Concepto (misional) 07-2026 de 2026 — Se atacó de forma reiterada a la policía, a quien se consideraba erróneamente como un objetivo militar legítimo permanente, ignorando su naturaleza civil

ANONIMIZADO-Documento anonimizado-dando cumplimiento a la resolución 352 de 2024 se procede a anonimizar el presente documento por parte del grupo de relatoría sustituyendo los datos a proteger por xxxx JUSTICIA ESPECIAL PARA LA PAZ-Observaciones a las Versiones Colectivas de los Bloques Oriental y Sur de las FARC-EP por vacíos, inconsistencias y la persistencia de patrones de criminalidad que requieren ser profundizados CONFLICTO ARMADO-Patrones Macrocriminales (Bloque Oriental) como el uso de medios y métodos engañosos para obtener ventajas militares, simular controles de rutina para secuestrar, usar ambulancias para transportar combatientes o emplear animales cargados con explosivos DESAPARICION FORZADA-Los comparecientes no han aportado información concreta y verificable (coordenadas, descripciones del terreno) sobre la ubicación de fosas comunes, se considera la Ausencia de información precisa MINA ANTIPERSONAL-Los mecanismos de registro, autorización y remoción de minas eran deficientes o inexistentes, lo que ha perpetuado el riesgo para las comunidades y dificultado el desminado humanitario GRUPOS AL MARGEN DE LA LEY -Existen marcadas diferencias en los relatos sobre el número y la presencia de milicianos en diferentes frentes PRINCIPIO DE DISTINCION-Se atacó de forma reiterada a la Policía, a quien se consideraba erróneamente como un objetivo militar legítimo permanente, ignorando su naturaleza civil BIENES CIVILES-Se realizaron con pleno conocimiento del alto riesgo para la población civil, resultando en muertes y lesiones de personas no combatientes REVICTIMIZACION-Los comparecientes utilizan un lenguaje que minimiza y despoja de gravedad a las conductas criminales CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-Profundizar su aporte a la verdad sobre minas, fosas comunes, milicias, violencia intrafilas y afectación a comunidades LGBTIQ+ y familiares de la Fuerza Pública Bogotá D.C., 20 de enero de 2026 Concepto No. 007 Magistrada JULIETA LEMAITRE RIPOLL Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR) Jurisdicción Especial para la Paz. info@jep.gov.co E.S.D. Respetada Magistrada Lemaitre: La Procuraduría Delegada con funciones de coordinación, de intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se permite presentar observaciones a las versiones colectivas rendidas por integrantes del antiguo Bloque Oriental, área priorizada, realizadas entre el 19 y el 29 de mayo de 2025, así como a las correspondientes al área no priorizada, adelantadas entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, las cuales fueron trasladadas a este Delegado mediante el Auto JRL10 No. 288 de 2025. Adicionalmente, las versiones voluntarias rendidas por el Bloque Sur, realizadas entre 02 de mayo y el 17 de julio de 2025, las cuales fueron trasladadas a este Ministerio Público mediante el Auto JRL10 No. 288 de 2025. I. Observaciones preliminares: advertencias relacionadas con el proceso de instrucción adelantado por el Despacho. Previo a la presentación de las observaciones a las versiones rendidas por antiguos integrantes de los Bloques Oriental y Sur, el Ministerio Público considera necesario formular algunas advertencias de carácter preliminar en relación con el proceso de instrucción adelantado por el Despacho en el marco del macrocaso 10. Estas advertencias no se formulan con el propósito de controvertir las decisiones adoptadas en ejercicio de la autonomía judicial, sino de poner de presente determinados aspectos metodológicos y procedimentales que, a juicio de este órgano de control, resultan relevantes para la adecuada conducción del proceso, la coherencia interna del macrocaso y su articulación con los demás macrocaso 10. Lo anterior, con el fin de que dichas consideraciones sean valoradas en el desarrollo ulterior de la instrucción, en particular de cara a la garantía efectiva del derecho a la igualdad y al debido proceso tanto de las víctimas acreditadas como de los comparecientes que participan en el macrocaso 10, en consonancia con los principios que orientan el modelo de justicia transicional y restaurativa propio de la Jurisdicción Especial para la Paz. Sobre el riesgo de doble procesamiento en la investigación de fenómenos macrocriminales y su compatibilidad con el principio non bis in idem. Desde el inicio del proceso de acreditación en el macrocaso 10, la Procuraduría General de la Nación ha advertido que el Despacho relator del caso ha adoptado una comprensión conforme a la cual el proceso de acreditación se surte respecto de conductas y no de hechos. En aplicación de dicha interpretación, el Despacho ha optado por acreditar, en relación con un mismo hecho, determinadas conductas y remitir otras a distintos macrocasos , al considerarlas de la respectiva competencia material. Esta práctica se observa, por ejemplo, en hechos en los que se presenta un desplazamiento forzado como consecuencia de una amenaza de reclutamiento — tentativa de reclutamiento—, así como en aquellos en los que el desplazamiento se produce como resultado de un hecho de violencia sexual. En el primer supuesto, el Despacho ha acreditado el desplazamiento forzado en el macrocaso 10 y remite al macrocaso 07 la conducta consistente en la amenaza de reclutamiento. En el segundo supuesto, la Procuraduría General de la Nación tiene registro de al menos sesenta y siete (67) autos proferidos por ese Despacho desde el mes de octubre de 2025, en los cuales los hechos de violencia sexual han sido remitidos al macrocaso 11, mientras que, de manera simultánea, se ha otorgado la acreditación por el hecho de desplazamiento forzado en el marco del macrocaso 10. Esta decisión puede resultar razonable a priori si se consideran los objetos de investigación propios de cada uno de los macrocasos referidos. No obstante, se trata de una dinámica que a largo plazo puede poner en riesgo las garantías de los comparecientes, en la medida en que podría afectar el principio de non bis in ídem, riesgo que, además, ya ha sido advertido por los comparecientes en otros escenarios procesales. Al respecto, esta Procuraduría Delegada considera necesario aclarar que comprende que, el hecho de que en dos macrocasos distintos a un mismo compareciente se le atribuya, por ejemplo, la conducta de desaparición forzada no implica, por sí mismo, la existencia de una doble imputación. En efecto, la calificación jurídica de una misma conducta puede responder a patrones y dinámicas macrocriminales diferenciadas, propios de los objetos de investigación de cada macrocaso. Sin embargo, la manera en que se vienen adelantando las acreditaciones en los casos reseñados no se corresponde con el supuesto anteriormente descrito, pues, al momento en que las conductas acreditadas en cada uno de los macrocasos sean analizadas y, eventualmente imputadas, la Sala estaría describiendo un mismo fenómeno criminal examinado en dos escenarios distintos. En el caso que se pone a consideración, la forma en que la Sala ha venido profiriendo las acreditaciones, comporta una fragmentación de los hechos en conductas aisladas, lo que conlleva su descontextualización y puede promover un doble trámite, en tanto los mismos hechos serían objeto de análisis en dos macrocasos distintos. Así, cuando la Sala analice el fenómeno del desplazamiento forzado en el marco del macrocaso 10, necesariamente deberá abordar las amenazas de reclutamiento y los hechos de violencia sexual que fueron remitidos a otros macrocasos, en la medida en que solo a partir de estos elementos es posible dotar de contexto y comprender de manera integral el fenómeno objeto de análisis. De igual forma, cuando en el Macrocaso 11 en el Macrocaso 07 se examinen las conductas de su competencia, será igualmente necesario abordar el desplazamiento forzado que estas generaron como consecuencia, pues dicho fenómeno integra el patrón macrocriminal y resulta indispensable para comprender la dinámica concreta objeto de estudio. La consecuencia inevitable de lo anterior es que el mismo fenómeno concreto terminará incorporándose en el Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC), la Resolución de Conclusiones, en el Auto de Correspondencia y, finalmente, en la sentencia que eventualmente se profiera en cada uno de los macrocasos, en desconocimiento del principio de non bis in idem, que opera incluso en escenarios transicionales. Esta advertencia se fundamenta en situaciones que ya están siendo identificadas por la Procuraduría General de la Nación, como ocurre, por ejemplo, en la articulación entre el Macrocaso 07 y el macrocso 10 En efecto, en el Auto No. 05 de 2024—“por medio del cual se determinan los hechos y conductas atribuibles a los antiguos miembros del Secretariado de las FARC-EP en el marco del Caso 07”—, este último expuso el fenómeno del desplazamiento de las unidades familiares de las víctimas de reclutamiento, ya sea como consecuencia de procesos de estigmatización o con el fin de prevenir que los demás integrantes del hogar corrieran la misma suerte. Dinámica que, además, probablemente se reproduzca y ahonde en la etapa de instrucción por estructuras territoriales, que es la fase que continúa en el desarrollo del caso. A pesar de lo anterior, el fenómeno del desplazamiento forzado como mecanismo de prevención frente al reclutamiento, o como respuesta a la tentativa de reclutamiento —esto es, en aquellos casos en los que ya se ha dado inicio a la ejecución de la conducta, está siendo objeto de acreditación en el marco del Macrocaso 10. Ello obedece a una comprensión según la cual la acreditación se predica de conductas aisladas y no de los hechos como unidad. En este contexto, y teniendo en cuenta las consideraciones expuestas, la Procuraduría Delegada ante la JEP estima indispensable que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad valore de manera expresa esta advertencia y adopte las medidas pertinentes para prevenir la configuración de este fenómeno, dado que puede resultar potencialmente vulnerador de las garantías procesales de los comparecientes. En particular, se considera necesario que la Sala defina de manera clara si la investigación de los fenómenos descritos será adelantada en un único macrocaso, o bien que establezca una estrategia procesal concreta que permita evitar escenarios de doble imputación. La implementación temprana del modelo restaurativo en la instrucción como mecanismo de protección del derecho a la igualdad de las víctimas acreditadas en el macrocaso. El proceso restaurativo se deriva de la aplicación de los principios orientadores de la Jurisdicción Especial para la Paz y se concreta a partir de una interpretación sistemática de dichos principios en relación con el artículo 27 de la Ley 1922 de 2018, disposición que atribuye a las Salas de Justicia y Secciones de la JEP la facultad de adoptar las medidas que estimen oportunas e idóneas para promover la construcción dialógica de la verdad entre los sujetos procesales e intervinientes. Esto orientado a la armonización y sanación individual, colectiva y territorial, así como para promover la construcción de acuerdos, con aplicación de criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en todas las fases del procedimiento. De esta forma, el componente de justicia a cargo de la JEP está llamado a aplicar un enfoque de justicia restaurativa orientado no solo a la determinación de responsabilidades, sino de manera central a la restauración del daño causado, la reparación integral de las víctimas y la adopción de garantías efectivas de verdad y no repetición. En relación con la función de la SRVR, esta presenta resoluciones de conclusiones ante la Sección de Primera Instancia del Tribunal para la Paz en los casos de reconocimiento de verdad y responsabilidad, en las que se identifican los hechos más graves y las conductas más representativas, se individualizan las responsabilidades —en particular de quienes tuvieron una participación determinante—, se realiza la calificación jurídica de las conductas, se consignan los reconocimientos de verdad y responsabilidad y se formula el proyecto de sanción propuesto, de conformidad con el listado previsto en el artículo 14 de la Ley Estatutaria de la JEP (LEAJEP). En otras palabras, el componente restaurativo del proceso que se adelanta ante la Jurisdicción Especial para la Paz se concreta, de manera principal, en la definición de un proyecto restaurativo que hará parte de la sanción propia que habrá de imponerse a quienes resulten seleccionados positivamente. Para estos efectos, el punto 5.1.2.III del Acuerdo Final —incorporado al ordenamiento jurídico mediante el artículo 141 de la Ley 1957 de 2019— establece un listado no taxativo de posibles acciones restaurativas que pueden ser consideradas en el marco de este componente. Así, la definición del proyecto restaurativo sigue un trámite que necesariamente se inicia en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, con la posibilidad de que las víctimas y los comparecientes presenten sus respectivas propuestas. Dichos proyectos son analizados –formal y sustancialmente- por la Sala en el marco del trámite de instrucción y posteriormente incorporados en la Resolución de Conclusiones, para ser remitidos al Tribunal para la Paz, a fin de que este realice su correspondiente valoración y eventual imposición como parte de la sanción propia. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 1957 de 2019, estas propuestas deben contener, entre otros aspectos, la identificación clara de las obligaciones a cargo del sancionado, los objetivos del proyecto, sus fases temporales, horarios y lugares de ejecución, las personas responsables de su implementación, el lugar de residencia durante su ejecución, así como un mecanismo efectivo de consulta y participación de las víctimas. En todo caso, la definición de las condiciones de ejecución y la eventual selección de los proyectos restaurativos corresponde de manera autónoma al Tribunal para la Paz, en los términos de los artículos 92, literales a), b), c) y d), 125, 126 y 141 de la Ley 1957 de 2019. No obstante, ello no implica que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad se encuentre relevada de la obligación de remitir al Tribunal propuestas de proyectos restaurativos que, desde esta etapa, cumplan de manera exhaustiva con todas las exigencias previstas en la ley, las cuales, por su propia naturaleza, solo pueden satisfacerse plenamente mediante la implementación temprana y progresiva de un proceso restaurativo. De ahí que la implementación efectiva del componente restaurativo exija una adecuada articulación entre la Sala y las instancias encargadas de su diseño, acompañamiento y seguimiento. En particular, la Subdirección del Sistema de Justicia Restaurativa de la Secretaría Ejecutiva cumple un rol esencial en la formulación, coordinación y puesta en marcha de acciones restaurativas, así como en el acompañamiento de procesos orientados a la reparación simbólica y material, la participación efectiva de las víctimas y la garantía de no repetición. En ese sentido, resulta de especial relevancia fortalecer dicha articulación desde la etapa de instrucción del presente Macrocaso, con el fin de que la visión restaurativa permee de manera transversal todo el procedimiento adelantado ante la SRVR y pueda consolidarse con un mayor nivel de desarrollo una vez el asunto sea remitido a la Sección correspondiente del Tribunal para la Paz. Este ha sido el llamado constante de la Procuraduría General de la Nación a lo largo de todo el proceso y ante las distintas instancias en las que interviene: resulta necesario que las propuestas de proyectos de sanción sean el resultado de un proceso restaurativo robusto, que se inicie desde el trámite adelantado por la Sala y que cuente con un acompañamiento efectivo y un ejercicio pedagógico adecuado por parte de la Jurisdicción, a fin de que dichas propuestas se ajusten de manera real y sustantiva a las exigencias legales y a los estándares jurisprudenciales fijados tanto por la JEP como por la Corte Constitucional. Este acompañamiento no constituye un requisito meramente formal o procedimental, sino un instrumento sustantivo orientado a garantizar la efectividad de los derechos de las víctimas, en particular en lo relativo a la centralidad de su participación, la materialización del enfoque restaurativo y la adopción de garantías de no repetición. Recientemente, esta Procuraduría Delegada ha observado con satisfacción que uno de los despachos instructores del Macrocaso 10 ha adoptado determinaciones que reflejan la incorporación de las sugerencias formuladas en los términos anteriormente expuestos. En particular, el despacho de la magistrada Marcela Giraldo Muñoz profirió el Auto MGM-10 No. 937 del 22 de diciembre de 2025, mediante el cual impartió órdenes orientadas a la articulación con la Secretaría Ejecutiva de la JEP y las dependencias a su cargo, con el propósito de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, evalúen, acompañen y promuevan la estructuración de las acciones restaurativas que resulten pertinentes, tomando en consideración los enfoques diferenciales y territoriales que caracterizan el contexto del Macrocaso 10. Es decir, teniendo en cuenta que la implementación efectiva del componente restaurativo exige la articulación de esta Sala con las instancias encargadas de su diseño, acompañamiento y seguimiento, se impartieron órdenes orientadas a garantizar el trabajo conjunto con la Subdirección del Sistema de Justicia Restaurativa de la Secretaría Ejecutiva, con el fin de contribuir desde la etapa de instrucción, a la formulación, coordinación y puesta en marcha de acciones restaurativas. En ese sentido, la coordinación dispuesta por el Despacho se orienta a garantizar que las decisiones adoptadas por esta Jurisdicción se traduzcan en medidas restaurativas concretas, coherentes con los fines del Sistema Integral para la Paz y con el principio de centralidad de las víctimas. No obstante, el alcance de dichas órdenes se circunscribe a las estructuras respecto de las cuales ese despacho adelanta actualmente las labores de instrucción, a saber: el el Comando Conjunto Central, el Bloque Noroccidental, el Bloque Magdalena Medio y el Bloque Caribe. Ello implica que las víctimas y los comparecientes de los Bloques Sur y Oriental —dos de las estructuras de mayor dimensión de las antiguas FARC-EP— aún no participen de una ruta restaurativa similar a la que se viene implementando en el despacho referido. Este trato diferencial puede configurar una afectación al derecho a la igualdad, con eventuales repercusiones negativas al momento de concretar las propuestas de sanción propia que habrán de remitirse al Tribunal para la Paz. Asimismo, dicha situación puede incidir de manera adversa a la observancia del principio de estricta temporalidad que rige el procedimiento ante la JEP. En efecto, con independencia de que el proceso restaurativo se active o no de manera temprana, lo cierto es que este deberá surtirse, en todo caso conforme a lo dispuesto en la ley y de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por el propio Tribunal para la Paz, incluyendo el llamado de atención realizado al Despacho en el marco del Macrocaso 001. Al respecto, resulta pertinente recordar que la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz (SeRVR) insistió en el deber que asiste a la Sala de: “ser más exhaustiva en el proceso de consolidación de los proyectos de sanción y la consulta con las víctimas, a fin de contar con el mayor nivel de plenitud institucional disponible para garantizar las condiciones de imposición de las correspondientes sanciones propias [...]” Pues ante las falencias en términos restaurativos del proceso de instrucción, resultó necesario que la SeRVR adelantara “encuentros restaurativos, como escenarios de participación previos a la audiencia de verificación de que trata el artículo 30 de la ley 1922 de 2018”, encaminados a subsanar la ausencia de estos en el trámite adelantado por la Sala, a fin de recaudar la información necesaria para garantizar que las sanciones a imponer y los TOAR que las compongan, tengan una verdadera vocación restaurativa para las víctimas, los comparecientes y, por supuesto, la sociedad. En tal sentido, esta Procuraduría Delegada continuará insistiendo en la necesidad de promover una ruta restaurativa respecto de las estructuras pendientes —Bloque Oriental y Bloque Sur—, en la que se fomente la articulación con la Subdirección del Sistema de Justicia Restaurativa de la Secretaría Ejecutiva, a fin de crear escenarios idóneos para la construcción concertada de los proyectos restaurativos que habrán de ser presentados ante el Tribunal para la Paz en el marco de la definición de las sanciones propias. II. Observaciones a las versiones colectivas de los antiguos Bloques Oriental y Sur de las extintas FARC-EP. Fenómenos criminales respecto de los cuales persiste un déficit de esclarecimiento en los aportes de los comparecientes. Información relacionada con armas no convencionales y contradicciones en los aportes a la verdad sobre explosivos Uso sistemático de armas no convencionales Información relacionada con armas no convencionales y contradicciones en los aportes a la verdad sobre explosivos Uso sistemático de armas no convencionales En primer lugar, este Ministerio Público considera necesario destacar que las minas antipersonales (MAP) y los artefactos explosivos improvisados (AEI) constituyeron herramientas ampliamente utilizadas por ambos Bloques, pese a su carácter inherentemente indiscriminado y a su elevado potencial letal. Estas prácticas evidencian un abierto desconocimiento de los principios del Derecho Internacional Humanitario, en particular de los principios de distinción y proporcionalidad. Asimismo, en las versiones rendidas por los comparecientes de ambas estructuras se pudo constatar que el uso de dichos artefactos se dio de manera sistemática y generalizada, en la medida en que su empleo respondió a una práctica reiterada, planificada y tolerada por las estructuras de mando. Como consecuencia, las afectaciones no solo recayeron sobre la Fuerza Pública, sino también se extendieron a población civil. Al respecto, resulta pertinente mencionar que tanto la Convención de Ottawa —ratificada por el Estado colombiano en el año 2000— como el Derecho Internacional Humanitario consuetudinario han proscrito, de manera casi absoluta, el uso de armas no convencionales como las MAP y los AEI, en la medida en que constituyen medios ilícitos de guerra. Ello, por cuanto generan daños superfluos e innecesarios tanto a combatientes como a personas no combatientes, así como por su elevado potencial de afectación indiscriminada contra la población civil, incluso con posterioridad al cese de las hostilidades. Este es un fenómeno que incluso fue reconocido al interior de las versiones de los comparecientes, por ejemplo, el compareciente XXXXX, en el marco de la versión voluntaria del 19 de mayo de 2025, manifestó que sus armas "nunca fueron armas de precisión, fueron armas que fueron creadas de manera rudimentaria incluso”. En este contexto, y a partir del análisis de los formularios de solicitud de acreditación presentados ante la JEP por las víctimas, esta Procuraduría Delegada constató que, si bien este crimen tuvo una incidencia significativa sobre la población civil, la mayoría de las solicitudes relacionadas con el Bloque Oriental fueron presentadas por integrantes de la Fuerza Pública. Esta circunstancia pone de relieve que la protección otorgada por el Derecho Internacional Humanitario frente al uso de este tipo de armas se extiende igualmente a los miembros de la Fuerza Pública, aun cuando ostenten la condición de combatientes, en la medida en que las minas antipersonales y los artefactos explosivos improvisados constituyen medios de guerra de carácter indiscriminado. A manera de ejemplo, se destacan las solicitudes presentadas por XXXXX, XXXXX, XXXX, XXXX, XXXX y XXXX. Fue tal el impacto del uso de estas armas en el patrón de conducción de las hostilidades mediante medios y métodos ilícitos de guerra en contra de la Fuerza Pública, que varias diligencias de observaciones de víctimas —entre ellas las realizadas los días 5 de noviembre y 16 de diciembre de 2025— se centraron casi de manera exclusiva en los relatos de integrantes y exintegrantes de la Fuerza Pública. Adicionalmente, gracias a estas diligencias, esta Procuraduría pudo evidenciar que muchos de los hechos expuestos por la representación de víctimas no fueron abordados por los comparecientes en las primeras jornadas de versiones voluntarias colectivas de las áreas priorizadas y no priorizadas en los s Bloques Oriental y Sur, debido a que sus solicitudes de acreditación eran objeto de reposición en la SRVR, o de apelación, ante el Tribunal para la Paz de la JEP. Ello supone un inconveniente en el proceso dialógico para los comparecientes, toda vez que tendrían que pronunciarse sobre que fueron puestos en conocimiento después de las versiones voluntarias realizadas en el año 2025. Del mismo modo, son hechos respecto a los cuales las víctimas no han obtenido respuesta por parte de la comparecencia. En consecuencia, este Ministerio Público solicitará al Despacho que una vez agotada la etapa de observaciones escritas de los respectivos Bloques, convoque a una nueva jornada de versiones voluntarias en la que los comparecientes puedan pronunciarse respecto de estos nuevos hechos y, así, darles respuesta efectiva a las demandas de verdad de las victimas acreditadas. Por otro lado, en versión voluntaria colectiva del 20 de mayo de 2025, el compareciente del antiguo Bloque Oriental, XXXX mencionó que la utilización de minas al momento de realizar tomas a poblaciones era una práctica habitual dentro del frente al que pertenecía -Frente 51-, debido a su potencial de cubrir la retaguardia en caso de que llegaran tropas de apoyo del ejército. Asimismo, mencionó que una vez se retiraban de las poblaciones, dichas minas eran recogidas, como, por ejemplo, en la toma del municipio e Cabrera, en Cundinamarca. No obstante, la argumentación del compareciente respecto de cómo se realizaba la remoción de dichas armas no convencionales no fue suficiente. Temas como el método de desactivación de los explosivos no fue explicado durante la jornada. Esto es relevante máxime si se tiene en cuenta la fragilidad de estos artefactos al ser de construcción principalmente artesanal y la dificultad que supone conocer el sitio exacto donde fueron colocadas. Esto es relevante máxime si se tiene en cuenta la fragilidad de estos artefactos al ser de construcción principalmente artesanal y la dificultad que supone conocer el sitio exacto donde fueron colocadas. Adicionalmente, el compareciente mencionó que antes de las incursiones a las cabeceras municipales, la población civil era informada de la colocación de las minas en las zonas retaguardia y se les hacia una serie de “recomendaciones” mediante “algunos volantes, unas hojas volantes, unos escritos, cuando se encontraba con la población, porque todos los días había contacto con cualquier campesino y el campesino también le preguntaba (...)”  Sin embargo, no resulta claro de qué manera dicha divulgación de información podía llevarse a cabo sin comprometer la ventaja militar de la acción armada, en la medida en que ello hacía factible que dicha información fuera conocida por los organismos de inteligencia del Ejército Nacional o de la Policía. Adicionalmente, en la misma versión se menciona que el señor XXXX falleció como consecuencia de una de estas acciones, ocurrida en la vía que conduce del municipio de XXXX al municipio de XXX, circunstancia que permite cuestionar la efectividad real de las medidas adoptadas para la protección de la población civil. Ahora bien, el Bloque XXX tampoco fue ajeno a la utilización de minas. Según lo dicho por XXXX, en algunas zonas se llegaron a enterrar hasta 500 minas en recipientes (“timbas”), que luego eran distribuidas según necesidad. Cada compañía contaba, al menos, con un explosivista capacitado para la fabricación y el empleo de estos artefactos. Dichos integrantes recibían entrenamiento específico al interior del Bloque, si bien algunos de ellos también fueron formados en el exterior, en países como Angola o Vietnam. Dichos integrantes recibían entrenamiento específico al interior del Bloque, si bien algunos de ellos también fueron formados en el exterior, en países como Angola o Vietnam. No obstante, el uso de minas no siempre se ajustó a las normas internas establecidas por la organización. En múltiples ocasiones no se informó a la población civil sobre la presencia de terrenos minados, y existe registro de que incluso integrantes de la propia estructura armada resultaron afectados por minas instaladas por sus compañeros. En teoría, las minas se usaban para frenar el avance del ejército y proteger las rutas de escape (igual que en el BORI), pero los mismos comparecientes admiten que también afectaron gravemente a la población civil. Por ejemplo, se mencionó el caso de Bertulfo Ramírez, un campesino que murió por una mina en 2010, cerca de una iglesia en XXXX. También reconocieron que muchas veces las minas eran puestas en caminos usados por civiles, sin señalización ni advertencias. De igual forma, se identificó que algunos mandos medios procedieron a la instalación de minas sin contar con autorización ni con registros formales de su ubicación. En aquellos casos en los que los explosivistas responsables fallecieron, la información relativa a la localización de dichos artefactos se perdió, lo que incrementó de manera indiscriminada el riesgo tanto para la población civil como para los propios combatientes. Si bien existía un cuaderno destinado al registro de las coordenadas de cada mina instalada, dicho mecanismo de control no fue aplicado de manera constante ni efectiva en todos los casos. Finalmente, los testimonios dan cuenta de errores de especial gravedad en la instalación y manejo de minas, entre ellos el relato de un integrante de la organización armada que, al colocar artefactos sin las debidas precauciones, ocasionó la muerte de su propio padre y de su suegro. Si bien algunos mandos intentaron establecer lineamientos orientados a regular el uso de minas y a prevenir afectaciones a la población civil, lo cierto es que la práctica descrita se caracterizó por la ausencia de controles efectivos, un manejo desordenado de los artefactos y la consecuente generación de un número significativo de víctimas, tanto civiles como combatientes. En atención a lo anterior, el Ministerio Público considera necesario que los comparecientes profundicen en estos aspectos. Por tal razón, se solicitará a la SRVR que requiera a los antiguos integrantes del Bloque Oriental y del Bloque Sur una ampliación de su aporte a la verdad en relación con el uso de MAP y AEI, incluyendo los mecanismos de autorización, control, registro y las medidas adoptadas para la protección de la población civil. Inconsistencias en las versiones colectivas de los XXXX y XXXX en torno al conocimiento y empleo de explosivos Las versiones rendidas por comparecientes del Bloque XXXX ponen de manifiesto desacuerdos relevantes en torno al nivel de conocimiento, uso y control de los artefactos explosivos al interior de la estructura. Si bien coinciden en señalar que las minas antipersonal, los cilindros bomba y otros artefactos explosivos fueron ampliamente utilizados por la organización, difieren de manera sustancial respecto de quiénes contaban con conocimientos para su fabricación, los empleaban en la práctica y bajo qué criterios se autorizaba su utilización. Algunos comparecientes, como XXXXX, ofrecieron explicaciones detalladas sobre la composición técnica de las minas antipersonal, incluyendo el uso de explosivos como TNT, pilas de nueve voltios y cables de aproximadamente cinco metros de longitud, así como sobre la existencia de explosivistas formados tanto al interior de la organización como en el exterior. En contraste, mandos como XXXXX y XXXX minimizaron su nivel de conocimiento y participación en estos hechos. En sus versiones, manifestaron que no estuvieron directamente involucrados en operaciones con explosivos ni contaban con información específica sobre las técnicas empleadas, incluso en relación con hechos de alto impacto, como el atentado contra la sede de XXXX en XXXX o el uso de casas bomba en XXXX. Esta postura resulta contradictoria con lo expuesto por otros integrantes de la organización, quienes atribuyen la planificación y ejecución de dichas acciones a estructuras que se encontraban bajo el mando de los mencionados comparecientes, lo cual pone de relieve divergencias sustanciales en las versiones rendidas sobre el conocimiento, control y autorización del uso de artefactos explosivos. Asimismo, se identifican contradicciones relevantes en relación con la preparación técnica de los explosivistas y la cadena de mando al interior de la estructura. Mientras algunos comparecientes afirman que los explosivistas eran seleccionados de manera cuidadosa y formados conforme criterios técnicos y políticos definidos, otros sostienen que su actuación fue esencialmente autónoma y que los comandantes no siempre tenían conocimiento de las acciones que estos adelantaban. Esta inconsistencia resulta particularmente sensible en aquellos hechos en los que el uso de explosivos generó afectaciones a la población civil, como ocurrió en el atentado fallido contra el entonces XXXX XXXX en la ciudad de XXXX, o en la instalación de minas en caminos de uso frecuente por campesinos, sin medidas de señalización ni advertencia previa. Esto refleja no solo tensiones internas en torno a la asignación de responsabilidades, sino también las dificultades existentes para establecer una verdad plena respecto de operaciones en las que se produjeron graves afectaciones al derecho internacional humanitario. El recurso reiterado a la compartimentación de la información —bajo esquemas en los que cada integrante conocía únicamente una parte del plan— ha dificultado de manera significativa el esclarecimiento de los hechos, dando lugar a relatos fragmentados, en los cuales algunos comparecientes reconocen el conocimiento técnico y operativo, mientras otros lo niegan de forma absoluta. En suma, el tratamiento del uso de explosivos en las versiones rendidas por comparecientes del Bloque Sur evidencia una verdad incompleta, atravesada por contradicciones que deberán ser contrastadas y valoradas por la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de determinar, en su momento, las responsabilidades individuales y colectivas que pudieran derivarse de estos hechos. Ausencia de información sobre fosas comunes y minas activas Uno de los vacíos más significativos identificados por el Ministerio Público es la ausencia de información sustancial, precisa y verificable sobre la ubicación de fosas comunes y la localización de minas antipersonal que aún permanecen activas en los territorios. En lo que respecta a las fosas comunes, los comparecientes han reconocido la inhumación de cuerpos en zonas rurales; sin embargo, al ser requeridos sobre coordenadas, descripciones del terreno o cualquier otro elemento que permita avanzar de manera efectiva en los procesos de búsqueda, la mayoría ha manifestado no contar con información concreta. Como explicación, señalan que no participaron directamente en dichas acciones o que los responsables materiales habrían fallecido o desertado con posterioridad. Como explicación, señalan que no participaron directamente en dichas acciones o que los responsables materiales habrían fallecido o desertado con posterioridad. Una situación similar se presenta en relación con la información sobre minas antipersonal que continúan activas. Si bien algunos comparecientes —como XXXXX— han aportado detalles técnicos sobre los métodos de fabricación y emplazamiento utilizados en el pasado, también han reconocido que muchos de los croquis, registros o referencias se perdieron, particularmente cuando los explosivistas murieron en combate o fueron capturados. A ello se suma la práctica de no reportar al mando la ubicación exacta de los campos minados, lo que genera en la actualidad un riesgo elevado para comunidades rurales, campesinas e indígenas que transitan por estas zonas sin advertencias ni señalización alguna. Incluso en aquellos casos en los que existieron registros, estos se elaboraban de manera artesanal, en cuadernos o mapas sin respaldo técnico o digital, lo que dificulta de forma considerable su reconstrucción en el presente. Adicionalmente, los comparecientes han señalado que, en múltiples ocasiones, los explosivistas actuaban con amplios márgenes de autonomía, sin dejar constancia de sus acciones ni compartir dicha información con otros mandos, profundizando así los obstáculos para el esclarecimiento y la mitigación del riesgo actual. Conforme se mencionó anteriormente, la ausencia de información concreta y verificable sobre estos aspectos obstaculiza de manera directa los procesos humanitarios de búsqueda de personas dadas desaparecidas y de desminado humanitario. En consecuencia, las comunidades afectadas continúan expuestas al riesgo y al sufrimiento, mientras que en las versiones rendidas persiste la reiteración de afirmaciones tales como que “no se tiene conocimiento”, que “quienes contaban con la información ya fallecieron” o que “no se llevaron registros”, lo cual limita significativamente los avances en materia de verdad, reparación y garantías de no repetición. En consecuencia, se solicita a la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad (SRVR) que requiera a los comparecientes, en cumplimiento de las obligaciones asumidas en virtud del régimen de condicionalidad, para que adelanten las gestiones necesarias orientadas a recopilar y aportar información concreta, precisa y verificable sobre la ubicación de fosas comunes y de minas antipersonal que aún se encuentran activas en las áreas de influencia de los Bloques en los que operaron. Información recaudada sobre las estructuras urbanas y el deber de profundizar el esclarecimiento de su rol en la inteligencia financiera, la selección de víctimas y la ubicación de personas desaparecidas De acuerdo con la información recaudada por la SRVR en el marco del Macrocaso 10, trasladada al XXXXX, las milicias al interior de las distintas estructuras operaron como una verdadera organización criminal dentro de las extintas FARC-EP, generando múltiples y graves afectaciones a la población civil, particularmente como consecuencia del “control problemático” que se ejercía sobre dicho cuerpo armado y de la dinámica específica bajo la cual actuaba, en muchos casos mimetizada dentro de la población civil. Así, se trató de una estructura con presencia en diversos ámbitos: no solo apoyó las labores financieras de la organización, sino que su participación también tuvo una relevancia significativa en los planos político y armado. En efecto, los comparecientes precisaron de manera reiterada que las milicias no constituyeron un componente accesorio o marginal, sino que hicieron parte orgánica del aparato armado, con funciones definidas de inteligencia, control social, apoyo logístico, obtención de recursos y participación directa en acciones armadas, actuando bajo lineamientos impartidos por los estados mayores de frente, columna o bloque. Asimismo, de las versiones rendidas, se advierte que las milicias tuvieron una presencia especialmente significativa en las zonas de retaguardia histórica del Bloque Oriental, donde llegaron a conformar unidades propias, incluso con mandos específicos, como fue reconocido en relación con estructuras como el Frente 10, entre otras. Adicionalmente, algunos comparecientes señalaron que, en varios contextos territoriales, el número de milicianos superaba al de combatientes armados, circunstancia que refuerza la relevancia de este componente en la ejecución de las políticas de la organización y en las graves afectaciones ocasionadas a la población civil. No obstante, lo anterior, el Ministerio Público advierte contradicciones en los aportes realizados por los comparecientes, en particular al referirse al número y la presencia de milicianos en determinadas estructuras. En efecto, en algunos casos se señaló que el Frente 52 contaba únicamente con cuatro o cinco milicianos; que el Frente XXX tenía apenas dos; y que en el Frente 54 incluso se infirió la inexistencia de este componente. Al mismo tiempo, respecto de otros frentes —como el Frente 10— se afirmó que el número de milicianos superaba al de guerrilleros armados. En tal sentido, la información documentada por la Sala permite desvirtuar dichas afirmaciones, en la medida en que ha sido posible establecer, como ya se indicó, la presencia significativa y extendida de este componente armado. Ello evidencia que la actuación de las milicias no fue aislada ni espontánea, sino funcional a decisiones adoptadas al interior de la estructura armada, en el marco de una lógica organizacional y de política definida. Precisamente, así fue descrito por los comparecientes en las versiones del Bloque Oriental: las milicias desarrollaban labores permanentes de inteligencia territorial, recolección de información sobre los movimientos del enemigo, control social y acercamiento a la población civil, así como actividades de apoyo financiero y logístico. las milicias desarrollaban labores permanentes de inteligencia territorial, recolección de información sobre los movimientos del enemigo, control social y acercamiento a la población civil, así como actividades de apoyo financiero y logístico. En particular, se señaló que dichas labores incluían la identificación de personas consideradas de interés para la extinta organización, el seguimiento sistemático de sus rutinas y la posterior transmisión de esa información a los distintos niveles de mando. Circunstancias similares fueron documentadas en las versiones voluntarias rendidas por exintegrantes del Bloque Sur, en las cuales se evidenció que las milicias no solo cumplieron funciones de apoyo logístico, sino que constituyeron un engranaje fundamental para la inteligencia militar, el ejercicio del control social y coercitivo, así como para la ejecución de actos de violencia selectiva en los departamentos de Huila, Caquetá y Putumayo. Como fue referido en este bloque, particularmente en el caso de la Columna Móvil Teófilo Forero, las milicias operaban bajo directrices impartidas por mandos específicos. A manera de ejemplo, en el caso de las denominadas milicias bolivarianas, estas estaban integradas por personas que, debido a su edad avanzada u otras condiciones, no podían incorporarse como guerrilleros de base; no obstante, recibían una remuneración y cumplían funciones de carácter militar y de seguridad. Por su parte, en las estructuras especializadas se documentan casos como el de XXXX, quien disponía de un cuerpo de milicias —aproximadamente veinte (20) integrantes— que operaba como “pistoleros” para la ejecución de misiones tanto en contextos urbanos como rurales. Resulta igualmente relevante hacer mención del fenómeno de la infiltración comunitaria. Al respecto, en las versiones se indicó que los milicianos eran seleccionados al interior de las mismas comunidades, de manera que pudieran residir en ellas, lo que facilitaba las labores de vigilancia y control sin despertar sospechas inmediatas. Al respecto, en las versiones se indicó que los milicianos eran seleccionados al interior de las mismas comunidades, de manera que pudieran residir en ellas, lo que facilitaba las labores de vigilancia y control sin despertar sospechas inmediatas. En particular, a partir de la lectura y el análisis de las versiones trasladadas, esta Procuraduría Delegada ha podido identificar cuatro roles principales desempeñados por las milicias en el marco de este Bloque: Inteligencia y vigilancia: su función principal consistía en el control de personas ajenas a las comunidades que ingresaban a los centros poblados, así como en la identificación de posibles infiltrados o informantes de la Fuerza Pública. Logística y seguridad de mandos: desempeñaban labores de apoyo operativo, tales como la excavación de trincheras, la disposición y enterramiento de residuos con el fin de no dejar rastros, y la prestación de seguridad directa a los comandantes de las unidades. Control de movilidad y territorio: en municipios como Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán, los milicianos ejercían una injerencia significativa en la toma de decisiones relacionadas con la seguridad regional y el control del tránsito y circulación de la población civil. Recaudación de finanzas: actuaban de manera coordinada con los responsables de las finanzas de la organización —como en el caso de James Patamala—, participando en el cobro de las denominadas “vacunas” y en el control de las economías locales. Partiendo de dicho análisis, y en relación con la participación de las milicias en los hechos victimizantes atribuidos al Bloque Sur, se ha podido identificar que los denominados milicianos bolivarianos actuaron como ejecutores materiales de atentados contra líderes políticos. Tal es el caso del atentado contra la diputada XXXX, en el cual los milicianos XXX y XXXX fueron identificados como los responsables directos de la acción. Tal es el caso del atentado contra la diputada XXXX, en el cual los milicianos XXX y XXXX fueron identificados como los responsables directos de la acción. Asimismo, en los casos de desaparición forzada se ha vinculado a milicianos del Frente 14 con la interceptación y retención de jóvenes —como XXXX y XXX—, quienes, tras ser capturados por las milicias, fueron entregados para su ejecución bajo acusaciones infundadas de espionaje. Otro ámbito en el que también se ha logrado identificar la participación de las milicias corresponde a los casos de desplazamiento forzado, en los cuales estas eran las encargadas de transmitir amenazas de “orden de salida” a familias acusadas de actuar como informantes o de incumplir con las exigencias económicas impuestas por la organización, comúnmente denominadas “vacunas”. Adicionalmente, y debido a su carácter clandestino, las milicias permitieron al Bloque Sur proyectar su accionar violento hacia cascos urbanos y ciudades como Neiva y Florencia, en las que los guerrilleros de base enfrentaban mayores dificultades para operar. De igual manera, la información documentada permite identificar rasgos de arbitrariedad en el actuar de estas estructuras, en tanto que, en algunos casos, los milicianos incurrieron en actos de indisciplina o en la comisión de homicidios sin la previa consulta o autorización del Estado Mayor del respectivo frente, motivados por intereses personales o por información errónea suministrada por civiles. En este orden de ideas, resulta necesario advertir que en el extinto Bloque Sur las milicias fueron utilizadas como un instrumento de control social, mediante la imposición de normas de comportamiento, labores de vigilancia, la recaudación de recursos a través de mecanismos de extorsión y el control de diversas actividades económicas que involucraban a la población civil. Estas prácticas permitieron la configuración de una estructura de poder paralela que regulaba aspectos de la vida cotidiana, imponía sanciones y castigos, y generaba un clima generalizado de temor e intimidación en las comunidades afectadas. Ahora bien, pese al valor de los aportes realizados por los comparecientes de ambas estructuras en relación con el funcionamiento de las milicias y de las estructuras urbanas, para el Ministerio Público resulta imperativo que dichos aportes sean profundizados. En particular, se considera necesario que los comparecientes que tuvieron a su cargo responsabilidades en materia de inteligencia amplíen la información relativa a la identidad y el paradero de los coordinadores de milicias, con el fin de atender de manera efectiva las demandas de verdad asociadas a las personas desaparecidas en los departamentos de Caquetá y Huila. Para concluir, y como se ha reiterado en el marco de la instrucción del Macrocaso 01, una parte esencial de la reconstrucción de los crímenes cometidos de manera masiva y sistemática por la extinta organización guerrillera FARC-EP depende de los aportes que puedan realizar quienes, en su condición de milicianos, tuvieron una participación relevante en este tipo de conductas. La identificación de estos responsables por parte de la Sala constituye una de las principales solicitudes que ha venido formulando esta Procuraduría Delegada, en consonancia con las legítimas expectativas de las víctimas del conflicto armado, particularmente en lo que respecta al esclarecimiento pleno de los hechos y a la determinación de responsabilidades. Prácticas de estigmatización contra familiares y miembros de la Fuerza Pública: negaciones y vacíos en el esclarecimiento Prácticas de estigmatización contra familiares y miembros de la Fuerza Pública: negaciones y vacíos en el esclarecimiento A juicio del Ministerio Público, las versiones rendidas por los comparecientes del Bloque Oriental evidencian desacuerdos relevantes en torno al conocimiento y a las prácticas de desplazamiento forzado asociadas a que las víctimas tenían algún tipo de vínculo con la Fuerza Pública, en particular cuando contaban con un familiar que se encontraba o había prestado el servicio militar. Una ilustración de lo anterior se encuentra en las manifestaciones realizadas por el compareciente Compareciente XXXX, quien en audiencia del 28 de mayo de 2025 sostuvo: “A ver, aquí hay que explicar bien, para claridad. La fuerza pública después de que, Si está en el área es porque está por fuera del servicio. O sea, ya si fue soldado, si fue, o sea, está por fuera del servicio, uno se va aquí, que era el área, que era el área, aquí por Sasaima hay uno que encuentra por ahí unos 100 retirados, ¿cierto? acomodados ahí... ahí cubre ahí 100, o sea, pensionados, ¿sí? Esto lo estoy explicando, o sea, lo de FARC, ¿cierto?, en las áreas. Hay unos, no todos. Hay unos que... que quedan, y siguen el trabajo de informante. O sea, en este conflicto se dio eso, hay unos que quedaron ahí con su apego a la institución. Y toda esa cuestión pues, pues quedaron, ¿cierto? Y con la pensión, pues hay unos, o sea, anti insurgentes. Eso hay que hablarlo claro, si me entiende, anti insurgentes. Ya no con el fusil, sino pero sí con un radiecito y pasando la novedad y pasando todo eso” (SIC). Eso hay que hablarlo claro, si me entiende, anti insurgentes. Ya no con el fusil, sino pero sí con un radiecito y pasando la novedad y pasando todo eso” (SIC). Este tipo de afirmaciones conduce al Ministerio Público a formular una observación en torno a la reiterada negación, por parte de algunos comparecientes, respecto de la existencia de prácticas de estigmatización dirigidas contra familiares o miembros de la Fuerza Pública. En criterio de esta Delegada, resulta evidente que dichas prácticas sí respondieron a una política al interior de la organización. No obstante, cuando la Jurisdicción ha planteado este asunto en el marco de las versiones voluntarias, las respuestas ofrecidas por exintegrantes de las extintas FARC-EP han tendido a manifestarse a través de evasivas, explicaciones justificativas o minimizaciones del fenómeno, lo cual resulta insatisfactorio, no solo desde la perspectiva del Ministerio Público, sino también desde la de las víctimas que padecieron directamente estas prácticas de estigmatización. En las distintas versiones rendidas por los comparecientes no se aceptó de manera expresa la existencia de prácticas de estigmatización dirigidas contra familiares o miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, a partir de lo dicho por algunos comparecientes, resulta posible corroborar lo señalado por las víctimas en el marco de las observaciones a las versiones, en las cuales expresaron su indignación frente al abordaje dado a estos hechos y a la limitada asunción de responsabilidad por parte de los comparecientes respecto de las conductas sufridas por tener o haber tenido algún tipo de vínculo con la Fuerza Pública. Más aún si se tiene en cuenta que, de manera reiterada, en las intervenciones de las víctimas de ambas estructuras es posible identificar con claridad los eventos en los que se presentó este fenómeno. En concreto, las víctimas han afirmado que tanto quienes tenían familiares en las filas de la fuerza pública como quienes habían sido incorporados al servicio militar padecieron persecuciones, estigmatizaciones y señalamientos como posibles informantes o aliados de quienes eran considerados enemigos por la organización. Esta situación conduce al Ministerio Público, una vez más, a reiterar el llamado a un aporte pleno y efectivo a la verdad por parte de los comparecientes, en coherencia con los compromisos asumidos ante esta Jurisdicción y con el principio de centralidad de las víctimas, quienes constituyen el eje del proceso transicional. Así las cosas, para esta Delegada resulta imperioso que los comparecientes amplíen sus aportes a la verdad de manera detallada, responsable y comprometida, con el fin de que estos sean suficientes, veraces y sustantivos, y permitan a las víctimas ver satisfechas sus legítimas expectativas de verdad y dignificación, contribuyendo de manera efectiva a la reparación simbólica de quienes han padecido por largos años los efectos del conflicto armado en Colombia. Violencia al interior de la estructura como mecanismo de disciplina Los comparecientes reconocieron la existencia de ejecuciones intrafilas en la estructura guerrillera. Estas ejecuciones, en múltiples casos, fueron justificadas como sanciones derivadas de supuestas faltas graves, errores operativos o presuntos actos de traición. Estas ejecuciones, en múltiples casos, fueron justificadas como sanciones derivadas de supuestas faltas graves, errores operativos o presuntos actos de traición. Uno de los casos que ilustra este fenómeno al interior de la organización fue abordado por la señora XXXX en la diligencia de observaciones celebrada 10 de noviembre de 2025. En dicha intervención, la señora Trujillo Barragán manifestó que su hijo, XXXX, fue víctima de un homicidio intrafilas como consecuencia de un denominado “consejo de guerra”, el cual se habría originado tras su deserción de la unidad conocida como los “bachilleres”, comandada por XXXX. En versión voluntaria individual rendida el 15 de septiembre de 2025, , el compareciente XXXX manifestó tener conocimiento del hecho, y añadió que el señor XXXX habría sido asesinado en el área de Barrancominas, departamento de Guainía. Adicionalmente, el compareciente señaló que, conforme a las normas internas de la organización, la deserción hacía parte de uno de los 11 comportamientos tipificados como delitos en el estatuto de la antigua organización armada, los cuales eran sancionados con el fusilamiento. No obstante, no profundizó en la identificación ni en la descripción de los demás comportamientos que, según su versión, daban lugar a la imposición de dicha sanción. De igual manera, el compareciente XXXX relató que, desde su experiencia personal, estuvo a punto de ser víctima de un fusilamiento como resultado de un denominado consejo de guerra, el cual, según su versión, habría sido constituido a partir de pruebas falsas aportadas por otro integrante de la organización. Asimismo, de manera sucinta, el compareciente describió el funcionamiento de dichos consejos de guerra, señalando que estos operaban de forma similar a un proceso judicial ordinario, en tanto contaban con la designación de un secretario político —elegido por los guerrilleros del frente— y con la votación de quienes asumían los roles de fiscal y defensor. Adicionalmente, en versión voluntaria rendida el 1 de septiembre de 2025 , el compareciente XXXX reconoció que el hecho efectivamente ocurrió, reconocimiento que fue valorado de manera positiva por la señora XXXX durante la diligencia de observaciones. Aunado a lo anterior, en relación con los fusilamientos, el compareciente XXXX manifestó lo siguiente: “[N]uestro estatuto, nuestro reglamento que llamábamos ahí, teníamos una serie de faltas que se clasificaban en faltas leves, faltas graves de primera instancia, faltas graves de segunda instancia y delitos. Las personas que cometían delitos, habían algunos, de acuerdo a su gravedad que se tenía que convocar un consejo revolucionario de guerra que entre sus posibles sanciones, la más grave, la máxima, era el fusilamiento, porque ponía en peligro la integridad de los miembros de la misma organización, la organización, sus digamos planes” (sic) Por otro lado, en relación con el Bloque Sur, se identificó otro ejemplo ilustrativo de este fenómeno correspondiente al caso del guerrillero XXX, quien decapitó a un soldado herido tras un combate ocurrido en zona rural. Tanto XXXXX como XXXX confirmaron que el soldado ya se encontraba muerto al momento de la decapitación y que dicha acción respondió a una decisión unilateral de XXX, adoptada en contravención de las normas internas de la organización relativas al trato y respeto de los prisioneros. Como consecuencia de esta conducta, XXXX fue sancionado con veinticinco “ranchadas”. No fue fusilado ni expulsado de la estructura, y continuó vinculado a la organización hasta perder la vida posteriormente en combate. Adicionalmente, se reconoció que, en aquellos casos en los que se presentaban operaciones deficientemente ejecutadas —por ejemplo, cuando se detonaban de manera anticipada casas bomba o se ocasionaban muertes de civiles—, se adelantaban investigaciones internas con el fin de establecer responsabilidades. En los eventos en que se determinaba la existencia de negligencia o de una actuación dolosa, se ordenaba la imposición de sanciones que podían incluir el fusilamiento de los responsables. En este sentido, el compareciente XXXXX manifestó que, como consecuencia del uso indebido de explosivos en zonas urbanas, algunos integrantes de la organización fueron sometidos a fusilamiento. No obstante, en su versión no precisó los nombres de las personas sancionadas ni el número exacto de casos en los que se habría aplicado dicha medida. Si bien la información proporcionada por ambos comparecientes resulta valiosa para el proceso de contrastación adelantado por la SRVR, en particular la aportada por el compareciente XXXX en relación con el funcionamiento de estos mecanismos internos, persisten dudas sustantivas respecto de la estructura, alcance y aplicación de los denominados consejos revolucionarios de guerra que derivaron en homicidios intrafilas. En efecto, interrogantes tales como: (i) qué tipos de faltas o “delitos”, además de la deserción, daban lugar a la imposición de la sanción de fusilamiento; o (ii) si dichos consejos se desarrollaban y se conformaban de manera uniforme en todos los frentes del Bloque, continúan sin ser plenamente esclarecidos por los comparecientes. o (ii) si dichos consejos se desarrollaban y se conformaban de manera uniforme en todos los frentes del Bloque, continúan sin ser plenamente esclarecidos por los comparecientes. Por tal razón, el Ministerio Público solicita respetuosamente que se requiera a los comparecientes a profundizar en el funcionamiento de estos procedimientos internos, incluyendo sus criterios de activación, composición, garantías ofrecidas, alcance territorial y consecuencias, en atención a que tales prácticas habrían derivado en la muerte de un número significativo de excombatientes y resultan relevantes para el esclarecimiento de la verd