Concepto (misional) 120-2026 de 2026 — No basta invocar una situación de violencia para reputarse víctima de las circunstancias

MINISTERIO PÚBLICO EN INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-Solicita declarar caducidad de la acción de reparación directa en caso de muerte de joven y desplazamiento forzado de sus familiares por causas al parecer atribuibles a su apoderado de confianza y considerar análisis desfavorable a pretensiones CADUCIDAD DE LA REPARACIÓN DIRECTA-Los parámetros para el estudio de la caducidad de la reparación directa en casos de desplazamiento forzado de la Corte Constitucional expuestos en la Sentencia SU-254 de 2013 no resultan aplicables al caso bajo estudio CADUCIDAD DE LA REPARACIÓN DIRECTA-Parámetros del Consejo de Estado que resultan aplicables al caso bajo estudio CADUCIDAD DE LA REPARACIÓN DIRECTA-En materia de desplazamiento forzado la conducta es continuada por tanto el término de caducidad solo puede contabilizarse desde el momento en el que el daño cesa según las particularidades de cada caso ANÁLISIS DE CONTEXTO-Se presentaron una asociación de elementos o coexistencia de factores que no basta ni equivale a establecer una relación de causalidad con su situación particular CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA-Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto presentó informe indicando que entre 1982 y 1994 Medellín enfrentó un contexto de violencia compleja en el que confluyeron narcotráfico, guerrillas, paramilitares y sectores estatales CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA-Según informe la convergencia de actores, la confrontación entre el Estado y el cartel de Medellín, y el auge del fenómeno miliciano, propiciaron un aumento significativo de las formas de violencia PARAMILITARISMO-Operación Orión de 2002 disminuyó la intensidad de los enfrentamientos en la Comuna 13 pero permitió el afianzamiento del control paramilitar sobre dicho sector PARAMILITARISMO-Operación Estrella VI desarrollada en enero de 2003 en la comuna 3 se presentó como una ofensiva estatal contra las milicias pero terminó por propiciar el avance del paramilitarismo en ese sector BALA PERDIDA-No obra prueba que evidencie el examen de la procedencia del proyectil o persecución policial derivada de enfrentamiento o exposición accidental de la víctima en medio de un combate armado u/o omisión a sabiendas de lo que estaba ocurriendo REPARACIÓN DIRECTA EN CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Estándares en precedentes en materia de reparación directa en contexto de desplazamiento forzado Los estándares fijados en esa jurisprudencia reiteran lo que se ha dicho en otros precedentes como por ejemplo: i) que el desplazamiento forzado constituye una grave violación de derechos humanos, ii) que las víctimas de ese hecho son sujetos de especial protección constitucional, iii) que el juez de causas como estas debe analizar el desplazamiento a partir del contexto en que sucedieron los hechos (es decir valorar la situación de violencia sistemática, el orden público, las condiciones geográficas y socioeconómicas de la región, y no limitarse a examinar únicamente los hechos individuales del caso que tenga de presente), iv) que se deben flexibilizar las reglas sobre la carga probatoria debido a la condición de vulnerabilidad y dificultad que tienen las víctimas para conseguir las pruebas, por lo que se puede proceder la inversión de la carga de la prueba, e incluso al decreto de pruebas de oficio, v) que el juez debe ser activo en la búsqueda de la verdad material, vi) que la prueba indiciaria adquiere un papel prevalente en esta clase de litigios, vii) que los hechos notorios deben ser tenidos en cuenta por el juez, viii) que se puede configurar un defecto fáctico cuando el juez omite valorar integralmente el acervo probatorio, ix) que puede llegarse a configurar un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto cuando el formalismo probatorio impide o dificulta el acceso efectivo a la justicia, y x) que las víctimas del desplazamiento tienen derechos constitucionales de orden superior relacionados con la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. BALA PERDIDA-No fue posible determinar cuál de todos los actores armados legales o ilegales que actuaron en Medellín durante la época de los acontecimientos victimizantes pudo haber sido el causante de “bala perdida” BALA PERDIDA-No fue posible determinar cuál de todos los actores armados legales o ilegales que actuaron en Medellín durante la época de los acontecimientos victimizantes pudo haber sido el causante de “bala perdida” DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA-El ejercicio de la acción indemnizatoria contra el Estado supone la superación de obstáculos materiales y personales que permitan atribuir responsabilidad a las entidades demandadas para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa CADUCIDAD DE LA REPARACIÓN DIRECTA EN CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Debe resolverse a partir del análisis de fondo de las pretensiones y no mediante una decisión inhibitoria que restrinja materialmente el acceso a la administración de justicia CADUCIDAD DE LA REPARACIÓN DIRECTA EN CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Debe concretarse si a la fecha de la presentación de la demanda persistía el temor a denunciar o si ya había desaparecido, o si aun continuaban en situación de desplazamiento forzado habida cuenta del carácter continuado de esa conducta REPARACIÓN DIRECTA EN CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO- Mandato jurisprudencial de acudir al análisis del contexto en que se desarrollaron los hechos de la demanda REPARACIÓN DIRECTA EN CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-No basta invocar una situación de violencia para reputarse víctima de las circunstancias REPARACIÓN DIRECTA EN CONTEXTO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-El Estado no está obligado a lo imposible, ni puede ser el garante absoluto de lo que le acontezca a cada habitante del país cuando estos resultan víctimas de hechos propiciados por un tercero UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS-Inclusión en el Registro Único de Víctimas es un acto declarativo más no constitutivo CONDENA EN COSTAS JUDICIALES-Juez de la causa se debe abstener de imponer la condena en costas Según lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2017, es de interés público el resarcimiento a las víctimas del conflicto armado, motivo por el cual, el Ministerio Publico sugiere proceder de conformidad con dicha abstención, máxime cuando, (aunque por razones diferentes, el a quo no impuso la condena en costas), las recurrentes son apelantes únicas, y aunque al abordar este tema en la apelación dejaron en libertad al juez de segunda instancia para pronunciarse sobre el asunto, en todo caso no se puede agravar lo decidido en primera instancia a fin de no incurrir en la vulneración al principio de non reformatio inpejus. TERMINO PARA INICIAR LA ACCION DE REPARACION DIRECTA-A pesar de que se interpuso cuando ya estaba caducado el medio de control se flexibilizó el estándar para abordar el estudio de fondo en garantía de las víctimas TERMINO PARA INICIAR LA ACCION DE REPARACION DIRECTA-A pesar de que se interpuso cuando ya estaba caducado el medio de control se flexibilizó el estándar para abordar el estudio de fondo en garantía de las víctimas Para esta Procuraduría Delegada, la acción de reparación directa instaurada por la muerte del joven… y por el desplazamiento forzado de sus familiares, se interpuso cuando ya había caducado el medio de control, por causas al parecer atribuibles a su apoderado de confianza. No obstante, al considerar su estatus de personas de especial protección constitucional, esta Vista Fiscal flexibilizó el estándar de la caducidad para abordar el estudio de fondo de sus pretensiones, y aunque llegó a la misma conclusión del a quo, el Ministerio Público sí examinó el caso a la luz de los parámetros jurisprudenciales establecidos tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado, motivo por el cual suplica que, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, con el debido respeto, se tengan en cuenta las consideraciones expuestas a lo largo del concepto para despachar desfavorablemente los argumentos de la parte recurrente GRUPO DE RELATORÍA-Se suprimen para efectos de publicación imágenes incrustadas con datos personales dejándose en su remplazo nota de relatoría DOCUMENTO ANONIMIZADO-Se anonimizaron los nombres de los testigos y se suprimieron imágenes que contenían datos personales, por no resultar necesarias para la comprensión del documento y con el fin de mitigar riesgos para los derechos fundamentales CONCEPTO N° 120/2026 Bogotá, D. C., 22 de junio de 2026 C., 22 de junio de 2026 Señores CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Consejero Ponente, doctor WILLIAM BARRERA MUÑOZ S. D. Ref: Proceso: 05-001-23-33-000-2021-00025-01 (74.475) Reparación directa Actor: Gloria Amparo Gutiérrez Borja y otros Demandado: Nación – Ministerio Defensa Nacional – Ejército Nacional y Policía Nacional y Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas El Ministerio Público presenta concepto en el expediente de la referencia. En esta oportunidad, solicita confirmar la decisión de la sentencia recurrida, siempre que, si así lo acogen los honorables consejeros, se tengan en cuenta las explicaciones que se añaden en este concepto, alusivas al cumplimiento de los mandatos de orden jurisprudencial de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Para dicho propósito suplica sean tenidos en cuenta los argumentos que se exponen a continuación. ANTECEDENTES 1.1. DEMANDA La demanda que dio origen al proceso fue presentada el 14 de enero de 2021 por las señoras Gloria Amparo Gutiérrez Borja y Luisa Fernanda Martínez Gutiérrez, (madre y hermana) del joven Mauricio Valencia Gutiérrez de 17 años de edad quien, de conformidad con los hechos narrados, murió el 31 de marzo de 1994 a consecuencia de una bala perdida, producto del enfrentamiento entre paramilitares y la Policía Nacional en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín. Las accionantes indicaron que formularon la denuncia penal el 18 de abril de 1994, y que, tras la muerte del joven Valencia Gutiérrez, al siguiente año (1995), se vieron abocadas a irse desplazadas desde Medellín (Antioquia) a Cartagena (Bolívar) debido al recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que tomaron represalias contra los familiares de las personas asesinadas, lo que les causó temor incluso para denunciar los hechos. Afirmaron que solo hasta el 23 de agosto de 2012 en la ciudad de Cartagena (Bolívar) acudieron a la Personería municipal a fin de obtener ayuda en su solicitud para la inclusión en el Registro Único de Víctimas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV), por la muerte del joven aludido. La inclusión en dicho registro tuvo lugar hasta el 29 de octubre de 2012 mediante la Resolución N° 2012-328000. En el año 2017, las demandantes reclamaron el pago de la indemnización administrativa mediante una acción de tutela, la cual fue negada por improcedencia. Las accionantes adujeron que el joven Mauricio Valencia Gutiérrez sostenía su hogar y colaboraba económicamente con el de su madre. Así mismo manifestaron que tanto ella como él laboraban como agentes tramitadores en la oficina de tránsito en Medellín. La cuantía reclamada por daños y perjuicios supera los $3.483.683.424 millones de pesos. Así mismo manifestaron que tanto ella como él laboraban como agentes tramitadores en la oficina de tránsito en Medellín. La cuantía reclamada por daños y perjuicios supera los $3.483.683.424 millones de pesos. Los días 4 y 5 de mayo de 2015, confirieron poder al abogado Erlin Zader Medina Pérez, quien adujo que las entidades demandadas incurrieron en una omisión frente al deber de protección frente a sus poderdantes, al considerar que las autoridades públicas demandadas no adoptaron medidas eficaces para prevenir el homicidio del joven Mauricio Valencia Gutiérrez, ni para evitar el desplazamiento forzado de Gloria Amparo Gutiérrez Borja y Luisa Fernanda Martínez Gutiérrez, cuya reparación reclaman. En los alegatos de conclusión el apoderado reiteró los argumentos de la demanda y agregó que la inclusión del núcleo familiar en el Registro Único de Víctimas era una prueba contundente sobre el hecho victimizante del homicidio y del desplazamiento, al punto de que la UARIV le había otorgado una indemnización administrativa parcial a la madre del joven Mauricio Valencia Gutiérrez. Sobre las pruebas alusivas a la presencia de grupos armados en la zona indicó que no todas las personas afectadas acudieron a las autoridades por el temor generado a las represalias y asesinatos de los informantes; sin embargo, hizo énfasis en que sí hubo algunas denuncias y en que en todo caso, las autoridades sí conocían la presencia y las actividades de esos grupos ilegales, así como el riesgo que enfrentaba la población, y no obstante omitieron tomar medidas eficaces de protección. CONTESTACIONES CONTESTACIONES i) La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional se opuso a la totalidad de las pretensiones de la demanda al considerar que no se configuraron los presupuestos de responsabilidad civil extracontractual del Estado. Sostuvo que no existía prueba que permitiera atribuirle ni por acción ni por omisión, la muerte del joven Mauricio Valencia Gutiérrez, ni el posterior desplazamiento forzado alegado por las demandantes. Agregó que no obra evidencia de solicitudes de protección, denuncias por amenazas, o requerimientos dirigidos a la entidad que le permitieran inferir el conocimiento previo de una situación de riesgo particular. Afirmó que el contexto general de violencia aludido por las accionantes no bastaba para endilgarles una responsabilidad extracontractual, y que no se le puede exigir a las autoridades un deber absoluto de protección, por cuanto esa entidad no podría prevenir todos y cada uno de los actos delictivos cometidos por terceros, máxime cuando los hechos fueron cometidos por personas ajenas a la institución. Como excepciones propuso la falta de legitimación en causa por activa y añadió que el registro como víctimas no ofrece elementos de convicción suficientes para responsabilizar al Estado. Asimismo alegó la caducidad de la acción dado que los hechos ocurrieron en 1994 y la conciliación prejudicial se presentó hasta 2015. También propuso la excepción de inexistencia de la falla del servicio, la ausencia de nexo causal, el hecho exclusivo de un tercero, y la falta de acreditación de la responsabilidad estatal. También propuso la excepción de inexistencia de la falla del servicio, la ausencia de nexo causal, el hecho exclusivo de un tercero, y la falta de acreditación de la responsabilidad estatal. En sus alegatos de conclusión reiteró y reforzó lo expuesto en la contestación, e hizo énfasis en que la denuncia de los hechos solo se instauró hasta el 6 de agosto de 2012 por el hecho victimizante de la muerte del joven Mauricio Valencia Gutiérrez, sin que a la fecha se hubieran esclarecido las circunstancias en las que él falleció. Por último reiteró que tampoco hay prueba del desplazamiento forzado que aluden las accionantes. ii) La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV solicitó negar las pretensiones de la demanda al considerar que carece de legitimación en causa por pasiva puesto que no existe fundamento fáctico ni jurídico para atribuirle los hechos derivados del homicidio de la víctima ni del desplazamiento alegado por sus familiares, no sólo porque los hechos victimizantes ocurrieron con anterioridad a la creación de la entidad, sino porque su actividad misional le impide ser considerada como autora o causante de los hechos que dieron origen a la reclamación judicial. Añadió que, aun cuando las demandantes pretendieran vincularla por el reconocimiento de medidas de reparación administrativa, dicho sistema no genera el pago de la indemnización de manera automática con la mera solicitud de las víctimas, puesto que se encuentra sometido a los principios de priorización de la población según condiciones de vulnerabilidad, sostenibilidad fiscal, gradualidad y progresividad. Esgrimió como excepciones la falta de legitimación en causa por pasiva, así como la inexistencia de falla del servicio y la falta de acreditación de los perjuicios reclamados. Esgrimió como excepciones la falta de legitimación en causa por pasiva, así como la inexistencia de falla del servicio y la falta de acreditación de los perjuicios reclamados. En los alegatos de conclusión agregó el argumento de la caducidad de la acción y reiteró la línea defensiva de la contestación al agregar que a la señora Gloria Gutiérrez se le reconoció la suma $18.170.520 pesos a título de indemnización administrativa mediante Resolución 01278 del 9 de junio de 2021 por el homicidio de su hijo, los cuales le fueron cancelados el 26 de agosto de 2023. iii) La Nación – Ministerio de Defensa - Ejército Nacional solicitó negar las pretensiones al sostener que no existía prueba alguna para atribuirle su participación en la muerte de la víctima ni en el posterior desplazamiento de sus familiares puesto que en la demanda se adujo un enfrentamiento entre grupos paramilitares y la Policía Nacional en la zona urbana de Medellín, mas no con el Ejército, de modo que esgrimió la falta de legitimación en causa por pasiva. Agregó que las obligaciones estatales son de medio y no de resultado, motivo por el cual la fuerza pública no podía evitar toda manifestación delincuencial, ni garantizar la seguridad individual de cada ciudadano. Destacó que la responsabilidad sólo surge cuando existe una amenaza concreta conocida por las autoridades y que eso no fue acreditado en el proceso, como tampoco denuncias, solicitudes de protección, o información previa que permitiera prever un riesgo específico respecto de las demandantes. Asimismo alegó la inexistencia del nexo causal entre el daño y la actividad militar, propuso como excepción el hecho exclusivo de un tercero, puesto que los hechos provenían de actores armados ajenos a la institución. Agregó que no se probó la actividad económica de las demandantes, y esgrimió la excepción de caducidad del medio de control al tenor de lo dispuesto en la Sentencia de unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020. En los alegatos de conclusión reforzó el argumento alusivo a la insuficiencia probatoria de los perjuicios reclamados, así como las razones argüidas en la contestación. En materia de caducidad trajo a colación la Sentencia SU-254 de 2013 para reiterar la improcedencia de la acción ya que a su juicio, las demandantes solo contaron hasta el 24 de abril de 2015, para instaurarla, ya que los hechos ocurrieron en 1994. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Decisión, profirió Sentencia el 25 de marzo de 2026 en la que destacó que, en los eventos de omisión del deber de protección y seguridad, el régimen aplicable es el de falla del servicio. Indicó que la responsabilidad estatal exige acreditar que la autoridad conocía o debía conocer una situación de riesgo particular, ya fuera por solicitud expresa de protección o porque existieran circunstancias objetivas que hicieran evidente la amenaza. También enfatizó que no basta invocar de forma genérica los deberes constitucionales de protección, sino que corresponde identificar y demostrar los deberes concretos cuyo incumplimiento habría permitido la producción del daño. En cuanto a la legitimación en causa por pasiva declaró probada la excepción propuesta por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al considerar que sus funciones legales se relacionan con la atención, asistencia y reparación de víctimas, mas no con actividades de seguridad y protección. La Sala declaró no probada la excepción de caducidad. Recordó que, tratándose del desplazamiento forzado, el daño tiene carácter continuado y, por tanto, el término para demandar solo empieza a correr cuando: i) se produce el retorno al lugar de origen, ii) existen condiciones de seguridad que permitan hacerlo, o iii) se acredita el reasentamiento o arraigo de la víctima en otro lugar. i) se produce el retorno al lugar de origen, ii) existen condiciones de seguridad que permitan hacerlo, o iii) se acredita el reasentamiento o arraigo de la víctima en otro lugar. Tras valorar el material probatorio, concluyó que ninguno de esos supuestos se había configurado para la fecha de presentación de la demanda. La providencia destacó que las demandantes continuaban residiendo en Cartagena y por ello, consideró que el desplazamiento forzado no había cesado. La Sala descartó que la ejecutoria de la Sentencia SU-254 de 2013, el otorgamiento de poderes en 2015 o la presentación de una solicitud de conciliación extrajudicial en ese mismo año, constituyeran circunstancias aptas para contabilizar el término de caducidad, por no corresponder a los criterios fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado para los casos de desplazamiento forzado. Respecto del homicidio de Mauricio Valencia Gutiérrez, concluyó que tampoco operó la caducidad, dado que hubo obstáculos para acceder a la administración de justicia. En tal virtud, estimó que la suerte de ambos daños debía analizarse de forma conjunta. El análisis de fondo que hizo el a quo respecto de los hechos alusivos al homicidio y al desplazamiento forzado frente a las pruebas obrantes en el proceso, fue el siguiente: Sobre el registro civil de defunción: únicamente lo utilizó para tener por acreditada la existencia del daño consistente en la muerte de Mauricio Valencia Gutiérrez. Sobre la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación: indicó que la madre demandante manifestó que su hijo falleció por una bala perdida durante un enfrentamiento entre grupos paramilitares y la Policía en el barrio Buenos Aires de Medellín; sin embargo, la Sala destacó que esa información provenía de lo que terceros le habían comentado acerca de la situación y no de una percepción directa de los hechos. sin embargo, la Sala destacó que esa información provenía de lo que terceros le habían comentado acerca de la situación y no de una percepción directa de los hechos. Sobre la Resolución de inclusión en el Registro Único de Víctimas: manifestó que el acto administrativo respectivo registró a la demandante como víctima de homicidio por enfrentamientos armados. Para la Sala, este documento solo refleja la versión suministrada por la interesada sobre el origen de los hechos, según la cual, su hijo murió en medio de enfrentamientos entre grupos armados ilegales, pero nada más. Sorbe los informes de la Policía Nacional y de la Justicia Penal Militar: el a quo precisó que esas autoridades informaron que no existían registros, minutas, antecedentes, ni investigaciones disciplinarias relacionadas con el homicidio ocurrido el 31 de marzo de 1994, y en tal sentido concluyó que las pruebas allegadas de oficio no permitían reconstruir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Sobre el acta de levantamiento de cadáver e inspección al lugar de los hechos: precisó que en esa diligencia se consignó que se desconocían los móviles y los autores del homicidio. La Sala resaltó que desde el inicio de la investigación no existió claridad sobre las causas, ni sobre los responsables del hecho. En cuanto a la declaración rendida por la madre de la víctima dentro del proceso penal. El a quo señaló que la testigo dijo que su hijo murió por una bala perdida durante una balacera entre policías y otras personas no identificadas. La Sala calificó esa declaración como un testimonio de referencia, pues la declarante no presenció los hechos y se limitó a relatar información recibida de terceros. La Sala calificó esa declaración como un testimonio de referencia, pues la declarante no presenció los hechos y se limitó a relatar información recibida de terceros. Respecto a la decisión de la Fiscalía de suspender la investigación. En la providencia indicó que, pese a las actuaciones adelantadas por el ente investigador, no fue posible identificar ni individualizar a los autores del homicidio, y por ello consideró que se evidenciaba la ausencia de elementos probatorios sobre la autoría del hecho. Frente a los informes de Justicia y Paz y de la Fiscalía de Justicia Transicional. Indicó que ambas entidades informaron que ni las demandantes, ni Mauricio Velencia Gutiérrez aparecían registrados como víctimas afectadas por las estructuras paramilitares comandadas por alias “Don Berna” como se mencionó en la demanda, ni figuraban en investigaciones adelantadas bajo la Ley 975 de 2005. Frente a los testimonios de XXX YYY ZZZ y XXX YYY ZZZ. Precisó que los declarantes afirmaron que la muerte del joven Valencia se produjo por una bala perdida en medio de enfrentamientos armados, y que las demandantes abandonaron Medellín por temor y por la violencia existente en la zona. En la valoración de la prueba les otorgó el carácter de testigos de referencia porque ninguno presenció los hechos y sostuvo que sus afirmaciones provenían de comentarios de terceros, por lo que carecían de una fuerza probatoria contundente. En la valoración de la prueba les otorgó el carácter de testigos de referencia porque ninguno presenció los hechos y sostuvo que sus afirmaciones provenían de comentarios de terceros, por lo que carecían de una fuerza probatoria contundente. Adicionalmente concluyó que no se acreditó la existencia de solicitudes de protección, denuncias previas o circunstancias objetivas que permitieran afirmar que las autoridades demandadas conocieron una situación de riesgo particular respecto de las demandantes. Tampoco encontró prueba de connivencia estatal con grupos armados ilegales, ni elementos que permitieran imputar a las entidades demandadas la muerte de la víctima, ni el desplazamiento forzado alegado por las demandantes. En ese sentido, estimó que la parte actora incumplió la carga de probar la falla del servicio y el nexo de imputación exigidos para declarar la responsabilidad del Estado, razón por la cual negó las pretensiones de la demanda. Asimismo, rechazó la solicitud formulada en los alegatos de conclusión para trasladar pruebas provenientes de otro proceso judicial, puesto que consideró que esa petición fue presentada por fuera de la oportunidad procesal prevista para el decreto de pruebas, y además señaló que los elementos probatorios invocados no constituían hechos nuevos o sobrevinientes, ya que existían desde antes de la audiencia inicial y, además, dichas pruebas se relacionaban con hechos ocurridos en el municipio de Carmen de Bolívar, circunstancia ajena al litigio examinado puesto que los hechos objeto de este tuvieron lugar en Medellín y el desplazamiento se produjo hacia la ciudad de Cartagena. La Sala se abstuvo de imponer condena en costas al considerar que, aunque la demanda fue desestimada, los planteamientos de la parte actora se sustentaron en una interpretación razonable del ordenamiento jurídico, y no obedecieron a actuaciones caprichosas o carentes de fundamento. Al final resolvió: Al final resolvió: Declarar no probada la excepción de caducidad. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva formuladas por el Ejército Nacional y la Policía Nacional. Negar las pretensiones de la demanda; y Abstenerse de condenar en costas. Principio del formulario RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL EXTREMO ACTIVO La parte recurrente manifestó su desacuerdo con la decisión del a quo, solicitó la revocatoria de la sentencia y la declaratoria de responsabilidad patrimonial de los demandados. El extremo activo sostuvo que el análisis del caso debía efectuarse desde la perspectiva de los derechos reconocidos a las víctimas del conflicto armado en la Ley 1448 de 2011. En tal sentido afirmó que los artículos 8 y 9 de la Ley 1448 de 2011 prevén mecanismos de reparación a favor de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del conflicto armado, aun cuando no exista una declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado. En ese sentido sostuvo que, aun cuando los daños alegados fueron ocasionados por grupos armados al margen de la ley y no por agentes estatales, el Estado colombiano debía asumir una responsabilidad de carácter solidario frente a las víctimas del conflicto armado, conforme a los artículos 3, 8 y 9 de la Ley 1448 de 2011. En su criterio, la acreditación de la condición de víctima y de la ocurrencia de los hechos en el marco del conflicto armado, basta. Adicionalmente indicó que en el proceso se encontraba demostrada la presencia de grupos armados ilegales en el sector donde residían los demandantes y que los daños padecidos tuvieron origen en el conflicto armado interno. Adicionalmente indicó que en el proceso se encontraba demostrada la presencia de grupos armados ilegales en el sector donde residían los demandantes y que los daños padecidos tuvieron origen en el conflicto armado interno. En la apelación destacó que el Tribunal de Antioquia tuvo por acreditado el desplazamiento forzado y descartó la caducidad al considerar que no se había producido el retorno de las víctimas, ni se habían modificado las condiciones de seguridad que dieron lugar al desplazamiento. A partir de ello, concluyó que la existencia de grupos armados al margen de la ley y del contexto de violencia, que las obligaron a desplazarse quedó demostrada dentro del proceso. Invocó la Resolución No. 2012-32800 de 29 de octubre de 2012 (que nuevamente anexó) mediante la cual la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas incluyó a las demandantes en el Registro Único de Víctimas para enfatizar que en dicho acto administrativo se reconoció que la muerte de Mauricio Valencia Gutiérrez y los hechos posteriores alusivos al desplazamiento, ocurrieron en el marco del conflicto armado interno y constituyen una violación grave de los derechos humanos. Afirmó que lo anterior queda demostrado en la medida en que la UARIV verificó el contexto de orden público en Medellín y la presencia de grupos armados ilegales en la zona, circunstancias que, a su juicio, respaldan la versión de los demandantes sobre el origen del daño. Destacó que la Resolución No. 2012-32800 de la UARIV puso en evidencia que esa entidad verificó el contexto de violencia existente en Medellín al señalar que, entre 2000 y 2005, esa ciudad concentró el 81% de los homicidios, el 93% de las masacres y el 70 % de los secuestros registrados en Antioquia. También reprodujo referencias a informes de Naciones Unidas que asociaban el incremento de homicidios y masacres con la expansión de grupos armados ilegales en zonas urbanas. Con fundamento en esos elementos, reiteró que estaba acreditado que los hechos analizados ocurrieron en el marco del conflicto armado interno. La parte recurrente sostuvo que los demandantes reúnen la condición de víctimas del conflicto armado en los términos del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, del Estatuto de Roma y del bloque de constitucionalidad. Adicionalmente invocó la Sentencia T-014 de 2025 de la Corte Constitucional para resaltar que las víctimas de desplazamiento forzado son sujetos de especial protección constitucional y titulares de los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Con base en ello, sostuvo que las normas ordinarias sobre caducidad no podían prevalecer sobre dicho precedente, y señaló que desconocerlo implicaría incurrir en un desacato a la referida decisión constitucional. Finalmente, respecto de la condena en costas pidió mantener la decisión de no imponerlas y citó jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia SU-241 de 2024) y del Consejo de Estado sobre la improcedencia de esa condena en procesos relacionados con la reparación de víctimas del conflicto armado, por tratarse de asuntos de interés público. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SANEAMIENTO DEL PROCESO 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SANEAMIENTO DEL PROCESO Analizados cada uno de los cuadernos y anexos del expediente, revisadas las pruebas aportadas, las solicitadas, las decretadas y las practicadas, así como los presupuestos para incoar la acción; esta Vista Fiscal señala que se encuentra pendiente de resolución una solicitud de amparo de pobreza formulada por las demandantes. De otra parte, esta Agencia del Ministerio Público recuerda que las Sentencias SU-167 de 2023 y SU-439 de 2024 de la Corte Constitucional imponen a los jueces el deber de reajustar el trámite procesal en aquellos asuntos iniciados antes de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado del 29 de enero de 2020, con el fin de brindar a los demandantes la oportunidad de explicar las razones que les impidieron ejercer oportunamente la acción. Tal garantía debe otorgarse en todos los casos en los que se aborden temas alusivos a las graves afectaciones a los derechos humanos, pues constituye una exigencia derivada del debido proceso y del precedente constitucional. No obstante, en el presente asunto no se considera absolutamente necesario proceder con ese reajuste porque aunque se concediera esa oportunidad, el problema reside en que no se pudo probar la responsabilidad del Estado. PROBLEMA JURÍDICO Se trata de determinar si la Sentencia proferida el 25 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del proceso de la referencia, se debe mantener, revocar o modificar con ocasión de la apelación presentada por las demandantes. No obstante, antes de abordar el escrito de apelación es preciso examinar si en el caso se cumplen los requisitos o presupuestos procesales para instaurar la acción de reparación directa respecto de los hechos victimizantes alusivos al homicidio del joven Mauricio Valencia Gutiérrez en el marco del conflicto armado suscitado en Medellín (Antioquia) durante la época de los hechos, así como respecto del desplazamiento forzado que aluden las demandantes. METODOLOGÍA El Ministerio Público examinará primero los presupuestos procesales para interponer esta acción. Allí pondrá de presente la mora en que incurrió el abogado de las víctimas para instaurar la acción hasta el año 2021, siendo que se le confirió poder desde el año 2015. Dado que las víctimas demandantes al parecer no tuvieron responsabilidad por la mora de su apoderado, se examinará la caducidad de los dos hechos victimizantes a la luz de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, en cumplimento de los principios pro damnato y pro actione. Incluso aunque el resultado del ejercicio anterior conduzca materialmente a la declaración de caducidad, esta Vista Fiscal flexibilizará el estándar necesario para acudir a la justicia, y examinará el fondo de las pretensiones, a fin de cumplir con los mandatos jurisprudenciales de la Corte Constitucional alusivos a la flexibilización del estándar probatorio en casos de graves violaciones a los derechos humanos por lo que, procederá así: Examinará las pruebas de contexto. Los cuestionamientos por el no acatamiento de la Sentencia T-014 de 2025. Las pruebas allegadas por el extremo activo frente a las pruebas examinadas por el a quo. El deber de solidaridad que invocan las recurrentes. La indemnización administrativa y la judicial, y El estudio del nexo de imputación en este caso. ESTUDIO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD El deber de solidaridad que invocan las recurrentes. La indemnización administrativa y la judicial, y El estudio del nexo de imputación en este caso. ESTUDIO DE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD El Ministerio Público no tiene reparo alguno en torno a la competencia y jurisdicción. Así mismo observa la acreditación de la legitimación en causa por activa y por pasiva, y concuerda con la declaración que hizo el a quo sobre la falta de legitimación por pasiva de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas – UARIV. De la misma manera observa que se acudió a la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación el 21 de julio de 2015, y que esa diligencia resultó fallida el 30 de septiembre de 2015 como se declaró en la constancia respectiva. No obstante, llama poderosamente la atención que la señora Gloria Amparo Gutiérrez Borja le confirió poder al abogado Erlin Zader Medina Pérez el 5 de mayo de 2015 y Luisa Fernanda Martínez Gutiérrez, hizo lo propio el 4 de mayo de 2015, pero el abogado en mención sólo interpuso la demanda hasta el 14 de enero de 2021, por lo que se hace necesario examinar esta situación a la luz de la caducidad, como último requisito de procedibilidad por analizar en este caso, a la luz del derecho de acceso a la justicia. Derecho de acceso a la justicia, derecho de postulación y análisis de la caducidad Para acceder a la administración de justicia se debe ejercer el derecho de acción y en algunos casos, dicho derecho solo se puede ejercer a través de un abogado. Por ejemplo, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo es obligatorio comparecer con abogado titulado e inscrito como se deduce del artículo 160 de la Ley 1437 de 2011, salvo norma expresa en contrario (esto es, cuando hay pretensiones de naturaleza pública). El Artículo 160 del CPACA dispone: Artículo 160. Derecho de postulación. Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa. Los abogados vinculados a las entidades públicas pueden representarlas en los procesos contenciosos administrativos mediante poder otorgado en la forma ordinaria, o mediante delegación general o particular efectuada en acto administrativo. (Énfasis añadido). La forma de obtener esa representación judicial se gestiona mediante el poder que se le confiere al abogado para que de acuerdo con las facultades otorgadas, actúe durante todo el trámite judicial a nombre de quien se las concede. Así, el apoderamiento surge en virtud del contrato de mandato celebrado entre las partes (cliente y defensor judicial), se instrumentaliza con el poder y se desarrolla con la representación en el proceso judicial. En el caso bajo estudio se observa que, las accionantes le confirieron poder al abogado que las representa desde el año 2015, pero el apoderado presentó la demanda hasta el año 2021, motivo por el cual se hace necesario examinar lo que ocurrió desde la ocurrencia de los hechos hasta el otorgamiento del poder, y desde ese momento hasta la interposición de la demanda. Desde 1994 a 2015 El año 2015 constituye un hito para este caso porque fue hasta ese momento que las demandantes acudieron a un abogado de confianza. Desde 1994 a 2015 El año 2015 constituye un hito para este caso porque fue hasta ese momento que las demandantes acudieron a un abogado de confianza. La Corte Constitucional ha dicho que es común que, en casos donde se presentan graves violaciones a los derechos humanos, las víctimas se abstengan de acudir a la justicia tan pronto como suceden los hechos, o durante el lapso en que se predica el desplazamiento, ya que en su condición de vulnerabilidad suelen enfrentar barreras como el desconocimiento de la posible participación del Estado, la incomprensión de los mecanismos para acceder a la justicia, el miedo y la falta de recursos económicos para acceder a la misma, y la falta de confianza en las autoridades; aunado al hecho por el cual, en la mayoría de los casos, quienes buscan justicia son mujeres que enfrentan barreras adicionales derivadas de su género. Adicionalmente, estas personas suelen desconocer las altas exigencias que en materia de litigio se requieren para ejercer la acción de reparación directa y, además, cuando pueden o se deciden a hacerlo enfrentando el miedo, generalmente lo hacen desde el dolor, el duelo, el trauma, la pobreza y/o el riesgo persistente. En ese caso se infiere que, si las demandantes decidieron conferir poder para el ejercicio del derecho de acción en mayo del año 2015, esto obedeció a que hasta ese momento se encontraron en condiciones de ejercerlo, aun o incluso si tuvieron que afrontar circunstancias como las mencionadas en precedencia. Ese momento constituye precisamente el instante más próximo a partir del cual podría contabilizarse la caducidad en atención a las posibilidades más reales de las víctimas para acceder a la administración de justicia, las cuales quedan demostradas con el otorgamiento del poder. (Decimos “podría”, porque el otorgamiento del poder no necesariamente permite concluir que el hecho victimizante del desplazamiento forzado ha concluido, sino que tal otorgamiento se constituye en un hecho cierto, concreto y verificable, que coincide con la interpretación más favorable para quienes acuden a la jurisdicción, en la medida en que los principios pro damnato y pro actione, imponen atenuar el rigor de las disposiciones que consagran barreras y términos extintivos para el ejercicio de la acción, al optar por criterios menos restrictivos). Durante el periodo de 2015 a 2021 Luego de los poderes otorgados en mayo de 2015, el apoderado de confianza de las demandantes interpuso el medio de control de reparación directa el 14 de enero de 2021, no sin antes haber radicado la solicitud de conciliación prejudicial el 21 de julio de 2015. No obra ninguna explicación dentro del expediente acerca del por qué se presentó esta solicitud después de 2 meses de la constancia, como tampoco por qué la demanda se instauró 6 años después del otorgamiento de los poderes. Esto porque en este caso, el análisis se centra como se mencionó con anterioridad, en el momento a partir del cual las víctimas tuvieron la posibilidad material de acceder a la administración de justicia, circunstancia que, como se insiste, se concretó con el otorgamiento del poder a su apoderado judicial. Lo acontecido con posterioridad a ese acto no puede trasladarse a la esfera de responsabilidad de las poderdantes dado que, mediante el contrato de mandato y la suscripción del poder, ellas confirieron a su representante judicial la facultad de adelantar las actuaciones necesarias para la defensa de sus intereses a través del derecho de postulación. En ese contexto, le correspondía al apoderado judicial desplegar todo su conocimiento técnico y la diligencia necesarios para procurar el éxito de la gestión encomendada. En ese contexto, le correspondía al apoderado judicial desplegar todo su conocimiento técnico y la diligencia necesarios para procurar el éxito de la gestión encomendada. Si bien las obligaciones derivadas del mandato profesional son de medio y no de resultado, ello no releva al mandatario del deber de cumplir el encargo conferido, ni de rendir cuentas sobre su gestión. Tal obligación encuentra fundamento en que el mandatario no actúa a nombre propio, sino por cuenta e interés del mandante, razón por la cual este último debe ser informado acerca de la forma como fueron administrados y tramitados sus asuntos, tal y como lo exige el artículo 2181 del Código Civil. Si bien es cierto que el apoderado en este caso durante el año 2015 y siguientes no tenía por qué saber que llegaría la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 en la que se aclaró el tema de la caducidad y se fijaron lineamientos jurisprudenciales, sí le asistía el deber de desplegar una actuación más diligente en el cumplimiento del mandato conferido puesto que para ese entonces: No había una posición unificada al interior del Consejo de Estado favorable a la imprescriptibilidad, o en pro de la no aplicación de la caducidad, y Las figuras de prescripción y caducidad no son equivalentes. Ante ese panorama, esta Vista Fiscal observa que en principio, la responsabilidad por la demora en la presentación de la demanda después del otorgamiento de los poderes, recae en el abogado que representa a las víctimas. Sin embargo, como es posible que ellas no sean las responsables directas de esa falencia, se sugiere analizar la caducidad bajo los parámetros de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020, no sin antes precisar que dicho proveído resulta de total aplicación en este caso debido al instituto jurídico de la retrospectividad y no al de prospectividad de las sentencias de unificación. Análisis de la caducidad a la luz de los presupuestos jurisprudenciales Frente al homicidio del joven Mauricio Valencia Gutiérrez de 17 años Análisis de la caducidad a la luz de los presupuestos jurisprudenciales Frente al homicidio del joven Mauricio Valencia Gutiérrez de 17 años Según los hechos narrados, él murió el 31 de marzo de 1994 a consecuencia de una bala perdida producto del enfrentamiento entre los paramilitares y la Policía Nacional, en el barrio Buenos Aires de la ciudad de Medellín. Esa afirmación pone de presente que desde 1994, las accionantes consideraron que al menos una de las entidades demandadas tuvo parte en este hecho victimizante, y por lo tanto se esperaría que hubiesen acudido en ese momento, o dentro de los 2 años siguientes al mismo, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para interponer el medio de control de reparación directa; sin embargo, debido a la disparidad de criterios que hubo al interior del Consejo de Estado sobre la caducidad de hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos, la Sala Plena de la Sección Tercera emitió sentencia de segunda instancia el 29 de enero de 2020 dentro del radicado interno 61.033 y en esta decisión, además de resolver la controversia suscitada entre las partes, unificó su jurisprudencia así: “(…) UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en relación con la caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: En tales eventos resulta aplicable el término para demandar establecido por el legislador. Este plazo, salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene regulación legal expresa, se computa desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad patrimonial, y El término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una vez superadas, empezará a correr el plazo de ley. Esto porque, se dijo que “el conocimiento de la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado es lo que da paso al conteo del término de caducidad”-. En el caso bajo examen se observa que la madre del joven asesinado fue llamada por la Fiscalía General de la Nación quien de oficio la citó y allí, el día 18 de abril de 1994 rindió una declaración bajo la gravedad de juramento, en la que manifestó: Imagen N°1 Testimonio de la señora Gloría Gutiérrez en 1994 Nótese que en ese momento ella no sabía entre qué actores armados pudo haber ocurrido la balacera que le ocasionó la muerte a su hijo, y solo hasta el 6 de agosto de 2012, por su propia cuenta decidió formular la denuncia ante el ente investigador, así: Nota de relatoría: En el lugar de la imagen se incorpora la presente nota, en tanto se suprime para efectos de publicación una imagen incrustada que contenía datos no necesarios para la comprensión del asunto, en aplicación de criterios de revisión interna Imagen N°2 Denuncia interpuesta por la señora Gloría Gutiérrez en 2012 Bajo esos parámetros y teniendo en cuenta que la acción no se instauró dentro de los dos años siguientes al homicidio del joven Valencia Gutiérrez, se debe indagar en qué momento su madre y su hermana conocieron o debieron conocer la participación por acción u omisión del Estado, o si habiéndola conocido, hubo circunstancias que impidieron su acceso a esta jurisdicción. Del examen del expediente y tal y como lo revela la imagen N° 2 se advierte que la madre del joven asesinado afirmó que el homicidio fue desatado por la acción de “los paracos urbanos”, sin que en sus planteamientos exponga una relación directa o indirecta entre estos y el Estado. Solo hasta la presentación de la demanda adujo que en los hechos luctuosos intervinieron paramilitares bajo el mando de alias “don Berna” y miembros de la Policía Nacional. Imagen N°3 Demanda presentada por el apoderado de la señora Gloría Gutiérrez en 2021 Imagen N°4 Demanda presentada por el apoderado de la señora Gloría Gutiérrez en 2021 De las pruebas expuestas se infiere que en 2012 consideraron que la bala perdida se produjo como consecuencia de un enfrentamiento entre paramilitares, mientras que en el año 2021, ya involucraron a agentes de la Policía Nacional. Ahora bien, a pesar de que existan estas contradicciones, el hecho de que las demandantes hubieran formulado la denuncia penal en el año 2012 no significa, por sí solo, que desde ese momento se encontraron en condiciones de promover el medio de control de reparación directa. En efecto, la denuncia constituye apenas el acto mediante el cual se pone en conocimiento de las autoridades la posible comisión de un delito para que se active la investigación penal. En cambio, el ejercicio de la acción indemnizatoria contra el Estado supone la superación de obstáculos materiales y personales que permitan atribuir responsabilidad a las entidades demandadas para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Por tal razón, y en atención al estándar flexible que la jurisprudencia ha construido para el examen de la caducidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, esta Agencia del Ministerio Público considera que el asunto debe resolverse a partir del análisis de fondo de las pretensiones y no mediante una decisión inhibitoria que restrinja materialmente el acceso a la administración de justicia. Frente al desplazamiento forzado que aluden las demandantes Al respecto se hace menester señalar que, aunque también operan los requerimientos expuestos en precedencia derivados de la Sentencia de Unificación del 29 de enero de 2020 y hoy incluidos en el CPACA, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han delineado parámetros adicionales para tener en cuenta al momento de abordar el tema de la caducidad en casos de desplazamiento forzado, solo que los de la Corte Constitucional expuestos en la Sentencia SU-254 de 2013, no resultan aplicables al caso bajo estudio. En cuanto a los parámetros adicionales que sí aplican, el Consejo de Estado precisó que: En cuanto a los parámetros adicionales que sí aplican, el Consejo de Estado precisó que: Debido a que en materia de desplazamiento forzado la conducta es continuada, el término de caducidad solo puede contabilizarse según las particularidades de cada caso, precisamente porque se trata de eventos en los que el daño se prolonga en el tiempo y con ello, la imposibilidad de demandar; por lo tanto o en consecuencia, el término para demandar se debe contabilizar desde el momento en el que el daño cesa, lo cual se puede predicar bajo cualquiera de los siguientes eventos: Cuando estén dadas las condiciones de seguridad para que se produzca el retorno, o Cuando se logra efectivamente el restablecimiento al lugar de origen, o Cuando a pesar tener condiciones para reasentarse en el lugar del que fueron desplazados, los afectados no desean volver a su terruño, puesto que se asentaron o arraigaron en otro lugar donde tienen posibilidades de acudir a la administración de justicia. Habida cuenta de que las demandantes sostuvieron que fueron desplazadas al año siguiente de la ocurrencia de la muerte de su familiar e indicaron que el temor por sus vidas no había cesado, se deduce que las dos primeras hipótesis (a) y (b), carecen de aplicación al caso concreto. Por otra parte, si bien el otorgamiento de poder a un profesional del derecho constituye un indicio objetivo de que para entonces disponían de condiciones reales para acceder a la administración de justicia, (lo cual, en principio se enmarcaría en la tercera alternativa; es decir la (c)), no obra en el expediente prueba que permita desvirtuar que el otorgamiento de poder implique necesariamente que cesó su situación de vulnerabilidad, y por eso en este caso, el Ministerio Público considera que es mejor resolver el caso de fondo, antes que decantarse por la declaración inmediata de la caducidad, teniendo en cuenta que a la luz de la jurisprudencia constitucional, estas personas son sujetos de especial protección constitucional. Imagen N°5 Demanda presentada por el apoderado de la señora Gloría Gutiérrez en 2021 ESTUDIO A FONDO DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA En este apartado se examinarán las pruebas de contexto, los cuestionamientos por el no acatamiento de la Sentencia T-014 de 2025, las pruebas allegadas por el extremo activo frente a las pruebas examinadas por el a quo, el deber de solidaridad que invocan las recurrentes, la indemnización administrativa y la judicial, y el estudio del nexo de imputación en este caso. ANÁLISIS DEL CONTEXTO En la demanda y en recurso de apelación, el extremo activo quiso poner de presente la grave situación de orden público vivida en Medellín (Antioquia) desde los años noventa a la primera década de los años 2000; sin embargo, solo logró fotografiar apartes de alguna fuente no citada con claridad, en la que se expuso el contexto de violencia que se vivió en Antioquia y particularmente del municipio de Cocorná, así como la intensidad del fenómeno del desplazamiento en otros municipios del país, y cómo desde múltiples lugares de Antioquia llegaban a Medellín personas desplazadas; es decir, todo lo contario a lo narrado por ellas, al irse de esa ciudad. En otros términos, presentaron una asociación de elementos o coexistencia de factores, que no es lo mismo, no basta, o no equivale, a establecer una relación de causalidad con su situación particular. Algunos de los extractos aportados por el extremo activo de la litis, contenían afirmaciones como estas: Imagen N° 6: situación de Violencia acreditada por el extremo activo de la litis en lugares que no corresponden a la ciudad de Medellín El Ministerio Público en esta ocasión investigó el tema para escudriñar la realidad del conflicto vivido en Medellín propiamente dicho. En el informe denominado “Medellín: Memorias de una guerra urbana”, el Observatorio Nacional de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en adelante CNMH, indicó que entre 1982 y 1994, Medellín enfrentó un contexto de violencia compleja en el que confluyeron narcotráfico, guerrillas, paramilitares y algunos sectores estatales, con alianzas y confrontaciones que dificultaban diferenciar el papel de cada actor y que dieron lugar a una violencia indiscriminada y selectiva contra distintos sectores de la población. Según este informe, la convergencia de tales actores, la denominada “guerra sucia”, la confrontación entre el Estado y el cartel de Medellín, así como el auge del fenómeno miliciano, propiciaron un aumento significativo de las formas de violencia y de los procesos de victimización en la ciudad. (página 170 y 171). La siguiente grafica denota las modalidades y el incremento de la violencia ocurrida durante ese periodo en Medellín (p. 172) Imagen N° 7: Dimensiones y modalidades de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín: 1980-2014 El CNMH explica que, ante el crecimiento de las bandas y la reconfiguración del conflicto armado urbano, surgieron en Medellín milicias y grupos de autodefensa barrial que asumieron funciones de control territorial y social. Si bien estos grupos justificaron su actuación en la protección de las comunidades frente a la delincuencia, también ejercieron ese control mediante amenazas, asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos forzados, lo que consolidó una dinámica en la que coexistían el discurso de la protección y prácticas sistemáticas de intimidación y violencia. En el siguiente periodo 1995 - 2005, el CNMH señala que Medellín atravesó una etapa de reconfiguración del conflicto armado urbano, marcada por la disputa territorial entre milicias guerrilleras y estructuras paramilitares. Según ese informe, la expansión del paramilitarismo bajo el liderazgo de los hermanos Castaño y de alias Don Berna buscó desplazar la presencia guerrillera en varias comunas de la ciudad. Ese proceso culminó con episodios como la Operación Orión de 2002, que disminuyó la intensidad de los enfrentamientos en la Comuna 13, pero permitió el afianzamiento del control paramilitar sobre dicho sector; y la Operación Estrella VI desarrollada en enero de 2003 en la comuna 3, que se presentó como una ofensiva estatal contra las milicias, pero terminó por propiciar el avance del paramilitarismo en ese sector. Este operativo estuvo acompañado de enfrentamientos entre guerrillas y autodefensas, ocupación de viviendas por grupos armados, judicializaciones por rebelión y desplazamiento forzado incluso de líderes comunitarios. En la siguiente gráfica se observa que entre 1995 y 2005 el desplazamiento forzado constituyó la principal modalidad de victimización asociada al conflicto armado en Medellín, seguido por el asesinato selectivo. Imagen N° 8: Dimensiones y modalidades de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín: 1995-2005 Imagen N° 8: Dimensiones y modalidades de las violencias asociadas al conflicto armado en Medellín: 1995-2005 Si se amplía el análisis al período comprendido entre 1980 y 2014, se observa que el contexto de violencia en Medellín permaneció marcado por la intervención simultánea de diversos actores armados. En efecto, en la comuna Buenos Aires, lugar de residencia de la víctima, de su madre y de su hermana, confluyeron acciones atribuidas tanto a agentes del Estado, como a grupos armados no identificados, organizaciones paramilitares, grupos de post desmovilización y estructuras guerrilleras, lo que evidencia la complejidad del escenario de violencia que caracterizó esa zona (p. 151): Imagen N° 9: Acciones bélicas por comunas y por actor armado en Medellín: 1980-2014 Ahora, aunque el recurrente indique que en Medellín la violencia era un hecho notorio, lo cierto es que al tenor de lo expuesto en la jurisprudencia del Consejo de Estado, quien alega un hecho notorio debe asegurarse que se trata de un asunto de conocimiento público y general, pues, la sola afirmación de la inseguridad en una determinada zona o región no constituye un hecho notorio. “El hecho notorio es aquel cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser plena y directamente conocido por cualquiera que se encuentre en capacidad de observarlo debido a su amplia difusión (…). “El hecho notorio es aquel cuya existencia puede invocarse sin necesidad de prueba alguna, por ser plena y directamente conocido por cualquiera que se encuentre en capacidad de observarlo debido a su amplia difusión (…). En ese sentido, dado que la parte actora esgrimió un argumento de esa naturaleza, lo mínimo que le correspondía hacer era aportar elementos de carácter documental o testimonial que dieran cuenta de la situación de orden público concreta que se vició en el municipio de Medellín para el día y hora de los hechos, o alguna pista que revelara que fue el Estado quien por acción o por omisión participó, o tuvo incidencia en el homicidio del joven Valencia y en el desplazamiento forzado de las demandantes, carga que