una pena de diecisiete (17) años de prisión impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, Chocó, el 22 Tribunal para la Paz. Sección de Apelación. Autos TP-SA 770 de 2021 y TP-SA 1460 de 2023, entre otros. 23 Documento disponible a folios 167 y s.s. del anexo titulado “202400009982”, que fue allegado en el informe presentado por la Unidad de Investigación y Acusación a este expediente (fls. 122-133). 24 Fls. 114-125. Página 8 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 4 de diciembre de 1995 al haber sido declarado responsable del punible de HOMICIDIO AGRAVADO. Los hechos se relacionan justamente con una reyerta ocurrida por el año 1991, que en su contexto dan a entender que los hechos no hacían parte del conflicto armado, pero creemos que es posible aplicar el beneficio legal, no obstante que el delito de Homicidio no aparezca expresamente determinado como político, porque tal requisito se suple con la documentación allegada ahora último y en la que se anexó también el oficio OF 17-00098074/JMSC 112000 suscrito por el Doctor Sergio Jaramillo Caro en su condición de Alto Comisionado para la Paz, mediante el cual señala que: "... En consecuencia y de conformidad con el principio de confianza legitima base de cualquier acuerdo de paz. en los términos de la Ley 1779 de 2016, se profirió la Resolución N" 0018 del 09 de agosto de 2017, mediante la cual aceptó su nombre en el listado bajo el Número 39 como miembro integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército Popular- (FARC-EP). ..." (negrita fuera de texto original). Ante tal documento, advierte el Despacho que se acredita el requisito establecido en el numeral segundo tanto del artículo 17 de la Ley 1820, como el articulo 6 del Decreto 277, que señalan que pueden ser beneficiarios de la amnistía y del indulto las personas que sean reconocidas como integrantes de las FARC-EP en los listados entregados por los representantes de ese grupo revolucionario aunque la providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia al mismo, señalando expresamente que en estos casos para la decisión sobre la aplicación de la amnistía solo se requerirá allegar al funcionarlo judicial competente, la certificación expedida por el Alto Comisionado para la Paz en la que se Indique la Inclusión del beneficiarlo en dicho listado, además del acta de que trata el articulo 18 de la Ley 1820 de 2016. Así las cosas, en este caso, aunque el punible por el que se condena a DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA no aparezca como delito político ni delito conexo, pero se le investiga, procesa y condena por la pertenencia a las FARC-EP, se cumple uno de los presupuestos establecidos en el ámbito de aplicación personal estatuido en la Ley, esto es, el reconocimiento como miembro de las FARC-EP por el Alto Comisionado de la Paz, por lo que hemos de tenerlo como tal para tales efectos. (sic) Aquí hacemos la advertencia de que en lo que se refiere a la Amnistía Página 9 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 4 de diciembre de 1995 al haber sido declarado responsable del punible de HOMICIDIO AGRAVADO. Los hechos se relacionan justamente con una reyerta ocurrida por el año 1991, que en su contexto dan a entender que los hechos no hacían parte del conflicto armado, pero creemos que es posible aplicar el beneficio legal, no obstante que el delito de Homicidio no aparezca expresamente determinado como político, porque tal requisito se suple con la documentación allegada ahora último y en la que se anexó también el oficio OF 17-00098074/JMSC 112000 suscrito por el Doctor Sergio Jaramillo Caro en su condición de Alto Comisionado para la Paz, mediante el cual señala que: "... En consecuencia y de conformidad con el principio de confianza legitima base de cualquier acuerdo de paz. en los términos de la Ley 1779 de 2016, se profirió la Resolución N" 0018 del 09 de agosto de 2017, mediante la cual aceptó su nombre en el listado bajo el Número 39 como miembro integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército Popular- (FARC-EP). ..." (negrita fuera de texto original). Ante tal documento, advierte el Despacho que se acredita el requisito establecido en el numeral segundo tanto del artículo 17 de la Ley 1820, como el articulo 6 del Decreto 277, que señalan que pueden ser beneficiarios de la amnistía y del indulto las personas que sean reconocidas como integrantes de las FARC-EP en los listados entregados por los representantes de ese grupo revolucionario aunque la providencia judicial no condene, procese o investigue por pertenencia al mismo, señalando expresamente que en estos casos para la decisión sobre la aplicación de la amnistía solo se requerirá allegar al funcionarlo judicial competente, la certificación expedida por el Alto Comisionado para la Paz en la que se Indique la Inclusión del beneficiarlo en dicho listado, además del acta de que trata el articulo 18 de la Ley 1820 de 2016. Así las cosas, en este caso, aunque el punible por el que se condena a DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA no aparezca como delito político ni delito conexo, pero se le investiga, procesa y condena por la pertenencia a las FARC-EP, se cumple uno de los presupuestos establecidos en el ámbito de aplicación personal estatuido en la Ley, esto es, el reconocimiento como miembro de las FARC-EP por el Alto Comisionado de la Paz, por lo que hemos de tenerlo como tal para tales efectos. (sic) Aquí hacemos la advertencia de que en lo que se refiere a la Amnistía Página 9 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 que puede ser concedida de iure y la cual se encuentra regulada en el articulo 15 de la Ley 1820, sólo procede en los casos en que los delitos sean politicos, y en lo que atañe a delitos de otra naturaleza y que no estén contemplados en el parágrafo del articulo 23 de la nueva regulación, deben ser analizados por la Sala de Amnistía e Indulto, que debe ser la que decidida la suerte a seguir. (sic) Por tanto, lo que debe hacerse seguidamente por esta Célula Judicial es determinar el tiempo que lleva privado de la libertad el señor DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA y consecuentemente poder determinar cuál beneficio es el procedente, esto es la libertad condicionada -pedida expresamente- o el traslado a las ZVTN. 22. Posteriormente, acotó que, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 277 de 2017, el “recluso puede acceder a la libertad condicionada cumpliendo, como en el presente caso, un mínimo de cinco años privado de la libertad y suscribiendo el acta respectiva”. A partir de las anteriores disquisiciones, resolvió: PRIMERO: En virtud de la aplicación del principio de favorabilidad y de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, CONCEDER INDULTO en favor del sentenciado DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.550.048, dentro del proceso en el que se le impuso una pena de diecisiete (17) años de prisión impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, Chocó, el 4 de diciembre de 1995 al haber sido declarado responsable del punible de HOMICIDIO AGRAVADO. (sic) (…) TERCERO: Como consecuencia del indulto concedido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 y el 10 del Decreto 277 de 2017, CONCEDER la LIBERTAD CONDICIONADA al señor DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.550.048. Para el efecto, LIBRAR ante el EPAMS Local la correspondiente BOLETA DE LIBERTAD, una vez suscriba el Acta Compromisoria con las obligaciones consagradas en el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016 y 14 del Decreto 277 de 2017, cuyo incumplimiento dará lugar a la revocatoria de este subrogado penal, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. (sic) Página 10 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 que puede ser concedida de iure y la cual se encuentra regulada en el articulo 15 de la Ley 1820, sólo procede en los casos en que los delitos sean politicos, y en lo que atañe a delitos de otra naturaleza y que no estén contemplados en el parágrafo del articulo 23 de la nueva regulación, deben ser analizados por la Sala de Amnistía e Indulto, que debe ser la que decidida la suerte a seguir. (sic) Por tanto, lo que debe hacerse seguidamente por esta Célula Judicial es determinar el tiempo que lleva privado de la libertad el señor DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA y consecuentemente poder determinar cuál beneficio es el procedente, esto es la libertad condicionada -pedida expresamente- o el traslado a las ZVTN. 22. Posteriormente, acotó que, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 277 de 2017, el “recluso puede acceder a la libertad condicionada cumpliendo, como en el presente caso, un mínimo de cinco años privado de la libertad y suscribiendo el acta respectiva”. A partir de las anteriores disquisiciones, resolvió: PRIMERO: En virtud de la aplicación del principio de favorabilidad y de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, CONCEDER INDULTO en favor del sentenciado DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.550.048, dentro del proceso en el que se le impuso una pena de diecisiete (17) años de prisión impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, Chocó, el 4 de diciembre de 1995 al haber sido declarado responsable del punible de HOMICIDIO AGRAVADO. (sic) (…) TERCERO: Como consecuencia del indulto concedido, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 1820 de 2016 y el 10 del Decreto 277 de 2017, CONCEDER la LIBERTAD CONDICIONADA al señor DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.550.048. Para el efecto, LIBRAR ante el EPAMS Local la correspondiente BOLETA DE LIBERTAD, una vez suscriba el Acta Compromisoria con las obligaciones consagradas en el artículo 36 de la Ley 1820 de 2016 y 14 del Decreto 277 de 2017, cuyo incumplimiento dará lugar a la revocatoria de este subrogado penal, por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz. (sic) Página 10 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 5.3. Planteamiento del problema y metodología de resolución 23. La Subsección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz debe resolver si el “indulto” adoptado en el resolutivo primero del Auto de 13 de septiembre de 2017, por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, a favor del señor CHAVERRA CÓRDOBA por la conducta de homicidio agravado, por la que fue condenado en el radicado penal 270013104001-1995-00115, se encuentra conforme con los principios y fines que orientan el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, particularmente, se esclarecerá la competencia funcional con que contaba la autoridad ordinaria para otorgar el mencionado beneficio definitivo por un delito que no está dentro de los artículos 15 y 16 de la Ley 1820 de 2016; en caso de que ese examen salga avante, se determinará lo tocante a la competencia material. Lo anterior, en virtud de la remisión efectuada por la SAI del asunto, efectuada, como se dijo, a través de la Resolución No. SAI-AOI-R-RC-MGM-351 de 31 de mayo de 2024, en el que se consideró necesario este trámite, tras referir: (…) el proceso penal al que se vinculó al señor CHAVERRA CÓRDOBA no está dentro del ámbito de aplicación material de la JEP. En esa medida, se advierte que la autoridad judicial de la JPO que le concedió el beneficio liberatorio provisional al solicitante no evaluó la concurrencia del factor material determinador de los beneficios contenidos en la Ley 1820 de 2016, esto es, la relación de las conductas con el conflicto armado interno. En efecto, en la decisión aludida solo se refirió que el interesado acreditó la pertenencia a las FARC-EP con la respectiva resolución proferida por la OACP y que el delito por el cual fue condenado se había cometido con anterioridad a la firma del AFP, sin hacer un análisis que condujera a determinar si existía una relación entre el homicidio agravado y la confrontación armada entre la extinta guerrilla y el Estado colombiano. (…) 45. En el caso del señor CHAVERRA CÓRDOBA, este despacho advierte que el ordinal primero de la parte resolutiva del Auto Interlocutorio No. 2303 del 13 de septiembre de 2017 proferido por el Juzgado Segundo de EPMS de La Dorada, Caldas expresamente dispuso lo siguiente “[E]n virtud de la aplicación del principio de favorabilidad y de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, CONCEDER INDULTO en favor del sentenciado DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.550.048, dentro del Página 11 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 5.3. Planteamiento del problema y metodología de resolución 23. La Subsección Primera de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz debe resolver si el “indulto” adoptado en el resolutivo primero del Auto de 13 de septiembre de 2017, por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de La Dorada, a favor del señor CHAVERRA CÓRDOBA por la conducta de homicidio agravado, por la que fue condenado en el radicado penal 270013104001-1995-00115, se encuentra conforme con los principios y fines que orientan el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, particularmente, se esclarecerá la competencia funcional con que contaba la autoridad ordinaria para otorgar el mencionado beneficio definitivo por un delito que no está dentro de los artículos 15 y 16 de la Ley 1820 de 2016; en caso de que ese examen salga avante, se determinará lo tocante a la competencia material. Lo anterior, en virtud de la remisión efectuada por la SAI del asunto, efectuada, como se dijo, a través de la Resolución No. SAI-AOI-R-RC-MGM-351 de 31 de mayo de 2024, en el que se consideró necesario este trámite, tras referir: (…) el proceso penal al que se vinculó al señor CHAVERRA CÓRDOBA no está dentro del ámbito de aplicación material de la JEP. En esa medida, se advierte que la autoridad judicial de la JPO que le concedió el beneficio liberatorio provisional al solicitante no evaluó la concurrencia del factor material determinador de los beneficios contenidos en la Ley 1820 de 2016, esto es, la relación de las conductas con el conflicto armado interno. En efecto, en la decisión aludida solo se refirió que el interesado acreditó la pertenencia a las FARC-EP con la respectiva resolución proferida por la OACP y que el delito por el cual fue condenado se había cometido con anterioridad a la firma del AFP, sin hacer un análisis que condujera a determinar si existía una relación entre el homicidio agravado y la confrontación armada entre la extinta guerrilla y el Estado colombiano. (…) 45. En el caso del señor CHAVERRA CÓRDOBA, este despacho advierte que el ordinal primero de la parte resolutiva del Auto Interlocutorio No. 2303 del 13 de septiembre de 2017 proferido por el Juzgado Segundo de EPMS de La Dorada, Caldas expresamente dispuso lo siguiente “[E]n virtud de la aplicación del principio de favorabilidad y de la Ley 1820 de 2016 y el Decreto 277 de 2017, CONCEDER INDULTO en favor del sentenciado DESIDERIO CHAVERRA CORDOBA, identificado con la cédula de ciudadanía número 11.550.048, dentro del Página 11 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 proceso en el que se le impuso una pena de diecisiete (17) años de prisión impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, Chocó, el 4 de diciembre de 1995 al haber sido declarado responsable del punible de HOMICIDIOAGRAVADO”. 46. Así pues, atendiendo a la naturaleza de la decisión adoptada y a la gravedad del delito sobre la cual la misma recae y, dado que esta Sala de Justicia carece de competencia para revocar autónomamente un beneficio definitivo de justicia transicional previamente concedido como lo es el indulto, el despacho dispondrá la remisión del caso a la SRT con la finalidad de que esta Sección ejerza su competencia excepcional relativa a examinar la probidad del referido beneficio jurídico otorgado por una autoridad judicial de la JPO al señor CHAVERRA CÓRDOBA. 24. Para el efecto, se abordarán los siguientes temas: i) la función de revisión de la probidad de los beneficios transicionales; ii) la competencia para reconocer beneficios transicionales definitivos; iii) las clases de amnistías -de iure y de sala- y la regulación de los indultos; y, iv) el caso concreto. 5.4. De la función de revisión de probidad de beneficios definitivos transicionales 25. La función relacionada con la revisión de la probidad de los beneficios transicionales definitivos concedidos a los comparecientes ante esta Jurisdicción no tiene una regulación expresa en la normativa transicional, pero se desprende del contenido de los artículos 13 de la Ley 1820 de 2016 y 3º del Decreto Ley 277 de 2017, en los que se establece, como regla general, que las decisiones adoptadas en virtud de dichas normas, sobre beneficios como las amnistías y la renuncia a la persecución penal, son inmutables como presupuesto de seguridad jurídica para las personas sometidas a la JEP, pero al mismo tiempo establecen que dichas resoluciones pueden ser revisadas por el Tribunal para la Paz. 26. Para entender el alcance de estas previsiones legales, la Sección de Revisión precisó en el Auto SRT-RPBTD-001 del 29 de abril de 2021: De los artículos 13 de la Ley 1820 de 2016 y 3 del Decreto Ley 277 de 2017, en concordancia con lo señalado por la jurisprudencia de la Sección de Apelación, se extrae una competencia radicada en cabeza de la Sección de Página 12 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 proceso en el que se le impuso una pena de diecisiete (17) años de prisión impuesta por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Quibdó, Chocó, el 4 de diciembre de 1995 al haber sido declarado responsable del punible de HOMICIDIOAGRAVADO”. 46. Así pues, atendiendo a la naturaleza de la decisión adoptada y a la gravedad del delito sobre la cual la misma recae y, dado que esta Sala de Justicia carece de competencia para revocar autónomamente un beneficio definitivo de justicia transicional previamente concedido como lo es el indulto, el despacho dispondrá la remisión del caso a la SRT con la finalidad de que esta Sección ejerza su competencia excepcional relativa a examinar la probidad del referido beneficio jurídico otorgado por una autoridad judicial de la JPO al señor CHAVERRA CÓRDOBA. 24. Para el efecto, se abordarán los siguientes temas: i) la función de revisión de la probidad de los beneficios transicionales; ii) la competencia para reconocer beneficios transicionales definitivos; iii) las clases de amnistías -de iure y de sala- y la regulación de los indultos; y, iv) el caso concreto. 5.4. De la función de revisión de probidad de beneficios definitivos transicionales 25. La función relacionada con la revisión de la probidad de los beneficios transicionales definitivos concedidos a los comparecientes ante esta Jurisdicción no tiene una regulación expresa en la normativa transicional, pero se desprende del contenido de los artículos 13 de la Ley 1820 de 2016 y 3º del Decreto Ley 277 de 2017, en los que se establece, como regla general, que las decisiones adoptadas en virtud de dichas normas, sobre beneficios como las amnistías y la renuncia a la persecución penal, son inmutables como presupuesto de seguridad jurídica para las personas sometidas a la JEP, pero al mismo tiempo establecen que dichas resoluciones pueden ser revisadas por el Tribunal para la Paz. 26. Para entender el alcance de estas previsiones legales, la Sección de Revisión precisó en el Auto SRT-RPBTD-001 del 29 de abril de 2021: De los artículos 13 de la Ley 1820 de 2016 y 3 del Decreto Ley 277 de 2017, en concordancia con lo señalado por la jurisprudencia de la Sección de Apelación, se extrae una competencia radicada en cabeza de la Sección de Página 12 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 Revisión del Tribunal para la Paz para examinar las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicación de dicho cuerpo normativo. (…) [S]e trata de una competencia cuyo objeto es “revisar la probidad” de las decisiones contentivas de beneficios transicionales definitivos otorgados por la jurisdicción ordinaria en el marco de la Ley 1820 de 2016, con el propósito de velar porque estas se adecúen a las normas y principios del SIVJRNR, especialmente, aquellos relacionados con la garantía efectiva de los derechos de las víctimas. Igualmente, se trata de una atribución legal de carácter excepcional, que sólo puede activarse cuando se advierta que la decisión mediante la cual se otorgaron beneficios transicionales definitivos por parte de la jurisdicción ordinaria, contiene irregularidades que la hacen incompatible con los fines del Sistema; situación que exige la intervención de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz con el propósito de que, en su calidad de órgano de cierre de la JEP, proceda a examinarlas y, de ser el caso, a confirmarlas o revocarlas. Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que cualquier tratamiento penal especial -de carácter definitivo- aplicado en el marco del modelo de justicia transicional se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos en las normas, cuyo incumplimiento puede dar lugar a su revocatoria. (…) En este contexto, la revisión de probidad de los beneficios transicionales definitivos otorgados por la jurisdicción ordinaria debe ser entendida como una competencia de carácter excepcional, que se activa ante la existencia de irregularidades de tal entidad que transgredan los fines del SIVJRNR, afectando los derechos fundamentales de las víctimas (...) (Negritas fuera de texto). 27. En el mismo auto, esta Sección delimitó el alcance de esta competencia, determinando que: i) la revisión de probidad es una atribución legal que solo puede ejercerse frente a decisiones judiciales que resolvieron otorgar algún beneficio definitivo previsto en la Ley 1820 de 2016, es decir, no es admisible frente a disposiciones en las que se negó su aplicación ni contra las que otorgaron alguna gracia provisional; y ii) que la herramienta en mención procede exclusivamente frente a las decisiones judiciales proferidas en aplicación de los tratamientos penales especiales previstos en la Ley 1820 de 2016, pues las providencias que resuelven sobre beneficios transicionales distintos podrán ser examinadas mediante otros mecanismos judiciales. Página 13 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 Revisión del Tribunal para la Paz para examinar las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicación de dicho cuerpo normativo. (…) [S]e trata de una competencia cuyo objeto es “revisar la probidad” de las decisiones contentivas de beneficios transicionales definitivos otorgados por la jurisdicción ordinaria en el marco de la Ley 1820 de 2016, con el propósito de velar porque estas se adecúen a las normas y principios del SIVJRNR, especialmente, aquellos relacionados con la garantía efectiva de los derechos de las víctimas. Igualmente, se trata de una atribución legal de carácter excepcional, que sólo puede activarse cuando se advierta que la decisión mediante la cual se otorgaron beneficios transicionales definitivos por parte de la jurisdicción ordinaria, contiene irregularidades que la hacen incompatible con los fines del Sistema; situación que exige la intervención de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz con el propósito de que, en su calidad de órgano de cierre de la JEP, proceda a examinarlas y, de ser el caso, a confirmarlas o revocarlas. Lo anterior cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que cualquier tratamiento penal especial -de carácter definitivo- aplicado en el marco del modelo de justicia transicional se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos previstos en las normas, cuyo incumplimiento puede dar lugar a su revocatoria. (…) En este contexto, la revisión de probidad de los beneficios transicionales definitivos otorgados por la jurisdicción ordinaria debe ser entendida como una competencia de carácter excepcional, que se activa ante la existencia de irregularidades de tal entidad que transgredan los fines del SIVJRNR, afectando los derechos fundamentales de las víctimas (...) (Negritas fuera de texto). 27. En el mismo auto, esta Sección delimitó el alcance de esta competencia, determinando que: i) la revisión de probidad es una atribución legal que solo puede ejercerse frente a decisiones judiciales que resolvieron otorgar algún beneficio definitivo previsto en la Ley 1820 de 2016, es decir, no es admisible frente a disposiciones en las que se negó su aplicación ni contra las que otorgaron alguna gracia provisional; y ii) que la herramienta en mención procede exclusivamente frente a las decisiones judiciales proferidas en aplicación de los tratamientos penales especiales previstos en la Ley 1820 de 2016, pues las providencias que resuelven sobre beneficios transicionales distintos podrán ser examinadas mediante otros mecanismos judiciales. Página 13 de 29 al a adecca ,lasecorp etneidepxe la redecca araP .ZAID ZEPOL AIDUALC ,ONEROM ALLIDABOB LEGNA SUSEJ rop etnemlatigid odamrif lanigiro led aipoc se otnemucod etsE .E9FF27 ogidóc le y 1000.00.0.4202.31-0001051 osecorp le emrofni ,/jase/oc.vog.pej.ilagel//:sptth bew anigáp SECCIÓN DE REVISIÓN DE SENTENCIAS EXPEDIENTE LEGALI: 1501000-13.2024.0.00.0001 28. Ahora bien, tratándose de una función en la que la Sección de Revisión se encarga de valorar si la decisión judicial sobre beneficios definitivos, como las amnistías, vulnera los principios del Sistema Integral para la Paz, es indispensable establecer cuáles son estos postulados que, de transgredirse, ameritan una corrección por parte del Tribunal en cabeza de esta Sección. 29. Al respecto, la Sección de Apelación ha indicado que la RPBTD se concibe como un juicio de corrección de la decisión que otorgó el tratamiento especial de carácter definitivo, cuyo objetivo es determinar si respeta o no los principios y el marco jurídico transicional, función revisora que no se orienta por causales taxativas, ya que su procedencia se encuentra vinculada a “errores o yerros generados por la indebida interpretación o aplicación del derecho transicional o por la falta de valoración de hechos relevantes o sobrevinientes”25; en este estudio es suficiente con que la SR advierta un desconocimiento de las normas transicionales, lo que sucede, por ejemplo, cuando la autoridad judicial: i) no analizó integralmente los factores de competencia; ii) no tuvo o no pudo tener en cuenta hechos relevantes o sobrevinientes; iii) omitió hacer un análisis integral de las conductas punibles; y/o, iv) concedió el beneficio definitivo después