Concepto (misional) 218-2026 de 2026 — Acto de elección de edinson rodríguez canchimbo como representante a la cámara por la circunscripción transitoria especial de paz 9, período 2026-2030 irregularidades elección diferencias e-14 y e-24

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL-Acto de elección de edinson rodríguez canchimbo como representante a la cámara por la circunscripción transitoria especial de paz 9, período 2026-2030 irregularidades elección diferencias E-14 y E-24 Bogotá D.C., 1 de septiembre de 2026 Concepto No. 2026-09-NE-218 Doctora GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Magistrada Ponente Consejo de Estado - Sección Quinta E. S. D. RADICACIÓN No.: 11001-03-28-000-2026-00117-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL (LEY 1437 DE 2011 C.P.A.C.A, ARTÍCULO 139 y 275-3). DEMANDANTE: EVARISTO VIVEROS VALENCIA DEMANDADO: ACTO DE ELECCIÓN DE EDINSON RODRÍGUEZ CANCHIMBO COMO REPRESENTANTE A LA CÁMARA POR LA CIRCUNSCRIPCIÓN TRANSITORIA ESPECIAL DE PAZ 9, PERÍODO 2026-2030 TRÁMITE: ÚNICA INSTANCIA ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: IRREGULARIDADES ELECCIÓN DIFERENCIAS E-14 y E-24 Respetada Magistrada: Dentro del término concedido mediante auto de 15 de julio de 2026, intervengo como agente del Ministerio Público, con el concepto sobre la nulidad del acto de elección de EDINSON RODRÍGUEZ CANCHIMBO como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz 9, Pacífico, período constitucional 2026-2030. ANTECEDENTES Hechos ANTECEDENTES Hechos El 25 de agosto del 2021, entró en vigor el Acto Legislativo 02, mediante el cual se crearon 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, las cuales tienen como finalidad permitir que grupos históricamente marginados por el conflicto armado, puedan participar en la conformación del poder político. El 5 de diciembre de 2025, según configuración de listas para aspirar a las curules de paz, se inscribió a EDINSON RODRÍGUEZ CANCHIMBO, avalado por el “Consejo Comunitario del Río Cajambre”, como candidato a la Circunscripción Transitoria Especial de Paz No. 9, Pacífico. El 8 de marzo de 2026 se llevaron a cabo las elecciones para elegir al representante de la Cámara por la Curul Especial de Paz CITREP 9, Pacífico. El 16 de marzo de 2026 se declaró electo al representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz No. 9, Pacífico, de conformidad con el Formulario E-26 CTP. Contra la elección precitada se presentó demanda, en el ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011, por diferencias injustificadas entre los formularios E-14 y E-24, junto a otras irregularidades, con solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto electoral acusado. La solicitud de suspensión de los efectos del acto demandado fue resuelta de manera negativa por la Sala Electoral mediante providencia del 21 de mayo de 2026. Normas violadas y concepto de violación Se arguyen como argumentos contra el acto demandado diferentes cuestionamientos dentro del proceso de escrutinio. Normas violadas y concepto de violación Se arguyen como argumentos contra el acto demandado diferentes cuestionamientos dentro del proceso de escrutinio. (i). En relación con el municipio de Timbiquí -Cauca-. Subcomisión escrutadora municipal 2. Pérdida del material electoral (formularios E-14 claveros y los votos) y actos de violencia. Se reportó la desaparición del material electoral de 7 mesas ubicadas en los corregimientos de Infi, San Miguel de Infi, Pete, Soledad de Yantin y Santa Rosa, por parte de grupos al margen de la ley, los cuales corresponden específicamente a los votos físicos y los formularios E-14 claveros. Lo que constituye violencia contra las autoridades (jurados) y los documentos electorales, circunstancia que, supuestamente, comprometió la legalidad del escrutinio por cuanto la comisión tuvo que consolidar los resultados con base en el ejemplar de trasmisión, inconsistencias que impidieron la posibilidad de verificación, auditoría y control del señalado proceso electoral. Para formular este reproche se elaboró una tabla visible en la demanda, soportada en un recurso que se formuló ante la Comisión Escrutadora Departamental de Valle del Cauca, así: En virtud de la anterior inconsistencia, se relacionó que la ciudadana Yelitze Amanda González Navarrete (candidata) presentó reclamación ante la Comisión Municipal 2 de Timbiquí, con el propósito de solicitar que se excluyeran del escrutinio las mesas de votación de Infi, San Miguel de Infi, Pete, Soledad de Yantin y Santa Rosa, petición que fue rechazada por improcedente, por auto 001 del 11 de marzo de 2026. Dicha decisión fue apelada; sin embargo, adujo que el medio de impugnación no fue tramitado, responsabilidad que le atribuyó también a la comisión departamental. Dicha decisión fue apelada; sin embargo, adujo que el medio de impugnación no fue tramitado, responsabilidad que le atribuyó también a la comisión departamental. Además, se precisó que ante esta comisión, el ciudadano Francisco Esteban Hurtado (testigo electoral) presentó reclamación en los mismos términos, la cual fue resuelta por auto 002 del 12 de marzo de 2026, siendo excluidas las mesas instaladas en el corregimiento del resguardo indígena Sanmiguel de Infi (2); no obstante, se mantuvieron incólumes las ubicadas en Infi, Pete, Soledad de Yantin y Santa Rosa. A pesar de la decisión, se manifiesta que verificado el portal de la RNEC se evidenció que solamente se excluyó una (mesa 2) de las dos del resguardo indígena Sanmiguel de Infi, cuyos votos fueron tenidos en cuenta para las listas y los candidatos, cuando ello no era posible por la decisión contenida en el auto 002 del 12 de marzo de 2026. Entrega extemporánea de formularios electorales y su debida cadena de custodia. En las mismas mesas indicadas (con la exclusión de las dos ubicadas en Sanmiguel de Infi), se afirmó que los formularios E-14 de delegados y trasmisión fueron allegados de forma extemporánea; esto es, tres días después de la celebración de la jornada electoral, lo que genera su invalidez. Además, se precisó que esto pone en evidencia la ruptura de cadena de custodia de los «formularios E-14 claveros». De acuerdo con el reproche antes indicado, refirió que se configuraron las causales de nulidad 1, 2 y 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. De acuerdo con el reproche antes indicado, refirió que se configuraron las causales de nulidad 1, 2 y 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. (ii). Irregularidades en el municipio de Guapi. Subcomisión escrutadora municipal 1. Suplantación de jurado. Se hizo explícito que en el corregimiento de la Soledad zona 99, puesto 27, mesa 01, la ciudadana Aura María Meza (testigo electoral), presentó reclamación ante la comisión escrutadora 01, por adulteración del formulario E-14, por cuanto aparece firmado por la jurado de mesa Leydi Góngora Riascos, quien no compareció a la jornada electoral, lo cual fue declarado extrajudicialmente por la presunta suplantada, por lo que procedía la exclusión de la mesa, toda vez que viciaba de trasparencia e imparcialidad el proceso electoral. Se afirmó que, pese a ello, la autoridad electoral, sin imprimir algún trámite concluyó que el motivo de la reclamación no estaba previsto en el artículo 192 del Código Electoral; no obstante, reconoció la irregularidad y la remitió a las autoridades competentes. Con fundamento en lo anterior, considera que los resultados electorales se alteraron, lo que configura la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. Con fundamento en lo anterior, considera que los resultados electorales se alteraron, lo que configura la causal de nulidad prevista en el numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. Subcomisión escrutadora 2. Se explicó que la ciudadana Aura María Meza (testigo), ante la comisión escrutadora municipal 2, formuló una solicitud de recuento de votos por error aritmético con base en el artículo 192 del Código Electoral, al evidenciar que en la zona 99, puesto 29, mesa 002 de los Limones, en el E-14 se presentaron inconsistencias en la sumatoria de los sufragios registrados para Evaristo Viveros Valencia y Yelitze Amanda González Navarrete y la lista del consejo comunitario Sanjoc parte Alta del Río Micay, a la cual estos pertenecen; sin embargo no fue resuelta, por lo que aduce que la omisión constituye un sabotaje contra los documentos electorales (artículo 275.2 de la Ley 1437 de 2011) y la vulneración del debido proceso. Omisión de la lectura del resultado del escrutinio en Guapi. Se arguye que, según el Acta General de Escrutinio se declaró la elección, sin que se hubiera leído el resultado del conteo de votos en Guapi (comisiones 1 y 2) lo que se traduce en una violación al debido proceso y trasparencia administrativa, cuya responsabilidad está en cabeza de la comisión departamental. (iii). Irregularidades en el municipio de Buenaventura. Comisión escrutadora auxiliar 17. Según se relaciona en el formulario E-6, se relaciona que el demandado inscribió su candidatura por el Consejo Comunitario del Río Cajambre, cuyo representante legal es Jesús del Carmen Gamboa Lerma, ciudadano que fungió como jurado, en la zona 99, puesto 54, mesa 01, de los Barcos en el municipio de Buenaventura. Sobre este aspecto indicó que se configuró la causal de nulidad contenida en el artículo 275.2 de la Ley 1437 de 2011, en la medida en que la relación entre el señor Rodríguez Canchimbo y el escrutador, le impedía realizar la labor por asistirle un interés directo en el resultado de los escrutinios, lo cual se materializó en que la agrupación del demandante solamente obtuvo 12 votos, según consta en el E-14. Por otra parte, se estimó que el señor Alfonso Cuero Cuero, presidente del citado consejo comunitario, participó en la jornada electoral como jurado, en la zona 99, puesto 56, mesa 001, en Silva, quien también debió declararse impedido por tener interés directo y comprometer la parcialidad del escrutinio en ese lugar. Puso de presente que si bien al contestar una acción de tutela se expresó que en el señalado sitio no se permite la entrada de personas ajenas a la vecindad, sino a quienes allí era reconocidos, esa sola circunstancia no es un eximente para que se permeara el proceso electoral. En síntesis, se alega que la participación de las personas mencionadas contribuyó a que se desconocieran los principios de imparcialidad, trasparencia, independencia, moralidad, como también a que el demandado obtuviera una mejor votación que los demás. (iv). Irregularidades acaecidas en la comisión departamental de Valle del Cauca. Se alega que se incurrió en la causal de nulidad del numeral 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto la comisión omitió tramitar el recurso de apelación interpuesto por Yelitze Amanda González Navarrete, ante la comisión 2 de Timbiquí. No se leyeron las actas de escrutinio de las comisiones 1 y 2 del municipio de Guapi, antes de la declaratoria de la elección, lugar donde a su vez se encontraban pendientes de absolver reclamaciones. (v). Diferencias injustificadas en los formularios E-14 y E-24. De forma común, con sustento en la causal de nulidad contenida en el artículo 275.3 de la Ley 1437 de 2011, se formuló el cargo de diferencias injustificadas debido a que las distintas comisiones, en la consolidación de resultados, omitieron el registro de la votación de los formularios E-14 a los E-24, en lo que respecta a la votación de los señores Evaristo Viveros Valencia y Yelitze Amanda González Navarrete y la lista del Consejo Comunitario Sanjoc parte alta del Río Micay. Lo anterior se fundamentó de la siguiente forma: En el municipio de Timbiquí: Subcomisiones escrutadoras municipales 1 y 2 En el municipio de Guapi: Subcomisiones escrutadoras municipales 1 y 2 En el municipio de López de Micay: Subcomisiones escrutadoras municipales 1 y 2 En el municipio de Buenaventura: Comisiones escrutadoras auxiliares 16, 17 y 18 Fijación del litigio En la providencia del 15 de julio de 2026 se fijó el litigio en los siguientes términos: Comisiones escrutadoras auxiliares 16, 17 y 18 Fijación del litigio En la providencia del 15 de julio de 2026 se fijó el litigio en los siguientes términos: “…Determinar si el acto de elección del señor Edinson Rodríguez Canchimbo como representante a la Cámara por la CITREP 9 para el periodo 2026-2030, es nulo por incurrir en las causales de nulidad contenidas en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, así como la infracción a la norma superior. La resolución de ese interrogante supone, entre otras, abordar para el caso concreto las siguientes temáticas: En el municipio de Timbiquí (Cauca) • ¿Se produjo en el municipio de Timbiquí (subcomisión escrutadora municipal 2) violencia sobre los escrutadores y los documentos electorales, por el hecho de haberse perdido el material electoral, esto es, los formularios E-14 clavero y las tarjetas electorales, en las mesas ubicadas en los corregimientos de Infi, San Miguel de Infi, Pete, Soledad de Yantin y Santa Rosa? • Derivado de la anterior Irregularidad, verificar: 1. Si se entregaron de forma extemporánea los pliegos electorales y por ello se perdió su cadena de custodia; 2. Establecer si la consolidación de la votación a partir de los formularios E-14 de trasmisión resulta irregular y, 3. Si la falta de algunos pliegos impidió la posibilidad de la verificación, auditoría y control del proceso electoral. • Se deberá determinar ¿si se le imprimió un trámite indebido a la reclamación de la señora Yelitze Amanda González Navarrete, en la medida en que no tuvo el mismo trato de la presentada por el señor Francisco Esteban Hurtado, cuanto fueron formuladas en los mismos términos? • Además, esclarecer si a pesar que la comisión escrutadora 2 excluyó dos mesas de votación, tuvo en cuenta una para el cómputo final de la votación. En el municipio de Guapi • Comprobar si en el corregimiento de la Soledad zona 99, puesto 27, mesa 01 no se tramitó la reclamación sobre la presunta suplantación de la jurado Leydi Góngora Riascos. En caso afirmativo, determinar si ello es una irregularidad y su incidencia en la elección. • Determinar si se tramitó la reclamación presentada por la señora Aura María Meza en la zona 99, puesto 29, mesa 002 de los Limones, por un presunto error aritmético en la sumatoria de los sufragios registrados para Evaristo Viveros Valencia y Yelitze Amanda González Navarrete y los de la lista del Consejo Comunitario Sanjoc parte Alta del Río Micay, lo que a juicio del demandante constituyó sabotaje contra los documentos electorales y desconoció el debido proceso. • Verificar si la comisión escrutadora departamental declaró la elección sin que se hubiera leído el resultado del municipio. De ser positiva la repuesta, esclarecer si ello vulnera el debido proceso y la trasparencia administrativa. En el municipio de Buenaventura • Si la participación de los señores Jesús del Carmen Gamboa Lerma, en la zona 99, puesto 54, mesa de los Barcos y Alfonso Cuero Cuero, en la zona 99, puesto 56, mesa 001, como jurados de votación constituye algún conflicto de interés por presuntamente ser representante legal y presidente del consejo comunitario que postuló al demandado, respetivamente, y si ello afectó la trasparencia, independencia, moralidad y además, condujo a que el señor Rodríguez Canchimbo obtuviera una mayor votación. • Finalmente, determinar si existió alguna diferencia injustificada entre los formularios E 14 y E-24, en la zonas, puestos y mesas señaladas en el acápite del concepto de la violación de esta providencia. 60. Finalmente, en caso de dar por demostrada alguna irregularidad, la Sala definirá si ésta tiene la entidad suficiente para afectar la legalidad del acto electoral demandado...”. Traslado para alegar de conclusión Luego de surtir los trámites pertinentes, se procedió con el traslado para que los sujetos procesales presenten los alegatos de conclusión y el Ministerio Público su concepto, por escrito, en virtud de lo cual se procede. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema Jurídico Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si es procedente la nulidad del acto de elección de EDINSON RODRÍGUEZ CANCHIMBO, como representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz No. 9, Pacífico, para el período constitucional 2026-2030. Para ello, el Ministerio Público procederá a dar respuesta a los interrogantes propuestos en la fijación del litigio, en puntos de orden, para desatar el caso concreto con base en los documentos allegados al proceso. 2.1.1. Caso Timbiquí En relación con este municipio se interroga: 2.1.1. Caso Timbiquí En relación con este municipio se interroga: ¿Se produjo en el municipio de Timbiquí (subcomisión escrutadora municipal 2) violencia sobre los escrutadores y los documentos electorales, por el hecho de haberse perdido el material electoral, esto es, los formularios E-14 clavero y las tarjetas electorales, en las mesas ubicadas en los corregimientos de Infi, San Miguel de Infi, Pete, Soledad de Yantin y Santa Rosa? Derivado de la anterior Irregularidad, verificar: 1. Si se entregaron de forma extemporánea los pliegos electorales y por ello se perdió su cadena de custodia; 2. Establecer si la consolidación de la votación a partir de los formularios E-14 de trasmisión resulta irregular y, 3. Si la falta de algunos pliegos impidió la posibilidad de la verificación, auditoría y control del proceso electoral. Bajo ese marco, en cuanto al caso en debate, dada la importancia de los mecanismos electorales y las disposiciones alegadas como desconocidas, es importante relacionar que el artículo 275, numerales 1 y 2 de la Ley 1437 de 2011, disponen: “Artículo 275.Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando: Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones…”.  En materia del cumplimiento de requisitos, la concepción genérica de la violencia para las dos causales se entiende como, el “hecho de un tercero que irrumpe a través de la fuerza, bien sea física o psicológica, en la integridad y en el orden natural del proceso eleccionario, atacando directamente a las personas o a las cosas que hacen parte de él”. Ese fenómeno se interpreta como una causa exógena que altera la corrección formal que se debe predicar de un acontecimiento tan significativo como la elección. En relación con las personas; esto es, nominadores, electores, autoridades electorales, se ha conceptuado la manera física o moral. “…Como violencia física se califica toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre las personas, mientras que la violencia sicológica corresponde a aquellos actos que puedan ocasionar un daño emocional, que disminuyan la autoestima, que perturben el libre desarrollo de la personalidad, que puedan producir descrédito, deshonra o menosprecio del valor personal o de la dignidad”. En cuanto a las cosas, para la configuración de los eventos de violencia debe existir una conducta dirigida a alterar, dañar u obstruir el correcto funcionamiento de los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones, por lo que los hechos fortuitos o conductas culposas que tengan como resultado tales afectaciones, no resultan suficientes para configurar un evento de violencia o sabotaje electoral en los términos del artículo 275.2 del CPACA. La Sección Quinta también ha sostenido que no basta demostrar la ocurrencia de hechos violentos, debe acreditarse que esos acontecimientos tuvieron entidad suficiente para afectar el resultado de la elección. Se debe verificar entonces: la existencia objetiva de la violencia (elemento cualitativo o aspecto objetivo); la afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo); y, la capacidad real de alterar el resultado electoral (elemento cuantitativo o aspecto consecuencial). En lo relacionado con la violencia contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones que pueda tener como efecto la anulación de un acto electoral, se exige “la acreditación de un elemento físico y de un elemento consecuencial”, los cuales, se refieren de manera objetiva a “…la ocurrencia del hecho y (…) la afectación de la situación concreta, como sería el resultado de la elección”. En efecto, el elemento cualitativo en materia de personas apunta a la acreditación de los actos de violencia propiamente dichos contra nominadores, electores o autoridades electorales y la afectación real de quien es violentado. En efecto, el elemento cualitativo en materia de personas apunta a la acreditación de los actos de violencia propiamente dichos contra nominadores, electores o autoridades electorales y la afectación real de quien es violentado. En elemento cuantitativo debe determinar la incidencia en el resultado de la votación bajo los presupuestos establecidos en el artículo 287 de la Ley 1437 de 2011 que preceptúa: “Para garantizar el respeto de la voluntad legítima mayoritaria de los electores habrá lugar a declarar la nulidad de la elección por voto popular, cuando el juez establezca que las irregularidades en la votación o en los escrutinios son de tal incidencia que de practicarse nuevos escrutinios serían otros los elegidos.” La cual debe ser interpretada de manera sistemática con el artículo 288 ejusdem, el cual señala que, en caso de declararse la nulidad del acto electoral por actos de violencia, se ordenará repetir la elección en toda la circunscripción electoral, cuando se afecte más del 25% por ciento de los ciudadanos inscritos en el censo correspondiente. En lo que hace a la violencia cosas, está sujeta a: i) la existencia de conductas violentas o de sabotaje voluntariamente dirigidas a afectar tales sistemas; y ii) la existencia de un resultado causalmente vinculado a tales conductas, que tenga como efecto la alteración o afectación del resultado de la elección. En concreto, los requisitos para la configuración de las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 275 del CPACA, tratándose de violencia contra las personas y los sistemas de información electoral, se pueden sintetizar de la siguiente manera: El hecho de un tercero atacando las personas que hacen parte del proceso eleccionario. El ataque se produce contra los nominadores, electores, autoridades electorales de forma física -daño por violencia- o moral -daño emocional-, o, contra los sistemas de información electoral. La acreditación efectiva de la violencia contra las personas o los sistemas -elemento cualitativo o aspecto objetivo-. La acreditación efectiva de la violencia contra las personas o los sistemas -elemento cualitativo o aspecto objetivo-. La acreditación efectiva de la afectación de la voluntad de quien es violentado -aspecto subjetivo-. Solo para personas. La acreditación efectiva de la alteración del resultado -elemento cuantitativo o consecuencial-. Tanto para personas como para sistemas de información. (i). Hecho violento de un tercero. Se acreditó que hubo retención de grupos al margen de la ley de algunas delegadas de mesa. La conducta violenta recayó sobre: Yolima Valencia Ocoró, delegada del corregimiento de Pete, a cargo de 2 mesas; Geobely Valencia Sinisterra, delegada de la comunidad de Santa Rosa, a cargo de una mesa; Carolina Ocoró Cuenú, delegada de la comunidad de Infi; Liada Mercedes Banguera Estacio, delegada de la comunidad de San Miguel de Infi; y, Ana Fernanda Carabalí Banguera, delegada de la comunidad de Soledad de Yantín. (ii). Afectación de la voluntad y/o la vulneración de la existencia física de los elementos electorales. Existen medios de convicción que permiten colegir que se presentó una retención ilegal -denuncia y certificación-. En referencia al material electoral, se acreditó la pérdida de los votos y los formularios E-14 claveros de las mesas ubicadas en los corregimientos de Infi, Sanmiguel de Infi, Soledad de Yantin, Pete y Santa Rosa de Saija. De lo anterior da cuenta las certificaciones de la Registradora Municipal encargada de Timbiquí, Cauca, expedidas el 8 de marzo y el 22 de julio de 2026, así como, la denuncia del personero de esa municipalidad, presentada ante la Fiscalía General de la Nación el 9 de marzo de 2026 y el formato único de noticia criminal de la misma fecha. Esos instrumentos probatorios en conjunto permiten colegir con certeza que los hechos y las conductas valoradas como violencia contra las personas asociadas al proceso electoral y, de manera directa contra el material electoral, acaecieron de forma cierta, por un lado, con la retención personal y, por el otro, con la sustracción de los documentos electorales, incluidas las papeletas, de las mesas Infi (1), Sanmiguel de Infi (3), Pete (3), Soledad de Yantin (1) y Santa Rosa de Saija (1). Aunque se sostiene que dicha situación impidió la verificación de los resultados electorales y configuró las causales previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, lo cierto es que, tal como lo explicó la Sala Electoral en la providencia que resolvió la solicitud de medida cautelar, si bien se presentó una pérdida efectiva de material electoral, concretamente de los votos y de los formularios E-14 claveros correspondientes a las mesas señaladas, esta circunstancia ocurrió durante la etapa de escrutinio, cuando el material electoral ya se encontraba bajo custodia de la autoridad electoral competente y algunos de esos documentos, especialmente los formularios E-14 de transmisión y de delegados, ya habían sido digitalizados. En consecuencia, la pérdida del material no se produjo durante la jornada de votación ni impidió de manera absoluta el cotejo o la verificación de la información electoral disponible. En consecuencia, la pérdida del material no se produjo durante la jornada de votación ni impidió de manera absoluta el cotejo o la verificación de la información electoral disponible. Sobre esto último, el escrito de denuncia efectuado por el personero municipal es claro en señalar que las personas afectadas, el 8 de marzo de 2026, día del certamen electoral, ya habían realizado el reporte de la información contenida en los formularios E-14. Los términos utilizados se corresponden con que “las afectadas informaron que el día 08 de marzo de 2026 ya se había realizado el reporte de la información contenida en los formularios E-14, correspondiente a las mesas a su cargo”. Lo propio quedó consignado el Formato Único de Noticia Criminal: “LOS FORMULARIOS E-14 NO FUERON SUSTRAÍDOS, YA QUE ESTABAN EN PODER PERSONAL DE LAS DELEGADAS Y LA INFORMACIÓN YA HABÍA SIDO REPORTADA EL DÍA ANTERIOR”. El Delegado Departamental del Registrador Nacional del Estado Civil en el Cauca se pronunció sobre esos hechos, dando cuenta del proceso de escrutinio diferenciado, según las posibilidades del material electoral con que se contaba. En primer lugar, hizo la exposición de las mesas sobre las cuales, pese a la sustracción del material electoral, se procedió con el respectivo escrutinio y se tuvieron en cuenta para la declaratoria de la elección. En segundo lugar, relacionó las mesas que fueron objeto de exclusión del proceso de escrutinio y, por ende, de base para el proceso de elección. Es decir, que se asumió por la Registraduría Nacional del Estado Civil que los documentos electorales relacionados con esas mesas de votación, entre ellos, los formulario E-17, no se entregaron a la respectiva Subcomisión Municipal, teniendo en cuenta que fueron objeto de sustracción por un grupo armado ilegal. Lo que en principio se traduce en pérdida de la cadena de custodia, pero sin afectación de resultados. Lo que en principio se traduce en pérdida de la cadena de custodia, pero sin afectación de resultados. Sobre el particular, es preciso relacionar que la Sala Electoral sobre la cadena de custodia ha trazado un criterio metódico y pacífico a partir de la interpretación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia; es decir, que no ha generado un criterio particular, sino que, ha sido auxiliada por el concepto desarrollado por el juez del ius puniendi. “Sea lo primero advertir que la Sala comparte y hace eco de las definiciones dadas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, a la cadena de custodia: “…es concebida como un conjunto de medidas que tienen como fin preservar la identidad o integridad de los elementos materiales probatorios o evidencia física y asegurar el poder demostrativo de la prueba...”. “…el procedimiento a través del cual se aplica la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino un medio a través del cual se busca asegurar la autenticidad del elemento probatorio o la evidencia física en el proceso penal, lo cual en ningún momento descarta que existan otros mecanismos para lograr esa finalidad…”. En cuanto al derecho normado, el artículo 254 del Código de Procedimiento Penal dispone al respecto: “Artículo 254. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos. La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente. La cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente. Parágrafo. El Fiscal General de la Nación reglamentará lo relacionado con el diseño, aplicación y control del sistema de cadena de custodia, de acuerdo con los avances científicos, técnicos y artísticos”. Bajo esas disposiciones, en palabras de la Sección Quinta, la cadena de custodia puede definirse como el procedimiento que se debe dejar demostrado cuando se busca proteger evidencia o materiales probatorios; es decir, es el registro debidamente realizado o si se quiere la constancia que debe dejarse de todo acto, entiéndase “identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio”, realizado con la prueba que se quiere presentar o hacer valer.”. Por consiguiente, se trata de una figura instrumental que busca garantizar la autenticidad, identidad e integridad de las actuaciones que se adelantan dentro de los procedimientos jurídicos de toda naturaleza, mediante el establecimiento de registros pormenorizados de las contingencias que se experimentan en aras de acreditar su probidad y, en definitiva, ofrecer la legitimidad que requiere el Estado para llevar a bien los cometidos que le han sido asignados. En ese sentido, como lo ha explicado la Sección, las medidas adoptadas con miras a la custodia de los documentos electorales no constituyen un fin en sí mismas, sino que tienen sentido en la medida en que con ellas se garantice la identidad de tales instrumentos desde el momento de su elaboración y en aquellos en que debe asegurarse la conservación de tal información y la fidelidad de su contenido. Por lo tanto, el interrogante teórico parte por establecer, ¿cuándo se trasgrede la cadena de custodia en materia electoral y resulta relevante? La respuesta la brinda la Sala especializada, al mencionar que, “la ruptura de la cadena de custodia de los pliegos electorales es relevante, en tanto, como consecuencia de ello, se vean alterados o manipulados dichos documentos: […] [V]alga aclarar, la ruptura de la cadena de custodia puede conducir a la nulidad de la elección, siempre que se demuestre que con ella se alteró el contenido de los pliegos electorales, con incidencia en el resultado electoral”. (Negrilla y subrayado fuera de texto). (iii). Para el caso, la pérdida de custodia de los documentos relacionados no resulta relevante desde la perspectiva consecuencialista, en el marco de las causales de nulidad 1 y 2 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, al menos por tres razones, en relación con la afectación de la voluntad y la alteración del resultado, como pasa a explicarse. (a). Sobre la acreditación efectiva de la afectación de la voluntad de quien es violentado -aspecto subjetivo-, se advierte que, no existe un medio de convicción que permita colegir que la retención ilegal de las personas asociadas a la autoridad electoral hubiera afectado la voluntad y, con ello, los resultados hubiesen mutado sobre la elección relacionada con la CITREP No. 9 de manera trascendental. Si bien el acto de violencia existió, no se advierte que esa causación genere incidencia en materia electoral que haga variar el orden eleccionario. 9 de manera trascendental. Si bien el acto de violencia existió, no se advierte que esa causación genere incidencia en materia electoral que haga variar el orden eleccionario. (b). En cuanto a la acreditación efectiva de la alteración del resultado -elemento cuantitativo o consecuencial-, tanto en lo relacionado con el personal como con el material electoral, es claro que los documentos relacionados con las mesas Infi (1), Sanmiguel de Infi (3), Pete (3), Soledad de Yantin (1) y Santa Rosa de Saija (1) se extraviaron, sin que ello impidiera generar un resultado como respeto a la eficacia del voto. El escrutinio permitió tener como válidos los votos relacionados en el formulario E-14 de Trasmisión, lo cual ha sido avalado por el Sala Electoral del Consejo de Estado en los siguientes términos: “Ahora, si bien es cierto la Sección Quinta del Consejo de Estado ha establecido que, en algunos casos, se debe dar mayor valor probatorio al formulario E-14 claveros, por ser el que goza de mayor cadena de custodia, al ser el que se introduce en el arca triclave y es la referencia para diligenciar el formulario E-24, lo cierto que dicho criterio no se traduce en que el E-14 Transmisión no tiene ningún valor probatorio a efectos de determinar la voluntad del electorado cuando se destruyó el E-14 claveros, como lo concluyó el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia del 16 de noviembre de 2021”. Por lo tanto, se concluye que el criterio jurisprudencial relativo a la cadena de custodia y al valor probatorio de los formularios E-14 de claveros y delegados presenta una mayor consistencia jurídica para garantizar la existencia de mecanismos idóneos que permitan analizar y verificar cualquier irregularidad derivada de diferencias en el número de votos. No obstante, ello no implica descartar que los formularios de transmisión, en determinados eventos, puedan ser valorados de manera conjunta como elemento complementario para los mismos fines. Pues, como bien se esgrimió en el auto que resolvió la medida cautelar, “esta Sala ha sido clara en señalar que la pérdida de algún ejemplar de los E-14 no imposibilita que la comisión escrutadora puede realizar su labor de consolidación, en tanto, son documentos oficiales con valor probatorio, debido a que, se encuentran suscritos por quienes deben dar fe de lo acaecido en la mesa de votación”. No se puede dejar de interpretar, por demás, que los documentos electorales de la jornada, en su totalidad, se debían introducir en el arca triclave por los claveros, en el término establecido por el artículo 144 del Código Electoral o en el horario que establezca mediante acto administrativo el registrador Nacional. Es claro que ese material para las mesas referenciadas no se introdujo en los términos considerados, por cuanto se extravió. Sin embargo, eso no implica que los sufragios debían ser excluidos del cómputo general de la votación, pues el artículo 192.7 del Código Electoral preceptuó que no acarreará la consecuencia referida cuando la demora se deba “a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por un funcionario público competente o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos”. De la valoración de los hechos se desprende con claridad que la sustracción del material electoral ocurrió en el marco de la retención involuntaria de varias delegadas de la Registraduría Nacional del Estado Civil por parte de integrantes de un grupo armado al margen de la ley, circunstancia que reviste las características propias de un evento imprevisible e irresistible, ajeno a la esfera de control de las afectadas y, por tanto, constitutivo de fuerza mayor. Pese a lo anterior, es importante destacar para el caso concreto que, solo dos mesas de Sanmiguel de Infi fueron excluidas del escrutinio, por cuanto el objeto de reclamación se sustentó, por un lado, en más votos que votantes y, por el otro, en enmendaduras y tachaduras. Se decidió desechar por caso fortuito y/o fuerza mayor, pues no se tenía el material electoral para proceder con el cómputo de las papeletas nuevamente. Es claro que el recuento devenía en una imposibilidad fáctica. La explicación quedó consignada en el Acta General de Escrutinio de Timbiquí, Cauca, así: En ese sentido, resulta indiscutible que, pese a la pérdida de custodia del material electoral correspondiente a las mesas de Infi, San Miguel de Infi, Pete, Soledad de Yantín y Santa Rosa de Saija, se acudió al formulario E-14 de Transmisión para validar los votos depositados en dichos puestos de votación, en garantía de los principios democrático y de eficacia del sufragio. En consecuencia, únicamente se excluyeron, tanto formal como materialmente, dos mesas de votación, debido a la imposibilidad de resolver las reclamaciones relacionadas con tachaduras y enmendaduras, así como con inconsistencias derivadas de la existencia de un mayor número de votos que de votantes. Con base en lo señalado, se tiene que la exclusión del escrutinio los votos de dos mesas, constituye una consecuencia que debe soportar no solo el demandante, sino cada uno de los aspirantes a la CITREP 9 en cuyo favor se depositaron votos, es decir, que no hubo afectación en contra de un candidato en particular. Lo anterior, considerado en su conjunto, no afectó ni limitó la posibilidad de ejercer las actividades de verificación, auditoría y control propias del proceso electoral. Por el contrario, los resultados pudieron ser contrastados y validados mediante el correspondiente formulario de Transmisión, documento que ostenta pleno valor probatorio al constituir uno de los tres ejemplares oficiales generados durante la etapa de escrutinio. En tal sentido, dicho instrumento representa un soporte documental idóneo y confiable para corroborar la información consignada en el proceso electoral, garantizando la trazabilidad, transparencia e integridad de los resultados obtenidos. Así, la existencia de este registro permitió realizar las comprobaciones necesarias y asegurar que los resultados reportados coincidieran con aquellos derivados del escrutinio oficial, preservando las garantías de control y fiscalización que rigen la función electoral. (c). Existe certeza global que el número de electores en relación con las mesas plurimencionadas ascendería a 488, lo que impide que se configure el componente cuantitativo de la anomalía denunciada; esto es, que la incidencia de tales circunstancias no alcanzó el 25 % de la votación válida, presupuesto necesario para disponer la realización de un nuevo proceso electoral. En efecto, el resumen de la votación para la CITREP 9, según el formulario E-26 CTP, arroja 29.921 votos válidos como total, por lo que, el número de 488 sufragios en juego no es representativo en relación con el 25% de votación para generar un nuevo proceso electoral. En porcentaje esos votos representan un 0.03%. En porcentaje esos votos representan un 0.03%. Así las cosas, de los elementos probatorios allegados al plenario en relación con los hechos de violencia ejercidos contra las funcionarias delegadas y el material electoral de las mesas ubicadas en los territorios de Infi (1), Sanmiguel de Infi (3), Pete (3), Soledad de Yantin (1) y Santa Rosa de Saija (1), no se advierte la configuración de las causales de nulidad previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que no se materializa el factor consecuencial exigido por la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para la prosperidad de dichos cargos. También se cuestiona: ¿si se le imprimió un trámite indebido a la reclamación de la señora Yelitze Amanda González Navarrete, en la medida en que no tuvo el mismo trato de la presentada por el señor Francisco Esteban Hurtado, cuanto fueron formuladas en los mismos términos? Sobre este particular, el análisis comparativo realizado por la Sala Electoral en la providencia mediante la cual negó la solicitud de medida cautelar resulta determinante para concluir que las peticiones perseguían objetos distintos, razón por la cual ameritaban decisiones diferentes. Además, en esta etapa procesal no existe elemento adicional, nuevo o externo que permita apartarse de la conclusión previamente adoptada por la Sección Especializada. Bajo esa introducción, resulta importante traer a colación el comparativo en los mismos términos y con el mismo diseño como criterio de valoración y de definición en lo que hace a la respuesta para el interrogante fijado. Bajo esa introducción, resulta importante traer a colación el comparativo en los mismos términos y con el mismo diseño como criterio de valoración y de definición en lo que hace a la respuesta para el interrogante fijado. Así, si bien ambos documentos coinciden en solicitar la exclusión de algunas mesas del municipio de Timbiquí debido a la pérdida del material electoral causada por la acción de grupos armados al margen de la ley, difieren en su fundamento principal. Mientras Yelitze Amanda González Navarrete pretende salvaguardar la cadena de custodia del material electoral y garantizar la verificación adecuada del escrutinio, Francisco Esteban Hurtado cuestiona la integridad de la documentación electoral disponible en la jurisdicción, al señalar la existencia de inconsistencias tales como errores aritméticos, tachaduras y enmendaduras. Lo anterior implica que no es posible sostener que tales asuntos debían tramitarse y decidirse de la misma manera, pues, se reitera, la sola constatación de la pérdida de algunos documentos electorales no conduce, por sí misma, a la exclusión de una determinada mesa de votación. Por el contrario, frente a este tipo de situaciones, la Sala ha admitido la declaratoria de elección con fundamento en los pliegos electorales que lograron preservarse, según se dejó decantado de manera precitada. En otras palabras, existió correspondencia entre lo solicitado por Francisco Esteban Hurtado y la causal de reclamación invocada con fundamento en el artículo 192 del Código Electoral, circunstancia que permitió la prosperidad de su reclamación. Distinta fue la situación de Yelitze Amanda González Navarrete, pues los supuestos fácticos planteados en su reclamación excedían el ámbito de aplicación de la causal prevista en la citada disposición normativa. Por último, se debe esclarecer si a pesar de que la comisión escrutadora 2 excluyó dos mesas de votación, tuvo en cuenta una para el cómputo final de la votación. Por último, se debe esclarecer si a pesar de que la comisión escrutadora 2 excluyó dos mesas de votación, tuvo en cuenta una para el cómputo final de la votación. Se ratifica lo valorado por la Sala Electoral en la providencia mediante la cual se dio inicio al presente proceso, en tanto obra en el expediente el formulario E-24 del municipio de Timbiquí, del cual se desprende que en las mesas 1 y 2 del corregimiento de San Miguel de Infi, -zona 99, puesto 40-, no se registró votación alguna, como se deriva de manera directa de dicho documento: Sobre el particular, resulta evidente que respecto de San Miguel de Infi, zona 99, puesto 40, mesas 1 y 2, la votación no fue contabilizada. En consecuencia, los argumentos expuestos carecen de fundamento suficiente para prosperar, por lo que la pretensión planteada no está llamada a tener vocación de éxito. 2.1.2. Caso Guapi En este caso se considera decantar diferentes acciones: Acción 1: Comprobar si en el corregimiento de la Soledad zona 99, puesto 27, mesa 01 no se tramitó la reclamación sobre la presunta suplantación de la jurado Leydi Góngora Riascos. En caso afirmativo, determinar si ello es una irregularidad y su incidencia en la elección. Sobre el particular, en el expediente obra escrito de fecha 12 de marzo de 2026, mediante el cual se presentó una “reclamación” correspondiente a la zona 99, puesto 27, mesa 001 del municipio de Soledad, dirigido a la Comisión Escrutadora de Guapi (Cauca). La petición se fundamentó en la presunta falsedad de la firma de una de las jurados de votación, Leidy Góngora Riascos, constando en el plenario la respectiva constancia de recibido. La petición se fundamentó en la presunta falsedad de la firma de una de las jurados de votación, Leidy Góngora Riascos, constando en el plenario la respectiva constancia de recibido. Dicha solicitud fue atendida de manera expresa por la Comisión Escrutadora, la cual concluyó que el motivo invocado no encuadraba dentro de las causales de reclamación legalmente previstas, conforme a lo dispuesto en el artículo 192 del Código Electoral, razón por la cual no accedió a lo solicitado. En efecto, las reclamaciones se pueden ser presentadas por primera vez ante las comisiones escrutadoras en virtud de las causales previstas en el artículo 192 del Código Electoral, entre las que se encuentran la falta de firmas mínimas de los jurados de votación en el formulario E-14 (numeral 3), la votación de más sufragantes que los autorizados en la mesa (numeral 5) y el error aritmético (numeral 11). Lo requerido no procedía, por cuanto no se trataba de dudas de la Comisión sobre lo hecho por los jurados, por tachaduras, enmendaduras o borrones en las actas del escrutinio de mesa, como tampoco, a solicitud de parte, teniendo como fundamento el artículo 164 del Código Electoral, de forma razonada, por diferencia del 10% o más entre los votos por listas del mismo partido para distintas corporaciones públicas y por tachaduras o enmendaduras en los nombres de los candidatos o los resultados de la votación. En consecuencia, no se daban elementos de hecho ni de derecho que sustentaran la procedencia de lo solicitado el 12 de marzo de 2026 para la zona 99, puesto 27, mesa 001 del municipio de Soledad. La circunstancia alegada por la reclamante no constituía una causal legal que habilitara dicha medida ni aportaba prueba suficiente que permitiera cuestionar la regularidad del proceso electoral desarrollado en esa mesa de votación, razón por la cual, la solicitud carecía de vocación de prosperidad. Inclusive, es preciso mencionar que lo realmente relatado obedece a una suplantación de jurado de votación, según la declaración extrajuicio número 17 del 12 de marzo de 2026, adelantada en la Notaría única del círculo de Guapi por Leidy Góngora Riascos. Ella manifestó haber sido designada como jurado de votación en el puesto de votación de Soledad, pero que no asistió a cumplir la función por la compleja situación de orden público, por presencia de grupos al margen de la ley. Adujó que, de forma previa, realizó un cambio de lugar con la compañera Sonia Ocoro que residía en La Soledad. Bajo ese marco, según quedó decantado en la providencia del 21 de mayo de 2026 dentro del presente radicado, se tiene que para predicar la nulidad de registros de una mesa de votación por la participación de jurados usurpadores debe acreditarse lo siguiente: (i) «Todos o la mayoría de los ciudadanos actuaron como jurados de votación usurpadores o suplantadores, evento en el cual los actos en que estos intervengan y los documentos que expidan no se pueden considerar públicos, por tanto, los registros electorales que contengan dichos documentos carecen de validez» (destacado fuera de texto). (ii) Para acreditar la existencia de jurados de votación usurpadores o suplantadores, le «corresponde al demandante la carga de la plena prueba que los jurados cuestionados ejercieron sus funciones sin que existiera autorización, es decir, que no fueron nombrados con anterioridad a las elecciones, ni el día de la elección por los funcionarios competentes» (subrayado fuera de texto). (iii) Adicionalmente debe constatarse, en virtud del parágrafo 2° del artículo 5 de la Ley 163 de 1994, es «que el acta de escrutinios, formulario E-14, carezca de la firma de por lo menos dos jurados de votación” (…) uno de los cuales debe ser debidamente nombrado y posesionado y el otro jurado de hecho». Llama la atención que para predicar la validez del acta de escrutinio debe verificarse la firma de al menos 2 jurados, respecto de los cuales la jurisprudencia de esta Sección ha destacado que al menos uno de ellos sea de derecho, con el propósito de reiterar que son los principales llamados a intervenir en los comicios con ocasión del debido nombramiento y posesión, de manera tal serán excepcionales los eventos en que deba recurrirse a los jurados de hecho, esto es, ciudadanos que si bien cuenta con la autorización de las autoridades electorales para actuar como tales, su nombramiento no quedó consignado en un acto administrativo escrito, llámese resolución o formulario E-2. (iv) En los casos en que se invoca la intervención de jurados sin el lleno de los requisitos legales asociada a la existencia de falsedad de los registros electorales, debe acreditarse «una relación de causalidad entre dicha intervención y la alteración material o ideológica de los registros electorales. En otros términos se requiere probar que los registros electorales fueron falseados o resultan contrarios a la verdad». Aunado, en virtud del principio de la eficacia legal del voto, en lo que hace a la intervención de los jurados usurpadores para que prospere la nulidad del acto de elección, debe constatarse que se modificó “la verdad electoral con la entidad cuantitativa suficiente para cambiar el resultado electoral”. La Sección Quinta del Consejo de Estado de manera reiterada y uniforme ha identificado los siguientes tipos de jurados: La Sección Quinta del Consejo de Estado de manera reiterada y uniforme ha identificado los siguientes tipos de jurados: “1) Jurado de derecho o de iure: son aquellos nombrados por las autoridades electorales correspondientes, y que se encuentran debidamente posesionados de conformidad con la ley; 2) Jurado de hecho o de facto: actúan como jurados en virtud de autorización o designación de la autoridad competente pero cuyo ejercicio no está precedido del cumplimiento de todas las formalidades legales como el nombramiento por escrito y la posesión y; 3) Jurados suplantadores o usurpadores: se predica esta condición respecto de aquellos que actúan sin habilitación alguna de las autoridades electorales competentes. Son particulares que se arrogan una dignidad y ejercen función pública contrariando el ordenamiento legal”. Lo acreditado permite establecer que Leidy Yajayra Góngora Riascos fue designada como jurado de votación para el corregimiento de La Soledad, zona 99, puesto 27, mesa 01, mediante la Resolución No. 01 del 23 de enero de 2026 por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Asimismo, en el mismo acto administrativo fue designada como jurado de votación Sonia Ocoro Moreno, para la zona 00, puesto 00, mesa 19, correspondiente al municipio de Guapi, Cauca. En consideración al acervo probatorio recaudado, se advierte que lo ocurrido correspondió a un intercambio de mesas y puestos entre Leidy Yajayra Góngora Riascos y Sonia Ocoro Moreno, toda vez que ambas fueron debidamente designadas como jurados de votación para las elecciones del Congreso de la República celebradas el 8 de marzo de 2026 por la autoridad electoral competente. De esta circunstancia se desprende que, tampoco puede predicarse la existencia de suplantación o usurpación de funciones, pues tales conductas se configuran respecto de personas que actúan sin habilitación alguna por parte de las autoridades electorales competentes. En otras palabras, se trata de particulares que, sin ostentar legitimación legal, se atribuyen una calidad o investidura pública y ejercen funciones estatales en contravención del ordenamiento jurídico. La condición de usurpador se predica de quien no está habilitado para actuar, y en este caso, tal autorización sí existió, según la Resolución del No. 01 del 23 de enero de 2026, por lo que no se puede hablar de usurpación o suplantación. Sumado a que, con base en ese intercambio de puestos y mesas, no se acreditó que se haya deformado la verdad electoral en relación con la entidad cuantitativa suficiente para trasformar el resultado eleccionario bajo cuestionamiento. Acción 2: Determinar si se tramitó la reclamación presentada por la señora Aura María Meza en la zona 99, puesto 29, mesa 002 de los Limones, por un presunto error aritmético en la sumatoria de los sufragios registrados para Evaristo Viveros Valencia y Yelitze Amanda González Navarrete y los de la lista del Consejo Comunitario Sanjoc parte Alta del Río Micay, lo que a juicio del demandante constituyó sabotaje contra los documentos electorales y desconoció el debido proceso. Sobre el particular, reposa en el plenario un escrito de reclamación de Aura María Meza en la zona 99, puesto 29, mesa 002 de los Limones, por un presunto error aritmético en la sumatoria de los sufragios registrados, con anotación al margen de recibido de la misma fecha, la cual fue objeto de respuesta en la misma fecha bajo la consigna de imposibilidad de trámite por haber sido presentada de manera extemporánea; esto es, por cuanto la mesa ya había sido escrutada. Los pormenores se concentran en los siguientes medios de prueba: esto es, por cuanto la mesa ya había sido escrutada. Los pormenores se concentran en los siguientes medios de prueba: En congruencia, verificada la Acta General de Escrutinio de la Comisión de Guapi, Cauca, se advierte que esa mesa fue objeto de escrutinio y de recuento de votos el 10 de marzo de 2026. Sobre el particular, las etapas para proceder con reclamaciones y saneamientos, según el criterio interpretativo dominante de la Sala Electoral, incluido el radicado traído a colación, son las siguientes: En ese sentido, dado que la mesa 002 del puesto 29 de la zona 99, Los Limones, objeto de la reclamación, fue sometida a escrutinio el 10 de marzo de 2026, mientras que la solicitud respectiva solo fue presentada el 12 de marzo de 2026, resulta evidente que esta se formuló de manera extemporánea. En consecuencia, la actuación de la Comisión Escrutadora no vulneró el derecho al debido proceso, toda vez que su decisión se sustentó en el vencimiento de la oportunidad procesal legalmente prevista para presentar dicho requerimiento. De forma adicional, se encuentra acreditado que la referida mesa fue objeto de recuento por parte de la Comisión Escrutadora, circunstancia que explica y justifica las eventuales diferencias registradas entre los formularios E-14 y E-24. El actor también hizo manifestaciones en relación con la existencia de un presunto sabotaje por no dar trámite a la reclamación. El actor también hizo manifestaciones en relación con la existencia de un presunto sabotaje por no dar trámite a la reclamación. Respecto de esta causal, la Sección Quinta ha explicado de manera recurrente que uno de los elementos característicos de éste consiste en que proviene de un tercero ajeno al proceso eleccionario (aspecto en el que guarda similitud con la violencia), a diferencia de lo que ocurre con (I) las circunstancias constitutivas de falsedad o (II) simples errores al diligenciar los documentos electorales, que en ambos eventos se atribuyen a las autoridades competentes y son circunstancias autónomas, la primera constitutiva de causal de nulidad y las segundas como causal de reclamación. Por lo tanto, el sabotaje no es un comportamiento atribuible a las autoridades electorales, sino que proviene de la actuación de un tercero ajeno al proceso electoral, en cuanto despliega maniobras furtivas con el propósito de alterar los registros electorales. En ese orden la actuación de los integrantes de la Comisión Escrutadora no se puede tomar como sabotaje y el demandante no aportó prueba alguna que acredite la supuesta maniobra subrepticia de terceros saboteadores. Acción 3: Verificar si la comisión escrutadora departamental declaró la elección sin que se hubiera leído el resultado del municipio. De ser positiva la repuesta, esclarecer si ello vulnera el debido proceso y la trasparencia administrativa. Sobre el particular, según el Acta General de Escrutinio Departamental CITREP No.09, Pacífico, el municipio de Guapi sí fue objeto de lectura. La trascripción se presenta en los siguientes términos: En consonancia, en el Acta General de Escrutinio para el Cauca también se relacionó la lectura correspondiente, tanto para Senado como para Cámara del municipio de Guapi. Siendo importante aclarar que el CITREP 9 obedece a una extensión de los corporados pertenecientes a la Cámara de Representantes. Siendo importante aclarar que el CITREP 9 obedece a una extensión de los corporados pertenecientes a la Cámara de Representantes. Eso permite concluir que la irregularidad alegada no se encuentra acreditada. En efecto, de los hechos expuestos se desprende que la Comisión Escrutadora Departamental declaró la elección con fundamento en la lectura de los resultados correspondientes al municipio de Guapi, razón por la cual no se evidencia vulneración alguna del debido proceso ni de los principios de transparencia de la administración electoral. Como corolario, tampoco se advierte incidencia en el resultado de la elección de la CITREP 9, Pacífico. Inclusive, en el evento hipotético de que no se hubiera dado lectura a la información correspondiente sobre el municipio de Guapi, aunque ello pudiera constituir una falencia en términos de transparencia del proceso, dicha circunstancia no se advierte con la entidad suficiente para distorsionar la realidad electoral. Lo anterior, por cuanto los documentos de los cuales se deriva el resultado de manera cuantitativa constituyen la fuente idónea, objetiva y verificable para sustentar o desvirtuar la validez de la elección. 2.1.3. Caso Buenaventura En relación con este municipio se debe determinar: Si la participación de los señores Jesús del Carmen Gamboa Lerma, en la zona 99, puesto 54, mesa de los Barcos y Alfonso Cuero Cuero, en la zona 99, puesto 56, mesa 001, como jurados de votación constituye algún conflicto de interés por presuntamente ser representante legal y presidente del consejo comunitario que postuló al demandado, respetivamente, y si ello afectó la trasparencia, independencia, moralidad y además, condujo a que el señor Rodríguez Canchimbo obtuviera una mayor votación. Para acreditar la eventual inconsistencia señalada, obran como m