Concepto (misional) 299 de 2026 — En contra de acto de reconocimiento de pensión de invalidez y para reintegro de pago por mesadas, retroactivos y pagos de salud con ocasión al reconocimiento de pensión de invalidez

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-En contra de acto de reconocimiento de pensión de invalidez y para reintegro de pago por mesadas, retroactivos y pagos de salud con ocasión al reconocimiento de pensión de invalidez PENSIÓN DE INVALIDEZ-Fue reconocida con fundamento en una pérdida de capacidad laboral del demandado que correspondía a un porcentaje inferior al requerido para acceder a dicha prestación PENSIÓN DE INVALIDEZ-Finalidad de esta en el marco de la ley 100 de 1993 El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones fue diseñado para asegurar a los afiliados en los riesgos de vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones consagradas por la ley. En el caso de la pensión de invalidez, contemplada en el literal c) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, se orienta a la protección de los riesgos o contingencias surgidas con ocasión de algún estado de incapacidad del trabajador, a consecuencia de una disminución de tal magnitud que le impide seguir laborando. PENSIÓN DE INVALIDEZ-Requisitos para acceder a esta, según regulación legal VALORACIÓN PROBATORIA-No fue aplicado el estándar flexible reconocido en la jurisprudencia/PRUEBAS-No se otorgó a indiciarias el peso fijado en precedente En el mismo sentido, se presentó una violación directa de la Constitución Política por desconocimiento del derecho a la igualdad, dado que en la sentencia objeto de censura arribó a una decisión diferente a las que había tomado el Tribunal Administrativo de La Guajira respecto de los mismos hechos. De acuerdo con lo anterior, en el caso sub lite se evidenció una vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dado que el Tribunal omitió aplicar su propio precedente horizontal y, en consecuencia, incurrió en un defecto fáctico pues valoró las pruebas sin aplicar el estándar flexible reconocido en la jurisprudencia, no otorgó a las pruebas indiciarias el peso fijado en el precedente. ACTO ADMINSTRATIVO-Se encuentra acreditada la existencia de irregularidades que desvirtúan la legalidad de este, al reconocerse pensión de invalidez/PENSIÓN DE INVALIDEZ-No se demostró que beneficiario de esta hubiera actuado de mala fe En ese orden de ideas, esta Agencia considera que los argumentos expuestos por COLPENSIONES y por la Procuradora 42 Judicial II para Asuntos Administrativos están llamados a prosperar parcialmente. En efecto, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente y con los precedentes proferidos por la Sección Segunda del Consejo de Estado en asuntos de similares características, se encuentra acreditada la existencia de irregularidades que desvirtúan la legalidad del acto administrativo mediante el cual se reconoció la pensión de invalidez al señor……, razón por la cual procede revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la nulidad del acto administrativo demandado. No obstante, la pretensión orientada al restablecimiento del derecho consistente en ordenar al demandado el reintegro de las sumas percibidas por concepto de mesadas pensionales, retroactivos y demás emolumentos derivados del reconocimiento de la prestación, se considera no está llamada a prosperar, por cuanto no se acreditó que el beneficiario hubiera actuado de mala fe, presupuesto indispensable para imponer dicha condena, conforme a la jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA-Se debe revocar y en su lugar declarar la nulidad del acto demandado PROCURADURÍA DELEGADA DE INTERVENCIÓN 7: SEGUNDA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO IUS: E-2026-439778 Concepto No. 299 Bogotá, D. C., 14 de agosto de 2026. Doctor LUIS EDUARDO MESA NIEVES Consejero ponente Sección Segunda (Subsección A) Consejo de Estado E. S. D. Respetado consejero de Estado: Doctor LUIS EDUARDO MESA NIEVES Consejero ponente Sección Segunda (Subsección A) Consejo de Estado E. S. D. Respetado consejero de Estado: Como delegada del Ministerio Público en el proceso de la referencia, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, particularmente de aquellas atribuciones que se encaminan a la protección del patrimonio público, defensa del orden jurídico y protección y garantía de los derechos fundamentales, de la manera más atenta procedo a rendir y someter a consideración de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado concepto de fondo en los siguientes términos. ANTECEDENTES 1.1 DEMANDA 1.1.1 Pretensiones. COLPENSIONES a través de apoderada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de la Resolución SUB-183410 del 09 de julio de 2018, la cual reconoció una pensión de invalidez al señor Carlos Rafael Correa Millares. Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene al demandado al reintegro de lo pagado por concepto de mesadas, retroactivos y pagos de salud con ocasión al reconocimiento de la pensión de invalidez. 1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la entidad actora que por medio de la Resolución SUB-183410 del 9 de julio de 2018, le reconoció una pensión de invalidez al señor Correa Millares, con una mesada inicial de $3.780.890, retroactivo de $33.432.531, y una pérdida de capacidad laboral del 60.22%, estructurada el 6 de octubre de 2017. Que inició proceso administrativo de investigación especial No. 570-18 adelantado por la Gerencia de Prevención del Fraude, con el fin de revisar el proceso que conllevó al reconocimiento de la pensión de invalidez y su posterior retroactivo, ello debido a la existencia de una investigación penal adelantada por la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar mediante radicado 200016008792201600014, en contra de 206 personas a las cuales Colpensiones, reconoció pensiones de invalidez, presuntamente sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley y con documentación fraudulenta. Que se detectó una presunta red de corrupción en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar y médicos vinculados a ASALUD, quienes emitían dictámenes fraudulentos, donde aparece en la lista el señor Correa Millares según declaración de la médica laboralista Teresa de Jesús de la Hoz Solano, quien admitió haber favorecido a pacientes en sus calificaciones. Que solicitó a la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS realizar una valoración documental de la historia clínica que se tuvo en cuenta para la calificación de la pérdida de capacidad laboral y que a su vez que se tomó como soporte para el reconocimiento de la pensión de invalidez del demandado, entidad que determinó que el PCL fue de 36.88%. Que revocó la resolución que otorgaba la pensión mediante la Resolución SUB 312056 del 14 de noviembre de 2019, y posteriormente informó que el valor girado al demandado ascendía a $113.753.263, incluyendo mesadas, retroactivos y aportes en salud. 1.1.3 Fundamentos jurídicos de la demanda. La parte actora citó como normas infringidas por el acto administrativo demandado el artículo 38 de la Ley 100 de 1993; Ley 860 de 2003, y además citó la sentencia SU182 de 2019, al reconocer una pensión de invalidez sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos. 1.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Ley 860 de 2003, y además citó la sentencia SU182 de 2019, al reconocer una pensión de invalidez sin el cumplimiento de los requisitos legales exigidos. 1.2 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El señor Correa Millares se opuso a las pretensiones, al considerar que el trámite se llevó a cabo conforme a los requisitos legales vigentes y con base en documentos válidos, por lo que no existe fundamento para la revocatoria del acto administrativo que le otorgó dicha prestación. Que la revocatoria de su pensión mediante la Resolución SUB 312056 de 2019 vulneró sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y al debido proceso, en su criterio, COLPENSIONES incurrió en una vía de hecho al revocar el acto administrativo sin contar con una decisión judicial previa ni con pruebas suficientes que demostraran la existencia de fraude. 1.3 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de La Guajira, con sentencia de 24 de septiembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento que según se desprende del material probatorio recaudado, COLPENSIONES practicó un análisis del estado de salud del accionante y en el dictamen médico laboral del 5 de marzo de 2018 realizado al señor Carlos Rafael Correa Millares se determinó una pérdida de capacidad laboral del 60,22%. Aduce que, si bien en el expediente obra el informe técnico elaborado por la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social-CODESS, dicho documento no constituye un medio de prueba idóneo ni suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad que ampara el acto administrativo demandado, ni para demostrar la mala fe del demandado. Sostiene que ese informe no fue incorporado al proceso en calidad de dictamen pericial, ni fue objeto de contradicción o ratificación en el curso del trámite judicial, circunstancias que restringen su eficacia probatoria frente al dictamen inicial que sirvió de fundamento para el reconocimiento de la prestación pensional. Indica que el informe CODESS se basó exclusivamente en la revisión documental de la historia clínica, sin practicar examen físico al afiliado, lo que reduce su fuerza técnica frente a la valoración integral realizada en el dictamen médico laboral No. DML-373 del 5 de marzo de 2018, emitido por COLPENSIONES, en el cual se determinó una pérdida de capacidad laboral del 60,22%, porcentaje que supera el umbral mínimo del 50% exigido. Menciona que tampoco obra en el expediente dictamen emitido por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez que confirme la reducción del porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Expone que COLPENSIONES no acreditó motivos reales, objetivos y verificables que permitan enmarcar la actuación del demandado en una conducta fraudulenta o dolosa, conforme lo exige la sentencia SU-182 de 2019, por el contrario, se mantiene incólume la presunción de buena fe del afiliado, quien obtuvo el reconocimiento pensional con base en un dictamen expedido por la propia entidad. Señala que si bien, el dictamen médico laboral del 5 de marzo de 2018 practicado al señor Carlos Rafael Correa Millares, participó la médica Teresa de la Hoz Solano, quien aparece implicada en el proceso penal 200016008792201600014, esa sola circunstancia no lleva por sí sola a relevar a la demandante de probar al interior del presente proceso que, en el caso particular del demandado, el dictamen que le fue practicado tiene el carácter fraudulento. Concluye señalando que la perdida de la capacidad laboral del 5 de marzo de 2018 realizada por COLPENSIONES al señor Carlos Rafael Correa Millares, se le valoró con un PCL del 60,22%, con fecha de estructuración del 6 de octubre de 2017 y que por tanto COLPENSIONES no logró demostrar la causal de nulidad invocada en la demanda. 1.4 RECURSO DE APELACIÓN 1.4.1 COLPENSIONES, sostiene que la investigación penal, el testimonio de la médica Teresa de Jesús de la Hoz y el dictamen técnico emitido por la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social constituyen indicios graves, serios y concordantes de la existencia de irregularidades, suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado y la buena fe del beneficiario. En primer lugar, aduce que la sentencia incurrió en un error de hecho por indebida valoración probatoria, en la medida en que el a quo desconoció el alcance y valor del informe técnico elaborado por CODESS, el cual, a su juicio, constituye una prueba idónea y objetiva para acreditar las irregularidades del dictamen médico que sirvió de fundamento al reconocimiento de la pensión. Destaca que dicho informe concluyó expresamente que: “El dictamen original contiene calificaciones sin soporte clínico y sobrevaloración de deficiencias médicas, estableciendo una pérdida real de capacidad laboral del 36.88%.” Destaca que dicho informe concluyó expresamente que: “El dictamen original contiene calificaciones sin soporte clínico y sobrevaloración de deficiencias médicas, estableciendo una pérdida real de capacidad laboral del 36.88%.” El Tribunal restó valor probatorio al informe por haberse realizado de manera documental y no presencial, sin advertir que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 962 de 2005, habilita expresamente las valoraciones técnicas documentales cuando el caso así lo amerita, más aún cuando se trata de la revisión de un acto administrativo irregular dentro de un proceso de lesividad. Al desconocer este dictamen, el Tribunal incurrió en falso juicio de valoración, pues omitió una prueba técnica que desvirtuaba la validez del acto pensional y demostraba la indebida configuración del derecho”. Manifiesta que la permanencia de una prestación pensional reconocida a quien, a su juicio, no reúne los requisitos legales para acceder a ella genera un grave perjuicio para la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones. Explica que dicho sistema requiere un flujo permanente de recursos para garantizar su sostenibilidad y el pago oportuno de las prestaciones a quienes realmente tienen derecho a ellas. En consecuencia, afirma que mantener el reconocimiento pensional cuestionado compromete la capacidad del sistema para atender a los afiliados que cumplen las exigencias legales, con la consecuente afectación de los principios de sostenibilidad financiera, progresividad y acceso efectivo a la pensión. 1.4.2 La Procuradora 42 Judicial II para Asuntos Administrativos, se opuso a la sentencia de primera instancia argumentando que desconoce el precedente judicial horizontal consolidado por el mismo tribunal en decisiones anteriores que resuelven casos sustancialmente similares y cita las sentencias proferidas dentro de los radicados: 44-001-23 40-000-2020-00388-00, del 27 de julio de 2022, y 28 de febrero de 2023 dentro del radicado 44-001-23-40-000-2020-00296-00 Señala que se está vulnerando los principios constitucionales fundamentales como la igualdad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y el debido proceso, consagrados en los artículos 13, 29 y 83 de la Constitución Política de Colombia. Aduce que en el presente caso, el tribunal omitió aplicar el precedente sin ofrecer una justificación razonada, clara y suficiente que permitiera apartarse de él, lo cual constituye una infracción al principio de coherencia judicial y una afectación directa al derecho a la igualdad de las partes frente a otros ciudadanos en situaciones similares. Señala que es cierto que, COLPENSIONES practicó un análisis del estado de salud del hoy demandado y, en el dictamen médico laboral que sirvió de fundamento para el reconocimiento de la pensión de invalidez contenido en la SUB 183410 del 09 de julio de 2018, realizado al señor Carlos Rafael Correa Millares, se determinó una pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Asimismo, planteó que: “[…] en el presente proceso no se tiene en cuenta que la profesional de la medicina que dictaminó la pérdida de capacidad laboral al hoy demandante fue la medico laboral Teresa de la Hoz Solano, quien al recepcionarle declaración ante la Fiscalía aportó una relación amplia de los trabajadores que fueron atendidos por ella y con suma precisión dio cuenta de quien fue el tramitador que estuvo a cargo para realizar los actos fraudulentos, que para el 2018 menciona a la señora MAYDA en la persona del señor Correa Millares (sic.)”. 2.1 PROBLEMA JURÍDICO 2.1 PROBLEMA JURÍDICO Consiste en determinar i) si el demandado tiene derecho a seguir siendo beneficiario de la pensión de invalidez que le reconoció COLPENSIONES o en su defecto el reconocimiento médico legal tenido en cuenta contiene información sobrevalorada en cuanto al porcentaje de pérdida de capacidad laboral sin darle derecho y si en tal caso, debe devolver los dineros pagados por atentar contra la estabilidad financiera del Sistema de Pensiones, y ii) si el a quo desconoció el precedente de casos similares fallados tales como las sentencias proferidas dentro de los radicados: 44-001-23 40-000-2020-00388-00, del 27 de julio de 2022, y 28 de febrero de 2023 dentro del radicado 44-001-23-40-000-2020-00296-00. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, esta agencia del Ministerio Público encuentra conveniente desarrollar los siguientes aspectos: (i) Pensión de Invalidez en el marco de la Ley 100 de 1993, (ii) Revocatoria de los actos administrativos de reconocimiento pensional. (iii) Principio de la buena fe; (iv) Reintegro de las sumas de dinero pagadas y no debidas, (v) Del precedente horizontal, y (vi) desarrollo del caso concreto. Esta agencia del Ministerio Público concluirá y demostrará que el demandado no cumple con los requisitos legales para continuar con la pensión de invalidez que ostenta porque el porcentaje de pérdida de capacidad laboral no supera el 50% de la PCL, Por tanto, se solicitará la revocatoria de la sentencia recurrida, para que en su lugar se acceda a la declaratoria de nulidad del acto demandado y negar las demás pretensiones. 2.2 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 2.2.1 Pensión de Invalidez en el marco de la Ley 100 de 1993. 2.2 MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL 2.2.1 Pensión de Invalidez en el marco de la Ley 100 de 1993. El Sistema General de Seguridad Social en Pensiones fue diseñado para asegurar a los afiliados en los riesgos de vejez, invalidez y muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones consagradas por la ley. En el caso de la pensión de invalidez, contemplada en el literal c) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, se orienta a la protección de los riesgos o contingencias surgidas con ocasión de algún estado de incapacidad del trabajador, a consecuencia de una disminución de tal magnitud que le impide seguir laborando. Es así como la Ley 100 de 1993 establece en el artículo 38 el estado de invalidez. “Artículo. 38. Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”. Con la Ley 100 de 1993, se considera como persona inválida aquella a quien se le haya calificado una disminución o pérdida de su capacidad laboral igual o superior al 50% de su potencial laboral. Es así como en la actualidad una persona puede ser declarada inválida cuando esté imposibilitada o impedida para seguir desarrollando una actividad laboral remunerada, por la disminución sustancial y permanente de por lo menos la mitad de sus capacidades físicas e intelectuales. Por consiguiente, la finalidad de la pensión de invalidez es proteger a aquellas personas que hayan perdido por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes o potencialidades de todo orden, que le permitían desarrollar un trabajo habitual y percibir por el mismo una retribución económica, y que por tal situación no pueden seguir cotizando en calidad de trabajadores activos al sistema general de seguridad social, tanto en salud como en pensiones. Frente a los requisitos para acceder a la pensión de invalidez el artículo 39 ibídem estableció. Artículo 39. Modificado por el art. 1, Ley 860 de 2003. <EL nuevo texto es el siguiente> Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones: 1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. 2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma, y su fidelidad (de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez. (…). El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE en Sentencia de la Corte Constitucional C-428 de 2009. 2.2.2 Revocatoria de los actos administrativos de reconocimiento pensional. Mediante la Ley 797 del 29 de enero de 2003 “Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”, estableció en el artículo 19 la revocatoria de pensiones reconocidas ilegalmente, el cual preceptúa: “Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes”. (Subrayado externo) Luego por sentencia C-835 del 23 de septiembre de 2003, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en los siguientes términos. (Subrayado externo) Luego por sentencia C-835 del 23 de septiembre de 2003, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, en los siguientes términos. “El artículo 19 acusado tiene como campo de acción las pensiones o prestaciones económicas reconocidas irregularmente.  En ese sentido, primeramente el artículo establece un deber de verificación oficiosa sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para la adquisición del derecho correspondiente, incluidos los documentos que hayan soportado la obtención del reconocimiento y pago de la suma correspondiente a cargo del tesoro público.  Ese deber oficioso de verificación recae en los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o en quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, cuando quiera que existan motivos en razón de los cuales pueda suponerse que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica.  Consecuencialmente el artículo ordena que en caso de comprobarse el incumplimiento de los requisitos, o que el reconocimiento se hizo con apoyo en documentación falsa, el funcionario competente (de los ya indicados) deberá revocar directamente el correspondiente acto administrativo, con o sin consentimiento del titular del derecho reconocido, compulsando al efecto copias a las autoridades competentes para lo de su cargo. Pues bien, en lo concerniente a la verificación oficiosa que la norma le impone como deber a los mencionados funcionarios, la Corte no encuentra reparo alguno.  Antes bien, estima la Corporación que con un tal deber se tiende a proteger la objetividad, transparencia, moralidad y eficacia que la función administrativa requiere en orden al correcto reconocimiento y pago de las pensiones u otras prestaciones económicas propias del régimen de seguridad social.  Y es que la labor de los citados funcionarios no puede enclaustrarse en el nicho de la apariencia ritual ni del manejo mecánico de los actos administrativos que les compete expedir, considerar, atender o satisfacer, incluidos los documentos que soporten el trámite y expedición de los respectivos actos de reconocimiento y pago.  Asimismo, no se trata de prohijar la instauración de instancias administrativas contrarias a los principios de economía, celeridad y eficacia que la Carta destaca a favor de la función administrativa, que en todo caso debe resolverse en la materialización de los derechos y deberes de las personas.  Por el contrario, con arraigo en los principios que informan la función administrativa, al igual que en aras de la legalidad de los derechos adquiridos y de la defensa del tesoro público, la verificación oficiosa que el artículo 19 impone como deber, confluye en la esfera positiva con claro linaje constitucional.  Sin embargo, es de observar que la Administración no puede a cada rato estar revisando lo que ya revisó, derivando en un cuestionamiento recurrente sobre los mismos motivos y causas, que a más de no consultar el sentido y alcance del artículo 19, raya en el desconocimiento del non bis in idem.  Revisado un asunto por la Administración éste debe ser decidido de manera definitiva y la Administración no puede volver a cuestionar el mismo asunto una segunda o tercera vez”. De igual forma la Corte Constitucional dictó sentencia de Unificación SU-182 del 8 de mayo de 2019 precisando: De igual forma la Corte Constitucional dictó sentencia de Unificación SU-182 del 8 de mayo de 2019 precisando: “108.      En síntesis, desde la Sentencia C-835 de 2003, la jurisprudencia constitucional ha reconocido inequívocamente la revocatoria unilateral frente a pensiones irregulares. Posición que también es compartida por el Consejo de Estado. En la actualidad, no se discute que una pensión obtenida por medios ilegales o en abierto incumplimiento de los requisitos, al punto de entrar en la órbita del derecho penal, pueda ser revocada sin el consentimiento del interesado. Sin embargo, al momento de resolver casos concretos y aplicar estos principios, han surgido diferencias relevantes al interior de la Corte. Principalmente, esta divergencia de criterios se ha dado alrededor de dos temas: (i) ¿es necesario tener una sentencia penal condenatoria en contra del pensionado para desvirtuar su buena fe en el trámite pensional?; y (ii) ¿es razonable que el pensionado asuma la responsabilidad de encontrar pruebas que acrediten su vinculación laboral? Son interrogantes que han dado lugar a respuestas distintas al interior de la Corte. De ahí que sea necesario profundizar en estos temas, antes de entrar a unificar la posición de la Sala Plena. (…), 111.      Tales posturas no son admisibles en el sistema de derechos y deberes que promueve la Carta Política de 1991. El mecanismo de revocatoria directa no recae únicamente sobre aquellos que han sido condenados penalmente por emplear maniobras fraudulentas, o por aportar documentos falsos para hacerse a una prestación económica; también cobija a quien dolosamente se aprovecha de un evidente error de la administración. también cobija a quien dolosamente se aprovecha de un evidente error de la administración. 112.      El orden constitucional no protege la cultura de “el vivo”, aquel que busca aprovecharse del error ajeno y desconocer sus deberes de cara a la sociedad. Menos aún, tratándose del sistema pensional, en donde la suerte de la seguridad social y el mínimo vital de todos los colombianos, incluyendo las generaciones por venir, se encuentra entrelazado. Para explicar este punto, el presente capítulo (i) desarrolla el alcance de la Sentencia C-835 de 2003; (ii) explica el delito de aprovechamiento de error ajeno; y (iii) justifica, desde el punto de vista constitucional, el reproche a quien se vale del error ajeno”. (Subrayado externo) (…)., Ahora bien, en cuanto a que la revocatoria directa señaló que no implica prejudicialidad y no está a la espera de que se produzca una sentencia penal condenatoria, porque de serlo así sería una equiparación indebida entre esta figura jurídica y el proceso penal que ese último puede tardar mucho tiempo restándole efectividad a la revocatoria directa. “115.      De ahí que los supuestos que trae el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 deben entenderse como el resultado de conductas u omisiones especialmente graves, al punto que pudieran enmarcarse en algún tipo penal; y no simplemente tratarse de discrepancias jurídicas, o inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos. Esto supone un estándar alto de prueba a cargo de la administración, pero no implica una suerte de prejudicialidad, que restrinja el mecanismo de revocatoria a la espera que se produzca una sentencia penal condenatoria. Lo que la Corte exigió a través de la sentencia C-835 de 2003 es un comportamiento lo suficientemente grave como para ser enmarcado en algún tipo delictivo, aunque la conducta no sea finalmente sancionada en un juicio penal. La condena criminal es la máxima prueba a la que puede aspirar la administración para desvirtuar la buena fe de una persona; si bien es suficiente, tan alto grado de convencimiento no es necesario para habilitar el instrumento de la revocatoria directa. 116.      Aceptar lo contrario, resultaría en una equiparación indebida entre la revocatoria directa, que es un mecanismo interno de control de legalidad sobre un acto administrativo; y el juzgamiento penal, que es un proceso judicial de responsabilidad individual. Mantener esta distinción responde, además, a una finalidad práctica imperiosa. La investigación penal puede tardar años, durante los cuales la administración quedaría inerme, suprimiéndose así la eficacia de la revocatoria directa como mecanismo de control. Vale reseñar, a manera de ejemplo, que en este caso la denuncia penal fue radicada por Colpensiones en diciembre de 2016, y según informe rendido por la Fiscal 17 Delegada contra la Criminalidad Organizada, el proceso a comienzos de 2019 aún se encuentra en etapa de indagación”. (Subrayado externo) 2.2.3 Del Principio de la buena fe (Subrayado externo) 2.2.3 Del Principio de la buena fe La Constitución Política, en su artículo 83, señala que «Las actuaciones de los particulares y de las autoridades deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas». Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional han considerado que el principio de la buena fe es aquel que exige a los particulares y a las autoridades ajustar sus comportamientos a una conducta honesta y leal conforme con las actuaciones que podría esperarse de una «persona correcta (vir bonus)». Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con trascendencia jurídica y se refiere a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada». La Corte Constitucional, en la sentencia C-131 de 2004, se refirió a la buena fe como un principio general del derecho que gobierna las relaciones entre la administración pública y los particulares, cuya esencia radica en la honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada y que debe someterse las actuaciones públicas y privadas, al indicar: “En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera, cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico”. A su turno, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, en la sentencia de tutela del 8 de junio de 2017 consideró sobre la buena fe simple que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, y corresponde al Estado desvirtuarla. Dijo la Corte: Dijo la Corte: “Nuestro ordenamiento constitucional y, especialmente, el régimen civil ha desarrollado además del concepto de buena fe como mandato constitucional general, la figura de buena fe simple como principio y forma de conducta. Esta equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones. […] De lo anterior pueden extraerse algunas diferencias precisas entre la buena fe simple y la buena fe exenta de culpa. Si bien es cierto que en los dos eventos se parte del supuesto de que la persona obró con lealtad, rectitud y honestidad, la buena fe simple se presume de todas las actuaciones o gestiones que los particulares realizan ante el Estado, de ahí que sea éste quien deba desvirtuarla. Por su parte, la buena fe exenta de culpa exige ser probada por quien requiere consolidar jurídicamente una situación determinada. Así, la buena fe exenta de culpa exige dos elementos: de un lado, uno subjetivo, que consiste en obrar con lealtad y, de otro lado, uno objetivo, que exige tener la seguridad en el actuar, la cual solo puede ser resultado de la realización actuaciones positivas encaminadas a consolidar dicha certeza”. El Consejo de Estado en sentencia del 23 de marzo de 2017, analizó la buena fe en un caso de similares condiciones fácticas al presente, donde explicó: “De acuerdo con lo anterior, la norma en comento establece una garantía para los principios de buena fe y confianza legítima de los particulares, pues la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que, si ello no se logra demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno. El concepto de buena fe hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre los cuales se fundamenta”. 2.2.4 Reintegro de las sumas de dinero pagadas y no debidas. En lo que concierne a este aspecto, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el artículo 164 numeral 1 literal c) prevé: “(…) no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”. La Corte Constitucional en la sentencia C-1049 de 2004 al declarar la exequibilidad del numeral 2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo (norma que también disponía que la administración no podía recuperar las sumas pagadas a particulares de buena fe) consideró frente a la facultad que tiene el Estado de demandar en cualquier tiempo el acto administrativo que reconoce prestaciones periódicas que: “En el presente caso, la disposición acusada le otorga a la administración, la facultad de demandar “en cualquier tiempo” los actos administrativos mediante los cuales se reconozcan prestaciones periódicas, precisando que “no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”. Quiere ello decir, que la norma acusada, en cuanto le concede a la administración tal facultad, no vulnera los principios de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, tal y como han sido entendidos por la Corte en múltiples fallos, por cuanto el legislador no está partiendo de la mala fe de los administrados, ni tampoco está defraudando expectativas legítimas que a los mismos se les hubiesen creado. […]”. […]”. En cuanto a la recuperación de las prestaciones periódicas pagadas a las particulares que obran de buena fe, es pertinente traer a colación lo dicho en la sentencia del 6 de febrero de 2020 de la Subsección A – Sección Segunda, donde expone que no hay lugar a recuperarlas a menos que se demuestre conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir actuar mala fe. “Esta Subsección observa que el principio de la buena fe incorpora una presunción legal, que admite prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de menos, probar que la contraparte actuó de mala fe. Bajo dicho entendido, no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que, en este caso, el demandante incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho. (…). En ese orden de ideas, la Sala reitera que teniendo la entidad demandante la carga probatoria para desvirtuar la presunción de buena fe del pensionado, aquella no demostró que el demandado actuó de mala fe para que el Fondo demandante le reliquidara su pensión, en consecuencia, no es posible ordenar el reintegro de dineros de manera indexada como se pretende en el libelo introductor”. Sobre el mismo tema, el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección A, en sentencia del 3 de junio de 2021 expresó que para recuperar los dineros se debe acreditar que el demandado para obtener el acto administrativo haya desbordado el amparo de la buena fe, al respecto señaló: “De aceptarse la postura de la demandante se vulneraría el derecho de defensa del demandado porque ello implica trasladar en su contra la carga de desvirtuar la presunción de buena fe lo cual en lógica jurídica es inadmisible. “De aceptarse la postura de la demandante se vulneraría el derecho de defensa del demandado porque ello implica trasladar en su contra la carga de desvirtuar la presunción de buena fe lo cual en lógica jurídica es inadmisible. Solamente en la sentencia, previos los respectivos juicios normativos y de valor frente a la actuación administrativa, es posible determinar si el demandado se prevalió de medios ilegales en detrimento de la Administración, para obtener la expedición de los actos cuya nulidad se acusa. Bajo los argumentos que anteceden, como la parte demandante dentro del presente proceso no acreditó que el demandado para obtener la expedición de los actos desbordó el amparo constitucional de la buena fe, la sentencia apelada que denegó el pretendido restablecimiento del derecho será confirmada14”. Es decir, corresponde a la entidad demandante la carga desvirtuar la presunción de buena fe, acreditando que los actos fraudulentos o medios ilegales, la llevaron a expedir actos administrativos en detrimento de la administración.” Más adelante concluyó esa alta corporación que no es posible recuperar sumas pagadas cuando han sido reconocidas de buena fe. En la misma sentencia del 3 de junio de 2021. “De lo anterior, se colige que no existe la posibilidad de recuperar las prestaciones periódicas cuando han sido pagadas de buena fe, lo que le impone a la entidad demandante la carga de probar los actos fraudulentos del beneficiario para obtener el reconocimiento de un derecho que no le corresponde, como se pudo apreciar en el acápite precedente”. (Subrayado externo) Bajo la anterior premisa es del caso concluir que le corresponde a COLPENSIONES probar que el demandado actuó utilizando maniobras fraudulentas para inducir en error a la entidad a pagar sumas de dinero que lo beneficiaba. 2.2.5 Del precedente horizontal 2.2.5 Del precedente horizontal Para el caso concreto, tenemos que el desconocimiento del precedente horizontal por parte de un tribunal se materializa cuando un mismo juez o un tribunal de igual jerarquía se aparta de sus propias decisiones previas ante casos con supuestos fácticos análogos o similares, sin cumplir con las cargas mínimas argumentativas de transparencia y suficiencia. En ese entendió, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han señalado que el precedente horizontal (decisiones previas dictadas por la misma autoridad judicial o por homólogos de igual jerarquía) es de obligatorio cumplimiento para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica. Por tanto, cuando un tribunal se aparta de sus propias subreglas o de casos idénticos sin justificación, incurre en un defecto que puede configurar una vía de hecho o violación al debido proceso. La Corte Constitucional mediante sentencia SU-484 del del 20 de noviembre de 2024, dentro del radicado expedientes AC T-9.860.565 y T-10.191.129, señaló frente al precedente horizontal que el juez debe hacer referencia al precedente con el que ha resulto casos similares, exponer las razones para apartarse. “52. Para apartarse del precedente horizontal, el juez (i) “debe hacer referencia expresa al precedente con el que ha resuelto casos análogos (requisito de transparencia)” [31]. Luego de ello, (ii) le corresponde “exponer las razones suficientes que, a la luz de los cambios introducidos en el ordenamiento jurídico, o por la transformación del contexto social dominante, justifiquen o evidencien la necesidad de producir un cambio jurisprudencial (requisito de suficiencia)”]. En igual sentido, la Corte Constitucional a través de la sentencia C-539 de 2011, refirió a que esa corporación es la que fija interpretación autentica que tiene implicación y a su vez consecuencias generales frente a determina el precedente judicial a ser aplicado en casos similares o análogos. “… la Corte es la encargada de fijar la interpretación auténtica de los preceptos constitucionales, de manera que tienen un aspecto subjetivo, relativo al caso concreto, y objetivo, que implica consecuencias generales en cuanto determina el precedente judicial a ser aplicado en casos similares o análogos. De otra parte, la Corte ha insistido en que sus sentencias de amparo tienen una proyección doctrinal vinculante, en cuanto se trata de interpretar la Constitución misma, lo cual debe tener un efecto multiplicador aplicable a los casos similares o análogos, por cuanto de lo contrario se desvirtuaría su verdadera esencia y se convertiría tan solo en otra instancia de una jurisdicción.” Interpretación auténtica a la que los jueces de ninguna jerarquía pueden escapar bajo el argumento de los principios de autonomía e independencia que caracterizan la función judicial, pues estarían no solo desconociendo la Constitución, en especial, los postulados de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima en las instituciones, sino usurpando la competencia que la Carta le otorgó expresamente al Tribunal Constitucional. Se exige un ejercicio de ponderación entre los principios de autonomía e independencia y los de igualdad, seguridad jurídica y confianza legítima. No basta que el juez argumente los primeros sin consideración alguna de los segundos. .”(Subrayado externo) La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado que esta omisión constituye un defecto sustantivo que vulnera el debido proceso y el derecho a la igualdad. 2.3 CASO CONCRETO 2.3.1 Hechos jurídicamente relevantes. 2.3 CASO CONCRETO 2.3.1 Hechos jurídicamente relevantes. Mediante la Resolución SUB-183410 del 9 de julio de 2018, COLPENSIONES reconoció al señor Carlos Rafael Correa Millares una pensión de invalidez, con efectos fiscales a partir del 11 de octubre de 2017, en aplicación de la Ley 860 de 2003. La prestación fue reconocida con fundamento en una pérdida de capacidad laboral del 60,22 %, estructurada el 6 de octubre de 2017, y fijada en una cuantía inicial de $3.780.890 mensuales, además del pago de un retroactivo por valor de $33.432.531. Posteriormente, la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS) realizó una valoración documental de la historia clínica que sirvió de soporte para la calificación de invalidez, concluyendo que la pérdida de capacidad laboral del demandado correspondía al 36,88 %, porcentaje inferior al requerido para acceder a la prestación. Con fundamento en esa valoración, COLPENSIONES expidió la Resolución SUB-312056 del 14 de noviembre de 2019, mediante la cual revocó la Resolución SUB-183410 de 2018. Asimismo, informó que el valor total girado al demandado, por concepto de retroactivo, mesadas pensionales y aportes al sistema de salud, ascendía a $113.753.263. Asimismo, se encuentra acreditado que el reconocimiento de la pensión de invalidez se fundamentó en el dictamen médico laboral DML-373 de 2018, proferido el 5 de marzo de 2018 por la médica laboral Teresa de Jesús de la Hoz Solano, en el que se calificó al demandado con una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 60,22 %. De otra parte, en el proceso administrativo especial No. 570-18, adelantado por la Gerencia de Prevención del Fraude de COLPENSIONES, se dejó constancia de que la profesional Teresa de Jesús de la Hoz Solano, autora del dictamen que dio lugar al reconocimiento pensional, se encontraba vinculada a la investigación penal adelantada por la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar, circunstancia que igualmente fue consignada en el Auto de Cierre de la Investigación Administrativa Especial No. 1696 del 22 de octubre de 2019. La Corte Constitucional, mediante la Sentencia SU-182 de 2019, fijó el alcance de la facultad de las administradoras de pensiones para revocar unilateralmente actos de reconocimiento pensional cuando estos se hubieren obtenido con fundamento en documentación falsa o mediante actuaciones fraudulentas. 2.3.2 Resolución de los problemas jurídicos Inconforme con la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, COLPENSIONES interpuso recurso de apelación, en el que sostiene que en el expediente obran indicios graves, serios y concordantes de la existencia de irregularidades, suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del acto administrativo demandado y la buena fe del beneficiario Asimismo, afirma que mantener el pago de una prestación pensional a favor de una persona que, a su juicio, no reúne los requisitos legales para acceder a ella, compromete la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, al afectar su capacidad para reconocer y pagar las prestaciones a quienes sí cumplen las condiciones exigidas por la ley, con la consecuente vulneración de los principios de progresividad y de acceso efectivo al derecho a la pensión de los demás afiliados. Por su parte, la Procuradora 42 Judicial II para Asuntos Administrativos manifiesta que la sentencia de primera instancia se apartó del precedente judicial horizontal fijado por el propio Tribunal Administrativo de La Guajira en decisiones adoptadas frente a casos sustancialmente análogos, sin ofrecer una justificación suficiente para ello, y en respaldo de su afirmación cita dos providencias proferidas por esa Corporación. En ese contexto, corresponde a esta agencia del Ministerio Público determinar, en primer lugar, si el señor Carlos Rafael Correa Millares conserva el derecho a la pensión de invalidez reconocida por COLPENSIONES, por acreditar los requisitos legales para su otorgamiento, o si, por el contrario, procede la revocatoria del acto de reconocimiento y la consecuente devolución de las sumas percibidas. En segundo lugar, deberá establecerse si la sentencia de primera instancia se apartó injustificadamente del precedente judicial horizontal fijado por el Tribunal Administrativo de La Guajira en asuntos de similares características, particularmente en las providencias proferidas dentro de los radicados Nos. 44-001-23-40-000-2020-00388-00 y 44-001-23-40-000-2020-00296-00. 2.3.2.1 Resolución del primer problema jurídico Sea lo primero mencionar que, COLPENSIONES mediante Resolución SUB-183410 del 09 de julio de 2018, le reconoció al señor Carlos Rafael Correa Millares, una pensión de invalidez, a partir de 11 de octubre de 2017, de conformidad con lo dispuesto en la 38 y 39 de la Ley 100 de 1993 y Ley 860 de 2003. Como consecuencia de lo anterior, la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social-CODESS efectuó una valoración documental de la historia clínica que sirvió de fundamento para la calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor Carlos Rafael Correa Millares durante el trámite de reconocimiento de su pensión de invalidez. Como resultado de dicha valoración, determinó una pérdida de capacidad laboral del 36,88 % y mantuvo como fecha de estructuración el 06 de octubre de 2017. En desarrollo de dicha actuación, COLPENSIONES expidió la Resolución SUB-312056 del 14 de noviembre de 2019, mediante la cual revocó el reconocimiento de la pensión de invalidez. Esta decisión fue adoptada en el marco de la investigación administrativa especial No. 570-18, en la que la entidad concluyó que se encontraba acreditada la existencia de un fraude en la obtención de la prestación pensional, con fundamento en el informe técnico elaborado por la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS), el cual valoró la historia clínica del afiliado. En ese contexto, COLPENSIONES promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el propósito de obtener la declaratoria de nulidad de su propio acto administrativo, mediante el cual reconoció la pensión de invalidez a favor del señor Carlos Rafael Correa Millares. Como consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordenara al demandado reintegrar las sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales, retroactivo y demás emolumentos reconocidos con ocasión del otorgamiento de dicha prestación. Así las cosas, es del caso señalar que COLPENSIONES contaba con la facultad de revocar unilateralmente el reconocimiento de la pensión de invalidez, siempre que se acreditaran los presupuestos constitucionales y legales para ello. Así las cosas, es del caso señalar que COLPENSIONES contaba con la facultad de revocar unilateralmente el reconocimiento de la pensión de invalidez, siempre que se acreditaran los presupuestos constitucionales y legales para ello. En ese sentido, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia de Unificación SU-182 del 8 de mayo de 2019, reiteró que, desde la Sentencia C-835 de 2003, la jurisprudencia constitucional ha reconocido de manera inequívoca la potestad excepcional de las entidades administradoras de pensiones para revocar directamente los actos de reconocimiento cuando estos han sido obtenidos mediante fraude, falsedad o cualquier otro medio ilegal, criterio que ha sido igualmente acogido por el Consejo de Estado. La referida providencia precisó, además, que en la actualidad no existe controversia respecto de la posibilidad de revocar unilateralmente una pensión cuando se demuestra que su reconocimiento obedeció a actuaciones fraudulentas o a la utilización de documentación falsa, pues en tales eventos no resulta exigible el consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho, en la medida en que la protección de la legalidad, del patrimonio público y de la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones prevalece frente a situaciones originadas en conductas contrarias al ordenamiento jurídico. Recapitulando el caso, se tiene como antecedente que mediante visita recibida por el Cuerpo Técnica de Investigación de la Fiscal General de la Nación, Seccional Valledupar el 24 de agosto de 2016, se establece que mediante radicado 200016008792201600014, La Unidad de Delitos contra la Administración Pública, se encontraba realizando investigación de carácter penal, en contra de 206 personas a las cuales la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, reconoció pensiones de invalidez, presuntamente sin el lleno de los requisitos exigidos por la ley y con documentación fraudulenta. Así pues, en desarrollo de la investigación penal adelantada por la Fiscalía 12 Seccional de Valledupar con radicado SPOA No. 200016008792201600014, se logró establecer que en la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar y médicos vinculados a ASALUD emitían, a cambio de dinero, dictámenes espurios de pérdida de capacidad laboral, para que trabajadores de empresas mineras se pensionaran y solicitaran créditos bancarios y pólizas. De otra parte, la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social CODESS, realizó una valoración documental de la historia clínica del señor Correa Millares, en aras de determinar si dentro de la valoración de pérdida de capacidad laboral existieron patologías sobrecalificadas o Inexistentes que le permitieron al afiliado obtener el porcentaje de pérdida de capacidad laboral superior al 50%, donde en el informe técnico se otorgó un 36.88%. En ese sentido, como está probado en el proceso y como bien lo menciona la apelante del Ministerio Público el reconocimiento que se le efectuó al demandado estuvo sobre valorado y fue emitido en forma fraudulenta al referirse que; “(…), el dictamen médico laboral fue rendido por la profesional de la medicina TERESA DE LA HOZ SOLANO, quien en el proceso penal que se le adelanta entre otros, contra ella, en el que le fue librada orden de captura y quien en declaración rendida ante el fiscal 12 seccional de la administración pública, reconoció que para el año 2017 y parte de 2018, tramitó calificaciones de pérdida de la capacidad laboral injustamente a favor de muchos pacientes que eran presentados por varios tramitadores que le pagaban un millón de pesos y en otros casos un millón quinientos mil pesos a cambio de favorecer a estos pacientes al momento de calificarle la pérdida de la capacidad laboral en busca de un reconocimiento pensional por concepto de Invalidez. En la relación entregada por la Dra. Teresa de Jesús de la Hoz Solano se encuentra relacionado el señor CARLOS RAFAEL CORREA MILLARES. Este dicho de la señora DE LA HOZ SOLANO, resulta verificable porque a folios 175-184 del expediente se encuentra la comunicación dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral realizado por aquella, ya que fue quien le practicó el examen físico al señor CORREA MILLARES en el que le informa que le determinó una pérdida de la capacidad laboral de 60.22% de origen ENFERMEDAD y riesgo COMUN, estructurada 6 de octubre de 2017. Este hecho se encuentra corroborado con la declaración rendida el 10 de octubre de 2018 por la doctora Teresa de Jesús de la Hoz Solano, en el marco de la investigación penal radicada bajo el No. 20-001-60-08792-2016-00014, adelantada, entre otras personas, en su contra por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, estafa agravada y fraude procesal, relacionados con la expedición de dictámenes médicos presuntamente fraudulentos destinados a soportar solicitudes de reconocimiento de pensiones de invalidez. Asimismo, en un asunto de características similares al que ahora se examina, tramitado ante el Tribunal Administrativo de La Guajira bajo el radicado No. 44-001-23-40-000-2020-00296-00, se dejó consignado lo siguiente: Considera en este punto esta corporación, traer a colación apartes de la citada declaración rendida dentro de la actuación penal por la señora de la Hoz Solano18: “PREGUNTADO: diga la declarante donde se encontraba laborando para los periodos comprendidos entre el año 2015 hasta el mes de abril de 2018. CONTESTÓ: Desde marzo del año 2015 inicié como médico laboral Región Caribe con la empresa ASALUD realizando las calificaciones de pérdida de capacidad laboral para los afiliados de la empresa COLPENSIONES y medicina laboral de SANITAS EPS: ese trabajo lo realizaba en la ciudad de Barranquilla y luego me asignaron toda la Región Caribe, cuando digo luego es a partir de junio de 2016 en toda la Región Caribe; posterior a ello, en el año 2017 para el mes de julio decidí que iba a atender solamente los casos de La Guajira ya que inicié a atender los casos como independiente de medicina ocupacional en mi propia empresa, no relacionado con lo que yo realizaba en ASALUD, asignándome un horario de martes y jueves de dos horas cada uno en el horario de la tarde, el tipo de contratación era prestación de servicio previa cuenta de cobro se realizaba el pago, y el valor a pagar por cada caso dependía del número de casos evaluados; ASALUD es una empresa contratista de la AFP COLPENSIONES, y realizaba el vínculo de médicos laborales para realizar pérdida de capacidad laboral PCL de los afiliados a dicho fondo basado en el manual de calificación de invalidez vigente a la fecha de la revisión. (…) PREGUNTADO: Manifieste si usted durante el periodo en que estuvo vinculada a la empresa ASALUD realizando valoraciones de pérdida de capacidad laboral recuerda haber atendido a trabajadores de las empresas mineras DRUMOND, CERREJÓN y PRODECO. CONTESTÓ: Si claro, el grupo de actividad económica de la Guajira es la empresa CERREJÓN y ellos están afiliados a COLPENSIONES por lo tanto si solicitaban dicha evaluación había que hacerla. (…) PREGUNTADO: Diga la declarante si en ejercicio de sus funciones emitía calificación de pérdida de capacidad laboral de los pacientes a su cargo. CONTESTÓ: Si claro, yo precalificaba con base en los soportes dados por cada usuario y luego lo enviaba a auditoría en la ciudad de Bogotá para su aprobación(…) PREGUNTADO: Diga la declarante si en el curso de los trámites a su cargo para la calificación por pérdida de capacidad laboral, durante los años 2015 a 2018 como médico laboral adscrita a la empresa ASALUD contratista de COLPENSIONES y con relación a los trabajadores de las empresas mineras DRUMOND, CERREJÓN y PRODECO, existió algún trámite irregular fraudulento tales como simulación de enfermedades, patologías inexistentes, ofrecimientos de dineros o pagos efectivos por parte de los aspirantes a obtener una pensión o cualquier otro acto dirigido a obtener el reconocimiento de una pensión por vía fraudulenta. CONTESTÓ: Si la hubo, hubo irregularidades, ya que en el año 2017 se me acercaron varios tramitadores tales como BN ASESORES en cual el dueño es JESUS BROCHERO, ex trabajador de CERREJÓN y pensionado por invalidez de origen laboral y su esposa MEYDA ROSA NÚÑEZ, Profesional en Seguridad y Salud en el trabajo, los cuales llevaban casos de estas empresas y me indicaban si con los soportes que llevaban podría el paciente pasar del 50% de la pérdida de capacidad laboral y revisaba el material y le indicaba lo que faltaba para poder acceder a la pensión, por dicha asesoría, ellos me pagaban por cada caso que revisara me pagaban un millón de pesos ($1.000.000). Cuando ellos (BN ASESORES) los tramitadores llevaban los soportes, en este caso la señora MEYDA ROSA NÚÑEZ llevaba las carpetas, las revisábamos y en una tabla de Excel se evaluaba historia clínica antigua y actual con sus respectivos paraclínicos, siempre basados en el manual de calificación vigente, ella llevaba una lista de chequeo con patologías escritas para todos los pacientes, al revisarla si yo consideraba que con los que tenía no alcanzaba el po