Concepto (misional) 7549 de 2026 — Decreto 1390 de 2025

ACCION DE REVISIÓN-Decreto legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional COMPETENCIA-Corte Constitucional Competente para ejercer el control formal y material de los decretos declaratorios de los estados de excepción, así como de los decretos legislativos de desarrollo. Esto, en consonancia con lo previsto en los artículos 215 y 241, numeral 7, de la Constitución, que le asignan a dicha Corporación la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 superiores LEY ESTATUTARIA DE ESTADOS DE EXCEPCION-Decreto declaratoria/Requisitos/Aspectos formales Se dirigen a constatar seis aspectos puntuales del decreto de declaratoria: la firma del presidente de la República y de todos los ministros, la adecuada motivación, la delimitación temporal, la definición del ámbito territorial, la convocatoria al Congreso de la República para efectos de habilitar el control político respectivo, y, pese a que no constituye un prerrequisito para la declaratoria, la Corte Constitucional también debe revisar si se surtió la comunicación a los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) CONTROL CONSTITUCIONAL DE ESTADOS DE EXCEPCIÓN-Automático, integral, participativo, definitivo y estricto De conformidad con la jurisprudencia constitucional y a partir de los postulados superiores y estatutarios, el control que debe realizar la Corte Constitucional respecto del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 es automático, integral, participativo, definitivo y estricto REVISIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD-Decreto 1390 de 2025 El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Decreto 1390 de 2025, por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional’, se ajusta formal y materialmente a los requisitos definidos en la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, Ley Estatutaria de los Estados de Excepción ESTADO DE EMERGENCIA ECONOMICA, SOCIAL Y ECOLOGICA-Facultad presidencial para declarar la emergencia ante hechos que perturben o amenacen perturbar grave e inminentemente el orden económico, social o ecológico El artículo 215 Superior, en consonancia con el artículo 46 de la LEEE, dispone que, de suceder hechos distintos a los constitutivos de estados de excepción por guerra exterior o conmoción interior, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, el presidente de la República podrá declarar el estado de emergencia REQUISITOS MATERIALES DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN-Presupuesto fáctico, valorativo y de necesidad o suficiencia Los requisitos materiales a examinar son: el fáctico (en el que se verifica el juicio de realidad, de identidad y sobreviniencia), el valorativo y el de necesidad o suficiencia PRESUPUESTO FÁCTICO-Verificación de la realidad, identidad y sobreviniencia de los hechos que fundamentan la emergencia Tratándose del estado de emergencia económica el presupuesto fáctico examina que los hechos invocados como fundamento de la declaratoria efectivamente acaecieron (juicio de realidad), que son distintos a los que habilitan la declaratoria de guerra exterior o conmoción interior (juicio de identidad), y que se trata de hechos sobrevinientes y extraordinarios (juicio de sobreviniencia PRESUPUESTO VALORATIVO- Determinación de si los hechos perturban o amenazan perturbar grave e inminentemente el orden económico, social o ecológico El presupuesto valorativo se dedica a constatar si la calificación efectuada por el presidente sobre los hechos identificados y sus consecuencias, efectivamente responde a la de hechos que perturben o amenacen perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico, o constituyan grave calamidad pública PRESUPUESTO DE SUFICIENCIA-Determinar si son necesarias las facultades extraordinarias o si la situación puede enfrentarse mediante mecanismos ordinarios. El presupuesto de suficiencia valora si son necesarias las facultades extraordinarias o si, por el contrario, la situación identificada puede enfrentarse con los mecanismos ordinarios con los que cuenta el presidente de la República JUICIO DE SOBREVINIENTE- Los hechos deben ser sobrevinientes y extraordinarios; las situaciones estructurales o previsibles, por regla general, no cumplen este requisito La regla es que las situaciones crónicas y estructurales no constituyen hechos sobrevinientes ni extraordinarios; sin embargo, se han verificado excepciones en las que el estado de emergencia busca responder al agravamiento de problemáticas estructurales que confluyen con circunstancias sobrevinientes y excepcionales que agudizan la crisis existente PROHIBICIONES DURANTE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN-Límites constitucionales de los estados de excepción Prohibición de suspender derechos humanos y libertades fundamentales, desmejorar derechos sociales y afectar el funcionamiento de las ramas del poder público. Bogotá D.C., marzo de 2026. Honorables Magistrados CORTE CONSTITUCIONAL M.P. CARLOS CAMARGO ASSIS Ciudad Expediente: RE-387 Bogotá D.C., marzo de 2026. Honorables Magistrados CORTE CONSTITUCIONAL M.P. CARLOS CAMARGO ASSIS Ciudad Expediente: RE-387 Referencia: Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025, “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”. Concepto No.: 7549 De acuerdo con lo establecido en los artículos 242, numeral 2, y 278, numeral 5, de la Constitución Política, procedo a rendir el concepto de rigor en el asunto de la referencia. ANTECEDENTES En cumplimiento de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 215 Superior, el 23 de diciembre de 2025 la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional el Decreto Legislativo 1390 de 2025 y los anexos documentales respectivos, para que se efectuara el control de constitucionalidad. Estos documentos fueron nuevamente enviados al Alto Tribunal el 13 de enero de 2026, una vez finalizada la vacancia judicial. El magistrado sustanciador, mediante Auto del 14 de enero de 2026, decidió: (i) asumir el conocimiento del control de constitucionalidad del decreto legislativo en mención, y (ii) decretar la práctica de pruebas para la verificación de los requisitos formales y materiales. Una vez cumplido el recaudo probatorio así como la respectiva valoración, (iii) fijar en lista el asunto para intervención de la ciudadanía y expirado este término, (iv) correr traslado a la Procuraduría General de la Nación para que emita el concepto de acuerdo con su competencia constitucional. Esto último se surtió el 16 de febrero de 2026. COMPETENCIA Esto último se surtió el 16 de febrero de 2026. COMPETENCIA La Corte Constitucional es competente para ejercer el control formal y material de los decretos declaratorios de los estados de excepción, así como de los decretos legislativos de desarrollo. Esto, en consonancia con lo previsto en los artículos 215 y 241, numeral 7, de la Constitución, que le asignan a dicha Corporación la competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno con fundamento en los artículos 212, 213 y 215 superiores. Así, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y a partir de los postulados superiores y estatutarios, el control que debe realizar la Corte Constitucional respecto del Decreto Legislativo 1390 del 22 de diciembre de 2025 es automático, integral, participativo, definitivo y estricto. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO El problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Decreto 1390 de 2025, “[p]or el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, se ajusta formal y materialmente a los requisitos definidos en la Constitución Política y en la Ley 137 de 1994, Ley Estatutaria de los Estados de Excepción, en adelante LEEE. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para estudiar el problema planteado, (A) se expondrá una breve caracterización del estado de emergencia económica, social o ecológica y las pautas que guían el estudio de constitucionalidad. A continuación, para rendir el concepto del Ministerio Público sobre la constitucionalidad del decreto bajo estudio, (B) primero, se determinará el cumplimiento de los presupuestos formales que deben satisfacerse; y segundo, se analizará el cumplimiento de los presupuestos materiales, es decir, los juicios fáctico, valorativo y de suficiencia. A partir de estos elementos, (C) se presentarán las conclusiones respectivas. CARACTERIZACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL O ECOLÓGICA Y SU CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD La Constitución Política otorga al presidente de la República la atribución de declarar un estado de excepción por causas relacionadas con la guerra exterior, con la conmoción interior y con la emergencia económica, social o ecológica. Una vez él determina la situación de anormalidad y dicta el decreto de declaratoria del estado exceptivo, queda investido temporalmente de la facultad de dictar decretos con fuerza de ley para conjurar dicha situación. Es claro entonces que las normas dictadas al amparo de cualquiera de las categorías de estados de excepción tienen como propósito remover una situación anómala, perturbadora de la vida comunitaria, situación que se asume transitoria y que, en consecuencia, transfiere ese carácter a la legalidad que la regula. En esa línea, el artículo 215 Superior, en consonancia con el artículo 46 de la LEEE, dispone que, de suceder hechos distintos a los constitutivos de estados de excepción por guerra exterior o conmoción interior, que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, el presidente de la República podrá declarar el estado de emergencia. La declaratoria podrá hacerse por periodos de 30 días, que sumados, no podrán superar los 90; lapso que no admite prórrogas. Los decretos legislativos de desarrollo que dicte el presidente en uso de las facultades excepcionales deberán versar específicamente sobre asuntos relacionados con la emergencia y podrán referirse a medidas policivas, militares, presupuestales, tributarias, administrativas, entre otras. También podrá limitar algunos derechos y garantías e incluso suspender algunas normas. En efecto, por el alcance de las facultades excepcionales otorgadas al presidente de la República y con el propósito de preservar la vigencia de los principios, fines e instituciones democráticas, el decreto declaratorio se ha de someter a un control de constitucionalidad en el que se han de revisar los presupuestos formales y materiales definidos en la Constitución y en la LEEE. De una parte, los presupuestos formales se dirigen a constatar seis aspectos puntuales del decreto de declaratoria: la firma del presidente de la República y de todos los ministros, la adecuada motivación, la delimitación temporal, la definición del ámbito territorial, la convocatoria al Congreso de la República para efectos de habilitar el control político respectivo, y, pese a que no constituye un prerrequisito para la declaratoria, la Corte Constitucional también debe revisar si se surtió la comunicación a los secretarios generales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU). De otra parte, los requisitos materiales a examinar son: el fáctico (en el que se verifica el juicio de realidad, de identidad y sobreviniencia), el valorativo y el de necesidad o suficiencia, recientemente explicados y aplicados en la Sentencia C-383 de 2023, en la que se revisó el decreto que declaró la emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. Existen otras prohibiciones constitucionales durante los estados de excepción: la prohibición de suspensión de los derechos humanos y las libertades fundamentales; el principio de intangibilidad de ciertos derechos; la prohibición de desmejorar los derechos sociales de los trabajadores; la no interrupción del normal funcionamiento de las ramas del poder público ni de los órganos del Estado y la no supresión ni modificación de los organismos ni las funciones básicas de acusación y juzgamiento; los principios de finalidad, necesidad, proporcionalidad, legalidad y no discriminación, entre otros. Es bajo este parámetro de control que a continuación se adelanta la revisión del Decreto Legislativo 1390 de 2025. EXAMEN DE CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 1390 DE 2025. El Gobierno nacional, mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, decretó el estado de emergencia económica y social en todo el territorio nacional para adoptar medidas destinadas a obtener ingresos y conjurar la crisis económica en uso de tales facultades extraordinarias. La parte considerativa está dividida en tres acápites: el presupuesto fáctico, el presupuesto valorativo y el presupuesto de suficiencia. Finalmente, la parte resolutiva se ocupa de declarar el estado de excepción por un término de 30 días, anunciar la adopción de medidas y convocar al Congreso de la República para lo relacionado con el control político. Finalmente, la parte resolutiva se ocupa de declarar el estado de excepción por un término de 30 días, anunciar la adopción de medidas y convocar al Congreso de la República para lo relacionado con el control político. A este decreto exceptivo se suman los escritos allegados al expediente digital con ocasión del auto dictado por el magistrado ponente en el que se ordenó la práctica de pruebas. De entre esos pronunciamientos, se destacan los presentados por el Gobierno nacional, en los que explicó asuntos relacionados con la firma del Decreto 1390 de 2025, contestó los interrogantes formulados en el auto de pruebas y se refirió a aspectos específicos de la declaratoria del estado de emergencia económica y social. Además, el Congreso de la República, la Contraloría General de la República, y expertos en economía, hacienda pública y derecho tributario atendieron el requerimiento hecho por la Corte Constitucional. Estos escritos contribuyen a determinar el alcance e impacto del decreto bajo examen. Así, para efectos de conceptuar sobre la constitucionalidad del decreto de declaratoria, el Ministerio Público agotará el examen de los requisitos formales y materiales que se exigen del mismo en dos secciones, para luego presentar las conclusiones y solicitud respectivas. Análisis de los presupuestos formales El cumplimiento de los presupuestos formales está orientado a “(i) notificar a la población de la situación de anormalidad; (ii) habilitar el ejercicio de las facultades extraordinarias; y (iii) dar curso a los controles de naturaleza jurídica y política que se activan bajo estados de excepción”. Para la Procuraduría General de la Nación, de la revisión de las pruebas obrantes en el expediente digital RE-387 se puede colegir que el Gobierno nacional cumplió con los requisitos formales definidos en el artículo 215 Superior y en la LEEE para la declaratoria del estado de emergencia económica y social, así como el alcance que de los mismos ha definido la jurisprudencia constitucional. Lo anterior, como pasa a verse: Lo anterior, como pasa a verse: Firma del presidente de la República y de todos los ministros: se cumple con el requisito, pues el Decreto 1390 de 2025 fue firmado por el presidente Gustavo Petro Urrego y por los diecinueve ministros que integraban el gabinete al momento de su expedición. En concreto, se firmó por diecisiete ministros titulares y dos que se encontraban en encargo: el ministro de Justicia y del Derecho y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sobre el primero de estos encargos, en los anexos allegados ante la Corte se encuentra el Decreto 1236 del 20 de noviembre de 2025, por medio del cual se encarga al señor Roberto Andrés Idárraga Franco como ministro de Justicia y del Derecho. Conforme al Acta No. 1788, ese 20 de noviembre el citado funcionario se posesionó en el cargo en mención. Con relación al segundo encargo, en el mismo anexo figura el Decreto 0877 del 5 de agosto de 2025, por el cual se acepta una renuncia y se encarga a la señora Irene Vélez Torres, a fin de que ejerza funciones como ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, sin desprenderse de las funciones propias de su cargo como directora general de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). El mismo día se llevó a cabo la posesión en el precitado cargo, según da cuenta el Acta No. 1488. Sobre este último encargo, el Gobierno nacional explicó que se trata de un encargo interinstitucional, en los términos previstos en el artículo 2.2.5.5.45 del Decreto 1083 de 2015. De ahí que la duración del encargo no esté sujeta al término de tres meses, prorrogable por un lapso igual, establecido en la Ley 909 de 2004. De ahí que la duración del encargo no esté sujeta al término de tres meses, prorrogable por un lapso igual, establecido en la Ley 909 de 2004. Debe anotarse que el encargo de los titulares de los ministerios no afecta la validez del decreto legislativo, pues, además de haberse acreditado tal situación para el ejercicio de funciones, no existe una cláusula constitucional o legal que lo prohíba. Por ello, la Corte Constitucional ha validado la figura del encargo en los ministerios para la firma de los decretos de emergencia económica, social, ecológica en múltiples oportunidades. Por otra parte, también se debe anotar que el Gobierno nacional aclaró que, si bien existía un proceso de nulidad electoral en el cual se había suspendido provisionalmente el Decreto 0892 del 11 de agosto de 2025, mediante el cual se había nombrado a Juan Carlos Florián Silva ministro de Igualdad y Equidad; para el momento en el que se expidió el Decreto 1390 de 2025, dicho acto administrativo no estaba surtiendo efectos. En efecto, el señor Florián Silva había sido nombrado nuevamente en el cargo de ministro de Igualdad y Equidad mediante el Decreto 1012 del 21 de septiembre de 2024. En consecuencia, se encontraba en pleno ejercicio de sus funciones. Así, está acreditado que el presidente de la República y el gabinete ministerial se encontraban en ejercicio de las respectivas competencias funcionales vigentes al momento de la firma del decreto exceptivo bajo estudio. Así, está acreditado que el presidente de la República y el gabinete ministerial se encontraban en ejercicio de las respectivas competencias funcionales vigentes al momento de la firma del decreto exceptivo bajo estudio. Motivación: para la Procuraduría este requisito se cumple de manera expresa y suficiente, en tanto el Gobierno presentó los argumentos según los cuales se configura el estado de excepción previsto en el artículo 215 Superior. Para ello, después de mencionar los requisitos de tal declaratoria, dividió la parte motiva del Decreto 1390 en tres acápites: el primero se refiere al presupuesto fáctico y allí enunció ocho causas que, en su criterio, agravan la actual crisis fiscal y ponen en riesgo la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales. El segundo acápite está relacionado con el presupuesto valorativo, donde se señalan los motivos que considera generan una amenaza grave e inminente al orden económico y social. El último acápite se dedica al presupuesto de suficiencia, y se presentan las razones por las que tales hechos representan una amenaza grave e inminente para el orden económico y social. También se incluyen consideraciones para sustentar la insuficiencia de las herramientas normativas ordinarias para responder a la crisis. Delimitación temporal: se cumple con este requisito, en tanto se limitó la declaratoria del estado de emergencia a un término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia del decreto. Delimitación temporal: se cumple con este requisito, en tanto se limitó la declaratoria del estado de emergencia a un término de 30 días calendario, contados a partir de la vigencia del decreto. Delimitación territorial: el Decreto 1390 sí cumple con este requisito porque indica específicamente que el estado de emergencia tendrá alcance a todo el territorio nacional. Convocatoria al Congreso de la República: este requisito también se encuentra acreditado. Si bien el presidente de la República profirió el Decreto 1390 el día 22 de diciembre de 2025, esto es, cuando el Congreso se encontraba en receso de las sesiones ordinarias, lo cierto es que mediante el artículo 4 convocó formalmente a dicho órgano para sesionar el “décimo día siguiente al vencimiento del cese del Estado de Emergencia” y para el control político respectivo. Comunicación a los secretarios generales de la OEA y de la ONU: se cumple con el requisito, pues el Gobierno nacional acreditó que el 23 de diciembre, es decir, al día siguiente a la expedición del Decreto 1390, comunicó la norma bajo examen a la Misión Permanente de la República de Colombia ante la Sección de Tratados de la Oficina de Asuntos Legales de la ONU y ante el departamento de Derecho Internacional de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de la OEA. Pues bien, superado el examen de los requisitos formales, a continuación se examinará el cumplimiento de los requisitos materiales. Cumplimiento de los presupuestos materiales Pues bien, superado el examen de los requisitos formales, a continuación se examinará el cumplimiento de los requisitos materiales. Cumplimiento de los presupuestos materiales Los criterios materiales requeridos de los decretos que declaran los estados de excepción reafirman dos postulados fundamentales: permitir que el Gobierno nacional cuente con herramientas para resolver situaciones excepcionales y evitar que dichas medidas se instauren de manera permanente (en el ordenamiento jurídico y la dinámica social). Así, el Constituyente de 1991 pretendió hacer prevalecer la normalidad —institucional y democrática—, y la plena vigencia de los derechos. Es sobre esa base que resulta necesario verificar los presupuestos fáctico, valorativo y de suficiencia. Así, tratándose del estado de emergencia económica el presupuesto fáctico examina que los hechos invocados como fundamento de la declaratoria efectivamente acaecieron (juicio de realidad), que son distintos a los que habilitan la declaratoria de guerra exterior o conmoción interior (juicio de identidad), y que se trata de hechos sobrevinientes y extraordinarios (juicio de sobreviniencia). Debe indicarse que la regla es que las situaciones crónicas y estructurales no constituyen hechos sobrevinientes ni extraordinarios; sin embargo, se han verificado excepciones en las que el estado de emergencia busca responder al agravamiento de problemáticas estructurales que confluyen con circunstancias sobrevinientes y excepcionales que agudizan la crisis existente. El presupuesto valorativo se dedica a constatar si la calificación efectuada por el presidente sobre los hechos identificados y sus consecuencias, efectivamente responde a la de hechos que perturben o amenacen perturbar de forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico, o constituyan grave calamidad pública. Por último, el presupuesto de suficiencia valora si son necesarias las facultades extraordinarias o si, por el contrario, la situación identificada puede enfrentarse con los mecanismos ordinarios con los que cuenta el presidente de la República. Es bajo estas pautas que el Ministerio Público examinará el decreto bajo estudio. PRESUPUESTO FÁCTICO El artículo 215 Superior y el artículo 46 de la LEEE señalan que la constatación del presupuesto fáctico del estado de emergencia supone la existencia de hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 de la Constitución, que perturben o amenacen perturbar el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyen grave calamidad pública. Corolario de lo anterior es que el presupuesto fáctico se encuentra satisfecho si los hechos que motivaron la declaratoria superan los juicios de realidad, identidad y sobreviniencia. Consecuentemente, este presupuesto se entenderá incumplido si no se constata la ocurrencia de los hechos alegados conforme a los juicios enunciados. Claro lo anterior y con el propósito de presentar el análisis respectivo, se tiene que en el Decreto 1390 de 2025 examinado el Gobierno nacional manifestó que la declaratoria del estado de emergencia económica y social obedece a la “coyuntura fiscal excepcional agudizada por hechos concurrentes y sensibles socialmente, que están asociados al menoscabo de los derechos de la población más vulnerable del país”, para lo cual presenta ocho hechos como causa de esa situación. A partir de una lectura integral del decreto bajo estudio, así como de los anexos allegados al expediente, para efectos metodológicos el Ministerio Público agrupará los hechos en dos bloques temáticos: el primero, se dedicará a los hechos que tienen como común denominador aspectos de índole presupuestal, endeudamiento, financiamiento y falta de liquidez; y el segundo, contendrá los hechos restantes. el primero, se dedicará a los hechos que tienen como común denominador aspectos de índole presupuestal, endeudamiento, financiamiento y falta de liquidez; y el segundo, contendrá los hechos restantes. Tabla 1. Bloques temáticos para el estudio del Decreto Legislativo 1390 de 2025 Retomando, corresponde verificar que el presidente de la República haya demostrado que la declaratoria contenida en el Decreto Legislativo 1390 de 2025 tiene como fundamento la ocurrencia de hechos concretos, perceptibles y verificables, los cuales perturban o amenazan perturbar el orden económico y social del país, o que constituyan grave calamidad pública. Bloque 1: presupuesto, endeudamiento, proyectos de financiamiento e iliquidez Dentro de este aparte se agrupan los presupuestos fácticos mencionados en el Decreto Legislativo 1390 de 2025 relacionados con la no aprobación de la ley de financiamiento, el agotamiento de las alternativas de endeudamiento en razón a los límites fijados por la regla fiscal y las restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación, respecto de los cuales se realizará, en primer lugar una caracterización, para posteriormente desarrollar sobre estos el análisis del presupuesto fáctico respectivo. No aprobación de la Ley de Financiamiento En el Decreto Legislativo, el Gobierno nacional mencionó la no aprobación de la Ley de financiamiento 2025 y su interrelación con el Marco Fiscal de Mediano Plazo - MFMP de dicha anualidad y con el Presupuesto General de la Nación – PGN 2026. En efecto, este proyecto se abordó en el MFMP 2025, como una de las estrategias para la senda de retorno en razón a la activación de la cláusula de escape fiscal que, en junio de la misma anualidad, modificó las metas fiscales ante el comportamiento desequilibrado de las finanzas públicas. En consecuencia, para dicho año era importante “consolidar un proyecto de reforma fiscal”, centrado “en la reducción del gasto tributario y en la ampliación de impuestos indirectos con bajo impacto sobre la actividad económica”. En ese sentido, el Gobierno nacional, el 1 de septiembre de 2025, radicó el Proyecto de Ley No. 283 de 2025 Cámara – 262 de 2025 Senado “Por medio de la cual se expiden normas para el financiamiento del Presupuesto General de la Nación orientadas al restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, la sostenibilidad fiscal, y se dictan otras disposiciones”, el cual tenía por objeto obtener 26.3 billones de pesos para financiar el PGN 2026 y en su fundamentación replicó la del MFMP. En ese sentido, el proyecto tuvo como propósito reducir el gasto tributario de forma progresiva; aumentar la carga tributaria de actividades con grandes utilidades y a población con gran capacidad contributiva; gravar externalidades negativas ambientales y de salud y mejorar el proceso de fiscalización del sistema tributario. aumentar la carga tributaria de actividades con grandes utilidades y a población con gran capacidad contributiva; gravar externalidades negativas ambientales y de salud y mejorar el proceso de fiscalización del sistema tributario. En el trámite legislativo de esta iniciativa, la proyección de recaudo fue modificada de 26,3 billones a 16,3 billones de pesos, en armonía con el proyecto de ley 102 de 2025 Cámara – 083 de 2025 Senado “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2026”, radicado el 29 de julio de 2025. En efecto, el proyecto de ley del PGN 2026 contempló inicialmente una apropiación de capital de 556,9 billones, de los cuales 26,3 billones eran contingentes al estar sujetos a la aprobación de la Ley de Financiamiento. Producto de la discusión, el 15 de octubre de 2025, el Congreso de la República aprobó el PGN 2026 con una apropiación de 546,9 billones, indicando en el artículo 1 que solo 16,3 billones provendrían de ley de financiamiento en trámite. En la Ley 2559 de 2025 (Ley de presupuesto), se aprecia que la reducción de los 10 billones se registró en 78 de las 163 entidades que reciben apropiaciones del presupuesto general de la Nación, las cuales vieron las reducciones principalmente en sus presupuestos de funcionamiento. Dentro de las entidades que sufrieron recortes significativos (mayores al 10%) se destacan: Tabla 2. Entidades con disminuciones presupuestales significativas en el presupuesto de funcionamiento Fuente: elaboración propia. Dentro de las entidades que sufrieron recortes significativos (mayores al 10%) se destacan: Tabla 2. Entidades con disminuciones presupuestales significativas en el presupuesto de funcionamiento Fuente: elaboración propia. Las disminuciones presupuestales se registraron en rubros de inversión con excepción del DPS, cuya disminución del 20%, equivalente a 2 billones, se efectuó en inversión, específicamente en el rubro de “inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad”. Otra variación por destacar es el de 2 de los 99,1 billones asignados en el PL original efectuado al servicio de la deuda pública nacional. El presupuesto de 2026 fue aprobado por un monto total de $547 billones, donde $16.3 provendrían de la ley de financiamiento. El 9 de diciembre de 2025, la Comisión Cuarta de Senado de la República, negó la ponencia positiva y en consecuencia archivó el proyecto de la ley de financiamiento. De igual manera, es de mencionar que para el Presupuesto 2025, el Gobierno nacional también había presentado un proyecto de ley de financiamiento, con el cual se esperaban obtener 12 billones de pesos, equivalentes al 0,7% del PIB para promover una mayor inversión pública y la reactivación económica. El proyecto fue archivado por la Comisión Tercera del Senado de la República el 11 de diciembre de 2024, con una votación de 8 votos por el sí y 6 votos por el no a la ponencia de archivo. Recursos de endeudamiento restringidos El Gobierno nacional argumenta que la crisis fiscal se ve agudizada debido a los límites y condicionamientos para adquirir nuevas deudas. Como razones identifican (i) la regla fiscal fijada en la Ley 1473 de 2011 y (ii) las exigencias de cláusulas contractuales restrictivas adicionales con respecto al endeudamiento, derivadas de las medidas unilaterales del gobierno de los EEUU contra Colombia. En relación con el primer punto, la Ley 1473 de 2011, crea la regla fiscal cuyo propósito se enmarca en “asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda”. Esta regla fue modificada por la Ley 2155 de 2021, con el fin de generar mayor confianza a los diversos agentes económicos a partir de reglas claras que garantizaran que el Gobierno puede cumplir sus obligaciones crediticias, a partir de niveles prudenciales de deuda. Así, mediante la Ley 2155 se adoptó una fórmula que permite determinar las metas fiscales que operan sobre el balance primario estructural y sus límites. En concreto, la regla fiscal es un instrumento paramétrico que vincula una meta fiscal de balance primario estructural con el nivel de deuda pública, que dispone que no se debe superar el límite de deuda igual al 71% del PIB, sobre el cual se podría llegar a un escenario de insostenibilidad; y que se tenga como ancla de deuda el 55% del PIB, que es el nivel prudencial de la deuda neta del Gobierno nacional. En atención al dinamismo del contexto económico, el parágrafo 2 del artículo 5 de la Ley 1473 de 2011, permite que la regla fiscal prevista, tenga una cláusula de escape, que desvíe temporalmente el cumplimiento de las metas fiscales, previa autorización del CONFIS, en caso que ocurran eventos extraordinarios, o que comprometan la estabilidad macroeconómica del país, debiéndose definir de igual manera la senda de retorno de los indicadores fiscales al cumplimiento de dichas metas. En la vigencia 2025, el Gobierno nacional utilizó esta figura con el fin de evitar un desequilibrio macroeconómico y social ocasionado por el crecimiento persistente del gasto inflexible sin fuentes de financiamiento equivalentes. Según sus proyecciones, la inflexibilidad de las finanzas públicas referidas podría derivar en un ejercicio de insostenibilidad fiscal que llegaría a superar el límite de la regla fiscal en el 2028. Para evitar este escenario, el Gobierno modificó las metas fiscales para los años 2025, 2026 y 2027, restableciendo el pleno cumplimiento de los parámetros definidos por la regla fiscal en el 2028. Así, el balance fiscal para dichas vigencias correspondería al -7,1%, -6,2% y -4,9% del PIB respectivamente, con una desviación equivalente de 2,1 pp para el 2025, 1,4 pp para el 2026 y 0,8 pp para el 2027. Con la activación de la cláusula de escape fiscal se buscó “solventar las restricciones fiscales que enfrenta el país, de manera gradual, ordenada y compatible con preservar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad fiscal de mediano plazo”, evitando la paralización del Estado y protegiendo la inversión pública, la cual tiene un efecto multiplicador sobre el PIB. En tanto la activación de la cláusula de escape fiscal exige la adopción de una senda de retorno, el Gobierno nacional planteó como “estrategia integral, gradual y creíble” para afianzar las finanzas públicas y no distorsionar la senda de reactivación económica las siguientes medidas, para el pleno retorno en 2028: Crecimiento del PGN para 2026 limitado en términos reales, garantizando la contención del gasto público. Crecimiento del PGN para 2026 limitado en términos reales, garantizando la contención del gasto público. Reforma fiscal en el 2025, para solventar las causas estructurales de la activación de la cláusula, la cual debe incluir una reforma tributaria centrada en la reducción del gasto tributario, la ampliación de impuestos indirectos con bajo impacto sobre la actividad económica, restructuración de impuestos existentes, creación de otras fuentes de ingresos, y evaluación de alternativas de ajustes en rubros de gasto. Creación de una Comisión o Misión que elabore un proyecto de ley en el 2026, para reformar de manera estructural el gasto público, que permita identificar y corregir los factores que generan ineficiencia e inflexibilidades. Para el 2025 se propuso, continuar adelantando ejercicios de revisión del gasto público, con el objetivo de identificar espacios de eficiencia y contención; gestión estricta y eficiente del PAC y uso prudente de recursos no comprometidos alineando el PGN con restricciones fiscales vigentes. Fortalecer estrategia de endeudamiento público a lo largo del periodo 2025-2027, que (i) canalice recursos hacia proyectos que impulsen el crecimiento potencial y reduzcan brechas estructurales, y que permita (ii) la revisión continua de las condiciones de endeudamiento para reducir el costo financiero, diversificar fuentes de financiamiento e incorporar instrumentos innovadores como bonos temáticos, fortaleciendo así la sostenibilidad y calidad del portafolio de deuda pública. Finalmente, en lo que tiene que ver con la “exigencia de cláusulas contractuales restrictivas, adicionales, con respecto al endeudamiento, derivadas de las medidas unilaterales de gobierno de los EEUU contra el Gobierno de Colombia”, ni en el Decreto Legislativo ni en sus anexos se brinda una explicación clara sobre las medidas adoptadas por EEUU contra Colombia, ni las implicaciones de estas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas que conlleven a la declaratoria del estado de emergencia respectivo. Restricciones en la caja de Tesorería General de la Nación. En este apartado, el Decreto Legislativo 1390 de 2025 hace referencia nuevamente a los efectos de la no aprobación de la Ley de Financiamiento, resaltando el aumento del déficit fiscal y de las necesidades de endeudamiento. A la par, señala las posibles consecuencias de aumentar la deuda interna y como a mayor nivel de deuda, se presentan mayores costos financieros y de menor crecimiento económico. A través de los anexos, el Gobierno nacional pone de presente la iliquidez de la cuenta del Tesoro Nacional, cuyos saldos de depósitos remunerados muestran unos niveles mínimos frente a los históricamente administrados, lo que limita la capacidad del Gobierno para atender oportunamente sus obligaciones. Argumenta que dicha circunstancia es consecuencia de la coyuntura sobreviniente y la existencia de rezagos presupuestales. Argumenta que dicha circunstancia es consecuencia de la coyuntura sobreviniente y la existencia de rezagos presupuestales. Claro lo anterior, el Ministerio Público procede a verificar el cumplimiento del presupuesto fáctico en relación con los hechos agrupados en este bloque. Se encuentra superado el juicio de existencia por cuanto es cierto que, si bien la Ley 2559 de 2025 se aprobó contemplando dentro de las rentas y recursos de capital los 16.3 billones provenientes del proyecto de ley No. 283 de 2025 Cámara – 262 de 2025 Senado, “[p]or medio de la cual se expiden normas para el financiamiento del Presupuesto General de la Nación orientadas al restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, la sostenibilidad fiscal, y se dictan otras disposiciones”, dicho proyecto fue negado por la Comisión Cuarta del Senado el 09 de diciembre de 2025. De igual manera, es cierto que el Gobierno nacional cuenta con recursos de endeudamiento restringidos en razón a la regla fiscal, aun cuando se haya utilizado mecanismos como la cláusula de escape, pues esta última no permite la eliminación de los límites de deuda sino una variación de las metas fiscales definidas ex ante. Así, la activación de la cláusula efectuada en junio de 2025 por parte del Gobierno, amplia el margen de déficit fiscal para los años 2025, 2026 y 2027, pero sigue manteniendo las proyecciones de deuda neta dentro de los límites fijados en la ley. Por último, se verifica que efectivamente existen restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación, dado que, de conformidad con el material probatorio allegado al proceso, actualmente se registran niveles históricos de iliquidez en la cuenta que administra la Tesorería, que pueden afectar los giros destinados al pago de las obligaciones a cargo de las entidades estatales. Los hechos analizados superan el juicio de identidad, en la medida que no están relacionados con los mencionados en los artículos 212 y 213 de la Constitución Política, y obedecen a situaciones de carácter económico que escapan de las temáticas relacionadas con guerra exterior y la alteración del orden público. En relación con el juicio de sobreviniencia, el Ministerio Público encuentra que no se cumple. Frente a la no aprobación de la Ley de Financiamiento, se debe tener en cuenta que el Congreso de la República es una rama del poder público independiente, razón por la cual no está sujeta a la voluntad del Ejecutivo en relación con la aprobación de los proyectos normativos de iniciativa de este último. Si bien el PGN 2026 contempló como fuente de ingresos los recursos provenientes de la ley de financiamiento, ello no implicaba per se que el legislativo tuviese que estar de acuerdo con la forma propuesta para obtener el recaudo de los 16,3 billones, puesto que a pesar de que las leyes de financiamiento son de iniciativa privativa del presidente de la República, en razón  de la responsabilidad que le asiste al Gobierno en materia de política económica y de desarrollo, es el Congreso quien finalmente tiene la facultad impositiva de decidir los tributos, en virtud del principio democrático y de representatividad. De lo anterior, el archivo del proyecto no se erige como un hecho repentino e inesperado, sino que, por el contrario, hace parte del normal funcionamiento del trámite parlamentario, sin perjuicio de los efectos de las decisiones tomadas. En lo que tiene que ver con la restricción de los recursos de endeudamiento por cumplimiento de la regla fiscal, se tiene que más que un presupuesto fáctico susceptible de calificar como imprevisible, repentino o inesperado, es una circunstancia legal prevista en el ordenamiento jurídico para promover y proteger la sostenibilidad financiera del Estado, sin perjuicio de que este factor efectivamente pueda incidir en la valoración de los demás presupuestos. Por último, la iliquidez en las cuentas de la Tesorería es un hecho previsible en razón a las problemáticas expuestas por el mismo Gobierno nacional en instrumentos como el MFMP 2025. En tal sentido, era de esperarse que el aumento en el gasto público sin las herramientas que prevean los recursos necesarios para su cabal ejecución trajera consigo restricciones en la caja de la Tesorería General de la Nación. En ese contexto, era de conocimiento del Gobierno nacional la situación fiscal de la Nación, que en el 2024 tuvo que implementar “un recorte efectivo sin precedentes en la historia reciente del país… con el objetivo de contener el crecimiento del gasto en un contexto de caída de los ingresos tributarios”, que conllevó a que en dicha vigencia el Gobierno nacional anunciara un aplazamiento de gasto por $20bn en junio, que se amplió a $28,4bn (1,8% del PIB) hacia final de año. Estas medias se proyectaron en 2025, al reducir el margen de acción en dicha anualidad. En efecto, para el 2025 el 92% del PGN correspondía a gastos inflexibles, lo que dejó un 8%, equivalente a $32,7bn, como espacio potencial para realizar ajustes o aplazamientos presupuestales. No obstante, esta cifra no estaba totalmente disponible puesto que (i) $12bn fueron objeto de aplazamiento a comienzos del año 2025, y ii) $13,9bn ya contaban con CDP, dando como resultado $6,8bn para cubrir el ajuste requerido sin comprometer el funcionamiento del Estado ni afectar las obligaciones establecidas por la Constitución y la Ley; a lo que se sumó el déficit de los 16,3 billones del PGN 2026. De lo anterior, la crisis fiscal era conocida por el Ejecutivo, por lo que no se puede calificar como imprevisible, repentina o inesperada la iliquidez en las cuentas de la Tesorería, que se vio agravada nuevamente por el desface entre rentas y gastos del PGN 2026. En conclusión, no se supera el presupuesto de sobreviniencia pues la iliquidez del Gobierno obedece a problemáticas de índole estructural conocidas por este. No obstante, se continuará con su análisis en razón a que dichas circunstancias, si bien no dan lugar por si solas a la declaratoria de un Estado de Emergencia Económica, si inciden en otras problemáticas que, en consideración de la Procuraduría, habilitan la adopción de mecanismos excepcionales. Bloque 2: obligaciones del Estado cuyo cumplimiento se pone en riesgo en razón a la falta de disponibilidad de recursos. Como se explicó en líneas precedentes, en este bloque se expondrán las consideraciones del Ministerio Público respecto de lo relacionado con el pago de la UPC, la necesidad de recursos en el sector defensa y en lo concerniente a la Unidad Nacional de Protección, la atención de la emergencia causada por el desastre natural, el pago de sentencias judiciales, y el pago de obligaciones atrasadas. Obligatoriedad de cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud. Obligatoriedad de cumplimiento del Auto de la Corte Constitucional relacionado con la UPC de salud. En el Decreto Legislativo 1390 el Gobierno nacional manifestó la necesidad de recursos para financiar el aseguramiento en salud con ocasión de la decisión de la Corte Constitucional de equiparar la prima pura de la unidad de pago por capitación (UPC) del régimen subsidiado con la prima pura del régimen contributivo, dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud. Señaló que las decisiones relacionadas con el financiamiento del aseguramiento en salud se han plegado al Marco Fiscal de Mediano Plazo, así como al Marco de Gasto de Mediano Plazo y las fuentes fiscales. Sin embargo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 2049 del 10 de diciembre de 2025 y otros autos precedentes dictados por la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional, se requiere disponer de la suma de $3,3 billones de pesos adicionales a los presupuestados para la vigencia 2026, los cuales se destinarán a equiparar la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95% de la prima pura del régimen contributivo y así financiar la unificación de los planes de beneficios. Asimismo, indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 2605 del 15 de diciembre de 2025, mediante la cual se ordenó la equiparación en los términos indicados por la Corte a partir de la vigencia 2026, con lo cual se daría cumplimiento a las órdenes 21° y 22° de la Sentencia T-760 mencionada. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público precisó que esta resolución acogió los criterios establecidos en los autos del Alto Tribunal y la recomendación de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud. Añadió que también se profirió la Resolución 2764 de 2025, en la que el Ministerio de Salud fijó el valor de la UPC para el año 2026, respondiendo así al principio de igualdad en relación con la gestión del riesgo en salud y atendiendo a las diferencias causadas por el sexo, la edad, la ubicación geográfica, la pertenencia a comunidades étnicamente diferenciadas, entre otros aspectos. El Ministerio Público considera que la crisis fiscal advertida por el Gobierno nacional en materia de salud, por cuenta de la necesidad de cubrir el valor de la diferencia generada por la equiparación del costo de la UPC en los regímenes subsidiado y contributivo, supera el presupuesto fáctico. Para llegar a esa conclusión, es necesario precisar que la unidad de pago por capitación (UPC) es, junto a los presupuestos máximos, una de las principales fuentes de financiación para la prestación de los servicios, medicamentos y acceso a tecnologías en salud incluidas en el plan de beneficios en salud (PBS). Bajo esta lógica, si la UPC resulta insuficiente o se calcula por debajo de los costos reales, se genera un déficit que compromete la calidad del servicio, la estabilidad financiera de las EPS y el pago a las IPS. Es tal la importancia de dicha UPC y de los presupuestos máximos que, desde el año 2008, la Corte Constitucional advirtió que son componentes determinantes en los que se debía centrar la atención para superar el estado de cosas inconstitucional declarado con la Sentencia T-760 de 2008, motivo por el que los mencionó de manera concreta en las órdenes 21° y 22°. Específicamente, esas órdenes versan sobre la deficiente calidad, validación y representatividad con la que se calcula la UPC, sobre la falta de demostración técnica y verificable de la suficiencia financiera de la UPC, pese al aumento de la siniestralidad, la inflación y los mayores costos del sistema, y acerca de la falta de equiparación real de la UPC. Debe aclararse que es con el Auto 411 de 2016, que la Corte le ordenó al Gobierno nacional aumentar el porcentaje de equiparación a la meta del 95% de la UPC, previa adopción de medidas tendientes a solucionar las deficiencias del sistema de información reportado por las EPS del régimen subsidiado y que así se pueda definir lo relacionado con la UPC, con las barreras de acceso a los servicios de salud y las necesidades y frecuencias reales de la población. Lo que obliga a adoptar mecanismos robustos, transparentes y auditables para garantizar que el cálculo de la UPC reflejara adecuadamente las realidades del sistema y preservara su sostenibilidad en el marco del derecho fundamental a la salud. En el Auto 007 del 23 de enero de 2025, la Sala Especial de Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008, constató un retroceso en la garantía del derecho a la salud por cuenta de la insuficiencia de la UPC y la pérdida de información confiable para calcular los costos reales del sistema, entre otros aspectos. En esa oportunidad se afirmó que los mandatos sobre sostenibilidad y suficiencia financiera no se consolidaron plenamente, lo cual puso en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios por cuenta de la persistencia de una UPC insuficiente. Posteriormente, con el Auto 2049 del 10 de diciembre de 2025, la misma Sala determinó, frente a las órdenes 21° y 22°, que se han presentado importantes avances, como la unificación de los planes de beneficios en ambos regímenes en todos los grupos etarios, la creación del mecanismo de techos y presupuestos máximos, la definición de la metodología de reajuste de los presupuestos máximos y la creación de una mesa de trabajo con diferentes actores del sector salud para reajustar la UPC 2024. Con todo, consideró que el Ministerio de Salud y Protección Social debía (i) corregir las deficiencias del sistema de información para que sea confiable en el cálculo de la UPC; (ii) garantizar la suficiencia real de la UPC sobre la base de lo ordenado por la Corte Constitucional; y (iii) equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95% de la del régimen contributivo, mientras no se demuestre la suficiencia de la primera. y (iii) equiparar la UPC del régimen subsidiado al 95% de la del régimen contributivo, mientras no se demuestre la suficiencia de la primera. Se resalta que dicho Auto 2049 tuvo como objetivo valorar el cumplimiento general del componente de suficiencia de la UPC de 2025, dada la proximidad de la fijación del valor de la UPC para la vigencia 2026. En criterio de la Corte, ese valor debía adoptarse con soportes técnicos sólidos, información validada y una demostración real de suficiencia financiera, a fin de evitar la reproducción de escenarios de desfinanciación que comprometan la sostenibilidad del sistema y el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. No obstante, en el Auto se evidenció que, si bien el Ministerio de Salud y Protección Social estaba facultado para fijar la UPC con base en la inflación, este criterio excluye otros factores como el rezago de años atrás, la ausencia de respaldo actuarial y la no correspondencia con la realidad operativa, epidemiológica y financiera del sector salud: “[l]a persistencia de una UPC insuficiente compromete la legitimidad y estabilidad del modelo de aseguramiento y afecta su viabilidad económica y operativa”. “[l]a persistencia de una UPC insuficiente compromete la legitimidad y estabilidad del modelo de aseguramiento y afecta su viabilidad económica y operativa”. Tras constatar el incumplimiento general de las órdenes 21° y 22°, en el mismo Auto 2049, se abrió un incidente de desacato contra el ministro de salud. La Corte señaló que el incremento de las acciones de tutela para lograr la protección del derecho a la salud —aun considerado el incremento de afiliados—, es un hecho indicativo de las dificultades estructurales en el acceso efectivo a los servicios, de modo que el cumplimiento de las órdenes impartidas debe centrarse en las personas y sus familias, así como en los grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad (poblaciones rurales, pacientes crónicos y personas mayores), pues son quienes enfrentan con mayor intensidad las consecuencias del desfinanciamiento del sistema, la desarticulación institucional y la ineficiencia de las entidades que integran el sector salud. Es en este contexto del cumplimiento de la Sentencia T-760 de 2008 y autos dictados por la Sala Especial de Seguimiento de la Corte Constitucional, que el Ministerio de Salud y Protección Social profirió la Resolución 2605 del 15 de diciembre de 2025, con la cual equiparó la prima pura de la UPC del régimen subsidiado al 95% de la UPC del régimen contributivo, a partir de la vigencia 2026. Asimismo, emitió la Resolución 2764 del 30 de diciembre de 2025, por medio de la cual fijó el valor de la UPC. Esto implicó un aumento significativo de los recursos que debe destinar el Estado para cumplir con la obligación de asignar al sistema de salud el monto necesario para financiar la unificación de los planes de beneficios, específicamente por valor de $3,3 billones, según se explica en el decreto de declaratoria del estado de emergencia.  Con ello se garantizaría el goce efectivo del derecho a la salud en condiciones de igualdad en el acceso y atención a toda la población, con mayores repercusiones en el sector más vulnerable afiliado al régimen subsidiado12. A partir de lo anterior, el Ministerio Público estima que el juicio de realidad se cumple, pues es cierto que el Gobierno equiparó la prima pura de la UPC en los términos porcentuales indicados por la Corte, hecho que generó un nuevo requerimiento de recursos por la suma de $3,3 billones. El juicio de identidad se cumple porque los hechos invocados y que se relacionan con la financiación del sistema general de seguridad social en salud, no coinciden con otras hipótesis de estado de excepción. El juicio de identidad se cumple porque los hechos invocados y que se relacionan con la financiación del sistema general de seguridad social en salud, no coinciden con otras hipótesis de estado de excepción. Por último, el juicio de sobreviniencia se cumple. Además de tratarse de una cuestión relacionada con la problemática estructural en materia de salud, es cierto que la crisis fiscal y de iliquidez acaecida agravó esa situación. Lo anterior, porque para equiparar la prima pura en ambos regímenes se requiere un considerable aumento en los recursos exigidos y así cumplir con la obligación en la vigencia 2026, de manera que la posible falta de pago de estos recursos agudizaría e impactaría negativamente en la problemática estructural que desde hace casi dos décadas persiste en materia de prestación del servicio de salud y repercutir en el estado de cosas inconstitucional declarado con la Sentencia T-760 de 2008. De otra parte, también se constató la calidad de hechos extraordinarios, en vista de que para la época en que se generó la necesidad de recursos adicionales para equiparar la prima pura, no se podía tramitar iniciativa legislativa alguna con implicaciones presupuestales y que ya se había sancionado la ley anual de presupuesto para la vigencia 2026. Esto redujo notablemente el margen de acción gubernamental para garantizar la obtención de esos recursos con la prontitud requerida. Garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público y, protección por agravamiento del riesgo por atentados a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones. Garantía de seguridad ciudadana por recientes alteraciones de orden público y, protección por agravamiento del riesgo por atentados a líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos para las próximas elecciones. El Decreto Legislativo 1390 de 2025 indica que existe una intensificación y gravedad de hechos de orden público que desafían la capacidad de respuesta del Estado, al ser perturbaciones graves e inminentes con efectos directos sobre la actividad económica y la movilidad regional, “que demandan un esfuerzo adicional en las finanzas de la nación para reforzar a la UNP en 1 billón y dotar a la Fuerza Pública de capacidades tecnológicas”, con una inversión de 2,7 billones. Dentro de las causas que acrecientan la crisis de seguridad se enuncian, (i) el paro armado nacional perpetrado por grupos al margen de la ley, y (ii) ataques en los departamentos del Cauca, Cesar y Norte de Santander, con tecnología de drones. Frente a estos hechos, el Gobierno nacional argumenta que, en 2025 se registraron 1273 actos terroristas, que representan un aumento del 12,5% frente a 2024, los cuales se presentaron principalmente en los Departamentos de Cauca y Norte de Santander que acumulan el 30% del total nacional. Adicional a lo expuesto, es de público conocimiento que en diciembre de 2025 el ELN y el Frente Primero Carolina Ramírez del Bloque Amazonas al mando de “Iván Mordisco”, anunciaron paros armados en todo el territorio nacional, que impactaron principalmente a la población civil. Dentro de las afectaciones se registraron aproximadamente 51 acciones violentas y de intimidación, restricciones a la movilidad, amenazas y afectaciones al transporte y al comercio, y un saldo de 3 muertos (1 civil y 2 uniformados de la policía), además de varias personas heridas. Asimismo, es comprobable que los grupos armados ilegales se han valido de desarrollos tecnológicos como los drones – UAS, para desplegar su accionar desde el 2018 en regiones como Tumaco. Para el 2024, se registraron 115 incidentes de ataques con estos aparatos, perpetrados por organizaciones armadas ilegales y terroristas, contra uniformados e infraestructuras estratégicas, por lo que, para enero de 2025, se destinó una inversión superior a los 20.000 millones de pesos para un plan anti-drones que contrarrestara amenazas y protegiera infraestructuras estratégicas. Aun así, en el 2025 se registró un incremento del 233% en el empleo de aeronaves no tripuladas por parte de grupos al margen de la ley, dejando el saldo de 23 personas fallecidas y 53 lesionadas, de los cuales más del 90% corresponde a miembros de la fuerza pública, y el restante contra civiles, siendo el Cauca el departamento en el que se han presentado el mayor número de ataques. De igual manera, el Gobierno nacional radicó el PL 75 de 2025 Senado – 285 de 2025 Cámara, que busca regular el uso, fabricación, comercialización y control de drones y sistemas anti-drones, teniendo dentro de su motivación justamente el incremento representativo de ataques realizados a través de estos instrumentos contra personal militar, policial y civil. Asimismo, y de conformidad con la intervención presentada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el 2025 cerró con un acumulativo de 333 ataques con UAS, y en lo que iba de enero de 2026, ya se habían presentado seis casos. Ante esta situación, en el primer grupo de anexos del decreto de declaratoria se allega al proceso pruebas que dan cuenta que los 2,7 billones mencionados en el Decreto Legislativo 1390, fueron solicitados por el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de forma urgente y prioritaria en dos ocasiones, el 26 de junio de 2025 y el 20 de octubre de 2025; dinero que sería destinado para adquisición de drones, de sistemas de contramedidas C-UAS, vehículos blindados y aumentar las horas de vuelo. Frente a los problemas de seguridad de líderes sociales y de candidatos políticos, el G