Concepto (misional) CONCEPTO 91 DE 2026 de 2026 — Llamamiento en garantía

DOCUMENTO ANONIMIZADO-Hace referencia a la actividad de reemplazar datos personales al igual que información sensible íntima personal y familiar en aras de garantizar derechos fundamentales de las personas tanto en las actuaciones administrativas iniciales como en la publicación/DOCUMENTO ANONIMIZADO-Dando cumplimiento a la Resolución No. 352 de 2024 se procede a anonimizar el presente documento por parte del Grupo de Relatoría sustituyendo los datos a proteger por xxx, yyy o omisivas ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA-Llamamiento en garantia El escrito de adhesión a la sentencia de primera instancia presentado por YYY S.A. y los escritos de oposición presentados por esta, por el INVÍAS y por la aseguradora ZZZ, contribuyeron a que esta Vista Fiscal reestructurara el orden de algunos ítems del concepto N° 166/2025 que el Ministerio Público presentó el pasado 18 de noviembre de 2025, y por lo tanto se solicita de manera respetuosa a la Sala de Decisión del Consejo de Estado que tenga en cuenta este nuevo concepto RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO–Daño antijurídico No se configura cuando no se acredita un perjuicio cierto, directo e imputable a la Administración. No se acreditó un perjuicio cierto y directo imputable a la Administración en la forma exigida para la reparación directa OCUPACIÓN DE INMUEBLE–Actos preparatorios La instalación de mojones y levantamientos topográficos constituyen actos preparatorios que no equivalen a ocupación material del predio, la firma ZZZ, ocupó físicamente parte de los terreno, mediante la instalación de 30 mojones y levantamientos topográficos, analizado por el Tribunal como actividades que no configuran ocupación NEXO DE CAUSALIDAD–Ruptura No se acredita cuando los perjuicios derivan de circunstancias propias del demandante y no de la actuación estatal. No existe relación de causalidad entre la actuación de la entidad y los daños reclamados No existe relación de causalidad entre la actuación de la entidad y los daños reclamados LUCRO CESANTE–Improcedencia No procede cuando se fundamenta en proyecciones o expectativas sin respaldo probatorio suficiente, las proyecciones económicas y utilidades esperadas no superaron el umbral probatorio para ser reconocidas como lucro cesante cierto DICTAMEN PERICIAL–Falta de idoneidad y soporte Carece de valor probatorio cuando se basa en información subjetiva no verificada. Los dictámenes CADUCIDAD DE LA ACCIÓN-Computo de los términos Se contabiliza desde el momento en que el demandante tiene conocimiento cierto de la afectación LLAMAMIENTO EN GARANTÍA–Inexistencia de siniestro No procede cuando no se configura responsabilidad del asegurado ni daño indemnizable. “No se configuran los elementos de la responsabilidad civil extracontractual - daño, hecho generador y nexo causal CONTRATO DE SEGURO–Exclusiones El asegurador no responde por daños financieros puros ni perjuicios no acreditados COSTAS PROCESALES–Procedencia Su reconocimiento depende de la acreditación de los gastos y del criterio aplicable CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-Postura jurídica Para esta Procuraduría Delegada, el recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la litis no está llamado a prosperar. En tal virtud, el Ministerio Público en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales solicita confirmar parcialmente la Sentencia del 25 de junio de 2025 proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander de acuerdo con la valoración de las pruebas que le faltó al a quo examinar, expuesta en este documento y de conformidad con las conclusiones expresadas en este concepto, así como en torno a la condena en costas respecto de la parte demandante CONCEPTO N° 091/2026 Bogotá, D. C., 28 de abril de 2026 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Consejera Ponente, doctora ADRIANA POLIDURA CASTILLO S. D. Ref: Proceso: 68001-23-33-000-2022-00411-01 (73.403) Medio de Control de Reparación directa (Ley 1437 de 2012 -Ley 2080 de 2021) Actor: Constructora XXX Demandados: Instituto Nacional de Vías INVÍAS, contratista de obra pública YYY S.A. y ZZZ S.A. (llamado en garantía) OBSERVACION INICIAL El Ministerio Público complementa el concepto N° 166/2025 que presentó el pasado 18 de noviembre de 2025 dentro del expediente de la referencia toda vez que, hasta el 13 de abril de 2026, el Despacho sustanciador se pronunció sobre el escrito de adhesión a la sentencia de primera instancia que presentó la demandada YYY S.A.-. Este Auto fue notificado mediante estado electrónico el 16 de abril de 2026, y se comunicó personalmente a esta Delegada el 15 de abril de 2026. Es de advertir que en el expediente electrónico reposan, de una parte, un escrito de adhesión a la sentencia de primera instancia presentado por la demandada YYY S.A. y, de otra, un escrito mediante el cual dicha sociedad formula oposición al recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la litis, XXX S.A.S. y, de otra, un escrito mediante el cual dicha sociedad formula oposición al recurso de apelación interpuesto por el extremo activo de la litis, XXX S.A.S. Así mismo, obran los escritos de oposición al recurso de alzada promovido por XXX S.A.S., presentados por la demandada INVÍAS el 6 de noviembre de 2025, y por la ASEGURADORA ZZZ el 4 de noviembre de 2025, ambos allegados dentro del término legal. El Despacho sustanciador no ha proferido aún pronunciamiento sobre tales intervenciones; con todo, esta Agencia del Ministerio Público fijará su posición al respecto en el presente concepto. En esta oportunidad, esta Vista Fiscal solicita confirmar parcialmente la sentencia recurrida de acuerdo con los argumentos que se exponen a continuación. ANTECEDENTES DEMANDA El 1 de julio de 2022, el apoderado judicial de XXX S.A.S. solicitó la declaración de la responsabilidad patrimonial del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y de la empresa contratista del Estado YYY S.A., por la ocupación administrativa permanente de una franja de terreno de 12.686 m² relacionada con 19 lotes pertenecientes a la constructora, ubicados en la vereda QQQ del municipio de Pinchote (departamento de Santander), afectada por las obras de la Variante de San Gil. La demandante adujo que estos lotes, segregados del inmueble “BBB”, hacían parte del proyecto denominado “TTT”. En virtud de la ocupación que alegan, considera la existencia de un daño antijurídico que se traduce en perjuicios materiales por daño emergente y lucro cesante por la suma de trece mil cuatrocientos cincuenta y cuatro millones ochocientos veintitrés mil seiscientos sesenta y cuatro pesos ($13.454.823.664 millones de pesos). En el acápite de hechos señaló que desde el año 2014 la empresa adquirió el predio en mención para desarrollar un proyecto campestre, el cual contó con licencia de construcción otorgada en 2015. Agregó que con ocasión de esa licencia y de la licencia de parcelación, desarrolló obras de infraestructura relacionadas con el acueducto, alcantarillado, planta de tratamiento, remoción de tierras, redes para otros servicios públicos y estudios técnicos, entre otras labores urbanísticas, por la suma de $ 744.489.398 millones de pesos según dictamen pericial aportado; sin embargo anotó que desde el año 2016, cuando se anunció públicamente la construcción de la variante a la carretera de San Gil por parte del INVÍAS, -lo cual consideran un hecho notorio-, sus ventas decrecieron ostensiblemente y aún más cuando el Estado suscribió el contrato de obra para el efecto el 28 de agosto de 2019. Señaló que, con ocasión de ese contrato, a mediados del mes de julio del año 2020, la firma YYY S.A. ocupó físicamente parte de los terrenos de la demandante mediante la instalación de 30 mojones y levantamientos topográficos que paralizaron por completo el proyecto inmobiliario que tenían. Adujo que, a pesar de haber presentado múltiples derechos de petición a INVÍAS y a YYY S.A. para que se le informara el trazado exacto de la vía por sus predios y el valor que les pagarían por la enajenación voluntaria, ninguna de las entidades le dio información concreta, sino que le indicaron que la adquisición predial de esos lotes se haría cuando la obra empezara a desarrollar la etapa denominada “prioridad 3”. La demandante invocó la responsabilidad objetiva del Estado por ocupación de inmuebles con trabajos de obra pública, aunado a que ella se encontraba en pleno uso del dominio de su terreno. Para sustentar los hechos anexó los folios de matrícula de los 19 lotes y del predio matriz, la copia del contrato celebrado entre el INVÍAS y YYY S.A., la licencia de construcción, la escritura pública contentiva del reglamento de propiedad horizontal, fotografías relacionadas con la ocupación del predio y dos dictámenes periciales, uno del ingeniero William Robledo Giraldo quien se pronunció acerca del daño emergente y lucro cesante relacionados con el daño que alega y otro del contador José Jair González, quien realizó una proyección financiera sobre las utilidades que obtendría el predio si no hubiera sido ocupado de manera ilegal por el Estado. En sus alegatos reiteró lo expuesto en la demanda. 1.2. CONTESTACIONES Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN En sus alegatos reiteró lo expuesto en la demanda. 1.2. CONTESTACIONES Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN i) El Instituto Nacional de Vías - INVÍAS- se opuso a todas las pretensiones y añadió que no existe relación de causalidad entre la actuación de la entidad y los daños reclamados. Sostuvo que la administración no incurrió en omisión, ni ocupó el predio de la demandante, y que las pruebas allegadas no acreditan ningún daño imputable al Estado. Aunque reconoció la existencia del contrato de obra 1019 de 2018 con YYY S.A., aclaró que los trabajos topográficos relacionados con la instalación de los mojones fueron realizados el 9 de julio de 2019 con autorización del representante legal de la constructora demandante, DDD, y no implicaron ocupación. En ese sentido, rechazó la imputación alusiva a las obras o intervenciones materiales sobre los terrenos para la época indicada por los demandantes. Resaltó que no hay prueba de daño alguno, ni de paralización del proyecto aludido por la demandante porque la licencia de construcción que tenía XXXD S.A.S. se le venció desde el año 2017. Así mismo cuestionó los dictámenes periciales aportados por el extremo activo de la litis al considerar que no son pruebas útiles, ni vigentes. se le venció desde el año 2017. Así mismo cuestionó los dictámenes periciales aportados por el extremo activo de la litis al considerar que no son pruebas útiles, ni vigentes. Señaló que el demandante no indicó los extremos temporales de la supuesta ocupación y que los trabajos relacionados con la instalación de mojones son trabajos de campo y no de ejecución de obra pública. Formuló la excepción de caducidad porque la demandante tuvo conocimiento del presunto daño desde el 9 de julio de 2019 y el medio de control fue interpuesto hasta el 8 de julio de 2022. Así mismo, propuso como excepción la falta de legitimación por pasiva toda vez que según el contrato suscrito con YYY S.A., ésta debía mantener indemne al INVÍAS, aunado al hecho por el cual, la entidad estatal era la encargada de adquirir los terrenos y realizar las gestiones prediales con el demandante dada la declaración de utilidad pública del terreno. Como pruebas aportó la copia del permiso de ingreso al predio firmada por XXX S.A.S., la licencia de construcción suburbana y la resolución ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Finalmente realizó el llamamiento en garantía a la aseguradora ZZZ Colombia. Finalmente realizó el llamamiento en garantía a la aseguradora ZZZ Colombia. En sus alegatos adujo que para el año 2023, entre la entidad y el demandante celebraron contratos de promesa de compraventa sobre 19 lotes de propiedad de XXX S.AS., ofertas que se celebraron los meses de agosto, septiembre y diciembre del año 2023, lo que deja en evidencia que antes de esa fecha no hubo ocupación del predio, ni enajenación voluntaria, ni expropiación, y que la demandante entregó de manera voluntaria cada uno de los lotes para la intervención de la obra pública adelantada por YYY S.A. y frente a los cuales, conforme lo declaró en audiencia de pruebas el señor DDD en calidad de representante legal de XXX S.A.S., ha recibido un aproximado de mil cuatrocientos millones de pesos (1.400.000.000) como pago de la venta de los lotes, y adujo que el valor restante estimado en el 30% del valor total sería pagado con la suscripción de las respectivas escrituras públicas. Finalmente solicitó el pronunciamiento del a quo sobre las objeciones graves que presentó en contra de los dictámenes periciales aportados por la demandante. Finalmente solicitó el pronunciamiento del a quo sobre las objeciones graves que presentó en contra de los dictámenes periciales aportados por la demandante. ii) El Contratista YYY S.A., invocó la inexistencia del daño antijurídico, ausencia de nexo causal, caducidad de la acción y carencia de legitimación en causa por pasiva. Señaló que no ocupó, perturbó, ni intervino de forma ilegal los terrenos del demandante. Sostuvo que las actuaciones adelantadas en el predio de la demandante se concretaron en labores topográficas y de socialización del proyecto ejecutadas con autorización expresa del propietario proporcionada el 9 de julio de 2019 por el representante legal de XXXD S.A.S., DDD. Agregó que no existió limitación alguna al derecho de dominio o posesión. Precisó que no realizó obras de construcción en el predio, sino que los levantamientos topográficos y el replanteamiento del eje vial obedecieron a los actos necesarios para la planeación del proyecto, por lo que no hubo ocupación material, jurídica, ni administrativa. Adujo que no existe relación directa entre las actividades ejecutadas y los presuntos perjuicios económicos alegados por la demandante, que el proyecto “Colinas de Capellanía” ya estaba paralizado por causas ajenas a YYY S.A., principalmente por la falta de vigencia de la licencia de construcción suburbana que se encontraba vencida para el 2018. Agregó que el avalúo del ingeniero William Robledo presentado con la demanda del extremo activo no tenía validez por haber superado el año de vigencia legal. Así mismo indicó que no se reunían los requisitos señalados por el Consejo de Estado para predicar una ocupación permanente, sobre todo teniendo en cuenta que no existía evidencia física, ni documental sobre dicha ocupación. También arguyó la caducidad de la acción teniendo en cuenta el conocimiento de los demandantes sobre las labores topográficas en los predios el 9 de julio de 2019 toda vez que la demanda se interpuso solo hasta el 8 de julio de 2022. Propuso la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva al señalar que, un contratista de obra no puede ser responsable directo de las decisiones administrativas de adquisición predial en tanto éstas son realizadas por el INVÍAS, y que la obligación de mantener indemne al contratante no implica asumir una responsabilidad sustantiva en materia de ocupación o expropiación. Sobre los dictámenes aportados por la demandante adujo que no tienen control ni contradicción, que las cifras reclamadas son especulativas y no se sustentan en hechos verificables, y que la demandante nunca inició la construcción de las viviendas, como tampoco gestionó contratos de compraventa, ni promesas de compraventa y en cambio sí negoció con el INVÍAS la adquisición de los predios a partir del año 2023. En sus alegatos reiteró los argumentos de la contestación, y agregó que se demostraron los errores graves de los dictámenes periciales aportados por los demandantes. Así mismo adujo que los testigos de la parte actora carecían de credibilidad al ser parcializados, que las promesas de compraventa aportadas por dicha parte no se perfeccionaron y que, como no se probó la ocupación del predio, tampoco quedó acreditado la existencia de un daño antijurídico en virtud de la ausencia de los elementos de responsabilidad civil extracontractual del Estado. iii) La Aseguradora convocada ZZZ Colombia llamada en garantía por el INVÍAS, se opuso íntegramente a las pretensiones de la demanda y a las del llamamiento. Argumentó que no se configuran los elementos de la responsabilidad civil extracontractual —daño, hecho generador y nexo causal—. Sostuvo que no existe daño antijurídico en los términos del artículo 90 de la Constitución Política porque XXXD S.A.S. no estaba en una situación jurídicamente protegida dado que no se produjo ocupación del predio “Colinas de Capellanía”, ni se realizaron obras por parte del INVÍAS o de YYY S.A., y además la licencia de construcción se hallaba vencida al momento de los hechos. Precisó que los perjuicios reclamados no son ciertos, ni directos, por lo que no son indemnizables. Se adhirió a las excepciones planteadas por el INVÍAS e indicó que, en caso de una eventual condena, esta no podría ser solidaria, sino conjunta y proporcional conforme al artículo 140 del CPACA, limitada al grado de participación causal de cada interviniente. También propuso la caducidad de la acción por las mismas razones de los anteriores demandados. Argumentó que no se configuró ningún siniestro según el artículo 1133 del Código de Comercio, y que además operó la prescripción ordinaria prevista en el artículo 1081 ibidem, pues han transcurrido más de dos años desde la primera reclamación relacionada con los hechos. Como excepciones de mérito esgrimió la inexistencia de responsabilidad del asegurado y, por tanto, la no configuración del siniestro además invocó el límite de responsabilidad al valor asegurado y el sublímite de cobertura, así como la aplicación de exclusiones contractuales, entre ellas, la exclusión de daños financieros puros, el deducible aplicable y la reducción de la suma asegurada por pagos previos. En sus alegatos reiteró lo expresado en la contestación y agregó que XXXD S.A.S. negoció y aceptó sin objeciones la compra de los 19 predios y recibió el 70% del valor acordado (aproximadamente $1.400 millones) por lo que no existe perjuicio actual. Precisó que los daños reclamados son hipotéticos y erróneos, pues el dictamen pericial de WR Ingenieros no cumple los requisitos legales, ni demuestra un daño emergente, ni un lucro cesante. 1.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 1.3. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El 25 de junio de 2025, la Sala de Descongestión de Oralidad del Tribunal Administrativo de Santander, delimitó el litigio al examen de una eventual ocupación permanente por causa de trabajos públicos y a la consecuente responsabilidad civil extracontractual del Estado, y a partir del acervo probatorio que fue recaudado concluyó que no se acreditaron los presupuestos para endilgar dicha responsabilidad. En la valoración probatoria, la Sala no acogió las tachas propuestas y por el contrario examinó los testimonios recaudados. Respecto a los dictámenes aportados por los demandantes, el a quo señaló que estos eran insuficientes para demostrar los elementos de la ocupación permanente y del daño antijurídico en los términos exigidos por la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. El problema jurídico formulado fue el siguiente tenor: “Corresponde a la Sala establecer si se configuran los elementos de la responsabilidad Estatal atribuible al Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y/o a YYY S.A. S.A., con ocasión del daño causado a XXXD S.A.S. consistente en la limitación a la propiedad sobre diecinueve (19) predios que fueron segregados del inmueble rural lote de terreno denominado La Palmita de su propiedad, por el trazado, diseño y apertura de la variante de San Gil y la afectación patrimonial derivada del no pago de la fracción de terreno ocupada por la ejecución de las obras en el marco del contrato de obra 1019 de 2018 y de la pérdida de utilidad proyectada con la ejecución del proyecto inmobiliario denominado Condominio Campestre Colinas de Capellanía que venía siendo desarrollado sobre dicho inmueble. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, se determinará si XXXD S.A.S tiene derecho al pago de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) en los términos solicitados en la demanda. A su turno, y de establecerse la responsabilidad administrativa del INVÍAS por el daño ocasionado a la parte actora, se definirá por la Sala si esta llamada la aseguradora ZZZ COLOMBIA SEGUROS S.A., a responder ante la eventual condena del llamante”. Con base en ese problema el a quo examinó la limitación de la propiedad de los 19 predios, la pérdida de la utilidad proyectada y afectación patrimonial predicada por la demandante. Sobre la ocupación alegada, la Sala recordó que debían acreditarse actos materiales de ejecución de obra o restricciones jurídicas efectivas que limitaran el uso, goce o disposición del bien, junto con la identificación del inmueble, sujetos, modos y lapso. A partir de las pruebas obrantes en el expediente, consideró no se encontraba demostrada la configuración de una ocupación permanente en los predios discutidos, como tampoco una afectación jurídica del dominio bajo el estándar objetivo que rige este régimen, toda vez que las actividades de medición y georreferenciación desplegadas por YYY S.A. no son actividades constructivas, sino que están limitadas a la toma de datos y medidas topográficas indispensables para la elaboración de los diseños de las obras objeto del contrato vial. En ese sentido precisó que esas actividades no implican la limitación o restricción alguna del derecho de dominio del propietario y por lo tanto no causan daño alguno a los derechos reales del mismo, en tanto ni siquiera alcanzan a constituirse en una ocupación temporal material o jurídica dentro de la vigencia del año 2020 como invoca la demandante, mucho menos cuando el ingreso a los predios el 9 de julio de 2019, fue consentido por los propietarios. En materia de daño antijurídico, el Tribunal concluyó que no se acreditó un perjuicio cierto y directo imputable a la Administración en la forma exigida para la reparación directa. La Sala destacó que las proyecciones económicas y utilidades esperadas no superaron el umbral probatorio para ser reconocidas como lucro cesante cierto, y que no quedó probado que los supuestos impedimentos provinieran de actos materiales u ocupación atribuibles a la obra pública; aunado al hecho por el cual, para el mes de mayo de 2023, se llevaron a cabo los procesos de enajenación voluntaria de los predios en disputa, respecto de los que se elaboró una oferta previa de compra y se pactó el precio, de acuerdo al avalúo comercial elaborado por la lonja inmobiliaria de Bogotá. Sobre ese particular el a quo indicó que, si la parte actora tenía reparos frente al monto de la oferta, o si los tiene respecto del trámite de la enajenación, debió plantearlos en esos procesos administrativos sobre todo cuando su adelantamiento tuvo lugar en forma posterior al ejercicio de esta acción. Frente al tema de la pérdida de la utilidad proyectada precisó que la demandante no logró acreditar la fecha en que inició sus labores urbanísticas y de construcción, como tampoco la fecha en la que las suspendió, puesto que no aportó prueba documental que así lo respalde y los dictámenes que aportó en ese sentido se basan en información subjetiva proporcionada por XXXD S.A.S., sumado al hecho por el cual los dictámenes de contradicción denotaron que los aportados por la demandante no contaron con la valoración de los servicios públicos instalados, o con las construcciones y servicios ofrecidos. En cuanto a las ventas de los lotes, señaló que aunque un testigo manifestó que se habían negociado unas 20 casas, la prosperidad de ese proyecto no tenía ningún futuro en tanto la demandante no había solicitado la renovación y/o una nueva licencia de construcción, con el agravante de que ninguno de los lotes prometidos en compraventa respecto de los que esta aportó información, corresponden a los requeridos para la construcción del proyecto vial, sumado al hecho por el cual, la demandante tampoco demostró la transferencia de dominio sobre esos predios a otras personas, ni los pagos recibidos al respecto, y además las promesas de compraventa aportadas al plenario fueron suscritas con más de un año de antelación a la firma del contrato de obra vial. En cuanto a la caducidad, la Sala efectuó el cómputo tomando como fecha de partida el 30 de marzo de 2020, fecha en la cual la entidad le informó cuántos y cuáles predios serían requeridos para el proyecto vial, y contrastó ese hito con la fecha real de presentación de la demanda 1 de julio de 2022, para desestimar las excepciones en ese sentido. Con base en todo lo anterior, el Tribunal negó las pretensiones, no dio por probada la ocupación permanente, no encontró daño antijurídico, ni nexo causal con los actos de la Administración o de su contratista y adoptó su decisión conforme al análisis precedente concentrándose en la oportunidad de la acción y la insuficiencia probatoria de la demandante. 1.4. RECURSO DE APELACIÓN DE XXXD S.A.S. La impugnación se interpuso dentro del término de ley. El recurso se estructura en torno a siete (7) ejes argumentativos que cuestionan la valoración probatoria y la interpretación jurídica del Tribunal a saber: i) Imputación sobre la no valoración integral de la prueba – refiriéndose a los testimonios y dictamen pericial- i) Imputación sobre la no valoración integral de la prueba – refiriéndose a los testimonios y dictamen pericial- Sobre estos aspectos, el apelante consideró que el Tribunal desconoció la fuerza de los testimonios practicados, en especial los de los socios de XXXD S.A.S. y los de quienes presenciaron la instalación de los mojones y estacas en los predios. En ese sentido señaló que esas declaraciones fueron coherentes, presenciales y acreditaron actos materiales de ocupación inicial del terreno, refiriéndose a la instalación de mojones y el acto simbólico de la colocación de la primera piedra. Así mismo alegó que se omitió la valoración integral del dictamen pericial de WR Ingenieros y del peritazgo financiero de FFF, los cuales, a su juicio, demostraban tanto el daño emergente como el lucro cesante derivados de la paralización del proyecto inmobiliario. ii) Errónea valoración de las pruebas decretadas Afirmó que el Tribunal ignoró documentos y pruebas de oficio que reposan en el expediente, entre ellas las promesas de compraventa celebradas entre la demandante y varios compradores, así como la correspondencia intercambiada entre XXX S.A.S., INVÍAS, YYY S.A. y autoridades locales. Consideró que tales pruebas acreditaban la existencia del proyecto y la afectación derivada de la intervención estatal, por lo cual su omisión constituye un defecto de apreciación probatoria. iii) Desconocimiento de la proyección financiera Sostuvo que la Sala subvaloró el peritazgo financiero y no apreció que este se basaba en la contRRRlidad real de la empresa, en los estados financieros cerrados a 2017, y en proyecciones sustentadas para 2018-2021. Afirmó que el Tribunal erró al considerarlo hipotético, pues el dictamen mostraba una proyección razonable del rendimiento interrumpido por la ocupación y, por tanto, acreditaba un lucro cesante cierto y cuantificable. Afirmó que el Tribunal erró al considerarlo hipotético, pues el dictamen mostraba una proyección razonable del rendimiento interrumpido por la ocupación y, por tanto, acreditaba un lucro cesante cierto y cuantificable. iv) Existencia real del proyecto Indicó que el proyecto “Condominio Campestre Colinas de Capellanía” existía material y jurídicamente antes de las intervenciones del INVÍAS y YYY S.A. y, que con ocasión de las licencias que tuvieron, realizaron actos preparatorios y avances en obras preliminares y de mercadeo (subdivisión de lotes, escrituración, registro, pago de impuestos, elaboración de casa modelo y costos de comercialización, que impactaron los 19 lotes afectados). Reprochó que el Tribunal desconociera esta realidad, pese a las pruebas testimoniales, contractuales y fotográficas que la acreditaban. v) Desconocimiento de precedentes jurisprudenciales sobre ocupación por trabajos públicos Al respecto manifestó que el a quo se apartó de los precedentes jurisprudenciales típicos del Consejo de Estado sobre ocupación permanente por trabajos de obra pública, en los cuales se ha reconocido que basta con la afectación real o jurídica del uso y goce del bien para estructurar el daño antijurídico, sin que se exija la construcción física de la vía. Argumentó que la sentencia impugnada desconoció esta línea objetiva de responsabilidad y por el contrario, exigió una demostración excesiva del daño. vi) Enajenación y expropiación no equivalentes a reparación integral Sobre el particular alegó que la venta posterior de los predios al INVÍAS no constituye reparación del daño, sino una transacción forzada que no compensa los perjuicios causados con la pérdida del proyecto, ni las utilidades dejadas de percibir. Insistió en que la gestión predial y la expropiación no suplen la responsabilidad civil extracontractual por ocupación previa. vii) Daño antijurídico y nexo causal Insistió en que la gestión predial y la expropiación no suplen la responsabilidad civil extracontractual por ocupación previa. vii) Daño antijurídico y nexo causal Finalmente, el apelante manifestó que el Tribunal negó erróneamente la existencia del daño antijurídico y del nexo causal. A su juicio, el daño se encuentra plenamente probado en la parálisis definitiva del emprendimiento inmobiliario derivada de la afectación directa y material de los terrenos por la obra pública y sus actos preparatorios. Añadió que el nexo causal se configuró porque el trazado de la variante San Gil y las actuaciones de INVÍAS y YYY S.A. hicieron imposible continuar el proyecto, lo que generó un menoscabo económico que la demandante no estaba obligada a soportar. En conclusión, en el recurso se solicita revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la responsabilidad administrativa solidaria del INVÍAS y YYY S.A., con condena al pago integral de los perjuicios reconocidos en los dictámenes periciales que la demandante aportó con el libelo introductorio. 1.5. ESCRITO DE AHDESIÓN A LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA PRESENTADO POR YYY S.A. En este documento la demandada manifiesta su conformidad con la sentencia de primera instancia excepto en la abstención de proferir condena en costas contra la parte vencida en el proceso; es decir, en contra de XXX S.A.S. En este documento la demandada manifiesta su conformidad con la sentencia de primera instancia excepto en la abstención de proferir condena en costas contra la parte vencida en el proceso; es decir, en contra de XXX S.A.S. Para el efecto, citó el artículo 188 del CPACA, en concordancia con los numerales 1, 2 y 3 del artículo 365 y numerales 3 y 4 del artículo 366 del CGP, así como con jurisprudencia del Consejo de Estado, en la que la corporación judicial retomó un criterio objetivo de tasación de costas que no tiene en cuenta la conducta de las partes vencidas, sino lo que se encuentre acreditado en el proceso más el hecho de que la demanda se hubiera presentado con “manifiesta carencia de fundamento legal”. YYY S.A. considera que como tuvo que pagar peritos para contradecir los dictámenes aportados por la demandante, se le debe reconocer los gatos en que incurrió a través de la condena en costas y agencias en derecho contra XXX S.A.S. Para sustentar sus afirmaciones aportó las propuestas de pago de peritos de contradicción de CCC– RRR Consultoría NNN . y de PPP – Ingeniería y Ecología, más las constancias de pago que realizó. (La constancia de pago a Ingeniería y Ecología revela que el pago se hizo el 15 de julio de 2025 por 17.850.000 millones de pesos y la constancia de pago a RRR Consultoría Financiera denota que el pago se hizo el 28 de marzo de 2023 por $7.500.000 millones de pesos). Así mismo junto con la propuesta de – RRR S.A.S., allegó la descripción de los miembros de equipo de profesionales que elaboraron el dictamen y la enumeración de la relación de su experiencia como peritos. 1.6. ESCRITO DE XXXD E OPOSICIÓN A LA APELACION PRESENTADA POR XXXD S.A.S. PRESENTADO POR YYY S.A. 1.6. ESCRITO DE XXXD E OPOSICIÓN A LA APELACION PRESENTADA POR XXXD S.A.S. PRESENTADO POR YYY S.A. En esta oportunidad YYY S.A. señaló que las pruebas solicitadas por el actor no fueron las únicas ordenadas y practicadas en el proceso puesto que las demandadas también incorporaron pruebas documentales relacionadas con la ejecución del contrato y la adquisición predial de varios lotes de terreno de XXX S.A.S. Así mismo indicó que en el proceso se llevó a cabo el interrogatorio de parte de los representantes legales de las partes en disputa y se allegaron dictámenes de contradicción respecto de los presentados por la demandante, los cuales fueron valorados junto con las pruebas aportadas y solicitadas por el extremo activo de la litis. Señaló que el Tribunal mencionó frases alusivas a su análisis jurídico y probatorio como que éste “teniendo en cuenta lo expuesto en torno a los medios de prueba recaudados, [se] acometerá el estudio de las excepciones propuestas por la parte demandada y la llamada en garantía, así como la resolución del problema jurídico a plantear con miras a desatar el fondo del asunto”, “4.4. Análisis de los elementos de responsabilidad estatal - caso concreto”, a partir de los cuales indica que el Tribunal valoró conjuntamente todas las pruebas, y señaló que el a quo estudió las fichas prediales, las fotografías aportadas con la demanda, los testimonios de los señores MMM, JJJ, QQQ y OOO, y que los resultados arrojados a partir de los estudios y diseños, las especificaciones del contrato 1019 de 2018 suscrito entre el INVÍAS y YYY S.A.; el acto simbólico de instalación de la primera piedra de la variante de San Gil y la licencia de construcción otorgada a la demandante, dieron pie a que el a quo tomara la decisión que profirió en la Sentencia del 25 de junio de 2025. Denota que el Tribunal hizo manifestaciones como que, “las pruebas recaudadas dan cuenta que (sic) su paralización lo fue a más de un año de la inauguración de dicho proyecto vial y de la suscripción del contrato de obra, incluso a más de 6 meses de la apertura de la respectiva licitación pública, no acreditándose ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el proyecto inmobiliario se ejecutó, ni su alegada inviRRRlidad técnica”. De la misma manera, en torno a las valoraciones que la recurrente hizo sobre las apreciaciones del a quo, manifestó que el Tribunal pudo corroborar que la adquisición de predios a XXXD S.A.S. solo se hizo hasta el año 2023 y que al respecto, la judicatura dijo que la demandante “ejerció pleno derecho de dominio sobre sus predios hasta el 18 de octubre de 2023” sumado al hecho por el cual la actora “no contaba con licencia de construcción desde mucho tiempo atrás a la apertura de la licitación pública N° LP-DO-003-2018, que dio paso a la celebración del contrato”, aunado a que el Tribunal le otorgó todas las garantías a la demandante para probar los supuestos negocios jurídicos de compra venta, y la esta no lo demostró. En cuanto al tema de la valoración sobre la proyección financiera presentada por la demandante, señaló las falencias que a su juicio tiene ese documento al aducir que no es un dictamen sino un documento de proyecciones, y que el mismo no se sustenta en la contRRRlidad de la demandada. Sobre el dictamen de William Robledo, precisó que no se acreditó la idoneidad y experiencia del perito, que este basó sus apreciaciones en la información entregada por XXXD S.A.S. pero que no la revisó y que todos los vacíos del dictamen fueron valorados por el Tribunal, aunado a la extemporaneidad de la prueba técnica que la demandante tenía que allegar para reemplazar la prueba de inspección judicial, como lo ordenó el juez colegiado de primera instancia. Sobre la existencia del daño alegado por la recurrente adujo que no es cierto que el INVÍAS no hubiera adelantado la gestión del predio y lo hubiera ocupado indebidamente, puesto que la demandante desistió del proyecto arquitectónico por haber dejado vencer la licencia de construcción, sumado al hecho por el cual no acreditó construcciones de casas en el proyecto del condominio, ni la instalación de los servicios públicos, etc., como XXXD S.A.S. mencionó en el libelo introductorio. Sobre la certeza para conocer por dónde iría el trazado de la vía, indicó que dicha certeza sólo se podía tener después de culminada la etapa de pre construcción del contrato, puesto que antes debían realizar las actividades tendientes a obtener estudios, diseños, permisos ante autoridades, etc., y luego sí al finalizar esos trámites, se podía continuar con la etapa de construcción, la cual inició el 9 de julio de 2020. Precisó que el levantamiento topográfico e instalación de mojones del 9 de julio de 2019, fue autorizada por la demandante, y que esas acciones no constituyen una ocupación puesto que solo implican medición y georeferenciación, mas no la construcción de una vía. Agregó que las partes negociaron voluntariamente los predios requeridos para la ejecución de la variante a San Gil dentro del trámite de enajenación voluntaria, y por último manifestó que en el hipotético caso de ser declarada responsable, era el INVÍAS quien debía responder por los hechos, ya que fue la entidad contratante y dueña del proyecto, quien además estuvo a cargo de la gestión de la adquisición predial. 1.7. PRONUNCIAMIENTO DEL INVÍAS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE XXXD S.A.S. 1.7. PRONUNCIAMIENTO DEL INVÍAS FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE XXXD S.A.S. La entidad demandada indicó que no era cierto que el Tribunal hubiera desconocido los testimonios obrantes en el proceso, pues incluso adujo que la tacha que se propuso no tenía vocación de prosperidad, y que los testimonios fueron valorados junto con las pruebas documentales a la luz de las reglas de la sana crítica. Recalcó el hecho de que el a quo solicitó de oficio la aportación de las promesas de compraventa entre XXXD S.A.S. y los promitentes compradores de sus lotes, y la demandante sólo aportó cuatro promesas sumado al hecho por el cual, tampoco cumplió con la aportación oportuna del dictamen que le solicitó el juez para remplazar la prueba de inspección judicial que había pedido, de modo que no pudo demostrar la ocupación que alega. Sobre el desconocimiento de la proyección financiera que aportó la demandante manifestó que reiteraba lo expuesto a lo largo del proceso, al precisar que la licencia urbanística de XXXD S.A.S. había expirado el 20 de octubre de 2017; es decir, 10 meses antes de la suscripción del contrato de obra 1019 de 2018 sin que hubiera solicitado su renovación, aunado al hecho por el cual la licencia estuvo suspendida entre el 14 de abril y 10 de octubre de 2017 debido a la medida preventiva impuesta por la Corporación Autónoma de Santander – CAS -. Así mismo adujo que el documento de proyección financiera no tiene la connotación de un dictamen pericial debido a la falta de experiencia del contador que lo rindió. Así mismo adujo que el documento de proyección financiera no tiene la connotación de un dictamen pericial debido a la falta de experiencia del contador que lo rindió. Sobre la existencia del daño antijurídico y el nexo causal predicados por la demandante adujo que, no hubo tal ocupación porque la instalación de 30 estacas de madera en 19 predios de XXXD S.A.S. fue autorizada por esta el 9 de julio de 2019, sumado al hecho por el cual, el extremo activo no contaba con licencia de urbanismo para continuar con el proyecto, por lo que no puede aducir su truncamiento por obra del Estado. 1.8. PRONUNCIAMIENTO DE ZZZ COLOMBIA SEGUROS S.A. FRENTE AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDANTE XXXD S.A.S. La aseguradora se pronunció sobre la instalación de las estacas de madera y señaló que esos mojones corresponden a la etapa de gestión predial del proyecto como actividades de medición o georeferenciación del terreno, más no de ocupación del mismo, sumado al hecho de que para su instalación, se contó con el permiso de la demandante. Enseguida abordó la negociación que hicieron XXXD S.A.S. y el INVÍAS para demostrar que el Estado no actuó de manera ilegal y que el extremo activo de la litis ya había recibido $1.400.000.000 millones de pesos por la venta de 18 lotes de terreno en el marco de un proceso de enajenación voluntaria y la expropiación 1 de estos lotes (identificado con el N° 319-68402, debido a que sobre éste recayó una medida cautelar anterior), recalcando que el representante legal de XXXD S.A.S. aceptó las ofertas sin objeción alguna. aceptó las ofertas sin objeción alguna. En cuanto al desconocimiento del Tribunal del documento de proyección financiera aportado por la demandante, indicó que el hecho de que no contarán con licencia de construcción fue el motivo desencadenante para no continuar con el proyecto arquitectónico y no la construcción de la variante de la vía a San Gil toda vez que, la licencia se le venció el 20 de octubre de 2017, y la publicación de la licitación para la construcción de esa vía en el SECOP II, se hizo el 7 de febrero de 2018. Al igual que sus predecesores, censuró los dictámenes aportados por el extremo activo, destacando su falta de coherencia técnica y resaltó que aunque la demandante había mencionado que había vendido cerca de 12 o 15 lotes del proyecto arquitectónico, no aportó pruebas contundentes para demostrarlo. De igual manera señaló que no era cierto que los procesos judiciales que enfrentó XXXD S.A.S. se debieron a la paralización del proyecto arquitectónico por cuenta de la obra vial, toda vez que el Tribunal de manera oficiosa constató la existencia de los procesos judiciales adelantados contra la demandante y halló que: existen 5 demandas ejecutivas iniciadas por personas cuya relación con XXXD es desconocida, que ninguna de estas personas concuerda con quienes en realidad celebraron contratos de promesa de venta con XXXD S.A.S., que esos 5 procesos ejecutivos datan de fechas anteriores a la firma del contrato de obra 1019 de 2018, que 2 de esos 5 procesos ejecutivos son del año 2017, incluso uno de ellos anterior a la celebración de las primeras promesas de venta celebradas por XXXD S.A.S., y que el proceso restante corresponde a una demanda de origen laboral en el año 2021. Sobre la proyección financiera aportada por la demandante adujo que ese documento no reunía los requisitos para ser considerado como un dictamen pericial, no solo por su forma sino porque los cálculos se hicieron sin datos certeros u oficiales (por ejemplo en lo atinente al valor del metro cuadrado y a la contRRRlidad reportada a la DIAN). Insistió en los mismos argumentos sobre los que formuló la tacha de los testimonios debido a que los testigos de la parte actora tenían un interés que afectaba su imparcialidad. En cuanto a la tasación de los perjuicios materiales, indicó que los cálculos del dictamen aportado en ese sentido por la demandante son hipotéticos y errados, por las deficiencias técnicas que ilustró al igual que los demás demandados. Por último y sobre la póliza de seguros indicó que, como no hay siniestro no se puede afectar el valor asegurado, no obstante si se llegara a condenar a su asegurado, manifestó que dentro de las exclusiones de la póliza se encuentran los daños financieros puros, que son los que suponen un perjuicio económico que no es consecuencia de un daño material o personal, aunado al hecho por el cual, los daños en mención no se encuentran acreditados en el proceso. Así mismo señaló que había operado la prescripción ordinaria de las acciones y derechos que emanan del contrato de seguro entre YYY .A. y el INVÍAS, ya que habían transcurrido más de 2 años desde el momento en que la entidad asegurada conoció el hecho que da base a la acción, es decir la primera reclamación judicial o extrajudicial formulada por los demandantes frente a los demandados principales. Por último recordó que la póliza cuenta con un deducible, de tal manera que en caso de que sus aseguradas fueran condenadas, a estas les correspondería asumir el descuento del deducible impactado en un 10% de la pérdida mínimo de $8.500.000 millones de pesos según lo preceptuado por el artículo 1108 del Código de Comercio. Por todo lo anterior solicitó confirmar la decisión de primera instancia. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES PARA INSTAURAR LA ACCIÓN Por todo lo anterior solicitó confirmar la decisión de primera instancia. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO REVISIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES PARA INSTAURAR LA ACCIÓN Esta Agencia del Ministerio Público no tiene reparo alguno en torno a la competencia y jurisdicción. Así mismo se encuentran acreditadas la legitimación en causa por activa y por pasiva, y concuerda con los argumentos de la primera instancia en ese sentido, motivo por el cual, no están llamadas a prosperar las excepciones propuestas por INVÍAS y YYY S.A. sobre el asunto. Acerca de la conciliación extrajudicial, se observa que el requisito se cumplió a cabalidad puesto que la solicitud se elevó el 21 de septiembre de 2021 y la audiencia se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2021. En cuanto a la caducidad, se advierte que este fue un tema muy controversial, ocupó varios páginas de la sentencia, y a pesar de que existieron múltiples perspectivas como las que se relacionan a continuación, en realidad debe prevalecer la escogida por el a quo. A continuación se relacionan las diferentes hipótesis expuestas por las partes y la escogida por el Tribunal de origen, con la cual esta Vista Fiscal se encuentra de acuerdo: Tabla N° 1. Análisis de las distintas hipótesis planteadas sobre la caducidad en este proceso SANEAMIENTO DEL PROCESO Tabla N° 1. Análisis de las distintas hipótesis planteadas sobre la caducidad en este proceso SANEAMIENTO DEL PROCESO Examinado en su integridad el expediente, no se advierten vicios o irregularidades que comprometan o socaven la estructura fundamental del proceso. Las excepciones previas que revestían tal carácter fueron debidamente resueltas en su oportunidad procesal. La mayoría de los elementos probatorios fueron aportados dentro de los términos legales, con excepción del dictamen que debía sustituir la diligencia de inspección judicial, a cargo de XXXD S.A.S., y del contrato de promesa de compraventa celebrado entre la señora Martha Inés Muñoz Neira y la sociedad demandante, el cual, no obstante su presentación extemporánea, fue valorado por el a quo en garantía del principio de prevalencia del derecho sustancial. A solicitud de YYY S.A., se redefinió la fijación del litigio. Así mismo, los testimonios fueron practicados en la fecha y hora señaladas, y se prescindió de aquellos respecto de los cuales medió desistimiento expreso o limitación judicial debidamente motivada. También se observa que la aseguradora ZZZ, solicitó el interrogatorio de parte del Representante Legal de YYY S.A., pero con posterioridad desistió de dicha prueba, sin que la demandante XXXD S.A.S. manifestara alguna objeción. Ahora bien, YYY S.A. solicitó el interrogatorio de parte al representante legal de XXXD S.A.S. A su vez, la aseguradora ZZZ solicitó la declaración de parte de esta misma persona, prueba que también pidió la demandante XXXD S.A.S. En atención a estas solicitudes, el a quo decretó y practicó el interrogatorio de parte al representante legal de la demandante, señor DDD, y decretó pero no practicó la declaración de parte de este representante legal. En atención a estas solicitudes, el a quo decretó y practicó el interrogatorio de parte al representante legal de la demandante, señor DDD, y decretó pero no practicó la declaración de parte de este representante legal. Al respecto debe quedar claro que interrogatorio de parte y la declaración de parte no son lo mismo. La Corte Suprema de Justicia precisó que el artículo 165 del Código General del Proceso distingue los referidos medios de prueba, así: “son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez”, sin que en estos se incluya el interrogatorio de parte, pues se insiste, este es el acto procesal a través del cual se obtienen aquellas”. No obstante es de aclarar que la misma codificación ubica el interrogatorio de parte en el artículo 184 dentro del capítulo alusivo a las pruebas extraprocesales. No obstante es de aclarar que la misma codificación ubica el interrogatorio de parte en el artículo 184 dentro del capítulo alusivo a las pruebas extraprocesales. En similar sentido, el Consejo de Estado aclaró que “[a] diferencia de lo previsto en el artículo 203 CPC, que prescribía que cualquiera de las partes puede pedir la citación de la contraria, a fin de interrogarla sobre hechos relacionados con el proceso, el artículo 198 CGP prevé la posibilidad de que el juez, de oficio o a solicitud de parte, pueda ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre estos hechos. Esta norma no faculta a las partes a solicitar su propia declaración” esto, bajo el entendido de que el interrogatorio de parte no procede para declarar sobre hechos ya narrados en la demanda. Las declaraciones de parte a veces pueden derivar en una confesión (que “es una declaración expresa, consciente y libre de hechos que interesan al proceso, que perjudican a quien la hace o benefician a la parte contraria”), pero en caso de que no tenga esos efectos, algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, consideran que en todo caso, la declaración de parte debe tenerse como medio de prueba válido, aunque hacen la salvedad según la cual, si el declarante solo relata hechos que le favorecen, la prueba deja de ser válida ya que se aplica el principio de que nadie puede crear su propia prueba. De otro lado, el interrogatorio de parte no es un medio de prueba como se deduce del artículo 165 del Código General del Proceso (citado supra), sino un instrumento para obtener la declaración de parte en búsqueda de la confesión. Entre varias de sus condiciones, la norma contenida en el artículo 202 del CGP precisa que este mecanismo se puede formular por escrito o de manera oral, no puede contener más de 20 preguntas, no admite alegaciones ni debates, cada pregunta debe referirse a un solo hecho, y el juez puede excluir las preguntas que no se relacionen con el litigio, o que no sean claras y precisas. De conformidad con lo solicitado por las partes, mientras YYY S.A. pretendía la realización de un interrogatorio de parte para que el representante de XXXD S.A.S. confesara hechos que le pudieran beneficiar; la aseguradora ZZZ y la propia demandante XXXD S.A.S. pretendían que el representante legal de esta, declarara o confesara hechos que les beneficiaran. Sin embargo, más allá de estas estrategias, lo cierto es que, aunque las figuras no son iguales y por lo tanto no tienen los mismos efectos, ni las mismas formas, el fin pretendido era que el Representante Legal de XXXD S.A.S. describiera con detalle lo que se le iba a preguntar, situación que se cumplió a cabalidad mediante la prueba decretada y practicada por el juez colegiado, toda vez que, como se insiste, el interrogatorio de parte es el mecanismo para lograr: o bien una declaración de parte, o bien una confesión. Así las cosas no resultaría útil decretar una nulidad sobre la prueba de la declaración de parte decretada y no practicada porque el fin se cumplió, y de acuerdo con los principios que rigen las nulidades, “si el acto cumplió la finalidad, entonces no procede su invalidez aun si es anómalo, por supuesto, siempre que no se viole el derecho de defensa”, situación que no aconteció, motivo por el cual, en virtud del principio de instrumentalidad de las formas, no habría lugar a declarar una nulidad por este motivo. Otra situación particular que se observa radica en el hecho de que el a quo no se pronunció sobre la resolución de la Corporación Autónoma Regional de Santander N° 552 del 10 de octubre de 2016; sin embargo, XXXD S.A.S. no incluyó ese aspecto en el recurso de apelación pues al cuestionar la falta de valoración integral de las pruebas, solo se refirió a las pruebas testimoniales y las periciales. Por su parte, las demandadas, sí hicieron alusión a esta prueba documental, pero no para reprocharle al a quo la falta de pronunciamiento sobre esa prueba, sino para denotar que la licencia de urbanismo concedida a la demandante estuvo suspendida, lo que según sus dichos, demostraba aún más que XXXD S.A.S. no podía ni tenía cómo continuar con el proyecto urbanístico, desde mucho antes del inicio del contrato de obra para la construcción de la variante de la carretera de San Gil. Para el Ministerio Público, el no incluir esa prueba en el análisis de la sentencia, no alcanza a configurar un defecto fáctico por no valoración integral, no solo porque ninguna de las partes le cuestionó esta omisión al a quo, y bien es sRRRdo que el examen del recurso de apelación se debe limitar a lo expuesto en él, sino porque la prueba se torna irrelevante, como se verá en la tabla sobre el análisis de pruebas que desarrollará esta Vista Fiscal. Otro fenómeno importante radica en el hecho por el cual, el Tribunal de origen no se pronunció sobre la publicidad impresa del proyecto del Condominio de los demandantes y así lo hizo saber la recurrente en la apelación; sin embargo, este hecho tampoco alcanza a enervar la sentencia del a quo como se explicará en el acápite alusivo al análisis de todas las pruebas efectuado por el Ministerio Público, pues en ese caso la prueba resulta insuficiente y por ende no afecta el resultado final, lo que se armoniza con los principios alusivos a la naturaleza residual de las nulidades y al de trascendencia, según el cual, al solicitante de la nulidad le compete acreditar que el decreto de la nulidad es la única forma de enmendar el agravio, y por lo tanto debe explicar por qué es irreparable el daño al no haber tenido en cuenta dicha prueba, así como la afectación real y cierta de sus garantías procesales de defensa, contradicción o publicidad. De resto, se observa que las tachas formuladas contra los testigos fueron resueltas de manera expresa en la sentencia, y que las objeciones a los dictámenes periciales fueron analizadas por el Tribunal dentro del examen del acervo probatorio que realizó. Finalmente, se precisa que la conciliación judicial (-no la extrajudicial o prejudicial-), no reviste carácter obligatorio, razón por la cual su no realización no constituye causal de nulidad procesal conforme a lo previsto en la Ley 2220 de 2022, motivo por el cual no se configuró una nulidad, como lo planteó al inicio de esta controversia uno de los demandados. PROBLEMA JURÍDICO PROBLEMA JURÍDICO Con fundamento en los argumentos expuestos en la impugnación, corresponde determinar si la Sentencia proferida el 25 de junio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Santander debe ser confirmada, modificada o revocada. En dicha providencia se negaron las pretensiones al considerar que no se reunieron los presupuestos para predicar una ocupación permanente a causa de trabajos públicos; sin embargo, a juicio de la demandante, el a quo no tuvo en cuenta que con la instalación de mojones para el trazado de la variante a la carreta nacional de San Gil, se afectó seriamente el proyecto arquitectónico denominado “Condominio Campestre Colinas de Capellanía” sin que la constructora demandante fuera indemnizada debidamente por esa conducta del Estado, aunado al hecho por el cual sostiene que el a quo incurrió en yerros de valoración probatoria por cuanto no realizó un ejercicio de valoración integral, incurrió en una errónea valoración de aquellos elementos de prueba que sí tuvo en cuenta y desconoció pruebas como los dictamen periciales que aportó. TESIS: Del análisis del problema planteado en la apelación se demostrará que: i) Si bien el a quo pudo no haber examinado de manera exhaustiva la totalidad del acervo probatorio, la conclusión sustancial relativa a la inexistencia de responsabilidad extracontractual del Estado por trabajos públicos realizados en los predios de la parte demandante, se mantiene, por cuanto no se acreditaron los presupuestos fácticos y jurídicos del daño antijurídico a causa de una ocupación permanente o temporal; y tampoco se llegó a consolidar o configurar una perturbación en los predios de la demandante, ni quiera mediando el consentimiento de esta para la instalación de mojones en sus predios que pudieran limitar o menoscabar sustancialmente el uso, goce o aprovechamiento económico del bien, susceptible de configurar daños antijurídicos. Para desarrollar esta tesis, i) primero se expondrán aspectos relevantes en materia de ocupación y/o perturbación, ii) se examinarán los problemas planteados en la apelación de la demandante, agrupándolos por ejes temáticos y sobre ese marco, se estudiará el decreto y práctica de pruebas que obra en el expediente, la valoración de los 4 dictámenes periciales, el análisis de los testimonios y de las pruebas documentales, la afectación en las ventas que alega XXXD S.A.S., así como la afectación en sus predios por la construcción de un terraplén y de un box coulvert., iii) se analizarán los elementos de la responsabilidad civil extracontractual alegados por la demandante para establecer su vocación de prosperidad. Conforme se vaya avanzando en el estudio de la apelación del extremo activo de la litis, se analizarán simultáneamente los escritos de los demandados en contra del recurso de la demandante, toda vez que ellos también se pronuncian sobre la valoración probatoria, y por último se analizará la procedencia de la condena en costas. Aspectos relevantes en materia de ocupación y/o perturbación Aspectos relevantes en materia de ocupación y/o perturbación El artículo 685 del Código Civil colombiano señala que “por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie, y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional”. Si los bienes sí le pertenecen a alguien, “las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar los derechos de los particulares sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieren inmuebles para cumplir los fines del Estado, deben obrar con sujeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso, lo que comporta el deber de adelantar los trámites en orden a la enajenación voluntaria o la expropiación de los bienes, si aquélla no es posible, en los términos del artículo 29 constitucional. Siendo así, cuando el Estado no actúa conforme al ordenamiento sino que ocupa los bienes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., tendrá que ser conminado a responder patrimonialmente por los daños” Siendo así, cuando el Estado no actúa conforme al ordenamiento sino que ocupa los bienes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la C.P., tendrá que ser conminado a responder patrimonialmente por los daños” Así, cuando se acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a causa de la ocupación (temporal o permanente) de inmuebles a causa de trabajos públicos, se hace menester cumplir con dos requisitos esenciales si se quiere proceder a la declaratoria de re