Consulta (misional) C-9-2025 de 2026 — (i) no se aplica el curador ad litem porque existe el defensor público; (ii) la falta por incumplir la ley de cuotas es permanente, y la prescripción corre desde que cesa el deber; y (iii) la segunda

CONSULTA-(i) curador ad litem en materia disciplinaria, (ii) naturaleza de la falta por vulneración de la ley de cuotas, y (iii) calidad de la autoridad disciplinaria de segunda instancia CURADOR AD LITEM -No se aplica el curador ad litem por integración normativa, porque el defensor público ya cubre esa necesidad LEY DE CUOTA-La falta disciplinaria por no garantizar la cuota nominal obligatoria de participación de la mujer en niveles decisorios es una falta permanente o de tracto sucesivo Bogotá, D. C., 22/01/2026 C-9 – 2025 SALIDA 22/01/2026 Doctor Arturo Ronderos Salgado  Asesor Instituto de Estudios del Ministerio Público (iemp) Ciudad aronderos@procuraduria.gov.co Ref.: Respuesta consulta rad. E-2025-014338 del 16/01/2025 (C-2025-3929730) Respetado doctor: En atención a la consulta de la referencia, mediante la cual solicita que se emita concepto jurídico en torno a i) la aplicación de la figura jurídica del curador ad litem para la defensa en materia disciplinaria; ii) la naturaleza de la falta disciplinaria consistente en la vulneración de la ley de cuotas; y ii) la calidad que debe ostentar la autoridad disciplinaria de segunda instancia, me permito manifestarle lo siguiente: Debe resaltarse que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.°, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 4.° del Decreto Ley 1851 de 2021, se suministrarán elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución de un caso particular y concreto. Pues bien, frente al punto i), se resalta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Código General de Proceso (cgp), dentro de la categoría de los ‘auxiliares de la justicia’ están los curadores ad litem, que tienen un objetivo central cual es garantizar, a través del ejercicio de la defensoría de oficio, el derecho constitucional a la defensa del demandado que no puede o no desea concurrir al proceso. Al respecto, la Corte Constitucional indicó lo siguiente: La institución del curador ad litem tiene como finalidad esencial proteger los derechos del ausente, que no por estarlo puede recibir un tratamiento procesal desventajoso, pues éste redundaría en menoscabo de algunos de los derechos sustantivos que en el proceso se controvierten. Constituye, pues, un instrumento protector del derecho fundamental de defensa. El Código General del Proceso establece que los curadores ad litem actúan gratuitamente, en condiciones de ‘defensores de oficio’. […] El principal valor de curador ad litem es asegurar el derecho a la defensa de la persona que representa. […] el defensor de oficio garantiza el goce efectivo del derecho a la defensa y al debido proceso de las personas que enfrentan obstáculos y barreras a su goce efectivo, debido a que están ausentes (curador ad litem) o porque pese a estar presentes, carecen de recursos para costearse una defensa técnica (amparo de pobreza). Ahora, aun cuando el artículo 22 del Código General Disciplinario (cgd) consagra que «[e]n lo no previsto en esta ley se aplicará lo dispuesto en los Códigos de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, General del Proceso, Penal y de Procedimiento Penal en lo que no contravengan a la naturaleza del derecho disciplinario», el legislador disciplinario sí reguló la figura del defensor público, entre otros motivos, ante la necesidad de proteger los derechos fundamentales a la defensa del investigado que no concurre al proceso. En el concepto C-123 – 2023, así se aborda este asunto: En el concepto C-123 – 2023, así se aborda este asunto: [C]abe recordar, en líneas generales, que el derecho a la defensa se clasifica en material, que es la que el procesado asume directamente; y técnica, que es la que ejerce para aquel un profesional del derecho o una persona con formación jurídica. El legislador disciplinario lo estableció —en sus dos dimensiones— como un derecho del investigado: «tiene derecho a la defensa material»; «y a la designación de un abogado», es decir, a «[d]esignar apoderado»; además, le atribuyó un carácter potestativo a su ejercicio, ya que el disciplinado puede escoger una u otra modalidad, o su concomitancia. Sin embargo, como la defensa técnica no solo cobija el derecho del investigado de designar abogado o apoderado, sino que también comprende la designación del defensor por parte del Estado, esta se torna en obligatoria frente a los siguientes eventos: i) cuando el procesado lo solicite (art. 15 del Código General Disciplinario o cgd), ii) cuando se juzgue como persona ausente (art. 15 ibidem), iii) cuando vaya a hacer uso de la confesión y no esté representado por un defensor de confianza (art. 227 ib.), y iv) ante la renuencia del disciplinable y su defensor para asistir, sin justificación, a la audiencia en el juicio verbal (art. 228). A continuación, se relacionan los alcances de algunas expresiones o locuciones que, sobre la materia, usa el legislador disciplinario: 228). A continuación, se relacionan los alcances de algunas expresiones o locuciones que, sobre la materia, usa el legislador disciplinario: - Cuando los artículos 15, 109, 111, 113, 122, 124, 125, 127, 128, 161, 164, 225, 225B, 225C, 227, 228, 229 y 230 del cgd hacen alusión a «defensor», debe entenderse como un término genérico; - Una de sus especies, es defensor técnico, que puede ser defensor «de confianza» o «defensor de oficio»: cfr. artículos 15, 112, 210, 225, 227 y 228 ibidem; - En los artículos 15, 112 y 227 ib., defensor «de confianza» actúa como sinónimo de «abogado» o «apoderado»; - En el artículo 125 del cgd, «apoderado» es sinónimo de «defensor». - Y «defensor de oficio» se refiere tanto al defensor público como al estudiante de consultorio jurídico de universidad legalmente reconocida: cfr. artículos 113 del cgd; y 35, 48, 49 y 72 de la Ley 2094 de 2021. Respecto al defensor público, el artículo 70 de la citada Ley 2094, corregido por el artículo 2.° del Decreto 1656 de 2021, prevé que «[l]a Defensoría del Pueblo por medio del Sistema Nacional de Defensoría Pública prestará el servicio de defensoría gratuita con un abogado que asistirá y representará al disciplinable en la actuación disciplinaria, cuando sus condiciones económicas o sociales así lo requieran, en los términos señalados en las leyes 24 de 1992 y la Ley 941 de 2005, o las que las reformen. Esta figura también podrá ser empleada cuando se adelante un proceso disciplinario contra persona ausente y sin apoderado». Esta figura también podrá ser empleada cuando se adelante un proceso disciplinario contra persona ausente y sin apoderado». Y en cuanto al estudiante de consultorio jurídico de universidad legalmente reconocida, el artículo 9.°-10 de la Ley 2113 de 2021 consagra que el servicio de representación de terceros por conducto de los estudiantes de derecho de los consultorios jurídicos se proporcionará «[e]n los procedimientos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación, cuando sea imposible la notificación. De lo anterior se exceptúan los procesos contra funcionarios de elección popular, dirección, confianza y manejo». Entonces, como la modalidad de provisión de la defensa técnica dentro del proceso disciplinario se encuentra supeditada a ciertas condiciones, en los eventos en que no proceda la designación de los defensores públicos ni de los estudiantes de consultorio jurídico, la autoridad disciplinaria podrá acudir al Sistema de Información del Registro Nacional de Abogados (sirna), en aras de consultar el registro nacional de abogados y el de los auxiliares de la justicia que allí se llevan, con el fin de efectuar la correspondiente designación, en virtud del deber general de quien ejerza la profesión de abogado de aceptar la designación como defensor de oficio, bajo los lineamientos previstos en la Ley 1123 de 2007. De manera ilustrativa, se presenta así la anterior información: Por último, frente a la obligación por parte del Estado de designar defensor cuando el procesado se juzgue como persona ausente (evento relacionado en precedencia), ha de precisarse que la condición de persona ausente en la actuación disciplinaria únicamente opera en la etapa del juicio cuando no se ha logrado la notificación personal del pliego de cargos o del auto de citación a audiencia, ni con el enjuiciado ni con su abogado defensor (si lo tuviere). En caso contrario, cuando se logra la notificación personal del pliego de cargos o del auto de citación a audiencia, y el investigado y/o su apoderado no comparecen, no habrá lugar a la declaratoria de persona ausente, por cuanto el sujeto sabe de la existencia de esa decisión y del derecho que tiene a defenderse del reproche que le ha sido formulado. Así las cosas: no es factible aplicar, por integración normativa, el cgp, que regula la institución del curador ad litem, pues, a través de la figura del defensor público, el legislador disciplinario garantiza los derechos fundamentales a la defensa del investigado que no concurre al proceso. Y establece que su designación solo resulta imperiosa en la etapa de instrucción, en dos eventos: (i) cuando el investigado lo solicite, y ii) cuando vaya a hacer uso de la confesión y no esté representado por un defensor de confianza; y en la etapa de juzgamiento, además de los dos eventos anteriores, es obligatorio (i) cuando se juzgue como persona ausente y ii) ante la renuencia del disciplinable y su defensor para asistir, sin justificación, a la audiencia en el juicio verbal. Respecto al punto ii), la naturaleza de la falta disciplinaria consistente en la vulneración de la ley de cuotas, se destaca que esta precisión es importante porque este concepto está directamente relacionado con el inicio de la contabilización de la acción disciplinaria, tal y como se desprende del inciso primero del artículo 33 del cgd: «La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado, desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas, cuando haya cesado el deber de actuar». Sobre el particular, la Corte Constitucional relacionó las posturas de la Procuraduría General de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia y de la doctrina penal respecto de la definición de estas categorías típicas que, por su pertinencia, se transcriben a continuación, en su orden: iii) Instantáneas cuando la realización del comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento, es decir cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) Permanente o continuada, cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta. […]. iii) Delitos de ejecución instantánea, son aquellos «en los cuales la realización del comportamiento descrito se comete en un solo momento», […] iv) Delitos de ejecución permanente: en estos puntualizó que «a diferencia del delito instantáneo en el cual la consumación tiene lugar en un momento específico, esto es, cuando […] se ejecuta la conducta o debió realizarse el comportamiento omitido, en el delito permanente la consumación se prolonga en el tiempo hasta cuando cesa el atentado al bien jurídico objeto de tutela, sin que corresponda a una realización del comportamiento por tramos. Para la comisión de este punible es necesario que el estado dañoso o de peligro, provenga de la conducta del sujeto activo de manera continua, es decir, que no se agote en un solo instante, sino que prosiga durante determinado tiempo, y que la prórroga de la situación antijurídica se deba a la exclusiva conducta voluntaria del sujeto, quien persiste en ella ininterrumpidamente después de la realización del hecho que constituye el inicio del punible». […]. […]. i) Los delitos permanentes «son aquellos hechos en los que el delito no está concluido con la realización del tipo, sino que se mantiene por la voluntad delictiva del autor tanto tiempo como subsiste el estado antijurídico creado el mismo [sic]» en su conducta. // ii) Los delitos de estado o instantáneos, «son los hechos que están concluidos con la provocación de un determinado estado (por regla general el resultado en el sentido de los delitos de resultado), por tanto no son susceptibles de mantenimiento por el autor, ni lo necesitan […] Entre los delitos de estado habrá que incluir también tipos como la bigamia o la falsificación del estado civil; aunque en los mismos [sic] el autor sigue aprovechándose del estado creado por su hecho, ello no supone contraer con constante reiteración un matrimonio bígamo, y en la mayoría de los casos tampoco una repetición de la falsificación ya consumada del estado civil». Así las cosas, la conducta omisiva consistente en no garantizar la cuota nominal obligatoria de participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, establecida por el legislador, y que constituye causal de mala conducta, es una falta disciplinaria permanente, cuya consumación se prolonga durante todo el tiempo en que subsista el deber de cumplir con la ley de cuotas. Doctrinalmente, esta falta se encuentra catalogada dentro de las «típicas faltas disciplinarias de infracción de deberes por tracto sucesivo», en las cuales «el lapso prescriptivo no comienza a contabilizarse sino hasta que se constate que se ha dejado de incumplir con el deber. Mientras el deber se esté incumpliendo, la falta se está ejecutando y, por ello, no ha terminado de consumarse. Es lo que se denomina punto de partida definido “por el último acto” […]». Mientras el deber se esté incumpliendo, la falta se está ejecutando y, por ello, no ha terminado de consumarse. Es lo que se denomina punto de partida definido “por el último acto” […]». Por último, sobre el punto iii), la calidad que debe ostentar la autoridad disciplinaria de segunda instancia, se trae a colación el concepto C-157 – 2023, emitido por esta dependencia, que inicia citando apartes del concepto C-49 – 2021: [C]abe partir por resaltar que, con el propósito de especializar las oficinas de control disciplinario interno de las entidades u organismos del Estado, el legislador disciplinario ha venido rediseñándolas así: - Ley 200/95 (cdu): disponía que la competencia para adelantar en primera instancia la investigación disciplinaria ―dada en función de la calificación de la falta cometida― recaía en el jefe inmediato del investigado, o en el jefe de la dependencia o de la seccional o regional, o en la Oficina de Control Interno Disciplinario. Básicamente, dicho control suponía una relación de sujeción y de subordinación jerárquica-funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción. - Ley 734/02 (cdu): consagra un régimen general en el que la potestad disciplinaria, en primera instancia, se radica en el jefe de la oficina o unidad autónoma, del más alto nivel jerárquico dentro de la estructura de la entidad, que cuenta con servidores, mínimo del nivel profesional (modelo i); o en un directivo de una dependencia del segundo nivel jerárquico de la organización al que se le asigna tal atribución y se le adscribe un grupo formal de trabajo (modelo ii); y en segunda instancia, al nominador o a la pgn (cuando esta no se pueda garantizar). Y prevé un régimen de transición en el que, excepcionalmente, por razones presupuestales, esa potestad es ejercida por el superior inmediato del investigado, y la segunda instancia, por el superior jerárquico de aquel. […]. Y prevé un régimen de transición en el que, excepcionalmente, por razones presupuestales, esa potestad es ejercida por el superior inmediato del investigado, y la segunda instancia, por el superior jerárquico de aquel. […]. - Ley 1952/19 (cgd): ha establecido un único régimen en el que el ejercicio de la función disciplinaria, en primera instancia, se le atribuye al jefe de la unidad u oficina autónoma, del más alto nivel jerárquico, que significa que estará conformada por servidores mínimo del nivel profesional y por un jefe que deberá ser abogado; y la segunda instancia, se asignará según la estructura organizacional de la entidad u organismo del Estado, y, en todo caso, a la pgn (cuando esta no se pueda garantizar). Adicionalmente, desaparece el régimen de transición. Así las cosas, sin perjuicio del modelo que cada entidad estructure en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto por el legislador disciplinario, la ocid debe garantizar, en todos los procesos disciplinarios de su competencia, la separación de las etapas de instrucción y juzgamiento; y si no puede satisfacer dicha prerrogativa, enviará a la pgn solo aquellos expedientes en los que se haya culminado la etapa instructiva (procesos en los cuales ya se hubiese notificado el pliego de cargos). En esa misma línea, si no puede garantizar la segunda instancia, también procederá a remitirlos a la pgn. Los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría. No obstante, el jefe o director del organismo (ocid) tendrá competencia para ejecutar la sanción. Los casos en donde se deba tramitar la doble conformidad, la decisión final estará siempre a cargo de la Procuraduría. No obstante, el jefe o director del organismo (ocid) tendrá competencia para ejecutar la sanción. Además, con la entrada en vigencia del artículo 93 del cgd, les corresponde asegurar, durante la actuación disciplinaria, todos los requisitos concernientes a la especialización de las ocid: los servidores que la conforman serán, como mínimo, del nivel profesional, y quien ejerza la potestad disciplinaria ―bien sea en la etapa de instrucción o en la de juzgamiento, y en segunda instancia― debe ser abogado y pertenecer al nivel directivo de la entidad. Por último, las ocid tienen la competencia general para conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los servidores públicos de la entidad, excepto cuando el investigado sea superior del investigador o tenga un cargo de mayor jerarquía dentro de la estructura de la respectiva organización (no están ni en su mismo nivel jerárquico ni en uno inferior); en este evento, la actuación debe pasar a la pgn. Resta agregar que la contestación que antecede, expedida a instancia del consultante, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011 y 39 de la Resolución 330 de 2021. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO POR JAVIER CAMILO FERNÁNDEZ VELANDIA Procurador auxiliar para asuntos disciplinarios Proyectó xpgh C-9 – 2025 E-2025-014338 (C-2025-3929730)