Consulta (misional) C-73-2025 de 2026 — Concepto jurídico en torno a i) la autoridad disciplinaria competente para investigar a los comisarios de familia, inspectores de policía, auxiliares de la justicia y conciliadores en equidad; y la ca

COMISARIO DE FAMILIA-Concepto jurídico en torno a i) la autoridad disciplinaria competente para investigar a los comisarios de familia, inspectores de policía, auxiliares de la justicia y conciliadores en equidad; y la categoría de particulares disciplinables por las personerías municipales Bogotá, D. C., 22/01/2026 C-73 – 2025 SALIDA 22/01/2026 Doctor Juan Manuel Aristizábal Martínez Procurador provincial de instrucción del Valle de Aburrá Carrera 56ª 49ª-30 Medellín (Antioquia) jaristizabal@procuraduria.gov.co Ref.: Respuesta consulta rad. E-2025-382123 del 29/07/2025 (C-2025-4090898) Respetado doctor: En atención a la consulta de la referencia, mediante la cual se solicita la emisión de un concepto jurídico en torno a i) la autoridad disciplinaria competente para investigar a los comisarios de familia, inspectores de policía, auxiliares de la justicia y conciliadores en equidad; y ii) la categoría de particulares disciplinables por las personerías municipales, me permito manifestarle lo siguiente: Debe resaltarse que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.°, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 4.° del Decreto Ley 1851 de 2021, se suministrarán elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución de un caso particular y concreto. Pues bien, en cuanto al punto i), como esta Procuraduría Auxiliar ya se pronunció sobre la competencia para disciplinar a los comisarios de familia, se transcribe el concepto C- 51 – 2025, que inicia citando apartes del concepto C-130 – 2022: [C]abe empezar por recordar que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.° y 6.° de la Ley 2126 de 2021, las comisarías de familia son dependencias o entidades de carácter administrativo e interdisciplinario del orden municipal o distrital; por ende, dichas entidades forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público del municipio o distrito, y sus comisarios son servidores públicos del respectivo orden territorial. Ahora […], comoquiera que los artículos 2.° y 93 del Código General Disciplinario prevén que, sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la pgn, les corresponde a las oficinas de control disciplinario interno, en su condición de juez natural, conocer de los procesos que se adelanten contra los servidores públicos de sus dependencias, serán las ocid de los municipios o distritos las llamadas a conocer de los asuntos disciplinarios contra los comisarios de familia del orden correspondiente. En especial, respecto a la naturaleza de las comisarías de familia, cabe poner de presente que la Corte Constitucional reconoció que, aun cuando son autoridades de carácter administrativo, «en casos de violencia intrafamiliar, actúan en ejercicio de funciones jurisdiccionales, por lo cual tienen competencia para imponer medidas de protección a favor de las víctimas de actos de violencia intrafamiliar». Por su parte, en virtud de lo dispuesto en los artículos 2.° y 239 del Código General Disciplinario; y 55 y 56 de la Ley 2430 de 2024, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la competente para investigar a quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional. y 55 y 56 de la Ley 2430 de 2024, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la competente para investigar a quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional. Así las cosas, le corresponde a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial —y a sus seccionales— conocer de las faltas disciplinarias en que incurran los comisarios de familia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales; y a las oficinas de control disciplinario interno, salvo que la Procuraduría General de la Nación ejerza el poder preferente, cuando se trate de investigaciones asociadas a sus deberes administrativos. Frente a la competencia para disciplinar a los inspectores de policía y corregidores, se señala que, según los artículos 9.° y 10.° de la Ley 11 de 1986, 320 y 321 del Decreto 1333 de 1986, 41 de la Ley 1551 de 2012 y 205 de la Ley 1801 de 2016, son servidores públicos, cuyos cargos forman parte de la planta de personal de la administración municipal o distrital y dependen del respectivo alcalde. Aunado a ello, están catalogados como autoridades administrativas que de manera excepcional ejercen función jurisdiccional. Sobre el particular, resulta ilustrativo recordar que, en vigencia de los artículos 2.°, 3.°, 34-32, 69, 75 y 76 la Ley 734 de 2002 (cdu), y en armonía con lo establecido en los artículos 118, 209 y 277-6 de la Constitución Política, le correspondía a la Oficina de Control Interno Disciplinario (ocid) del ente territorial ejercer la potestad disciplinaria respecto de estos servidores, independientemente de la función que desempeñaran (administrativa o jurisdiccional), salvo que la Procuraduría General de la Nación (pgn) o la personería distrital o municipal, según el caso, ejercieran el poder preferente. Y aun cuando los artículos 111 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (leaj) y 193 del cdu le conferían a la jurisdicción disciplinaria (Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura —hoy Comisión Nacional de Disciplina Judicial—) la atribución de investigar a las personas que ejercían función judicial, en forma transitoria u ocasional, se concluyó que los funcionarios administrativos que cumplían funciones judiciales no se hallaban inmersos en ese supuesto fáctico. Pese a que con posterioridad surgieron modificaciones constitucionales y legales, dicho escenario competencial no varió porque, si bien en los artículos 2.° y 239 del Código General Disciplinario (cgd) se ampliaron las atribuciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (cndj), y sus seccionales, sobre las autoridades administrativas que desempeñan la función jurisdiccional, se estimó que esta función resultaba incompatible con las previstas en el artículo 257ª de la Constitución Política, pues allí solo se le otorgó la competencia para investigar a los servidores de la Rama Judicial (funcionarios y empleados), y a los abogados, en ejercicio de su profesión, y no se facultó al legislador para asignarle funciones adicionales. Sin embargo, fue la expedición de la Ley Estatutaria 2430 de 2024 y el estudio de exequibilidad de su artículo 55, los que permitieron i) reafirmar la competencia de la cndj y sus seccionales para disciplinar a quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional; y ii) precisar el sentido de la expresión “personas”, en el entendido de que incluye tanto a particulares como a autoridades administrativas. y ii) precisar el sentido de la expresión “personas”, en el entendido de que incluye tanto a particulares como a autoridades administrativas. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado concluyó que «actualmente es válido señalar que, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 2.° y 239 de la Ley 1952 de 2010, modificados por los artículo 1.° y 61, respectivamente, de la Ley 2094 de 2021, aunado a lo señalado por el artículo 56 de la Ley 2430 de 2024 (octubre 9), que modificó el artículo 112 de la Ley 270 de 1996, es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la competente para investigar disciplinariamente a quienes ejerzan función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional». Entonces, le corresponde a la cndj y a sus seccionales conocer de los procesos disciplinarios que se adelanten contra los inspectores de policía cuando incurran en faltas con ocasión del ejercicio de las funciones jurisdiccionales; y a la ocid del municipio o distrito, en virtud de la regla de competencia general (artículo 93 del cgd), conocer de los procesos contra los servidores de dichos entes territoriales, entre los cuales están los inspectores de policía y corregidores, respecto de las funciones administrativas, salvo que la pgn o las personerías ejerzan el poder preferente. Ahora, como en el concepto C-50 – 2025 se abordó la competencia para investigar a los auxiliares de la justicia, se extrae, a continuación, lo pertinente: [P]artiendo de la base de que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas transitorias, y con el fin de responder el interrogante competencial aquí planteado, resulta procedente tener en cuenta un momento definitorio (13 de enero de 2021), y varios escenarios constitucionales y legales, a saber: i) Antes del 13 de enero de 2021, y con base en los artículos 256 y 277 de la Constitución Política; 53 y 75 del Código Disciplinario Único; y 41 de la Ley 1474 de 2011, el criterio que definía la competencia entre la pgn y la jurisdicción disciplinaria para examinar la conducta y sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia era el tipo de función pública transitoria que apoyaban estos particulares. Así, la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y sus seccionales eran las competentes para investigar a los auxiliares de la justicia designados para apoyar la función judicial, y la pgn lo era respecto de aquellos que ejercían funciones administrativas públicas. ii) A partir del 13 de enero de 2021, en virtud de la reforma constitucional introducida por el Acto Legislativo 2 de 2015, que suprimió tácitamente el precitado órgano jurisdiccional, y en su lugar creó la cndj, se le atribuyeron a esta unas funciones disciplinarias taxativas en el artículo 257ª ibidem, dentro de las cuales no se encuentra la facultad del legislador para asignarle otras distintas a las ya relacionadas en la Constitución Política. Debido a ello, en su oportunidad, se estimó que la cndj y sus respectivas seccionales no tenían competencia disciplinaria en relación con los auxiliares de la justicia, pues si bien de la lectura armónica de los artículos 2.°, 63 parágrafo 2.° y 239 del Código General Disciplinario (cgd) se advierte que el legislador las facultó para ejercer la acción disciplinaria respecto de los auxiliares de la justicia, en su calidad de particulares disciplinables, esta atribución de competencia resultaba incompatible con lo dispuesto en el artículo 257ª constitucional. Sin embargo, fue la ampliación de las facultades de la jurisdicción disciplinaria, previstas en el artículo 55 de la Ley Estatutaria 2430 de 2024, la que permitió esclarecer que i) del contenido de los artículos 2.°, 63 parágrafo 2.° y 239 del cgd se extrae una regla especial de competencia sobre los particulares que administran justicia de manera excepcional, transitoria u ocasional; y ii) de los artículos 277 de la Constitución; y 69, 70 y 92 del cgd se desprende una regla general respecto de los particulares que ejercen función pública. En decir: como los auxiliares de la justicia ejercen función pública, más no jurisdiccional, son disciplinables por la pgn. Así las cosas, a partir del 13/01/2021, es la pgn la autoridad competente para conocer y tramitar los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de la justicia, sin perjuicio de que sean designados para apoyar la función judicial o la función administrativa. No obstante, en virtud de la regla especial de competencias de orden constitucional (artículo 257ª) los procesos que a esa fecha estaban siendo adelantados en contra de dichos auxiliares (de naturaleza jurisdiccional) por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del C. S. de la J. y sus seccionales, los continuarán conociendo, hasta su culminación, la cndj y sus seccionales. Por último, en cuanto a la competencia para disciplinar a los conciliadores en equidad, en el concepto C-103 – 2024, se indicó lo siguiente: Por último, en cuanto a la competencia para disciplinar a los conciliadores en equidad, en el concepto C-103 – 2024, se indicó lo siguiente: [D]e conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 de la Constitución Política; 8.° y 13 de la Ley 270 de 1996 (leaj), los conciliadores son particulares investidos de la función de administrar justicia de manera transitoria u ocasional. // Sumado a ello, los artículos 35 de la Ley 2220 de 2022; y 2.° y 239 del Código General Disciplinario (cgd) y 111 y 112 de la leaj consagran la competencia exclusiva que ostenta la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus seccionales para juzgar, en primera instancia, a los particulares que ejercen función jurisdiccional. Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente: Sobre el particular, la Corte Constitucional precisó lo siguiente: 1522. La competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre «quienes ejerzan la función jurisdiccional de manera excepcional, transitoria u ocasional» también es constitucional porque responde al artículo 116 superior, que habilita al ejercicio de la función judicial de carácter transitoria a determinadas autoridades administrativas y a los particulares, y el artículo 123, que señala que la ley determinará los regímenes aplicables a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. // 1523. En ese sentido, la definición de los sujetos disciplinables se encuentra dentro del amplio margen de configuración legislativa en la materia derivada de los artículos 150-2 y 150-23 de la Carta Política. En efecto, la definición de la competencia en los términos examinados no transgrede disposiciones constitucionales y no compromete garantías y derechos de los individuos. Sobre este punto, vale recordar que la Corte ha precisado que el «ejercicio de funciones públicas no puede estar despojado de los necesarios controles ni hallarse exento de las responsabilidades que en sí mismo implica», lo cual incluye el control jurisdiccional disciplinario que prevé la norma. De manera que si bien, «de acuerdo con el enunciado del artículo 257ª constitucional, se había concluido que, con posterioridad al 13 de enero de 2021, no le correspondía a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o a las comisiones seccionales conocer de nuevos procesos relacionados con presuntas faltas disciplinarias cometidas por particulares que administran justicia de manera permanente o transitoria, porque el artículo 257ª superior no los incluyó dentro de los sujetos disciplinados por esa Corporación y tampoco habilitó a la ley para atribuir nuevas competencias a la Comisión», en virtud de la expedición de la Ley 2430 de 2024, y su declaratoria de exequibilidad, esa interpretación quedó superada. Lo expuesto en precedencia, se sintetiza así: Lo expuesto en precedencia, se sintetiza así: Por otra parte, sobre el punto ii), la categoría de particulares disciplinables por las personerías municipales, se transcribe, in extenso, el concepto C-67 – 2024: [S]egún lo previsto en el artículo 118 de la Constitución Política, al ministerio público ―ejercido, entre otras autoridades, por los personeros municipales― le corresponde «la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas». Y de conformidad con lo indicado en los artículos 169, 178-4 y 181 de la Ley 136 de 1994, los personeros tienen la función disciplinaria respecto de los servidores públicos municipales. A su vez, los artículos 3.°, 83 y 86 del Código General Disciplinario prevén que las personerías distritales y municipales tendrán competencia preferente frente a la administración distrital o municipal; sin embargo, se precisa que esta no se ejercerá respecto del alcalde y de los concejales, pues a la pgn le fue asignada la competencia privativa de los servidores públicos de elección popular. Cabe precisar que, dentro de la estructura del Estado, se encuentra la Rama Ejecutiva del orden municipal o distrital (Administración local) conformada por i) El sector central: las secretarías de despacho y los departamentos administrativos; y ii) El sector descentralizado por servicios: - entidades adscritas como son los establecimientos públicos y las unidades administrativas especiales con personería jurídica; y – las entidades vinculadas tales como las empresas industriales y comerciales del estado, las sociedades de economía mixta, las empresas sociales del estado y las empresas de servicios públicos domiciliarios. y – las entidades vinculadas tales como las empresas industriales y comerciales del estado, las sociedades de economía mixta, las empresas sociales del estado y las empresas de servicios públicos domiciliarios. Con base en ello, la Corte Constitucional precisó que las contralorías y las personerías son órganos de control del nivel local que no forman parte de la administración municipal o distrital porque gozan de autonomía orgánica y financiera, y tienen una garantía institucional sobre su independencia, a fin de que puedan cumplir adecuadamente sus funciones. En esta misma línea, el Consejo de Estado indicó que esas personerías son competentes para investigar a los particulares cuando sus actuaciones guarden relación con el cumplimiento de funciones públicas por parte de la Administración del municipio o distrito. Así las cosas, la competencia disciplinaria de las personerías municipales y distritales se predica de quienes cumplen funciones públicas en la administración local; por ende, los personeros tienen poder preferente sobre los servidores públicos de la administración municipal o distrital, y sobre los particulares cuando sus actuaciones se relacionen con el cumplimiento de funciones públicas por parte de dicha administración. Se excluyen, por tanto, aquellos servidores públicos del ente territorial que no forman parte de la administración municipal o distrital; y los concejales, alcaldes y miembros de las juntas administradoras locales, principalmente, por ser spep. En especial, sobre los particulares disciplinables por las personerías municipales, el Consejo de Estado indicó lo siguiente: y los concejales, alcaldes y miembros de las juntas administradoras locales, principalmente, por ser spep. En especial, sobre los particulares disciplinables por las personerías municipales, el Consejo de Estado indicó lo siguiente: [L]as funciones de las personerías municipales están encaminadas a la vigilancia y control de quienes cumplen funciones públicas dentro del municipio o distrito, incluidos, por supuesto, particulares que ocasionalmente cumplan dichas funciones. // Así las cosas, una interpretación armónica entre los anteriores postulados [léase artículo 178, numerales 3, 4, 9 y 19 de la Ley 136 de 1994] y los contenidos en el nuevo Código General Disciplinario no pueden llevar a concluir que las personerías guardan competencia para investigar a cualquier particular que ejerza funciones públicas dentro del respectivo municipio o distrito. Se requiere que las actuaciones del particular disciplinable por las personerías guarden relación con el cumplimiento de la función pública por parte de la Administración del municipio o distrito. (Se resalta). Por consiguiente, las personerías municipales son competentes para investigar a los particulares cuando sus actuaciones se relacionen con el cumplimiento de funciones públicas por parte de la Administración territorial, salvo que la pgn ejerza el poder disciplinario preferente. Resta agregar que la contestación que antecede, expedida a instancia de quien consulta, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011 y 39 de la Resolución 330 de 2021. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO POR JAVIER CAMILO FERNÁNDEZ VELANDIA Procurador auxiliar para asuntos disciplinarios Proyectó xpgh C-73 – 2025 E-2025-382123 (C-2025-4090898) sujetos disciplinables | clase | tipo de funciones públicas que ejercen | autoridad disciplinaria competente Comisarios de familia | Servidores públicos | Administrativas | ocid pgn o personerías Comisarios de familia | Servidores públicos | Jurisdiccionales | cndj (y sus seccionales) Inspectores de policía | Servidores públicos | Administrativas | ocid pgn o personerías Inspectores de policía | Servidores públicos | Jurisdiccionales | cndj (y sus seccionales) Auxiliares de la justicia | Particulares | Administrativas | pgn Conciliadores | Particulares | Jurisdiccionales | cndj (y sus seccionales)