Consulta (misional) C-17-2026 de 2026 — Concepto jurídico en torno a la autoridad competente al interior de la procuraduría general de la nación (pgn) para investigar a los miembros del consejo superior universitario de la universidad tecno

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO-Concepto jurídico en torno a la autoridad competente al interior de la Procuraduría General de la Nación (pgn) para investigar a los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Cordoba” (utch), teniendo en cuenta que dentro de los investigados en el proceso disciplinario, se encuentra el delegado del ministro de educación y el designado por el presidente de la República Bogotá, D. C., 24/02/2026 C-17 – 2026 SALIDA 25/02/2026 Doctor José David Rodríguez Mendoza Procurador regional de instrucción del Chocó Carrera 2.ª con calle 25 esquina, 2-19, edificio Banco Popular, tercer piso Quibdó (Chocó) jdrodriguezm@procuraduria.gov.co regional.choco@procuraduria.gov.co Ref.: Respuesta consulta rad. E-2026-086764 del 17/02/2026 (C-2026-4268421) Respetado doctor: En atención a la consulta de la referencia, mediante la cual se solicita emitir un concepto jurídico en torno a la autoridad competente al interior de la Procuraduría General de la Nación (pgn) para investigar a los miembros del Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Cordoba” (utch), teniendo en cuenta que dentro de los investigados en el proceso disciplinario IUS E-2025-622325 / IUC D-2025- 4221075, se encuentra el delegado del ministro de educación y el designado por el presidente de la República, me permito manifestarle lo siguiente: Debe resaltarse que, en cumplimiento de la función que le ha sido asignada a esta oficina en el artículo 9.°, numeral 3.° del Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el artículo 4.° del Decreto Ley 1851 de 2021, se suministrarán elementos de juicio generales que sirvan para ilustrar el tema consultado, que puedan predicarse de cualquier asunto en circunstancias similares, sin que ello se entienda como resolución de un caso particular y concreto. Pues bien, comoquiera que esta dependencia ya había emitido un pronunciamiento sobre el asunto, se transcribe, in extenso, el concepto C-222 – 2022: [H]ay que partir por señalar que el artículo 64 de la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, establece lo siguiente: artículo 64. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y estará integrado por: // a) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional. // b) El Gobernador, quien preside en las universidades departamentales. // c) Un miembro designado por el Presidente de la República, que haya tenido vínculos con el sector universitario. // d) Un representante de las directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de los estudiantes, uno del sector productivo y un ex-rector universitario. // e) El Rector de la institución con voz y sin voto. // parágrafo 1. En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el Gobernador. […]. // parágrafo 1. En las universidades distritales y municipales tendrán asiento en el Consejo Superior los respectivos alcaldes quienes ejercerán la presidencia y no el Gobernador. […]. A su vez, el artículo 67 ibidem dispone que «[l]os integrantes de los Consejos Superiores o de los Consejos Directivos, según el caso, que tuvieren la calidad de empleados públicos y el Rector, estarán sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas por la ley y los estatutos así como las disposiciones aplicables a los miembros de juntas o consejos directivos de las instituciones estatales u oficiales. Todos los integrantes del Consejo Superior Universitario o de los Consejos Directivos, en razón de las funciones públicas que desempeñan, serán responsables de las decisiones que se adopten» (Negrilla fuera de texto). Al respecto, tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han precisado, respectivamente, lo siguiente: [D]e los ocho (8) miembros que conforman el Consejo Superior Universitario, sólo dos (2) proceden del gobierno, como son: el Ministro de Educación o su delegado, a nivel nacional; o el Gobernador, o el Alcalde, a nivel departamental, distrital o municipal, y el designado por el Presidente de la República. Existe otro miembro, ajeno al gobierno y a la universidad, que pertenece al sector productivo, y los otros cinco (5) hacen parte de la comunidad universitaria. Entonces, no es cierto que los miembros del Consejo Superior Universitario de origen estatal tengan la mayoría en ese organismo. Así las cosas, las decisiones podrán ser adoptadas de manera libre y razonada y no como fruto de la imposición de políticas ajenas a sus propios intereses y los de la sociedad en general. Así las cosas, las decisiones podrán ser adoptadas de manera libre y razonada y no como fruto de la imposición de políticas ajenas a sus propios intereses y los de la sociedad en general. [C]uando la institución universitaria sea del orden nacional el Consejo Superior Universitario será presidido por el Ministro de Educación Nacional o su delegado y que cuando sea en el orden departamental será presidido por el Gobernador, lo cual no implica que por la naturaleza Nacional o Departamental de la Universidad, el Ministro o el Gobernador dejen de considerarse miembros del Consejo. Situación que es diferente, cuando se trata de universidades del orden municipal y distrital, pues según lo dispuesto en el parágrafo 1.° del artículo 64 de la Ley 30 de 1992, son los alcaldes los que forman parte del Consejo y no el gobernador. De manera que el Consejo Superior Universitario, bien sea del orden nacional o del territorial, está integrado por servidores públicos o por particulares que cumplen función pública. Ahora, en el concepto C-18 – 2017, frente a la competencia de la Procuraduría Regional para investigar a un gobernador, cuando funge como presidente del Consejo Superior Universitario de una universidad del orden departamental, se concluyó «que como la designación legal efectuada al gobernador se hace en consideración al cargo que ostenta, cualquier irregularidad en la que incurra dicho funcionario deberá ser investigada por el procurador delegado competente». Por consiguiente, cuando se investigue a los miembros del Consejo Superior Universitario (servidores públicos y particulares), la actuación disciplinaria la adelantará quien tenga la competencia al interior de la pgn para conocer al servidor público de mayor jerarquía, sin perjuicio del orden (nacional o territorial) del ente universitario, salvo que solo se investigue a aquellos integrantes que ostenten la calidad de particulares que cumplen función pública. Resta agregar que la contestación que antecede, expedida a instancia de quien consulta, reviste un carácter meramente ilustrativo o indicativo, en la medida en que no tiene fuerza vinculante, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28 de la Ley 1437 de 2011 y 39 de la Resolución 330 de 2021. Atentamente, ORIGINAL FIRMADO POR JAVIER CAMILO FERNÁNDEZ VELANDIA Procurador auxiliar para asuntos disciplinarios Proyectó Ximena Gómez C-17 – 2026 E-2026-086764 (C-2026-4268421)