Concepto (misional) 110-2026 de 2026 — Se cuestiona su legalidad

NULIDAD ELECTORAL-De acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.25.006 del 4 de julio/2025 por el cual se designa director de Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena–CORMACARENA-periodo del 1º de enero/2024 al 31 de diciembre/2027 NULIDAD ELECTORAL-Tiene como fundamento que durante proceso electoral se ejercieron actos de violencia o presión sobre electores y concretamente amenazas dirigidas a Consejero Indígena y atribuyendo presión política sobre alcaldes del Consejo Directivo ACTO ADMINISTRATIVO-Se cuestiona su legalidad Se cuestiona la legalidad del Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.25.006 de 4 de julio de 2025, expedido por el Consejo Directivo de CORMACARENA, mediante el cual se designó a xxxxxx como director general para el periodo 2024-2027, por presunta infracción de las normas en que debía fundarse, violación del debido proceso y desviación de poder. Según la demanda, el acto desconoció disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, así como normas estatutarias y del acuerdo de convocatoria, debido a: (i) irregularidades en la citación a las sesiones de elección; (ii) inclusión de asuntos no previstos en la convocatoria, como recusaciones contra consejeros; (iii) trámite inadecuado de dichas recusaciones dentro del proceso de selección; (iv) falta de comunicación al Ministerio Público; y, (v) presunta injerencia indebida y violencia en la decisión de elección. CONDUCTA-Objeto de estudio encuadra en causal prevista en numeral 1 del art. 275 del CPCA CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES-Definición según regulación legal CONDUCTA-Objeto de estudio encuadra en causal prevista en numeral 1 del art. 275 del CPCA CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES-Definición según regulación legal La Ley 99 de 1993, define a las Corporaciones Autónomas Regionales como entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES-Facultad del Consejo Directivo de estas para elegir Director General de la Entidad y Director Encargado RECUSACIÓN-La inclusión del trámite de esta, convocada para la elección del Director Gral de Corporación, no constituyó irregularidad porque su resolución hizo parte del trámite electoral, siendo necesaria para adoptar con validez la elección CONVOCATORIA-Tanto en esta como en objeto de sesiones del Consejo Directivo de Corporación Autónoma Regional CORMACARENA no se configuró Irregularidad alguna En la convocatoria y en el objeto de las sesiones del Consejo Directivo no se configuró irregularidad alguna, toda vez que las sesiones del proceso electoral fueron convocadas con fundamento en los reglas estatutarias y los mandatos de optimización de trasparencia y publicidad que regulan las reuniones extraordinarias, con precisa indicación de su finalidad y dentro del marco competencial del Consejo Directivo, en estricto acatamiento del procedimiento previsto para su citación y desarrollo. ACTO ADMINISTRATIVO-Se solicita ser negada declaratoria de nulidad de este por medio del cual se designó al Director de CORMACARENA para el período de 1 de enero de 2024 a 31 de diciembre de 2027 Bogotá D.C., 26 de mayo de 2026 Concepto No. 2025-05-NE-110 Doctor OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ Magistrado Ponente Consejo de Estado-Sección Quinta E. S. D. EXPEDIENTE: 11001-03-28-000-2025-00140-00 (Principal). 11001-03-28-000-2025-00141-00. 11001-03-28-000-2025-00142-00 MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL DEMANDANTE: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y OTROS DEMANDADO: JHORMAN JULIÁN SALDAÑA – DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA (CORMACARENA), PERIODO 2024-2027 ASPECTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN: IRREGULARIDADES PROCESALES Respetado Magistrado: Dentro de la oportunidad correspondiente, presento el concepto del Ministerio Público en el trámite del proceso de la referencia, en el que se discute si el Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.25.006 del 4 de julio de 2025 «por medio del cual se designa al director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA-para el periodo institucional del 1º de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027», se encuentra viciado de nulidad. ANTECEDENTES Hechos El 19 de septiembre de 2024, la Sección Quinta el Consejo de Estado, declaró la nulidad del Acuerdo No. PS.GJ.1.2.42.2.23.033 del 12 de diciembre de 2023, por medio del cual se eligió a JHORMAN JULIÁN SALDAÑA como director general de CORMACARENA para el período 2024-2027. El 10 de octubre de 2024, la Sala Electoral, mediante auto, negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia, y precisó que, conforme a la regla de unificación jurisprudencial, la entidad debía retomar el trámite electoral desde el momento inmediatamente anterior a la irregularidad, en tanto se tenía certeza de que la actuación previa no estaba viciada. Mediante el Acuerdo No. PS-GJ 1.2.42.2.24.009 del 5 de noviembre de 2024, el Consejo Directivo, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala Electoral del Consejo de Estado, reanudó la actuación administrativa para la elección del director general de CORMACARENA a partir de la etapa 7 del artículo 5 del Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.23.011 del 11 de agosto de 2023, correspondiente a la verificación de requisitos de los aspirantes por parte de la Comisión de Apoyo del Consejo Directivo. El 12 de junio de 2025, en reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Cormacarena, dentro del punto cinco (5) de la orden del día aprobada, se analizaron las recusaciones e impedimentos presentados hasta ese momento. El 12 de junio de 2025, en reunión extraordinaria del Consejo Directivo de Cormacarena, dentro del punto cinco (5) de la orden del día aprobada, se analizaron las recusaciones e impedimentos presentados hasta ese momento. Mediante el Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.25.-003 del 20 de junio de 2025, se levantó la suspensión y se reanudó el proceso de elección del Director General de CORMACARENA para el período restante 2024-2027; en consecuencia, se modificó el cronograma y se integró la comisión de apoyo, conforme al Acuerdo GP.1.2.42.2.23.011 del 11 de agosto de 2023, con el fin de realizar la elección el 4 de julio de 2025 en sesión extraordinaria. El 4 de julio de 2025, se eligió a JHORMAN JULIÁN SALDAÑA como como director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial la Macarena - CORMACARENA, para el período institucional que culmina el 31 de diciembre de 2027, con 8 votos a favor. Contra la elección precitada el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible interpuso acción de nulidad por eventuales irregularidades procesales. Mediante auto del 13 de febrero de 2026 se decretó la acumulación de los procesos 11001-03-28-000-2025-00140-00, 11001-03-28-000-2025-00141-00 y 11001-03-28-000-2025-00142-00 Mediante auto del 24 de marzo de 2026, se dispuso el trámite de sentencia anticipada y corrió traslado para alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público. 1.2. Cargos de la demanda Radicado 11001-03-28-000-2025-00140-00 1.2. Cargos de la demanda Radicado 11001-03-28-000-2025-00140-00 El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicitó la nulidad del Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.25.006 del 4 de julio de 2025, que designó a Jhorman Julián Saldaña como Director General de Cormacarena para el periodo 2024–2027, por violación de las normas aplicables, desconocimiento del debido proceso y desviación de poder. Sostuvo que en las sesiones extraordinarias del 2 y 4 de julio de 2025 se resolvieron recusaciones no incluidas en el orden del día ni en el cronograma aprobado, en contravía del artículo 32 del Acuerdo 004 de 2022, que limita esas sesiones a los asuntos expresamente convocados. A su juicio, ello vulneró los principios de legalidad, transparencia y debido proceso. También afirmó que el Consejo Directivo incumplió los requisitos legales y estatutarios de convocatoria, al no citar formalmente ni remitir la documentación previa exigida, con desconocimiento del artículo 40, literal a), del Acuerdo 004 de 2022. Añadió que las recusaciones que debían resolverse en la sesión del 12 de junio de 2025 no fueron decididas oportunamente, en violación del artículo 12 del CPACA y de lo ordenado por el Consejo de Estado en la sentencia del 19 de septiembre de 2024, radicado 11001-03-28-000-2024-00094-00, que exigió su trámite conforme a los estatutos y no como simples derechos de petición. Señaló además que en esa sesión se modificó el orden del día para estudiar solo algunas recusaciones, excluyendo aquellas relacionadas con la representante de la Presidencia de la República, lo que, a su juicio, desconoció los principios de publicidad y transparencia. Igualmente, sostuvo que en la sesión del 12 de junio de 2025 participaron ocho miembros recusados del Consejo Directivo, pese a que el parágrafo 3 del artículo 52 del Acuerdo 004 de 2022 dispone que, si las recusaciones afectan el quórum, estas deben ser resueltas por la Procuraduría General de la Nación. En su criterio, esa omisión comprometió la legalidad del proceso electoral. Finalmente, indicó que la participación de miembros recusados e impedidos alteró el quórum legal y decisorio exigido para la elección válida del director general, en desconocimiento del artículo 35 de los estatutos, que exige mayoría absoluta de los miembros habilitados. Radicado 11001-03-28-000-2025-00141-00 La parte demandante solicitó la nulidad del Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.25.006 del 4 de julio de 2025, por infracción de las normas en que debía fundarse. Al respecto, sostuvo que el Consejo Directivo de Cormacarena no adelantó la convocatoria pública ni reinició el procedimiento de elección conforme a los estatutos de la entidad. Asimismo, afirmó que no se comunicó a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios el Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.25.003 del 20 de junio de 2025, mediante el cual se reinició el proceso de elección del director general de Cormacarena, pese al seguimiento preventivo ordenado en el Auto No. 24 del 8 de septiembre de 2023. 24 del 8 de septiembre de 2023. Finalmente, aseguró que, en el trámite de las recusaciones formuladas contra miembros del Consejo Directivo, se desconoció el artículo 53 de los estatutos corporativos (Acuerdo 004 de 2022), debido a que no se suspendió el procedimiento y se resolvió la recusación formulada contra la representante legal de Asocolonos sin que esta manifestara si aceptaba la causal invocada. En consecuencia, los votos emitidos por los recusados carecerían de validez, lo que, a su juicio, vicia la elección por ausencia de la mayoría absoluta exigida. Radicado 11001-03-28-000-2025-00142-00 La parte demandante sostiene que el acto acusado está viciado por infracción de las normas en que debía fundarse. Por ello, afirma que el acto fue expedido de manera irregular, en tanto el Consejo Directivo reanudó un procedimiento previamente anulado por sentencia del 19 de septiembre de 2024, en lugar de iniciar uno nuevo, con desconocimiento del artículo 137 del CPACA y del principio de legalidad. Añade que varias recusaciones formuladas contra miembros del Consejo Directivo no fueron resueltas ni remitidas a la Procuraduría General de la Nación y que, pese a ello, algunos consejeros intervinieron en las deliberaciones y decisiones, lo que afectó el cuórum y la validez de la elección. Alega también que el demandado obtuvo apoyos dentro del Consejo Directivo mediante el uso irregular de la facultad nominadora y contractual, con el propósito de asegurar un resultado electoral predeterminado, y que la actuación se surtió sin la intervención de la Procuraduría General de la Nación, en contravía de los artículos 117 y 118 de la Constitución y de los estatutos internos. Igualmente, sostiene que durante el proceso se ejercieron actos de violencia o presión sobre los electores, en particular, las amenazas dirigidas al consejero indígena Mitchel Castillo, lo que comprometió la libertad del voto. Del mismo modo, atribuye a la gobernadora del Meta una presión política sobre los alcaldes integrantes del Consejo Directivo, conducta que, a su juicio, encuadra en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 275 del CPACA. Finalmente, afirma que Jhorman Julián Saldaña no acreditó la experiencia ambiental específica exigida por el artículo 42 de los estatutos de CORMACARENA, por lo que su elección estaría viciada, conforme al numeral 5 del artículo 275 del CPACA. 1.3. Fijación del litigio Con fundamento en los hechos y normas invocadas por el demandante en su escrito, el señor consejero ponente mediante proveído del 24 de marzo de 2026, luego de precisar que las excepciones presentadas por el demandado se enmarcaban en las de mérito cuyo estudio se hará en el fallo, fijó el siguiente problema jurídico para resolver el litigio: “4. De la fijación del litigio 52. Con base en los argumentos esbozados en las demandas y en las contestaciones, se debe establecer si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del señor Jhorman Julián Saldaña como director general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena- Cormacarena para el periodo institucional del 1.º de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027, contenido en el Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.25.006 de 4 de julio de 2025 proferido por el Consejo Directivo de Cormacarena. PS-GJ.1.2.42.2.25.006 de 4 de julio de 2025 proferido por el Consejo Directivo de Cormacarena. 53. Para tal efecto, deberá analizarse si el acto acusado incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse (artículo 32, 40 literal A del Acuerdo 004 de 2022), expedición irregular y desviación de poder, para lo cual se evaluará si se citaron con la debida antelación a los miembros del Consejo Directivo de Cormacarena para las sesiones dentro del proceso de elección cuestionado, y si se introdujeron temas ajenos a la convocatoria a las sesiones al analizarse dentro de las mismas las recusaciones en contra de los consejeros. 54. De igual manera, corresponderá estudiar si hubo irregularidades en el trámite y decisión de las recusaciones (violación a los artículos 52 y 53 del Acuerdo 004 de 2022 y 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011) en cuanto a la presunta participación de consejeros recusados en tales decisiones, y por falta de trámite de algunas de estas actuaciones que fueron rechazadas por no cumplir los requisitos legales. 55. Adicionalmente, deberá evaluarse si se desconocieron los artículos 29, 83, 126 de la Constitución, 12 de la Ley 1904 de 2018 y 1.2.5.1.1 del Decreto 1768 de 1994 o si configuró un yerro en cuanto a presunta falta de comunicación al Ministerio Público sobre el reinicio del proceso de elección objeto de cuestionamiento y la ausencia de este dentro del mismo; así como por optarse por reanudar el trámite en vez de iniciar uno nuevo ante la declaratoria de nulidad de la elección para ese mismo periodo, realizada por la Sección Quinta del Consejo de Estado dentro del expediente 11001-03-28-000-2024-00094-00. 56. Finalmente, se deberá establecer si el demandado tuvo influencia para que algunos consejeros votaran a su favor para ser designado en el cargo objeto de demanda, y si ejerció violencia en contra de unos miembros del Consejo Directivo de Cormacarena para el mismo efecto”. Traslado para alegar de conclusión Como se indicó, en la precitada providencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 182A, numeral 1, del CPACA, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, se fijó el litigio, se dio aplicación a la figura de la sentencia anticipada, se incorporaron los medios de prueba allegados por los sujetos procesales y se procedió a correr traslado a las partes para alegar de conclusión por escrito, de conformidad con lo previsto en el inciso final del artículo 181 de la Ley 1437 de 2011, razón por la cual, se procede a rendir el concepto correspondiente. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 2.1. Problema Jurídico Le corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si el Acuerdo PS-GJ.1.2.42.2.25.006 del 4 de julio de 2025 «por medio del cual se designa al director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA-para el periodo institucional del 1º de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027», se encuentra viciado de nulidad. Para ello, el Ministerio Público efectuará algunas consideraciones sobre (i) la competencia del Consejo Directivo de las corporaciones autónomas para elegir director general y (ii) analizará los fundamentos de la demanda en el presente caso, según la fijación del litigio. 2.1.1. De la facultad del Consejo de Directivo de las Corporaciones Regionales Autónomas para elegir director general de la entidad y director encargado 2.1.1. De la facultad del Consejo de Directivo de las Corporaciones Regionales Autónomas para elegir director general de la entidad y director encargado La Ley 99 de 1993, define a las Corporaciones Autónomas Regionales como entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente. Las corporaciones autónomas tienen tres órganos principales de dirección y administración (artículo 24): la Asamblea Corporativa; el Consejo Directivo y el director general (artículo 2.2.8.4.1.14 del Decreto 1076 de 2015). La Asamblea Corporativa se define como el principal órgano de dirección, cuyas funciones son: elegir algunos miembros del Consejo Directivo; designar el Revisor Fiscal; conocer y aprobar el informe de gestión; conocer y aprobar las cuentas de resultados; adoptar los Estatutos de la Corporación y sus reformas; las demás que le asigne el reglamento (artículo 25). El Consejo Directivo se define como el órgano de administración de la Corporación (artículo 26), cuyas funciones son: proponer a la Asamblea Corporativa la adopción de los estatutos y sus reformas; determinar la planta de personal; disponer la participación de la Corporación en la constitución de sociedades o asociaciones; dictar normas adicionales a las legalmente establecidas sobre el estatuto de contratación; disponer la contratación de créditos; determinar la estructura interna de la Corporación; aprobar la incorporación o sustracción de áreas; autorizar la delegación de funciones: aprobar el plan de actividades y el presupuesto; nombrar o remover al director general de la corporación (artículo 27). El Consejo Directivo de las corporaciones autónomas se debe integrar por: un gobernador o los gobernadores de los departamentos sobre cuyo territorio ejerza jurisdicción la Corporación Autónoma Regional, o su delegado o delegados. El gobernador lo debe presidir; un representante del Presidente de la República; un representante del Ministro del Medio Ambiente; hasta cuatro alcaldes de los municipios comprendidos dentro del territorio de la jurisdicción de la Corporación, elegidos por la Asamblea Corporativa, para períodos de un año por el sistema de cociente electoral, de manera que queden representados todos los departamentos o regiones que integran la Corporación (artículo 2.2.8.4.1.18 del Decreto 1076 de 2015); 2 representantes del sector privado por cuatro años (artículo 1, Ley 1263 de 2008); un representante de las comunidades indígenas o etnias tradicionalmente asentadas en el territorio de jurisdicción de la Corporación, elegido por ellas mismas por cuatro años (artículo 1, Ley 1263 de 2008); 2 representantes de las entidades sin ánimo de lucro, que tengan su domicilio en el área de jurisdicción de la Corporación y cuyo objeto principal sea la protección del medio ambiente y los recursos naturales renovables, elegido por ellas mismas por el término de 4 años (artículo 1, Ley 1263 de 2008). El director general, es el representante legal de la corporación y su primera autoridad ejecutiva, designado por 4 años por parte del Consejo Directivo (artículo 1, Ley 1263 de 2008), al cual se asignan las siguientes funciones: Coordinar y controlar las actividades de la entidad; cumplir y hacer cumplir las decisiones y acuerdos del Consejo Directivo; presentar a estudio y aprobación del Consejo Directivo los planes y programas que se requieran para el desarrollo del objeto de la Corporación; presentar a aprobación del Consejo Directivo los proyectos de Reglamento Interno; ordenar los gastos y celebrar contratos; constituir mandatarios o apoderados; delegar en funcionarios el ejercicio de algunas funciones, previa autorización del Consejo Directivo; presentar al Consejo Directivo los informes que le sean solicitados sobre la ejecución de planes y programas de la Corporación, y las demás que le asignen los estatutos de la Corporación (artículo 29). El proceso de elección de los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales se debe realizar por el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional respectivo (artículo 28, parágrafo). Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia C-1345 de 4 de octubre de 2000, al resolver una demanda de inconstitucionalidad contra la posibilidad de reelección del director general de las Corporaciones Autónomas, señaló sobre la naturaleza del cargo y la competencia de su elección: “Ahora bien, existen cargos que en principio caben dentro de la categoría de los de libre nombramiento y remoción, pero que sin embargo el legislador ha querido que sean de período fijo, lo que implica que el retiro antes de que éste haya terminado, está supeditado a las causales que para el efecto fije la ley y no a la mera voluntad discrecional del nominador; ese es el caso de los directores generales de las Corporaciones Autónomas Regionales, cargo que por decisión del legislador le corresponde proveer al consejo directivo de dichas entidades, para un período de tres años, y respecto del cual se autoriza la reelección”. Esta postura fue acogida por el Consejo de Estado, en el entendido que la Ley 99 de 1993 contiene las normas que reglamentan la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales, entre las cuales se encuentra la conferida al Consejo Directivo para el nombramiento del respectivo director, sin que se le haya impuesto a aquél un procedimiento o método específico para la correspondiente designación. Sumado a lo anterior, el Decreto 1076 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, contiene algunas normas que regulan la materia. Sumado a lo anterior, el Decreto 1076 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible”, contiene algunas normas que regulan la materia. El artículo 2.2.8.4.1.21. del Decreto 1076 de 2015 estableció las calidades que debe acreditar el Director General de una Corporación Autónoma, esto es: título profesional universitario; título de formación avanzada o de posgrado, o, tres años de experiencia profesional; experiencia profesional de 4 años adicionales a los de experiencia general, de los cuales por lo menos uno debe ser en actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables o haber desempeñado el cargo de director general de corporación y, tarjeta profesional en los casos reglamentados por la ley. Igualmente, el artículo 2.2.8.4.1.22, Ibidem, reafirmó que el Director General de las Corporaciones debe tener como período en el cargo 4 años, tiene calidad de servidor público sujeto al régimen de la Ley 99 de 1993 y podrá ser removido por el Consejo Directivo, en los siguientes casos: por renuncia regularmente aceptada; por supresión del empleo de conformidad con la ley; por retiro con derecho a jubilación; por invalidez absoluta; por edad de retiro forzoso; por destitución; por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo; por vencimiento del período para el cual fue nombrado; por orden o decisión judicial y por incumplimiento de su “plan de acción” cuando así lo establezca el consejo directivo por mayoría de las dos terceras partes de sus miembros. También dejó expreso que al director general se le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley. También dejó expreso que al director general se le aplicará el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la ley. Finalmente, el artículo 2.2.2.1.1 del Decreto 1083 de 2015 señala que, el título 2 sobre “Funciones y requisitos generales para los empleos públicos de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del orden nacional”, de dicho compilado normativo, rige para las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible. Se destaca de dicha regulación que, el artículo 2.2.2.2.1., Ibidem, dispone que el nivel directivo de las entidades reguladas, entre otras funciones, tiene la facultad de “Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes”.  Lo que se interpreta como una remisión para hacer efectiva la aplicación de todas las disposiciones normativas que tengan relación con la administración de personal y situaciones administrativas de los empleados públicos de las entidades. Es decir, que el nivel directivo de las Corporaciones Autónomas Regionales puede hacer uso de todas las disposiciones normativas vigentes, en tratándose de la administración de personal y situaciones administrativas de sus servidores públicos. Sobre el particular, téngase en cuenta lo dispuesto en la Ley 909 de 2004 y el capítulo 5 y siguientes del Decreto 1083 de 2015 sobre la administración de personal y las situaciones administrativas de los empleados públicos. Del anterior recuento normativo se desprenden las siguientes conclusiones para esta Agente del Ministerio Público. i). El Consejo Directivo órgano de dirección y administración de las Corporaciones Autónomas Regionales, es el único legitimado por el Legislador para elegir al director general de dichas entidades. ii). La única restricción que ha impuesto el Legislador para la elección del director general de es que se deba realizar por el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional respectivo. ii). La única restricción que ha impuesto el Legislador para la elección del director general de es que se deba realizar por el Consejo Directivo en el trimestre inmediatamente anterior al inicio del período institucional respectivo. Entiende el Ministerio Público que la teleología de esta disposición es que el Consejo Directivo saliente, designe al director general de las corporaciones y, en ese orden, esta elección no dependa de la decisión de los nuevos gobernadores y alcaldes que tienen asiento en aquellas, pues estos servidores serán sujetos de control por la entidad ambiental y, por tanto, pueden tener un interés directo en la designación del titular de este cargo. iii). El Consejo Directivo, en todo caso, en lo que concierne a nombrar, remover y administrar el personal, podrá utilizar todas las disposiciones legales vigentes. 2.1.2. Del caso concreto Con fundamento en los parámetros expuestos, se procederá a dar cuenta en puntos de orden a los interrogantes planteados en la fijación del litigio. 2.1.2.1. Sobre las causales genéricas de anulación 2.1.2.1. Sobre las causales genéricas de anulación Se cuestiona la legalidad del Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.25.006 de 4 de julio de 2025, expedido por el Consejo Directivo de CORMACARENA, mediante el cual se designó a JHORMAN JULIÁN SALDAÑA como director general para el periodo 2024-2027, por presunta infracción de las normas en que debía fundarse, violación del debido proceso y desviación de poder. Según la demanda, el acto desconoció disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, así como normas estatutarias y del acuerdo de convocatoria, debido a: (i) irregularidades en la citación a las sesiones de elección; (ii) inclusión de asuntos no previstos en la convocatoria, como recusaciones contra consejeros; (iii) trámite inadecuado de dichas recusaciones dentro del proceso de selección; (iv) falta de comunicación al Ministerio Público; y, (v) presunta injerencia indebida y violencia en la decisión de elección. De la convocatoria y del objeto de las sesiones del Consejo Directivo Argumentan los demandantes que no se citó formalmente a los miembros del Consejo Directivo para cada una de las sesiones del proceso de elección, desconociendo lo establecido en el artículo 40, literal a), del Acuerdo 004 de 2022. El Acuerdo 004 de 2022, “Por medio del cual se compilan en una única norma los Estatutos de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA, contenidos en el Acuerdo 001 de 2009, modificados por el Acuerdo 003 de 2002”, dispuso en sus artículos 30, 31, 32, 34, 35 y 36 lo siguiente: “ARTÍCULO 30. REUNIONES. Las sesiones del Consejo Directivo serán ordinarias o extraordinarias, se efectuarán en la sede principal de la Corporación o donde lo determine el Consejo Directivo, y su convocatoria deberá ser enviada a los correos electrónicos que para el efecto informe cada integrante del Consejo Directivo, así como publicada en la página web de la entidad para el conocimiento del público general. PARÁGRAFO PRIMERO: Las reuniones ordinarias o extraordinarias del Consejo Directivo se desarrollarán de forma presencial. Sin embargo, a solicitud previa del integrante del Consejo Directivo, podrá permitirse la participación de éste en la sesión, a través de los medios tecnológicos correspondientes, y deberá dejarse constancia de la justificación en la correspondiente Acta de la sesión celebrada. PARÁGRAFO SEGUNDO: A las reuniones del Consejo Directivo asistirá el Director General con voz, pero sin voto, y aquellas personas que el Consejo Directivo determine cuando considere que los temas a tratar lo requieren… ARTÍCULO 31. SESIONES ORDINARIAS. El Consejo Directivo se reunirá al menos una vez cada tres (3) meses previa convocatoria que haga el Presidente del Consejo directivo o en su defecto, el Director General de la Corporación o el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces o la mayoría de sus miembros con antelación no inferior a cinco (5) días calendario. En las sesiones ordinarias se podrá tratar cualquier asunto de los que legal y estatutariamente corresponde. ARTÍCULO 32. SESIONES EXTRAORDINARIAS. Las sesiones extraordinarias del Consejo Directivo, podrán ser convocadas en cualquier tiempo por el Presidente del Consejo, por tres (3) miembros del mismo o por el Director General de la Corporación, con antelación no inferior a cuatro (4) días calendario. Quienes convoquen a sesiones extraordinarias, deberán indicar en la convocatoria los motivos de la citación y los asuntos que serán sometidos a consideración. En el Consejo Extraordinario sólo se podrán tratar los temas para el cual fue convocado. PARÁGRAFO: En los siguientes casos, el Presidente del Consejo Directivo, tres (3) miembros del mismo o el Director General de la Corporación, podrán convocar a sesión extraordinaria, en un término inferior al previsto normalmente para este tipo de sesiones: Para atender requerimientos de orden judicial. Cuando se presente una situación administrativa con el Director General, que no era previsible, y que obligue a designar un Director Ad Hoco en encargo (licencia por enfermedad, licencia por luto u otra de carácter excepcional justificada) ARTÍCULO 34. QUÓRUM. Constituye quórum para deliberar y decidir válidamente, la presencia de la mitad más uno de los miembros del Consejo Directivo, para el caso de trece (13) miembros, constituye quórum la presencia de siete (/) miembros del Consejo Directivo. ARTÍCULO 35. DECISIONES Y MAYORIAS. Las decisiones del Consejo Directivo se adoptarán con el voto favorable de más de la mitad de los asistentes, siempre que haya quórum para deliberar y decidir. La elección del Director General requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes del Consejo Directivo, entendida esta como la mitad más uno de sus miembros. ARTÍCULO 36 SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO: El Consejo Directivo podrá deliberar, votar y decidir en sesión virtual, utilizando los medios electrónicos idóneos y dejando constancia de lo actuado por este medio. En todo caso, es deber de la Corporación permitir la comparecencia física de los integrantes del Consejo Directivo al lugar donde se realice la reunión virtual. De modo que la decisión de comparecer a las sesiones de forma presencial será autónoma de cada integrante del Consejo Directivo. PARÁGRAFO PRIMERO: No podrán realizarse reuniones virtuales, a excepción de que por razones de orden público u otra circunstancia especial, esté impedido o el desplazamiento dentro del territorio nacional, para los siguientes asuntos: Elección del Director Decidir la restructuración administrativa de la Corporación, y la modificación o definición de nueva planta de personal… (…) PARÁGRAFO TERCERO: Las reglas sobre convocatorias, quórum deliberatorio y decisorio previsto para las reuniones presenciales con comparecencia física, se aplicarán a las reuniones realizadas a través de conferencia virtual”. De las normas transcritas se concluye que las reuniones del Consejo Directivo pueden ser ordinarias o extraordinarias; las ordinarias deben celebrarse al menos cada tres (3) meses, previa convocatoria con no menos de cinco (5) días calendario de antelación, y en ellas puede tratarse cualquier asunto de competencia del órgano, mientras que las extraordinarias pueden convocarse en cualquier momento por el Presidente, tres (3) miembros o el Director General, y solo pueden ocuparse de los asuntos expresamente señalados en la convocatoria; en ambos casos, las sesiones pueden realizarse de forma presencial, virtual o mixta, siempre que existan medios tecnológicos idóneos para deliberar y decidir. En lo concerniente al proceso de elección del Director General de CORMACARENA, el Acuerdo PSGJ.1.2.42.2.23.011 del 11 de agosto de 2023 dispuso en su artículo 4 lo siguiente: En lo concerniente al proceso de elección del Director General de CORMACARENA, el Acuerdo PSGJ.1.2.42.2.23.011 del 11 de agosto de 2023 dispuso en su artículo 4 lo siguiente: “ARTÍCULO 4. – CONVOCATORIA A LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO: Para efectos del proceso de elección del Director General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena – CORMACARENA-, para el periodo institucional 2024-2027, los integrantes del Consejo Directivo quedan convocados a partir de la publicación del presente Acuerdo, a asistir a las sesiones extraordinarias conforme lo previsto en el artículo 36 de los Estatutos Compilados de la Corporación (Acuerdo 004 de 2023 de la Asamblea Corporativa). En todo caso, téngase en cuenta que la comparecencia a la sesión en la que se desarrolle la Elección del Director General de la entidad, deberá ser presencial, y se realizará en la Sala de Juntas de la sede principal de CORMACARENA, ubicada en la Carrera 44C No 33B-24 barrio Barzal del municipio de Villavicencio (Meta). Las sesiones se efectuarán en las fechas y horas fijadas en el cronograma que se establecerá en el presente Acuerdo, y su desarrollo se hará conforme lo dispuesto en los Estatutos de la Corporación.” (Destacado es nuestro) De esta previsión se infiere que las sesiones vinculadas al proceso de elección del Director General tenían naturaleza extraordinaria y que sus integrantes fueron convocados para comparecer presencialmente, sin perjuicio de las salvedades previstas en el artículo 36 de los estatutos. En relación con el acto de elección, la misma disposición estableció: En relación con el acto de elección, la misma disposición estableció: “ARTÍCULO 16. DE LA ELECCIÓN. – La Elección del Director (a) General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de manejo Especial La Macarena – CORMACARENA- para el periodo institucional 2024-2027, será realizada en sesión del Consejo Directivo, en la fecha establecida para tales efectos en el cronograma establecido en el artículo 5 del presente Acuerdo. El Consejo Directivo hará la designación del Director (a) General, en ejercicio de la facultad nominadora que le confiere la Ley 99 de 1993 y los Estatutos de la Corporación, seleccionándolo entre los candidatos que hayan cumplido con los requisitos establecidos para el ejercicio del cargo y que no se encuentren en situación de inhabilidad, incompatibilidad, prohibición legal y/o conflicto de interés”. De ello se sigue que la designación del Director General debía efectuarse en sesión extraordinaria del Consejo Directivo, en la oportunidad, hora y lugar definidos en el cronograma del proceso. Ahora bien, mediante el Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.25.-003 del 20 de junio de 2025, se levantó la suspensión y se reanudó el proceso de elección del Director General de CORMACARENA para el período restante 2024-2027. Para ello, se modificó el artículo 5 del Acuerdo No. PSGJ.1.2.42.2.23.011 del 11 de agosto de 2023 y se fijó el siguiente cronograma: (i) 26 de junio de 2025, a las 9:00 a. m., presentación del informe de verificación de hojas de vida; (ii) 2 de julio de 2025, a las 9:00 a. m., consolidación de la lista definitiva de aspirantes habilitados; y, (iii) 4 de julio de 2025, a las 10:00 a. m., elección del Director General. m., consolidación de la lista definitiva de aspirantes habilitados; y, (iii) 4 de julio de 2025, a las 10:00 a. m., elección del Director General. En ese marco, conforme a los artículos 4 y 16 del Acuerdo PSGJ.1.2.42.2.23.011 del 11 de agosto de 2023 (Reglamento del proceso de elección), los miembros del Consejo Directivo fueron convocados a sesiones extraordinarias presenciales, salvo las excepciones del artículo 36 de los estatutos, en la fecha, hora y lugar fijados por el Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.25.-003 del 20 de junio de 2025, aprobado por unanimidad y publicado en la página web de la Corporación. Como se observa, de conformidad con los artículos 4 y 16 del Acuerdo PSGJ.1.2.42.2.23.011 del 11 de agosto de 2023, para la elección que aquí se analiza, los miembros del Consejo Directivo quedaron convocados para asistir a las sesiones extraordinarias en la modalidad presencial (salvo las excepciones previstas en el artículo 36 de los estatutos de la Corporación), en la fecha, hora y lugar establecidos en el cronograma fijado mediante el Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.25.-003 del 20 de junio de 2025, aprobado por unanimidad por los trece (13) miembros y publicado en la página web de la Corporación. De otra parte, once (11) miembros del Consejo Directivo asistieron de manera presencial y los dos (2) restantes lo hicieron de manera virtual1 a la sesión extraordinaria realizada el 4 de julio de 2025. De otra parte, once (11) miembros del Consejo Directivo asistieron de manera presencial y los dos (2) restantes lo hicieron de manera virtual1 a la sesión extraordinaria realizada el 4 de julio de 2025. En consecuencia, no se advierte irregularidad en la convocatoria de las sesiones extraordinarias del Consejo Directivo, pues el proceso electoral fue reanudado mediante acto formal, con fijación expresa de fechas, horas, lugar y objeto de cada sesión, publicado además en la página web institucional, en armonía con los principios de publicidad y transparencia, pues todos los miembros del Consejo Directivo lo dispusieron, conocieron y asistieron a todas las etapas, incluida, la definitiva de elección. De la resolución de recusaciones como actuación inherente al trámite electoral Definido que las sesiones extraordinarias fueron convocadas válidamente, corresponde establecer si la resolución de las recusaciones formuladas contra algunos integrantes del Consejo Directivo desbordó el objeto de la convocatoria o, por el contrario, constituyó una actuación instrumental necesaria para la adopción válida del acto de elección. En la misma línea, los demandantes sostuvieron que se vulneró el artículo 32 de los Estatutos de CORMACARENA, según el cual en las convocatorias a sesiones extraordinarias deben indicarse los motivos de citación y los asuntos que serán sometidos a consideración, sin que puedan tratarse temas distintos. A su juicio, como la discusión y decisión de las recusaciones contra miembros del Consejo Directivo no fueron incluidas en las convocatorias, se introdujeron asuntos ajenos a su objeto específico, se incurrió en una irregularidad que afecta la validez del proceso electoral y compromete la legalidad de las decisiones adoptadas, por desconocer el procedimiento previamente establecido en un acto administrativo vinculante y configurar una causal autónoma de nulidad conforme al artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Al respecto, y en concordancia con el análisis precedente sobre las sesiones extraordinarias y el cronograma fijado para la elección del Director General de CORMACARENA, conviene reiterar la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la que ha precisado que el trámite de las recusaciones está directamente vinculado al acto de designación y es inescindible de este. Por ello, las actuaciones instrumentales o accesorias necesarias para adoptar la decisión electoral, como la resolución de recusaciones formuladas contra miembros del Consejo Directivo, no requieren enunciación expresa en la convocatoria con un espacio particular, siempre que guarden relación directa con el objeto de la sesión y resulten necesarias para culminar válidamente la actuación electoral. En consecuencia, bastaba con que la convocatoria indicara la elección del director general, sin que fuera exigible anunciar de manera específica la eventual resolución de recusaciones, que incluso podían no existir al momento de convocarse la sesión extraordinaria. Es decir, que dado su carácter excepcional, subjetivo y latente, no podían estar provistas de un espacio procesal determinado para su evacuación. Por tanto, la deliberación y decisión sobre las recusaciones no desbordó el objeto de las sesiones extraordinarias convocadas para la elección del Director General de CORMACARENA, sino que constituyó una actuación inherente al trámite electoral, indispensable para la adopción válida del acto de designación. En ese sentido, no se configuró vulneración alguna de las normas estatutarias relativas a las convocatorias para la elección del Director General. Legalidad del trámite y decisión de las recusaciones presentadas En ese sentido, no se configuró vulneración alguna de las normas estatutarias relativas a las convocatorias para la elección del Director General. Legalidad del trámite y decisión de las recusaciones presentadas En cuanto a las presuntas irregularidades en el trámite de las recusaciones, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha fijado las reglas aplicables a su trámite ante los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales, dada la falta de regulación expresa en la Ley 99 de 1993 y en los estatutos de estas entidades. Tales reglas, reiteradas por la jurisprudencia, pueden resumirse así: Ante la falta de norma expresa para el trámite de las recusaciones en las corporaciones autónomas regionales, se aplica lo dispuesto en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo por mandato del artículo 2. Esto es así si se tiene en cuenta la autonomía con que la Constitución Política ha dotado a estas entidades, lo cual deviene en una aplicación especial de la regla contenida en el mencionado artículo. Si uno de los miembros de un consejo directivo manifiesta su impedimento o es recusado, se debe dar aplicación a la regla establecida en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. La actuación se suspende desde la manifestación de impedimento o desde la presentación de la recusación hasta cuando la misma se decida. Es decir, el Consejo Directivo no puede tomar decisiones hasta tanto se hayan definido de fondo las alegaciones relacionadas con las posibles causales de impedimento o recusación. Es decir, el Consejo Directivo no puede tomar decisiones hasta tanto se hayan definido de fondo las alegaciones relacionadas con las posibles causales de impedimento o recusación. La competencia para conocer y decidir los impedimentos o recusaciones presentadas, son los integrantes del consejo directivo no recusados o impedidos. Si la recusación o el impedimento compromete a la totalidad o a la mayoría de los integrantes del consejo directivo, que implique una afectación del quórum, en virtud de los artículos 8º y 48 de la Ley 153 de 1887, la única regla aplicable sería el artículo 12 de la Ley 1437 del 2011; es decir, que corresponderá a la Procuraduría General de la Nación decidir los impedimentos y recusaciones que se hubieran presentado. Estas son entonces las subreglas aplicables para resolver las recusaciones formuladas contra los integrantes del consejo directivo de las corporaciones autónomas regionales. Sobre los requisitos de los escritos de recusación, el Consejo de Estado ha precisado lo siguiente: (i). Identificación del solicitante, a menos de que exista una justificación seria y creíble del peticionario para mantener la reserva de su identidad, de conformidad con lo establecido en la sentencia C-951 de 2014 de la Corte Constitucional. (…). (ii) El señalamiento del servidor público o particular que ejerce función pública, sobre el que recae el reproche y, (ii) Las razones por las que se estima que respecto de aquél existe un conflicto entre el interés particular y el general, las cuales deben estar encaminadas a ilustrar jurídica y probatoriamente si es del caso, la configuración de las causales de impedimento legalmente establecidas. En caso de que se verifique la falta de alguno de estos requisitos, no se debe tramitar ni se le atribuye los efectos propios de la recusación, esto es, no se suspende la actuación y por el simple hecho de su presentación no se ve afectado el quórum. Lo anterior, puesto que lo que hacen los miembros del Consejo Directivo es constatar que el escrito reúna los requisitos mínimos formales, y en caso de no encontrarlos acreditados, de manera motivada podrán rechazarlo y no darle trámite” (Negrillas fuera de texto). Aplicadas estas premisas al caso concreto, se procede examinar las sesiones del proceso de elección. Sesión del 12 de junio de 2025: En desarrollo de la sesión se discutió, entre otros aspectos, el levantamiento de la suspensión del proceso de elección del director general, pero su análisis fue aplazado hasta resolver las recusaciones presentadas. Se indicó que la Asociación de Colonos de la Macarena informó que la nueva representante legal era la señora Diana Patricia Noreña. Se relacionaron 14 escritos de recusación y un impedimento. Seis (6) recusaciones fueron presentadas previamente por el señor David Andrés Riaño contra igual número de consejeros, y una adicional contra la delegada de la Presidencia de la República para que no participara en el trámite de dichas recusaciones, razón por la cual se decidió aplazar todas ellas por su relación y abordar las ocho (8) restantes, así: Como se puede evidenciar, en esta sesión el trámite de las recusaciones no afectó el quórum para deliberar y decidir y, en cada uno de los incidentes, no se advierte la participación del recusado y/o impedido en su propio trámite. Recusación de MARLÓN ORLANDO CAMPOS (tramitada como derecho de petición – radicación 8602-2025 - Orlando Campos) Según la demanda, Marlon Orlando Campo Cárdenas recusó a la Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, o a su delegado ante el Consejo Directivo, con fundamento en la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, el Consejo Directivo rechazó la recusación por incumplimiento de requisitos y le imprimió el trámite de derecho de petición. A juicio del demandante, esa determinación permitió la intervención de quien debía apartarse del asunto, incidió en el quórum decisorio y comprometió la validez del proceso electoral, en los términos del artículo 275 del CPACA. Como se indicó, el escrito sometido a consideración del Consejo Directivo se presentó como: “Recusación RD-8602-2025; Recusante: Orlando Campos, Recusado: Gobernación”. El secretario informó que, aunque inicialmente se consideró como extemporánea, podía ser decidida por el Consejo Directivo tras la verificación de los requisitos formales, así lo señaló expresamente: “Frente al numeral 1 y 2 de lo que contempla la ley 1437 del artículo 11 y 12 frente a la identificación y dirección del recusante está plenamente identificado el señor Mario Orlando Campos Cárdenas y un correo electrónico, frente al numeral 3, identificación del recusado evidentemente es contra la Gobernación del Meta, frente a la causal está invocando la ley 1437 pero no está invocando ninguno de los numerales que contempla esa norma y ese es uno de los requisitos. Se debe señalar estrictamente frente a cuáles de las causales que contempla el numeral 11 está haciendo alusión la recusación, es decir los requisitos no se cumplen, los hechos en que fundamentan la causal hacen alusión a que están adelantando una función administrativa hacia Asocolonos, razones jurídicas no indica ninguna, que tampoco se cumpliría y frente a pruebas anuncia unos autos de una actuación administrativa que se adelanta por la Gobernación. Si ven ese escrito de recusación señores del miembro del Consejo Directivo, ven que es un escrito de una hoja, donde claramente se determina que no hubo ningún esfuerzo por el solicitante en estructurar la solicitud de impedimento y recusación y por consiguiente como se acaba de indicar es claro y saben que por parte de la secretaria es muy estricto en la manifestación frente al cumplimiento de requisitos así sea de tipo formal como lo establece el Consejo de Estado pero frente a este escrito no se cumplen los requisitos señalados en la ley 1437 ni se cumplen los requisitos que contempla los estatutos toda vez que no está señalada ni causal invocada ni razones jurídicas para poder determinar y estudiar una recusación. En este punto el señor secretario brinda su informe frente al cumplimiento de requisitos para efectos de que los miembros del Consejo Directivo tomen la decisión si aprueban el informe, si llegase a ser así se daría el trámite como un derecho de petición”. Doce (12) miembros del Consejo Directivo votaron para que se le diera el trámite como derecho de petición por no cumplir los requisitos legales. Se dejó constancia de que la representante de la Gobernación se retiró y no participó en la votación. Ahora junto con la demanda se aportó la imagen del precitado escrito de recusación: Se dejó constancia de que la representante de la Gobernación se retiró y no participó en la votación. Ahora junto con la demanda se aportó la imagen del precitado escrito de recusación: Del documento aportado se advierte que la recusación se dirigió contra la Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y/o su delegado. En ella se alegó: (i) que la representante de ASOCOLONOS había recusado a cinco miembros del Consejo Directivo como estrategia para impedir el trámite de su propia recusación, y (ii) que la Gobernación del Meta adelantaba una actuación administrativa contra ASOCOLONOS. Además, se citaron expresamente las causales 1, 4 y 5 del artículo 11 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, aunque el escrito mencionó esas causales, no desarrolló una sustentación fáctica y jurídica suficiente para verificar su configuración. No explicó de qué manera los hechos relatados encajaban en cada causal invocada ni aportó elementos que permitieran establecer, de forma concreta, un interés directo en la decisión (numeral 1), una relación de representación o administración respecto de un interesado (numeral 4), o la existencia de un litigio o controversia con la servidora recusada (numeral 5). Por ello, la falencia no radicó en la ausencia de cita normativa, sino en la falta de motivación suficiente para estudiar la procedencia de la recusación. En consecuencia, se comparte la decisión del Consejo Directivo de no darle trámite formal a la recusación, por cuanto no se cumplió integralmente el requisito de exponer las razones jurídicas y fácticas que permitieran establecer la configuración de una causal de impedimento o recusación. Sesión del 20 de junio de 2025: Sesión del 20 de junio de 2025: En esta sesión se dispuso, entre otros asuntos, levantar la suspensión del proceso de elección del director general, ordenada mediante el Acuerdo No. PS-GJ.1.2.42.2.24.009 del 5 de noviembre de 2024, y fijar el cronograma. Además, se tramitaron seis (6) recusaciones presentadas por David Andrés Riaño. Antes de su estudio, se dejó constancia de que Edgar Olaya fue reemplazado por Manuel Ávila como delegado de Parques Nacionales Naturales. En esta sesión, el trámite de las recusaciones no afectó el quórum para deliberar y decidir, y no se advierte la participación de los recusados en sus propios incidentes. Sesión del 26 de junio de 2025 En esta sesión se presentó el informe de la comisión de apoyo sobre la verificación de las hojas de vida de los aspirantes al cargo de director general de la corporación. No se tramitó ninguna recusación. Sesión del 2 de julio de 2025 En esta sesión, prevista en el cronograma para evaluar las reclamaciones formuladas contra el informe del comité evaluador, se tramitaron cuatro (4) escritos de recusación. En esta sesión, el trámite de las recusaciones no afectó el quórum para deliberar y decidir, y tampoco se advierte la participación de los recusados en sus propios incidentes. Sesión del 4 de julio de 2025: Trámite de recusaciones consideradas extemporáneas (tramitadas como derecho de petición en sesión del 4 de julio de 2025) Sesión del 4 de julio de 2025: Trámite de recusaciones consideradas extemporáneas (tramitadas como derecho de petición en sesión del 4 de julio de 2025) En la sesión del 4 de julio de 2025, prevista en el cronograma para la elección del director general de la corporación, el secretario informó la recepción de cuatro recusaciones radicadas con los números 18220, 18370, 18426 y 18428. Precisó que las tres últimas fueron presentadas por fuera del término previsto en el literal b) del artículo 50 de los Estatutos, que exige su radicación con dos días hábiles de antelación a la sesión en la que se trate el asunto, pues ingresaron los días 3 y 4 de julio de 2025. El demandante sostiene que las recusaciones radicadas con los números 18426 y 18428, presentadas por David Andrés Riaño Peñuela, y 18370, presentada por Jairo José Medina Méndez, fueron tramitadas como derechos de petición por su extemporaneidad. A su juicio, conforme al artículo 53 de los Estatutos, debieron tramitarse como recusaciones. Sobre este trámite, el acta N.º PS-GJ.1.2.25.010 del 4 de julio de 2025 señala: Sobre este trámite, el acta N.º PS-GJ.1.2.25.010 del 4 de julio de 2025 señala: “El señor secretario aclara que hay un escrito que se allegó dentro del término que consagra los estatutos para efectos de las recusaciones, que es el primero a los cuales se hizo referencia en el punto 3 del orden del día, es decir, el suscrito por David Andrés Riaño Peñuela, radicado 18220 contra la representante de la Asociación de Colonos de la Macarena, los otros tres escritos que corresponden a los radicados 18370, 18426 y 18428 evidentemente están por fuera del término que señalan los estatutos corporativos. Los estatutos en su artículo 50 señala textualmente en el literal B que cualquier solicitud de recusación que llegue contra un miembro del consejo directivo debe presentarse dos días hábiles antes de la fecha de la sesión ordinaria o extraordinaria en que se vaya a tratar el asunto. Por el cual se recusa al respectivo integrante. Indica que esos otros escritos, llegaron uno el día de ayer y dos el día de hoy, es decir, no se están cumpliendo los términos que consagran los estatutos, para efecto de darle trámite como una recusación e inclusive los estatutos en el mismo artículo consagran que, todas las solicitudes de recusación que se alleguen por fuera del plazo señalado en este artículo se deben rechazar por extemporaneidad mediante oficio de comunicación emitido por el secretario del Consejo Directivo, del cual se informará al respectivo cuerpo colegiado en la sesión próxima que se celebre, en todo caso, dicha solicitud se enviará al integrante del cuerpo colegiado que haya sido recusado. En base a esto evidentemente son escritos de recusación que no cumplen con los requisitos consagrados en los estatutos corporativos. En base a esto evidentemente son escritos de recusación que no cumplen con los requisitos consagrados en los estatutos corporativos. Les recuerda que ya se tuvo un pronunciamiento por parte del tribunal contencioso administrativo en la demanda que se instauró contra la elección del alcalde del municipio de San Juan de Arama por parte de la asamblea corporativa, en donde sucedió algo parecido, que llegó una recusación el día anterior y el tribunal convalidó la actuación que había surtido en ese momento en no darle trámite a la recusación por extemporaneidad, porque se debe cumplir con ese requisito de los dos días para efectos de que se le debe dar trámite, con base en eso, pues realmente darle trámite como escrito de recusación no daría lugar con la extemporaneidad, sin embargo, pues sí tendría el secretario, del Consejo Directivo, darle respuesta en ese mismo sentido a los recusantes de que fue presentado en forma extemporánea y dando aplicación estricta al contenido del artículo 50 del estatuto corporativo”. Del expediente administrativo se advierte que los radicados 18426, 18428 y 18370 fueron presentados y tramitados como derechos de petición en los términos expuestos en la sesión del 4 de julio de 2025. En cuanto a los términos para presentar recusaciones, los Estatutos disponen: “ARTÍCULO 50. TÉRMINOS PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RECUSACIÓN: Solo se tramitarán las solicitudes de recusación que se presentes en los siguientes términos: Cuando se trate de una solicitud de recusación contra miembros de la Asamblea Corporativa, esta deberá presentarse dos (2) días hábiles antes de la fecha de la sesión ordinaria o extraordinaria, en la que se vaya a tratar el asunto por el cual se recusa al respectivo integrante. Cuando se trate de una solicitud de recusación contra los miembros del Consejo Directivo, esta deberá presentarse: Cuando se trate de una solicitud de recusación contra los miembros del Consejo Directivo, esta deberá presentarse: Dos (2) días hábiles antes de la fecha de la sesión ordinaria o extraordinaria, en la que se v