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Consulta (misional) C-74-2025 de 2026 — Para disciplinar a inspectores de policía y corregidores, según regulación legal — Kelsen
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Consulta Misional2026

Consulta (misional) C-74-2025 de 2026 — Para disciplinar a inspectores de policía y corregidores, según regulación legal

Procuraduría General de la Nación (procuraduría Auxiliar Asuntos Disciplinarios). Fuente: Datos.gov.co / Pgn (cc By-sa 4.0)

Contenido del registro

Fuente: Decisiones disciplinarias — Procuraduría General

20.863 caracteres indexados

CONSULTA DISCIPLINARIA-En torno a autoridad disciplinaria competente para investigar a Comisarios de Familia, Inspectores de Policía y Corregidores, alcaldes cuando deciden en 2 instancia asuntos de que conoció en primera instancia cualquiera de los servidores mencionados PROCURADURÍA AUXILIAR ASUNTOS DISCIPLINARIOS-Función consultiva COMPETENCIA-De Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios respecto de absolución de consultas en diferentes dependencias de entidad INTERPRETACIÓN RESTRICTIVA-Respecto de función consultiva disciplinaria atribuida a Auxiliar para Asuntos Disciplinarios ……en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.°, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 4.° del Decreto Ley 1851 de 2021, se suministrarán elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución de un caso particular y concreto FUNCIÓN CONSULTIVA-Solo puede ser solicitada por quienes ejerzan potestad disciplinaria COMPETENCIA-Para disciplinar a Comisarios de Familia, según regulación legal COMPETENCIA-Para disciplinar a Inspectores de Policía y Corregidores, según regulación legal COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL-Es competente para investigar disciplinariamente a quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional, según Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado concluyó que «actualmente es válido señalar que, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 2.° y 239 de la Ley 1952 de 2010, modificados por los artículo 1.° y 61, respectivamente, de la Ley 2094 de 2021, aunado a lo señalado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024 (octubre 9), que modificó el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la competente para investigar disciplinariamente a quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional» COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL-Le corresponde a esta y a sus seccionales adelantar procesos disciplinarios contra autoridades administrativas que de manera excepcional, temporal o permanente administren justicia PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Tiene competencia privativa para investigar a los alcaldes ALCALDE MUNICIPAL-Le corresponde ante determinados eventos, actuar como Instructor de los Procesos Policivos de 2 Instancia CONSULTA DISCIPLINARIA-Reviste un carácter meramente ilustrativo, es decir no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011 y 39 de la Resolución 330 de 2021 Bogotá, D. C., 22/01/2026 C-74 – 2025 SALIDA 22/01/2026 Doctora Shirley Karina Romero Correa Procuradora provincial de instrucción de Fusagasugá Carrera 8 06-49, centro comercial Centro Fusa, piso 6, oficinas 605-608 Fusagasugá (Cundinamarca) provincial.fusagasuga@procuraduria.gov.co Ref.: Respuesta consulta rad. E-2025-373561 del 29/07/2025 (C-2025-4090918) Respetada doctora: Respuesta consulta rad. E-2025-373561 del 29/07/2025 (C-2025-4090918) Respetada doctora: En atención a la consulta de la referencia, mediante la cual se solicita la emisión de un concepto jurídico en torno a la autoridad disciplinaria competente para investigar a i) los comisarios de familia, inspectores de policía y corregidores; y ii) los alcaldes cuando decidan en segunda instancia asuntos que conoció en primera instancia cualquiera de los tres servidores antes mencionados, y con ocasión de ello se les adelante un proceso disciplinario, me permito manifestarle lo siguiente: Debe resaltarse que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.°, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 4.° del Decreto Ley 1851 de 2021, se suministrarán elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución de un caso particular y concreto. Pues bien, frente al punto i), se trae a colación, in extenso, el concepto C-73 – 2025, que, entre otras, se pronuncia sobre el escenario competencial aquí indagado: [S]obre la competencia para disciplinar a los comisarios de familia, se transcribe el concepto C- 51 – 2025, que inicia citando apartes del concepto C-130 – 2022: [C]abe empezar por recordar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.° y 6.° de la Ley 2126 de 2021, las comisarías de familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital; por ende, dichas entidades forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del municipio o distrito, y sus comisarios son servidores públicos del respectivo orden territorial. por ende, dichas entidades forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del municipio o distrito, y sus comisarios son servidores públicos del respectivo orden territorial. Ahora […], comoquiera que los artículos 2.° y 93 del Código General Disciplinario prevén que, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la pgn, les corresponde a las oficinas de control disciplinario interno, en su condición de juez natural, conocer de los procesos que se adelanten contra los servidores públicos de sus dependencias, serán las ocid de los municipios o distritos las llamadas a conocer de los asuntos disciplinarios contra los comisarios de familia del orden correspondiente. En especial, respecto a la naturaleza de las comisarías de familia, cabe poner de presente que la Corte Constitucional reconoció que, aun cuando son autoridades de carácter administrativo, «en casos de violencia intrafamiliar, actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo cual tienen competencia para imponer medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar». Por su parte, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2.° y 239 del Código General Disciplinario; y 55 y 56 de la Ley 2430 de 2024, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la competente para investigar a quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional. Así las cosas, le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial —y a sus seccionales— conocer de las faltas disciplinarias en que incurran los comisarios de familia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales; y a las oficinas de control disciplinario interno, salvo que la Procuraduría General de la Nación ejerza el poder preferente, cuando se trate de investigaciones asociadas a sus deberes administrativos. y a las oficinas de control disciplinario interno, salvo que la Procuraduría General de la Nación ejerza el poder preferente, cuando se trate de investigaciones asociadas a sus deberes administrativos. Frente a la competencia para disciplinar a los inspectores de policía y corregidores, se señala que, según los artículos 9.° y 10.° de la Ley 11 de 1986, 320 y 321 del Decreto 1333 de 1986, 41 de la Ley 1551 de 2012 y 205 de la Ley 1801 de 2016, son servidores públicos, cuyos cargos forman parte de la planta de personal de la administración municipal o distrital y dependen del respectivo alcalde. Aunado a ello, están catalogados como autoridades administrativas que de manera excepcional ejercen función jurisdiccional. Sobre el particular, resulta ilustrativo recordar que, en vigencia de los artículos 2.°, 3.°, 34-32, 69, 75 y 76 la Ley 734 de 2002 (cdu), y en armonía con lo establecido en los artículos 118, 209 y 277-6 de la Constitución Política, le correspondía a la Oficina de Control Interno Disciplinario (ocid) del ente territorial ejercer la potestad disciplinaria respecto de estos servidores, independientemente de la función que desempeñaran (administrativa o jurisdiccional), salvo que la Procuraduría General de la Nación (pgn) o la personería distrital o municipal, según el caso, ejercieran el poder preferente. Y aun cuando los artículos 111 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (leaj) y 193 del cdu le conferían a la jurisdicción disciplinaria (Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial—) la atribución de investigar a las personas que ejercían función judicial, en forma transitoria u ocasional, se concluyó que los funcionarios administrativos que cumplían funciones judiciales no se hallaban inmersos en ese supuesto fáctico. Pese a que con posterioridad surgieron modificaciones constitucionales y legales, dicho escenario competencial no varió porque, si bien en los artículos 2.° y 239 del Código General Disciplinario (cgd) se ampliaron las atribuciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (cndj), y sus seccionales, sobre las autoridades administrativas que desempeñan la función jurisdiccional, se estimó que esta función resultaba incompatible con las previstas en el artículo 257A de la Constitución Política, pues allí solo se le otorgó la competencia para investigar a los servidores de la Rama Judicial (funcionarios y empleados), y a los abogados, en ejercicio de su profesión, y no se facultó al legislador para asignarle funciones adicionales. Sin embargo, fue la expedición de la Ley Estatutaria 2430 de 2024 y el estudio de exequibilidad de su artículo 55, los que permitieron i) reafirmar la competencia de la cndj y sus seccionales para disciplinar a quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional; y ii) precisar el sentido de la expresión “personas”, en el entendido de que incluye tanto a particulares como a autoridades administrativas. y ii) precisar el sentido de la expresión “personas”, en el entendido de que incluye tanto a particulares como a autoridades administrativas. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado concluyó que «actualmente es válido señalar que, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 2.° y 239 de la Ley 1952 de 2010, modificados por los artículo 1.° y 61, respectivamente, de la Ley 2094 de 2021, aunado a lo señalado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024 (octubre 9), que modificó el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la competente para investigar disciplinariamente a quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional». Entonces, le corresponde a la cndj y a sus seccionales conocer de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los inspectores de policía cuando incurran en faltas con ocasión del ejercicio de las funciones jurisdiccionales; y a la ocid del municipio o distrito, en virtud de la regla de competencia general (artículo 93 del cgd), conocer de los procesos contra los servidores de dichos entes territoriales, entre los cuales están los inspectores de policía y corregidores, respecto de las funciones administrativas, salvo que la pgn o las personerías ejerzan el poder preferente. Ahora, como en el concepto C-50 – 2025 se abordó la competencia para investigar a los auxiliares de la justicia, se extrae, a continuación, lo pertinente: [P]artiendo de la base de que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas transitorias, y con el fin de responder el interrogante competencial aquí planteado, resulta procedente tener en cuenta un momento definitorio (13 de enero de 2021), y varios escenarios constitucionales y legales, a saber: i) Antes del 13 de enero de 2021, y con base en los artículos 256 y 277 de la Constitución Política; 53 y 75 del Código Disciplinario Único; y 41 de la Ley 1474 de 2011, el criterio que definía la competencia entre la pgn y la jurisdicción disciplinaria para examinar la conducta y sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia era el tipo de función pública transitoria que apoyaban estos particulares. Así, la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y sus seccionales eran las competentes para investigar a los auxiliares de la justicia designados para apoyar la función judicial, y la pgn lo era respecto de aquellos que ejercían funciones administrativas públicas. ii) A partir del 13 de enero de 2021, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, que suprimió tácitamente el precitado órgano jurisdiccional, y en su lugar creó la cndj, se le atribuyeron a esta unas funciones disciplinarias taxativas en el artículo 257A ibidem, dentro de las cuales no se encuentra la facultad del legislador para asignarle otras distintas a las ya relacionadas en la Constitución Política. Debido a ello, en su oportunidad, se estimó que la cndj y sus respectivas seccionales no tenían competencia disciplinaria en relación con los auxiliares de la justicia, pues si bien de la lectura armónica de los artículos 2.°, 63 parágrafo 2.° y 239 del Código General Disciplinario (cgd) se advierte que el legislador las facultó para ejercer la acción disciplinaria respecto de los auxiliares de la justicia, en su calidad de particulares disciplinables, esta atribución de competencia resultaba incompatible con lo dispuesto en el artículo 257A constitucional. Sin embargo, fue la ampliación de las facultades de la jurisdicción disciplinaria, previstas en el artículo 55 de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, la que permitió esclarecer que i) del contenido de los artículos 2.°, 63 parágrafo 2.° y 239 del cgd se extrae una regla especial de competencia sobre los particulares que administran justicia de manera excepcional, transitoria u ocasional; y ii) de los artículos 277 de la Constitución; y 69, 70 y 92 del cgd se desprende una regla general respecto de los particulares que ejercen función pública. En decir: como los auxiliares de la justicia ejercen función pública, más no jurisdiccional, son disciplinables por la pgn. Así las cosas, a partir del 13/01/2021, es la pgn la autoridad competente para conocer y tramitar los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de la justicia, sin perjuicio de que sean designados para apoyar la función judicial o la función administrativa. No obstante, en virtud de la regla especial de competencias de orden constitucional (artículo 257A) los procesos que a esa fecha estaban siendo adelantados en contra de dichos auxiliares (de naturaleza jurisdiccional) por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del C. S. de la J. y sus seccionales, los continuarán conociendo, hasta su culminación, la cndj y sus seccionales. Por último, en cuanto a la competencia para disciplinar a los conciliadores en equidad, en el concepto C-103 – 2024, se indicó lo siguiente: Por último, en cuanto a la competencia para disciplinar a los conciliadores en equidad, en el concepto C-103 – 2024, se indicó lo siguiente: [D]e conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Política; 8.° y 13 de la Ley 270 de 1996 (leaj), los conciliadores son particulares investidos de la función de administrar justicia de manera transitoria u ocasional. // Sumado a ello, los artículos 35 de la Ley 2220 de 2022; y 2.° y 239 del Código General Disciplinario (cgd) y 111 y 112 de la leaj consagran la competencia exclusiva que ostenta la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales para juzgar, en primera instancia, a los particulares que ejercen función jurisdiccional. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente: Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente: 1522. La competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre «quienes ejerzan la función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional» también es constitucional porque responde al artículo 116 superior, que habilita al ejercicio de la función judicial de carácter transitoria a determinadas autoridades administrativas y a los particulares, y el artículo 123, que señala que la ley determinará los regímenes aplicables a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. // 1523. En ese sentido, la definición de los sujetos disciplinables se encuentra dentro del amplio margen de configuración legislativa en la materia derivada de los artículos 150-2 y 150-23 de la Carta Política. En efecto, la definición de la competencia en los términos examinados no transgrede disposiciones constitucionales y no compromete garantías y derechos de los individuos. Sobre este punto, vale recordar que la Corte ha precisado que el «ejercicio de funciones públicas no puede estar despojado de los necesarios controles ni hallarse exento de las responsabilidades que en sí mismo implica», lo cual incluye el control jurisdiccional disciplinario que prevé la norma. De manera que si bien, «de acuerdo con el enunciado del artículo 257A constitucional, se había concluido que, con posterioridad al 13 de enero de 2021, no le correspondía a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o a las comisiones seccionales conocer de nuevos procesos relacionados con presuntas faltas disciplinarias cometidas por particulares que administran justicia de manera permanente o transitoria, porque el artículo 257A superior no los incluyó dentro de los sujetos disciplinados por esa Corporación y tampoco habilitó a la ley para atribuir nuevas competencias a la Comisión», en virtud de la expedición de la Ley 2430 de 2024, y su declaratoria de exequibilidad, esa interpretación quedó superada. Lo expuesto en precedencia, se sintetiza así: Lo expuesto en precedencia, se sintetiza así: Por último, en cuanto al punto ii), la autoridad disciplinaria competente para investigar a los alcaldes cuando decidan en segunda instancia asuntos que conoció en primera instancia el comisario de familia, el inspector de policía o el corregidor, y con ocasión de ello se les adelante un proceso disciplinario, se parte por recordar que, según el artículo 198 de la Ley 1801 de 2016, tanto el alcalde como el inspector de policía y el corregidor son autoridades de policía, y, según el artículo 205 ibidem, ante determinados eventos, le corresponde al alcalde actuar como instructor de los procesos policivos en segunda instancia. Al respecto, el Consejo de Estado indicó que «en aplicación de lo dispuesto en los artículos 2.° y 239 de la Ley 1952 de 2019, artículos modificados, respectivamente, por los artículos 1.° y 61 de la Ley 2094 de 2021, le correspondería a la Comisión [Nacional] de Disciplina Judicial y sus seccionales adelantar el proceso disciplinario contra las autoridades administrativas que de manera excepcional, temporal o permanente administran justicia. // Sin embargo, también es cierto que, conforme el artículo 83 de la Ley 1952 de 2019 y según la jurisprudencia vigente, es competencia privativa de la Procuraduría General de la Nación la investigación disciplinaria contra los alcaldes». Entonces, aun cuando a la cndj le compete investigar a las autoridades que, de manera excepcional, temporal o permanente, administran justicia; constitucional y legalmente es la pgn la facultada para disciplinar privativamente a los servidores públicos de elección popular; por ello, le corresponde a esta última entidad conocer del proceso que se le adelante al alcalde por las presuntas faltas en las que incurra, en ejercicio de una función jurisdiccional —actuar en segunda instancia dentro de los procesos policivos—. Argumentación que se aplica a los procesos disciplinarios contra los alcaldes cuando actúen como segunda instancia de los asuntos de naturaleza jurisdiccional que hubiese adelantado el comisario de familia. Resta agregar que la contestación que antecede, expedida a instancia de quien consulta, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011 y 39 de la Resolución 330 de 2021. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO POR JAVIER CAMILO FERNÁNDEZ VELANDIA Procurador auxiliar para asuntos disciplinarios Proyectó xpgh C-74 – 2025 E-2025-373561 (C-2025-4090918) sujetos disciplinables | clase | tipo de funciones públicas que ejercen | autoridad disciplinaria competente Comisarios de familia | Servidores públicos | Administrativas | ocid pgn o personerías Comisarios de familia | Servidores públicos | Jurisdiccionales | cndj (y sus seccionales) Inspectores de policía | Servidores públicos | Administrativas | ocid pgn o personerías Inspectores de policía | Servidores públicos | Jurisdiccionales | cndj (y sus seccionales) Auxiliares de la justicia | Particulares | Administrativas | pgn Conciliadores | Particulares | Jurisdiccionales | cndj (y sus seccionales)

Metadatos

Colección

Datos públicos

Tipo

Consulta Misional

Número

C-74-2025

Año

2026

Entidad

Procuraduría General de la Nación (procuraduría Auxiliar Asuntos Disciplinarios). Fuente: Datos.gov.co / Pgn (cc By-sa 4.0)

Nivel de curaduría

Indexado

Registro

Referencia pública

Metadatos

Colección

Datos públicos

Tipo

Consulta Misional

Número

C-74-2025

Año

2026

Entidad

Procuraduría General de la Nación (procuraduría Auxiliar Asuntos Disciplinarios). Fuente: Datos.gov.co / Pgn (cc By-sa 4.0)

Nivel de curaduría

Indexado

Registro

Referencia pública