Concepto (misional) 2926-299 de 2026 — Acceder a las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad simple.

NULIDAD-Contra el Decreto 1174 de 27 de agosto de 2020 Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, artículo 135 por 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo … a efectos de reglamentar el piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, contra Nación- Ministerio de Trabajo – Ministerio de Salud y Protección Social y Ministerio de Hacienda y Crédito Público… INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA-Artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, fue declarado inconstitucional por parte de la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-276 de 2021 por vulneración del principio de unidad de materia …En el presente caso el acto administrativo general contenido en el Decreto 1174 de 2020 perdió ejecutoriedad desde el 23 de junio de 2023 ya que ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que le sirvió de fundamento contenida en el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 desaparecieron sus fundamentos de hecho y de derecho, por ende, es imposible que hacía futuro siga produciendo efectos… RESERVA DE LEY-Materias propias de los temas de seguridad social artículos 49, 49 y 53 de la Constitución …“La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”… …Bajo esas consideraciones, para tramitar reformas que atañen a la seguridad social se requiere el trámite de una Ley ordinaria ante el Congreso de la República, por lo que los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Salud y Protección Social y el del Trabajo que firmaron el Decreto 1174 de 2020 no tenían la competencia para reglamentar asuntos con reserva de Ley que corresponden al Congreso de la República… COMPETENCIA-Los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Salud y Protección Social y el del Trabajo que firmaron el Decreto 1174 de 2020 no tenían la competencia para reglamentar asuntos con reserva de Ley que corresponden al Congreso de la República …Bajo esas consideraciones, para tramitar reformas que atañen a la seguridad social se requiere el trámite de una Ley ordinaria ante el Congreso de la República… UNIDAD DE MATERIA-Exige que todo proyecto de ley trate sobre un solo tema principal, guardando conexidad temática entre todas sus partes y evitando normas ocultas o extrañas …Ubicación del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 y el contenido general de la disposición demandada. Sin lugar a duda, la Corte puede someter esta disposición al análisis por la presunta violación al principio de unidad de materia, en consideración a que no se trata de una norma ubicada en la parte general del Plan Nacional de Desarrollo. Por el contrario, el artículo 193 se encuentra contenido en el Título II, Capítulo II de la Ley 1955 de 2019, denominado como “Mecanismos de ejecución del plan” ... Por el contrario, el artículo 193 se encuentra contenido en el Título II, Capítulo II de la Ley 1955 de 2019, denominado como “Mecanismos de ejecución del plan” ... …Así, a juicio de la H. Corte Constitucional la norma demandada contiene una regulación específica en la materia de seguridad social, que se aparta de la regulación propia del Plan Nacional de Desarrollo que pretendía desarrollar y por ende no era una medida necesaria para materializar su cumplimiento y ejecución, sino que buscaba en el fondo modificar la estructura de las normas básicas del sistema de seguridad social… CONCEPTOS-Acceder a las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de nulidad simple. …declarar la nulidad del Decreto 1174 de 2020, expedido por el Ministerio del Trabajo, “Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”… PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 8 TERCERA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 299-2026 Bogotá D.C., 1º de junio de 2026 Honorables Magistrados CONSEJO DE ESTADO Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección A Consejero Ponente: Dr. Juan Camilo Morales Trujillo Ciudad Dr. Juan Camilo Morales Trujillo Ciudad |RADICADO |11001-03-25-000-2020-00963-00 | | |(2923-2020); acumulados: | | |11001-03-25-000-2021-00002-00 | | |(0002-2021), | | |11001-03-25-000-2020-00939-00 | | |(2810-2020), | | |11001-03-25-000-2020-00879-00 | | |(2667-2020) y | | |11001-03-25-000-2020-00938-00 | | |(2805-2020) | | | | |DEMANDANTE |Juan Guillermo Sánchez Gallego y Otros | |DEMANDADO |Nación- Ministerio de Trabajo – | | |Ministerio de Salud y Protección Social | | |y Ministerio de Hacienda y Crédito | | |Público | |ACCIÓN O MEDIO DE|Nulidad (por adecuación de trámite | |CONTROL |mediante proveído de 11 de marzo de | | |2021) | |CONTROVERSIA |Nulidad del Decreto 1174 de 27 de agosto| | |de 2020 “Por el cual se adiciona el | | |Capítulo 14 al Título 13 de la parte 2 | | |del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a | | |efectos de reglamentar el piso de | | |Protección Social para personas que | | |devengan menos de un Salario Mínimo | | |Legal Mensual Vigente” | En la condición de Ministerio Público en el trámite de la referencia, y estando en la oportunidad procesal, procede esta Procuraduría Delegada a rendir concepto[1], en los siguientes términos: I. ANTECEDENTES 1. ACLARACIÓN PREVIA. I. ANTECEDENTES 1. ACLARACIÓN PREVIA. El señor Juan Guillermo Sánchez Gallego, en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad, contemplado en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, formuló demanda para que se declare la nulidad del Decreto 1174 de 2020, expedido por el Ministerio del Trabajo, “Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”. Empero, mediante proveído de 11 de marzo de 2021 el Consejo de Estado ordenó: “(…) Primero. Adecuar el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad impetrado por el señor Juan Guillermo Sánchez Gallego, al de nulidad que prevé el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (…)”. Con base en la siguiente razón: “(…) Decreto 1174 de 2020, expedido por el Ministerio del Trabajo, «Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente», fue proferido en desarrollo del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019. Por lo tanto, la norma acusada de nulidad no tiene la connotación de ser un reglamento autónomo que desarrolle directamente la Constitución Política, puesto que está subordinado directamente a la precitada ley. Por consiguiente, no es pasible de ser enjuiciado a través del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad contemplado en el artículo 135 del cpaca, sino a través del de nulidad que prevé el artículo 137 ibídem (…)”. (Destacado del Ministerio Público). Bajo la anterior aclaración preliminar se dará entonces trámite al presente concepto por parte de este Agente del Ministerio Público. De otro lado, por medio de proveído de 5 de febrero de 2026 se resolvió acumular el proceso No. 11001-03-25-000-2020-00879-00 (2667-2020) al proceso No. 11001-03-25-000-2020-00963-00 (2923-2020). Finalmente, mediante auto de 6 de abril de 2026, se resolvió acumular el proceso núm. 11001-03-25-000-2020-00938-00 (2805) al expediente núm. 11001- 03-25-000-2020-00963-00 (2923-2020). 2. LA DEMANDA. 2.1. Pretensiones. Las pretensiones de la demanda son las siguientes: “(…) Que se declare la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 1174 de 2020 “Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (…)”. 2.2. Del contenido del acto administrativo atacado. 2.2. Del contenido del acto administrativo atacado. El acto administrativo atacado es el Decreto 1174 de 2020 de 27 de agosto de 2020 “Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente” suscrito por el presidente de la República y por los Ministros de Trabajo, Salud y Protección Social y Hacienda y Crédito Público. Así, el citado Decreto señala que reglamenta el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2018-2022. El artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 dispone que “(…) Las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMLMV) deberán vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema General de ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS (…)”. 2.3. Normas violadas y concepto de violación. - Constitucionales: Preámbulo, y los artículos 1°, 4°, 13, 25, 48, 53, 93 Superiores. 2.3. Normas violadas y concepto de violación. - Constitucionales: Preámbulo, y los artículos 1°, 4°, 13, 25, 48, 53, 93 Superiores. - “EL PRINCIPIO DE PROGRESIDAD DE LOS DESC”. Dijo que el Decreto 1174 de 2020 es ostensiblemente regresivo y no existe ninguna justificación que acredite la evidente desmejora en la protección de los trabajadores que se deriva del mismo, por lo cual su inconstitucionalidad es manifiesta. - “EL DECRETO 1174 de 2020 ES OSTENSIBLEMENTE REGRESIVO”. Manifestó que conforme a las previsiones de los artículos 15, 18, 157 y 204 de la Ley 100 de 1993, la Ley 1295 de 1994- artículo 13, la Ley 21 de 1982 -artículo 7 y la Ley 789 de 2002 artículo 19, el sistema de seguridad social se establece la afiliación obligatoria de todo trabajador con contrato de trabajo a los sistemas de seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales, y al subsidio familiar, sin distingo alguno entre trabajadores a tiempo parcial o tiempo completo, ni entre trabajadores que devenguen el salario mínimo o trabajadores con ingresos inferiores al mínimo mensual. Vale decir, que, conforme a la legislación, vigente todos los trabajadores asalariados están igualmente protegidos. Vale decir, que, conforme a la legislación, vigente todos los trabajadores asalariados están igualmente protegidos. - “EL DECRETO 1174 de 2020 ES MANIFIESTAMENTE DISCRIMINATORIO”. Argumentó que el acto administrativo demandado hace una inconstitucional diferenciación entre trabajadores que ganan un SMMLV o más al mes, y los que ganan menos de este monto por periodo mensual, al establecer una protección menos favorable para los segundos respecto de los primeros, lo cual riñe con normas expresas de nuestra Carta Política, como el artículo 13 que consagra la igualdad de trato y el artículo 53 que establece los principios mínimos fundamentales del trabajo, entre ellos, “Igualdad de oportunidades para los trabajadores” y “garantía a la seguridad social”, y con el Convenio 111 de la OIT. - “EL DECRETO 1174 de 2020 VULNERA EL DERECHO IRRENUNCIABLE A LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL”. Puso de presente que la Sentencia C-823/06 examinó algunas normas del Código Sustantivo del Trabajo que excluían a los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios (el art. 6° del CST. define el trabajo ocasional, accidental o transitorio como aquel de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador) de algunos beneficios que antes de instituirse el régimen de seguro social obligatorio en Colombia estaban a cargo de los empleadores (exoneración de pago por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, excepciones al pago del auxilio monetario por enfermedad no profesional, gastos de entierro del trabajador, seguro de vida colectivo obligatorio). - “EL DECRETO 1174 de 2020 ATENTA CONTRA LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS Y JUSTAS”. Argumentó que aparte de constituir un evidente retroceso en las condiciones de protección social alcanzadas por los trabajadores dependiente, el Decreto 1174 de 2020 da pie a que se utilice éste en detrimento de los asalariados pues el aporte que debe hacer el empleador para el denominado Piso de Protección Social es del 15% del salario mientras que la parte que debe asumir el empleador respecto de las cotizaciones a la seguridad social por cada trabajador no son inferiores al 25% del salario. Eso implica que para un empleador resulta mejor contratar trabajadores a tiempo parcial que a tiempo completo y, por supuesto, ello conduce a una precarización del trabajo en Colombia, sin que para evitarlo sea suficiente que, según el mismo decreto, la UGPP llevará a cabo una fiscalización a los empleadores que, con el propósito de obtener provecho de la reducción de sus aportes en materia de seguridad social de una vigencia a otra, desmejoren las condiciones económicas de dichos trabajadores mediante la implementación de actos o negocios artificiosos o cualquier otra irregularidad en contra del Sistema General de Seguridad Social. 3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 3.1. Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 3.1. Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Indicó que la Corte Constitucional en sentencia C-276 de 2021 mediante la acumulación de dos demandas de inexequibilidad contra el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”, plasmó como problema jurídico que: ¿Vulneró el legislador, con la expedición del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, el principio de unidad de materia (artículo 158 ), al prever en el Plan Nacional de Desarrollo una disposición transversal y permanente relacionada con la creación del piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo?. Dijo que la norma demandada se declaró inexequible por haber desconocido el principio de unidad de materia (art. 158 superior). En particular, expuso que, si bien era posible establecer una relación con el pacto estructural de equidad y sus objetivos, metas y estrategias, tal relación no era directa e inmediata. Con mayor razón, en cuanto el Piso de Protección Social, allí incorporado, es una disposición del sistema de seguridad social de índole transversal que debería ser regulada mediante un procedimiento legislativo ordinario previsto en la Constitución, de tal manera que se garantizara el principio democrático. Igualmente, señaló la Sala Plena que la norma demandada no corresponde a la función de planificación, que no busca impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y no constituye una autorización de recursos apropiaciones para la ejecución de este. - DE LA DECISIÓN ADOPTADA MEDIANTE AUTO 05 DE OCTUBRE DE 2023. - DE LA DECISIÓN ADOPTADA MEDIANTE AUTO 05 DE OCTUBRE DE 2023. Manifestó que el decreto demandado tiene como fundamento el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 que creó el Piso de Protección Social como una herramienta tendiente a ampliarla cobertura de la seguridad social a las personas que tuvieran una relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial, y que percibieran un ingreso inferior a un (1) salario mínimo legal mensual. Por tanto, el Decreto 1174 de 2020, reglamentó el Piso de Protección Social en Colombia para personas que devengan menos de un salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) y estableció la obligatoriedad de cotizar a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) para trabajadores a tiempo parcial, incluyendo seguro inclusivo y salud (Régimen Subsidiado). Empero, aseguró que tal y como se manifestó en auto de 5 de octubre de 2023, en la sentencia C- 276 de 2021 la norma que le sirvió de fundamento al acto administrativo objeto de control de legalidad -artículo 193 de la Ley 1955 de 2019- no existe como norma, pues fue expulsado del ordenamiento jurídico colombiano. - SUSTRACIÓN DE MATERIA ANTE LA DESAPARICIÓN DEL FUNDAMENTO NORMATIVO QUE SERVÍA DE SOPORTE AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO. - SUSTRACIÓN DE MATERIA ANTE LA DESAPARICIÓN DEL FUNDAMENTO NORMATIVO QUE SERVÍA DE SOPORTE AL ACTO ADMINISTRATIVO DEMANDADO. Manifestó que, en el asunto planteado la discusión jurídica debe partir de un hecho incontrovertible: la desaparición del fundamento normativo que servía de soporte al acto administrativo demandado. En efecto, la Sentencia C-276 de 2021 declaró la inexequibilidad del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2023, lo cual implica que, a partir de dicha fecha, la norma fue expulsada del ordenamiento jurídico colombiano. A partir de esa decisión constitucional, la subsistencia del Decreto 1174 de 2020 quedó jurídicamente comprometida, no porque el fallo de inexequibilidad hubiese anulado de manera directa el decreto reglamentario, sino porque desapareció la norma legal habilitante cuya existencia le daba sustento material a la potestad reglamentaria ejercida por el Gobierno. En este escenario opera de manera directa la causal prevista en el numeral 2 del artículo 91 del CPACA, según la cual los actos administrativos pierden fuerza ejecutoria “cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho”. Añadió que, conforme a la sentencia de unificación de la Sección Quinta del 24 de mayo de 2018, precisó de forma textual: “Si el acto demandado no produjo efectos jurídicos opera la carencia de objeto por sustracción de materia” y, en contraste, “si el acto acusado produjo efectos, el juez contencioso administrativo mantiene su competencia para conocer de la legalidad”. Así, estudió que, en la acción de nulidad simple, el examen judicial persigue la depuración del ordenamiento objetivo; por eso, cuando el acto general demandado ya no puede seguir produciendo efectos hacia el futuro, porque perdió obligatoriedad y ejecutoriedad por desaparición de su fundamento legal, el interés jurídico en un fallo de anulación se debilita de manera sustancial. En otras palabras, cuando la norma reglamentaria ha quedado inane dentro del sistema de fuentes y no conserva aptitud normativa autónoma, el proceso deja de cumplir una función depuradora real y se aproxima a un debate académico sobre una disposición que, por ministerio de la ley, ya no puede ejecutarse. Esa es, precisamente, la lógica de la sustracción de materia: la desaparición del objeto actual y útil del control. Por ende, afirmó que, a partir del 20 de junio de 2023, el Decreto 1174 de 2020 dejó de tener aptitud para seguir irradiando efectos normativos hacia el porvenir, porque desapareció su soporte legal inmediato. Y si el acto reglamentario no conserva eficacia normativa presente ni futura, la acción de nulidad simple pierde su razón funcional, salvo que se demuestre de manera concreta que persisten efectos jurídicos autónomos, actuales y no consolidados que hagan indispensable un pronunciamiento de fondo. Esa carga argumentativa no se satisface con la sola afirmación de que el decreto existió y fue aplicado durante un lapso anterior, pues el debate no consiste en reconstruir su vida pasada, sino en justificar la utilidad actual del control abstracto frente a una norma reglamentaria cuyo fundamento fue expulsado del ordenamiento. 3.2. Del Ministerio de Salud y Protección Social. 3.2. Del Ministerio de Salud y Protección Social. Resaltó que la Corte Constitucional en sentencia C-276 de 2021 declaró la inexequibilidad del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 respecto del piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo, por tanto concluyó que como el acto administrativo demandado en sede del presente medio de control contenido en el Decreto 1174 de 2020 se fundamentó en la norma declarada inexequible, ha decaído en su fuerza ejecutoria, al desaparecer su fundamento jurídico de validez, lo cual, en el ámbito del medio de control de nulidad simple, comporta la configuración de la sustracción de materia, en tanto se ha producido la desaparición del objeto sobre el cual recaería un eventual pronunciamiento de fondo. - DE LA SUSTRACCIÓN DE MATERIA. Manifestó que, en el asunto sometido a consideración, la discusión jurídica debe partir de un presupuesto fáctico y normativo incontrovertible, consistente en la desaparición del fundamento jurídico que servía de sustento al acto administrativo demandado. En efecto, mediante la Sentencia C-276 de 2021, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2023, de manera que, a partir de dicha fecha, la disposición fue expulsada del ordenamiento jurídico colombiano. Así, a su juicio la sustracción de materia en atención a que el acto administrativo acusado, esto es, el Decreto 1174 de 2020, ha perdido su fuerza ejecutoria y carece en la actualidad de vocación de producir efectos jurídicos. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO. Conforme a lo establecido en auto de 9 de mayo de 2026, los problemas jurídicos a dilucidar en el presente asunto se circunscriben a los siguientes: ¿El Decreto 1174 de 2020 debe declararse nulo por desconocer los principios de progresividad y universalidad de la seguridad social, el derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, así como la protección constitucional de la maternidad (artículos 48, 25, 43 y 53 de la Constitución Política), al establecer que los trabajadores que perciban menos de un SMMLV sean vinculados obligatoriamente al Piso de Protección Social; lo que, en criterio de los demandantes, sustituye las coberturas plenas del Sistema de Seguridad Social Integral (en adelante, SSSI)? El Decreto 1174 de 2020 debe declararse nulo por transgredir el principio de igualdad (artículo 13 de la Constitución Política) al establecer un régimen diferenciado de protección social para los trabajadores que perciben ingresos inferiores a un SMMLV en comparación con quienes devengan ese salario o más? ¿El Decreto 1174 de 2020 debe declararse nulo por violar el derecho al salario mínimo vital y móvil (artículo 53 de la Constitución Política) en tanto, a juicio de los accionantes, promueve la contratación por horas y el pago de remuneraciones inferiores al SMMLV al reducir la carga parafiscal del empleador? ¿El Decreto 1174 de 2020 debe declararse nulo por infringir el artículo 48 de la Constitución Política, así como los artículos 7 y 8 de la Ley 100 de 1993 al regular los Beneficios Económicos Periódicos (en adelante, BEPS) como un Servicio Social Complementario del SSSI para personas con ingresos inferiores al SMMLV, pese a que dichas disposiciones establecen que la creación de esa categoría de servicios estaba reservada al legislador y destinada a personas de escasos recursos que no cumplieran las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión?. ¿El Decreto 1174 de 2020 debe declararse nulo por desconocer el principio de buena fe (artículo 83 de la Constitución Política) al modificar abruptamente las reglas de acceso al SSSI sin prever un régimen de transición que protegiera las expectativas legítimas de los trabajadores con ingresos inferiores al SMMLV que estaban en proceso de adquirir el derecho a una pensión? ¿El Decreto 1174 de 2020 transgrede los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva (artículos 39 y 55 de la Constitución Política) al no prever las condiciones necesarias para el ejercicio de esos derechos por parte de los trabajadores a tiempo parcial bajo el régimen del Piso de Protección Social? ¿El Decreto 1174 de 2020 debe declararse nulo por haber sido expedido sin competencia y con desviación de las atribuciones propias de quien profirió el acto al regular materias que, según los demandantes, están reservadas al Congreso de la República como lo son el salario mínimo, las prestaciones sociales y las modalidades de vinculación laboral? 5. TESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO. TESIS DEL MINISTERIO PÚBLICO. Para el Ministerio Público ha de accederse a las pretensiones de la demanda declarando la nulidad del Decreto 1174 de 2020, expedido por el Ministerio del Trabajo, “Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”. En primera medida, para esta vista pública, resulta claro que el acto administrativo general contenido en el Decreto 1174 de 2020 “Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente”, expedido por el Ministerio de Trabajo - cuya presunción de legalidad es atacada en el presente trámite de simple nulidad - buscó reglamentar el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, último que fue declarado inexequible por parte de la Corte Constitucional por medio de la sentencia C-276 de 2021 por vulneración del principio de unidad de materia. Bajo ese contexto, para el Ministerio Público existen dos momentos para el análisis de fondo de la situación que concita la atención en el presente concepto: el primero referente al momento en el cual el Decreto 1174 de 2020 (reglamentaria del artículo 193 la Ley 1955 de 2019) tuvo vigencia, esto es entre su publicación acaecida el 27 de agosto de 2020 en el diario oficial No. 51419 de esa data, y la fecha desde la cual se empezaron a contar los efectos de la declaratoria de inexequibilidad del artículo 193 de Ley 1955 de 2019 conforme a la sentencia C- 276 de 2021, esto es, el 20 de junio de 2023; y el segundo, hacia futuro después del 20 de junio de 2023 producto de la sentencia de constitucionalidad. Para efectos prácticos, el análisis se abordará de manera inicial para el segundo de los eventos, así: y el segundo, hacia futuro después del 20 de junio de 2023 producto de la sentencia de constitucionalidad. Para efectos prácticos, el análisis se abordará de manera inicial para el segundo de los eventos, así: En efecto, como el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 fue declarado inexequible por la Corte Constitucional lo cual tiene efectos hacia futuro desde el 20 de junio de 2023 tal y como a tenor textual lo establece la citada sentencia, es claro entonces que como el acto administrativo general atacado en el presente trámite -Decreto 1174 de 2020- fue proferido para reglamentar el citado artículo de la norma declarada inconstitucional este perdió fuerza ejecutoria ante su decaimiento al tenor de lo preceptuado en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que al desaparecer del ordenamiento jurídico la norma que le servía de fundamento (artículo 193 de la Ley 1955 de 2019) el acto reglamentario (Decreto 1174 de 2020) se vuelve inaplicable y deja de producir efectos hacia futuro presentándose por contera el fenómeno de la sustracción de materia desde la declaratoria de inexequibilidad, entiéndase se itera, desde del 20 de junio de 2023. En el presente caso el acto administrativo general contenido en el Decreto 1174 de 2020 perdió ejecutoriedad desde el 23 de junio de 2023 ya que ante la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que le sirvió de fundamento contenida en el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 desaparecieron sus fundamentos de hecho y de derecho, por ende, es imposible que hacía futuro siga produciendo efectos. No obstante, lo anterior no afecta el momento en que el Decreto 1174 de 2020 estuvo vigente y por ende surtió plenos efectos jurídicos, entiéndase entre su promulgación acaecida el 27 de agosto de 2020 y la fecha de los efectos de la declaratoria de inexequibilidad de la norma que la sustentaba (artículo 193 Ley 1955 de 2019), esto es el 23 de junio de 2023, frente a la cual la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en sede del medio de control de simple nulidad conserva competencia para estudiar la legalidad que la cobija tal acto. Para esta vista pública, el acto administrativo contenido en el Decreto 71174 de 2020 es nulo con base en el vicio de ilegalidad contenido en el inciso segundo del artículo 137 de la Le 1437 de 2011, esto es, por falta de competencia. Bajo ese contexto se observa, que el acto administrativo general sometido a control de legalidad -Decreto 1174 de 2020- fue emitido “En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y facultades legales en particular las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019”, esto es uso de la facultad reglamentaria. Así, el acto administrativo general cuya presunción de legalidad es estudiada en el sub-lite es un Decreto Reglamentario, bajo esta línea de pensamiento, los decretos reglamentarios se constituyen en un tipo de norma jurídica cuyo objetivo principal se centra en regular y especificar el cumplimiento de una Ley o reglamento circunscribiéndose tangencialmente a ello, motivo por el cual se subordinan de manera absoluta a la ley que reglamentan. Siendo, así las cosas, como quiera que en la sentencia de la Corte Constitucional C- 276 de 2021 se declaró la inexequibilidad del artículo 193 de la Ley 1954 de 2019 (es que la norma que buscaba reglamentar el demandado Decreto 1174 de 2020 en el presente medio de control) por vulneración del principio de unidad de materia, ya que se consideró que en el fondo el citado artículo no buscaba materializar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, sino que contenida una regulación específica en la materia de seguridad social modificando la estructura de las normas básicas del mismo, lo cual debía ser realizado por medio de una ley ordinaria a través de una reforma laboral, dada la reserva de ley en la materia. En esa medida, las materias propias de los temas de seguridad social tienen reserva de Ley ordinaria al tenor de lo dispuesto en los artículos 49, 49 y 53 de la Constitución en la medida que indican que: “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley”. Bajo esas consideraciones, para tramitar reformas que atañen a la seguridad social se requiere el trámite de una Ley ordinaria ante el Congreso de la República, por lo que los Ministros de Hacienda y Crédito Público, de Salud y Protección Social y el del Trabajo que firmaron el Decreto 1174 de 2020 no tenían la competencia para reglamentar asuntos con reserva de Ley que corresponden al Congreso de la República. 6. RAZONES EN QUE SE APOYA LA TESIS EXPUESTA. 6. RAZONES EN QUE SE APOYA LA TESIS EXPUESTA. 6.1. De la sentencia de la Corte Constitucional C- 276 de 2021 y sus efectos en relación con el acto administrativo genera atacado en el medio de control de simple nulidad. La ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” en su artículo 193 creó el piso de protección social para personas con ingresos inferiores a un salario mínimo, estableciendo a tenor textual: “(…) ARTÍCULO 193. PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA PERSONAS CON INGRESOS INFERIORES A UN SALARIO MÍNIMO. Las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Mensual Legal Vigente - SMLMV deberán vincularse al Piso de Protección Social que estará integrado por: i) el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad en Salud, ii) el Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS como mecanismo de protección en la vejez y iii) el Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por BEPS. En estos eventos el aporte al programa de los Beneficios Económico Periódicos - BEPS deberá ser asumido enteramente por el empleador o el contratante y corresponderá al 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista. De este monto se destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo. De este monto se destinará el 1% para financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo. Sin perjuicio de lo anterior, las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social podrán afiliarse y/o vincularse bajo la modalidad del piso de protección social de que trata este artículo y serán los responsables de realizar el aporte al programa BEPS y el pago del seguro inclusivo. En todo caso, las personas deberán cumplir con los requisitos de acceso o pertenencia a los diferentes componentes del piso de protección social. PARÁGRAFO PRIMERO. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese Servicio Social Complementario. PARÁGRAFO SEGUNDO. El Gobierno nacional reglamentará la materia; así mismo podrá establecer mecanismos para que los vinculados al programa BEPS, realicen ahorros en este servicio social complementario de forma conjunta con la adquisición de bienes y servicios, y para que los trabajadores dependientes cobijados por el presente artículo tengan acceso al sistema de subsidio familiar. PARÁGRAFO TERCERO. Los empleadores o contratantes que a la entrada en vigencia de la presente Ley cuenten con trabajadores o contratistas afiliados al sistema de seguridad social en su componente contributivo, y que con el propósito de obtener provecho de la reducción de sus aportes en materia de seguridad social desmejoren las condiciones económicas de dichos trabajadores o contratistas mediante la implementación de uno o varios actos o negocios jurídicos artificiosos que conlleve a su afiliación al piso mínimo de protección social, independientemente de cualquier intención subjetiva adicional, serán objeto de procesos de fiscalización preferente en los que podrán ser sancionados por la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales - UGPP por no realizar en debida forma los aportes a seguridad social que le correspondan, una vez surtido el debido proceso y ejercido el derecho a la defensa a que haya lugar. PARÁGRAFO CUARTO. Una vez finalizado el periodo de ahorro en el mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS, el ahorrador tendrá derecho a elegir si recibe la anualidad vitalicia o la devolución del valor ahorrado, caso en el cual no habrá lugar al pago del incentivo periódico, conforme a la normatividad vigente (…) (Destacado fuera del texto original). En cumplimiento a lo ordenado en el párrafo segundo del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, se profirió el Decreto 1174 de 2020 a efectos de reglamentarlo - “Por el cual se adiciona el Capítulo 14 al Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de reglamentar el Piso de Protección Social para personas que devengan menos de un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente” - cuya presunción de legalidad es atada con el presente trámite. En efecto, dentro de sus fundamentos normativos se indicó: “(…) Que en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, adoptado mediante la Ley 1955 de 2019, se plantea la necesidad de definir estrategias de inclusión con el fin de contribuir con la disminución de la desigualdad en el corto plazo. En particular establece que se debe ampliar la cobertura en protección y en seguridad social de los trabajadores, implementando un Piso de Protección Social, consistente en la afiliación a salud subsidiada, la vinculación al programa del servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos, y el acceso a un seguro inclusivo para las personas que devengan menos de un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica. Que el artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, estableció la creación de un Piso de Protección Social para las personas que tengan relación contractual laboral o por prestación de servicios, por tiempo parcial y que en virtud de ello perciban un ingreso mensual inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente (smlmv). Que para la aplicación efectiva del Piso de Protección Social requiere la adopción de algunas disposiciones con el fin de establecer la nueva normatividad relacionada con el mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos del Servicio Social Complementario, que se constituye en una alternativa para la protección a largo plazo de las personas, uniendo el aporte que se realice en las cuentas individuales, con el subsidio o incentivo entregado por parte del Estado, materializándose así los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (…)”. En consecuencia, el citado Decreto 1174 de 2020, estableció: Artículo 2.2.13.14.1.1. Objeto. El presente capítulo tiene como objeto reglamentar el acceso y operación del Piso de Protección Social para aquellas personas que mensualmente perciban ingresos inferiores a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente como consecuencia de su dedicación parcial a un trabajo u oficio o actividad económica. Artículo 2.2.13.14.1.2. Composición del Piso de Protección Social. El Piso de Protección Social se encuentra integrado por: 1. El Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 2. El Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) como mecanismo de protección en la vejez. 3. El Seguro Inclusivo que amparará al trabajador de los riesgos derivados de la actividad laboral y de las enfermedades cubiertas por Beneficios Económicos Periódicos – (BEPS). Parágrafo. Los trabajadores dependientes que se vinculen al Piso de Protección Social tendrán acceso al Sistema de Subsidio Familiar, una vez se reglamente. Artículo 2.2.13.14.1.3. Ámbito de aplicación. Serán vinculados al Piso de Protección Social 1. Vinculados obligatorios: 1.1 Las personas que tengan uno o varios vínculos laborales por tiempo parcial y que en virtud de ello reciban un ingreso total mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 1.2 Las personas que celebren uno o varios contratos por prestación de servicios y que reciban una contraprestación total mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente después de descontar expensas y costos cuando a ello haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario. 1.3 Las personas que cuenten con uno o varios vínculos laborales, y simultáneamente, con uno o varios contratos por prestación de servicios, que reciban un ingreso total mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente después de descontar expensas y costos cuando a ello haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario. 2. Vinculados voluntarios: Las personas que no tengan una vinculación laboral o no hayan suscrito un contrato de prestación de servicios, incluidos los productores del sector agropecuario y no tengan capacidad de pago para cubrir el monto total de la cotización al Sistema Integral de Seguridad Social y cuyo ingreso total mensual sea inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente después de descontar expensas y costos cuando a ello haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Parágrafo 1°. Los vinculados al Piso de Protección Social estarán afiliados al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, cumpliendo los requisitos de acceso o permanencia a dicho régimen, en ningún caso, este régimen reconocerá prestaciones económicas. A las personas objeto de la reglamentación de este artículo que se encuentren afiliadas al régimen contributivo o a un régimen especial, en calidad de beneficiarios y cuyos ingresos mensuales sean inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, aplicará los dispuesto en el parágrafo transitorio del artículo 2.2.13.14.2.4 del presente decreto. Parágrafo 2°. Aquellas personas que tengan uno o varios vínculos de carácter laboral por tiempo parcial, y que al sumar todos sus ingresos perciban mensualmente una suma igual o superior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, deberán afiliarse al Régimen Contributivo del Sistema de Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente. En este caso, el trabajador deberá informarlo a sus empleadores y cada uno de ellos deberá cotizar al Sistema en proporción a lo devengado por el trabajador, de acuerdo con los porcentajes señalados en la normatividad vigente. En el caso de los contratistas que tengan uno o varios contratos por prestación de servicios y que reciban un ingreso igual o superior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, serán responsables de efectuar las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente, teniendo en cuenta sus ingresos y n los porcentajes señalados en la normatividad vigente. Artículo 2.2.13.14.1.4. Definiciones. Para los efectos del presente capítulo se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 1. Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) en el Piso de Protección Social. Es un servicio social complementario en el que los empleadores o contratantes deben realizar un aporte obligatorio en favor de sus trabajadores o contratistas, según sea el caso, que por su trabajo por tiempo parcial obtengan ingresos mensuales inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. También harán parte de los Beneficios Económicos Periódicos en el Piso de Protección Social, de manera voluntaria, las personas que desempeñan un oficio o actividad económica, incluidos los productores del sector agropecuario, sin que medie un contrato laboral o un contrato de prestación de servicios y cuyo ingreso mensual sea inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. 2. Trabajo por tiempo parcial. Es aquel que desempeña un trabajador que labora por periodos inferiores a un mes calendario o menos de la jornada diaria máxima legal. 3. Seguro Inclusivo. Es aquel cuya finalidad es proteger a los vinculados al Piso de Protección Social, conforme a los eventos, montos y coberturas que se definan de la forma establecida en el artículo 2.2.13.4.4. del presente decreto. En todo caso el Seguro Inclusivo tendrá unas coberturas superiores a las contempladas para los microseguros de los que trata el Capítulo 4 Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 de este decreto. SECCIÓN 2 ACCESO A BEPS EN EL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL Artículo 2.2.13.14.2.1. Obligación de información por parte del trabajador dependiente o del contratista. En el caso en que el trabajador dependiente o el contratista según corresponda, tenga múltiples empleadores o contratantes y los ingresos totales que percibe mensualmente sean inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente deberá informar a estos, tal circunstancia, para efectos de su vinculación al Piso de Protección Social. Artículo 2.2.13.14.2.2. Ingreso de los Vinculados Voluntarios. Las personas de que trata el numeral 2 del artículo 2.2.13.14.1.3. del presente decreto, podrán vincularse a los BEPS en el Piso de Protección Social y serán los responsables de realizar el aporte a este programa, para lo cual deberán ·registrarse ante la administradora de BEPS, a través de los mecanismos electrónicos o físicos que esta disponga para tal efecto. Artículo 2.2.13.14.2.3. Registro de empleadores y contratantes. Los empleadores que tengan a su servicio trabajadores que devenguen ingresos mensuales inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, al momento de realizar el primer aporte al Piso de Protección Social, deberán registrarse ante la administradora de BEPS, a través de los mecanismos electrónicos o físicos que esta disponga para tal efecto. De la misma manera, quienes contraten personas bajo la modalidad de prestación de servicios por ingresos mensuales inferiores a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, al momento de realizar el primer aporte al Piso de Protección Social, deberán registrarse ante la administradora de BEPS, a través de los mecanismos electrónicos o físicos que esta disponga para tal efecto. Artículo 2.2.13.14.2.4. Apertura de cuenta de ahorro individual para Beneficios Económicos Periódicos BEPS en el Piso de Protección Social. La administradora del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) deberá crear una cuenta de ahorro individual para cada persona que se encuentre afiliada en el Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, una vez se realice el primer aporte al Piso de Protección Social. Parágrafo Transitorio. Las personas objeto del presente capítulo, que se encuentren afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud en el régimen contributivo o a un régimen especial, en calidad de beneficiarios, mantendrán su afiliación al sistema de salud en esa condición o en los términos en que se defina una vez se reglamente el artículo 242, de la Ley 1955 de 2019, y serán vinculados obligatorios o voluntarios, según corresponda, al Piso de Protección Social. SECCIÓN 3 CONDICIONES DEL APORTE AL SERVICIO SOCIAL COMPLEMENTARIO DE BEPS EN EL PISO DE PROTECCIÓN SOCIAL Artículo 2.2.13.14.3.1. Aporte al Piso de Protección Social. El aporte para el Piso de Protección Social se realizará de la siguiente manera: 1. Vinculados obligatorios: El aporte deberá efectuarse mensualmente por el empleador o contratante según corresponda, y podrá realizarse en cualquier tiempo durante el mes en el que se desarrolla la actividad, por medio de los canales que la administradora del mecanismo disponga para ese efecto. La cuantía corresponderá al quince por ciento (15%) del ingreso mensual obtenido en el periodo por el que se realiza dicho aporte. Este aporte será adicional al valor convenido a pagar por el desarrollo de la actividad, sin que se pueda descontar de este último. 2. Vinculados voluntarios: Los vinculados voluntarios al Piso de Protección Social de que trata el numeral 2 del artículo 2.2.13.14.1.3. serán los responsables de realizar el aporte del quince por ciento (15%) de su ingreso mensual, después de descontar expensas y costos cuando a ello haya lugar de conformidad con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Parágrafo 1°. La Administradora del mecanismo informará a la autoridad competente los casos de vinculados que, conforme a los aportes que reciban o realicen, tengan ingresos para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social en el Régimen Contributivo y los casos de empleadores o contratantes y vinculados que superen los topes máximos establecidos para el Piso de Protección Social. Así mismo, informará los casos en que evidencie que, dentro del mismo mes calendario, se realizó aportes al Piso de Protección Social y cotización al Sistema General de Seguridad Social en el Régimen Contributivo y adoptará las medidas pertinentes sobre las cuentas individuales para prevenir la ocurrencia de dicha simultaneidad. Parágrafo 2. Lo dispuesto en este capítulo, no modifica la reglamentación vigente, ni el derecho a los incentivos puntuales establecidos para el mecanismo BEPS. Artículo 2.2.13.14.3.2. Aporte adicional. El vinculado al Piso de Protección Social podrá hacer aportes adicionales a su cargo en la cuenta de ahorro individual de BEPS. Dicho aporte tendrá el mismo tope mínimo y máximo definido en los términos establecidos en el artículo 2.2.13.3.1. del presente decreto. Artículo 2.2.13.14.3.3. Distribución de aportes. El aporte de que trata el artículo 2.2.13.14.3.1. del presente decreto, se distribuirá de la siguiente manera: 1. Catorce (14) puntos se acreditarán en la cuenta de ahorro individual del vinculado y, 2. El punto restante se destinará al pago de la prima del Seguro Inclusivo. Artículo 2.2.13.14.3.4. Registro y contabilización de aportes al Servicio Social Complementario BEPS en el Piso de Protección Social. Los recursos que por concepto de aportes se paguen a favor de cada beneficiario en el Servicio Social Complementario BEPS, junto con los rendimientos que se generen, se deberán registrar y contabilizar en cuentas individuales a la que hace referencia el artículo 2.2.13.14.2.4. Artículo 2.2.13.14.3.5. Traslado de aportes al Fondo de Riesgos Laborales. Del aporte del 15% del ingreso mensual del trabajador o contratista, el 1% se destinará para financiar el Fondo de Riesgos Laborales, con el fin de atender el pago de la prima del Seguro Inclusivo. Una vez la administradora del mecanismo reciba el aporte al Piso de Protección Social, deberá realizar el registro contable y efectuará el traslado de los recursos correspondientes sin situación de fondos, al Fondo de Riesgos Laborales. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización de cada vigencia se deberán realizar los cruces de cuentas para trasladar los valores al Fondo Riesgos Laborales, que no se hubiesen ejecutado durante la vigencia anterior. Artículo 2.2.13.14.3.6. Límites del aporte al Piso de Protección Social. El valor del aporte anual máximo al Piso de Protección Social no podrá superar el valor establecido por la Comisión Intersectorial de Pensiones y Beneficios Económicos Periódicos de conformidad con el artículo 2.2.13.3.1. de presente decreto. El valor del aporte mínimo será definido por acuerdo de Junta Directiva de la Administradora de los Beneficios Económicos Periódicos, teniendo en cuenta criterios de eficiencia en costos de operación. En ningún caso el ahorro en el mecanismo de los Beneficios Económicos Periódicos podrá ser inferior al tope mínimo establecido para ese Servicio Social Complementario. En el evento en el que antes de finalizar el año, una persona haya alcanzado el aporte anual máximo, la administradora del mecanismo informará al vinculado y al empleador o contratante, según corresponda, que se cumplió el tope máximo para el respectivo año y que seguirá recibiendo los aportes para el resto de la vigencia, los cuales serán contabilizados para el año calendario siguiente. Parágrafo. Para los vinculados obligatorios al Piso de Protección Social que decidan hacer un aporte adicional al servicio social complementario de Beneficios Económicos Periódicos, el límite anual de los aportes se validará por separado y conforme al tope mínimo y máximo definido en los términos establecidos en el artículo 2.2.13.3.1. del presente decreto. No obstante, la Administradora del mecanismo deberá dar traslado de estos casos a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), para lo de su competencia. SECCIÓN 4 ASEGURAMIENTO Artículo 2.2.13.14.4.1. Aseguramiento en el Piso de Protección Social. Los vinculados obligatorios y voluntarios tendrán derecho a la cobertura del seguro inclusivo que se defina de conformidad con el artículo 2.2.13.4.4. de presente decreto, al día siguiente de acreditado el aporte en su cuenta individual. En todo caso las coberturas del Seguro Inclusivo serán superiores a las de los microseguros que rigen actualmente para este Servicio Social Complementario. Sin perjuicio de lo anterior, las personas vinculadas al programa de Beneficios Económicos Periódicos que no ingresen al Piso de Protección Social, en la medida en que no efectúan el pago por concepto de Seguro Inclusivo, estarán amparadas exclusivamente por los microseguros que rigen para este Servicio Social Complementario, siempre que cumplan los requisitos para tal efecto. Parágrafo. El Seguro Inclusivo podrá ser contratado con una o varias aseguradoras, de naturaleza pública o privada. SECCIÓN 5 OTRAS DISPOSICIONES Artículo 2.2.13.14.5.1. Sistema de recaudo. El sistema de recaudo de aportes podrá realizarse a través de servicios de administración de redes de pago de bajo valor o de otras redes de recaudo definidas por la administradora del Servicio Social Complementario de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), para lo cual podrá acudirse, entre otros, a servicios de pago y transacciones virtuales o tarjetas monederos o cualquier otro medio de pago. Artículo 2.2.13.14.5.2. Fiscalización. En el ejercicio de sus competencias la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) llevará a cabo la fiscalización: 1. De manera preferente a los empleadores que cuenten con trabajadores afiliados al sistema de seguridad social en el régimen contributivo, y que con el propósito de obtener provecho de la reducción de sus aportes en materia de seguridad social de una vigencia a la otra desmejoren las condiciones económicas de dichos trabajadores mediante la implementación de actos o negocios artificiosos o cualquier otra irregularidad en contra del Sistema General de Seguridad Social. 2. A los contratistas afiliados al sistema de seguridad social en su componente contributivo, y que con el propósito de reducir sus aportes en materia de seguridad social lleven a cabo actos o negocios artificiosos o cualquier otra irregularidad en contra del Sistema General de Seguridad Social. 3. A los contratistas o vinculados voluntarios, que se encuentren simultáneamente ahorrando al Piso de Protección Social y cotizando al Sistema General de Seguridad Social en el Régimen Contributivo o que tengan ingresos para pertenecer al Sistema General de Seguridad Social. Por su parte, la administradora del mecanismo informará a la autoridad competente en caso de evidenciar elusión o evasión al Sistema de Seguridad Social Integral. El Ministerio de Trabajo realizará la inspección, vigilancia y control frente al cumplimiento de las normas laborales y demás disposiciones sociales, en los términos de los artículos 485 y 486 del Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 2.2.13.14.5.3. Operación del Servicio Social Complementario de los Beneficios Económicos Periódicos. La operación del Servicio Social Complementario de los Beneficios Económicos Periódicos será la descrita en el Título 13 de la Parte 2 del Libro 2 del presente decreto. Parágrafo. El ahorrador, una vez cumpla los requisitos establecidos en el artículo 2.2.13.5.1. del presente decreto y finalizado el periodo de ahorro en el mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), tendrá derecho a elegir si recibe la anualidad vitalicia junto con el incentivo del 20% sobre el valor ahorrado de conformidad con el artículo 2.2.13.4.2. del presente decreto o la devolución del valor ahorrado, caso en el cual no habrá lugar al pago del incentivo periódico, conforme a la normatividad vigente. Artículo 2.2.13.14.5.4. Cumplimiento de obligaciones. En ningún caso la inscripción del trabajador al Piso de Protección Social exonera al empleador del pago de las prestaciones sociales y demás obligaciones a que haya lugar que se deriven de la relación laboral. Por otra parte, la inscripción del contratista al Piso de Protección Social tampoco exonera al contratante del cumplimiento de las demás obligaciones propias de la naturaleza del contrato. Artículo 2.2.13.14.5.5. Opción de afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social. Los empleadores que tengan personal que desarrolle trabajo por tiempo parcial, que en virtud de ello reciban un ingreso mensual inferior a un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, y que tienen la obligación de vincularlos al Piso de Protección Social, podrán afiliarlos y cotizar mensualmente al Sistema General de Seguridad Social en su componente contributivo pagando el total de la contribución, por mínimo un (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente, lo cual lo exonerará de la obligación de vincularse al Piso de Protección Social. Artículo 2.2.13.14.5.6. Entrada en operación del Piso de Protección Social. Las disposiciones contenidas en el presente capítulo referentes a la vinculación, registro y realización del aporte al Piso de Protección Social serán obligatorias a partir del primero (1º) de febrero de 2021.” Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto entra en vigencia a partir de su publicación. La administradora del mecanismo y las demás entidades a las que corresponda, tendrán plazo desde la vigencia del presente decreto y hasta el 31 de enero de 2021, para realizar las actividades y los ajustes técnicos necesarios a su cargo, que permitan el inicio y desarrollo de la operación del Piso de Protección Social (…)”. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia C- 276 de 19 de agosto de 2021 con ponencia del Magistrado Alejandro Linares Cantillo declaró la inexequibilidad diferida del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la equidad”. La razón de lo anterior obedece de manera tangencial a la siguiente: “(…) EL LEGISLADOR, CON LA EXPEDICIÓN DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY 1955 DE 2019, VULNERÓ EL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA 74. Precisada la jurisprudencia en materia del principio de unidad de materia en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, así como planteado el debate sobre la inclusión del mecanismo previsto en la norma demandada en el piso de protección social, debe establecer la Corte si el legislador, con la expedición del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019, vulneró el principio de unidad de materia, al incorporar, de acuerdo con los demandantes, a la Ley Nacional del Plan de Desarrollo una disposición ajena e inconexa con las bases de tal y al establecer reglas de afiliación y cotización, de índole transversal y permanente que, por su naturaleza, debía ser desarrolladas por una ley ordinaria. Para ello, la Sala Plena seguirá la metodología empleada en la sentencia C-415 de 2020, reiterada en diferentes sentencias posteriores. Para ello, la Sala Plena seguirá la metodología empleada en la sentencia C-415 de 2020, reiterada en diferentes sentencias posteriores. 75. En efecto, se estudiará, en primer lugar, (i) la ubicación del artículo 193 de la Ley 1955 de 2019 y si, en consideración a ella es aplicable el principio de unidad de materia, por hacer parte de los programas, proyectos y apropiaciones que ejecutan e impulsan el cumplimiento de la parte general. Asimismo, en esta etapa, se determinará, de forma breve, el alcance de la disposición demand